Como el verano nos ayuda a disponer de tiempo, a salir de las urgencias y valorar las realidades cotidianas, no quiero dedicar esta columna a las calamidades que afectan a la actualidad, sino a los privilegios habituales de la vida corriente y común. Por ejemplo, la suerte de colaborar en la prensa seria y de poder establecer con muchos lectores un diálogo sobre la convivencia, los bulos, las inquietudes más graves y las ilusiones que merece la pena sostener. Escribo esta columna de agosto para darle las gracias a los lectores de infoLibre.

He tenido la suerte de colaborar en programas de radio de Canal Sur, Radio Nacional de España o la Cadena SER. Desde joven colaboré en los periódicos de mi ciudad, Ideal y Diario de Granada, y poco después pude publicar columnas en El País, Público e infoLibre. La prensa supone una invitación a participar de manera cívica en la sociedad y heredar una tradición importante en el mundo de la literatura, vivida a lo largo de distintas épocas y contextos. Las firmas de Larra, Unamuno, Azorín, Francisco Ayala, Delibes, García Márquez, Rosa Montero, Elvira Lindo, Almudena Grandes y Antonio Muñoz Molina así nos lo recuerdan. Escribir es habitar la historia, vivir por dentro las experiencias humanas, comprender que la realidad se compone de acontecimientos y experiencias, datos e interpretaciones. Por eso resulta necesaria la información objetiva, pero también los espacios para las opiniones personales, opiniones que no se venden como noticia, sino como miradas, como meditación de lo vivido.

Cuando yo empecé a leer y escribir, los periódicos eran un lugar muy significativo en la transformación de la sociedad española y en la búsqueda de la democracia. Los testimonios se sumaban a las noticias sin censura y los titulares formaban parte de la atmósfera de una nación que se asomaba a la libertad, se transformaba y conseguía hablar, cantar, coser y escribir sin prohibiciones. Colaborar en prensa suponía dar testimonio y recibir la herencia de un esfuerzo cultural y profesional importante en busca de la emancipación y de una dignidad capaz de unir los compromisos públicos con la dignidad privada.

Las contradicciones nunca faltan, a veces son sigilosas y a veces se convierten en un ruido y en unas dinámicas que iluminan el estado de las cosas. Es imprescindible siempre oponerse a las tijeras del censor, pero no puede hablarse cómodamente de libertad cuando se piensa en las dependencias económicas, ideológicas y sociales de los medios de comunicación. Con más o menos decencia, las líneas editoriales se apartan de la objetividad en favor de los intereses de sus propietarios. Y en la degradación de las apuestas democráticas suelen ir de la mano la pérdida de imparcialidad de la administración de Justicia y la sustitución del periodismo por el pseudoperiodismo, los profesionales por los paniaguados, los informadores por los tejedores de crispación y los periódicos o radios por estercoleros. Así ocurrió siempre que se quiso generar odios legitimadores de dictaduras, nacionalismos fanáticos, identidades cerradas y genocidios.

La estrategia de los demagogos que disfrazan su falta de decencia es la generalización, todos son iguales… Pues no es verdad. Gracias a mis colaboraciones en la prensa he tenido la oportunidad de conocer y establecer amistad con periodistas muy decentes, puntos de referencia de la información democrática y la lucha contra las mentiras sistematizadas. Como este artículo está escrito para infoLibre, quiero aprovechar la ocasión para hablar bien de mi amigo Jesús Maraña. De él recibí la invitación para colaborar en el periódico, antes también en Público, y de participar en un proyecto que quiso unir la información con la libertad, no ya frente a la censura, sino frente a los tejidos económicos que procuran subvencionar y fijar los modos de decir. Jesús es el sentido común de la mirada conflictiva, la sensatez de la rebeldía.

La realidad nos envuelve, y con frecuencia los peligros que sobrevuelan la convivencia nos hacen olvidar lo conseguido. Por eso es importante ejercer la memoria histórica, y por eso conviene también reconocer el valor de lo que tenemos junto a nosotros. Yo aprovecho la paz íntima de las vacaciones de verano para agradecerle a Jesús Maraña la posibilidad que me dio de mantener una conversación semanal con los lectores de infoLibre. Frente a los sicarios del insulto, los partidarios de la prensa independiente y la democracia social tenemos muchas cosas que decirnos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la declaración como Lugar de Memoria Democrática del pazo de Meirás, un edificio construido a finales del siglo XIX en Sada (A Coruña) que fue residencia de verano del dictador Francisco Franco.

La resolución, tramitada conforme a la Ley de Memoria de Democrática, destaca que Meirás, también conocido como 'Torres de Meirás', constituye "uno de los espacios más significativos" para comprender la historia contemporánea de Galicia y de España.

La publicación oficial recuerda que la dictadura franquista convirtió este inmueble, que mandó construir Emilia Pardo Bazán y donde escribió parte de su obra, "en uno de sus principales símbolos de poder" de la dictadura.

Según el BOE, fue un "lugar esencial" para la memoria democrática durante la Guerra Civil. Así, recuerda que en marzo de 1938 se creó la 'Junta Pro-Pazo del Caudillo' para comprar este inmueble y entregárselo a Franco.

La compra, que se formalizó el 3 de agosto de 1938, se financió mediante aportaciones forzosas de ayuntamientos, funcionarios y particulares. Además, los terrenos se ampliaron mediante expropiaciones realizadas sobre propiedades vecinas.

El inmueble se le entregó a Franco en diciembre de 1938. En 1941 se simuló una escritura de compraventa para poder registrar el pazo a su nombre pero décadas después los tribunales declararon esta operación fraudulenta, tras acreditar que la Junta ya había adquirido la propiedad y se la había donado como jefe de Estado.

El pazo de Meirás funcionó entre 1938 y 1975 como residencia oficial de verano del jefe del Estado y como uno de los principales escenarios del poder franquista. En sus dependencias se celebraron consejos de ministros, audiencias oficiales, recepciones diplomáticas y reuniones políticas de relevancia.

Como residencia oficial, el inmueble fue utilizado por la propaganda del régimen para proyectar la imagen pública del dictador y escenificar la adhesión popular al franquismo.

El pazo se convirtió así en "uno de los espacios más representativos del ejercicio del poder durante la dictadura", concluye el BOE.

En una nota informativa, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática señala que la declaración establece que cualquier uso del inmueble deberá ser compatible con la preservación de la memoria, la defensa de los derechos humanos, el reconocimiento y la reparación moral de las víctimas y la defensa de los principios de justicia, verdad y reparación.

La resolución reconoce asimismo la relevancia de Emilia Pardo Bazán como figura esencial de la literatura española y pionera en la reivindicación de los derechos de las mujeres, otorgando a Meirás una dimensión vinculada a la historia de la creación literaria femenina y al avance hacia la igualdad.

Indica además que el Estado impulsará en este lugar recursos audiovisuales y digitales explicativos, promoverá la instalación de placas, paneles o distintivos memoriales interpretativos y desarrollará mecanismos institucionales para integrar Meirás en circuitos internacionales relacionados con experiencias de construcción de memoria democrática.

La Xunta ha abierto expediente al bar de Arteixo (A Coruña) conocido por su apología franquista y el uso de simbología fascista tanto en su fachada principal como en su interior. El establecimiento se enfrenta ahora a hasta 9.000 euros de multa tras la denuncia realizada por la plataforma vecinal Arteixo Futuro, que reclama la intervención del Gobierno de España a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Fue Turismo de Galicia quien realizó una inspección a este establecimiento hostelero de Chamín, en la carretera que une Arteixo con Caión, después de que fuese denunciado por una supuesta vulneración de la prohibición del derecho de acceso. Fue la fórmula utilizada para la denuncia de un bar que luce en su entrada la consigna “Rojos abstenerse” o lemas franquistas como “Una, grande y libre”.

Turismo de Galicia, a preguntas de Praza.gal, aclara que acordó iniciar “diligencias previas que se tradujeron en la realización de una visita inspectora”. El resultado de la visita fue el levantamiento de un acta de infracción que dará lugar a la “apertura del correspondiente expediente sancionador por la supuesta comisión de una infracción turística grave, que, en su caso, podrá ser objeto de sanción con multa por importe de 901 a 9.000 euros”. Una sanción máxima que ya le había sido impuesta por motivos semejantes a un establecimiento en Mera.

Antes de la apertura del expediente, Turismo de Galicia había recordado que no era “competente” en lo que tiene que ver con las posibles manifestaciones contra la dignidad de las víctimas del franquismo y que debía ser “el Gobierno central quien dictamine si es contrario a normativas como la Ley de Memoria Democrática”. Turismo de Galicia se limitará a actuar si considera que los mensajes y procederes del bar suponen vulnerar el derecho de acceso: si niega, restringe o condiciona de forma injusta o discriminatoria la entrada. Por eso, desde la plataforma Arteixo Futuro hacen ahora un llamamiento a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y a su titular, Fernando Martínez. En una carta abierta piden una intervención contra el establecimiento por “ensalzar el franquismo y el periodo dictatorial” y mostrar un “evidente negacionismo de sus crímenes”.

En una carta abierta al secretario de Estado, la entidad advierte de la “necesaria intervención para determinar” si el establecimiento “cumple con el marco jurídico actual y con el respeto por las víctimas y familiares” de las personas represaliadas por la dictadura.

La polémica rodea este establecimiento desde hace muchos años por su reiterada apología fascista, que también incluyó una antigua placa de una calle dedicada a José Antonio Primo de Rivera. Una reivindicación sin complejos del fascismo que provoca aún más indignación durante el verano, cuando aumenta la afluencia a la zona, ya que el local está situado en una concurrida carretera que conecta varias playas y zonas de baño, como Barrañán y Caión.

En el perfil de su cuenta de X, inactiva desde hace años, su dueño utiliza una foto en la que aparece haciendo el símbolo fascista en la puerta de su bar, ante el lema “Una, grande y libre”, del que presume en su único mensaje, empleado para contestar a las críticas sobre su decoración. En sus últimas declaraciones, después de conocerse la denuncia, insistió en su intención de mantener las banderas y lemas franquistas en el establecimiento.

La apología franquista de este establecimiento, desde que la iniciara durante la pandemia del covid, ha sido denunciada públicamente en numerosas ocasiones por vecinos y visitantes de la zona. Sin embargo, el propietario del establecimiento se ha negado siempre a retirar la simbología y ha asegurado que exhibe banderas fascistas porque esas son sus ideas.

“Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard”. En 1997 la agencia de publicidad McCann Erickson lanzaba este eslogan en la archiconocida campaña global Priceless. El éxito de su permanencia hasta nuestros días en el imaginario colectivo reside precisamente en separar dos marcos conceptuales inconmensurables: lo que tiene precio y lo que no lo tiene.

Dos siglos antes, Kant ya había fijado esta disyuntiva en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres: “Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente; en cambio, lo que se halla por encima de todo precio y, por tanto, no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad”.

El 6 de agosto de 2026, una declaración de Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), publicada en el diario La Razón, cruzaba, probablemente sin notarlo, esa distinción entre precio y dignidad al referirse así al plan de exhumaciones iniciado en 2023 en Cuelgamuros: “Supone un rotundo fracaso, ya que cada cuerpo recuperado ha costado casi 14.000 euros”.

La cifra expuesta procedía de un cociente que situaba en el numerador el presupuesto atribuido por el medio a los análisis de ADN (345.000 euros) y en el denominador, el número de personas cuyos restos han sido, hasta el momento, devueltos a sus familias (25). Si superponemos en la fórmula de esta división los términos kantianos, el resultado es la expresión gráfica del verdadero significado de su frase: hay una línea, el precio está encima y la dignidad queda debajo.

La exhumación de las víctimas del franquismo tiene, evidentemente, un coste económico en los presupuestos del Estado, y su publicación no es más que un ejercicio de transparencia. Pero argumentar el éxito o el fracaso de estas políticas en función del precio “por cada cuerpo” o del porcentaje de identificados equivale a fijar un umbral —una cifra— por debajo del cual ya no resultaría rentable buscar e identificar a un ser humano.

¿Son 14.000 euros demasiado? ¿Cuánto consideraríamos un precio aceptable por devolver los restos de una persona a su familia? ¿Quién estaría dispuesto a fijar esa cifra? Los trabajos de exhumación tienen un coste. Las pruebas de ADN tienen un coste. Devolver los restos mortales de un ser humano a sus familiares para que puedan despedirse dignamente, no tiene precio.

El argumento recogido en La Razón no es el único ejemplo. El 29 de septiembre de 2022, The Objective publicó: “Fiasco en la exhumación de las fosas: solo se logra identificar el 4% de los cuerpos”. El 8 de octubre de 2025, Infobae titulaba así un artículo: “El Gobierno de Pedro Sánchez paga 827 euros por cada cuerpo exhumado de fosas comunes de la Guerra Civil: solo se ha identificado el 0,7% del total”.

Al argumentar el fracaso del proyecto en función de lo que ha costado “cada cuerpo”, o el porcentaje de identificaciones alcanzadas, se le está poniendo precio a algo que, por su dignidad, no lo tiene —y con ello se le niega su humanidad.

El psicólogo Nick Haslam distingue dos formas de deshumanizar a una persona. La primera, la deshumanización animalista, niega los rasgos que nos separan de los animales: la moralidad, la racionalidad, el autocontrol. Ese fue, precisamente, el mecanismo dominante en el lenguaje represivo de la dictadura franquista, refiriéndose a los represaliados como “alimañas” o “bestias”; tristemente recordadas siguen siendo las arengas de Queipo de Llano, exonerando de toda responsabilidad a quien matara “como a un perro” a cualquiera que desafiara a los golpistas.

La segunda, la deshumanización mecanicista, conceptualiza al otro como un objeto o una pieza de un sistema. Los argumentos economicistas recogidos en estos titulares responden a este segundo modelo: los restos óseos de personas que tuvieron un nombre, una familia y una historia truncada por la violencia pasan a ser una unidad contable, el denominador de un cálculo de eficiencia, mientras el numerador —el coste— se valora como si fuera una inversión sustituible por otra más rentable. “Tan solo existe un baremo objetivo para medir el éxito —o fracaso— de las políticas preconizadas por José Luis Rodríguez Zapatero: el número de cadáveres exhumados en fosas y, sobre todo, cuántos de éstos son identificados” (The Objective, 29/09/2022).

