Cataluña quiere poner en marcha su propio sistema de financiación y emular así los conciertos económicos vasco y navarro. Ese fue el acuerdo alcanzado por Esquerra Republicana y el PSC para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat, aunque la portavoz del nuevo Govern, Sílvia Paneque, ha evitado usar este término en su primera rueda de prensa este martes. El vasco y navarro es un modelo único –como presumen sus defensores y reprochan sus detractores–, basado en los "derechos históricos" reconocidos a los territorios forales –Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra– aprobado en su forma actual en mayo de 1981.

Desde entonces, y mediante un pacto bilateral que se renueva cada cinco años entre los gobiernos del País Vasco y Navarra, y el Gobierno central, ambas comunidades recaudan, liquidan y gestionan todos los impuestos –12 estatales y 11 autonómicos–. Después, pagan un cupo al Estado, un tanto por ciento de los gastos que para éste suponen las competencias no transferidas –desde las embajadas hasta la defensa pasando por las prisiones o la Seguridad Social– así como de las amortizaciones e intereses de la deuda pública.

Se trata de un modelo que está plenamente consolidado y que formaciones como el Partido Popular defienden, tanto en Euskadi como en Madrid, bajo el argumento de que la Constitución Española de 1978 reconoce esta singularidad de los dos territorios forales y de que les aporta mayor seguridad y competitividad frente a comunidades como Cataluña. En febrero del pasado año se aprobó en el Congreso con los votos a favor de los conservadores el proyecto de ley quinquenal del Cupo 2022-2026, que contó con la oposición de Vox y de Ciudadanos. Sin embargo, se trata de un tema sobre el que la formación de Santiago Abascal tampoco suele hacer demasiado ruido.

"Nosotros somos los que nos arriesgamos a que, si hacemos mal las cosas, tengamos que soportarlo con nuestros exclusivos ingresos. Aquí es imposible que haya un rescate como los hay en Cataluña cada dos por tres o que haya financiaciones extraordinarias", defendía el pasado abril, en plena campaña electoral, el candidato a lehendakari y líder del PP vasco, Javier de Andrés. Ahora ha pedido al PNV “no taparse los ojos” y que no apruebe en el Congreso el concierto económico para Cataluña porque es “un problema y una mala noticia para Euskadi”, ya que pondría en riesgo el modelo de financiación vasco. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha cerrado filas con este modelo de financiación, si bien durante su etapa como presidente de la Xunta demandó en más de una ocasión más transparencia sobre el reparto. Otros de sus grandes defensores son el portavoz de la formación a nivel nacional, Borja Sémper, y el exportavoz del Senado Javier Maroto.

Apoyar el cupo en Euskadi no implica, sin embargo, hacerlo también en Cataluña. Desde la formación de Feijóo se oponen con fiereza a que tenga un sistema similar, hasta el punto de que los presidentes autonómicos de la formación anunciaron hace unas semanas que recurrirán ante los tribunales si la reforma sale adelante. El propio líder del PP avanzó el lunes una entrevista en la cadena COPE que convocará a los líderes territoriales en septiembre para dar respuesta al "desafío histórico nacional" que, a su juicio, se está perpetrando en Cataluña.

Feijóo no dio muchos más detalles, pero el PP busca convertir la financiación catalana en un punto de enfrentamiento también entre socialistas, ya que algunos barones como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, también ha anunciado que está dispuesto a dar la batalla por la vía judicial. La vicesecretaria de Organización, Carmen Fúnez, tampoco descartó la puesta en marcha de la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado, donde los conservadores gozan de mayoría absoluta, para ejercer más presión al Gobierno.

Con todo, la idea de que Cataluña tenga su propia financiación ha rondado durante años en círculos populares e incluso formó parte del programa del PP catalán en las elecciones de 2012. "Desde el PP catalán trabajaremos para mejorar la financiación singular para Catalunya, basado en el principio de ordinalidad y con una solidaridad finalista", rezaba uno de los puntos. Es más, Alicia Sánchez-Camacho, durante su etapa al frente de los populares catalanes, llevó la idea también hasta Génova 13, aunque fue rechazada por María Dolores de Cospedal.

Hasta el propio Feijóo reconoció que esa vía se podía plantear durante una conferencia en 2016 cuando era presidente de la Xunta. "No es fácil de explicar que a Cataluña no se le dé un concierto cuando lo tienen los vascos y los navarros. No digo yo que el concierto catalán no tenga razón en cuanto a la demanda, porque es verdad que lo tienen Euskadi y Navarra", reconocía el actual líder del PP, abriendo la puerta a debatir e incluso aceptar esa cuestión. "Es verdad que las cosas se pueden cambiar y discutir, el problema es cómo nos ponemos de acuerdo en el contenido y en el continente", decía.

Lo cierto es que, cuando ha estado en el Gobierno, el PP ha llegado a acuerdos con la Generalitat catalana relacionados con la fiscalidad. El expresidente José María Aznar reformó aspectos esenciales de la financiación en una negociación con bilateral con Jordi Pujol (CiU) para llegar a La Moncloa tras las elecciones de 1996. Se acordó un nuevo modelo de financiación, que afectaba a todas las autonomías, en el que el PP y los nacionalistas daban "más autonomía" para definir sus ingresos: se cedió el 30% de recaudación del IRPF para los gobiernos regionales. Ese acuerdo también abrió la puerta a los impuestos cedidos de patrimonio, transmisiones patrimoniales, sucesiones y juego.

Las formaciones independentistas en Cataluña llevan reclamando esta financiación singular desde hace años. El primero en hacerlo fue el expresident Artur Mas, que bautizó su modelo como "pacto fiscal". Aunque en un primer momento Esquerra Republicana consideraba que había asuntos más importantes que abordar, finalmente acabó haciendo también suya la propuesta bajo el nombre de "financiación singular". Sin embargo, las formaciones nacionalistas no siempre abogaron por este modelo, es más, en su momento lo rechazaron.

En el año 1980 el entonces ministro de Hacienda de UCD, Jaime García Añoveros, se lo ofreció al conseller Ramón Trias Fargas, mientras negociaban la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). El histórico dirigente de Convergència lo descartó porque no quería hacerse responsable de la recaudación de impuestos, una actividad impopular, a las pocas semanas de haberse constituido el Gobierno de la Generalitat presidido por Jordi Pujol y menos aún cuando el país se encontraba en plena crisis económica.

Pero también lo desechó porque pensaba que Cataluña obtendría más recursos negociando con el Gobierno a cambio del apoyo convergente en el Congreso. La negativa aparece acreditada en una carta del expresidente Pujol enviada en 2006 al exconsejero vasco de Educación Pedro Miguel Etxenique. “Los catalanes no tenemos concierto económico porque no lo quisimos”, reconocía el catalán. Pese a que Convergència, cuenta Pujol en su carta, intentó introducirlo en las negociaciones que dieron lugar al Estatuto de Autonomía Catalán en 1978, la oposición de PSC, PSUC y UCD lo impidió.

Salvador Illa, actual presidente de la Generalitat, está finalizando la formación de su equipo de gobierno, que se espera asuma sus funciones este lunes. Siguiendo lo anunciado en días recientes, Illa contará con un gabinete que incluirá tanto a miembros del Partido Socialista como a independientes y personas de otras corrientes políticas, especialmente del círculo de Junts y de la antigua CiU. En este contexto, Illa ha decidido reincorporar a Miquel Sàmper, exconsejero de Junts, quien asumirá la cartera de Trabajo y Empresa. Además, Ramon Espadaler, exdirigente de CiU y ahora diputado socialista, será el nuevo consejero de Justicia. Por su parte, la diputada del PSC por Girona, Sílvia Paneque, ocupará el puesto de portavoz del Govern y será la responsable de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.

Miquel Sàmper, quien se desvinculó de Junts hace varios meses debido a la dirección que tomó el partido, ha estado trabajando como abogado del exconsejero Lluís Puig, quien, junto con Carles Puigdemont y Toni Comín, permanece en Bélgica para evitar la justicia española por el procès. En los últimos años, Sàmper ha ido acercándose gradualmente al PSC de Salvador Illa, e incluso participó en alguno de sus actos de campaña para las elecciones del 12 de mayo.

En la parte social, Mònica Martínez Bravo, quien actualmente es secretaria general del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se encargará de Derechos Sociales e Inclusión. En Salud, la responsabilidad recaerá en Olga Pané, una experta en gestión sanitaria que recientemente fue gerente del Hospital del Mar en Barcelona. Además, Eva Menor, exalcaldesa de Badia del Vallès, será la nueva consejera de Igualdad.

Martínez Bravo, quien tomará el relevo de Carles Campuzano en el cargo. Uno de los desafíos principales que deberá afrontar será la gestión del Ingreso Mínimo Vital en Cataluña, recientemente transferido a la Generalitat en el contexto de las negociaciones con ERC para cerrar el pacto de investidura.

El hasta ahora director de comunicación y portavoz del Parlamento Europeo (PE), Jaume Duch, será el conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat.

El departamento cambia así su denominación intercambiando el orden, ya que era de Acción Exterior y UE, informan a Europa Press fuentes conocedoras. La investigadora Núria Montserrat será la consellera de Investigación y Universidades, en sustitución de Joaquim Nadal, informan a Europa Press fuentes conocedoras y avanzó Ser Catalunya.

La diputada socialista en el Parlament Esther Niubó, asumirá la Consellería de Educación y Formación Profesional, según han apuntado fuentes conocedoras a Europa Press.

Actualmente, Niubó está a cargo de la secretaria de Educación y Formación Profesional dentro del PSC, y es primera secretaria de los socialistas catalanes en Castelldefels (Barcelona), donde ha ejercido como concejala desde 2019.

Òscar Ordeig, diputado del PSC por Lleida, será el encargado de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Con este nombramiento, se cierra la composición del equipo de gobierno, que también incluye a Alícia Romero como responsable de Economía, Albert Dalmau en la Presidencia, y Núria Parlón al frente de Interior y Seguridad, según se informó este sábado.

Illa también ha decidido crear una Conselleria de Deportes, que dirigirá el exbaloncestista Berni Álvarez. Bernardo Álvarez Merino ha sido hasta ahora en Tarragona segundo teniente de alcalde de Deportes, Educación, Turismo Deportivo, Salud y Europe Direct, además de concejal de los barrios Eixample Nord y Sur.

Nacido en Reus (Tarragona) en 1971, jugó en el CB Tarragona, Caprabo Lleida y Lleida Bàsquet y se retiró en 2010, cuando se convirtió en entrenador del CB Tarragona.

Tras conocercse estos nombres, el portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha expresado su opinión sobre la designación de Albert Dalmau, hasta ahora gerente municipal de Barcelona, como nuevo conseller de Presidencia. Cid calificó a Dalmau como un perfil del PSC "muy conservador" y mostró sus reservas respecto a este nombramiento.

Según Cid, Dalmau proviene de un PSC en Barcelona que ha tenido fricciones con las demandas de los Comuns en temas como el turismo y la reducción de cruceros. Cid subrayó la importancia de abrir un debate sobre la carga turística y los límites del turismo en Catalunya.

En 1918 abría sus puertas. El número 68 del Paseo de Gracia se convertía en un punto de lujo y poder. La Barcelona que movía los hilos conoce de memoria todas sus salas. Es el hotel Majestic, un emblema cinco estrellas de la ciudad condal. Y bajo su cartel de escrupulosas letras blancas se guardan muchos secretos y conversaciones que han cambiado el rumbo del país.

En 1996 José María Aznar había ganado las elecciones, pero sin la mayoría absoluta deseada. Tocaba mirar a los nacionalistas para desbancar a Felipe González del Palacio de La Moncloa. Desde la victoria del 3 de marzo, se produjeron largas y profundas negociaciones entre el PP y CiU. Poco a poco se iban entendiendo, con un primer acuerdo para las Mesas del Congreso y del Senado. Pero faltaba lo importante: la investidura del aspirante popular.

