El Ateneo de Madrid acoge el próximo jueves 30 de abril una conferencia centrada en la figura del escritor y político francés André Malraux y su implicación en la Guerra Civil española, bajo el título “Malraux en España (1936-1939): el compromiso de un intelectual ante el fascismo”. El acto, organizado por la Sección ateneísta de Literatura, tendrá lugar a las 19:00 horas en la Sala Ramón y Cajal.

La sesión propone una reflexión sobre el papel de los intelectuales en contextos de crisis democrática, tomando como referencia el posicionamiento activo de Malraux frente al avance del fascismo en Europa durante los años treinta. El autor de La esperanza, profundamente vinculado a la causa republicana, no solo narró el conflicto español, sino que participó directamente en él, convirtiéndose en un símbolo del compromiso político y cultural de una parte de la intelectualidad europea de la época.

La conferencia correrá a cargo de Antoni Cisteró García, un perfil marcado por la interdisciplinariedad: ingeniero químico de formación, licenciado en Filosofía y diplomado en Ciencias Sociales, ha orientado su trayectoria hacia el análisis del contexto social de los acontecimientos históricos. Es autor de ensayos como Confluyendo o Participar hoy, así como de novelas históricas como Campo de esperanza —galardonada con el Premio Film-Historia de la Universidad de Barcelona— e Hijo de la memoria, ambas traducidas al francés. También ha desarrollado una amplia producción en otros géneros, incluyendo teatro y reflexión histórica a través de distintos espacios digitales.

La presentación del acto estará a cargo de Ángel Viviente Core, también escritor y activista en distintas causas cívicas. La cita se enmarca en la programación cultural del Ateneo, una institución histórica que sigue funcionando como espacio de debate y pensamiento crítico en torno a cuestiones políticas, sociales y culturales de relevancia contemporánea. En un contexto europeo en el que resurgen discursos autoritarios, la recuperación de figuras como André Malraux invita a repensar el papel de la cultura y la intelectualidad ante los desafíos democráticos actuales.

Barcelona no puede entenderse sin la migración y el crisol de voces y culturas diversas que la forman. Sus barrios, mezcla de convivencia y, en ocasiones, conflictos; las migraciones internas que tuvieron lugar durante el tardofranquismo y la Transición desde regiones rurales como Andalucía, Extremadura, Murcia y Castilla, impulsadas por el boom industrial y el desarrollismo económico; las reivindicaciones vecinales, punta de lanza de derechos y mejora de la vida en las ciudades…

Hoy el eco de la memoria resuena en las nuevas generaciones, que reinterpretan esta herencia polimorfa a través de su propia experiencia, marcada por las desigualdades, la diversidad cultural, el proceso identitario y el acceso a la propia ciudad. 

En este contexto, la ciudad condal se revelaba como el lugar idóneo para un nuevo encuentro de infoLibre, en colaboración con 50 años de España en Libertad: ‘Barcelona: de las migraciones a los nuevos derechos’, dentro del ciclo ‘La memoria que somos: voces, lugares y generaciones’ y cuyo directo puede verse de nuevo a través de YouTube y X (antes Twitter).

El Museo de Historia de Barcelona, lugar del evento, permitió conectar un pasado de evolución con un presente incierto, y observar cómo la democracia sigue siendo un proceso que, esencialmente, se transforma de abajo hacia arriba. Hemos reflexionado también sobre el legado que nos ha traído a la Barcelona de hoy y qué derechos, consolidados durante décadas, enfrentan ahora nuevas amenazas.

La bienvenida corrió a cargo del director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, que además conversó con Carmina Gustrán, la comisionada de los 50 años de 'España en libertad'. Entre los participantes se encontraban Irene Escorihuela, directora del Observatori DESC y experta en derechos sociales y vivienda; Imma Boj, directora del Museu d’Història de la Immigració de Catalunya (MhiC); Saoka Kingolo, activista social, vinculado a proyectos de promoción lingüística y exconseller de distrito del Ayuntamiento de Barcelona; y Camila Opazo-Sepúlveda, doctora en Sociedad y Cultura e investigadora en memoria y migraciones.

Barcelona es una ciudad clave para entender cómo ha ido evolucionando la democracia en España y cómo, desde sus orígenes, ha sido posible a partir de una base social, las migraciones y la cultura popular, los movimientos vecinales y la lucha por derechos básicos, que hoy vuelven a cuestionarse.

El Gobierno ya está preparado para activar el procedimiento de eliminación de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Dos años y medio después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática, el Ministerio de Cultura, de quien depende el Protectorado de Fundaciones, ha emitido finalmente una resolución orientada a la extinción de la entidad. Firmada por el ministro Ernest Urtasun, concluye que el fin principal de la misma, por más que modifique sus estatutos, "se centra en la apología del franquismo". Pero el extenso escrito del ministerio no implica, directamente, su final. Ahora comienza una batalla judicial que se espera larga, tanto que tendrá que ser afrontada por el próximo Ejecutivo, y que amenaza, incluso, con llegar al Tribunal Supremo.

La Fundación Franco nació cuando ni siquiera se había cumplido un año del fallecimiento del dictador. Se constituyó formalmente el 8 de octubre de 1976. Y se apoyó sobre 226 fundadores, según la información que consta en el Ministerio de Justicia. Entre ellos se encontraba, por supuesto, la hija del caudillo, Carmen Franco Polo, que ejerció como presidenta de honor de la entidad hasta su fallecimiento. O Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange. Y también un nutrido grupo de empresarios, religiosos, militares, diplomáticos, políticos o ministros del régimen: desde José Utrera Molina o Licinio de la Fuente hasta Antonio María de Oriol y Urquijo o Jaime Miláns del Bosch. Lo más granado de la dictadura.

Entre sus fines estaba entonces el contribuir a la "proyección del ideario" del dictador sobre el futuro de la vida española, la "exaltación" de su vida como "modelo de virtudes" o el enaltecimiento de su "figura" y la preservación de su "legado". Mes y medio después de su constitución ante notario, el rey Juan Carlos I recibió en audiencia a la Fundación Franco, que le entregó al monarca su primera medalla de oro. Una reunión en la que, según las crónicas de la época, los representantes de la entidad solicitaron al rey su intervención para que se pusiera fin "a la campaña de descrédito, insultos y falsedades" contra el fallecido dictador que se estaban "propagando" en "determinados medios de comunicación social".

Durante el último casi medio siglo, esta entidad ha sido la última trinchera de la dictadura. Una anomalía en democracia a la que se ha querido poner fin a través de la nueva ley de memoria. Esta norma estableció como causa de extinción de fundaciones la "apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes" con "menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas". El Ministerio de Cultura comenzó en junio de 2024 a recopilar información y argumentos para motivar la eliminación de la Fundación Franco. Un proceso que, dos años después, ha culminado con lo que consideran un "expediente sólido" para continuar con la extinción.

La resolución recoge, a lo largo de setenta páginas, tanto el contenido de los distintos informes solicitados como las alegaciones de la propia entidad. Y la conclusión es clara: "Queda acreditado que su fin principal se centra en la apología del franquismo, ensalzando el golpe de Estado y la dictadura y enalteciendo a su dirigente y responsable principal, actuando para ello con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas". Durante estos meses, se ha volcado y estudiado todo el contenido de la página web de la fundación. "Los fines de fomento y desarrollo de la educación, investigación y otras actividades culturales son instrumentales del fin principal, que supone proporcionar una visión inequívocamente positiva del franquismo", recoge el informe de la Secretaría de Memoria.

Durante el procedimiento, la fundación presentó una alegación por un cambio en los estatutos realizado con posterioridad a la entrada en vigor de la norma memorialista. En concreto, del artículo 6, en el que se incluía el compromiso de "velar" por el "máximo respeto a las víctimas de cualquier significación" del periodo comprendido entre 1931 y 1977, evitando "siempre" el "menosprecio, descrédito o humillación a ellas o a sus familiares". Sin embargo, Cultura contraatacó diciendo que dicha reforma estatutaria no se presentó "siguiendo el procedimiento" previsto a nivel reglamentario. Hubo una solicitud de modificación estatutaria, sí, pero nunca se llegó a completar.

La resolución del Ministerio de Cultura no deriva, de manera inmediata, en la eliminación de la fundación. Ahora, con el expediente sobre la mesa, la Abogacía del Estado tendrá que activar la palanca judicial. Serán los jueces, por tanto, quienes tengan la última palabra. "Comienza la verdadera batalla, que se dirimirá en los tribunales", dicen desde la entidad. Una guerra que se prevé intensa. Lo que decida el tribunal de instancia podrá ser recurrido ante la Audiencia y, posteriormente, en casación ante el Tribunal Supremo. De hecho, desde la fundación dejan claro en conversación con infoLibre que, si es necesario, piensan llegar hasta esa instancia, a la que ya acudieron en su día –aunque sin éxito– para tratar de impedir la exhumación del dictador del Valle de los Caídos.

La batalla puede demorarse bastante tiempo. Casi cuatro años pasaron, por ejemplo, desde que la Generalitat Valenciana pidió en el juzgado la eliminación de la Fundación Arnedo Medina hasta que el Alto Tribunal, tras varios recursos, le dio definitivamente la razón. Todo apunta, por tanto, a que la carpeta judicial de la extinción será heredada por el Gobierno que salga de las urnas en las próximas elecciones generales, que podrá tomar decisiones relevantes respecto a la misma a través de la Abogacía –por ejemplo, en relación a la interposición de recursos–. Por el momento, todas las encuestas apuntan hacia una clara mayoría absoluta del PP con Vox, una ultraderecha que se ha posicionado en contra de la ilegalización de la fundación.

De entre todos los bienes de los que dispone, el principal activo de la entidad es el archivo del dictador. Según un informe del Ministerio de Cultura, son cerca de 30.000 documentos que incluyen correspondencia con otros jefes de Estado, ministros y personalidades tanto de España como del extranjero; documentación producida por instituciones de la administración colonial, miembros de la monarquía o el clero; o documentos sobre numerosos acontecimientos históricos y sobre visitas de jefes de Estado extranjeros –desde Eisenhower a Eva Perón–. Papeles que "son de carácter público" y que el Ministerio de Cultura ha pedido a la Abogacía del Estado que reclame.

Barcelona no puede entenderse sin la migración y el crisol de voces y culturas diversas que la forman. Sus barrios, mezcla de convivencia y, en ocasiones, conflictos; las migraciones internas que tuvieron lugar durante el tardofranquismo y la Transición desde regiones rurales como Andalucía, Extremadura, Murcia y Castilla, impulsadas por el boom industrial y el desarrollismo económico; las reivindicaciones vecinales, punta de lanza de derechos y mejora de la vida en las ciudades…

Hoy el eco de la memoria resuena en las nuevas generaciones, que reinterpretan esta herencia polimorfa a través de su propia experiencia, marcada por las desigualdades, la diversidad cultural, el proceso identitario y el acceso a la propia ciudad. 