El psicólogo Albert Bandura llamó a este tipo de manipulación del lenguaje “desconexión moral”. Uno de sus mecanismos consiste en desplazar un juicio moral —¿es justo exhumar e identificar a las víctimas?— hacia un juicio de eficiencia —¿es rentable hacerlo?

Cuando ese desplazamiento se combina con un indicador de fracaso (14.000 euros es demasiado o el 4% es insuficiente), el proceso de reparación deja de leerse como un acto de justicia que nace limitado —porque es imposible restituir totalmente lo insustituible— y empieza a exponerse como una inversión pública fallida. Lo único necesario para que ese pensamiento no genere disonancia cognitiva en quien lo escucha es que se hable de números y no de personas.

La distinción entre precio y dignidad no es una particularidad de manual de filosofía kantiana o una alambicada teoría de la psicología social: es, ni más ni menos, lo que está en juego en este momento en España. Tras nueve décadas de silenciamiento y desafección, cada familia tiene derecho a que se identifiquen los restos de su ser querido y se les devuelvan. Y la obligación del Estado —que representa a la sociedad en su conjunto— es hacer todo lo posible por encontrarlos a todos, aunque, el paso del tiempo haga que sólo se logre identificar a unos pocos.

El sociólogo Zygmunt Bauman advirtió en su análisis Modernidad líquida que los vínculos humanos son tratados cada vez más “como bienes de consumo: se compran mientras prometen una gratificación instantánea y se desechan cuando el coste de mantenerlos supera el beneficio”.

El vínculo entre una sociedad democrática y las víctimas de su propia historia no es, evidentemente, una cuestión de precio sino de dignidad. Sin embargo, el argumento del “coste por cuerpo” empuja al lector hacia esa lógica: si el coste de buscar se describe como alto porque el número de identificaciones es bajo, la conclusión implícita es que quizá no merezca la pena.

Por eso resulta falaz señalar, como crítica a las políticas de memoria, que sólo se logre identificar a un bajo porcentaje del total de las víctimas del franquismo. Si los resultados no se consideran suficientes, la conclusión coherente no es cuestionar la eficiencia del proceso, sino exigir que el Estado redoble sus esfuerzos y garantice su continuidad, gobierne quien gobierne.

La manipulación contable de lo legal y lo moral está servida en cuanto se logra la monetización simbólica de la dignidad: ahí se sientan las bases de la demagogia deshumanizadora: "El derecho de cada una de estas familias a enterrar dignamente a sus seres queridos vale lo mismo que el coche que conduces".

Esta disyuntiva es actual, pero no nueva. Más de una década antes del golpe de Estado y del inicio de la Guerra Civil, Machado ya había recogido, entre sus Proverbios y cantares, nuestra tendencia a entremezclar inconmensurables: Todo necio confunde valor y precio.

¿Cuánto nos costará buscar los restos de las víctimas de nuestra historia y devolverles la dignidad que les debemos? ¿Cuánto valdremos como sociedad si ni siquiera lo intentamos?

Tal vez no sea cuestión de coste y precio sino de dignidad y valor.

________________________________

Miguel Ángel Estévez es profesor de psicología social en la Universidad Complutense de Madrid y coordina actualmente la atención psicosocial en las visitas de familiares a los trabajos de exhumación de víctimas de la Guerra Civil y la represión de la dictadura franquista en el Valle de Cuelgamuros.

Los puertos gallegos y un importante grupo de empresarios del país tuvieron una participación destacada en el tráfico de esclavos y esclavas africanas sobre todo en las seis primeras décadas del siglo XIX. Se trata de una parte de la historia de Galicia poco estudiada y difundida, una memoria incómoda que nos sitúa en el papel de verdugos de una de las mayores infamias de la historia humana. Un negocio —porque de eso se trataba— que enriqueció de manera muy importante a una serie de familias, algunas de nombres bien distinguidos y que en la actualidad siguen contando con estatuas o calles y plazas con sus nombres en las ciudades del país.

En el año 1800 tuvo lugar el primer viaje documentado de un barco gallego que traficaba con esclavos en dirección a América. En 1860 salió del puerto de A Coruña el último barco negrero con participación gallega. En esos 60 años se calcula que las embarcaciones propiedad de gallegos secuestraron y transportaron cerca de 23.000 personas desde África a América, especialmente a Cuba.

En los últimos años una serie de investigadores e investigadoras trabajan para sacar a la luz esta historia ocultada. Uno de los más destacados es Luís Alonso Álvarez, catedrático de Historia Económica en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidade da Coruña, que desde el año 2024 viene publicando una interesantísima serie de artículos sobre el tema en Praza.gal, textos muy documentados en los que saca a la luz la participación gallega en la trata de personas esclavizadas.

Del mismo modo, el pasado año Cristina Botana Iglesias y Zinthia Álvarez Palomino inauguraron en el Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía de A Coruña (MUNCYT) la exposición A Coruña, Porto Negreiro, que forma parte del proyecto ‘A Coruña entre memorias: historia, colonialismo e identidade’, una de las propuestas ganadoras del I Certame de Proxectos Singulares de la Deputación de A Coruña. Con ellas hablamos en esta entrevista.

Dialogamos aquí con Luís Álvarez sobre el origen y evolución de la participación gallega en la trata de personas esclavizadas, el papel de los puertos del país, los beneficios económicos obtenidos por las familias esclavistas y la necesidad de conocimiento de esta realidad y de reparación.

No te voy a pedir que repitas aquí todo lo que vienes desgranando en los muy completos artículos —cinco hasta ahora— que vienes publicando en Praza. Pero ¿qué conocemos en la actualidad sobre el papel y la responsabilidad de Galicia y de sus empresarios en el tráfico de personas esclavizadas en los siglos XVIII y XIX?

Dicho así, de manera muy simplificada, no existe una responsabilidad de Galicia como tal, sino de algunos gallegos, en concreto del grupo social que llamamos comúnmente empresariado. Conocemos mejor la implicación de los empresarios de A Coruña, donde estuvieron enriqueciéndose las élites locales con la captura y venta en América de personas esclavizadas procedentes de África y, en menor medida, las de Vigo, Ferrol y otras ciudades y villas. Se publicó recientemente un pequeño estudio en el que se confirma también la participación en la trata de modestos patrones de la Costa da Morte, lo cual nos indica que no fue un fenómeno solo urbano, sino también rural y socialmente transversal.

Este tráfico no solo fue inhumano e infame, sino que reportó notables beneficios a sus responsables, de modo que algunas de las fortunas más destacadas en Galicia —también en otros lugares— tienen su origen en esa actividad. Es decir, fue una actividad que tiene ramificaciones que llegan hasta el presente, ¿no?

Los beneficios que reportaba el tráfico de esclavizados fueron extraordinarios y están en la base de algunas de las grandes fortunas gallegas —como ocurrió en toda Europa y en Estados Unidos—, pero también de las no tan grandes. Sin embargo, los empresarios que impulsaron estos viajes a África arriesgaban solo una parte de su inversión. El resto acostumbraban a distribuirlo en pequeñas participaciones de 100 pesos —o dólares, que en la época valían lo mismo—, que adquirían personas que no eran precisamente empresarios, sino profesionales, funcionarios o pertenecientes a grupos sociales semejantes.

Piensa que si el navío que transportaba esclavizados no era apresado en África o en el Caribe por los vapores británicos de vigilancia —Inglaterra disponía de una especie de policía marítima que apresaba y juzgaba a los navíos propiedad de súbditos de países que habían firmado tratados de abolición—, los beneficios que se obtenían podían multiplicar la inversión hasta por seis. Y sí, efectivamente, podemos asegurar que esta actividad que ahora nos resulta repugnante estuvo relacionada con las inversiones que se hicieron más adelante en banca, industria, ferrocarriles y servicios portuarios en las principales ciudades gallegas, como también ocurrió en mayor medida en los países europeos, especialmente en el Reino Unido, donde financió lo que hemos dado en llamar la revolución industrial. Y en el presente, la huella del desprecio por los esclavizados tiene su correspondencia en el racismo y en la ideología que lo sustenta.

El tráfico de personas esclavizadas atravesó distintas etapas, como bien describes en los artículos, en función muchas veces de los propios obstáculos que se iban poniendo a esta actividad, que obligaban a cambios en el modus operandi de los traficantes, ¿no?

Cuando el Estado firmaba con Gran Bretaña un tratado en el que se decretaba la abolición del tráfico, que los ingleses ya tenían prohibido en su país y en sus colonias, de inmediato los negreros de la Península estudiaban con atención el modo de darle la vuelta al texto y trampear con artimañas la legalidad. Así ocurrió con el suscrito entre las dos potencias en 1817, que estuvo activo hasta 1835. Entre estas dos fechas, nuestros negreros esquivaron la legislación con matrículas y papeles falsos para sus barcos y tripulaciones que conseguían en tierras portuguesas, y pasaban de ese modo a convertirse en navíos portugueses, que en esos años aún podían legalmente dedicarse a la trata.

La legislación posterior, que se hizo más rigurosa, ya que contemplaba la existencia de indicios de la trata en los barcos —agua y alimentos en cantidades notables, tablas para construir nuevas cubiertas y otros semejantes—, por los que podían ser capturados y juzgados, la toreaban de mil maneras, incluso acudiendo a la matriculación de los navíos con bandera y papeles norteamericanos, que aún no tenían prohibido el tráfico en algunos estados.

Entre las razones por las que Galicia, sus puertos y una serie de empresarios acaban adquiriendo un papel central en la trata de personas esclavizadas están su geografía marítima, mirando hacia el Atlántico, su tradición armadora y marinera, pero también su relación privilegiada con Portugal, por proximidad geográfica y también lingüística, ¿no? ¿Esto les daba facilidades para acceder a ciertos mercados?

Para que nos demos cuenta de la importancia de este asunto, solo tenemos que constatar que el primer navío de la trata europea del que se tiene constancia, que data del año 1514, fue un navío portugués localizado en Vigo con 166 personas esclavizadas a bordo, traídas del río Congo para entregar en la ciudad olívica a su propietario, del que no tenemos más noticia. Esta escasa información y todos los factores que señalas nos hacen sospechar que la actividad no era solo portuguesa, sino que tenía también derivadas gallegas, especialmente entre armadores de las Rías Baixas.

Pero sin retroceder tanto en el tiempo, en el siglo XIX, a veces era trabajoso confirmar si un navío de la trata era o no un falso portugués con tripulación gallega que burlaba a los cruceros ingleses. Durante algún tiempo, los navíos portugueses podían disponer de sus colonias africanas para llevar esclavizados a Brasil, lo que hacía que determinados empresarios gallegos empleasen ese apaño. La semejanza en el habla es otro factor que permitía camuflar como portuguesas las tripulaciones de los navíos de armadores gallegos.

Una característica que es común a muchos de estos empresarios esclavistas es que en un momento dado intentan rehabilitar su posición social y blanquear su capital e imagen, dirigiéndose hacia actividades legales y también a la filantropía. ¿De qué modo lo hacen?

Cuando estaban enriquecidos, compraban generalmente títulos nobiliarios expedidos por el Vaticano o medallas y distinciones del Gobierno español. Son los casos del ferrolano Ramón Pla, distinguido con el título de marqués de Amboage, o del ourensano Urbano Feijóo, que llegó a ser diputado en las Cortes. Pero una parte de ellos quiso dejar también una huella significativa para la posteridad haciendo obras de caridad y filantropía. Es el caso de Eusebio da Guarda en A Coruña.

Da Guarda, que había pilotado al menos dos buques que portaban esclavizados, heredó el imperio del mayor esclavista que hubo en la ciudad, Juan Menéndez, al casarse con su viuda, la cubana Modesta Goicouría. Cuando las cosas se pusieron legalmente difíciles, blanqueó su fortuna. Otro caso es el del mencionado Ramón Pla, que también blanqueó la fortuna familiar con escandalosas inversiones en la banca madrileña y creó una institución benéfica para favorecer a los soldados nacidos en Ferrol.

En este sentido, ¿qué papel juega la Iglesia? En 1839 el papa Gregorio XVI publica una bula muy clara al respecto. ¿Siempre fue así?

Es muy probable que en el fondo de estas obras de filantropía esté la influencia de la Iglesia católica. Históricamente la Iglesia nunca había prohibido con claridad las actividades de los negreros. Tan solo había condenado esa situación semejante a la esclavitud a la que estaban sometidos los habitantes originarios de las colonias españolas de América. Pero esta circunstancia cambió más adelante. Como tú bien señalas, en 1839 el papa Gregorio XVI promulgó una carta apostólica en la que prohibía a los católicos la trata de esclavizados africanos.

También es cierto que si investigamos este cambio de conducta nos encontramos con una fuerte presión diplomática de los británicos en la que estos llegaron a lanzar ciertas amenazas al papado. En todo caso, la prohibición de la trata y la sanción de excomunión que llevaba aparejada para quien la practicase debió de influir en algunos casos y explicaría en cierto modo la filantropía de la que hicieron alarde los esclavistas jubilados.

Otra de las claves en la trata de esclavos realizada por españoles en el siglo XIX es Cuba, que se mantiene como colonia y se convierte en receptora de esta mano de obra e igualmente en el centro del negocio, donde se instalan una parte de los empresarios o abren delegaciones allí. ¿Qué papel juega?

A comienzos del siglo XIX comenzó el desmadejamiento del imperio colonial español. Quedó lo que se dio en llamar el imperio insular, es decir, las Antillas, especialmente Cuba y Puerto Rico, las Filipinas y archipiélagos menores en el Pacífico. Las economías cubana y portorriqueña se basaban en la mano de obra esclavizada para trabajar en la agricultura azucarera y cafetalera, por lo que las dos colonias, mayormente Cuba, absorbieron gran parte de los capitales invertidos en lo que había sido América española.

