Las acusaciones piden al juez que requiera a la UCO el informe de González Amador encargado hace siete meses
La acusación popular exige mayor celeridad en la causa contra el empresario Alberto González Amador. En dos escritos presentados la pasada semana, a los que ha tenido acceso infoLibre, PSOE y Más Madrid reclaman, por un lado, al titular del Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, Antonio Viejo, que apriete a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que entregue cuanto antes el informe que hace ya siete meses se le encargó en la pieza por soborno que se sigue contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y, por otro, que dé un impulso procesal al caso del fraude fiscal para que se enjuicie a la mayor brevedad posible.
La pieza del soborno, abierta en octubre de 2024, se centra en una empresa: Masterman & Whitaker. Es la sociedad a la que Maxwell Cremona, también controlada por González Amador, cedió a finales de 2021 parte de los servicios que había acordado prestar a Quirón Prevención SL, filial del gigante que se ha beneficiado de la privatización sanitaria del PP en la Comunidad de Madrid. Una maniobra que, a ojos de la Agencia Tributaria, no era más que una "simulación" –la empresa no tenía medios suficientes para realizar los servicios cedidos– para generar "bases [imponibles] negativas" a compensar en un futuro, es decir, provocar pérdidas artificialmente para que la empresa pague menos o ningún impuesto.
Esta empresa no siempre se llamó así. La sociedad se constituyó el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros y con el nombre Círculo de Belleza. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Gloria Carrasco, a la que se designó como administradora única de esta compañía dedicada a la cosmética, se quedó con el 60%. Su hermano, con un 20%. Y su esposo, Fernando Camino, con otro 20%. Este último es, desde hace años, director general de Quirón Prevención. Y era consejero de Mape, la empresa para la que intermedió la pareja de Ayuso en una operación de compraventa de mascarillas que le reportó 1,97 millones de euros.
La pareja de la presidenta madrileña compró en plena pandemia la sociedad a la mujer de Camino, que con el paso de los años se convirtió en accionista única. Por dicha empresa pagó por 499.836 euros, a pesar de que facturaba muy poco, de que no tenía trabajadores ni inmuebles a su nombre y de que unos meses antes Carrasco había abonado solo 16.000 euros por hacerse con las acciones que tenían en la empresa su hermano y su marido –el 40%–. Tanto la jueza instructora –ya jubilada– como la Fiscalía sospechan que esa operación esconde el pago de una comisión a Camino por la operación de compraventa de mascarillas en la que intervino González Amador o por "el incremento de la facturación" recibida de Quirón Prevención, uno de los grandes clientes del empresario.
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Dada la "complejidad de la investigación" y el "carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva", la jueza activó a la unidad de élite de la Guardia Civil para que investigara los hechos. Lo hizo el pasado 27 de junio. Pero siete meses después, los investigadores aún no han remitido al juzgado ningún informe. Y eso ha llevado a mover ficha a las acusaciones populares, que en un escrito fechado la pasada semana han pedido al magistrado instructor que impulse el procedimiento y requiera a la UCO el documento. Y no solo eso. También que se informe a los investigadores de que, según publicó eldiario.es, González Amador operaba en el grupo Quirón con una identidad falsa –Alberto Burnet González– para que indaguen sobre este asunto.
Un empujón que también han reclamado dar en el caso por fraude fiscal contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A finales de septiembre, la jueza Carmen Rodríguez Medel, que sustituyó a la instructora hasta que llegada de Viejo al juzgado, dictó auto de apertura de juicio oral contra el empresario. Confirmada la apertura de juicio oral y desestimados los recursos de apelación formulados, quedaron formalizados los escritos de acusación. "Sin embargo, a fecha de este escrito no consta que por las defensas se hayan presentado los correspondientes escritos de defensa, a pesar de todo el tiempo transcurrido", apunta la acusación popular.
Una situación que, alegan, "está produciendo una gran dilación al procedimiento en su tramitación". Por eso, exigen que se adopten "las resoluciones que correspondan" para la correcta continuación del procedimiento. "En el supuesto de que existan incidencias procesales que hayan causado la paralización o demora no justificada del procedimiento [...] se solicita expresamente que se subsanen a la mayor brevedad, en aras de salvaguardar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas", sostienen PSOE y Más Madrid en su escrito.