En este contexto, la ciudad condal se revela como el lugar idóneo para un nuevo encuentro de infoLibre, en colaboración con 50 años de España en Libertad: ‘Barcelona: de las migraciones a los nuevos derechos’, dentro del ciclo ‘La memoria que somos: voces, lugares y generaciones’. Tendrá lugar el martes 21 de abril a las 19:00 h. en el Museo de Historia de Barcelona y se podrá seguir a través de YouTube y X (antes Twitter). En este enlace puedes reservar tu invitación.

El Museo de Historia de Barcelona, lugar del evento, permite conectar un pasado de evolución con un presente incierto, y observar cómo la democracia sigue siendo un proceso que, esencialmente, se transforma de abajo hacia arriba. Reflexionaremos también sobre el legado que nos ha traído a la Barcelona de hoy y qué derechos, consolidados durante décadas, enfrentan ahora nuevas amenazas.

La bienvenida correrá a cargo del director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, que además conversará con Carmina Gustrán, la comisionada de los 50 años de 'España en libertad'. Entre los participantes estarán Irene Escorihuela, directora del Observatori DESC y experta en derechos sociales y vivienda; Imma Boj, directora del Museu d’Història de la Immigració de Catalunya (MhiC); Saoka Kingolo, activista social, vinculado a proyectos de promoción lingüística y exconseller de distrito del Ayuntamiento de Barcelona; y Camila Opazo-Sepúlveda, doctora en Sociedad y Cultura e investigadora en memoria y migraciones.

Barcelona es una ciudad clave para entender cómo ha ido evolucionando la democracia en España y cómo, desde sus orígenes, ha sido posible a partir de una base social, las migraciones y la cultura popular, los movimientos vecinales y la lucha por derechos básicos, que hoy vuelven a cuestionarse.

30.000. Una cifra política. Un símbolo. Un número que miles de argentinos han adoptado como una forma de medir lo inconmensurable, de preservar la memoria y de combatir el silencio. Una cifra que no es comprobable. La dictadura argentina (1976-1983) se encargó de ello. Sin embargo, desde que fue adoptada por organismos de Derechos Humanos se ha convertido en un grito colectivo, una protesta y un reclamo para recordar para siempre aquello de: “Señores jueces, nunca más”. 

La represión militar dejó miles y miles de desaparecidos. 30.000. Y, entre ellos, también hubo españoles. De los casos que se han podido comprobar surge otra cifra: 307. Para recordarlos 50 años después de aquel 24 de marzo, el Instituto Cervantes ha acogido un acto este jueves presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, bajo el nombre 307, ¿Dónde están?. 

El acto ha arrancado con una actuación de Pedro Pastor. El cantautor ha dedicado su tema Los olvidados a aquellos que han sido olvidados por la historia. Esa que han escrito los ganadores. Una canción para los 307 españoles que tuvieron que sufrir dos dictaduras.

Luego ha subido al escenario un emocionado Xavier Fortes, quien ha conducido el acto. El periodista ha recordado que, siendo aún niño, vio cómo Pinochet se alzaba en Chile para “vampirizar” a su pueblo. Como Videla. Como Franco. “Videla era la cara del mal absoluto, del terror y del odio”, ha remarcado. Después, ha pedido un minuto de silencio por los desaparecidos en la dictadura. Toda la sala se ha unido al homenaje y se ha sumido en un silencio absoluto, roto solo por los aplausos de los asistentes. 

“Las palabras definen nuestro pasado, pero también nuestro futuro”, ha comenzado el discurso de Luis García Montero, poeta y director del Instituto Cervantes, que ha subido al escenario después del emotivo momento. “Para una persona como yo, que empezó a escribir a finales de los años setenta, el golpe de Estado argentino dialogaba con lo que había sido el régimen de Franco. Lo vivimos como si fuera nuestro”, ha recordado el también columnista de infoLibre. 

García Montero ha dado paso al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que ha defendido la forma en la que se tiene que trabajar la memoria democrática para no volver a cometer los mismos errores, aunque, ha remarcado, haya algunos que quieran volver a ellos. “Estamos aquí para arrojar luz sobre esta sombra, para recordar a los ausentes, a quienes quisieron condenar al olvido, para que su memoria no desaparezca nunca. Todos los desaparecidos eran personas que tenían un proyecto de vida que sus asesinos no querían que se cumpliera”, ha indicado Albares. 

Entre las formas de terror al que fue sometido el pueblo argentino estaban los secuestros, los asesinatos, las violaciones, la censura, el robo de niños y, por supuesto, las desapariciones. No se sabe cuántas personas tuvieron que pasar por ello. Tampoco en ese momento las familias sabían lo que había pasado con sus seres queridos. Simplemente, desparecían. 

Para poder concretar una cifra, organismos de Derechos Humanos estimaron que al menos cerca de 30.000 personas fueron desaparecidas, al comprobar que, tras ser secuestradas por los militares, nunca aparecieron. 

Tomás Labrador, argentino afincado en España, ha contado la historia de su familia. Su padre fue asesinado el 10 de noviembre de 1976. Esa misma noche, los militares se presentaron en las casas de sus familiares para comunicarles el crimen y advertirles de que ellos podían ser los siguientes. Ante la amenaza, su familia partió a España en menos de 24 horas. Todos tuvieron que rehacer de nuevo sus vidas aquí. Pero su abuela Esperanza, madre de su padre, solo aguantó tres meses. Tenía que ir a Argentina a buscar a su hijo. 

“La memoria es un territorio en disputa constante”, ha recalcado Labrador. Una afirmación que luego ha reiterado una voz muy conocida en España: la del actor Juan Diego Botto. “Cuando no damos esa disputa es un día que perdemos. A veces te sitúa en una confrontación que uno quiere evitar, pero no hacerlo explica que hoy tengamos a gente como Javier Milei [el presidente argentino] o a personas en España cantando el Cara al Sol”, ha señalado. 

La suya y la de Labrador son dos historias que parecen reflejarse la una en la otra. El padre del actor, Juan Fernando Botto, también fue desaparecido. Su madre, la actriz Cristina Rota, trató de buscarlo, pero al hacerlo comprobó que ella corría peligro. Partió hacia Madrid con sus dos hijos y con otra en camino, y ya en España siguió buscándolo. 

Tampoco de sus hijos –recién nacidos cuando desaparecieron– se sabe nada. Se estima que al menos 510 bebés fueron robados durante la dictadura. Y muchos de sus familiares todavía no saben nada de ellos. La asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que trabaja desde finales de 1977 para intentar encontrar a sus nietos, ha logrado restituir y reconocer la identidad de 140 de ellos. 

La cantante Ana Belén ha sido la encargada de poner voz a una de las cientos de historias de niños y niñas que crecieron junto a quienes habían participado en un régimen que asesinó a sus padres, con la lectura del texto Carta abierta a mi nieto. El relato cuenta cómo los militares quitaban los hijos a las mujeres secuestradas para dárselos a familias de policías o militares. 

Franco y Videla. Videla y Franco. Ambas dictaduras se reflejan la una en la otra. Como también ambos países. Casi 10.000 españoles y españolas huyeron hacia Argentina entre los años 40 y 60, sin contar con la ayuda del Gobierno argentino que no facilitó la acogida de los exiliados. 

Como han remarcado Botto y el ministro Torres, España y Argentina también se parecen hoy en la nostalgia por el fascismo. Pero, para el ministro, hay un antídoto: “la democracia y la memoria”, para que no se dé nunca más la impunidad del olvido. Torres también ha sido el encargado de entregar la Declaración de Reconocimiento y Reparación a la Comisión de Españoles Desaparecidos en Argentina. 

El acto lo ha cerrado el cantante Miguel Ríos, que ha puesto voz a un poema de Luis García Montero contra la guerra, repartido en 2003 por las facultades mientras España gritaba “No a la Guerra”. Con ese clamor ha acabado Ríos, al que se ha sumado toda la sala. 

El Gobierno va a solicitar de forma "inminente" la extinción judicial de la Fundación Francisco Franco, al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de la normativa sobre fundaciones y tras poner fin al proceso administrativo, según ha anunciado este martes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

"Vamos a enviar al juez un expediente sólido que demuestra que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a las víctimas. Y porque en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura", ha dicho Urtasun en una rueda de prensa.

Los trámites para solicitar la extinción de la Fundación Francisco Franco comenzaron en junio de 2024, cuando empezó a recopilar información el Ministerio de Cultura, de quien depende el Protectorado Estatal de Fundaciones.

Tras finalizar el proceso administrativo, en el que la Fundación ha presentado alegaciones que han sido rechazadas por el Ministerio de Cultura, el Gobierno da un paso más al reclamar la extinción judicial y deja el asunto ahora en manos de la Justicia.

Habrá ampliación.

Ángeles Domínguez López sabía leer y escribir porque creció en una “casa de señoritos”. Aprendió al mismo tiempo que los niños de esa familia pudiente a la que su madre, “soltera”, servía.

Esa educación le permitió después ayudar a los demás. Solía acudir a la Casa del Pueblo para enseñar a otros. Y esa educación también valió de excusa para ser detenida ilegalmente, asesinada y arrojada a una fosa común. Aún sigue desaparecida.

Ocurrió el 20 de septiembre de 1936 en Fuentes de León, un municipio en el sur de Badajoz, la segunda provincia más represaliada (después de Sevilla) durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Justo este mes de julio se cumplirán 90 años del golpe de Estado y sus consecuencias.

La historia de Ángeles la cuenta su bisnieta Lucía Expósito Cívico, 28 años, profesora en la Universidad de Granada e investigadora sobre memoria histórica. “Nos preguntábamos mucho cómo podía tener esa cultura en aquella época”, expresa. “Madre soltera decían… —añade sobre su tatarabuela— Se habla poco de la violencia sexual que han vivido las mujeres. Si ahora hay silencio, imagínate antes”.

Ángeles Domínguez López a veces leía la prensa en voz alta. Era una mujer adelantada a su tiempo, también en la forma de vestir, con ropa más llama­tiva.