Y el 27 de abril hubo fumata blanca tras un maratoniano último encuentro. Llegaba el momento de celebrar. ¿Dónde? ¿Cómo? CiU lo tuvo claro: una cena con cava y comida firmada por el chef Fermí Puig en el hotel Majestic, en la Barcelona más lujosa. En la mesa se sentaron el entonces futuro presidente del Gobierno, José María Aznar, junto a su negociadores clave: Rodrigo Rato y Mariano Rajoy. Por la parte del nacionalismo catalán estaban: Jordi Pujol, Macià Alavedra, Josep Antoni Duran i Lleida, Joaquim Molins y Josep Sánchez Llibre. Señoras y señores, acababa de nacer el pacto del Majestic para dominar la política española.

Aznar llegaba a La Moncloa con un acuerdo en el que satisfacía amplias demandas del independentismo y en ningún momento dijo que se rompía España. El documento pactado se titulaba Acuerdo por la gobernabilidad y la estabilidad, que fijaba el empleo como el principal objetivo del futuro Ejecutivo, pero que en sus primeros puntos ya proclamaba que un “esfuerzo esencial sería el desarrollo y consolidación del Estado de las autonomías, lo que requerirá la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de financiación autonómica, completar los traspasos correspondientes y garantizar el correcto funcionamiento e interrelación de las instituciones del Estado y de las diferentes Administraciones públicas”.

El primer apartado específico del acuerdo estaba protagonizado precisamente por esa promesa de un nuevo modelo de financiación autonómica, en el que, según acordaron el PP y CiU, las comunidades tendrían “más autonomía” para definir sus ingresos. Y Aznar aceptó ceder a los gobiernos regionales el 30% de la recaudación del IRPF. Para su aplicación, además, el PP dejaba margen para capacidad normativa por parte de las regiones.

Una capacidad, además, que los populares daban también a las comunidades para impuestos cedidos como el de patrimonio, el de transmisiones patrimoniales, el de sucesiones y el de juego. También el pacto del Majestic supuso que los populares revisaran los gastos de los costes reales de las transferencias de instituciones penitenciarias y de los Mossos.

Jordi Pujol arrancó una demanda del nacionalismo durante años: la eliminación de la figura de los gobernadores civiles. Los populares se comprometieron a reformar la administración periférica del Estado con esta supresión y su consiguiente sustitución por los subdelegados del Gobierno, que debían ser funcionarios de carrera.

Entre los traspasos acordados por el PP y CiU hubo uno muy significativo: el paso a los Mossos de la Generalitat de la competencia de tráfico bajo el “contexto de las decisiones a adoptar para desarrollar el modelo policial catalán”. Pero no se quedaban ahí, ya que también los populares se comprometieron a ceder al Palau de la Generalitat las competencias del INEM de intermediación en el mercado de trabajo y las políticas activas de empleo.

El acuerdo incluyó más traspasos a Cataluña: regulación de la Formación Profesional, los centros y servicios correspondientes a la gestión de las prestaciones sanitarias y de servicios sociales del Instituto de la Marina y la gestión de los puertos. Esto además suponía que cada autonomía pudiera nombrar al presidente de cada puerto. También Aznar firmó que los gobiernos regionales tuvieran más participación en las futuras leyes de costa y del suelo.

El Partido Popular aprobó la eliminación de un servicio mítico en España: la mili. CiU exigió este punto y que se incorporara que se tenía que llegar a una profesionalización total de las Fuerzas Armadas. En 2001 se aprobó el real decreto por parte del Consejo de Ministros que acabó con esta práctica instaurada en España desde dos siglos antes.

El acuerdo entre el Partido Popular y los convergentes se cerraba con un punto para rebajar los precios de las autopistas: “Ante la actual situación generada por la existencia en el territorio de autovías libres de peaje y autopistas de peaje cuya utilización, además, está gravada por un IVA del 16%, con la carga económica que ello supone para sus usuarios habituales, el PP se compromete a reformar el actual régimen impositivo a través de la aplicación del tipo reducido del 7%”.

Aznar llegaba con este texto a La Moncloa y lo celebraba con Pujol y sus íntimos con la cena en el Majestic. A pesar de las transferencias, de su boca no salió que hubiera alguna cesión a la Generalitat. El expresidente ha defendido siempre ese acuerdo e incluso ha negado que supusiera alguna “cesión”, reivindicando que fue para “toda España”, a pesar de que el texto solo habla específicamente de Cataluña.

En cambio, esta semana salió otra vez a escena Aznar para alertar de que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, es "un peligro para la democracia constitucional", por lo que llamó a todo el mundo a actuar y movilizarse desde su ámbito de responsabilidad porque "se han cruzado todas las líneas rojas".

"Eso se llama abrir una crisis constitucional sin precedentes en el país. Por eso, la apelación a la responsabilidad en este momento es una apelación extraordinariamente importante", lanzó en un acto del Instituto Atlántico junto al actual presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

“Antes eran campañas de movilización de la gente. Nos reuníamos para meter papeletas en los sobres. Los jóvenes se quejaban de que sólo se les utilizaba para pegar carteles. Cuidábamos muchísimo la radio. ¡Joder, hay alguien del PCE en directo! ¡Hay que llamar y también intervenir!”.

Iñaki Anasagasti (PNV) echa así la vista atrás cuando se le pregunta cómo eran antes las campañas: “Hubo una fundamental, que fue la de 1977. Tenía la gasolina de la ilusión. Hubo muchísimos mítines, banderolas, caravanas, vallas, actos en cada barrio. Ahora son un mero spot, se habla para salir 30 segundos en los medios”. Y se ríe a continuación: “También hacíamos cosas muy raras, como construir una ballena como una gargantúa, con los niños entrando por la boca”.

Se adentra en esos recuerdos de días y días pidiendo el voto durante años: “Repartíamos caramelos, bolígrafos, pegatinas. ¡Y Farias en los hogares de jubilados! Era un zafarrancho de combate, ahora las campañas son de francotiradores. Eran en la calle. Te tocaba en el Arenal… y te pasabas allí tres horas. Había gente que rechazaba la publicidad, pero en general había cultura de coger la información. Ponías hasta un tenderete. ¡Ahora ya no hay en Bilbao!”

Al histórico parlamentario del PNV le viene a la cabeza la música que impregnaba las calles en los actos de los partidos. Y confiesa: “Vino un senador americano en el 78. Nos soltó un rollo y dijo que eran mejores las campañas aburridas porque vio el desmadre que era aquello”. “Íbamos de casa en casa, a los asilos, a los clubs”, describe aquellas rutas agotadoras.

Las campañas han ido cambiando a lo largo de la historia en España, pero de manera vertiginosa en los últimos años por las redes sociales. Confiesa Diego López Garrido que la que más le marcó en primera persona fue la de 1993, cuando a Julio Anguita le dio un infarto. Iba como su ‘número dos’ y tuvo que asumir el principal protagonismo.

“Me acuerdo mucho del mitin que di en la Plaza Mayor de Madrid, donde se emitió un vídeo de Julio. Todo era mucho más artesanal, se pegaban físicamente a las doce de la noche los carteles, ibas recorriendo España de ciudad en ciudad”, indica el que fuera una de los principales rostros de Nueva Izquierda, que remacha que antes había mucho más “entusiasmo popular” durante las campañas: “En la primera etapa de la democracia se valoraba mucho a los políticos”.

“Ahora hay mucho menos puerta a puerta. Nosotros nos íbamos a la Puerta del Sol a entregar papeletas”, comenta, para luego reflexionar: “En estos momentos hay más cansancio, pero la parte positiva es que la gente en España confía mucho en el sistema democrático, eso tiene que ver con la entrada en la UE”.

Rosa Aguilar, exalcaldesa de Córdoba y exministra de Medio Ambiente, se emociona al revisitar algunas de las campañas: “Me acuerdo del primer mitin que di. Tenía 16 años. Fue en Peñarroya, en un pueblo de la sierra en Córdoba. Iba con otro compañero del PCE que se llamaba Pepe. Lo hicimos en el campo de fútbol. El jefe de la policía local era también comunista y primero hubo un izado de bandera con él firme. De pronto se cerró el cielo y cayó el diluvio universal. El compañero dijo: ‘Con nosotros no ha podido Franco, pues no va a poder la lluvia’. Acabé como si hubiera estado en una piscina. La mayor tormenta del mundo. En el coche tuvimos que estrujar los calcetines y quitarnos el jersey. Llegamos tiritando a Córdoba. Un estreno brutal”.

Aguilar subraya: “Un elemento clave y diferencial antes, que no lo sustituyen las redes, es el contacto humano. No hay ahora esa cercanía y proximidad. Era puerta a puerta, en los barrios y en los pueblos. La política tiene que tener alma y corazón. Mirar al votante a los ojos y decir lo que vas a hacer o pedir perdón por algo que has hecho. Ahora todo se fía a los medios y las redes. La gente iba hace años a los mítines a escuchar aunque no fueran del partido, ahora el 99% son militantes”.

¿Y quiénes han sido los mejores mitineros? Aguilar responde: “Julio Anguita levantaba mucho a la gente. Llevaba incluso una pizarra para explicar las cosas. Y Alfredo Pérez Rubalcaba era una persona que a la gente le gustaba escuchar. Pero lo más importante siempre ha sido hablar con sentimientos, eso me falta ahora”.

Una pregunta que también responde Micaela Navarro, expresidenta del PSOE, que recuerda cómo levantaban a las masas en los mítines Felipe González, Alfonso Guerra, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, José Bono o José Luis Rodríguez Zapatero, también cita el fervor por Pedro Sánchez en 2019. “La gente iba a verlos, no había que llamarla”, comenta.

Navarro pone énfasis en el momento “de rito” que suponía la pegada de carteles “con papel y cola”: “Me trae muy buenos recuerdos”. Y explica luego cómo era la guerra de pósters en las calles durante los días de la campaña: “En los últimos día llegan y te tapan los tuyos, luego vuelves…”

Ahora rememora aquella “barbaridad” de mítines multitudinarios, como los míticos del PSOE en el velódromo de Dos Hermanas (Sevilla). “La gente se desplazaba sola, quería ir, es una tontería decir que era por un bocadillo”, añade, para reconocer que en la política actual ya no se ve esa movilización. “Me emocionaba ver en los mítines a personas que habían luchado durante años. Eso no tiene precio”, añade.

La campaña de 1986 fue la que más marcó a la exministra Celia Villalobos al ser la primera que hizo: “Había que ir a los pueblos, no había redes sociales. Había ilusión por participar en los actos e ir a los mítines. Me he recorrido la provincia de Málaga millones de veces. Fue un cambio profundo en mi vida, era un momento muy difícil para nosotros”.

“Me acuerdo del primer mitin que hice, fue en la plaza de toros de Málaga en 1986, con Alianza Popular. Llenamos al meter a cinco mil personas. Eso entonces era un éxito. Ahora son mítines muy seleccionados”, apostilla. Al principio la gente, indica, iba a los actos de distintos partidos, aunque no los votaran, porque era novedoso. “Una cosa asombrosa viniendo de una dictadura”, refuerza Villalobos.

La exdiputada del Partido Popular afirma: “Yo misma era muy mitinera, muy follonera”. “Alberto Ruiz-Gallardón era muy bueno en los actos, como Javier Arenas y Antonio Hernández Mancha”, especifica, para luego también indicar el cansancio de muchas campañas. A la mente le viene la de las europeas de 1994: “Metí una maleta en el coche, ¡y al camino! Aproveché también para ver unos paisajes maravillosos y comer divinamente”.