Eso exigió una gran cantidad de empleo que suministró la trata de esclavizados y convirtió a la isla de Cuba en uno de los grandes mercados de mano de obra junto con Brasil. Sobre estos principios se va a levantar una infraestructura empresarial con derivaciones en los principales puertos de la península y, entre los nuestros, los de A Coruña, Ferrol, Vigo y otros fondeaderos de las Rías Baixas.

¿Cómo termina esta infamia? ¿De qué modo acaba por desaparecer definitivamente el tráfico? ¿Quién reemplaza como mano de obra a los esclavos?

Terminó por la fortísima presión internacional a la que estaba sometido el Gobierno español, que incumplía los compromisos firmados, cuando todos los países, incluido Brasil, ya habían suprimido la trata. Y en especial, por la coerción de Gran Bretaña y la menos conocida de Estados Unidos después de la Guerra de Secesión, que comenzó a juzgar la trata como piratería, lo que comportaba pena de horca para sus responsables.

La trata fue sustituida por trabajadores chinos y peninsulares, muchos de ellos campesinos gallegos, llevados a la isla de Cuba a trabajar en condiciones semejantes a las de la esclavitud y, después, por emigrantes en condiciones normales. En Galicia tenemos a algunos personajes que se dedicaron al tráfico de sus paisanos. Uno de ellos fue Urbano Feijóo, que dejó escrito que “un gallego ha de hacer un trabajo de dos negros por el precio que cuesta un esclavo”. Pero también al transporte de chinos, entre otros los hermanos Pastor. Cabe subrayar que, en gran medida, los barcos que se habían dedicado a la trata, muchos de esos mismos barcos, fueron empleados más adelante en el transporte de emigrantes.

¿Estás de acuerdo en que el papel de los puertos gallegos y de un número amplio de empresarios en la trata de personas esclavizadas es una historia poco investigada y sobre todo poco difundida en Galicia?

En muchas universidades de fuera constituye una línea de investigación que lleva años de estudio —pienso en las investigaciones que abundan sobre los puertos de Liverpool o de Nantes—, como también ocurre en algunas de las universidades del Estado, especialmente en Cataluña. En Galicia se investigó poco y en eso estamos algunos. La cuestión de la difusión, de darla a conocer a un público amplio, resulta aún más problemática.

En general existe un gran desconocimiento en la sociedad sobre la participación en el tráfico de esclavos de muchos de estos empresarios que, en muchos casos, después también se hicieron un nombre en otras actividades legales, por las que hoy son recordados. Estoy pensando, por ejemplo, en el vigués Buenaventura Marcó del Pont, del que en la actualidad se destaca su actividad como comerciante y fomentador del pescado salado que distribuía por todo el levante español, pero que hizo fortuna transportando esclavos ya desde el año 1800.

Es, sobre todo, una historia negada, silenciada, que sigue encontrando grandes resistencias a muchos niveles? Sobre todo entre los descendientes de las familias más directamente implicadas, pero en general a nivel institucional, social... Pienso en las respuestas airadas que siempre surgen cuando se menciona, por ejemplo, el papel de Eusebio da Guarda.

Podemos calificarla como memoria incómoda, que enerva a cierto tipo de gente conservadora y, por lo mismo, se puede hablar también de una memoria silenciada por los incomodados y también negada. Hay muy pocos descendientes de las familias que tuvieron una mayor implicación en la trata de esclavizados en Galicia, pues en gran medida desaparecieron sin descendencia directa. Son los casos de Eusebio da Guarda, de Marcial del Adalid y de otros esclavistas del país.

¿Podemos decir que ese desconocimiento y esas resistencias se están empezando a romper? Por ejemplo con tus investigaciones —y su difusión— o exposiciones como la coordinada por Cristina Botana Iglesias y Zinthia Álvarez Palomino...

En alguna medida así es. A veces me comentan que la posibilidad de que ciertos empresarios gallegos estuviesen implicados en la trata de esclavizados les resulta un tema totalmente desconocido. Puedo acreditar, cuando me llaman para dar alguna charla, que existe un desconocimiento de todo esto, y se piensa que los implicados en el negocio eran de fuera. Por eso es tan importante que se multipliquen las experiencias de difusión como la exposición sobre la implicación coruñesa en el tráfico que dirigieron Cristina y Zinthia.

¿De qué modo debería afrontar Galicia —y sus ciudades más implicadas— la memoria de estos hechos para ejercer una adecuada memoria histórica y ser justos y consecuentes con lo sucedido? ¿Sería recomendable la retirada de honores públicos —nombres de calles y edificios, estatuas si existen...— de los responsables de la trata de esclavos? ¿Algún tipo de memorial que recuerde lo sucedido?

Lo primero que habría que hacer sería dar una mayor difusión a este tema. En este sentido, resultan sorprendentes acciones como la de escribir sobre la estatua de Eusebio da Guarda en A Coruña hace muy poco tiempo un adjetivo que tiene bien merecido. Nadie sabe quién fue el autor, pero ahí está. Algo parecido ocurrió en Ferrol con la estatua del marqués de Amboage.

En otros lugares llegaron a retirar las estatuas, como la de Antonio López en Barcelona o la de Edward Colston en Bristol, y se están organizando recorridos turísticos que tienen como lema aquello de “conozca usted la ciudad que nunca le mostraron”. Pero, insisto, si no hay una concienciación previa en la comunidad, no tiene sentido organizar acciones en favor de la memoria.

“Bebel es zurdo para jugar y para pensar”. En uno de los relatos que componen el libro Espejos: una historia casi universal, Eduardo Galeano elevó a mito la figura de un exfutbolista del Deportivo apenas conocido. Su figura, como la de tantos represaliados, había sido prácticamente borrada de la historiografía por décadas de dictadura y unas pocas más de olvido forzado.

En aquel 2008, con la publicación de la obra, el autor uruguayo relató en unas pocas líneas una historia de rebeldía e insumisión acorde con el personaje pero ya sin testigos que la corroborasen. Bebel García, poco antes de ser fusilado por los golpistas, mandó parar y meó frente a sus verdugos. “Se desabrocha la bragueta, lentamente, botón tras botón, y de cara al pelotón echa una larga meada. Después, se abrocha la bragueta: ‘Ahora sí’”, cuenta Galeano de un hecho que navega entre la leyenda y las vivencias escondidas de la posguerra.

Fue el 29 de julio de 1936, hace hoy 90 años, pocos días después del golpe militar y del inicio de la Guerra Civil. En el Campo da Rata, al pie de la Torre de Hércules, donde tantos murieron fusilados por una represión que solo en la comarca de A Coruña asesinó a más de 550 personas. La historia de la meada era de las que circulaba en la ciudad o en la familia de Bebel, uno de los conocidos hermanos de la Lejía. Selva, su sobrina, relató en una entrevista a Praza.gal que ella misma había explicado la anécdota a Galeano antes de que el escritor investigase y la plasmase en su libro.

Rodrigo García Vizoso, mito deportivista, portero en los años 20 y 30 y luego entrenador del club, insistía en la historia que rodeaba el fusilamiento del que había sido su compañero en el equipo blanquiazul y a quien consideraba “un tipo genial, gran persona, oro de ley, todo un idealista”. “Lo quitaron de en medio por eso. Tenía tanto coraje que antes de que le disparasen, fue y se puso a mear delante del pelotón. Os lo juro. Fue de este modo”, explicaba en Historia do Deportivo (Flores y Mejuto, Xerais, 1993). En el mismo libro en el que otros testigos aseguran que Bebel bajó del coche camino de la muerte “cantando un tango”.

Antes de la sublevación militar y del inicio de la Guerra Civil, Bebel destacó en numerosos deportes y militó en el Deportivo varias temporadas, jugando los campeonatos gallegos de la época y también varias campañas en Segunda División, anotando más de una decena de goles. Curiosamente, era un destacado extremo derecho que priorizaba —como relataban sus compañeros— su activismo político. Situado en la orilla contraria. “Tenía unas condiciones fabulosas para el fútbol pero en la cabeza tenía otras cosas”, relataría el mismo Vizoso para La Voz de Galicia en 2008.

Implicado en numerosas acciones políticas, muchas no exentas de la violencia que marcaba la convulsa época, y miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas, de las que era secretario e impulsor su hermano mayor, Bebel siempre fue reconocido por su arrojo, valentía y una cierta inconsciencia. En 1935 había sido detenido por llevar a cabo, con otro grupo de hombres, “ejercicios de formación” y “entonar cantos subversivos”. “Siempre insistía en lo mismo: tenemos que transformar el mundo porque es injusto con los oprimidos”, contaba también Vizoso, figura futbolística de principios del siglo XX vinculada a la tradición anarquista de su familia.

Bebel fue detenido en Guitiriz poco después del golpe militar cuando escapaba hacia Asturias, recluido en la cárcel provincial —cerca de la casa donde vivía la familia en Monte Alto—, juzgado por rebelión militar y finalmente fusilado el 29 de julio. Tenía 22 años. “Fue ejecutado en virtud Consejo Guerra sumarísimo”, dice el expediente “de orden público” en el que los golpistas reflejaron su fusilamiento.

Junto a él fue asesinado su hermano France, de 24 años. Un tercero, Jaurés, también fue encarcelado y aunque en un comienzo no fue fusilado por ser menor de edad, finalmente apareció muerto, también en el Campo da Rata. Un cuarto hermano, José —Pepín—, de 25 años, fue juzgado por sedición pero consiguió huir en un barco pesquero y se unió a las tropas republicanas; tras el final de la guerra, se exilió en América del Sur.

Naturales todos de Ribadeo, eran apodados los de la Lejía por trabajar en una fábrica de producción y distribución de lejía, negocio familiar creado por su padre, de fuertes convicciones socialistas y desterrado de A Mariña por sus ideas. De ahí el nombre de sus hijos: Bebel se llamaba así en homenaje a August Bebel —cofundador del SPD alemán y figura relevante del movimiento obrero y marxista— y en la familia también estaban Voltaire o Berthelot.

Los hombres de una familia de ocho hermanos se vincularon desde muy jóvenes a formaciones marxistas y se movilizaron contra el fascismo y luego contra el golpe militar, participando en la defensa del Gobierno civil de A Coruña. Bebel y su hermano France fueron de los primeros fusilados en la ciudad, en esa península de la Torre de Hércules donde cientos vertieron sangre. A unos metros del cementerio de San Amaro, donde reposa su cuerpo pese a que hasta hace menos de dos años no se sabía con certeza. Ni mucho menos el lugar exacto.

Selva García, la sobrina de Bebel e hija de José, siempre denunció que los tres hermanos asesinados estaban en una fosa en el cementerio, bajo montones de nichos, sin placa ni identificación posible para poder honrarlos. Hace casi una década, el investigador y miembro de la CRMH de A Coruña, Rubem Centeno, llevó a cabo pesquisas que partieron de una búsqueda personal —el lugar en el que habían sido dejados los restos de su tío abuelo— y que acabó dando lugar, en 2024, a una lista de 250 personas asesinadas en 1936 y enterradas en fosas en San Amaro.

La investigación permitió fijar el lugar en el que se encuentran los restos de Jaurés, Bebel y France García, los hermanos de la Lejía; también los de los fusilados de O Portiño o los de la fábrica de Brens, y así hasta unos 250 nombres. El exfutbolista es uno más —ahora símbolo y antes casi anónimo— de una lista de personas, varias de ellas sí trasladadas a nichos, entre las que se encontraban Joaquín Martín Martínez, secretario del Concello de A Coruña y vocal de la Liga de Derechos del Hombre; José Pérez Ferreño, concejal de Cambre; Antonio García Pita, alcalde de Sada; Francisco Pérez Carballo, gobernador civil de A Coruña; Eugenio Carré Naya, maestro e hijo de Uxío Carré Alvarellos; Pedro Galán, concejal en A Coruña por el Partido Galeguista; o el padre y un hermano de Pucho Boedo.

En breve, muy cerca del camposanto, se levantará una escultura de doce metros ya elaborada por Ramón Conde que rendirá homenaje a esos cuatro hermanos y donada por Selva García. No muy lejos tampoco de la calle que el Concello les dedicó a todos en 2002.

Pepín, el único que sobrevivió al golpe, luchó en la Guerra Civil, perdió una pierna en la batalla de Brunete y una hija, muerta tras un bombardeo. Se exilió en Latinoamérica tras embarcar en el Winnipeg y regresó a A Coruña ya muerto el dictador Franco. Falleció en 1996 y está enterrado en el mismo cementerio que sus hermanos, a los que no pudo honrar en vida ni dedicarles siquiera una placa.

En el Deportivo, pese a que el relato de Galeano prestó al club una difusión desconocida más allá del fútbol, nunca se le hizo homenaje ni reconocimiento alguno a Bebel. Ni a otros futbolistas o directivos que también fueron represaliados y señalados. “En el estadio, se pone la camiseta del Dépor. A la salida del estadio, se pone la camiseta de la Juventud Socialista”, recordaba el autor uruguayo.

Sí habrá actos por parte de otros colectivos. La peña Old Faces honrará la memoria de Bebel García este jueves a las 17 horas en el cementerio de San Amaro. “En estos tiempos actuales tenemos la obligación de recordar y defender nuestra historia y nuestra identidad”, dicen.

Además, el Grupo Deportivo Bebel García tiene preparadas unas jornadas para el próximo sábado 1 de agosto que incluyen una ruta de la mano de Rubem Centeno, una ofrenda floral, un partido de fútbol y una comida popular.

Hace unos días señalaba Juan Villoro en El País, a propósito del Campeonato de Fútbol del Mundo de 2026, que la Ilíada está en todas las canchas. Esto me evoca alguna charla con el escritor mexicano cuando visitó mi departamento en la Universidad de las tierras de María (Maryland) hace una década aproximadamente, en torno al exilio de las Españas de 1939, la literatura y, en particular, el fútbol como fenómeno sociocultural.

