El juez archiva la denuncia de García Egea y López Miras contra infoLibre y destaca la "diligencia" en el contraste de la noticia

Captura de la pantalla del móvil de López Miras.

La justicia da la razón a infoLibre frente al presidente de Murcia, Fernando López Miras, y el ex secretario general del PP Teodoro García Egea. Ambos dirigentes de la formación conservadora interpusieron en junio de 2021 una denuncia por revelación de secretos, un delito que puede conllevar una pena de hasta cinco años de prisión. La demanda fue presentada a raíz de la publicación de una noticia que llevaba por título "El presidente de Murcia medió en la operación quirúrgica de un familiar de García Egea: “La van a programar para el día 20” y que firmó la periodista Alicia Gutiérrez. La empresa editora del diario también fue denunciada y, por ello, tanto Gutiérrez como el director de infoLibre, Daniel Basteiro, tuvieron que declarar en calidad de investigados el pasado mes de diciembre.

En el texto se reproducían dos imágenes en las que se podía ver al presidente regional hacer gestiones por whatsapp con el secretario general de Salud, Andrés Torrente, y transmitir datos sobre la operación de un o una paciente al número dos del PP a nivel nacional. Ese paciente era familiar del propio García Egea. El número dos del PP nacional exclamaba un agradecido "cojonudo" al recibir la información de carácter privado y personal que al resto de los ciudadanos les es facilitada no por el presidente regional sino por sus centros de salud u hospitalarios de referencia. Es ese "secreto" el que motivó la acción judicial tajante y en cuestión de horas por parte del PP.

Durante este año de proceso judicial, la información ha sido reconocida como cierta y contrastada por la Fiscalía, el juez y hasta los propios denunciantes. En un primer momento, el PP la tachó como "falsa" y arremetió contra infoLibre, al que han arropado numerosas asociaciones de periodistas, colectivos en defensa de la libertad de prensa y ciudadanos particulares frente a lo que ha sido considerado un intento de intimidación a la prensa.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid ha decidido ahora decretar el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones al entender que "existe una preponderancia del derecho a la información", que este periódico "tuvo diligencia en el contraste" de los datos y que no se ha podido "acreditar" que infoLibre "conociera necesariamente" que la "captación" de las imágenes de Whatsapp incluidas en la noticia "tuviera un origen ilícito", algo que, por otra parte, jamás ha sido probado. La resolución recoge buena parte de la argumentación de la Fiscalía. A pesar de los argumentos del magistrado y el Ministerio Público, tanto López Miras como el ex secretario general conservador han decidido presentar un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid que podría alargar el proceso y seguir minando los recursos económicos de la cabecera.

"No está determinada la conducta con respecto a ninguno de los denunciados", señala el juez en un auto fechado el pasado jueves 12 de mayo.

El juez destaca que la periodista que firmaba la exclusiva, Alicia Gutiérrez, "tuvo diligencia en el contraste de los datos de la noticia antes de su publicación". De hecho, este periódico consultó antes de publicar la información a García Egea, a López Miras y al PP, por varias vías, por escrito y con tiempo suficiente para ofrecer una versión de lo sucedido, pero no hubo autorización para incluir ninguna. Fue una vez publicada cuando miembros de la dirección de la formación conservadora salieron en público a decir que era "falsa". Luego, en cuestión de horas, llegó la denuncia por un delito que comporta penas de prisión para periodistas, algo insólito en democracia, especialmente por la publicación de informaciones ciertas que afectan a destacados dirigentes políticos.

El juez ha tomado esta decisión tras recibir un escrito del Ministerio Público, fechado a finales de abril, en el que se solicitaba el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa. El fiscal señalaba que no quedaba "acreditada" la "comisión dolosa de los hechos" al entender que de las pesquisas llevadas a cabo no era posible "determinar" si la conversación de Whatsapp había sido "captada intencionalmente" o si se trató de "una captación casual y, por tanto, no delictiva en origen".

El Ministerio Público, además, destacaba en su escrito que la conducta de la periodista y el diario "no podría ser calificada de antijurídica atendiendo a criterios jurisprudenciales". Las imágenes de Whatsapp, señalaba el fiscal, se habían publicado "como soporte gráfico de una noticia", estando "amparada" la "labor periodística" en el derecho a la libertad de información que se recoge en el artículo 20 de la Constitución. "Sin que el ejercicio de dichos derechos se haya excedido, entendemos, de la publicación de los datos estrictamente necesarios para la publicación del hecho noticiable, y ello por cuanto, según la noticia, la conversación de Whatsapp publicada reflejaba un presunto caso de corrupción entre los políticos que mantenían la misma, Fernando López Miras y Teodoro García Egea", concluía la Fiscalía, que insistía en que nunca se aportaron "datos sin interés noticiable y que afectasen a terceros no implicados".

El recurso de López Miras y García Egea

El jefe del Ejecutivo murciano y el ex número dos del PP ya han interpuesto recurso de apelación contra la resolución ante la Audiencia Provincial de Madrid. "La decisión de acordar el sobreseimiento de las presentes actuaciones es prematura, y se adopta sobre la base de una serie de conclusiones que no se han derivado de las diligencias de investigación ya practicadas sino que se sustentan en meras conjeturas o suposiciones", sostienen. Un escrito en el que llegan a asumir que la noticia fue contrastada: "Las diligencias practicadas hasta ese momento evidenciaron de manera incontestable que la información publicada, pese a ser contrastada, afectaba al núcleo más íntimo de la vida privada de una persona anónima y contenía datos que permitían perfectamente localizarle". ¿Y cuáles eran esos datos? Que residía en Murcia, que necesitaba ser operado, la fecha de la operación y la necesidad de ser atendido previamente por otros especialistas. También aseguran que se dio información sobre la patología, que llegan a mencionar, algo que nunca se hizo.

En el mismo mes, este diario desveló que el hospital había operado al familiar de García Egea antes que a pacientes con la misma prioridad y que ya estaban en lista de espera. También que el pariente fue atendido por el cardiólogo horas después del mensaje del número dos del PP a López Miras en el que se evocó esa consulta.

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