Las comunidades ignoran el reglamento de medios de la UE y ni siquiera designan órganos de supervisión
Actúan como si no fuese con ellos. Los gobiernos autonómicos están ignorando la aplicación, en sus respectivos ámbitos territoriales, del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés) que entró en vigor el pasado mes de agosto. En particular, la necesidad de designar o crear un organismo independiente para gestionar el registro de medios, supervisar la radiotelevisión pública autonómica y vigilar el reparto de publicidad institucional.
En el ámbito estatal no es que el Gobierno se esté dando mucha prisa. Pero, al menos, y aunque el texto lleva meses acumulando polvo en algún cajón de la Cámara Baja, ya ha remitido al Congreso un proyecto de ley con el objetivo de dejar esta responsabilidad en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo que ya tenía encomendada la supervisión del sector audiovisual.
Lo que dice la norma europea es que cada Estado miembro debe contar con una autoridad reguladora nacional independiente, con poderes suficientes, funciones claramente separadas del Gobierno y garantías de autonomía funcional y financiera, encargada de supervisar a los medios —incluidos los públicos— conforme a los estándares de independencia editorial, gobernanza y financiación establecidos por el reglamento. Una previsión que, en el caso de los Estados descentralizados, como es el de España, el Gobierno central comparte con las comunidades autónomas, lo que obliga a cerrar entidades semejantes a escala de cada territorio.
La EMFA exige, además, reformas legales para implementar procedimientos de nombramiento y cese del órgano de dirección de los medios públicos autonómicos que garanticen su independencia, mandatos estables y financiación suficiente, así como salvaguardas contra interferencias políticas en la gestión y en las decisiones editoriales.
Del mismo modo, el reparto de publicidad —también la autonómica— debe realizarse con transparencia y reglas no discriminatorias: los poderes públicos deben difundir criterios, procedimientos, importes y beneficiarios; y los medios tienen la obligación de divulgar el total anual de publicidad estatal recibida, además del detalle de sus propietarios.
Precedentes
Para vigilar todo esto, en lo que atañe a cada comunidad autónoma, deberían designarse o crearse organismos independientes, pero nadie ha dado el paso. La mayoría llevan años ignorando su necesidad. Desde 2022 debían haber puesto en marcha un supervisor imparcial en materia audiovisual. Tenían la obligación de hacerlo y solo tres comunidades, al menos sobre el papel, disponen de algo parecido: Cataluña, Andalucía y la Comunitat Valenciana.
Esta semana, cinco entidades catalanas, lideradas por el Col·legi de Periodistes, dieron el paso de exigir “un gran acuerdo parlamentario” para “crear por ley” un Consell de la Informació i la Comunicació de Catalunya como organismo independiente encargado de aplicar las previsiones de la EMFA: el registro de medios, la transparencia sobre la propiedad y los ingresos por publicidad institucional, la promoción del pluralismo, la consecución de espacios digitales seguros y la protección del trabajo de los periodistas.
Es solamente un primer paso, pero nadie más lo ha dado. Y no parece que esté en los planes del resto de los gobiernos autonómicos.
Cataluña, Andalucía y la Comunitat Valenciana, como los tienen, envían a representantes de sus consejos audiovisuales a las reuniones de coordinación que convoca periódicamente la CNMC. Lo que deja en videncia al resto comunidades y revela hasta qué punto los gobiernos autonómicos —de todos los colores políticos— mantienen un control directo del espacio audiovisual y no tienen la menor intención de cambiar de estrategia con la EMFA.
El País Vasco (PNV) envía a un representante de su Departamento de Cultura y Política Lingüística, y Galicia (PP) al director general de Medios, que depende directamente del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Asturias (PSOE) está representada por la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo del Gobierno del Principado; La Rioja (PP), por la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía. Murcia (PP), a su vez, envía a un representante de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital del Gobierno de Fernando López Miras.
En representación del Gobierno de Aragón acude el Departamento de Presidencia, Interior y Cultura del Ejecutivo presidido por Jorge Azcón (PP). Castilla y León supervisa su sector audiovisual también directamente desde el Ejecutivo, a través de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital del Gobierno liderado por Alfonso Fernández Mañueco (PP).
En todas las comunidades
El modelo se repite en Canarias, donde la supervisión independiente tampoco existe y está en manos de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno autonómico, presidido por el nacionalista Fernando Clavijo
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Navarra, con la socialista María Chivite al frente, tampoco se salva. En vez de un organismo independiente, se ocupa de la supervisión el Departamento de Presidencia e Igualdad del Gobierno foral. Extremadura, que en diciembre inaugurará el nuevo ciclo electoral y a cuyo frente está María Guardiola (PP), tampoco se ha resistido a sortear la supervisión imparcial del sector audiovisual: en este caso, es la Consejería de Hacienda y Administración Pública la que se encarga de todo.
En Illes Balears, con Marga Prohens a los mandos (PP), se ocupa la Consejería de Presidencia, Función Pública e Innovación. En Madrid, bajo la responsabilidad de Isabel Díaz Ayuso, cabeza visible del ala más radical del partido que preside Alberto Núñez Feijóo, está en manos de la Consejería de Digitalización.
El incumplimiento de la EMFA es flagrante. Todas las comunidades tienen la obligación de exigir que los medios de su ámbito territorial hagan pública su propiedad, así como el detalle de sus ingresos por publicidad institucional. Deben, además, hacer transparente y sujeto a reglas conocidas ese reparto. Y no solo eso: las que tengan medios públicos deben adaptar sus leyes reguladoras para que puedan trabajar con independencia. De momento, la única que lo ha hecho es Galicia, y fue justo para lo contrario: reforzar el control político de la mayoría parlamentaria del PP.