Las campañas han cambiado de manera “vertiginosa”, como describe Lourdes Ciuró, exdiputada durante ocho años en el Congreso. Se acuerda mucho de la de 2011, cuando CiU logró 16 escaños en la Carrera de San Jerónimo: “Fue muy mítica, con mítines en gran formato, llenábamos el Palau Sant Jordi”,

“Antes se hacían propuestas, ahora se habla de emociones”, comenta la también exconsellera de Justicia de la Generalitat: “Íbamos a los mercados, a las tiendas. Ahora todo es menos tangible y se hace con las redes sociales. Pero sólo llega a los de tu cuerda. Si ves mi Twitter y eres un extraterrestre, piensas que todo el mundo es de Junts e independentista”.

En su memoria tienen un lugar especial esos grandes mítines: “Eran un baño de adrenalina. Los discursos eran espectaculares, tenían fondo intelectual. Ahora sólo se apela con consignas frívolas. La piel de gallina, la fiesta mayor de los partidos. El mensaje era positivo, mientras que ahora todo el mundo parece cabreado. La gente iba a los actos como si fueran a ver a Messi”.

Pedro Quevedo (Nueva Canarias) lleva sobre sus espaldas también muchas campañas, de generales a municipales y autonómicas. En su opinión: “Se ha perdido bastante la liturgia del mitin y de escuchar, en favor de las redes sociales. Y estas tiene poco filtro. Pero hay una cosa que sigue siendo determinante: la televisión. Se ha abandonado el contenido militante y hay más marketing”.

“El mitin era la única forma de verdad que tenías de reunirte con un grupo significativo de gente que estaba dispuesta a escucharte. Había gente que iba a decidir. Esto pasaba hasta hace veinte años. Ahora está más enlatado y pensado para salir en el periódico y no para convencer a la gente de nada. Se trata sólo de transmitir la idea de fortaleza”, compara.

Las campañas dejan todo tipo de momentos. A Quevedo se le escapa una carcajada cuando recuerda un mitin en el que le pegaron una pegatina detrás que ponía “No te creas nada”. Y no dejaba de escuchar a gente reírse detrás suyo mientras hablaba “hasta que alguien hizo el favor de quitármela”. También se divierte contando que a él no le gusta bailar, pero siempre lo sacaban durante los mítines. “Al primero que iban era a mí”, concluye.

Esa generación “más ancha” de la que habló el ministro José Luis Escrivá el pasado jueves en TVE se está convirtiendo en protagonista a su pesar de la reforma de las pensiones. Los también llamados baby boomers, los nacidos entre 1958 y 1977, actores del estallido demográfico que llevó aparejada una economía inusitadamente próspera tras la Segunda Guerra Mundial, también van a convertirse en el mayor club de jubilados de la historia. De jubilados con pensión, se entiende. Y ahí está el problema. O por lo menos es a quienes se menciona cuando de reformar el sistema público de pensiones se trata, un debate recurrente que no termina de cerrarse pese a los sucesivos cambios legislativos.

La mención del titular de Seguridad Social al “ajuste pequeño” que deberán sufrir en su pensión los nacidos en los años 60 y 70 cuando se jubilen de aquí a 2050 ha encendido las alarmas de los recortes, justo cuando sindicatos, patronal y Gobierno acaban de dar por enterrada la reforma de 2013. La misma que limitó las subidas anuales de estas prestaciones públicas desligándolas del IPC y establecía un factor de sostenibilidad a partir de 2019 que reduciría la pensión inicial de acuerdo con el aumento de la esperanza de vida de cada generación.

En efecto, en los años 60 y hasta 1975 la tasa de natalidad en España se disparó hasta los 20 nacimientos por cada 1.000 habitantes. A partir de 1981 la tasa de fecundidad empezó a caer: entonces estaba en 2,04 hijos por mujer, en 1998 ya era de 1,13. En 2019, tras un ligero repunte como resultado de la mayor fecundidad de las mujeres migrantes, se ha quedado en 1,23. En cualquier caso, inferior a los 2,1 hijos por mujer necesarios para mantener la población.

Según las estadísticas del INE, en estos momentos en España hay 14,34 millones de personas entre 44 y 63 años. De ellos, son población activa –en disposición de trabajar– 10,53 millones de personas. Integran esa generación “ancha” que está empezando a jubilarse y que lo hará de forma masiva hasta 2050. Después, el número de personas en edad de retiro descenderá al mismo ritmo que lo hizo la natalidad desde los 80.

Además, esas cohortes demográficas van a disfrutar de una mayor esperanza de vida que sus predecesoras. España tiene una de las más elevadas del planeta, tanto al nacer como a partir de los 65 años. En el primer caso, se sitúa en 83,2 años –86,1 años para las mujeres–, sólo por detrás de Japón y Suiza. Pero es que, a partir de los 65 años, los españoles viven de media 21,6 años más, sólo un poco menos que los franceses, que viven una media de 21,9 años tras la jubilación. No hay que olvidar que, a principios del siglo XX, esa etapa de la vida no superaba los 10 años. Pero en 2050 se llegará a los 23,7 años. La esperanza de vida aumenta un año cada siete.

Es decir, no sólo va a crecer el número de pensionistas, sino que también van a cobrar pensión durante más años. Una prestación que cada vez es más alta: desde los años 60 el nivel de estudios de los españoles y su capacitación profesional no han hecho sino mejorar; por tanto, también sus salarios, a la par que la prosperidad económica. 

La tasa de dependencia se duplicará

Esa mayor presión ha hecho saltar las alarmas sobre la capacidad de respuesta del sistema público de pensiones, más aún con las sucesivas crisis económicas y de empleo. Pese a que la llegada de migrantes a partir de 2000 rejuveneció la población –no sólo porque los migrantes son más jóvenes, sino porque las mujeres migrantes tienen más hijos que las españolas y los tienen antes–, la tasa de dependencia no ha dejado de crecer. Ésta resulta del cociente entre la población mayor de 67 años –y cobra una pensión– y la población menor de esa edad –y que está en edad de trabajar–. En España es del 29,7%, aún por debajo de la media de la UE, que alcanza el 32%, según los datos de Eurostat para 2020.

Pero las previsiones del organismo estadístico comunitario la sitúan en el 59,9% en 2050, incluso por encima de la media de la UE, un 52%. De forma que España será el cuarto país con mayor tasa de dependencia tras Portugal, Grecia e Italia. El INE calcula una tasa inferior del 53%. Según explican José Ignacio Conde-Ruiz, investigador de Fedea, y Clara I. González, economista del Banco de España, en El futuro de las pensiones en España, recién publicado por Cajamar, hoy en día de cada 100 personas, 16 tienen menos de 15 años, 67 están edad de trabajar –entre 16 y 66 años– y 17 son mayores de 67 años. Pero en 2050, de cada 100, 13 serán menores de 15 años, 58 estarán en edad de trabajar y 29 estarán jubiladas. Para entonces, la generación del baby boom tendrá más de 75 años y representará el 18% de la población española, que rozará los 50 millones de habitantes, si el INE acierta en sus previsiones y contando con un flujo acumulado de 6,8 millones de migrantes hasta ese año. Hoy, los mayores de esa edad equivalen al 9,8% de la población, que suma 47,39 millones de personas. Su número, por tanto, se habrá duplicado.

El impreciso referente de 2011

El acuerdo sobre pensiones alcanzado esta semana incluye la derogación del factor de estabilidad incluido en la reforma de 2013 y su sustitución por un nuevo mecanismo de “equidad intergeneracional” que deberá entrar en vigor en 2027. Gobierno, sindicatos y patronal reconocen que van a necesitarlo para equilibrar el sistema por las “necesidades excepcionales y acotadas en el tiempo” que van a suponer “la jubilación de la generación del baby boom y el aumento de la esperanza de vida”baby boom . Para diseñarlo, se comprometen a recuperar “el planteamiento consensuado en la reforma de 2011”. Se refieren al factor de sostenibilidad que apenas se esbozó en el texto que firmaron el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con los sindicatos y la patronal y que fue aprobado en el Congreso con los votos del PSOE y CiU.

Entonces, el artículo 8 de la Ley 27/2011 de 2 de agosto establecía que, cada cinco años, “los parámetros fundamentales del sistema” –la edad de jubilación, los años de cotización, el periodo de cálculo de la cuantía de la pensión, etcétera– serían revisados “por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población” y la esperanza de vida a los 67 años en 2027 –el año en que se preveía empezar a aplicar el factor–. El objetivo de esa revisión era “mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad”.

Ese factor fue sustituido por el creado en la reforma de 2013, que el PP aprobó en solitario en el Parlamento y sin el acuerdo de los sindicatos. Se trataba de una fórmula matemática que ligaba el importe de la pensión a la esperanza de vida y se aplicaba de forma automática a la pensión inicial. Para ello se iban a utilizar las tablas de mortalidad de la población pensionista elaboradas por la propia Seguridad Social. No llegó a ver la luz, puesto que el Gobierno del PP lo dejó en suspenso en 2018. Pero, de haberlo aplicado, habría recortado la pensión de los nuevos jubilados a partir del 1 de enero, de 2019 de forma que se garantizara que la cuantía total de la pensión cobrada por los trabajadores desde la jubilación hasta su fallecimiento fuera similar, aunque unos vivieran más años que otros.

Ahora, en cambio, recuperando el dibujo de 2011, aunque tampoco siendo mucho más claros y precisos que entonces, Gobierno y agentes sociales pretenden que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional incorpore “indicadores” que ofrezcan “una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población”. El texto del acuerdo no concreta qué indicadores, pero el acuerdo menciona que deben “actuar de forma equilibrada sobre el conjunto de parámetros del sistema”. Así se evitará que recaiga sobre “las generaciones más jóvenes” el coste de las pensiones de los baby boomersbaby boomers y “se fortalecerá la sostenibilidad del sistema” en el largo plazo. En otras palabras, no será un recorte automático con un coeficiente reductor como el de la reforma de 2013. Pero sí “ajustará el sistema” actuando sobre el resto de los parámetros, ya sea la edad de jubilación, el periodo de cálculo necesario para cobrar el 100% de la pensión o los años de cotización. De ahí la mención de Escrivá al “ajuste pequeño” o a que los miembros de la generación “ancha” quizá tengan que “trabajar algo más”.

Los ejemplos europeos

Es así como funcionan este tipo de mecanismos en otros países europeos. En Alemania, la cuantía de la pensión se determina según el número de puntos acumulados por cada trabajador a lo largo de su vida laboral, que dependen de sus cotizaciones respecto de la cotización media de todos los trabajadores. El valor de cada punto depende, a su vez, de la relación entre el número de cotizantes y el número de pensionistas, por lo que la esperanza de vida se considera implícita en ese cociente.

En Italia, para establecer la cuantía de la pensión se utiliza un coeficiente de transformación que se calcula utilizando las tablas de mortalidad de la población. Éste se revisa periódicamente según aumenta la esperanza de vida.

En Francia, el cálculo de la pensión se basa en un coeficiente entre el número de trimestres cotizados por el trabajador y un número máximo de trimestres que se aumenta según lo hace la esperanza de vida a partir de los 60 años.

En Portugal, se utiliza un factor que es el resultado de dividir la esperanza de vida a partir de los 65 años en un año de referencia y la esperanza de vida un año antes de jubilarse. Se aplica sólo a las jubilaciones anticipadas, pero el recorte es considerable: en 2020 era de un 15,2% y este año llegará al 15,5%, por efecto del aumento de la esperanza de vida.

Por eso una de las prácticas inherentes al oficio, si quieres que las cosas vayan en paz y como es debido, consiste en variar de domicilio e imagen y por supuesto no asumir los marrones que te puedan relacionar con la anterior directivamarrones. Yo no tengo nada que ver con ese señor del que usted me habla. No le conozco de nada. Ni aun posando sonrientes en la misma foto acomodados en la cubierta de un yate. Niégalo. Tú pasabas por ahí y por no hacer un desaire a unos desconocidos que te confundieron con un compañero de facultad de hace ni se sabe los años…

A saber lo que hacía uno hace diez, veinte años, y con quien se tomó una copa. Si yo creo que entonces ya no vivía en ese sitio. Y dale, yo qué tengo que ver con esas personas.