Coincide mi escritura con el final de ese campeonato de fútbol en Estados Unidos, país que conozco relativamente bien desde hace 56 años. A pesar del auge de la inmigración latina, mayoritariamente futbolera, o de la globalización que también toca a esta práctica deportiva, el torneo se ha jugado entre cierta indiferencia estadounidense. Por un lado, su equipo fue eliminado tempranamente, además, tras la zafia injerencia extradeportiva del presidente de la nación, lo cual afectó decisivamente al conjunto nacional, cuyos jugadores, mayoritariamente formados en las ligas escolares y universitarias, practican un admirable fair play que suele dominar el resto de los eventos deportivos en aquel país. Por otro, y a pesar de la presencia del mito Messi en la liga estadounidense, los seguidores de este deporte se suelen vestir con las camisetas de los equipos de la Premier —sobre todo el Arsenal, Manchester United o Manchester City— o Barcelona y Real Madrid de la Liga española, y de equipos nacionales como Argentina, Francia o España, y no de la MSL, Major League Soccer, cuya némesis fundamental ya subyace en sus desentonadas siglas y menos afortunado nombre.

El lenguaje nombra el mundo, como recordaba Crátilo en su diálogo con Hermógenes, pero el cratilismo de segundo grado por el que las palabras buscarían una homofonía natural para confundirse con el mundo, desde luego no acompaña a la MSL. Se ha empecinado en un Destino Manifiesto como si fuera extensión de la supuesta diferencia que ha conmemorado con la cabeza gacha sus 250 años en la efemérides de 1776. Un signo como soccer, que además se puede confundir en inglés, por su proximidad alofónica con sucker —el que chupa con diferentes acepciones—, jamás sustituirá la sonoridad casi onomatopéyica de football, que el castellano más purista y desusado llegó a traducir por balompié hasta que se impuso el préstamo culturalmente natural de fútbol.

La final del torneo se solapó con otro aniversario histórico, en este caso, mucho más doloroso: el 90 aniversario del golpe de Estado totalitario de julio de 1936, que derivó en una guerra civil e internacional que hoy ya conocemos como Guerra de España, o de las Españas como creo merece su complejidad histórica: un conflicto antecesor y laboratorio militar y político del último cataclismo planetario de 1939, y una dictadura exterminadora de casi cuatro décadas, apuntalada por Washington a partir de 1953, gracias a los Acuerdos de Madrid. En clave deportiva, no es baladí recordar que hace 90 años debían también inaugurarse, el 22 de julio, en el muy estilizado estadio de Montjuic en Barcelona, la Olimpiada Popular, que había reunido a atletas que protestaban contra la organización de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 como muestra del poder nazi y la amenaza fascista global de entonces. Fueron muchos de aquellos los primeros voluntarios internacionales que, para sofocar el levantamiento del general Goded en la ciudad condal, se unieron aquel 19 de julio a las milicias populares y a una Guardia Civil leal a la Segunda República, gracias a sus jefes, el general Aranguren y el coronel Escobar, luego fusilados por el franquismo.

Mientras tanto, en Madrid, el pueblo asaltaba el Cuartel de la Montaña, en el que los golpistas del general Fanjul se habían hecho fuertes. Desde el actual parque del Príncipe Pío, a la vera del Templo de Debod, salvado de las aguas del Nilo cuando la presa de Asuán, las multitudes ajenas a aquella carnicería contemplan hoy las puestas de sol velazqueñas. También divisan el palacio real, vacío en su simbolismo de los peores recuerdos de las monarquías de los Habsburgo —antiguo alcázar devorado por las llamas en 1734— y de los Borbones, los cuales lo abandonaron repetidamente cargados de felonías —Carlos IV, Fernando VII, Isabel II y Alfonso XIII—, que también se ciernen sobre el evasor de impuestos y rapiñador de patrimonio que reside hoy en un emirato del Golfo Pérsico, azotado por una nueva guerra iniciada por el huésped actual de la Casa Blanca.

Sabemos desde épocas antiguas —Mesopotamia, Mesoamérica, Grecia, Roma— y, en particular, con la celebración de los Juegos Olímpicos helenos, que el deporte ha servido como fórmula, sobre todo incruenta, de enfrentamiento, pero también de purificación. En la modernidad nacional, ha ido adquiriendo cada vez más las trazas del reflejo de cierto desarrollo económico hasta convertirse en industria y escaparate de servicios-espectáculo, como la marca España, lo cual repercutirá indirectamente muy favorablemente sobre el PIB español. No hay campaña publicitaria mejor para un país que esa final del domingo contemplada por 2.000 millones de espectadores. El deporte mueve ingentes sumas, inversiones y masas, como lo señalaba ya Ortega y Gasset en su casi centenario ensayo. Al talento natural de sus practicantes, hoy finalmente de ambos sexos, se tienen que unir para triunfar planificación e infraestructuras, entre ellas, sospechamos que las farmacopeas “dopantes” que potencien casi transhumanismos performativos y mentales. En ese sentido, el deporte español posterior a 1978 ha servido como fuente de identidad vertebradora que suaviza conflictos territoriales internos, a pesar de las reclamaciones de algunos catalanes, gallegos y vascos a favor de federaciones deportivas propias.

El campeonato norteamericano de 2026, jugado mayormente en territorio de un innombrable presidente frente a la minoría de encuentros en suelo canadiense y mexicano, también ha mostrado el fracaso de la política antiinmigración latina de la Administración reaccionaria de Washington, ya que a la final han llegado dos equipos que muestran parte de ese yin y yang migrante del siglo XXI. Argentina, plagada de jugadores captados por las ligas europeas, o con Messi en la estadounidense, y, a pesar de sus riquezas naturales, con una interminable diáspora nacional consecuencia de cierta autodestrucción y corrupción permanentes, simbolizadas hoy por el histriónico Milei. En España, dos de sus máximas figuras, Iñaki Williams y Lamine Yamal, proceden de familias de la diáspora africana, tantas veces hundida en aguas de esperanza, juegan en el Athletic y el Barcelona, y hasta el último es de religión islámica. Lo cual no es óbice para olvidar que, en el territorio argentino, se barrió en el XIX a los indígenas, o que el imperio español en las Américas no fue solo eso de lo que se jactan las María Elvira Roca Barea y tergiversadores políticos de la derecha carpetovetónica.

Al lograr con su mejor juego el campeonato, esa Roja de colores y Españas diversas ha reafirmado el sentimiento de una cierta identidad plural, que logra colectivamente reunir el talento con el esfuerzo y los medios. Estos también se plasman en una socialdemocracia pacífica, pacifista y relativamente abierta a la inmigración, con un sistema sanitario universal, en general envidiable, una política energética verde eficaz a pesar del gran apagón, y una educación pública accesible para la mayoría, junto a derechos inclusivos pioneros o sistemas de comunicaciones eficientes y vertebrados. Todo, sin minimizar los problemas de vivienda, falta de expectativas para los jóvenes, amenazas políticas ultras o corrupción política en el bipartidismo, entre otros. Y una contienda memoriosa en torno a esos 90 años de 1936 que debiera haberse desarmado hace tiempo bajo la templanza de los debates históricos, de no haber sido por la incapacidad bipartidista para exhumar víctimas de aquella violencia y consensuar sus conmemoraciones y recuerdos. En ese sentido, Nietzsche nos advertía sobre la importancia de un cierto olvido crítico para la vida sana.

En este Mundial, a veces, al estilo de Juan Villoro, uno también ha añorado el juego limpio del fútbol femenino, para el que La Masía ha sentado cierta cátedra, y que bien ha mostrado la Roja ante su adversario albiceleste. La Roja propuso un Lago de los cisnes, aunque sus Nuréyev-Lamal-Williams no bailaron sus mejores noches, pero Rodri-Benno y compañía evitaron que la Odette-Margot Fonteyn de la belleza balompédica acabara trágicamente como en el ballet de Tchaikovsky. Quedó en los anales el 2-1 de aquel Mundial de 1966 a favor de Argentina contra España, partido iniciático y de hábito decepcionante de un Mundial, que contemplé en casa de Óscar Ladoire ante la magia de la televisión en blanco y negro —no la tendríamos hasta que no la hubiera en relieve, que decía mi cáustico padre—.

En ese sentido, para los Ulises clásicos de mi tiempo, esta Roja transformó cualquier recuerdo de aquellas Ilíadas en una Odisea en la que se impuso la plural armonía esférica del canto de las sirenas ante las tramposas Circes y los horrendos Polifemos, y su platónica bondad retornó por cuatro años a su Ítaca peninsular, de la que zarpó en 2014, para así recuperar la segunda “buena” estrella para una marchita desde 2010 Penélope, “con sus zapatos de charol y su vestido de domingo”, de Joan Manuel Serrat. Al final de este itinerario mundial, y a pesar del encantador Festón Messi y su guardia de resabiados rucios en vez de hacaneas, pudimos olvidarnos, de nuevo, de aquel Alonso Quijano, quien solía acompañar derrotado tras la playa de Barcino a aquella Roja de la infancia de la dictadura con sus secuelas “de la furia española, y a mí Sabino el pelotón que los arrolló” de los Juegos Olímpicos de Amberes de 1920, que “jugaba como nunca y perdía como casi siempre”.

Al cerrar la tapa de esta nueva aventura balompédica, con el traspié, por lo menos durante un incómodo rato y recto colofón Urbi et Orbi de encantadores y malandrines de la FIFA y adláteres, guardaremos el sabroso recuerdo de los Sanchos del sentido común, el Marco Aurelio del memento mori para los desfiles triunfales y la Fuenteovejuna frente al comendador, que ha leído Luis de la Fuente en su Ínsula Barataria, y cuya lección, como la de las ninfas, ha compartido con los suyos. Estos lo han afirmado ahora con el adverbio ‘sí’, y optan para el futuro, con la conjunción ‘sí’ —ojalá—, continuar siendo pastores de Ovidio en nuestra Arcadia común. Para así poder recordar casi siempre: con esta Roja sí se puede.

______________

José María Naharro Calderón es Catedrático Emérito de Literatura Española, Estudios Ibéricos y del Exilio de la Universidad de Maryland.

Simbología y lemas franquistas y fascistas. Es lo que cientos de coches que diariamente pasan por la carretera que une Arteixo y Caión, concretamente en Chamín, pueden ver desde hace ya muchos años en un conocido bar situado en una de las numerosas curvas de esta vía.

“Una, grande y libre” o “rojos abstenerse” son algunas de las frases que luce en grandes letras este establecimiento en su terraza, con la fachada del edificio adornada con numerosas banderas preconstitucionales, carteles con el número 36 (en clara alusión al inicio de la Guerra Civil) y arengas militares; una decoración mezclada con publicidad de una conocida marca de cerveza o de apoyo al piloto de motociclismo Marc Márquez, y que se completa dentro con fotografías del dictador Francisco Franco.

Con la apología franquista vigente en el bar O Ferrador desde hace ya años, la plataforma vecinal Arteixo Futuro se hartó y presentó una denuncia administrativa ante la Dirección Xeral de Comercio e Consumo de la Xunta por “apología constante” de la dictadura.

En el escrito presentado, la entidad recuerda que la exhibición de banderas preconstitucionales y otros símbolos fascistas, además de algunos mensajes de la fachada, podrían ir contra la ley vigente en materia de memoria democrática y vulnerar principios constitucionales.

Arteixo Futuro entiende que ya el lema “rojos abstenerse” en la entrada vulneraría el artículo 14 de la Constitución sobre igualdad sin discriminación por razón de “nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

“Existe una evidente extralimitación del derecho a la libertad de expresión cuando se cuelga en la fachada una enorme bandera preconstitucional, se emplean eslóganes asociados a la dictadura y se formulan determinados requisitos de acceso en función de la ideología u opiniones políticas de cualquier persona”, dice Arteixo Futuro, que reclama a la Xunta que abra diligencias y un expediente sancionador al local. “Basta de reivindicar dictaduras genocidas”, reclama el colectivo en un comunicado.

La entidad vecinal pide a las autoridades “una movilización en defensa de la memoria democrática” y recuerda que el bar hace “apología de una dictadura genocida” en un municipio, además, donde hubo “paseados por los falangistas y seguidores del franquismo”, recordando figuras como la del pintor Luís Huici y muchos otros asesinados, además de la represión sufrida por tanta vecindad.

Desde la Xunta, Turismo de Galicia aclara que procederá a “investigar los motivos de la denuncia y actuará si incumple la normativa turística”, pero recuerda que “no es competente en este tipo de manifestaciones”, y que “debe ser el Gobierno central quien dictamine si es contrario a normativas como la Ley de Memoria Histórica, en referencia a la Ley de Memoria Democrática”. 

La polémica rodea este establecimiento desde hace muchos años por su reiterada apología fascista, que también incluyó una placa antigua de una vieja calle José Antonio Primo de Rivera. Una reivindicación sin complejos del fascismo que indigna, quizá, más en verano a medida que aumenta su difusión, al estar el local situado en una concurrida carretera que une varias playas y zonas de baño como Barrañán y Caión.

La apología franquista de este establecimiento, desde que la iniciara durante la pandemia de la COVID, fue ya denunciada públicamente en numerosas ocasiones por vecindario o visitantes de la zona, pero el propietario del establecimiento se negó siempre a retirarla y aclaró que colgaba banderas fascistas porque esas eran sus ideas.

En el perfil de su cuenta de X, inactiva desde hace años, su dueño utiliza una foto haciendo el símbolo fascista en la puerta de su bar ante el lema “una, grande y libre” del que presume en su único mensaje, empleado para contestar a críticas sobre su decoración.

La memoria de las dictaduras permanece en cierta forma viva, especialmente para todos aquellos que las han sufrido, pero las crisis económicas, la inseguridad, el desgaste de los partidos tradicionales, la corrupción y la propia renovación generacional han modificado las prioridades de una buena parte de la ciudadanía.