¿Dónde empieza la búsqueda? Una fotografía en el salón familiar de una chica todavía joven que sonríe. Mirada profunda, inquieta, curiosa. Y un silencio inevitable que envuelve a esa imagen. “No se hablaba por dolor. A mi abuela se le removía todo con su madre. Lo que tenía de ella eran las pocas cosas que le contaron y esa foto”. A Lucía Expósito se le despertó la necesidad de conocer la historia de su familia cuando todavía estaba en el instituto. Ahí empezaron las primeras conversaciones y obtuvo las primeras pistas.

Los retazos que le han llegado es que su abuela, Dolores Cárdeno Domínguez, apenas había cumplido un año de vida cuando se quedó sin madre; iba en sus brazos cuando la detuvieron en mitad de la calle delante de una vecina, a quien le pidió que se llevara a la niña a casa. Los días que aguantó en la cárcel se la acercaban para que le diera de mamar. Hasta que desapareció. Fue asesinada en el cementerio junto con una decena de mujeres. Con 33 años.

Dolores y sus tres hermanas, la mayor de nueve años, ya estaba señaladas. “Las cuatro fueron separadas y forzadas a servir desde pequeñas en casas de señoritos”. Fue su herencia.

“No nos podemos quedar solo en la superficie de conocer los nombres de las represaliadas, tenemos que saber la historia que hubo detrás para entender las violencias que sufrieron las mujeres”, resalta Lucía Expósito. Ella creció en el municipio sevillano de La Puebla de Cazalla. Desde el verano de 2019 colabora con el proyecto de exhumación de las fosas comunes de Fuentes de León. Los restos de su bisabuela no han aparecido, pero sabe que están ahí.

Su abuela Dolores falleció el año pasado con 89 años. Nunca se separó de la fotografía de su madre.

En su búsqueda por la verdad, Expósito contactó con Candela Chaves, investigadora, doctora en Historia por la Universidad de Extremadura y un referente en Memoria Histórica en Extremadura. Además, sus investigaciones son innovadores porque se abordan con perspectiva de género.

El papel de Chaves (Montijo, 1982) fue crucial en la citada exhumación en Fuentes de León. Así describe en una sus publicaciones lo que ocurrió en este municipio pacense que ahora ronda los 2.100 habitantes: “La ma­ñana del 14 de septiembre de 1936, un grupo formado por falangistas y guardias civiles […] entró en la localidad tras un breve, casi anec­dótico, enfrentamiento con algunos vecinos armados, entre ellos dos guardias municipa­les, a las puertas del municipio. […] La localidad quedó bajo control de los suble­vados inmediatamente. Y la primera medida tomada por el capitán de la Benemérita fue constituir una nueva gestora municipal, afín a la sublevación. Conformada por grandes pro­pietarios y políticos derechistas locales, a las 11.00 horas se firmaba en el libro de Actas la destitu­ción de la anterior corporación, electa en fe­brero de 1936, y la formación de la nueva. Veinte minutos duró la eliminación de la democracia y la instauración de un régimen de terror y sometimiento”.

El trabajo de esta investigadora ha permitido sacar a la luz las historias que permanecían enterradas, entre ellas la de Ángeles Domínguez López. Siempre con el empeño de evidenciar la doble represión que ellas sufrieron: por ser mujer y vencida.

En este sentido, destaca: “El testimonio oral es parte esencial en la búsqueda, porque el rastro de ellas en los documentos suele ser mucho menor que el de los hombres. Por eso los relatos son imprescindibles”.

Chaves ha recibido este año uno de los premios de Igualdad de la Diputación de Badajoz precisamente por su acción “pionera, valiente y profundamente transformadora en el ámbito de la memoria histórica, con un proyecto que rescata del olvido a miles de mujeres represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, realizado desde una perspectiva de género rigurosa y con un fuerte impacto social”. Así lo recoge la Institución provincial pacense.

Hay violencias que no dejan huella en los documentos, que pertenecen a la esfera más íntima. Más el estigma social. Para ellas y su entorno. “En la represión franquista, sobre las mujeres se practicarán los mismos métodos represivos que sobre los hombres. Ellas serán detenidas, encarceladas, asesinadas de forma extrajudicial, sentenciadas, exiliadas, sus bienes serán incautados, serán inhabilitadas de sus em­pleos, apartadas de sus hijos, recluidas en centros correccionales... Y, al mismo tiempo, habrá una especificidad, pues ellas sufrirán violaciones, rapados de cabello, purgas con aceite de rici­no y la exposición pública bajo los efectos de este purgante, obligando a sus vecinos a verlas, paseándolas por las calles para la humillación”, explica Chaves.

También fueron castigadas, agrega, en sustitución de sus maridos o hijos “que no pudieron ser detenidos cuando llegaron las tropas a las localidades”.

Pero además de ser sujeto de esas violencias, serán también objeto, “porque servirán para dar ejemplo del ideal de mujer que quiere imponer el régimen ultraconservador, machista y católico”.

Para el franquismo, las mujeres “servían para estar en casa y cuidar a la familia”. “Una mujer sumisa y subyugada”. “La brutal represión extrajudi­cial, esos asesinatos sin juicio previo prosigue Chaves- perseguían el castigo con la muerte de quienes fueron reivindicativas y avanzadas”.

Destaca Chaves, también, “la búsqueda de la erradicación de su derecho a estar en el espacio público y en el imaginario colectivo como refe­rencias, penalizar esa trasgresión de la esfera privada a la pública”.

Asimismo, a las mujeres republicanas se les acusó de ser “individuas de dudosa moral dominadas por sus bajas pasiones, tal y como lo definió Antonio Vallejo-Nájera, el psiquiatra del régimen”, recuerda.

Básicamente, se eliminaron todas las conquistas sociales y políticas logradas, “con mecanismos de control y reeducación ejercidos desde la Iglesia”.

“Hacían con las mujeres lo que les daba la gana”, así lo resume Carmen Díaz Sánchez, 68 años, que ha sido administrativa y celadora en un hospital. Lleva tres décadas viviendo en Granada pero su familia paterna tiene raíces en Bodonal de la Sierra (no llega a mil habitantes, también en el sur de la provincia de Badajoz). Allí, su abuela, fue otra mujer represaliada.

Se llamaba Asunción Arias Catela. La mataron con 36 años. “Era viuda y se dedicaba a vender cosas, tenía una especie de tiendecilla. También hacía rifas. Se buscaba la vida. Y apuntaba en una libreta el dinero que le debían. Por lo que me han ido contando, alguien con una deuda que no quería pagar, quizá por envidia, la acusó de hacer cosas no propias de una mujer, y fueron a por ella”. La metieron en un camión y en el camino al cementerio ella saltó; los que conducían le dispararon. Ocurrió en septiembre de 1936.

“Tenía una hija y tres hijos, uno de ellos mi padre, de solo ocho años. Luego mataron a más miembros de la familia”.

El contexto se repite de nuevo. Dolor y silencio. Una fotografía en la mesilla de noche de su padre de la que no se habla. Pero de la que no se separa nunca. “Él era incapaz de mantener una conversación. A mi madre tampoco le gustaba hablar de la guerra, lo pasó muy mal”. El luto, silencioso y clandestino. Un duelo constante que no se cierra.

A Carmen Díaz le gusta contar que su padre, Antonio Díaz Arias, a pesar de haberse quedado huérfano, supo salir adelante y ganó un premio de platos regionales con el cocido madrileño. Falleció en 2019, con 90 años.

Y es, a partir de ahí, cuando su hija se decide a iniciar la búsqueda. Contactó también con la investigadora Candela Chaves y empezó a descubrir la verdad. Sabe que los restos de su abuela están en la fosa común de Bodonal, aunque siguen bajo tierra. En esa única imagen que conserva de ella, aparece con unos pendientes. “Pienso que aún pueden encontrarse”.

¿Qué por qué lo hace? “Por rendirle homenaje a mi abuela y a mi padre, yo lo quería mucho, y lo que él no pudo conseguir, quiero intentarlo yo”. Se emociona al otro lado del teléfono. La herida se hereda, pasa de generación en generación.

Este camino que emprendió hace años le ha regalado familia en Bodonal de la Sierra que no conocía. Ahora mantiene relación con una prima que vive en el municipio pacense que también ayuda a recomponer el relato. “Cuando la conocí le dije: tienes la misma cara que la abuela en la foto, fue muy emocionante”.

Las historias de Asunción Arias Catela y Ángeles Domínguez López son solo dos más de los miles de casos de mujeres represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. “Hay que recuperar sus nombres para tenerlas también como referentes. Es una cuestión de derechos humanos”, defiende Chaves.

El Gobierno ha homenajeado este sábado con un acto en Madrid al Movimiento Democrático de Mujeres, la organización que defendió el feminismo y la democracia durante el franquismo y los primeros años de la transición para reivindicar derechos y libertad, según han recordado algunas de sus integrantes.

"Tenía ganas de tener derechos, de ser libre", ha comentado en el acto Marisa Castro, que perteneció al Movimiento Democrático de Mujeres de Asturias.

En un coloquio celebrado en el Círculo de Bellas Artes junto a otras cinco antiguas integrantes del Movimiento Democrático de Mujeres, han explicado los motivos que les llevaron a unirse a este movimiento y el trabajo que hizo el colectivo durante el tiempo en que estuvo operativo en España, entre 1965 y 1985.

Muy emocionadas por reencontrarse, todas ellas han tomado la voz en representación del resto de compañeras en este homenaje, integrado en la programación de 'España en Libertad, 50 años', la iniciativa que conmemora el inicio de la transición al cumplirse 50 años de la muerte de Francisco Franco.

"Nuestra singularidad fue aunar la lucha contra la dictadura y por la democracia con la lucha de la defensa de los derechos de las mujeres. Fue un movimiento en que el feminismo y la democracia eran las dos caras de un mismo combate", ha señalado Merche Comabella, del Movimiento Democrático de Mujeres de Madrid.

Según ha comentado, la creación de este colectivo fue un proceso "sutil y difícil" que comenzó con concentraciones de mujeres a favor de la defensa de la amnistía de presos políticos y con el tiempo fue abarcando más temas, como la mejora de las condiciones de vida en los barrios, la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres o el divorcio.

Entre los aplausos de las asistentes, la mayoría pertenecientes al colectivo, Merche ha reconocido que tenían puntos en común con el movimiento vecinal, obrero o estudiantil, pero ha subrayado que su referente fue siempre el feminismo.

"Le debo todo al Movimiento Democrático de Mujeres porque a partir de ahí no he dejado de militar en el feminismo", ha asegurado Josefina Pérez, que formó parte de la organización en Cartagena.

Por su parte, Marisa Castro, integrante del Movimiento Democrático de Mujeres en Asturias, ha dicho que la primera motivación para formar parte de esta organización fue su madre que, según ha recordado, era anarquista y le metió el feminismo "en vena".