Para evitar estas enojosas interlocuciones y tener que responder por otros es preferible levantar el campo. Enajenar y vender lo que sea transferible y llamarse andana que yo no pago más que lo que rompo y si es posible ni eso. Que vayan a buscarme a mi antiguo domicilio y se harten de llamar a la puerta y mandar requerimientos. O que me busque allí la diligencia judicial.

Dónde va a parar, se vende la casa, se cambia de cara y se vuelve a montar el chiringo con otra fisonomía y en otro barrio, y si alguien pregunta o se hace el receloso, se niega contundente y si es de rigor se le mienta la madre que uno lleva toda la vida comportándose como para que le venga el primer estomagante que pasa a levantar testimonios de vaya usted a saber, con me parece, creo que le vi aquí o allá, haciendo esto o lo otro. Que no ¡caramba! Que yo no vivo allí, ni he vivido nunca, y a esos señores no los he visto en mi vida o todo lo más, quizá por la prensa, que yo no sé qué se ha tomado, que le ha sentado mal y a mí déjeme usted tranquilo que yo no me meto con nadie y estoy aquí para ganarme el pan como cualquiera sin faltar…

Así que vamos a tener la fiesta en paz, haber reclamado entonces. Vienen a pedirme explicaciones de cosas y personas que yo no le puedo decir si las habré visto, o puede que hayamos coincidido en alguna ocasión, pero lo que es seguro es que no cambiamos más allá de alguna frase de cortesía. Yo qué voy a saber a qué se dedicaba ese señor al que usted se refiere. ¿Contrabando?, ¿narcotráfico?, no me haga usted reír si esa persona creo que tenía una constructora, una conservera o algo por el estilo.

Todas estas enojosas situaciones se las ahorra uno si hubiera cambiado a tiempo el domicilio quemado, componiendo sorpresa y dignidad herida en la faz rígida e imperturbable como el granito y jurando solemnemente no volver a hablar del asunto. Eso quisieras tú, pero en los tribunales hay una larga ristra de asuntos relacionados con tu acrónimo. Haber hecho como CiU.

Fernando Pérez Martínez es socio de infoLibre

El exconcejal de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives ha aceptado ser condenado por falsificar un contrato en la empresa municipal Barcelona Regional Agencia de Desarrollo Urbano en 2012, por lo que ha acordado con la Fiscalía una pena de dos años de cárcel que conmutará por un curso de formación en ética en la gestión pública.

Vives ha ratificado este miércoles ante los magistrados de la Sección 2 de la Audiencia de Barcelona su conformidad con el acuerdo alcanzado entre las defensas y las acusaciones de la causa, según informa Europa Press.

La condena al exconcejal también incluye una multa de 5.400 euros, y el cambio de la pena de prisión por el curso de formación está condicionado a que no vuelva a delinquir en dos años.

Las tres formaciones de la derecha compitieron este miércoles en el Congreso por defender la monarquía de supuestos ataques por parte del Gobierno en una sesión muy bronca que fue ganando en tensión a medida que PP, Vox y Ciudadanos insistían en sus acusaciones y que alcanzó su punto culminante cuando el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, aseguró que Felipe de Borbón se ha convertido en el diputado número 53 de la ultraderecha y recordó que la monarquía es una herencia del franquismo.

Las acusaciones contra el Gobierno y la reivindicación del rey trufaron todas las intervenciones de los portavoces y diputados de la derecha. El primero fue el presidente del PP, Pablo Casado, seguido de su brazo derecho, Teodoro García Egea. Ambos acusaron a Pedro Sánchez de no impedir los “ataques” al rey de varios ministros de Unidas Podemos, en referencia a las críticas que algunos miembros del Ejecutivo han hecho de la decisión de Felipe de Borbón de filtrar sus discrepancias con la Moncloa en relación con el acto de entrega de diplomas judiciales en Barcelona al que el Gobierno prefirió que el jefe del Estado no acudiera.

Los reproches no fueron en tono menor. Casado puso el listón muy alto a primera hora de la mañana cuando acusó al presidente de “deslealtad” a la Corona y de “subvertir el orden constitucional” por “la puerta de atrás”. El problema, dijo, es el propio presidente, porque “está degenerando las instituciones y arruinando a los españoles por un puñado de votos”.

Le siguió García Egea, protagonista de muchas de las llamadas de atención de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, cuando la algarabía y los gritos arreciaban en la Cámara. El número dos del PP no se quedó a la zaga de su jefe de filas. “No defiende al rey ni a la Constitución”, proclamó.

La dirección del PP, en pleno estrépito por la Operación Kitcheny con la gestión de su presidenta en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el punto de mira a la vista de su incapacidad para poner bajo control la transmisión descontrolada del covid-19, lleva desde el lunes tratando de fijar la atención en la figura del rey y en hacer ver que la actitud del Gobierno constituye un “escándalo”. Pedro Sánchez no puede “tapar” su falta de defensa del rey, según fuentes de la dirección conservadora, “atacando al PP”. Se están “cruzando todas las líneas rojas”.

El pasado viernes, después de que Felipe de Borbón hiciese saber que le hubiese gustado asistir al acto de Barcelona, corroborando así que el Gobierno había tomado la decisión en contra de su criterio —algo insólito en el sistema político español, en el que es el Ejecutivo el que toma todas las decisiones en relación con los actos del Jefe del Estado—, el ministro Alberto Garzón acusó al monarca de “maniobrar contra el Gobierno” y el vicepresidente Pablo Iglesias le exigió “neutralidad política”.

En el pulso entre el rey y el Gobierno a cuenta de su agenda pública y su papel institucional, la derecha se ha alineado abiertamente a favor de Felipe de Borbón.

En línea con el PP se manifestaron también representantes de Ciudadanos y en especial de Vox. La ultraderecha estuvo este miércoles particularmente activa en la tarea de reivindicar la figura de Felipe de Borbón. Cuya legitimación, igual que hizo Casado, sitúan no en la Constitución sino varios siglos atrás. Ignacio Gil Lázaro (Vox) calificó la decisión del Gobierno de que Felipe de Borbón no asistiese al acto de Barcelona para evitar males mayores si su presencia coincidía con la inhabilitación definitiva del presidente Quim Torra, como un “veto rastrero y cobarde de este Gobierno para la sumisión a los golpistas” porque así lo requieren“el señor del moño”, añadió en referencia al vicepresidente Iglesias.

De nada sirvió que tanto Sánchez como Iglesias hiciesen ver a PP, Vox y Cs que con su posición estaban situando la monarquía lejos del marco de la neutralidad política que decían defender y convirtiéndola en una bandera de la derecha. Se lo dijo primero el presidente a Casado, al que pidió que dejara de “inventarse amenazas ficticias” y recomendó ir “con cuidado” en su defensa del rey para no repetir lo que sucedió en Cataluña, cuando se erigieron en defensores de la unidad de España frente al independentismo. “Y ya ve cómo acabamos”, le avisó en alusión a la expansión del soberanismo y la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017.

El vicepresidente fue más explícito. El PP, dijo, está haciendo “muchísimo daño” a la monarquía parlamentaria al “escudarse” en ella para “politizar” el Poder Judicial. “Perdonen esta recomendación de un republicano: no nos hagan el trabajo”, pidió a García Egea. Iglesias consideró muy ilustrativo que Casado no reivindique la monarquía de la Constitución sino la de los “últimos 500 años”, algo que según él tiene “una significación muy interesante: para ustedes el fundamento del poder soberano no es el Parlamento”, concluyó.

Los argumentos de Casado, que el lunes atribuyó a Felipe de Borbón una legitimidad democrática que negó a Iglesias y a Alberto Garzón, pusieron en bandeja al portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, una intervención que acabó por desatar la bronca en el hemiciclo. El diputado republicano aseguró que “Vox tiene aquí desgraciadamente 52 diputados, pero en total tiene 53, porque tiene uno en la Zarzuela”.

En medio de los gritos de la derecha, Rufián mostró una imagen de Felipe de Borbón cuando era niño saludando al dictador Francisco Franco en presencia de su padre, entonces heredero del régimen franquista. “Tienen razón, a Felipe VI le votó un español y es este, Francisco Franco. Tenía unos 10 años él, un poco joven”.

Ataque a la democracia

Los portavoces de PP, Vox y Cs se desentendieron entonces de Sánchez e Iglesias y arremetieron contra la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, a la que acusaron de consentir “insultos” “injurias” y ataques” al Jefe del Estado en sede parlamentaria, y de “atacar la democracia” por defender la “libertad de expresión” de Rufián.

Batet, emplazada a actuar por el propio Casado —Inés Arrimadas (Cs) lo intentó desde su escaño, pero no pudo tomar la palabra— defendió “el derecho del portavoz Rufián a hablar en libertad. “Muchas veces en esta Cámara hay que escuchar cosas que se rechazan, que por supuesto no se comparten y que incluso pueden ofender de alguna manera, pero creo que mi papel como presidenta es respetar la libertad de expresión”. En este caso —añadió— ni siquiera cree que se vertieran “insultos”. “Por el bien de la convivencia en la Cámara, por el bien de la imagen de esta Cámara y por el bien de la ejemplaridad que debemos a todos los ciudadanos que representamos, les pido, por favor, respeto, contención y saber escuchar al discrepante; les pido, en definitiva, educación. Educación es todo lo que les pido y esta sesión de control no ha sido precisamente ejemplo de ello”, recriminó a los diputados.

No sirvió de nada. Los gritos, las voces y los improperios siguieron durante varios minutos sin que Batet llamase al orden a ningún diputado, aunque sí mencionó el nombre de García Egea, uno de los más activos en la bancada conservadora.

Edmundo Bal (Cs) discutió después en declaraciones a la prensa que la libertad de expresión ampare que Rufián pueda referirse al rey como un diputado más de Vox o que señale los vínculos de su dinastía con la dictadura. Eso, dijo, es amparar a quienes quieren “romper España” y “suprimir el régimen del 78”.

Casado consideró las palabras de Rufián una agresión “a las instituciones del Estado con la complicidad del Gobierno, no todo vale. Basta ya, señora presidenta”, exigió. Según el líder del PP, lo que Rufián había dicho fue “que la Jefatura del Estado es autoritaria. Ya lo hizo Bildu en la sesión de investidura y usted no hizo nada”, se quejó.

“La monarquía se votó democráticamente como forma política del Estado” dentro de la Constitución y fue el Congreso hace seis años el que proclamó rey “democráticamente” a Felipe de Borbón, argumentó para defender la legitimidad de la monarquía.

Las advertencias de PSOE y Unidas Podemos no sirvieron de nada. Fuentes del PP defendieron más tarde la decisión de Casado de introducir al rey en el debate político porque, aseguran, es su deber.

“Flaco favor hacen al rey y a su neutralidad constitucional intentando confrontar la Jefatura del Estado con el Ejecutivo”, lamentó por su parte el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Los vecinos de una treintena de ayuntamientos españoles no ha conocido otro alcalde que al que tienen desde 1979, 40 años después de las primeras elecciones democráticas, que fueron municipales, celebradas en España el 3 de abril de 1979. El miércoles se cumplirá el aniversario.

En aquel día, un total de 7.870 ayuntamientos celebraron elecciones y estrenaron colegios, urnas y papeletas, según los datos del Ministerio del Interior. El censo electoral lo formaban 26,59 millones de personas pero votaron 16,6 millones, porque la abstención fue del 37,49%. Casi no hubo votos en blanco, sólo 5.388 (0,03%). Días después se constituyeron las primeras corporaciones municipales con los primeros alcaldes democráticos al frente y cuatro décadas después, en una treintena de ayuntamientos la tradicional vara de mando no ha cambiado de manos. En algún caso, incluso, el alcalde lo era desde el franquismo: Ricardo Díez Pascual gobierna en Castillejo de Mesleón (Segovia) desde 1964 y José Luis Seguí lo hace en Almudaina (Alicante) desde 1972.