Tal y como sostiene Ana Ros, las generaciones que vivieron directamente las dictaduras hoy en día van perdiendo presencia en la vida pública, y van tomando el relevo generaciones posdictatoriales cuya relación con aquel periodo ya no procede de la experiencia personal, sino de los relatos familiares, la educación, los medios de comunicación y las producciones culturales.

Por ejemplo, millones de electores que nacieron después de 1983 en Argentina, después de 1990 en Chile o a finales de los años 70 en España. Para estos, la represión no es una experiencia vivida, sino una historia adquirida a través de la familia, la escuela o los medios de comunicación. Aunque el paso del tiempo no elimina per se la memoria, sí transforma su intensidad. En otras palabras, lo que para una persona que sufrió la represión y la falta de derechos humanos pasa a ser su principal referencia a la hora de votar, para aquel joven que no encuentra trabajo o no tiene capacidad para comprar o alquilar una vivienda, los temas de un pasado no vivido pierden prioridad frente a lo que ellos creen problemas reales.

Todo lo cual implica que la memoria democrática necesita ser explicada y transmitida de manera constante, porque no basta con dar por hecho que las nuevas generaciones comprenderán por sí solas la gravedad de los hechos que acontecieron.

Cabe mencionar que la memoria nunca es completamente uniforme. Junto a la condena a las dictaduras han permanecido reductos o sectores más o menos amplios que justifican de manera parcial o total los golpes de Estado, minimizan la dimensión de los crímenes o presentan la represión como respuesta inevitable al supuesto “desorden político”. Con el paso del tiempo, estos discursos han encontrado nuevos espacios de difusión.

El ascenso de la extrema derecha no puede entenderse ni explicarse únicamente desde la óptica de la habilidad de sus dirigentes. Muy al contrario, este debe ser escrutado desde el fracaso de quienes gobernaron antes. Cuando los partidos progresistas prometen transformaciones profundas y más tarde no las llevan a cabo, todo esto genera una fuerte frustración entre la ciudadanía.

La precariedad de la vivienda o el resquebrajamiento de los servicios públicos alimentan una sensación de abandono que la extrema derecha aprovecha para ofrecer respuestas simples y vacías de contenido real, al tiempo que señala falsos culpables, entre ellos a las personas migrantes. Frente a esta estrategia, la izquierda debe afrontar los problemas reales mediante políticas sociales, integración, redistribución de la riqueza y fortalecimiento de los servicios públicos, evitando que el malestar ciudadano sea dirigido contra los sectores más vulnerables.

La pregunta correcta no debería ser únicamente cómo pudieron los ciudadanos olvidar las dictaduras. También debemos preguntarnos por qué las democracias y los partidos tradicionales no consiguieron ofrecer respuestas creíbles a sus problemas cotidianos. De ahí que la principal enseñanza sea que ninguna sociedad queda vacunada para siempre contra el autoritarismo. Por lo tanto, la democracia necesita recordar los crímenes del pasado, pero también demostrar cada día que es capaz de resolver los problemas del presente.

____________

Annabella Martínez Calvo es socia de infoLibre.

Días después del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, solo allí donde llegaba la cobertura de las emisiones vía radio y las líneas telefónicas y/o telegráficas, fundamentalmente las grandes ciudades y pueblos importantes de España, se podía tener, al menos, una idea del desarrollo y situación general de la guerra. No así en la mayor parte del país, sumido, sobre todo en zonas rurales, en la incertidumbre y el miedo.

Ya destaqué en mi anterior libro sobre La Radiodifusión en la República, el Golpe de Estado y la Guerra Civil Española que los franquistas, a pocos días del golpe, todavía no habían triunfado en la mayor parte del territorio nacional y mucho menos en las capitales más importantes: Madrid, Barcelona y Valencia. Pero esta situación se fue revirtiendo debido a la intervención de los cuatro ejércitos aliados contra la República: el franquista afín de la península; el de las tropas africanas de regulares y legionarios, que era un contingente de unos 30.000 soldados muy entrenados para la lucha; el apoyo del nazi alemán y el fascista italiano.

Además, aunque menos importantes, fueron las tropas portuguesas de los “Viriatos”, voluntarios promovidos subrepticiamente por la dictadura salazarista de Portugal (1). Por otra parte, con ayuda de la instalación de equipamientos de radiodifusión de gran potencia procedentes de la Alemania nazi y la Italia fascista, el bando rebelde fue acaparando el relato del éxito golpista. Es notorio que, de los aproximadamente 400.000 receptores de radiodifusión existentes en España en esas fechas, por su gran costo, en su mayoría eran propiedad de familias de mejor poder adquisitivo, entre ellas las organizaciones de los “quintacolumnistas”.

Este término fue inventado por el general franquista Emilio Mola en una locución radiofónica. Las cuatro columnas eran las agrupaciones militares del bando sublevado que avanzaban hacia Madrid de forma simultánea desde diferentes puntos geográficos, en el otoño de 1936. Según la documentación histórica consultada, los frentes de avance correspondían a los siguientes ejes: la columna de Toledo, tropas que subían desde el sur tras haber tomado Toledo y el Alcázar; la columna de la carretera de Extremadura, fuerzas compuestas en gran parte por tropas coloniales —regulares y legionarios— que avanzaban por el suroeste de la península; la columna de la Sierra, tropas procedentes del norte que presionaban a través de los pasos de la Sierra de Guadarrama y Somosierra; y la columna de Sigüenza, contingentes militares que empujaban desde el noreste, en el eje de la provincia de Guadalajara.

Estas fuerzas operaban bajo la dirección del general Mola en el norte y la ejecución en el terreno de comandantes, como el general José Enrique Varela, rodeando de forma progresiva los accesos principales a Madrid. La quinta columna era una red civil y clandestina de saboteadores que, en contacto vía radio, ayudaban al bando nacional ocultándose en la retaguardia enemiga. En la zona republicana se adoptó rápidamente el término para alertar a la población sobre el “enemigo interior”; sin embargo, esto también supuso una gran paranoia colectiva.

Además de requisar las emisoras privadas de radiodifusión, que disponían de la concesión del Estado desde 1924, el Gobierno de la República intentó controlar a los ciudadanos que eran titulares de aparatos receptores sin licencia y a aquellos que, aun con ella, fueran sospechosos de estar en contacto con las tropas golpistas. Pero esto no pudo conseguirse totalmente, y a veces aparecían por Madrid y otras ciudades pasquines y octavillas anunciando el avance franquista y animando a la rebelión.

La prensa privada como tal desapareció por completo en la zona republicana tras el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936. Los periódicos de propiedad particular e independiente fueron incautados por el Gobierno republicano, por comités obreros o por sindicatos gráficos —como la UGT y la CNT— para convertirse en órganos de propaganda de partidos políticos y milicias. Por ejemplo, ABC y La Voz —la edición de Madrid— (2), El Debate, Ya, El Siglo Futuro, El Sol e Informaciones.

Aun con las dificultades de la escasez de papel, las organizaciones populares republicanas editaban, en su zona de influencia, revistas informativas, culturales, TBO, etc., que procuraban distribuir por el territorio todavía fiel a la República. La distribución abarcaba diferentes géneros y audiencias, adaptándose a las necesidades de la guerra y la retaguardia:

Prensa de frente y miliciana: editada por batallones, brigadas y sindicatos —como el 5º Regimiento—. Servía como órgano de propaganda, arenga y moral combativa.

Revistas culturales y literarias: destacaba Hora de España, financiada por el Ministerio de Propaganda, donde escribieron destacados intelectuales y poetas de la época.

Revistas ilustradas y de retaguardia: publicaciones como Mi Revista o Espectáculo —del Sindicato de Industrias del Espectáculo—, destinadas a mantener la actividad cultural y dar soporte a los refugiados y heridos.

Sátira política: cabeceras como La Traca y L'Esquella de la Torratxa, orientadas a la crítica ideológica de izquierdas y anticlerical.

Buena parte de estas publicaciones han sido recopiladas y digitalizadas. Para investigar los números originales o buscar artículos, el lector puede consultar los catálogos digitales de la Hemeroteca del Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona o al catálogo del Kiosco Digital de la Guerra Civil Española del Ministerio de Cultura. 

Por último, hay que resaltar que la gran mayoría de los poetas, escritores y artistas de vanguardia españoles, junto a destacadas figuras internacionales, ejercieron como intelectuales activistas de apoyo a la Segunda República, organizándose para divulgar documentos a través de colectivos culturales y mítines en los frentes de batalla para combatir el ascenso del fascismo. (1)

Intervinieron ya en julio de 1936. No respetaron su firma del Pacto de No Intervención. Y tampoco la Unión Soviética, que ayudó a la República en octubre de 1936. (2)

La edición de Córdoba, en la que luego fui suscriptor y colaborador a principios de los años ochenta durante la dirección de Francisco Solano Márquez, fue requisada y su director, Pablo Troyano, ejecutado por los fascistas.

___________________

Nicolás Puerto Barrios es Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. Escritor y Periodista. Miembro del Foro Histórico de las Telecomunicaciones Córdoba.

Las guerras no caen sobre los pueblos como un manto. Esto no es realismo mágico. Las guerras son evitables, interesadas e injustas; una decadencia que se multiplica especialmente cuando hablamos de la Guerra Civil española.

Desde el 18 de julio de 1936 han transcurrido exactamente 90 años. El paso del tiempo es ineludible. Son ya muy pocas las personas que pueden rememorar aquellos años desde la experiencia vivida —y recordada—. Pero aún así, nosotras seguimos leyendo, haciendo vídeos, comentando, escribiendo artículos y debatiendo sobre el tema. No serán pocas las personas que a la llegada de estas líneas se lamenten: "¿Otra vez?", "¿Pero acaso quedan todavía cosas que decir sobre la Guerra Civil?". Otras, atrapadas en la falacia del falso dilema, insistirán en que debemos dejar de mirar atrás y centrarnos en el futuro (como si proyectar lo venidero no implicara necesariamente revisitar el pasado).

El caso es que sí. 90 años después seguimos hablando de la Guerra Civil. Como apuntaba Nicolás Sesma en ¿Hasta cuándo seguiremos hablando de la Guerra Civil?, lo excepcional sería que no lo hiciéramos. ¿Por qué deberíamos renunciar a su relectura? ¿Cómo vamos a dejar de mirar una de las experiencias más cruentas y trágicas del pasado reciente de nuestro país? ¿Cómo someter al ostracismo un episodio que fue alterado, enaltecido y convenientemente silenciado durante décadas?

Lo justo es, para nuestra memoria común e incluso, nuestra calidad democrática, que lo recordemos. No con rabia, no con nostalgia, sino con pedagogía, para plantearnos "qué no queremos ser". Pero no creáis que su venida al presente como lectores y espectadores debe ser sencilla, unívoca y poco problemática. A la vista está que todo lo contrario. Si bien la Historia ya es poliédrica, compleja y ambivalente; cuando se trata de recientes episodios traumáticos las opiniones se disparan y sus aristas se vuelven mucho más puntiagudas; la memoria acucia. No en vano a inicios de este año saltaba a la palestra nuevamente el debate sobre responsabilidades, narrativas y omisiones en el marco del polémico foro 1936: La guerra que todos perdimos, coordinado por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra.

A pesar de que la memoria colectiva tiene mucho de individual, a pesar de que el relato histórico nunca cae de un solo pie, cuando hablamos de la Guerra Civil sería importante llegar a ciertos consensos que nos brinda la propia historiografía. Porque lo que ocurrió en este, nuestro país, no fue una tragedia inevitable, fue un capricho de golpistas.

El 17 de julio de 1936 un grupo de oficiales se sublevó en Melilla. Pero su intentona fracasó, el golpe no triunfó en todo el país, el pueblo se defendió y desencadenó una cruenta guerra que se extendería durante casi tres años. Pero este sector del Ejército no representaba a la mayoría, se levantaron contra un régimen democráticamente elegido en las urnas, atentaron contra la soberanía popular. Así, frente a la violencia, la ciudadanía defendió los derechos y libertades que tanto esfuerzo y sacrificio colectivo habían costado. Por eso, lo que estalló a partir del 18 de julio de 1936 —pero que venía granjeándose desde antes— no fue un destino trágico del pueblo español sino un capricho injusto de unos pocos. Tal vez esta sea la primera premisa de la que debamos partir: que lo que llegó con esperanza y celebración en las calles, se marchó con sangre, armas y la ayuda internacional del fascismo europeo. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón.

"Pero luego llegó la paz", o lo que es lo mismo, la institucionalización de la represión y la violencia. El 1 de abril de 1939 España anocheció con vencedores y vencidos. Y los vencedores llenaron las calles y las plazas. Y los vencidos llenaron las cárceles y las cunetas. Por eso, la guerra no la perdieron todos; porque algunos la ganaron; y obtuvieron honores y recompensas. Pero quienes la perdieron, perdieron sus vidas, su país, sus libertades, sus derechos, sus conquistas durante cuatro décadas. Después vino la omisión, la "reconciliación", el "consenso". Librarnos de la herencia de la "memoria de Franco" está siendo uno de los mayores retos para la memoria democrática.

Así que sí, a grandes rasgos, la memoria es plural, diversa, incluso se puede encontrar dividida. En la experiencia cotidiana —e histórica— conviven multitud de narraciones y vivencias. Por eso, no es un ejercicio sencillo el de memorar la Guerra Civil. Probablemente no traerá consigo el consenso unánime; pero sí traerá la praxis democrática siempre que sea el rigor, el respeto y la justicia lo que motive nuestro debate. El pasado no deja de apelarnos; nosotras elegimos cómo escucharlo.

_________________________

Josefa Mesa es graduada en Historia y divulgadora en redes sociales (@josefinetable).

El 18 de julio se conmemora el 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil española, el evento más devastador de nuestra historia reciente. A pesar de haber pasado casi un siglo, sus secuelas psicológicas siguen afectando a miles de personas, supervivientes o descendientes, con un impacto equiparable a un problema de salud pública, sin que exista un registro exhaustivo de estos síntomas ni una atención especializada.

Lejos de ser una cuestión exclusivamente política, la psicología tiene mucho que decir sobre este fenómeno.