Las integrantes del Movimiento Democrático de Mujeres han subrayado no obstante la diversidad que había en este colectivo, con mujeres católicas, militantes de izquierdas, amas de casa o universitarias.

Y han destacado la labor que hicieron en una situación de "clandestinidad" en sus primeros años, durante el franquismo, cuando organizaban acciones de reivindicación y también charlas sobre libros feministas que estaban prohibidos y que tenían que conseguir por su cuenta.

"El feminismo es un proyecto de emancipación universal", ha exclamado en el acto Tina Guillem, del Movimiento Democrático de Mujeres de Valencia y Salamanca, que ha abogado por incluir en el currículum escolar más feminismo porque la enseñanza, ha advertido, "no es neutral".

Las mujeres del colectivo han coincidido en la necesidad de seguir defendiendo derechos en la sociedad actual y han alzado la voz contra la guerra en Oriente Medio gritando al unísono 'No a la guerra'.

En representación del Gobierno, la comisionada de 'España en Libertad, 50 años', Carmina Gustrán, ha agradecido la labor del Movimiento Democrático de Mujeres que, según ha señalado, contribuyó a establecer la democracia en España.

"Recordar al movimiento democrático de mujeres no es solo su historia, sino también la potencia de su legado, de esas alianzas feministas que hace más de 50 años empujaron el avance de los derechos de las mujeres en condiciones enormemente difíciles", ha declarado.

En la misma línea, la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha dicho que este acto pretende hacer memoria "no como un gesto hacia el pasado, sino como una herramienta para transformar el futuro".

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1983. Solo han pasado cinco días desde su llegada a la Casa Rosada. Pero Raúl Alfonsín tiene claro que el pueblo argentino exige verdad y justicia tras siete años de cruenta dictadura. Por eso, ese mismo jueves dicta dos decretos. El primero, pone en marcha la maquinaria para juzgar a los integrantes de las llamadas Juntas Militares. Y el segundo, constituye la llamada Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). "Sobre la base de la mentira o de la oscuridad no podemos construir la unión nacional", diría Alfonsín meses más tarde. Es una Comisión de la Verdad pionera. Una fórmula que luego se exportaría a lo largo y ancho del planeta. Y que se acaba de articular también en nuestro país.

La puesta en marcha de este órgano dentro de nuestras fronteras llega medio siglo después del fin de la dictadura. Y en medio de una ola reaccionaria que ha normalizado el uso de discursos autoritarios o laudatorios de un pasado sangriento. En Argentina, en Chile o en España. La conocida técnicamente como Comisión sobre violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura nace al calor de la nueva Ley de Memoria Democrática como una "forma de favorecer la convivencia". Lo hace con una misión perfectamente definida, que pasa por escuchar, recopilar, analizar y recomendar para que lo ocurrido en nuestro país durante casi cuatro décadas no "vuelva a repetirse en el futuro".

La primera piedra se colocó hace un año con la activación del Consejo de Memoria. En un primer momento, estaba previsto que este órgano pusiera en marcha la Comisión de la Verdad el pasado verano. Pero la constitución no ha sido una realidad hasta esta semana, cuando se han designado a sus diez integrantes. Al frente, el exmagistrado Baltasar Garzón. Junto a él, otros historiadores, juristas o politólogos: Helen Duffy, Julián Casanova, Araceli Manjón, Manuel de la Rocha, Alejandra Vicente, Silvina Romano, Cristina Monge, Sebastián Martín y Francisco Erice. Además, otro grupo acompañará a los primeros, sobre todo, en las subcomisiones previstas. Todos han sido elegidos por mayoría de tres quintos del Consejo, cuyos vocales son designados, a su vez, por el Gobierno.

España se suma así a la lista de Estados que han apostado por estos mecanismos de carácter extrajudicial tras dictaduras o conflictos armados. Más de una treintena de países a lo largo y ancho del planeta, según el Centro Internacional para la Justicia Transicional. En Argentina, la Conadep, que presidió el escritor Ernesto Sabato y cuya composición decidieron entre el Ejecutivo y el Congreso. En Chile, justo tras la dictadura, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que encabezó el exsenador y abogado Raúl Rettig y cuyos miembros fueron designados por el presidente Patricio Aylwin. Mismo nombre que se usó en Sudáfrica para investigar, bajo el liderazgo del Arzobispo Desmond Tutu, el apartheid. O en Brasil para estudiar las violaciones de derechos humanos en la dictadura.

La Comisión de la Verdad española aún no tiene ni un plan de trabajo ni un calendario de sesiones cerrado. Sí se sabe que para estructurar su trabajo se han definido distintos ejes temáticos –desde la violencia y las desapariciones hasta el funcionamiento del sistema represivo, las violencias de género, el exilio, la represión económica y cultural o las consecuencias actuales de la dictadura–. También, que se llevará a cabo un estudio en torno al Patronato de Protección a la Mujer, donde fueron internadas y torturadas miles de mujeres. Una completa investigación que debe estar lista, como máximo, en dieciocho meses. Año y medio para recopilar testimonios o documentación y elaborar un informe final de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas.

Un plazo que, además, se puede ver ligeramente reducido si en las próximas generales se produce un cambio de Gobierno. Pero que en otras experiencias a nivel internacional ha sido suficiente para completar la tarea encomendada. La Conedep argentina, por ejemplo, dedicó menos de un año a buscar supervivientes, hablar con familiares de desaparecidos o identificar los edificios utilizados como centros clandestinos. Se revisaron registros policiales, se visitaron morgues o se interrogó a miembros de las Fuerzas Armadas. Y se elaboró un exhaustivo informe, titulado Nunca más, en el que se identificaron 8.960 desaparecidos y 340 centros clandestinos y que se convirtió en una pieza clave en el juicio a las Juntas Militares –un proceso judicial al que nunca se ha llegado en nuestro país–.

Los chilenos, por su parte, concluyeron el trabajo en nueve meses. En febrero de 1991, el documento final ya estaba sobre la mesa del presidente Aylwin, quien, tras leer los seis tomos, pidió perdón en una emotiva alocución televisiva: "Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de presidente de la república, a asumir la representación de la nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas. Por eso también, pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo".

El llamado Informe Rettig abordaba la violencia vivida desde un punto de vista amplio. Primero, realizando un completo dibujo de la normativa nacional e internacional. Segundo, haciendo una exhaustiva fotografía histórica que ponía de relieve la polarización de la sociedad chilena a comienzos de los setenta. Y tercero, analizando en profundidad las violaciones de derechos humanos cometidas tanto por agentes del Estado como por grupos opositores que apostaban por la lucha armada. Para su elaboración, se realizó un amplio proceso de escucha que llevó incluso a alguno de los miembros de la comisión a viajar al extranjero para recopilar testimonios. La información aportada en aquel documento también sirvió, como en Argentina, para investigaciones judiciales.

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado, con los votos del PP y Vox, la protección del obelisco de sa Feixina, construido durante el franquismo para homenajear a las víctimas del crucero Baleares, hundido con casi 800 combatientes del bando sublevado, pese a que el Gobierno había instado este mismo jueves a su demolición.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha requerido al Ayuntamiento para que elimine el monumento tras incluirlo en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática.

El monumento se construyó en 1948 con la voluntad de ensalzar a los casi 800 marineros que murieron cuando proyectiles republicanos hundieron el navío franquista la noche del 5 al 6 de marzo de 1938, durante la batalla del Cabo de Palos.

Trece meses antes de esa batalla, la mayor de la Guerra Civil, el Baleares participó en el bombardeo de la población civil que huía de Málaga hacia Almería por la carretera litoral, un episodio conocido como La Desbandá.

En opinión de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el monumento debe "entenderse como parte y ejemplo del culto a los caídos desarrollado por el régimen franquista".

El requerimiento se ha dado a conocer poco antes de la votación en el pleno de Palma de la modificación del PGOU, que ha motivado al concejal del PSOE Francesc Dalmau a usar su turno de intervención para alertar al gobierno municipal de la resolución del Gobierno y pedir infructuosamente que se sacara del orden del día la votación.

Por parte del gobierno municipal, el tercer teniente de alcaldía, Óscar Fidalgo (PP), ha esgrimido argumentos legales para defender la protección al monumento construido durante la dictadura, por considerar que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSIB) señaló que "no procede la demolición ni concurren los requisitos exigidos por la normativa de memoria democrática".

Además, ha asegurado que la ley de memoria estatal permite la conservación del monumento "cuando no exista exaltación activa de la dictadura" y que la Justicia avaló la resignificación llevada a cabo durante la alcaldía de la socialista Aina Calvo.

También se ha pronunciado el líder local de Vox en el consistorio, Fulgencio Coll, que ha criticado a la izquierda por vivir en "el odio del guerracivilismo" que "sembró" el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha acusado de alimentar la "manipulación histórica".

Por parte de Més per Mallorca se ha pronunciado la edil Kika Coll, que ha acusado al PP y Vox de llevar a cabo una "cruzada contra la memoria" y al gobierno municipal de tener "un espíritu democrático con muchas fisuras y brechas".

En cuanto a la concejala de Podemos, Lucía Muñoz, ha asegurado que el monumento se construyó "para alabar" a aquellos que mataron "a personas inocentes".

El jurista y exmagistrado Baltasar Garzón presidirá la 'Comisión de la Verdad' creada para esclarecer las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, según ha acordado este miércoles el Consejo de la Memoria Democrática.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido la reunión del Consejo de Memoria Democrática en la que se ha acordado la designación de las personas que integrarán la Comisión sobre violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la dictadura, según establece la Ley de Memoria Democrática.

Según la regulación del Consejo de la Memoria Democrática, esta 'Comisión de la Verdad' estará compuesta por diez personas independientes y de reconocido prestigio en el ámbito académico, jurídico, científico y de los derechos humanos.

Junto a Garzón, integrarán la comisión Helen Duffy, Julián Casanova Ruiz, Araceli Manjón-Cabeza Olmedo, Manuel de la Rocha Rubí, María Alejandra Vicente, Silvina María Romano, Cristina Monge Lasierra, Sebastián Martín Martín y Francisco Erice Sebares.

Asimismo, el consejo ha designado un grupo de personas suplentes que garantizarán el correcto funcionamiento de este órgano, que contará además con una subcomisión específica para investigar la conculcación de los derechos de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, ha informado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Este Patronato de Protección a la Mujer fue una institución creada por el franquismo donde fueron confinadas y torturadas miles de mujeres menores de edad sin haber cometido ningún delito tipificado, ha recordado el Ministerio.