De 100 a 1.630 mujeres

Uno de los cambios es la multiplicación de mujeres en las alcaldías, aunque hoy siguen siendo minoría: fueron 104 tras las elecciones de 1979, que pasaron a ser 1.232 en el año 2007 y que son hoy 1.630. Entonces equivalían al 1% del total y fueron elegidas por toda España salvo en La Rioja y el Principado de Asturias. Hoy son el 20%, sólo la quinta parte, aunque son dos mujeres las que dirigen los ayuntamientos más grandes del país: Madrid y Barcelona. Además, ellas son el 38% de todos los concejales (22.443).

Según los datos facilitados por el Ministerio de Política Territorial, también la edad media de los alcaldes ha subido. En 1979, casi el 10% de los alcaldes tenía menos de 30 años y un 27% tenía entre 30 y 40. En la provincia de Zaragoza hubo un alcalde de 20 años y la mujer más joven tenía 22.

Según los datos aportados de la revisión de 6.156 de los 8.131 alcaldes del país,  el 60% tiene de 40 a 60 años, sólo el 2,4% está por debajo de los 30 y el 19,3% supera los 60. En cuanto a su formación, la encuesta recoge información de 5.575 regidores; de ellos, solo el 15% se dedica a la actividad principal en 1979 y son agricultores, ganaderos o forestales; es casi la misma proporción de los que son directores o gerentes. Hay casi tantos trabajadores de la industria y la construcción (418) como profesores (427) y otro 10 por ciento son jubilados. Sólo 129 se dedican a las "labores del hogar" y son todas mujeres salvo 3 hombres.

En total, hace 40 años la UCD se llevó el 30% de los votos (28.960 concejales), el PSOE el 28% (12.059), el PCE el 13% (3.727) y las agrupaciones electorales independientes el 10% (14.684). CiU se hizo con el 3,08% de las papeletas (1.756 concejales) y el PNV recibió el 2,1% (1.079), entre otros resultados.

Los ayuntamientos volverán a celebrar elecciones 40 años después el próximo 26 de mayo. Lo harán 8.132 entidades locales, según los datos del Ministerio del Interior. Su actividad no se detiene por la convocatoria electoral y seguirá siendo la misma hasta el día anterior a la votación, porque el mandato de los concejales terminará el sábado 25 de mayo.

El expresidente de Unió y exportavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha asegurado que el expresidente de la Generalitat Artur Mas rechazó un pacto con el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy "que se pudiese votar" antes de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. En una entrevista a El Periódico recogida por Europa Press, Duran ha explicado que Rajoy quiso buscar un acuerdo político que pudiesen votar los catalanes "siempre que CiU se comprometiese a apoyarlo y defenderlo en Cataluña".

El exdirigente de CiU ha afirmado que Mas frustró esa posibilidad: "Le dije (a Rajoy) que hablaría con Mas. Es entonces cuando Mas dice no, por lo que pudiesen votar los independentistas", ha concretado Duran.

Ha sostenido que este "sí que fue un intento real de llegar a una salida política que evitase el choque de trenes" y ha defendido que el fracaso no fue solo responsabilidad de Rajoy, aunque ha criticado que el expresidente del Gobierno no haya intentado después reiniciar el diálogo.

Duran ha aplaudido el intento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "desinflar el conflicto" y ha criticado que el soberanismo pida más y demuestre que no quiere el diálogo, en sus palabras.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye la causa de la presunta financiación irregular de Convèrgencia –el conocido como 3 por ciento–, ha imputado a CDC y PDeCAT como personas jurídicas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

En su auto, el magistrado explica que el PDeCAT es un "mero continuador" de CDC que, según relata, puso en marcha una estructura para financiar ilegalmente la formación política, en forma encubierta mediante donaciones a fundaciones ligadas a dicho partido, CatDem y Forum Barcelona, en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política.

El exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol ha aceptado este martes ante el Tribunal del Jurado la pena de dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones y usar su influencia política para favorecer a empresarios en el caso del concurso amañado para obtener estaciones de ITV.

En una vista ante el Tribunal del Jurado, Pujol se ha ratificado en el pacto alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción aceptando una pena de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, y la magistrada ha afirmado que el caso queda visto para sentencia, que se dictará en estos términos.

El hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha suscrito un pacto con la Fiscalía ahora ratificado en el que consigue que su mujer, Anna Vidal, también acusada, eluda la cárcel a cambio de una multa, un acuerdo al que finalmente se han adherido los otros acusados: el exnúmero dos de la Diputación Josep Tous, y los empresarios Sergi Pastor, Sergi Alsina y Ricard Puignou.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha pedido en su despedida como presidente del PDeCAT ensanchar el espacio de la formación hacia JuntsxCat: "La mejor convergencia que representa el PDeCAT se suma al mejor espíritu de Convergencia, que era la amplitud de miras. JuntsxCat quiere decir esto", informa Europa Press.

En su intervención en el Consell Nacional del PDeCAT este sábado, ha reclamado unidad y generosidad a la formación, y ha defendido que "el país necesita una formación política" como JuntsxCat.

Ha sostenido que esta es una "enorme oportunidad" para la formación, ya que ha servido para ser la primera fuerza soberanista en las elecciones del 21 de diciembre y, según él, puede servir para ganar las elecciones municipales del 2019 y para hacer un buen servicio a la población catalana.

Mas ha destacado que "los éxitos electorales vienen cuando hay ideología pero cuando no hay un exceso de ideología", porque considera que provoca una confusión de la realidad y que, en cambio, el PDeCAT ha sabido leer la realidad de Cataluña impulsando la candidatura de JuntsxCat.

Ésta ha sido su última intervención como presidente de la formación, tras haber anunciado su dimisión esta semana, y ha hecho balance de su trayectoria en la primera línea de la política catalana, que ha resumido con que ha tenido "luces y sombras".

Ha vuelto a recordar que ha ganado cinco elecciones consecutivas en las que se ha presentado como cabeza de lista y ha reivindicado que, a su juicio, ha ayudado de una manera significativa a que una parte de la población catalana haya pasado de querer la autonomía a la soberanía: "La conciencia de este país ha hecho un giro y tiene un gran horizonte enfrente".

También ha hecho autocrítica y ha lamentado no haberse hecho más cargo del partido, y "no haber comprendido mejor la manera de funcionar del Estado español".

"Confié que cuando pactabas con el Estado, se entendería y tendría una contraprestación. Me equivoqué. El Estado español no funciona así, a veces estos errores de percepción tienen consecuencias negativas", ha recriminado.

El secretario general de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Enric Blanes, ha asegurado que podía darse en Cataluña un "gobierno mixto con políticos en el exilio y en el interior del país", ya que las circunstancias son tan "anómalas que pueden exigir soluciones singulares".

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, Blanes ha indicado, por otra parte, que en Cataluña lo que se está produciendo es una "polarización política, pero no una fractura social".

Cuestionado por la decisión del Tribunal Supremo respecto la posible excarcelación de Oriol Junqueras, Blanes ha sostenido que "todos los indicios apuntan a que continuará en prisión preventiva".

En este sentido, ha incidido en que lo afirmado por Junqueras ante el Supremo es "absolutamente cierto" e incluso las personas que pueden estar contra la independencia saben que es "una persona de paz y siempre ha sabido mantener un tono muy respetuoso con quien piensa lo contrario". "Tiene unas convicciones morales y religiosas muy profundas", ha añadido.

Por otro lado, ha reconocido que desconoce quién será investido presidente de Cataluña al depender de "muchas variables", entre ellas la decisión personal que tome Carles Puigdemont, aunque ha subrayado que el independentismo "ha ganado en condiciones muy adversas".

En este contexto, y cuestionado por la identidad de los posibles candidatos a la investidura, ha señalado que lo que importa a la ANC es que "se garantice la unidad de acción de los partidarios de la república y que tengamos un gobierno fuerte con un apoyo parlamentario sólido".

"Lo que hemos visto desde 2012 es que siempre se acaba produciendo un acuerdo pese a la presión política que puede haber. También ha habido diferencias y rivalidad entre candidaturas durante la campaña pero creemos que habrá acuerdo", ha añadido.

Tras manifestar que la aplicación del artículo 155 es "un golpe de estado que con sus votos la gente ha revocado", ha defendido que "hay un gobierno legítimo que está en parte en prisión, en parte amenazado de volver a la prisión y en parte en el exilio y lo que se debe restaurar es este gobierno de manera pragmática".

"Gobierno mixto"

Blanes ha advertido además de que en el futuro se podría dar en Cataluña un "gobierno mixto con políticos en el exilio y en el interior del país". Según ha detallado, se estaría ante un ejecutivo con "consellers como miembros del gobierno sin cartera y consellers que estén al frente de los departamentos en el día a día". A su juicio, las circunstancias en Cataluña son "tan anómalas que pueden exigir soluciones singulares".

Asimismo, ha afirmado que el expresidente de la ANC y número dos de Junts per Catalunya en las elecciones del 21D, Jordi Sánchez, se encuentra, pese a estar encarcelado, "muy fuerte y convencido de su posición". "Nos parece una arbitrariedad muy grave que estén en prisión y estamos esperanzados en que puedan salir pronto porque no hay causa", ha añadido.

Por último, ha remarcado que el movimiento independentista está "siempre dispuesto a la negociación" y ha valorado que "se ha solicitado hasta 18 veces que el referéndum fuera acordado". "La unilateralidad la vemos en el 155 que no se ha consultado a la población catalana", ha concluido.

Las de este jueves serán las duodécimas elecciones autonómicas que se celebrarán en Cataluña desde la reinstauración de la democracia y la autonomía. Desde 1980, fecha de los primeros comicios, los catalanes han vivido la hegemonía apabullante de CiU, la llegada al Gobierno del PSC después de años de intentos infructuosos y, desde hace unos años, una revolución en el sistema de partidos que precedió a la que se dio en el resto de España.

El ecosistema político catalán siempre ha sido muy particular. Cuando a nivel estatal existía un fuerte bipartidismo, en Cataluña este modelo estaba presente pero de forma más atenuada, y reflejo de ello es que en 2008, cuando PP y PSOE alcanzaron cifras récord acumulando el 84% del total de los votos en las generales y el 92% de los escaños del Congreso, en Cataluña los dos partidos más votados (CiU y el PSC) no sumaban más que el 58,3% de los sufragios y el 62,9% de las actas. No es el único dato relevante. infoLibre ha reunido un total de 15 estadísticas que reflejan cómo ha evolucionado el comportamiento electoral de Cataluña en las 11 elecciones autonómicas celebradas entre 1980 y 2015.

  Hasta 2015, la victoria solo tuvo sólo dos nombres: CiU y PSC

Durante prácticamente todo el periodo democrático –a excepción, precisamente, de los últimos años–, han sido dos los grandes dominadores de la escena política catalana: CiU y el PSC. De hecho, hasta el año 2015 –cuando se impuso con claridad Junts pel Sí, la coalición de CDC y ERC–, sólo CiU y el PSC habían conseguido ganar unas elecciones autonómicas en Cataluña. La coalición entre los conservadores de Convergència y los democristianos de Unió es la clara dominadora en este apartado: de las 10 elecciones celebradas entre 1980 y 2012, CiU se impuso en ocho de ellas, todas menos las de 1999 y 2003, que ganaron los socialistas.