En tan solo tres años, la Guerra Civil dejó cerca de 500.000 muertos –aunque la cifra varía, según las fuentes consultadas, entre las 380.000 y 700.000 víctimas–.

La posterior dictadura de cuatro décadas sometió a "una de las dos Españas" –en versos de Antonio Machado– a violencia, persecución y humillación, impidiendo además cualquier ritualización de las despedidas a los seres queridos. Esto dio lugar a una auténtica "epidemia" de estrés postraumático, con síntomas como la hipervigilancia, las pesadillas y los pensamientos intrusivos.

Cuando llegó la Transición, el "pacto del olvido" tampoco trajo la paz que tantos esperaban: las familias se vieron obligadas a guardar silencio sobre su sufrimiento, en lo que se conoce como "el grito de Hilda", un homenaje a las víctimas de la represión de la recientemente fallecida Hilda Farfante, hija de dos maestros fusilados, que se convirtió en el himno de los desaparecidos del franquismo.

Como respuesta nace el proyecto BENITA (Bienestar psicológico ante la exhumación y duelo no resuelto: influencia del trauma y la pérdida ambigua en familias de víctimas de la represión franquista). Se trata del primer estudio terapéutico con víctimas del franquismo en España y cuenta con la colaboración de la Asociación Comisión de la Verdad San Sebastián de los Reyes (ACVSSR). A través de él, y a partir de este mes de julio, un equipo interdisciplinar de especialistas en victimización e intervención en duelo entrevistará durante cuatro años a familiares de segunda a cuarta generación de víctimas del franquismo para detectar los síntomas.

Para quienes vivieron directamente la represión, no saber dónde se encuentra su familiar da lugar a lo que Pauline Boss, catedrática emérita de la Universidad de Minnesota, define como "pérdida ambigua": un duelo sin un cuerpo al que llorar. A ese malestar, el miedo a las represalias del régimen pudo sumarle un duelo congelado –a la espera de un momento en que poder expresarlo– y desautorizado, no reconocido por toda la sociedad.

Para las generaciones más recientes, la desautorización adopta otra forma: la falta de una defensa unánime de la necesidad de atención emocional. Sin esa validación, el duelo no puede elaborarse, independientemente de cuándo se haya nacido, como ya se ha documentado en familiares de distintas generaciones en otros países que atravesaron dictaduras, como Chile.

La conjunción de estos fenómenos explica la transmisión intergeneracional del trauma: en un estudio con descendientes de quienes padecieron el genocidio de Ruanda se observó que el dolor de las primeras generaciones afectaba a las siguientes, que mantienen los síntomas psicológicos asociados al trauma.

Es más, personas de tercera y cuarta generación en España, incluso sin haber conocido a quienes faltan, pueden seguir sufriendo por el mismo motivo que sufrieron sus antepasados. ¿Podemos permitirnos las sociedades democráticas que existan personas con trauma sin brindarles atención?

En España hay registradas 4.922 fosas en el mapa del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. De ellas, casi el 17% han sido dignificadas, pero el 40% todavía no se han intervenido. Este mapa interactivo eleva el número a 6.000, indicando que en España no es posible estar a más de 50 kilómetros de una fosa común.

Esto significa que hay decenas de miles de familiares buscando los restos de sus allegados o esperando a que sean identificados como única forma de paliar el abismo del olvido al que se enfrentan.

Naciones Unidas articuló, en 2004, el marco de referencia internacional para abordar estos contextos: la Justicia Transicional. Se trata de un marco de intervención para países donde finaliza un conflicto, y se basa en cuatro pilares: la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

La evidencia muestra que cuanto antes se aplica este marco, mayor es su eficacia. En países como Argentina, Chile o Sudáfrica, que han sufrido enfrentamientos civiles y dictaduras, las intervenciones que combinaban reconocimiento institucional e intervención psicológica en torno a esos cuatro pilares han aportado evidencia sobre el potencial reparador.

En ese sentido, las leyes de Memoria Histórica (2007), de Memoria Democrática (2022) y la Recomendación de la ONU en 2014 –que instaba a España a considerar la "búsqueda de desaparecidos como obligación estatal"– han sido pasos valiosos hacia algo similar a la justicia transicional. Entre otras cosas, han ayudado a validar a las familias, a dignificar la memoria de las víctimas y a impulsar la búsqueda de desaparecidos.

Pero, como hemos mencionado, el dolor acumulado persiste durante generaciones, como acreditan los bancos de voces que digitalizan horas de testimonios de supervivientes de toda España (Banco Audiovisual de Testimonios; HISMEDI; Vencidxs); libros con testimonios sobre duelo y exhumación (Lloros vueltos puños, de Ignacio Fernández de Mata; Remover cielo y tierra, de Zoe de Kerangat, o Las exhumaciones por Dios y por España, de Miram Saqqa). Todos son de un valor histórico incalculable.

El proyecto Benita es un compromiso científico, humano y social que pretende entender ese sufrimiento intergeneracional y ofrecer mecanismos de intervención basados en la evidencia para paliarlo antes de que pase más tiempo.

-------------------------------------------------

Nereida Bueno Guerra es profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Departamento de Psicología, Universidad Pontificia Comillas. José Gamoneda Larripa es investigador en Universidad Pontificia Comillas-UNINPSI .Pablo Cortina Rodríguez es candidato a PhD en la Universidad Pontificia Comillas. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

El Curso de Verano de infoLibre en la Universidad Complutense de Madrid, "De la censura al algoritmo", se celebró este martes con periodistas, creadoras de contenido, historiadoras, cineastas y responsables institucionales debatiendo cómo recuperar el relato frente a quienes controlan el poder digital.

La jornada, organizada con la colaboración del comisionado de 50 años de España en Libertad y de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, combinó mesas redondas, talleres y conferencias sobre una misma cuestión: cómo evitar que la desinformación gane la partida a la convivencia, la identidad y la capacidad ciudadana de distinguir el hecho de la ficción.

La inauguración corrió a cargo de Pepa Bueno, conductora del Telediario 2 de TVE, y Jesús Maraña, director editorial de infoLibre. Bueno cuestionó la idea de que la inteligencia artificial pueda sustituir a los periodistas.

Recordó que quienes primero ignoraron internet y después se lanzaron al clickbait vacío pretenden ahora reemplazar a los profesionales por “maquinitas” y preguntó si un algoritmo podría contar a qué huele el incendio de Los Gallardos, o cómo se le quiebra la voz a alguien que ha perdido a un familiar.

El periodismo, defendió, exige comprobar casa por casa la realidad de los hechos. El peligro no está en las máquinas, sino en sus dueños y en los objetivos de quienes controlan los sistemas que difunden medias verdades.

Bueno y Maraña situaron la raíz del problema en la economía del oficio. La precarización del periodismo desde la llegada de internet ha reducido la independencia de los profesionales, que antes podían llegar a fin de mes sin depender de otros ingresos.

El director editorial de infoLibre atribuyó esa precarización a decisiones empresariales. “La precarización no viene de Marte”, dijo, antes de explicar que las grandes empresas prescindieron de los profesionales con más experiencia para apostar por sueldos bajos, una segunda ola ahora impulsada por la inteligencia artificial.

La responsable del Telediario 2 propuso un triple ejercicio de transparencia frente a esta deriva. El profesional, que explique las herramientas y los códigos usados. El ético, que aclare los valores desde los que se informa. Y el financiero, que permita al público saber quiénes son los dueños de los medios.

La primera mesa, moderada por Marta Jaenes, subdirectora de infoLibre, introdujo el humor como herramienta de denuncia. El influencer Marc Biarnés, conocido como Nosoloviernes, explicó que el algoritmo de plataformas como TikTok o Instagram no es neutral. "Lo regula quien lo regula, que no es una persona progresista", dijo.

Biarnés advirtió que la audiencia joven busca contenidos de treinta segundos, un formato que facilita la propagación de bulos. Pidió una regulación estricta contra el odio impune en redes como X. “El día que lleguen las multas por bulo, más de uno se callará la boca”.

La construcción de la memoria fue el otro eje de la mesa. La directora de cine Laura Hojman defendió que la identidad de un país se construye tanto por lo que se cuenta como por lo que se silencia. Calificó de "terrorífico" ceder la narración humana a la inteligencia artificial.

La profesora Alicia Parras recordó el silencio que sufrieron durante décadas los fotógrafos de la Guerra Civil. Advirtió que la memoria colectiva reside hoy en nubes de empresas privadas que podrían desaparecer o cambiar de manos de un día para otro. Y el periodista Arturo Lezcano vinculó el pasado migratorio de España con la actualidad. Lamentó que algunos líderes políticos olviden que en los años sesenta los españoles fueron emigrantes, mientras regiones como Ourense reciben hoy a miles de personas extranjeras.

La mesa "Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos", moderada por la directora de infoLibre, Virginia P. Alonso, partió de una premisa: la plaza pública donde antes se hacía política ha sido sustituida por un escenario digital que monetiza la confrontación.

Antonio González, estudiante de Antropología y creador de contenido, denunció que la viralidad se mide por la polémica que genera un contenido, no por la solidez del argumento. Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres, señaló que las mujeres conocen mejor que nadie la monetización del odio en redes.

Hernández explicó que ese hostigamiento no es nuevo, sino una adaptación de violencias antiguas. Recordó que Clara Campoamor ya era tildada de histérica en el Congreso, un desprecio que hoy se actualiza con términos como "charo".

Sabela Rodríguez, redactora de Igualdad en infoLibre, advirtió que el algoritmo premia siempre la confrontación en los temas de igualdad para maximizar el tráfico. Rodríguez constató que para los jóvenes ya no existe frontera entre medios y redes, y que el nuevo analfabetismo consiste en no distinguir información veraz de propaganda. 

A su vez, David Álvarez, profesor de la Complutense, propuso adaptar el lenguaje periodístico a las redes sin complejos. "Si se tiene que empezar con un reel y acabar en reflexión, que empiece en un reel", dijo, antes de reivindicar el periodismo como contrapoder. "Si no es contrapoder, no es periodismo".

El rapero El Chojín, Domingo Antonio Edjang Moreno, puso banda sonora a la jornada en su taller "Música y contracrónica social". Recordó sus inicios en 1990, cuando el rap no era una industria sino la necesidad de contar lo que llevaba dentro.

Citando a Chuck D, de Public Enemy, definió el rap como "la CNN de los barrios". El periodismo, a veces, se percibe desde una intelectualidad que aleja al ciudadano común. El rap, en cambio, usa el lenguaje de la calle. "A veces es más efectiva la música que un artículo”.

Abordó también la columna de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol, que calificó de "proclama abiertamente racista". Lamentó que la derecha esté perdiendo los complejos y se parezca cada vez más a una ultraderecha que decide quién es ciudadano según su color de piel.

El profesor Raúl Magallón, de la Universidad Carlos III, advirtió en su taller "La prensa contra las cuerdas" sobre el poder del lenguaje. "Quien fija el primer marco cuenta con una ventaja casi definitiva", dijo.

Ante las "alucinaciones" de la inteligencia artificial, con una tasa de error del 10% en millones de consultas diarias, planteó la necesidad de un derecho de rectificación frente a sus fabulaciones. Propuso la técnica del "sándwich de la verdad". Empezar por los hechos reales, señalar la mentira sin amplificarla y repetir la realidad con insistencia.

Señaló a Telegram como el canal opaco en el que se concentra buena parte de la desinformación en España. Recomendó certificar capturas con herramientas como eGarante, para que el borrado de una publicación no elimine también la prueba del bulo. "En caso de duda, la primera reacción debe ser comprobar antes de compartir".

En su turno, hablando de bulos, redes y discursos de odio, Elena Reinés, publicista, creadora de contenido y cofundadora de WokeUp News, sostuvo que los bulos apelan a la emoción y que los datos no bastan para desmontarlos, porque son “dos lenguajes totalmente distintos”. Defendió que la izquierda necesita generar sus propios marcos narrativos y perder el recelo hacia el marketing, ya que comunicar mejor no equivale a manipular.

Estefanía de Antonio, responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas Visuales de RTVE, ilustró con la investigación “Torre Pacheco, anatomía de un bulo” cómo la violencia digital salta a la calle, y recordó que solo el 22% de los contenidos falsos fue retirado semanas después de los disturbios. Explicó que en RTVE se centran en desmentir el mensaje, no en dar notoriedad a quien lo difunde, y reivindicó el rigor del lenguaje periodístico: “Si una noticia es falsa, entonces no es una noticia”, por lo que pidió hablar de contenido falso y no de noticias falsas.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cerró la sesión matutina con una reflexión sobre la verdad compartida. Puso ejemplos de su tierra, Canarias, donde desapariciones y ejecuciones de la guerra y el franquismo fueron durante años suplantadas por relatos de personas emigradas a América que en realidad habían sido asesinadas.

Carmina Gustrán, comisionada para la Celebración de los 50 Años de España en Libertad, había subrayado unas horas antes, en la bienvenida a la jornada, que el periodismo ético es una de las bases del sistema democrático. Advirtió que en un momento en que los discursos de odio se han vuelto admisibles, la ciudadanía tiene más derecho que nunca a una información veraz.

Ya en la sesión de tarde, Nacho Carretero, periodista, escritor y productor audiovisual, señaló tras la proyección de la película Nightcrawler, el error cometido por el periodismo al entrar a competir con perfiles ajenos a la verdad, como los que representa el agitador ultra Vito Quiles. Mientras el periodista honesto debe destruir sus propios prejuicios al enfrentarse a una historia, explicó, estos actores parten del titular ya escrito y fuerzan la realidad para que encaje.

Paloma Rando, redactora, columnista y guionista de televisión, sostuvo que los algoritmos empujan a sus usuarios hacia posturas más conservadoras porque la emoción que genera más permanencia en pantalla es la ira, más que por un sesgo ideológico de las plataformas. Mantener al usuario enfadado, dijo, es un negocio lucrativo.

