'OkDiario' acumula dos sentencias en el TS por noticias falsas además del bulo de Granadinas
El recurso a la información no veraz, a auténticos bulos o ataques gratuitos poco ligados a la realidad contra determinadas personas, casi siempre vinculadas a la izquierda. Son elementos que parecen cruzar la forma de entender el periodismo de Eduardo Inda a tenor de los pronunciamientos del Alto Tribunal. La sentencia que este jueves ha condenado a OkDiario y a su director, Eduardo Inda, por una noticia falsa que aseguraba que el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias había cobrado dinero del Gobierno de Venezuela a través de una cuenta en el paraíso fiscal de Granadinas es la tercera del Supremo que acumula ese medio por intromisión en el derecho al honor en los últimos tres años. Además del líder de Podemos, las víctimas de la desinformación de este portal web cuyos casos de difamación han llegado al Supremo –donde han ganado– han sido la denunciante clave del caso Gürtel –la exfuncionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), Ana María Garrido– y los titiriteros encarcelados por enaltecimiento del terrorismo en 2016 por un cartel con una pancarta que llevaba una de sus marionetas.
La noticia publicada por el periódico que dirige Inda fue uno de los múltiples capítulos de la guerra iniciada por la llamada policía patriótica contra Podemos por el Gobierno de Mariano Rajoy y a la que sirvieron determinados medios afines como OkDiario. Los titulares difundidos por ese digital el 6 y 7 de mayo de 2016, cuya fuente, según uno de los periodistas que las redactaron, fue el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, eran los siguientes: El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014. El segundo trataba de reforzar la mentira que reflejaba el primero al asegurar que las autoridades españolas habían acreditado "que los documentos del pago a Pablo Iglesias son auténticos".
Los magistrados apuntan directamente a Inda como el autor y motor del bulo. El redactor de la primera de las informaciones aseguró que en su primera versión había introducido una serie de cautelas y que la información que manejaba solo le permitía acreditar la existencia de una investigación policial para analizar si efectivamente esos falsos pagos a Iglesias se habían producido. Sin embargo, según la sentencia, fue Inda el que forzó la máquina. Como director, obligó a cambiar el titular y el texto para dar por hecho que ese pago que nunca existió se había producido. También era falso el texto que publicó al día siguiente y que trataba de dar mayor veracidad al bulo de la víspera. La sentencia lo considera probado por la propia declaración de Eugenio Pino en la causa, que aseguró que "la investigación policial era embrionaria" y que no envió los documentos en que se basaba a la policía científica "porque eran meras fotocopias, lo que hacía imposible la comprobación de su autenticidad".
"La información no fue veraz porque, tal como fue publicada definitivamente", es decir, con los cambios impuestos por Inda, "no se basó en datos contrastados procedentes de fuentes objetivas y fiables", sostienen los magistrados en su resolución. "Lo que resulta decisivo para considerar vulnerada la exigencia de veracidad de la información", prosigue la sentencia de la Sala de lo Civil del Alto Tribunal, es "la publicación al día siguiente de un artículo en el que se afirmaba inverazmente que las Fuerzas de Seguridad del Estado adveraban la autenticidad de tales documentos".
"Carecen de sustento razonable"
La condena, que obliga a la editora de OkDiario y a su director a pagar 18.000 euros a Iglesias, no es la primera a la que el medio de Inda se enfrenta en los últimos años en el Supremo. El 11 de junio de 2024 también fue obligado a indemnizar con otros 7.000 euros a Ana Garrido, una de las de las informantes de la mayor trama corrupta asociada al PP, el caso Gürtel. Garrido, que fue testigo clave en el caso que en 2018 terminó tumbando al Gobierno de Mariano Rajoy, tardó ocho años en conseguir su resarcimiento, uno más de los capítulos del infierno que le tocó vivir por denunciar la corrupción. Su colaboración con la Justicia le costó su trabajo y tuvo que vender su casa para poder hacer frente a los innumerables litigios que se iniciaron contra ella por ayudar a las fiscalías anticorrupción del caso. "Me quedé en la ruina más absoluta", recordaba tras conocerse la sentencia de la Sala de lo Civil.
La noticia que dio lugar a esa sentencia es del 3 de junio de 2016. Bajo el título La testigo del fiscal en Gürtel, investigada por dar dinero público a una amiga y destruir pruebas, OkDiario sugería que entre las adjudicaciones ilegales aprobadas por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) y su alcalde, Arturo González Panero, conocido como El Albondiguilla, se encontraba la contratación de una psicóloga "que casualmente coincidió con Garrido mientras cursaba estudios de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid" y con la que se habría ido de viaje. La información sugería también que Garrido, desde su puesto en la concejalía de Juventud del consistorio, habría amañado al menos tres contratos a favor de su compañera de estudios. En resumen, que la denunciante de Gürtel realmente formaba parte de la trama de corrupción que había ayudado a destapar.
"Las afirmaciones (...) de que la demandante [Ana Garrido] había incurrido en irregularidades en los expedientes de adjudicación de contratos o que algunas de las adjudicaciones investigadas están relacionadas con los servicios prestados al consistorio por una psicóloga amiga de la demandante, carecen de sustento razonable, por lo que han de ser consideradas inveraces", sostuvo la anterior sentencia de la Sala de lo Civil. Según los magistrados, ninguna de las pruebas aportadas por el diario de Inda para tratar de acreditar esa información permiten sustentar la credibilidad de su contenido.
Falsedades sobre los 'titiriteros'
Siete meses antes de la resolución que resarcía a Ana Garrido, el 7 de diciembre de 2023 el Supremo fallaba contra OkDiario, en este caso en relación con una de los asuntos judiciales más escandalosos que se han producido en los últimos años. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno envió a prisión provisional por enaltecimiento del terrorismo a los dos integrantes de la compañía de Títeres desde Abajo tras representar en Madrid su obra La Bruja y don Cristóbal, en la que una de las marionetas exhibía una pancarta con el texto "Gora Alka-ETA". El caso acabó archivado después de que la Fiscalía advirtiera que, en ningún momento, los titiriteros realizaron actos o expresiones de alabanza a ETA o Al Qaeda, pero sirvió a varios medios con línea editorial de derecha para emprender una batalla contra el Ayuntamiento de Madrid, que entonces dirigía Manuela Carmena.
Pese a que se hubiera comprobado judicialmente que los titiriteros no habían alabado a ninguna organización terrorista, OkDiario no paró de atacar al Gobierno municipal a través de la compañía de títeres, a cuyos integrantes siguió llamando "proetarras", lo que provocó una demanda por vulneración de derecho al honor de sus integrantes. En la sentencia, que condenó al diario de Inda a pagar 4.000 euros a cada uno de ellos, se recordaba que "una falsa imputación de pertenencia o vinculación con la organización terrorista ETA sin que hubiera sido debidamente contrastada" provocaba en los espectadores "una imagen distorsionada, con capacidad de crear dudas específicas sobre la honorabilidad del demandante". Los magistrados recordaban, además, que varias noticias incluyeron informaciones falsas, como que durante el espectáculo "se lanzaron vivas a ETA" o que los artistas pertenecían a asociaciones ligadas al colectivo de presos de la banda.
*El titular de esta información cuantificaba inicialmente de forma errónea el número de sentencias contra Inda en el Supremo. Ha sido modificado para subsanar dicho error.