  JxS consiguió la mayor ventaja y el PSC, la más apretada

No obstante, no fueron ni CiU ni los socialistas quienes obtuvieron una victoria más cómoda con respecto a sus rivales. De las 11 elecciones autonómicas celebradas, fueron las de 2015 las que registraron una distancia mayor entre la primera y la segunda fuerza: Junts pel Sí consiguió un 39,59% de los votos y 62 escaños, mientras Ciudadanos se quedó en un 17,9% de los sufragios y 25 diputados: casi 22 puntos menos. En el extremo contrario, el protagonista es el PSC, que en 1999 consiguió ganarle por primera vez unas autonómicas a CiU en Cataluña por una escasísima décima y media de porcentaje de voto: un 37,85% frente al 37,7% de los nacionalistas. No obstante, la ley electoral benefició a CiU, que se quedó con 56 escaños por 52 de los socialistas, quienes tampoco pudieron superar en actas a los conservadores en 2003, cuando obtuvieron un 31,16% y 42 sillones por el 30,94% y 46 diputados de los nacionalistas.

  El máximo apogeo de CiU, en 1984

La CiU de Jordi Pujol tuvo sus años dorados entre 1984 y 1992, cuando se celebraron tres comicios autonómicos en los que la formación arrasó a sus rivales. Pero fueron las segundas elecciones desde la vuelta de la democracia, las de 1984, en las que CiU obtuvo sus mejores resultados: un 46,8% de los votos y 72 diputados, una marca que ningún otro partido ha conseguido superar. En esos comicios, los nacionalistas mejoraron nada menos que en 19 puntos sus cifras de 1980, ganaron en todas las provincias y obtuvieron resultados aplastantes tanto en Girona (59,64%) como en Lleida (57,72%).

  Tarragona, Lleida y Girona, feudos nacionalistas

CiU no ha ganado todas las elecciones autonómicas en Cataluña, pero hay tres provincias que no conocen una victoria que no haya sido de la formación conservadora o, en 2015, de Junts pel Sí: Tarragona, Lleida y Girona, que entregan entre las tres 50 diputados –los otros 85 corresponden a Barcelona–. La alianza de CDC y ERC se hizo con la victoria en todas las circunscripciones en 2015, pero entre 1980 y 2012, el PSC no logró ni una sola vez vencer a CiU en esas tres provincias. Las victorias socialistas de 1999 y 2003 estuvieron cimentadas en Barcelona, ya que en esas dos elecciones el PSC aventajó por entre cuatro y cinco puntos a los conservadores en esa provincia, que en el resto de los comicios autonómicos también fue invariablemente conquistada por CiU.

  El andalucismo estuvo en el primer Parlament...

Las primeras elecciones de la nueva autonomía catalana, las de 1980, tuvieron resultados poco habituales mirados con los ojos del presente. CiU ganó, pero lo hizo con su peor resultado histórico: el 27,8% de los votos, mientras el PSUC –antecedente de ICV y EUiA– obtuvo su mejor resultado de toda la serie con un 18,77% de los sufragios. UCD fue cuarta fuerza (10,61%) por delante de ERC. Y, en último lugar, se coló en el Parlament un invitado inesperado: el Partido Socialista de Andalucía, conocido desde 1984 como Partido Andalucista, que consiguió dos de los 135 escaños. En las siguientes elecciones, las de 1984, los andalucistas no lograron revalidar su representación.

  ...y ha sido la lista menos votada con representación

La del entonces llamado Partido Socialista de Andalucía ha sido, de toda la serie histórica, la candidatura que ha obtenido escaños con un porcentaje de voto menor: en toda Cataluña, solo el 2,66% de quienes votaron lo hicieron por el PSA. Si el andalucismo se llevó dos actas con este resultado fue fundamentalmente por dos factores: los dos escaños fueron por Barcelona, única provincia donde el PSA superó el 3% (un 3,03%), y además las de 1980 fueron unas elecciones en las que el voto estuvo bastante repartido y no hubo un partido que concentrase un porcentaje de sufragios muy superior al del resto.

  Hasta siete partidos en el parlament en 2010 y 2012

Los comicios autonómicos de 2010 y 2012 tuvieron resultados que se tradujeron en hemiciclos muy fragmentados y plurales. Tras ambas elecciones, un total de siete partidos se sentaron en el Parlament, la mayor cifra de todas las legislaturas. Entre 2010 y 2012 tuvieron representación CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, el PP, Ciudadanos y Solidaritat Catalana per la Independència, una coalición encabezada por Joan Laporta y Alfons López Tena que accedió al Parlament con cuatro diputados. Entre 2012 y 2015, CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, el PP y Ciudadanos siguieron teniendo presencia en el Parlament, mientras Solidaritat la perdió en favor de la CUP, que entró por primera vez a la cámara catalana.

  La mayor participación en 2015, la menor en 2006

Históricamente, las elecciones autonómicas en Cataluña han tenido un predicamento menor entre los ciudadanos que las generales, y la participación ha sido consecuentemente más baja en los comicios al Parlament que en los estatales. Pero esa tendencia saltó por los aires en 2015, cuando fue a las urnas el 77,4% del censo, cuando de media la participación en las autonómicas apenas ha llegado al 61,1%. En el extremo contrario se encuentran las elecciones catalanas de 2006, ganadas por CiU pero tras las que el PSC revalidó el Gobierno: a esos comicios acudió a votar el 56,78% de los ciudadanos.

  El censo ha crecido en más de un millón de personas

En las primeras elecciones autonómicas catalanas, las de 1980, fueron un total de 4.432.776 los ciudadanos llamados a las urnas. En los 37 años que separan esos primeros comicios de los del 21D, el censo electoral catalán ha crecido hasta los 5.554.394 de personas que podrán votar este jueves. Se trata de la cifra más alta de la serie histórica, y es un 0,79% más alta que la de los comicios autonómicos de 2015, en los que pudieron votar 5.510.713 electores.

  Altibajos entre generales y autonómicas

No sólo la participación ha variado tradicionalmente entre las autonómicas y las generales en Cataluña, sino que también lo ha hecho el partido ganador de unas y otras elecciones, un fenómeno conocido como voto dual. Mientras CiU ganó todas las elecciones autonómicas entre 1980 y 2012 a excepción de las de 1999 y 2003, el PSC fue primera fuerza en absolutamente todos los comicios generales celebrados entre 1977 y 2008, y perdió por primera vez la hegemonía en 2011, donde su debacle en Cataluña acompañó a la que sufrieron en el resto de España. La fuerza más votada fue entonces CiU. En 2015 y 2016 sería En Comú Podem.

Con este escenario, hay evidentes diferencias en el porcentaje de voto que ha conseguido el ganador de las autonómicas con respecto a los apoyos reunidos en las siguientes generales, y viceversa. En 1984, CiU ganó las elecciones catalanas con un 46,8% de los votos, mientras en las generales de 1986 perdió nada menos que 14,8 puntos y se quedó en el 32% de los sufragios. Por su parte, la incontestable victoria del PSOE en las generales de 2008 en Cataluña –donde obtuvo un 45,35% de los votos– vino acompañado, apenas dos años después, de un desplome en las autonómicas, en las que los socialistas se quedaron en el 18,38%: casi 27 puntos de bajón.

  El mayor despegue, CiU; la mayor debacle, el PSUC

Los primeros comicios autonómicos, los de 1980, fueron poco representativos de lo que estaba por venir en los próximos años políticamente en Cataluña. CiU venció, pero lo hizo de forma muy ajustada con apenas el 27,83% de los votos. Cuatro años después, por el contrario, la victoria de Jordi Pujol fue incontestable: los nacionalistas dieron un enorme salto y mejoraron sus resultados nada menos que en 19 puntos hasta reunir el 46,8% de los sufragios, lo que les supuso pasar de sus 43 escaños iniciales a 72, la mayoría más amplia que ha tenido ningún partido en el Parlament.

La bajada más grande de una elección a otra corresponde al PSUC, y también tuvo lugar entre los comicios de 1980 y los de 1984. En las primeras elecciones autonómicas, los comunistas consiguieron un 18,77% de los votos y 25 diputados, siendo tercera fuerza del Parlament. Pero cuatro años después, el PSUC se quedaba en apenas un 5,58% de los sufragios y seis actas, mientras se consolidaba el bipartidismo encarnado en CiU y el PSC.

  En 11 legislaturas, sólo tres mayorías absolutas

Los años dorados de CiU coinciden con las tres únicas mayorías absolutas que ha habido en el Parlament: las conseguidas por los nacionalistas de Jordi Pujol en 1984, 1988 y 1992. En el resto de las legislaturas, el partido mayoritario en el Parlament no ha tenido más de la mitad de los escaños, y de hecho el propio Pujol necesitó firmas alianzas o lograr al menos la abstención de algún partido de la oposición en 1980, 1995 y 1999 para ser investido president. Los socialistas Pasqual Maragall y José Montilla, por su parte, también tuvieron que recabar apoyos de otros partidos para sus investiduras en 2003 y 2006: ambos se apoyaron en ERC e ICV-EUiA.

Los dos mandatos de Artur Mas tampoco fueron con mayoría absoluta. En 2010 fue el PSC quien se abstuvo en su investidura para permitirle una mayoría suficiente con la que ser nombrado president, aunque durante la legislatura Mas se apoyó fundamentalmente en el PP para sacar adelante las leyes. En 2012 el pacto de Mas fue con ERC, que votó a favor de su investidura tras el batacazo del mandatario, que adelantó los comicios buscando una mayoría amplia para conducir el recién iniciado procés y acabó pasando de 62 a 50 diputados.

  La evolución del bloque independentista

Hasta las elecciones de 2012, CiU mantenía un programa y un discurso de corte nacionalista, pero no defendía abiertamente la independencia de Cataluña como sí hacían formaciones como ERC. Por ello, entre 1980 y 2012, la opción secesionista fue claramente minoritaria en las elecciones autonómicas y consiguió sus mejores registros entre 2003 y 2010. Los republicanos obtuvieron un 16,44% de los votos en 2003, un 14,03% en 2006 y un 7% en 2010, si bien ese año también accedió al Parlament Solidaritat Catalana per la Independència, con un 3,29%, por lo que las fuerzas independentistas obtuvieron un 10,29% de los sufragios, en conjunto.

No obstante, el hecho de que CiU –y, posteriormente, CDC en solitario– se sumara al bloque secesionista multiplicó los resultados electorales del independentismo. En los comicios de 2012, los partidos separatistas obtuvieron en conjunto el 47,8% de los votos (un 30,7% CiU, un 13,7% ERC y un 3,47% la CUP), mientras que en 2015 la suma de Junts pel Sí (39,59%) y la CUP (8,21%) arrojó el mismo porcentaje para el bloque independentista: el 47,8% de los sufragios.

  Junts pel Sí y C's, beneficiados por el reparto en 2015

De media, obtener un escaño en las anteriores elecciones autonómicas costó a cada formación política 31.228 votos, pero tanto Junts pel Sí como Ciudadanos, las dos primeras fuerzas en los comicios, necesitaron menos papeletas para conseguir diputados. Es un efecto del sistema de reparto de escaños a través de la Ley D'Hondt, que favorece a las fuerzas mayoritarias. La coalición independentista obtuvo un acta por cada 26.269 votos recibidos, y el partido naranja tuvo un sillón por cada 29.454 de sus papeletas. En el extremo contrario se encuentra la CUP: cada uno de sus diez escaños costó a los anticapitalistas 33.779 votos, casi los mismos (33.419) que a Catalunya Sí que es Pot.

  105 días sin gobierno

Los últimos comicios autonómicos tuvieron lugar el 27 de septiembre de 2015, y Carles Puigdemont fue investido presidente el 10 de enero de 2016 con los votos de Junts pel Sí y la CUP. Ese transcurso duró 105 días, en los que ambas formaciones independentistas mantuvieron negociaciones muy tensas y que estuvieron a punto de fracasar en varias ocasiones. La figura del expresident Artur Mas fue una de las claves del problema: los anticapitalistas estaban absolutamente en contra de investirlo de nuevo, y de hecho Mas fracasó en las dos votaciones de investidura que se celebraron el 11 y el 12 de noviembre.