En la clausura, Maraña resumió los conceptos que atravesaron el encuentro. La precariedad como factor que condiciona la información y la desinformación, la exigencia de responsabilidad a quienes manejan datos sensibles, y la defensa de una regulación real de plataformas, redes e inteligencia artificial.

Aclaró que esa regulación no implica intervenir en la libertad de expresión, sino exigir a las plataformas la misma responsabilidad que a cualquier medio identificado como tal. Citó el ensayo de Timothy Snyder para cuestionar la supuesta opacidad ingobernable del algoritmo, y defendió que las instituciones pueden legislar para que ofrezcan pluralidad de ideas en lugar de solo confirmar el rastro digital del usuario.

Propuso el fin del anonimato, con un registro identificable aunque se publique bajo pseudónimo, como medida frente a la impunidad de la calumnia. Y señaló la velocidad como lo más difícil de gestionar hoy en el análisis periodístico.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su reunión de este martes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Concordia de Extremadura, acordada el año pasado con los votos a favor del Partido Popular y de Vox y que supuso derogar la anterior normativa autonómica sobre memoria democrática.

El Gobierno, a petición del Ministerio de Política Territorial y de Memoria Democrática, dará este paso después de haber pedido el informe previo al Consejo de Estado, que emitió su dictamen en la reunión que mantuvo el jueves pasado, según fuentes del Ejecutivo.

La Ley de Concordia fue aprobada el año pasado en la Asamblea de Extremadura y fue una de las exigencias de Vox para respaldar a María Guardiola en su primera investidura. En cambio, contó con los votos en contra del PSOE y de Unidas por Extremadura, que consideraron durante el debate parlamentario que se trataba de una norma con carácter revisionista y una humillación para las víctimas del franquismo.

El Gobierno ha tratado de negociar con la Junta de Extremadura durante los últimos meses para evitar el conflicto ante el Tribunal Constitucional, pero no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo. Por ello, ahora el Ejecutivo central pulsará el botón del recurso para intentar frenar la norma en el Alto Tribunal al entender que vulnera el marco de la ley estatal de Memoria Democrática.

La norma autonómica, impulsada por la ultraderecha, borra la referencia a la dictadura y obvia aspectos como la represión franquista al colectivo LGTBI, la perspectiva de género, y las asociaciones memorialistas. Además, evita que se tengan que eliminar los símbolos franquistas y rehúye las sanciones por destruir fosas comunes.

La aprobación de esta ley supuso la derogación de la norma sobre memoria democrática que aprobó el Gobierno extremeño en 2019, con Guillermo Fernández Vara a la cabeza. Los socialistas autonómicos criticaron duramente al PP y Vox por esta decisión porque, en su opinión, se trata de “un retroceso para quienes están comprometidos con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

El Gobierno ya ha llevado al Tribunal Constitucional leyes de Concordia parecidas y aprobadas por comunidades como Balears, Aragón, Cantabria y la Comunidad Valenciana. El Ejecutivo entiende que cada una de estas normas tienen un efecto similar al tratar de mantener las exhumaciones, pero no defender el derecho a la verdad (derecho a conocer lo que ocurrió), el derecho a la reparación pública (tanto material como moral) y el derecho de garantías de no repetición, fundamentalmente a través de esta reparación pública y de la inclusión de estos contenidos en el sistema educativo.

Además, el Gobierno central ha advertido durante estos meses que estas leyes autonómicas extinguen los órganos administrativos que se habían creado para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática.

El pasado 2 de julio, la Cámara de los Comunes se convirtió en un valle de lágrimas y en escenario de un conato de unidad política raramente visto. A Sarah Pochin, diputada del ultraderechista Reform, se le rompía la voz narrando la historia de su madre, forzada a dar en adopción a su hijo por estar soltera. La diputada laborista Tracy Gilbert, adoptada en 1972, se conmovió y conmovió a diputados de todos los partidos con las averiguaciones que ha hecho sobre cómo fue tratada su madre biológica. Hasta los parlamentarios conservadores, cuyo partido no se prodiga en disculpas históricas, se sumaron a la dispensa en nombre del Estado por las adopciones forzadas de 1949 a 1976, unas 185.000 en Inglaterra y Gales.

El primer ministro, Sir Keir Starmer, se disculpó en nombre del Estado británico y calificó de “mancha en nuestra historia” el papel que tuvieron instituciones públicas —religiosas o políticas— y empleados del Estado —médicos, enfermeras o asistentes sociales—. “La vergüenza no es vuestra; nunca fue vuestra; es nuestra”, concluyó el premier dirigiéndose a las mujeres. Esta clemencia no surge de debajo de las piedras, sino que las mujeres citadas y otras han formado el Movement for an Adoption Apology (MAA, Movimiento por la Disculpa por las Adopciones) para que el Gobierno, en nombre del Estado, emitiera la absolución oficial e institucional.

Un miembro de MAA es Judy Baker, quien, en 1968, a los 18 años, quedó embarazada de un hombre que no quiso responsabilizarse de sus acciones. Ha pasado tiempo desde 1968; no obstante, a Judy recordarlo aún le afecta a la voz y a las emociones, que permanecen a flor de piel cuando lo cuenta a infoLibre en una entrevista que resulta terapéutica. “Entonces el aborto era ilegal, yo vivía en Londres y contacté con una amiga enfermera que me mandó a un psiquiatra, quien me dijo si quería matar a mi hijo; una asistente social contactó con mi madre y entre todos decidieron que la adopción era lo mejor; todos eran personas con autoridad”, cuenta Judy.

“Ingresé en una casa de acogida, di a luz en un hospital y volví a la casa con mi niña; tras unas semanas llegó una carta de la agencia de adopción con una cita, el día y la hora, que venían a lo que yo creía ver a mi hija; la asistenta social se la llevó; me quedé mirando la puerta cerrada, esperando que se abriera de nuevo y regresaran. Me sacaron de la casa, y me esperaba mi madre”, relata Judy, reviviendo cada pequeño detalle de aquella experiencia que todavía parece por superar emotivamente. La mayor crueldad que ella ha conocido.

Dos años permaneció Judy en Londres con el estigma y el trauma de lo ocurrido. La avisaron de que no revelara a nadie que tenía una hija, un secreto que carcomió a otras mujeres hasta la tumba. “En 1970 decidí irme a España y cambiar de geografía; aunque no iba a cerrar la herida que me traumatizaba, al menos allí no me conocían, podía empezar de nuevo”, continúa Judy.

Estuvo unos meses en Tossa de Mar, de allí fue a Barcelona a trabajar, gracias al inglés, en la primera agencia de Relaciones Públicas que se abrió en la ciudad. “Era una sociedad muy machista, tuve una relación de pareja muy negativa”, recuerda.

Tras cuatro años de refugio español, que coincidieron con la agonía del franquismo, Judy regresó a Inglaterra con su secreto y el deseo inalterable de formar una familia, de las que salen en los anuncios de pensiones o de turrones. Tras un matrimonio breve y un divorcio, se casó de nuevo con un hombre con el que se amaron hasta que él murió hace unos años, conocedor desde el primer día de la lesión psicológica enquistada en Judy.

Cada vez que ella cambiaba de casa informaba a las agencias de adopción que habían intervenido en la adopción de su hija, por si acaso la hija quisiera contactarla. “En el año 2000 se produjo lo tanto ansiado; me llegó una carta de alguien a quien había conocido en 1968”, recuerda. Por entonces ya empezaban internet y los correos electrónicos; así y todo, durante unos meses se enviaron cintas magnetofónicas con sus voces y fotografías.

“El 26 de junio de 2000 nos vimos cara a cara; el 26 de junio de 1968 la había visto por última vez; ella era un saco de nervios, yo un poco menos, pero anímicamente desbordada”, recuerda Judy, conmovida, 26 años después de conocer a su hija. La madre tenía 50 años; la hija, 32.

Las historias de padres y madres reencontrados con hijos biológicos adultos no son cuentos felices. Cierran una herida y, a menudo, abren otra. La hija de Judy se divide entre sus padres ancianos adoptivos y la madre biológica reencontrada tras un inmenso vacío. “Yo soy persona non grata para los adoptivos; sin embargo, la situación es más difícil para mi hija que para mí”, añade Judy, que no ha tenido más hijos.

Para obtener algo de consuelo, si no solución a su problema, buscó casos como el suyo. Primero para apoyarse entre ellas; después tomaron el cauce reivindicativo con el MAA, la disculpa histórica reciente y una lista de peticiones al Gobierno para ayudar a financiar terapias, garantizar el acceso a la documentación sobre las adopciones y facilitar el encuentro de los adoptados con sus familias biológicas.

“La disculpa es importante porque aquí hay miles de personas que han sido víctimas del comportamiento de ayuntamientos, instituciones religiosas y sociopolíticas o empleados del Estado como médicos, enfermeras o asistentes sociales”, reconoce Judy, quien calcula que los afectados son medio millón de personas, en lugar de 185.000.

Judy y otras mujeres fueron recibidas por el primer ministro antes de emitir la disculpa. Este perdón no es el único que ha pedido Keir Starmer dentro de la memoria histórica con la que tratan desde hace tiempo. Starmer se disculpó también en nombre del Estado ante la familia de los cinco asesinados en el barrio de Springhill, en Belfast, el 9 de julio de 1972. Esta dispensa se produce tras una larga investigación sobre los muertos citados. Con un lenguaje que hace auténticos malabares, el conflicto de Irlanda del Norte, desarrollado entre 1968 y 1998 y con 3.500 muertos, genera clemencias parciales por parte de Londres. Lo mismo ocurre con el esclavismo o el comportamiento imperialista en matanzas como la rebelión Mau Mau en Kenia o la hambruna de Bengala.

Las excolonias británicas de África y el Caribe reclaman una disculpa formal y compensaciones por el esclavismo. El rey Carlos III ha manifestado un “gran pesar y profundo lamento” por el comercio de esclavos. Del lamento, de momento, el monarca no ha pasado a la disculpa y menos aún a la compensación económica.

Ahora que comenzamos el verano, si no es que lo tenemos totalmente encima, nos podemos liberar de los aires enfermizos que nos dejaban más que fríos por tantas tormentas que nos obligaban a ponernos a buen recaudo de los bulos que siempre nos atormentaban y atormentan a diario.

Ahora nos parece mentira poder disfrutar de una aparente estabilidad sin que funcionen los ventiladores políticos de la marca “Y tú más”, porque ya contamos con un aire acondicionado que nos ofrece mejor clima familiar y político.

Podemos descansar de malos vientos y ventoleras que nos asedian con bulos que nos rodean a diestra y siniestra, como también de silencios cómplices de escándalos que flotan intensamente o bucean para no ser vistos.

Podemos considerar que es hasta ventajoso que las noticias y tertulias se hayan abierto con un esfuerzo titánico para poner en la palestra fantasmas ocultos y meigas que desde Galicia no dan la cara, pero sí prestan su voz y sus misteriosas andanzas marítimas que han trocado el saberlo todo en no saber nada y hasta decir que no se acuerdan de nada y que desde el resentido dictador hasta sus paisanos de hoy siguen teniendo alergia a una saludable memoria democrática.

Podemos constatar, sin embargo, que buena parte de la libertad está administrada desde estancias privilegiadas del poder, no omnímodo, si queremos, pero sí ciertamente interesado para que la aparente democracia no sea total, no vaya a ser que tengamos que lamentarnos de movidas futuras, porque no aprendimos de aquellas tres penosas elecciones generales pasadas, que consiguieron meternos a Vox en el Parlamento.

Podemos, mientras tengamos tiempo, ver cómo corregimos los entuertos del pasado y que, aunque sea a regañadientes, se corrijan aquellas actitudes de desconfianza a quienes no engañan ni roban ni abandonan por más que hayan sido acusados de tantas cosas que sabemos quedaron orilladas, casi silenciosamente, por el peso de las punitivas miradas de gente de bien.

Podemos, a pesar de los dudosos avances, fijarnos en que no hay tanta claridad ni justicia aperturista cuando en los informativos oficiales, por sus horarios de posibles mayores audiencias, se nos impide que podamos escuchar todas las palabras de todas las opciones políticas, aunque se nos conceda el pastel informativo en un horario poco accesible al común, cuando la mayoría de la posible audiencia está trabajando y no tiene un democrático acceso a todas las opiniones, aclaraciones y propuestas alternativas que nos hablan claro de que la “prioridad nacional” es la vivienda de los españoles, y no la de los fondos buitres totalmente extranjeros y demás colaboradores nacionalistas que hasta desahucian a españoles —muy españoles y más españoles—.

Tampoco nos enteramos bien de que sean unas “prioridades nacionales” una educación y una sanidad públicas y sean ninguneadas cada vez más, como estamos viendo con los últimos pactos políticos, sin líneas rojas y sin ponerse, siquiera, colorados. Es que el personal es capaz de coger el “colorín” —sarampión— y ponerse verde, como el color de algunos billetes de curso normal.

Ya no basta con el abandono progresivo de la sanidad pública ni con las reformas de criterios para cambiar el sistema educativo. Ahora, sin quitar los conciertos con centros educativos que segregan por sexos y por “posibles” de las familias, se quiere, también, concertar el Bachillerato, que no es obligatorio, y ahondar en los cimientos de los viveros de votos a través de una educación elitista y adoctrinadora, que, para colmo, suele acusar de adoctrinamiento a la educación pública.

Sabemos, además, por experiencia, que en la educación pública hemos “convivido” con compañeros y compañeras de otras ideologías y creencias religiosas.

Es más, se están suprimiendo unidades educativas públicas, pero no concertadas, para mayor desconcierto, por supuesto, de la pública.

No tenemos más remedio que aclarar que en todo este “cotarro” del que algunos quieren apropiarse nos falta un verdadero sentir de no dejarnos llevar por el “ni más ni menos” corrupción y hacer votos, dar los firmes pasos y optar, de una vez por todas, por el “nada” de corrupción y engaño.

________________________________________

Jose Maria Barrionuevo Gil es socio de infoLibre.