La comisión incorporará en sus trabajos testimonios, documentación y análisis comparado con experiencias internacionales y elaborará un informe con conclusiones y recomendaciones orientadas a garantizar la reparación de las víctimas y la no repetición de los hechos.

El pasado mes de diciembre el Gobierno constituyó el Consejo de la Memoria Democrática, un órgano consultivo presidido por Ángel Víctor Torres y del que forman parte asociaciones memorialistas y profesionales como Baltasar Garzón y Cristina Almeida.

19 de septiembre de 1983. Una joven cae desde una ventana de la tercera planta de un reformatorio femenino de la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Tenía 15 años y se llamaba Inmaculada Valderrama. Ese mismo día miles de personas salen a la calle para protestar por su muerte. Un crimen que la ciudadanía atribuye a las encargadas del reformatorio en el que se encontraba Inmaculada, todas de las Cruzadas Evangélicas. 

Su muerte se produjo en el seno del Patronato de la Mujer, una institución franquista que, con las protestas por su fallecimiento, acabó en 1985, dos años más tarde. Casi 43 años después, el gobierno reconoce el Patronato de Protección a la Mujer como Lugar de Memoria Histórica. Verdad, justicia y reparación. Tres peticiones que ahora el Gobierno escucha. 

Su manifestación se ha hecho clara en un acto organizado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Ministerio de Igualdad, y el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con la Cortes, junto a la Comisionada para la celebración de los 50 años de “España en Libertad” en el Auditorio Nacional de Madrid. 

En este encuentro, al fin 53 mujeres que pasaron por el Patronato han sido reconocidas. Una a una, varias de ellas o sus familiares han subido al escenario emocionadas por un reconocimiento que llevan muchos años esperando. “Nosotros no somos víctimas, somos supervivientes”, han declarado. Como símbolo han recibido un certificado de manos de Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática; Manuel Olmedo Palacios, secretario de Estado de Justicia; y María Guijarro Ceballos, secretaria de Estado de Igualdad. 

Las supervivientes también han recibido las disculpas del Ministerio de Justicia, del que dependía el Patronato. “No podemos hacer desaparecer lo sucedido pero os podemos trasladar nuestra vergüenza y solicitaros vuestro perdón para dar nuevos pasos para la reparación. Esto tiene que ser visible, para que nunca más suceda”, ha declarado el ministro Félix Bolaños en una intervención telemática. 

Precisamente para que sea visible, se instalará una placa en un lugar de honor del Ministerio de Justicia para que no sigan existiendo los silencios ni las desmemorias. Además, desde el Ministerio de Memoria Democrática han anunciado que se creará una comisión de investigación y que se incorporarán líneas específicas sobre el Patronato a las investigaciones ya existentes. 

A las supervivientes les han puesto voz tres de ellas: Consuelo, Paca y Pilar. Ante la mirada atenta de sus compañeras y el aplauso atronador del patio de butacas, las tres han reclamado su espacio en la memoria de todos y han pedido que se investigue lo que les ocurrió.

Investigar para reparar. Algo complicado cuando los que deben reparar buscan por todos los medios evitarlo. Las mujeres han contado cómo la Iglesia, que tendría que haber facilitado los expedientes de todas ellas, no solo no lo ha hecho, sino que ha justificado que no lo hacen “por protección de las internas”. 

“No es por protegernos, es por protegeros a vosotros”, han recalcado. La Iglesia se aprovechó de la situación de estas mujeres para así poder beneficiarse, han denunciado. No era solo una cuestión del franquismo, sino que el entramado de la Iglesia también estaba detrás. Las obligaban a trabajar bajo condiciones extremas y, en la maternidad Nuestra Señora de la Almudena de Peña Grande, les robaban a sus niños. “Los reformatorios se sostuvieron por el trabajo forzado nuestro, se vulneraron nuestros derechos humanos. Ahora esas mismas congregaciones se comportan como si fueran ONG y viven del dinero público”, han denunciado. 

El patronato se creó en 1941, con el objetivo de llevar por el buen camino a las mujeres “descarriadas”.  El criterio para entrar era tan ambiguo como peligroso. Buscaban “redimir a la mujer caída y ayudar a la que estaba en peligro de caer”. Caer, claro, fuera de los cánones del franquismo. Esto iba desde ser lesbiana hasta contestar mal a tu padre a la hora de poner la mesa. Durante más de cuarenta años fue así para las chicas desde los 16 hasta los 25 años. 

La institución estaba a cargo de Carmen Polo y tenía el firme propósito de "velar por la moralidad pública, muy especialmente la de la mujer". Eran condenadas sin ningún delito, sin juicios y las denuncias llegaban desde cualquier parte. Un vecino, un conocido y, sobre todo, los padres. “Si no te portas bien te llevamos con las monjas”, es una frase que la mayoría de las víctimas han escuchado. 

Fue el caso de Consuelo. Un día se despertó ante la fija mirada de su madre y un médico que la acompañaba, con lo que, según le dijeron, era una jeringuilla para ponerle una vacuna. Lo siguiente que sabe es que se despertó en una habitación con una cama, una maleta y una ventana con barrotes. Ya no estaba en Barcelona. Estaba en Madrid. 

Su madre se había quedado viuda muy joven y no aprobaba el pensamiento político de su hija, que participaba en manifestaciones en defensa del comunismo. La solución estaba clara para ella. "A mí me machacaron viva porque estaba allí por pensar", narró Consuelo a infoLibre. 

La mujer contó a este medio las condiciones en las que vivían y evocó una imagen de aquel primer día en el centro de Adoratrices, en Padre Damián 52. "Era una fila de chicas con batas de rayas verdes, más ojeras que ojos y una cara de profunda tristeza. Ese retrato lo tengo grabado: era el gesto del abandono y la desesperanza pura". 

Cuando llegaban allí (por comunistas, lesbianas, rebeldes, pobres o embarazadas) las clasificaban. En distintos centros de observación, les realizaban evaluaciones médicas, psicológicas y morales para luego destinarlas dentro de una red de instituciones como reformatorios, colegios, hogares-taller y maternidades. La mayoría controlados por la Iglesia. 

La primera fase tenía lugar en lo que se llamó Centro de Observación y Clasificación (COC). Allí, las niñas permanecían seis días aisladas. Para la clasificación las examinaban con un examen de virginidad. Completa o incompleta, ese era el criterio. Las mujeres vírgenes estaban “limpias”, el resto no.

La reparación ha llegado tarde. No fue hasta octubre de 2025, cuando se concedió el primer certificado de víctima del fascismo a una mujer represaliada por el patronato. Fue a la sevillana Eva García de la Torre. Ella ingresó ya en tiempos de democracia por ser lesbiana. La juzgaron en Andalucía en 1978, cuando todavía era menor, y estuvo internada hasta 1985 en entidades católicas del Patronato en Galicia. 

Eva falleció en 2022 y no pudo ver cómo se conseguía lo que muchas de sus compañeras pedían: reparación y reconocimiento. Fue a recogerlo su viuda, Silvia Fernández Quinteiro. Precisamente fue ella quien averiguó lo que había pasado tras el fallecimiento de la que fue su pareja. Nunca le pusieron nombre, pero cuando leyó la historia en el periódico supo que Eva tuvo que haber estado ahí. 

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, lo ha recordado como un acto necesario de “salud democrática”, para reparar a las supervivientes de un patronato que fue “una herramienta política para cortar cualquier atisbo de libertad en niñas que empezaban a vivir”. Ahora otras 53 serán recordadas, no como víctimas, sino como supervivientes, para que nunca más vuelva a ganar el silencio. Verdad, justicia y reparación. 

Organizaciones memorialistas, formaciones políticas y administraciones celebraron este jueves la sentencia del Supremo que confirma la propiedad pública del Pazo de Meirás y pone fin a una lucha de años por la recuperación del inmueble.

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña destacó la “victoria del memorialismo gallego y de la memoria histórica antifranquista”, así como de la “movilización social y ciudadana”.

“El dictamen del Supremo confirma la propiedad pública del Pazo y también las prácticas fraudulentas, ilícitas y coercitivas y de expulsión sobre la vecindad de Meirás que perpetraron el dictador Franco y los aparatos del Estado”, dice la entidad, que reprocha, no obstante, que los herederos del general fascista tengan que ser indemnizados por un “error procesal de la Abogacía del Estado” en la demanda, tal y como “ya se había advertido”. “Hay que acatarlo, guste o no”, dijo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

La CRMH insta a las administraciones a que en el trámite de ejecución de sentencia referido a la cuantificación de la liquidación posesoria “se opongan y combatan las pretensiones de los Franco”.

Para la entidad, con el dictamen del Supremo el Estado “ya no va a tener excusa ni motivo que impida proceder a la ejecución de las obras necesarias para poner la integridad del Pazo al uso y servicio público, incluyendo todas las dependencias”. “Es preciso con urgencia resignificar el Pazo de Meirás como Lugar de Memoria”, dice la CRMH, que reclama también la “cesión” de las Torres a la Xunta de Galicia, aunque la futura gestión recaiga en el Gobierno gallego, junto con el Ejecutivo central y el Ayuntamiento de Sada.

Por otra parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aseguró que con la sentencia del Supremo la ciudadanía gallega “ganó una batalla muy importante” y confirmó que el Pazo “no era propiedad de la familia Franco, sino que es propiedad de los gallegos y de las gallegas”.

Pontón defendió la transferencia del Pazo a Galicia para su apertura al conjunto de la ciudadanía y para su “conversión en un espacio de memoria con el objetivo de no olvidar lo que pasó en este país”. “Creo que es la primera batalla de este calibre que se le gana a la familia Franco en el conjunto del Estado español y como gallega me siento tremendamente orgullosa”, dijo, tras aclarar que ni comparte ni entiende que la familia del dictador tenga que ser indemnizada.

Desde el PSdeG, su secretario general, José Ramón Besteiro, recuerda que “tuvo que llegar un gobierno socialista para que la recuperación del Pazo fuese posible”. El líder socialista asegura que la sentencia del Supremo “es para celebrar por parte de todas las personas e instituciones que lucharon durante años para que se hiciera justicia y, sobre todo, por parte de las víctimas de la represión”.

También el Ayuntamiento de Sada celebró que el Pazo de Meirás “es del pueblo” y pide que se proceda al “cambio de titularidad registral —que a día de hoy todavía figura a nombre de la familia Franco— para que el Estado pueda ejecutar las actuaciones necesarias que permitan la apertura completa del inmueble y su plena puesta al servicio de la ciudadanía”.