El acuerdo llegó el último día del plazo antes de la convocatoria automática de nuevas elecciones, unos días después de que la CUP celebrase una asamblea para decidir si desbloqueaban la negociación... cuya votación sobre la posibilidad de investir president a Artur Mas terminó acabando en empate. La figura que desbloqueó el escollo fue la de un entonces desconocido Carles Puigdemont, alcalde de Girona.

La evolución del voto en Cataluña en elecciones autonómicas pone de manifiesto la hegemonía que el nacionalismo catalán ha tenido en este tipo de comicios, ya que en tres de las once elecciones autonómicas celebradas desde el año 1980 ha superado el 50% de los votos y en la mayoría han estado próximos a ese porcentaje. Su peor resultado lo obtuvieron en las primeras elecciones de 1980, en la que la suma de ERC y CiU consiguió el 36,73% de los votos, pese a lo cual Jordi Pujol fue investido presidente.

Desde la instauración de la democracia se han celebrado once elecciones autonómicas en Cataluña, en las que CiU ha sido el partido hegemónico en la mayoría de los comicios. En los primeros, los de 1980, el resto de partidos lograron recabar más apoyos que CiU y ERC al aglutinar un 54,47% de los votos. Pero esta tendencia se invirtió inmediatamente en la cita electoral de 1984, en la que el porcentaje del voto obtenido por el bloque nacionalista ascendió al 51,21%.

En los siguientes comicios, celebrados en 1988, el nacionalismo experimentó un ligero descenso al cosechar el 49,86% de los votos. Por su parte, la suma del PSC, Alianza Popular y PSUC pasó del casi 55% al 43,39.

La suma de CiU y ERC se incrementó en los comicios de 1992, en los que alcanzó su máximo porcentaje de voto, que fue del 54,15%. Ya en las elecciones de 1995, este apoyo bajó, aunque obtuvo el 50,44%.

Por debajo del 50% desde 1999

Desde ese momento, el porcentaje de voto nacionalista no ha vuelto a situarse por encima del 50%. De hecho, en la convocatoria de 1999 el respaldo a los partidos nacionalistas cayó significativamente al bajar algo más de cuatro puntos –46,37%–.

Aunque en 1999 Jordi Pujol continuó en la Presidencia de Cataluña –gobernó desde 1980 hasta 2003–, en esa cita electoral el PSC le superó por primera vez en votos. Es más, esa fue una de las contadas elecciones en la que el porcentaje de voto obtenido por el resto de partidos que obtuvieron representación superó la suma de CiU y ERC. El PP, PSC e ICV lograron sumar el 49,57%.

Este crecimiento del bloque no secesionista se mantuvo en los comicios celebrados en 2003 que pusieron punto y final a los 23 años de Pujol al frente de la Generalitat y que dieron paso al primer gobierno del tripartito PSC-ERC-ICV. En esa ocasión, ERC y CiU sumaron el 47,38% de los votos totales, mientras que el PSC, el PP e ICV consiguieron el 50,33%.

45,55% en 2006, el mínimo de votos

La caída más notable del respaldo al bloque nacionalista se produjo en los comicios del año 2006, cuando la suma de los votos cosechados por CiU y ERC alcanzó su mínimo, marcado en el 45,55% mientras el PSC, el PP, ICV y Ciudadanos se ubicaron por encima del 50%. Esa cita electoral, a la primera que concurrió el partido naranja, dio paso a la segunda legislatura del tripartito PSC-ERC-ICV.

Tras esa etapa, el voto nacionalista cogió fuerzas: en los comicios de 2010, CiU y ERC recabaron el 48,72% del total de votos y, de este modo, CiU recuperó el Gobierno de la Generalitat con Artur Mas de candidato.

Por su parte, en esa convocatoria en 2010, los apoyos al bloque no independentista se vieron recortados en casi en diez puntos al obtener el 41,51% de los votos totales, frente a los que cosechó en los comicios de 2006 que concretamente fue del 50,02%.

Es en este momento cuando empezó a palparse el viraje de CDC –integrado en la coalición de CiU– hacia la autodeterminación de Cataluña, algo que se evidenció cuando Mas convocó elecciones anticipadas en el 2012 con un programa electoral que precisamente ponía el foco en el soberanismo.

Esta apuesta obtuvo un mayor respaldo electoral al bloque nacionalista en los comicios de ese año en los que el apoyo a todos los partidos independentistas experimentó una subida al lograr el 49,18% del total de los votos. En esa ocasión, la CUP logró tres escaños, aunque Solidaridad Catalana por la Independencia no logró ninguno –en los comicios de 2010 obtuvo cuatro parlamentarios–.

El porcentaje de voto nacionalista bajó al 47,8% en las elecciones de 2015las elecciones de 2015, planteadas por el nacionalismo como unos comicios plebiscitarios. A las mismas concurrieron por este espacio la coalición Junts per Sí –integrada principalmente por CDC y ERC– así como la CUP.

Por su parte, el grupo de partidos contrarios a la independencia –incluyendo la coalición Catalunya Sí que es Pot que está a favor del derecho a decidir– alcanzó la suma del 48,05% del total de los votos, superando así al bloque soberanista aunque con poca diferencia.

En plena campaña electoral y con las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina, los partidos hacen balance de sus posibilidades para ganarse al electorado de las cuatro provincias de la comunidad. Los sondeos prevén resultados ajustados y disputas prácticamente aseguradas por la mayoría parlamentaria. Es aquí donde entra en juego el último escaño en cada circunscripción, que puede presentarse como elemento decisivo para el peso que alcancen las candidaturas. 

Se trata del reparto de los denominados restos de la Ley D'Hondt, el sistema de cálculo proporcional que divide el número de votos de cada partido entre el número de cargos electos con los que cuenta cada circunscripción. La fórmula, además, establece que en una circunscripción se excluye primero a las candidaturas que no hayan obtenido al menos el 3% de los votos válidos emitidos.

El Partido Popular  ya subrayó este miércoles la importancia de las provincias donde el último escaño se debate entre los conservadores y la CUP, por lo que votar a Ciudadanos, consideran, podría suponer dar un apoyo a los independentistas. Creen que esto podría ocurrir en Lleida, Girona o incluso en Tarragona.

Las elecciones celebradas en el año 2012 en suelo catalán muestran que CiU logró el último escaño en las provincias de Lleida y Girona, mientras que el PSC lo consiguió en Tarragona y Ciudadanos lo obtuvo en Barcelona. Por otra parte, los nacionalistas de CiU se quedaron a las puertas de obtener un diputado más en Barcelona y Tarragona. El PSC en Lleida y ERC en Girona fueron las formaciones que más se aproximaron al último diputado en el reparto, sin conseguirlo.

En cuanto a los comicios de 2015, Junts pel Sí se hizo con el último asiento en dos provincias –Tarragona y Lleida–, mientras que el PP lo obtuvo en Barcelona y Catalunya Si que es Pot en Girona. En estas dos últimas provincias fue Junts pel Sí la candidatura que se quedó a las puertas, mientras que en Tarragona fue el PP y en Lleida el PSC.

  Barcelona

Barcelona se presenta como la circunscripción con mayor presencia en el Parlament. La provincia cuenta con un total de 85 diputados elegibles, que en el año 2012 quedaron en manos de los 2.748.482 votantes que participaron en los comicios en dicha circunscripción.

Tras el proceso electoral celebrado en el mes de noviembre, Ciudadanos fue el partido que se hizo con el último escaño de la provincia, obteniendo un total de ocho. A las puertas se quedó CiU, que consiguió posicionarse como el partido más votado con 26 actas, pero que no alcanzó la número 27. Se quedó a las puertas por una distancia de 10.089 votos, es decir, el 0,37% de los votantes.

En el año 2015 fue el PP quien, también con ocho asientos, se hizo con el último escaño de Barcelona. Junts pel Sí, la coalición encabezada por Carles Puigdemont que logró 32 diputados en la provincia, se quedó a las puertas. Fueron 12.427 votos, el 0,4% de los 3.094.362 barceloneses que acudieron a las urnas entonces, los que separaron a la coalición independentista de conseguir un escaño más.

  Girona

La provincia de Girona, por su parte, cuenta con 17 diputados a escoger. En el 2012, año en que 347.893 votantes acudieron a ejercer su derecho a sufragio, fue CiU quien se hizo con el último escaño, quedándose con un total de nueve. Este último asiento en juego se lo arrebató CiU a la candidatura de ERC, que por una diferencia de 4.528 votos –el 1,3%– se quedó en tres escaños en lugar de los cuatro que hubiera podido obtener.

Ya en el año 2015, el último asiento fue a parar a manos de Catalunya Sí que es Pot. Fue gracias a este escaño que la formación logró obtener representación en la provincia. Junts pel Sí, en cambio, se quedó a las puertas del último asiento, debido a una distancia de 4.467 votos, el 1,15% de los 387.913 votantes que depositaron su papeleta en las urnas. Los independentistas lideraron entonces los resultados en la circunscripción con un total de once escaños.

  Lleida

La provincia de Lleida cuenta con menor representación parlamentaria, con un total de 15 diputados de los 135 que componen la Cámara autonómica. En las elecciones que celebró la comunidad en 2012, participaron un total de 209.143 electores en la provincia. CiU se hizo entonces con el último escaño, logrando encabezar los resultados con un total de ocho. Los nacionalistas arañaron por 662 sufragios –el 0,32%– este último escaño al PSC, que se quedó con un único parlamentario en la circunscripción.

Los socialistas volvieron a quedarse a las puertas también en el año 2015. Tras las últimas elecciones, Junts pel Sí se hizo con el último escaño, posicionándose con un total de diez, y de nuevo el PSC se quedó con uno. En la provincia el último parlamentario se jugó por 6.022 papeletas –el 2,61% de los 231.004 votantes– , que impidieron al PSC ocupar un segundo escaño por Lleida.

  Tarragona

Los diputados escogidos por los votantes en la provincia de Tarragona ascienden a un total de 18. En los comicios de 2012, en los que participaron un total de 362.792 votantes en la provincia, fue el PSC el partido que conquistó el último escaño en detrimento de CiU, que esta vez se quedó a las puertas. De esta manera, los socialistas catalanes lograron un total de tres, mientras que los nacionalistas se quedaron a una distancia de 16.063 votos –el 4,43% del total– de hacerse con un octavo asiento en la circunscripción.

Respecto a las elecciones celebradas en septiembre de 2015, Junts pel Sí se hizo con el último escaño, logrando un total de nueve en la circunscripción. A las puertas, un PP que podría haber alcanzado su segundo diputado de no ser por la distancia de 1.375 votos –el 0,33% de los 416.917 votos emitidos– que separaron a los conservadores del reñido último escaño. 

La ley electoral utilizada para las elecciones autonómicas en Cataluña –la misma que se utiliza en los comicios generales– ha tenido efectos bastante proporcionales para casi todos los partidos desde que se celebraron las primeras elecciones al Parlament de la democracia en 1980. Pero hay una excepción a esta regla: CiU. La coalición entre CDC y Unió –que se presentó ininterrumpidamente entre 1980 y 2012– ha sido históricamente la gran beneficiada de esta norma, tanto por su carácter hegemónico (ganó en votos todas las elecciones salvo las de 1999 y 2003) como por sus claras victorias en Tarragona, Lleida y Girona, provincias sobrerrepresentadas en número de escaños con respecto a Barcelona.

