El Gobierno renuncia a regular la medición de audiencias para objetivar el reparto de la publicidad
El Gobierno no regulará la medición de audiencias basada en metodologías que “cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad”. Lo dejará en manos del sector.
Así lo anunció este martes, después del Consejo de Ministros, el titular de la cartera de Transformación Digital, Óscar López, contradiciendo el compromiso aprobado por el Gobierno en el Plan de Acción por la Democracia (PAD) aprobado el año pasado.
Ese documento, en la medida 2.1.4, comprometió al Ejecutivo a reformar la ley de publicidad institucional “para garantizar que los sistemas de medición de la audiencia y la metodología que utilicen cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad”.
Promesa incumplida
López ignoró esta promesa y defendió que no hace falta una ley. “Es el sector el que tiene que acordar una forma objetiva de medir o de medirse”. “No es cuestión de que legisle el Gobierno: no tiene nada que legislar, son los medios los que se han autorregulado toda la vida para medirse”, añadió.
Para apoyar ese argumento, destacó que las radios, por ejemplo, dan por bueno el modelo de medición de audiencias del EGM. O que los periódicos de papel aceptan las cifras que proporciona OJD. Y dio a entender que ahora las emisiones de televisión, al ser digitales, se pueden medir “en tiempo real” “porque se ve la transmisión de datos: por lo tanto, hoy en día hay (una) forma más objetiva de medir con los servicios digitales”, pasando por alto que el consumo de televisión convencional solo se puede medir con audímetros, aunque la TDT haya sustituido a las emisiones analógicas.
López admitió, en cambio, que no existe una empresa de medición del consumo de medios digitales que suscite consenso. “En el mundo digital es donde surge el problema. Hay una discusión en el sector, pero es una discusión del sector, no del Gobierno”, subrayó, dejando la responsabilidad de cumplir las exigencias del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (la EMFA, por sus siglas en inglés) en manos de los afectados.
El Gobierno no legislará
“No es el Gobierno el que tiene que decir: ‘Vamos a medir los medios por este indicador’, si no que tiene que ser el sector el que acuerde” cómo lo hace, igual que sucede con las radios y los periódicos, insistió.
El ministro admitió que la cuestión central es que haya sistemas “objetivos e incuestionables”, pero eso, “en el mundo digital”, añadió, “es un poquito más opinable, porque se ha visto con distintas herramientas que hay muchas formas de medir”.
En realidad, el artículo 27 de la EMFA lo que hace es obligar a los proveedores de sistemas de medición de audiencias a garantizar que sus sistemas y la metodología utilizada “cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad”. Para estar seguros, la norma europea les obliga a facilitar a los medios y a los anunciantes, sin demora indebida y sin coste alguno, “información exacta, detallada, exhaustiva, inteligible y actualizada sobre la metodología utilizada por sus sistemas de medición de la audiencia”.
Auditorías independientes
Estas empresas deben, además, someterse a auditorías independientes una vez al año. Y, si se lo pide un medio, tendrán que proporcionar información sobre los resultados de las mediciones de audiencia, incluidos los datos no agregados, relativos a los contenidos y servicios de medios de comunicación de ese medio.
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La EMFA establece también que “las autoridades u organismos reguladores nacionales” alienten a las empresas de medición de audiencias, a los medios, a plataformas en línea y a cualquier otra parte interesada “a elaborar códigos de conducta” que promuevan “el seguimiento periódico, independiente y transparente” de su actividad.
Lo que no dice el reglamento es qué sucede si las empresas de medición no cumplen estos requisitos ni quién se encargará de supervisar que lo hacen, a pesar de que su actividad es clave para objetivar la distribución justa de la publicidad institucional. La legislación española, de acuerdo con el anuncio hecho por el ministro, tampoco lo hará.
Lo que sí ha quedado definitivamente para después del verano es la reforma precisamente de la ley reguladora de la publicidad institucional, que el Gobierno quería aprobar en primera vuelta en el Consejo de Ministros de este martes.