Además, la Diputación de A Coruña, a través de su presidente, Valentín González Formoso, valoró que el inmueble regrese “a las manos de las que no debería haber salido, las del pueblo gallego”, y mostró su satisfacción porque el Tribunal Supremo coincida con los informes jurídicos e históricos de la institución provincial, “que avalaron desde el primer minuto que el edificio era patrimonio público y no privado”.

También el Gobierno central celebró una “magnífica noticia”. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aplaudió la sentencia del Supremo por “instar” a los herederos del dictador a “devolver el Pazo a lo público”.

En el caso de España, los museos de la memoria son un elemento primordial contra el silencio, el olvido y la desmemoria. Después de una cruel represión ejercida por la dictadura franquista durante cerca de cuarenta años, conquistada la democracia se echa en falta la creación de centros de la memoria y los derechos humanos que, a través de documentos, testimonios orales y escritos, fotografías, cartas, grabaciones de la época, material de prensa escrita, documentales, panfletos, producción literaria, archivos en diferentes soportes y formatos, visuales y auditivos, reflejen nuestro pasado traumático reciente y el sufrimiento de las víctimas que lo fueron por su compromiso por traer la libertad y la democracia a este país. Todo ello, testimonio de un tiempo y una lucha por poder ejercer derechos y libertades cimentados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Terminada la guerra de España, desde el Gobierno del dictador Franco se ejerció una terrible represión sobre cualquier tipo de disidencia. También sobre la mujer por el mero hecho de serlo. Carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión, fueron relegadas al ámbito doméstico y bajo la tutela masculina. España se había convertido en una inmensa cárcel. A las decenas de miles de fusilados, habría que añadir a aquellos que murieron en las cárceles, campos de concentración, campos de trabajo, como consecuencia de las malas condiciones de vida. Sin olvidar las condiciones en las que se desarrolló el exilio.

Durante las décadas de los años 60 y 70, miles de personas, jóvenes en su mayoría, se jugaron la vida y la libertad en las manifestaciones y en la lucha clandestina enfrentándose a la dictadura en la batalla por instaurar la democracia, el cambio social y elevar el bienestar del pueblo. Esta situación derivó en decenas de miles de personas encausadas por delitos que hoy, ya en democracia, no lo serían. La práctica de la tortura era común en las comisarías de policía, ejerciéndose la violencia fundamentalmente contra la sociedad civil. El conocimiento de los testimonios de los protagonistas de las luchas sociales, culturales, políticas, del movimiento obrero, universitario y vecinal de la época nos obliga a preservarlo para las futuras generaciones como antídoto contra las proclamas neofascistas de la extrema derecha.

La democracia no se puede construir desde el olvido y el silenciamiento de las víctimas. Una democracia que se precie de su calidad debe mantener vivos los recuerdos del trágico pasado, con el fin de honrar y dignificar la memoria de las víctimas y de que no se vuelvan a repetir estos hechos. Los espacios y los museos de la memoria son una contribución necesaria para que las nuevas generaciones sepan lo que supuso la dictadura franquista en este país y el costo en sufrimiento y en vidas para conquistar la democracia. Permiten rescatar del olvido y la desmemoria el carácter masivo y sistemático de la represión ejercida sobre aquellos ciudadanos que, en su lucha por devolver al pueblo la democracia y las   libertades que nunca debió perder, sufrieron todo tipo de atropellos y desmanes, incluso perdieron la vida. Estos luchadores por la libertad, la democracia y contra la opresión en sus diversas manifestaciones, sufrieron una doble violencia, la de los verdugos y la de ser borrados de la memoria colectiva.

Vivimos unos momentos de blanqueamiento y banalización de la dictadura franquista por parte de la derecha y extrema derecha, que ponen todo tipo de trabas al desarrollo y mantenimiento de los lugares de la memoria en homenaje a los luchadores por la libertad y los derechos humanos. Sólo una derecha realmente democrática haría de la denuncia de la represión sufrida una política de Estado. Se hace imprescindible combatir la distorsión y el revisionismo histórico. Y es que mientras que otras democracias en Europa se fundaron sobre el antifascismo y el anticomunismo en los países de la órbita de la desaparecida Unión Soviética, la democracia española lo hizo sobre la desmemoria y olvido del pasado.

Como dice el Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV) de la Unión Europea hablando sobre el siglo XX europeo marcado por crímenes horribles como el Holocausto y los crímenes cometidos por regímenes autoritarios y totalitarios: “Es necesario que se comparta y se recuerde continuamente el legado de estos crímenes, así como que se realicen investigaciones parar frenar su distorsión. Hay que capacitar a los jóvenes para que se conviertan en embajadores de esta memoria, para que se conciencien sobre su tragedia y conecten con los lugares conmemorativos y los museos. Los testimonios de los testigos de estos crímenes son especialmente valiosos para educar a los jóvenes, sobre todo porque cada vez quedan menos testigos con vida”.

Los museos de la memoria, también llamados en algunos sitios de la resistencia, deben ser espacios públicos, simbólicos en muchos casos, como cárceles, centros de tortura y en otros centros específicos construidos para este fin, que inviten al conocimiento del pasado durante la dictadura y a la reflexión; que permitan a las nuevas generaciones y a los indiferentes tomar conciencia de los hechos ocurridos para que no vuelvan a repetirse. Deben ser también centros culturales donde se puedan llevar a efecto conferencias, debates, exposiciones, proyecciones y espectáculos que permitan traer al presente el pasado traumático; que actúen como vacuna o dique de contención contra aquellos decididos a acabar con las libertades y la democracia. De ahí también la importancia de la visitas guiadas para los centros educativos.

Desde 2009, el 23 de agosto se declara día de recuerdo de las víctimas de todos los regímenes totalitarios y autoritarios. Al respecto, el Parlamento Europeo ha aprobado resoluciones clave, como la de 05-11-2019, sobre la importancia de la memoria histórica para el futuro de Europa, y la de 17-01-2024, sobre la conciencia histórica, abordando la necesidad de investigar estos crímenes.

Sirvan las palabras inscritas en el hall del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile como reflexión: “No podemos cambiar nuestro pasado; sólo nos queda aprender de lo vivido. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro desafío”.

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Pedro Olivares Martínez es socio de infoLibre.

El Supremo confirma que el Pazo de Meirás es un bien público, pero también que el Estado debe indemnizar a los Franco. La Sala Primera del tribunal desestimó todos los recursos interpuestos contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial hace cinco años respecto de la propiedad del inmueble y que “confirma en todos sus términos”.

Así, el Tribunal Supremo, en una sentencia emitida este pasado miércoles 11 de marzo, acaba de confirmar que el Pazo de Meirás pertenece al Estado, ratificando así la histórica sentencia del Juzgado de Primera Instancia de A Coruña que en septiembre de 2020, hace más de un lustro, ordenó a los Franco devolverlo. La titularidad pública del inmueble había sido también confirmada cinco meses después por la Audiencia Provincial que, no obstante, había ordenado indemnizar a la familia del dictador en una polémica decisión.

Ahora, el Supremo ratifica aquel dictamen de la Audiencia Provincial, en el que se determinaba que el Pazo era propiedad del Estado, que los hermanos Martínez-Bordiú debían devolverlo pero también que tenían derecho a ser indemnizados por los “gastos necesarios y útiles realizados en el inmueble durante el tiempo de su posesión”, tal y como resume el gabinete técnico del alto tribunal.

Ese derecho a indemnización o liquidación del estado posesorio se les permitía a los Franco “como poseedores de buena fe” del Pazo, en una resolución que había sido aceptada en un primer momento por el Gobierno de España, que acabó recurriendo para evitar pagar tras la presión de varias asociaciones por la memoria histórica. Pero el Supremo reconoce el derecho de los herederos del dictador a ser compensados.

Aquella sentencia de la Audiencia Provincial había condenado a la familia del general fascista a desalojar las propiedades de Meirás, “dejándolas libres y a disposición del Estado español, con liquidación de los gastos útiles y necesarios”, pero añadió un matiz relevante: les reconoció el derecho a ser resarcidos por los gastos en que incurrieron desde 1975 para conservar el edificio, algo que no se había aceptado en la sentencia de 2020.

El controvertido dictamen de la Audiencia, que le dio la razón al Estado en lo fundamental pero que reforzó algunas tesis de los Franco, dejaba claro también que fueron la inacción y la dejadez del Estado —en plena democracia y durante más de 40 años— en todo lo que tuvo que ver con el Pazo de Meirás lo que provocaba que los herederos del dictador pudiesen ser indemnizados por la administración después de ver cómo era aceptada parte de su recurso.

“La reivindicación de la propiedad [del Pazo de Meirás] es un evento totalmente nuevo que se produce ahora por vez primera”, advirtieran los jueces de la Audiencia Provincial para justificar que los Franco no tuviesen por qué considerar de “mala fe” su adquisición —como destacaba la sentencia de primera instancia— o ni siquiera creer que hubiese algo irregular en ella. ¿Por qué iban a hacerlo si gozaron de la propiedad del inmueble sin impedimento ni obstáculo alguno durante casi 45 años tras la muerte del dictador? He ahí la cuestión.

En esta sentencia, conocida este jueves, el Supremo aclara que “en la demanda” original sobre el Pazo “se indicó expresamente que no se discutía que los herederos de Franco fuesen poseedores de buena fe y que, por lo tanto, una vez devuelta la posesión del pazo, deberían ser indemnizados en los términos previstos para estos casos en el Código Civil”. “Es perfectamente congruente con lo sostenido en el informe jurídico que se incorporó al informe de la comisión de expertos creada en el Parlamento de Galicia para estudiar la viabilidad de la reclamación de la propiedad del Pazo, que se pronunció expresa y taxativamente en esos términos”, aclara la Sala en la explicación técnica del dictamen.

Así, el Supremo considera que si en la demanda se mantuvo esta postura, “no se puede modificar posteriormente para negar la buena fe y el derecho a la indemnización previamente reconocidos”. “Los demandados contestaron a la demanda confiados en esas afirmaciones y un improcedente cambio posterior de las pretensiones de los demandantes les causaba una indefensión constitucionalmente proscrita”, añade.

El Supremo da ahora la que es la última palabra sobre las Torres, que pasaron a manos del Estado tras un proceso judicial impulsado por la Abogacía del Estado en Galicia con la demanda presentada en el verano de 2019 contra la familia Franco y que contó con un importante apoyo social y de las entidades de memoria, así como de la Xunta y la Diputación de A Coruña, además de los ayuntamientos de A Coruña y Sada.