Cataluña carece de ley electoral propia y, para sus elecciones autonómicas, utiliza la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Desde 1980 se han celebrado once de estos comicios (en 1980, 1984, 1988, 1992, 1995, 1999, 2003, 2006, 2010, 2012 y 2015), en los que se han escogido 135 escaños para el Parlament de Cataluña: 85 por la provincia de Barcelona, 18 por la de Tarragona, 17 en Girona y 15 en Lleida. Este reparto perjudica a Barcelona, que pese a elegir únicamente el 62,9% de los diputados cuenta ahora mismo con el 73,8% de la población de Cataluña.

Ese es uno de los motivos fundamentales de que CiU –y, en 2015, Junts pel Sí– haya sido la formación más beneficiada por la ley electoral en las autonómicas, ya que históricamente los resultados de la coalición han sido sensiblemente mejores en las provincias de Tarragona, Lleida y Girona que en la de Barcelona. De hecho, en ninguno de los comicios CiU consiguió nunca superar el 45% de los votos en Barcelona, cota que sobrepasó ampliamente en varias ocasiones en Lleida y Girona, con un hito máximo del 59,64% de los sufragios en la provincia gerundense en 1984.

Otro buen ejemplo de este funcionamiento son las elecciones de 2012: pese a que CiU sufrió un enorme batacazo y sufrió sus peores resultados desde 1980 con un 30,7% de los votos, en Lleida y Girona la coalición obtuvo un 42,5% y un 42,4% de los sufragios, respectivamente. Eso permitió a CiU hacerse con 8 y 9 diputados en esas provincias de los 15 y 17 que se repartían, respectivamente, por lo que más de la mitad de las actas de las dos demarcaciones menos pobladas de Cataluña fueron para ellos.

Esta fortaleza en las provincias más representadas proporcionalmente, unida al hecho de que CiU fue la fuerza hegemónica prácticamente sin interrupción en todas las elecciones autonómicas, ha disparado históricamente su porcentaje de escaños en el Parlament con respecto a su número de votos reales. La diferencia más notable se produjo en 2010, cuando con un 38,43% de los sufragios, el entonces president Artur Mas se hizo con 62 escaños, el 45,93% de la Cámara: siete puntos y medio más de los que a CiU le hubieran correspondido en un sistema proporcionalmente perfecto.

Pero esta distorsión, lejos de haberse producido en una convocatoria en particular, se trata de una dinámica histórica. En ninguna de las elecciones autonómicas celebradas desde el inicio de la democracia CiU tuvo menos porcentaje de escaños que de votos: cuando más parejas estuvieron ambas cifras fue en 2003, cuando la coalición sumó el 30,94% de las papeletas y el 34,07% de los diputados (un total de 46). Sin contar las elecciones de 2015 –donde CDC se presentó integrada en Junts pel Sí y Unió lo hizo por separado–, el porcentaje de actas que ha obtenido CiU en las autonómicas ha sido de media 5 puntos superior a su porcentaje de votos.

Además, la sobrerrepresentación de CiU se trasladó en 2015 a los resultados de Junts pel Sí. La coalición que suscribieron CDC y ERC alcanzó el 39,59% de los votos, aunque fuertemente diferenciados entre provincias: mientras en Girona (56,06%) y Lleida (55,22%) arrasó, en Barcelona (36,09%) y Tarragona (41,63%) sus resultados fueron más discretos. Junts pel Sí consiguió 62 actas, el 45,93% del Parlament, un porcentaje 6,34 puntos superior al que le hubiera correspondido en un sistema proporcional puro.

Para el resto, mucha proporcionalidad

Esta distorsión de la proporcionalidad no afecta al resto de formaciones políticas, ni nacionalistas ni no nacionalistas, para las que la ley electoral ha funcionado históricamente de manera bastante proporcional en las elecciones autonómicas. Tras CiU, ha sido el PSC –el otro gran partido catalán hasta 2012– quien más se ha beneficiado del método de reparto de la LOREG, pero ni mucho menos en la misma proporción, ya que no ha sido históricamente tan fuerte en las tres provincias sobrerrepresentadas –sus mejores resultados siempre han sido en Barcelona– ni tampoco ha llegado a concentrar tanto voto como CiU (su mejor resultado fue en 1999, cuando consiguió el 37,85% de los sufragios).

Las elecciones de 2010 fueron en las que más se benefició el PSC de la ley electoral, aunque su porcentaje de votos se tradujo bastante fielmente a escaños: los socialistas obtuvieron un 18,38% de las papeletas y un 20,74% de los diputados (un total de 28), apenas 2,36 puntos más. De media, el PSC únicamente ha conseguido un porcentaje de escaños 0,82 puntos superior a su porcentaje de votos, e incluso en 2015 fue levemente perjudicado por la ley electoral –su porcentaje de escaños era 0,87 puntos menor del que le hubiera correspondido por sus votos en un sistema proporcional puro–.

ICV-EUiA –y las diferentes marcas y formatos con los que se ha presentado, PSUC en los 80 o Catalunya Sí que es Pot en 2015–, por su parte, siempre han sido perjudicados por el reparto promovido por la ley electoral, aunque de manera muy poco apreciable: la desviación mayor se produjo en 1995, cuando ICV consiguió el 9,71% de los votos y 11 escaños, que sumaban el 8,15% de los presentes en el Parlament. Tampoco el PP ha sido especialmente beneficiado por la LOREG –su porcentaje de voto fue hasta dos puntos superior a su porcentaje de diputados en 1995–, si bien en 2010 y 2012 el reparto terminó favoreciéndole.

La ley electoral también ha funcionado de manera bastante proporcional en el caso de ERC, ya que la máxima desviación que ha tenido entre su porcentaje de votos y su porcentaje de escaños se produjo en 2012 y fue a su favor: con el 13,7% de los sufragios, los republicanos obtuvieron el 15,56% de las actas, un total de 21. De hecho, la distorsión entre ambas cifras ha sido menor a un punto en todas las elecciones menos las de 1980, 2006 y 2012.

Ciudadanos y la CUP

Ni siquiera para los llegados hace menos tiempo al Parlament la ley electoral ha sido una barrera. Ciudadanos obtuvo sus primeros tres escaños en 2006 –que suponían un 2,22% de todos los presentes en la cámara– y repitió este resultado en 2010, con un 3,03% y un 3,39% de los votos, respectivamente. De hecho, en las elecciones de 2015 que supusieron su despegue (pasaron de 9 a 25 diputados), la Loreg benefició levísimamente al partido naranja, que consiguió controlar el 18,5% del Parlament con el 17,9% de los votos.

La CUP tampoco tiene motivos para denunciar la ley electoral, aunque bien es cierto que ni en 2012 ni en 2015 –las únicas ocasiones en las que los anticapitalistas se han presentado a las elecciones autonómicas– les terminó beneficiando. Sus tres escaños de 2012 se corresponden con el 2,22% del Parlament, aunque la CUP consiguió el 3,47% de los votos en toda Cataluña. En 2012, la formación ascendió hasta el 8,21% de los sufragios, lo que le reportó 10 diputados: el 7,4% de la cámara.

Ya sea en su formulación nacionalista o en su actual versión independentista, el bloque soberanista catalán con representación parlamentaria lleva 18 años obteniendo los mismos resultados en las elecciones autonómicas. La variación máxima desde 1999 ha sido de apenas 2,3 puntos porcentuales, los que van del 46,5% de los votos que sumaron en 2006 al 48,8% que consiguieron en 2010. El primer porcentaje, su registro histórico más bajo, coincide con la aprobación del Estatut; el segundo lo obtuvieron a los pocos meses de la sentencia con la que el Tribunal Constitucional anuló parcialmente la norma fundamental catalana y dio origen a la actual crisis política.

El voto soberanista se ha mantenido estancado, pero a la vez estable, a pesar de la variedad de siglas con las que el independentismo ha trasladado su oferta a los ciudadanos a lo largo de las últimas dos décadas. Primero con los votos de CiU y ERC; después sumando los de Solidaritat Catalana per la Independència (SI) y en 2015 con la coalición Junts pel Sí (una combinación de la antigua Convergència y Esquerra con el apoyo de organizaciones sociales independentistas) y los votos anticapitalistas de la CUP.

El peso del soberanismo está por debajo del 50% de los votos desde las elecciones de 1995. Antes de esa fecha, la suma de nacionalismo e independentismo en las elecciones autonómicas, en los años de hegemonía de Jordi Pujol, siempre superaba la mitad de los votos emitidos.

Los resultados de las últimas elecciones (2015), convocadas por Artur Mas a modo de plebiscito, son un calco casi perfecto de la media histórica de los tres bloques que marcan la política en Cataluña desde hace casi 40 años: 48% para el soberanismo (Junts pel Sí y la CUP), 39% para el unionismo (Ciudadanos, PSC y PP) y 8,6 para la izquierda alternativa (Catalunya Sí que es Pot).El 4,4% restante corresponde a formaciones que no obtuvieron representación parlamentaria.

La evolución de los constitucionalistas

La suma de los partidos constitucionalistas no se ha comportado de la misma manera. Desde 1999, el único año en el que, con un 47,81% de los votos, estuvieron a punto de superar el 50% (Pasqual Maragall se presentaba por primera vez a la Presidencia de la Generalitat), el respaldo ciudadano a las formaciones unionistas ha sufrido oscilaciones de hasta 12,6 puntos porcentuales. Si su mejor resultado se registró en 1999, el peor se produjo en 2010 (el año de la sentencia que anuló parcialmente el Estatut) con un 35,1%.

El unionismo nunca ha gozado de mayoría absoluta en el Parlament de Cataluña. La suma de todos los partidos de este bloque ha oscilado entre los 47 escaños de 1992 (su peor año, junto a los 48 de 2012) y los 64 de 1999. En aquellas elecciones el PSC de Maragall ganó en votos a Pujol pero se quedó por detrás en escaños (la ley d’Hondt y las circunscripciones provinciales sobrerrepresentan las demarcaciones con menos población).

El tercer bloque

El tercer bloque político catalán, la izquierda alternativa con una fuerte carga identitaria (representada hace 40 años por el PSUC y hoy organizados en torno a los comuns) tampoco es un ejemplo de estabilidad. Su mejor resultado se remonta a 1980 (24 escaños y un 18,89% de los votos). Desde entonces, y en sus diferentes configuraciones, ha ido sufriendo altibajos (su peor momento fue en 1999, con tres escaños y apenas el 2,5% de los votos, coincidiendo precisamente con el momento de mayor éxito del PSC, y el mejor en 2012, con trece diputados y un 10% de los votos).

El soberanismo ha sido siempre hegemónico en el Parlament, con la única excepción de las primeras elecciones autonómicas de 1980. Sus mejores resultados tuvieron lugar en 1992 (81 escaños coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Barcelona) y 2010 (76 diputados, en este caso apenas unos meses después de que el TC anulase parcialmente el actual Estatut). Desde entonces ha ido perdiendo peso en la Cámara a razón de dos escaños por convocatoria (74 en 2012 y 72 en 2015).

Quizás Mariano Rajoy sueñe con quedar en la historia política reciente como el hombre que salvó la unidad de España. Quizás Carles Puigdemont y Oriol Junqueras sueñen con pasar a la historia como los grandes héroes de la independencia de Cataluña, y para ello estén incluso dispuestos a vivir un tiempo entre rejas. A uno le gustaría que los citados fueran conocidos por sus obras, y su obra principal consiste en habernos conducido a un domingo negro en el que el mundo entero verá grandes colas de ciudadanos que quieren votar y miles de policías que lo impiden. Que a partir del día 2 se abra alguna esperanza para abordar el conflicto desde el diálogo pasa probablemente por unos interlocutores distintos, capaces de darse el tiempo suficiente para que amaine la tempestad y sobre todo dispuestos a iniciar ese diálogo sin maximalismos condenados al fracaso.

Lo que ocurra, en cualquier caso, a partir del día 2 dependerá sobre todo de que este “domingo negro” no pueda ser recordado como un domingo violento. Porque entonces la tempestad no amainará.