Robin, el ¿juez? que insulta a políticos y se mofa en X de García Ortiz mostrándolo como un payaso

Robin Juez es el pseudónimo con el que actúa en X, la antigua Twitter, el usuario que se esconde tras la cuenta @JuezPez. Desde su perfil anónimo posteó a las 19.49 de la tarde del pasado viernes una foto editada con inteligencia artificial del acto de apoyo al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Ateneo de Madrid, en la que este y alguna de las personas que lo rodeaban aparecían vestidos de payasos. Este insulto visual era una respuesta a Juan Antonio Frago, el abogado que dirigió la acusación contra García Ortiz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y que pidió la pena más alta –seis años de cárcel– contra el exresponsable del Ministerio Público, en la que se mofaba de los asistentes al encuentro comparándolos con "una excursión del IMSERSO". Su perfil muestra también la misma imagen retocada, esta vez con carteles del PSOE colgados de las paredes junto al texto "Vaya imágenes que se curra la IA".

El perfil es anónimo, pero los jueces y juezas consultados aseguran que, aunque desconocen su identidad, hay muchos indicios de que, quien se encuentra detrás, es un juez. En primer lugar, porque en algunas de sus publicaciones se presenta como tal –por ejemplo, el día en que su supuesto juzgado se convirtió en tribunal de instancia por aplicación de la ley de eficiencia– y tiene un amplio conocimiento de política judicial y asociaciones de jueces y fiscales; pero también porque entre los perfiles que sigue y le siguen dominan los jueces, fiscales, asociaciones judiciales y juristas en general y, entre ellos, los más activos en redes, como @MagistraThor, @Lapelo1, @Iuristóteles, @JudgeTheZipper o @ladycrocs, cuyas identidades, al contrario que la suya, sí son conocidas.

Desde esa fachada con una imagen de Errol Flynn en Las Aventuras de Robin Hood, Robin Juez no solo insulta mediante imágenes retocadas a condenados como García Ortiz, sino que invita a la asociación del exjefe de la Fiscalía, la minoritaria y progresista Unión Progresista de Fiscales, a recabar firmas en "chante.org" en su favor. También compara a los magistrados de la ampliamente cuestionada sentencia del Tribunal Supremo contra el ex fiscal general con la persecución que la Alemania nazi urdió contra Albert Einstein. Los magistrados del Supremo, como Einstein, son las víctimas. Los nazis, los 150 juristas, entre ellos magistrados eméritos del Supremo como Perfecto Andrés, Alberto Jorge o José Antonio Martín Pallín por firmar un manifiesto contra su condena.

Representar como payaso a García Ortiz no es el único insulto que ha realizado Robin Juez. Si con el fiscal general inhabilitado por el Supremo recurrió a la IA, para llamar "subnormal" al exsenador de Compromís Carles Mulet recurrió a un meme el pasado 5 de enero. Al secretario de Organización de Podemos y procurador en las Cortes de Castilla y León por ese partido Pablo Fernández, lo llamó "retarded" ese mismo día. Ambos habían reclamado que se actuara contra personajes como el torero Fran Rivera o el agitador ultra Vito Quiles, que habían pedido en redes al presidente de EEUU Donald Trump que, tras su intervención militar en Venezuela en la que ordenó el secuestro del expresidente Nicolás Maduro, hiciera lo mismo en España con Pedro Sánchez.

Entre los objetivos de Robin Juez también se encuentran exmagistrados del Tribunal Supremo. Como Joaquín Giménez, que, en una entrevista publicada por el diario Información, afirmó que la sentencia contra el ex fiscal general "cuestiona gravemente la imparcialidad del Alto Tribunal". Al tuitero anónimo, esa opinión solo le merece un comentario hacia el juez ya retirado: "Pobre hombre". El ex fiscal anticorrupción y antidroga y uno de los juristas de mayor reputación internacional del país, Carlos Castresana, también criticó la resolución del Alto Tribunal al advertir que no era "capaz de esclarecer quién hizo la filtración", por lo que no se justificaba "un fallo condenatorio". Para este perfil anónimo de temática judicial, las palabras de Castresana no son más que "chatarra jurídico-intelectual".

Si Robin Juez es efectivamente un miembro del Poder Judicial se estaría amparando en su anonimato para incumplir el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prohíbe a jueces y magistrados "dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos". Hacerlo "invocando la condición de juez o sirviéndose de esta condición" constituye una falta disciplinaria grave castigada con hasta 6.000 euros de multa. El Consejo General del Poder Judicial mantiene abiertos dos expedientes por esta infracción, uno contra el magistrado de la Sala de Apelaciones Eloy Velasco por referirse a la exministra de Igualdad Irene Montero como "cajera del Mercadona". Otro contra el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara por llamar "golpista" a Pedro Sánchez y referirse a su esposa como "Barbigoña"

La comisión de ética del Consejo estableció en enero de 2021 que los jueces deben ajustarse al principio de "neutralidad política" en sus posts de internet, una pauta deontológica que, sin embargo, se incumple casi cada día en algunos de los perfiles judiciales más activos. El dictamen señala también que la obligación del juez de dispensar un trato respetuoso a las personas que intervienen en el proceso debe extenderse al ámbito extraprocesal, por lo que los comentarios e intervenciones de los miembros de la Carrera Judicial en medios de comunicación, redes sociales o encuentros jurídicos deben desarrollarse “con las formalidades de la buena educación” y “sin expresiones irrespetuosas, vejatorias o dañinas”, añadía el dictamen de la comisión.

Las Directrices no vinculantes sobre el uso de las redes sociales por los jueces, aprobado por la Red Mundial por la Integridad Judicial de Naciones Unidas, avalan el uso de plataformas como X por los miembros del Poder Judicial, incluso el uso de pseudónimos, aunque advierten de que "nunca deben usarse para permitir un comportamiento poco ético". Además, el uso de estas identidades falsas, avisa el texto, "no ofrece ninguna garantía de que no se vaya a conocer el nombre real o la condición de juez que posee el usuario".