Entregadas las llaves al Estado en un acto histórico en diciembre de 2020, la titularidad pública del Pazo de Meirás —hasta ahora provisional— se vuelve definitiva este viernes. Ahora, y ante los recursos de la familia Franco para recuperar las Torres, el Supremo “confirma la propiedad del Estado” y concluye que “desde 1938 el Pazo estuvo destinado al servicio de la jefatura del Estado, como una dependencia similar al Palacio de El Pardo, por lo que sus moradores no pudieron poseer el predio en concepto de dueños, como mínimo hasta la década de los años 90 del siglo XX, en que dejó de prestarse todo tipo de servicio por la administración”.

En definitiva, ante la intención de los herederos del dictador de adquirir por usucapión el inmueble, aclara que “no transcurrió el plazo legal de treinta años para poder adquirir la propiedad por esta vía” ya que antes fue, en realidad, residencia del jefe del Estado.

Además, el Supremo aclara también que en los recursos interpuestos por el Estado y la familia del dictador “ya no se discutía que los títulos jurídicos en los que se fundara la propiedad de Francisco Franco Bahamonde (donación y compraventa) eran nulos”, sino si la propiedad era del Estado y si los herederos del dictador debían ser indemnizados.

Por lo tanto, lo que sí volvió a confirmar el Supremo, como hizo la primera de las sentencias sobre la titularidad de Meirás, es la nulidad de la donación efectuada en 1938 de las Torres, al demostrar los documentos que la Xunta Pro Pazo —constituida por élites franquistas para sufragar el regalo— regaló el inmueble al jefe del Estado, no a Francisco Franco a título personal.

También ratifica que la compraventa del 24 de mayo de 1941 fue una “simulación”, lo que determina la nulidad de la misma. Se trata del título esgrimido por los demandados y por el que Franco, a título particular, logra la inscripción del predio en el Registro de la Propiedad.

La memoria. Ese músculo aparentemente atrofiado que condena a nuestro país a ignorar su pasado y que con tanta fuerza se intenta reanimar. Desde infoLibre,  y con la colaboración de 50 años de Libertad, los esfuerzos para prevenir que la historia se repita se materializan en actos como el de este 12 de marzo, titulado Del acero a la palabra: trabajo, dignidad y memoria en Euskadi. El evento, enmarcado en una gira de charlas por toda España llamada La memoria que somos, ha analizado con diferentes expertos la huella que el franquismo y su represión ha dejado en la sociedad española, y especialmente la vasca.

La charla se ha celebrado en el Auditorio del Museo Marítimo de Bilbao. El lugar elegido no es casualidad. El Museo se levanta en la zona vinculada a los astilleros euskalduna, y cuenta el recorrido de la lucha de los trabajadores de este sector, una zona históricamente obrera y sindicalista.

El silencio en la sala, amplia y con un gran espacio para el público asistente, se ha visto interrumpido por música. Se trataba de dos intérpretes de txalaparta, un instrumento tradicional de Euskadi. El sonido profundo y la pasional interpretación de los músicos ha marcado el tono de un evento con todo el peso de la memoria histórica presente. 

Tras ellos, Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, ha dado la bienvenida al evento. El periodista ha asegurado que estas charlas surgen de “la necesidad de reflexionar sobre las formas en las que una comunidad puede reconocerse a sí misma”. Carmina Gustrán Loscos, comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, ha sido invitada posteriormente a subir al escenario, y ha explicado que tanto para ella como para el proyecto se cumplen “50 años del principio de la salida de la dictadura”, pero no de una democracia directa.

Esta "falsa" Transición y las consecuencias de la represión sufrida han sido debatidas en la posterior mesa de debate, pero antes, Gustrán no podía dejar de declarar: “Memoria histórica también es hablar con tu abuela”.

La mesa redonda ha sido moderadas por la directora general de este periódico, Marta Gesto. Como expertas y expertos, un plantel de lujo con Afra Blanco, sindicalista y tertuliana; Carlos Entenza, politólogo, jurista, codirector de Ideas en Guerra y sindicalista; Iñigo Ugedo Vicario, presidente Consejo de Estudiantes de la EHU; y Eztizen Miranda Bernabé, antropóloga especializada en comunicación y memoria histórica.

Gesto, introducía así: “Euskadi, y Bilbo en particular, representan este vínculo tan especial entre trabajo, organización colectiva y democracia”. El conversatorio, muy rico en aportaciones, ha debatido sobre la construcción colectiva de la identidad a través del trabajo, cómo se encuentra esa cultura obrera en la actualidad y cómo podemos hacerla llegar a los jóvenes, entre otros asuntos. 

Bernabé, la primera en hablar, respondía a la pregunta de qué era hablar de trabajo para Euskadi en el pasado. “Cuando hablaban de trabajo, hablaban de unión”, asegura Bernabé. Sobre el sindicalismo, “todos tenían muy claro que eso era lo que tenían que hacer”. “Sabían que serían represaliados, pero estaban dispuestos a hacerlo por el bien de los demás”, cuenta la experta en memoria. Añade, además, que no sabe si esos valores se están transmitiendo de forma correcta al presente.

Entenza, politólogo, apunta que antes “se aprendía la participación política por el hecho”. “El trabajo tenía un componente fundamental de colectividad, y eso tenía una serie de implicaciones. Ahora el trabajo está más precarizado y más individualizado, y eso dificulta generar comunidad”. Entenza continuaba: “Lo que se tiene que hacer es intentar readaptarnos a los tiempos”. “Puede que cambien muchas cosas. Se pueden inventar mil códigos y la IA, pero la idea de que unidos somos más fuertes, esa no va a cambiar”, afirmaba el experto.

Las claves de los ponentes respecto a la política actual nacían de forma natural al hablar del pasado. La necesidad social de cambio estaba presente en la conversación. Para Bernabé: “Había unos objetivos claros. Sabían contra qué luchaban. Y cuando todos luchan contra lo mismo, es más fácil”. “La fórmula es matemática: ¿Dónde hay mejores condiciones laborales? Donde hay lucha obrera.”, aseguraba Entenza.

La pregunta de “¿Cómo hacemos llegar todo esto a los jóvenes?” también ha revoloteado durante toda la charla. Uno de los ponentes de menor edad, en este caso, Vicario, decía: “Antes estaba todo por conquistar. Ahora vivimos en una sociedad cada vez más individualista". "Vivimos nuevas formas de subordinación que a lo mejor se escapan un poco de lo que era antes. La crisis de la vivienda, la especulación…”.

Sobre la cultura del esfuerzo, Entenza plantea la paradoja de las nuevas generaciones: “Si el trabajo no me garantiza unos mínimos aspiracionales que sí que garantizaba a las generaciones anteriores, entonces quiero que el trabajo no ocupe un rol central, como tenía antes. Esto ha sido caricaturizado como falta de cultura del esfuerzo”. Vicario afirma estas declaraciones: “Somos la generación más preparada, pero no aspiras a tener una casa. Las aspiraciones son distintas”.

Muchas preguntas y respuestas fueron lanzadas durante la hora que duró el conversatorio, y pese a la generalizada sensación de que se había quedado corto, todo se puede resumir con una frase lanzada por el representante de estudiantes, Vicario: “Faltan espacios intergeneracionales para poder hablar de esto”. “Por eso son muy importantes espacios como este”, añadía, refiriéndose a este evento organizado por infoLibre que viajará también a otras ciudades para hablar, incansablemente y sin parar, sobre la lucha democrática.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha amenazado este miércoles con llevar al Tribunal Constitucional la derogación de la ley de memoria de las Illes Balears si no se llega a un acuerdo previo entre ambas administraciones, según informa EFE.

En declaraciones a los medios en la primera Cumbre contra el Odio inaugurada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Torres ha lamentado la derogación el pasado martes en el Parlament de las Illes Balears de la ley de memoria democrática autonómica con el apoyo de PP y Vox.

En su opinión, es un caso claro de "sumisión" del PP hacia Vox, ya que en un principio la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, dijo que no iba a aceptar las exigencias del partido de Santiago Abascal, que fue el que propuso esta derogación, y finalmente "ha sucumbido a ellas".

"Tengo que lamentarlo porque no era preciso que el PP, de nuevo, cediera a las exigencias de la ultraderecha. Se ve claramente quién está mandando. Unos pueden tener la presidencia, pero mandan los otros más, mandan los que exigen, los que ponen condiciones", ha señalado. Además, ha anunciado que van a invitar al Govern balear a que se siente con el Gobierno de España para negociar y dar marcha atrás en la derogación de esta ley de memoria democrática autonómica.

"Si nos dicen que no se sientan con nosotros o no hay acuerdo al respecto, el Gobierno de España elevará al Tribunal Constitucional solicitando que se quede sin afección inmediata", ha añadido. De esta forma, el Gobierno vuelve a recurrir al artículo 33.2 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, que plantea la posibilidad de entablar negociaciones sobre una ley entre administraciones para evitar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

En el momento en que el Gobierno remita una propuesta para iniciar un proceso de negociación sobre la derogación de la ley de memoria, el Govern balear tendrá un plazo para decidir si acepta esta propuesta de diálogo.

Si no se consigue un acuerdo, el Gobierno irá al Tribunal Constitucional, como ya hizo por ejemplo en Aragón tras la derogación de la ley autonómica de memoria por parte de PP y Vox, con la denominada ley de "concordia" aprobada en la Comunitat Valenciana por los mismos partidos o con la suspensión de la norma de memoria cántabra impulsada por el PP y apoyada por Vox.

En estos tres casos las normas han sido suspendidas cautelarmente por el Tribunal Constitucional, según han recordado a EFE fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria democrática.

Por otro lado, próximamente van a empezar las negociaciones con el Gobierno de Extremadura para tratar de resolver las discrepancias sobre la denominada ley de "concordia" autonómica aprobada por el PP y Vox y, en el caso de que no haya acuerdo, el Gobierno de España recurrirá ante el Constitucional.

El Parlament de las Illes Balears ha derogado este martes la Ley de Memoria Democrática, una propuesta de Vox que ha contado con el apoyo del PP y la oposición de todos los partidos de izquierda de la Cámara legislativa, según recoge EFE.

De este modo, Vox ha logrado uno de sus objetivos políticos de esta legislatura con el respaldo de los populares, que en abril de 2018 apoyaron parcialmente esta ley impulsada por el ejecutivo socialista de Francina Armengol.

En su defensa de la derogación, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha repasado una lista de personas asesinadas antes y durante la Guerra Civil por el bando republicano, a quienes se dedicaron calles que fueron renombradas a raíz de las leyes de la memoria y que "no tuvieron nada que ver" con el golpe de Estado de Franco de 1936. 

El debate parlamentario ha sido seguido en el salón de los Pasos Perdidos por miembros de la asociación Memòria de Mallorca, cuya presidenta, Maria Antònia Oliver, ha afirmado que la anulación de esta ley es “un acto muy grave en democracia y es muy doloroso: se derogan derechos humanos”.