El curso nace como una propuesta de reflexión pública sobre cómo se construyen hoy los relatos democráticos y quién disputa su control: desde la memoria histórica y la cultura hasta las redes sociales, los algoritmos y el periodismo independiente. El proyecto combina pensamiento crítico, conversación pública, aprendizajes prácticos y producción cultural contemporánea a través de un formato híbrido que integra mesas de debate, talleres y actividades de networking.

Facultad de Ciencias de la Información UCM · Aula Berlanga · 09:00–14:00

Aula Berlanga · 16:00–19:40 

Las cosas no pintan bien. O como ustedes prefieran: las cosas pintan mal. Hace medio siglo que este país dejó demasiados deberes sin cumplir. No progresó adecuadamente, como suele decirse —si no estoy equivocado— en el lenguaje de las aulas. A partir de la muerte de Franco íbamos a atar los perros con longanizas. La República estaba a la vuelta de la esquina. Los golpistas que se habían tirado 40 años haciendo de Drácula con la gente de la derrota iban a saber lo que valía el peine de la represión. No en plan venganza, claro que no: la Justicia de la democracia recién estrenada ya se ocuparía de hacer bien su trabajo. Nada de juicios ilegales como los de la dictadura, que condenaron a cárcel y muerte a tantísima inocencia. Se celebrarían juicios con todas las garantías para los jerifaltes del franquismo. La historia sin embustes sería contada en las escuelas, en las casas que habían vivido tantos años con el miedo en las tripas, en las mesas de los bares, porque la conversación pública ocuparía el lugar del monólogo o el silencio impuesto por los vencedores. Muerto el perro, se acabó la rabia. Eso se pensaba. Pero resulta que, antes de que se enfriara el fiambre de la tromboflebitis, llegó la Transición y a la lechera se le hizo añicos el cántaro antes de llegar a la plaza para vender la leche.

Poner en entredicho la Transición estuvo proscrito la tira de años. Era como mentar a la bicha franquista si la criticabas. Ojo con despertar a la bestia. El acuerdo de las élites estaba claro: que no vuelva el desorden, que nadie quiere otra guerra, que la reconciliación no sería posible si cada cual no cedía al otro su parte de razón. Mucha gente nos preguntábamos qué parte de razón les tocaba a los franquistas. A los franquistas les tocaba la razón de la Justicia. Eso creíamos. Y punto. ¿O es que la democracia iba a ser un poco más de lo mismo que lo que hubo antes? Porque si el perro ha muerto, pero sigue la rabia, qué hemos adelantado con la muerte del perro. Y así durante muchos años. Criticar la Transición, su demasiada complacencia con los verdugos y una incomprensible vocación imperativa de olvidar a las víctimas, se convirtió casi en un delito. Así que nos dedicamos a exportar nuestro modelo de Transición a medio mundo. Éramos la hostia, el no va más de los ejemplos transicionales de las dictaduras a las democracias. De repente, todos íbamos a ser amigos de todos, a olvidar viejas rencillas de hermanos agrietados por una herencia maldita, a celebrar la gran fiesta de la reconciliación —como en aquella aventura de Corto Maltés— en los pedruscos mágicos de Stonehenge. Muchos años después leí lo que escribió Avishai Margalit en Ética del recuerdo: antes de la palabra reconciliación hay que colocar la palabra verdad. Y aquí hicimos lo contrario. Todos amigos de todos, aunque el nexo de unión siguieran siendo las mentiras del franquismo.

Las raíces de la Transición fueron saliendo a la superficie y levantando espacios de sombra que impidieron cada vez más dar algo de luz a la historia. Las leyes de memoria —o mejor: de olvido— llegaron muy pronto: la de la Reforma Política, la de Amnistía, la Constitución… El 23F sellaría el triunfo del miedo a la democracia de verdad. Luego llegaría Felipe González para que la chaqueta de pana se convirtiera en traje principesco, como en los cuentos de hadas, y después Aznar le haría la ola al franquismo ya sin complejos de ninguna clase. Ni verdad, ni justicia, ni reparación, como algunos exigíamos y seguimos exigiendo desde que empezamos a pensar que los tiempos podrían ser otros y tan distintos. Y ahora resulta que esos tiempos vuelven a ser los de cuando el perro no se había muerto y se pasaba el rato torturando a quienes defendían la libertad por las calles de un país sombrío hasta las cachas.

La famosa reconciliación que propugnaban los consensos de la Transición está hecha unos zorros. Que se lo pregunten a Aznar, a Feijóo, a Abascal, a Díaz Ayuso, a los militares fascistas a los que les gustaría fusilar "a 26 millones de hijos de puta", a los "imparciales" miembros del Tribunal Supremo. O a ese juez, carne de patología clínica obsesiva, Juan Carlos Peinado... Sí, que se lo pregunten a ese franquismo togado que está dinamitando la confianza en las instituciones y, en una despiadada connivencia con el PP y Vox, la misma democracia. No olvido, faltaría más, a esa gentuza que, desde su criminal manera de entender la política, orilla el bien común en beneficio de sus bolsillos.

La Justicia se está convirtiendo en un pozo ciego lleno de mierda. Muchos miembros de la judicatura aplican las leyes desde una parcialidad que da miedo. Sus instrucciones y sentencias se parecen cada vez más a lo que fueron los juicios ilegales de la dictadura. Hay muchos jueces y juezas que destrozan las garantías de defensa, que filtran detalles de la instrucción para que sus medios afines sentencien antes de tiempo lo que ni siquiera sabemos si es delito, que convierten un oficio noble, como lo es el de la tercera pata de un Estado de derecho, en un estercolero.

No sé qué esperamos para salir a las calles exigiendo que las togas no sean las que gobiernen un país demasiado anclado en los miedos del pasado. Que los jueces no se critiquen entre ellos es una cosa: ya se sabe que existe eso que se suele llamar cultura de la tribu. Además, también sabemos que no todos los jueces son lo mismo y que, dentro de sus posibilidades, algunos aportan una miaja de luz entre tanta oscuridad. Eso es cierto, pero que permanezcamos impasibles ante la impunidad de quienes se aprovechan de su poder casi intocable para convertir la Justicia en el cervantino patio de Monipodio es otra cosa bien distinta.

Las cosas no pintan bien. O, si ustedes lo prefieren: pintan mal. Pero precisamente por eso hemos de plantarle cara al infortunio. No vale quejarnos y dejar que ese infortunio siga como si nada. Podemos ganarle la batalla a esa tropa que desde la política, la judicatura y los medios instalados sin tregua en la mentira no va a parar de boicotear como sea los avances democráticos. El 23 de julio de 2023 le salió a esa Brunete acorazada el tiro por la culata. Y eso lo vamos a repetir sean cuando sean las próximas elecciones. Digo sean cuando sean. Pero antes y hasta entonces seguiremos dando caña al fascismo de las togas. Y al otro. Yo propongo que en las calles. Aunque cada cual puede plantarle cara —desde donde y cuando le sea posible— a ese franquismo que, con toga o sin toga, se ha puesto como nunca a cumplir los deberes puestos por el jefe Aznar: el que pueda hacer, que haga. Pues yo me apunto a esa sugerencia desde mi humilde trinchera en esta columna de infoLibre: quienes podamos hacer algo para pararles los pies a los fascistas, que lo hagamos. Ahí nos vemos, pues, ¿vale? Ahí nos vemos.

______________

Alfons Cervera es escritor. Su último libro, recién publicado, es 'Singapur', editado por Piel de Zapa.

La vida y la historia se esfuerzan en recordarnos que no es posible separar los derechos y los deberes, las experiencias personales y colectivas, el tejido extenso de nuestras realidades. Mientras visito en Skopje, Macedonia, el Museo del Holocausto, me llegan al móvil las fotografías de algunos amigos con camisetas que se solidarizan con el pueblo palestino. Olga Rodríguez, Aitana Sánchez Gijón, Luis Tosar, Alberto San Juan, Juan Diego Botto…, piden la libertad de Marwan Barghouti, miembro del Consejo Legislativo Palestino, encarcelado en Israel. El dolor de la memoria se funde ahora con el dolor presente.

Resulta conmovedora la visita al Museo del Holocausto. El amigo que me lleva conoce mi interés por la memoria histórica. El Reino de Bulgaria, aliado de la Alemania nazi, apresó a más de 7.000 judíos. Las fotografías y las vitrinas recuerdan el sufrimiento de unos seres humanos detenidos y enviados en trenes al campo de concentración de Treblinka en busca de las cámaras de gas. Los vagones como jaulas de tortura, las maletas cargadas de miedo, los cuerpos convertidos en esqueletos vivientes, las personas asesinadas, los datos que recuerdan el paso de la convivencia al infierno, nos invitan a tomar conciencia de la barbarie. Es estremecedor comprobar hasta qué punto de violencia puede llegar el ser humano cuando las identidades y las autodefensas se convierten en excusas para odiar al otro.

Generales con uniforme nazi, orgullosos de sí mismos, dan órdenes en nombre de la muerte. Entre tanta miseria, consuela descubrir la presencia de Julio Palencia, un héroe olvidado, un embajador de España en Bulgaria que los nazis calificaron de fanático enemigo de Alemania porque hizo todo lo posible para salvar la vida de los judíos sefardíes. Más conocida es quizá la historia de Ángel Sanz Briz, el ángel de Budapest, otro diplomático que repartió pasaportes españoles para salvar a 5.000 judíos húngaros. Su ejemplo, como el de Julio Palencia, nos permiten mantener la esperanza y pensar que, junto a la degradación extrema de sus odios, los seres humanos pueden representar también la dignidad. Que los nazis consideraran fanáticos enemigos de Alemania a las personas que intentaban evitar los asesinatos de judíos, muchos de ellos nacidos en Alemania, supone una buena prueba del estercolero escondido en la identidad alemana que defendían los nazis.

Hay episodios históricos que nos ayudan a entender el peligro de los que invocan de forma manipuladora y sin escrúpulos su derecho a defenderse de los demás. Perseguidos, desplazados de sus casas, encerrados en una fábrica de tabaco, conducidos a la muerte en trenes tortuosos, miles de personas sufrieron la maldad nazi. Uno sufre al recorrer los pasillos del Museo del Holocausto en Skopje, subir y bajar escaleras, detenerse a mirar fotografías, registros de detenidos, objetos familiares, juguetes de niños, ropa, huellas de la vida bajo la maquinaria imperiosa de la muerte. Muchas escenas cortan la respiración. Muchas complicidades religiosas dispuestas a aceptar el asesinato del otro nos obligan a preguntarnos por las razones de las Iglesias.

El itinerario conduce a la fundación del Estado de Israel en 1948 y a fotografías de banderas militares con la estrella de David. Y el visitante conmovido que soy yo no puede evitar la imaginación de una fotografía de Netanyahu colocada junto a Hitler, porque el tejido extenso de la historia une el pasado y el presente. Y respiro el aire de la vida al salir a las calles de Skopje, me acuerdo de Julio Palencia y Ángel Sanz Briz, busco mi móvil en el bolsillo de la chaqueta y miro las fotografías de mis amigos de la cultura que muestran su solidaridad con Gaza y denuncian el genocidio que Israel está protagonizando en Palestina.

Parece que Trump y muchos más pusieron de moda el neofascismo, que es lo mismo que el viejo fascismo, pero sin llamar a las cosas por su nombre. Sin embargo, quien está feliz con ello no debe ocultar sus objetivos. Por eso, como yo viví el fascismo desde niño, luego como adolescente y hasta que cumplí 34 años, puedo presumir de haberlo visto muy bien en casa y en la calle. Mi padre era falangista y me ilustró sobre lo que suponía aquello, aunque a mí no me llamaba mucho la atención. Pero explico lo que vi.

De niño recuerdo una cartilla de racionamiento que, al parecer, estaba presente en muchas casas, porque la victoria sobre el comunismo no trajo grandes beneficios en aquella guerra entre hermanos. Curiosamente, en el matrimonio de mis padres no existía ese mismo acuerdo: mi madre mantenía una actitud amable con todo el mundo, incluso con quienes eran considerados rojos, como pude comprobar en mi propia casa. Yo vivía entre mi abuela y mi madre, que me cuidaron y me mimaron durante la infancia, aunque con las carencias que ya he mencionado. En la adolescencia ocurrió algo parecido, pero yo me sentía más próximo a mi madre que a mi padre, cuyas ideas me resultaban difíciles de aceptar. No hablar a la señora que venía a ayudar en casa porque su marido estaba en la cárcel por rojo no me sonaba bien, cuando mi madre y ella se trataban como hermanas. Para mí era una excelente persona, de la cual hoy guardo un mal recuerdo porque mi padre no permitía que comiera con nosotros y tenía que hacerlo sola en la cocina. Quizá aquello me provocó lo que hoy es mi pensamiento social.

Ya de mayor me enteré de que hubo dos millones de españoles que habían huido de España porque no eran queridos por el franquismo. Siempre recuerdo, ya trabajando en la aviación, a varios españoles limpiando las letrinas de los WC del hangar de LH en Frankfurt. Recuerdo también españoles en Toulouse, donde acudí al curso de aviación, que me contaban sus penas por vivir fuera del país que creían de ellos. Recuerdo siempre que España no era nada en deporte ni en logros de cualquier tipo, pues ser campeón en algo que no fuera fútbol era difícil de alcanzar por la dificultad del sacrificio con una alimentación no muy cuidada. Además de los fusilamientos sin juicio y los asesinados sin saber hoy en dónde están. Hablo de la posguerra únicamente.

Ahora, cuando Pedro Sánchez ha querido poner este país al nivel de lo que es desde siempre, una nación con catalanes, vascos, rojos, homosexuales y demás personas rechazadas por el fascismo, este se le ha echado en tromba para recuperar aquello que la mayoría detestábamos. Incluso miembros “socialistas” que solo eran contratados para disimular. Lo hemos comprobado ahora. Estas cositas sin importancia, parece ser, las deben conocer muchos jóvenes a los que se les ha ocultado la historia franquista.

___________________

César Moya Villasante es socio de infoLibre.