Volver al pasado para comprenderlo todo. Es el objetivo que persigue el acto Del acero a la palabra: trabajo, dignidad y memoria en Euskadi, organizado por infoLibre junto con la celebración de los 50 años de España en libertad. Tendrá lugar el 12 de marzo a las 18:00 horas en el Auditorio del Museo Marítimo de Bilbao. Si te apetece venir puedes reservar tus entradas aquí.

Los años de represión del franquismo han dejado una huella que todavía atraviesa a España y que se siente en todos los rincones del territorio. En Euskadi, la resistencia al régimen estuvo marcada por los sindicatos y los obreros que –al contrario de lo que les ordenaba el régimen– se unieron y organizaron para poder resistir. 

Allí, el movimiento obrero resistió y salió a la calle. En abril de 1951, miles de vascos y vascas paralizaron Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y Navarra. Pedían lo más básico: mejoras salariales ante el alto coste de vida. Después de varias semanas, consiguieron lo que parecía imposible. Lograron que se aceptaran sus peticiones. 

El lugar en el que se celebrará el acto no es ninguna casualidad. Este territorio concentra la memoria del esfuerzo industrial y de las luchas obreras y sindicales que fueron decisivas para conquistar derechos laborales y libertades políticas. Ese lugar es un símbolo de la capacidad de transformación de la sociedad vasca.

El evento dará comienzo con una actuación liderada por una txalaparta, un instrumento de percusión idiófono tradicional en Euskadi. Tras la actuación, Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, estará a cargo de dar la bienvenida al evento. Después, Maraña conversará con Carmina Gustrán Loscos, comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, para explicar el proyecto. 

El plato fuerte llegará con una mesa redonda moderada por Marta Gesto, directora general de infoLibre, sobre cómo el trabajo, la organización sindical y la memoria obrera fueron claves en la construcción democrática. El cómo esto ha llegado hasta hoy también será una de las grandes preguntas de la tarde. 

En la mesa redonda participarán Afra Blanco, sindicalista y tertuliana; Carlos Entenza, politólogo, jurista, codirector de Ideas en Guerra y sindicalista; Eztizen Miranda Bernabé, antropóloga especializada en comunicación y memoria histórica; e Iñigo Ugedo Vicario, presidente Consejo de Estudiantes de la EHU. 

Con ellos, debatirán sobre cómo fue el tránsito del conflicto industrial al pacto democrático y cómo éste es recordado en la sociedad vasca; el papel que jugaron los sindicatos; cómo las nuevas generaciones entienden el trabajo; qué significa la dignidad en el trabajo y la memoria obrera frente a la precariedad y la desafección democrática.

Resistir, pero con silencio y miedo. “De esto no se habla” es una frase que todos los españoles han escuchado demasiadas veces. En casa, pero también en el trabajo. La represión a los trabajadores durante el franquismo tuvo un grandísimo impacto en lugares como Euskadi en los que los obreros de las fábricas tuvieron que ver cómo se quedaban sin la mitad de sus compañeros por la represión en contra de quien estuviera mínimamente en contra de Franco.

Para que estas historias no se olviden, infoLibre ha puesto en marcha la iniciativa La Memoria que Somos, una serie de charlas que pretenden acercar a personalidades de la cultura o la información con las nuevas generaciones para debatir sobre cómo han trascendido hasta hoy los años de Franco en España, 50 años después de conseguir la tan ansiada democracia. 

En el ejercicio de Historia de España de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de la Comunidad de Madrid de junio de 2025, una de las fuentes a analizar era la mítica foto que el fotoperiodista Robert Capa hizo para demostrar al mundo el impacto social y psicológico de los bombardeos nazis y fascistas en colaboración con la aviación franquista a la población de Madrid. Los ciudadanos indefensos, niños, mujeres y ancianos, se convirtieron en un objetivo prioritario para lograr la rendición del Madrid resistente, la ciudad del "No pasarán", como buen ejemplo de guerra total que abrió la Gran Guerra en 1914. De los más de cien exámenes que corregí sólo uno habló de los bombardeos de la guerra civil en Madrid y de sus consecuencias sociales. Y del aula de un colegio concertado que vigilé en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense (UCM) al finalizar todos los exámenes, un grupo de alumnos me preguntó qué había que contestar en esa pregunta, y yo respondí: debía hablarse de los bombardeos de Madrid y su repercusión en la ciudadanía. La contestación de ellos fue desoladora: "Ah, ¿pero es que Madrid fue bombardeada?". Me quedé impresionada y disgustada al comprobar que alumnos de 17 y 18 años no supieran que la capital de España fue masacrada, siendo la primera capital europea que recibió este duro castigo por permanecer fiel a la democracia republicana. Es muy preocupante que nuestros jóvenes de Madrid no conozcan algo tan básico y grave de nuestra historia, de la guerra civil en su ciudad y de nuestro pasado traumático. Pero, por otro lado, no me sorprendió, teniendo en cuenta lo denso de la materia de Historia de España de segundo de Bachillerato en Madrid, que empieza en Atapuerca y llega a nuestros días, porque para las autoridades autonómicas es más importante que conozcan el imperio de la monarquía hispánica que la época contemporánea de la que somos herederos y que tan mal han comprendido las derechas hispanas. Existen muchos colegios concertados y privados que dan lo que consideran del temario y de la manera que quieren, sin ningún control, tal como compruebo cuando llegan los alumnos que deciden cursar Historia o cualquier otro Grado similar a las aulas de la maltrecha e infrafinanciada Universidad Complutense.

La foto de Capa, que retrata a dos niñas sentadas sonrientes junto a un niño de espaldas y a una más mayor en el umbral de una puerta en una casa destrozada por el impacto de la metralla y de las bombas, fue identificada por el fotógrafo José Latova y su colaborador Alberto Martín Escudero, situando el escenario de la imagen en la calle Peironcely, 10, de Vallecas, entonces municipio independiente de la capital. Desde 2017, la plataforma #SalvaPeironcely10, impulsada desde la Fundación Manuel Fernández "Lito"/Anastasio de Gracia, viene trabajando en la protección y conservación del edificio fotografiado por Capa en 1936, aunque solo identificado como el situado en esa calle de Entrevías en el siglo XXI. Desde entonces, el proyecto realizado en torno a Peironcely 10 ha sido objeto de interés académico nacional e internacional, mostrando su interés y siendo visitado tanto desde la universidad española como de universidades extranjeras.

Tras el importante hallazgo, muchas asociaciones vecinales, varias fundaciones como la Fundación Anastasio de Gracia (hoy Manuel Lito) con su director José María Uría Fernández, entidades internacionales como el Goethe Institut, International Center of Photography, o Capa Haus de Leipzig, entre otras muchas, el equipo del arqueólogo del CSIC Alfredo González Ruibal, que ha excavado durante cuatro años en la zona, y un gran número de personas anónimas han trabajado para recuperar el viejo edificio y su entorno. Se desalojó a veinte familias para salvarlo e integrarlo en un centro de interpretación de la Guerra Civil y de los bombardeos de Madrid en la guerra.

Además, en 2025 fue declarado Lugar de Memoria Democrática el conjunto formado por el edificio situado en el número 10 de la calle Peironcely, el espacio conocido como Plaza del Fotógrafo Robert Capa, la zona ajardinada anexa y la parroquia de San Carlos por la importante significación histórica que tiene. Este complejo refleja el impacto de los bombardeos de una escuadrilla de Savoias fascistas en la ciudad de Madrid durante la Guerra Civil y que el fotógrafo húngaro Endre Ernő Friedmann, más conocido como Robert Capa, inmortalizó con su cámara. La casa de Peironcely 10 se hizo mundialmente famosa mostrando a la opinión pública internacional los estragos físicos, materiales y psicológicos de los bombardeos autorizados por los militares franquistas para tomar la ciudad en noviembre de 1936. Madrid tiene el triste récord de ser la primera ciudad europea donde la población civil fue bombardeada sistemáticamente. La imagen fue difundida por primera vez el 10 diciembre de 1936 en las páginas interiores de la revista Regards y el 18 de diciembre en la portada de la Zürcher Illustrierte, que tituló: “Kinder in Madrid (Niños en Madrid)”. En enero de 1937, la fotografía continuó viajando por todo el mundo y reproduciéndose en nuevos medios de comunicación internacionales. De este modo, el 24 de enero se publicó en The New York Times Magazine.

Después de años de incuria municipal que parecía esperar que el tiempo acabase con el viejo edificio testigo de los brutales bombardeos de Madrid, ahora el Ayuntamiento se decide a crear un edificio que nada tiene que ver con el proyecto inicial, sin ningún vínculo con el estudio de la Guerra Civil con el nombre del famoso fotógrafo para labores sociales, dirigido por la Fundación Padre Llanos. Esta es la derecha de esta ciudad, el Partido Popular de Madrid, que homenajea a los legionarios de infausto recuerdo en la historia del país en el Paseo de la Castellana, en una de las principales vías de la capital. Esos legionarios fueron protagonistas de una cruel guerra colonial en Marruecos y conquistaron Badajoz y Toledo en su avance a Madrid durante la Guerra Civil a sangre y fuego para establecer una dictadura militar brutal. Esta es la memoria que le gusta reivindicar al alcalde Martínez Almeida. La derecha que dice defender la democracia no es capaz de crear un solo centro sobre la Guerra Civil en una ciudad que fue torturada y en la que todavía quedan numerosas cicatrices en sus calles de aquella barbarie como la Ciudad Universitaria, el barrio de Argüelles o tantos edificios y barrios. Es una decisión lamentable, indignante, mezquina y sectaria. El alcalde y su concejala se han ciscado en el trabajo de miles de personas durante muchos años. Quizás esta situación se explica mejor si subrayamos que en España no hay ningún museo digno e importante a nivel nacional sobre la Guerra Civil, mientras en Francia y Alemania habría varios. Este dato objetivo y rotundo siempre se lo recuerdo a mis alumnos al hablar de las políticas públicas de memoria y de la memoria democrática. Hace falta mucha historiografía, pedagogía y difusión del pasado en este país. Luego nos llevamos las manos a la cabeza con el porcentaje de jóvenes que dicen apoyar a la ultraderecha o que piensan que con Franco se vivía mejor. Hace falta más ciencia y justicia. Salvemos Peironcely, 10 con dignidad y rigor. Dignidad para las víctimas de los bombardeos fascistas y rigor científico acorde con las investigaciones historiográficas sobre la Guerra Civil en Madrid.

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Ana Martínez Rus es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid.