Las cosas no pintan bien. O como ustedes prefieran: las cosas pintan mal. Hace medio siglo que este país dejó demasiados deberes sin cumplir. No progresó adecuadamente, como suele decirse —si no estoy equivocado— en el lenguaje de las aulas. A partir de la muerte de Franco íbamos a atar los perros con longanizas. La República estaba a la vuelta de la esquina. Los golpistas que se habían tirado 40 años haciendo de Drácula con la gente de la derrota iban a saber lo que valía el peine de la represión. No en plan venganza, claro que no: la Justicia de la democracia recién estrenada ya se ocuparía de hacer bien su trabajo. Nada de juicios ilegales como los de la dictadura, que condenaron a cárcel y muerte a tantísima inocencia. Se celebrarían juicios con todas las garantías para los jerifaltes del franquismo. La historia sin embustes sería contada en las escuelas, en las casas que habían vivido tantos años con el miedo en las tripas, en las mesas de los bares, porque la conversación pública ocuparía el lugar del monólogo o el silencio impuesto por los vencedores. Muerto el perro, se acabó la rabia. Eso se pensaba. Pero resulta que, antes de que se enfriara el fiambre de la tromboflebitis, llegó la Transición y a la lechera se le hizo añicos el cántaro antes de llegar a la plaza para vender la leche.

Poner en entredicho la Transición estuvo proscrito la tira de años. Era como mentar a la bicha franquista si la criticabas. Ojo con despertar a la bestia. El acuerdo de las élites estaba claro: que no vuelva el desorden, que nadie quiere otra guerra, que la reconciliación no sería posible si cada cual no cedía al otro su parte de razón. Mucha gente nos preguntábamos qué parte de razón les tocaba a los franquistas. A los franquistas les tocaba la razón de la Justicia. Eso creíamos. Y punto. ¿O es que la democracia iba a ser un poco más de lo mismo que lo que hubo antes? Porque si el perro ha muerto, pero sigue la rabia, qué hemos adelantado con la muerte del perro. Y así durante muchos años. Criticar la Transición, su demasiada complacencia con los verdugos y una incomprensible vocación imperativa de olvidar a las víctimas, se convirtió casi en un delito. Así que nos dedicamos a exportar nuestro modelo de Transición a medio mundo. Éramos la hostia, el no va más de los ejemplos transicionales de las dictaduras a las democracias. De repente, todos íbamos a ser amigos de todos, a olvidar viejas rencillas de hermanos agrietados por una herencia maldita, a celebrar la gran fiesta de la reconciliación —como en aquella aventura de Corto Maltés— en los pedruscos mágicos de Stonehenge. Muchos años después leí lo que escribió Avishai Margalit en Ética del recuerdo: antes de la palabra reconciliación hay que colocar la palabra verdad. Y aquí hicimos lo contrario. Todos amigos de todos, aunque el nexo de unión siguieran siendo las mentiras del franquismo.

Las raíces de la Transición fueron saliendo a la superficie y levantando espacios de sombra que impidieron cada vez más dar algo de luz a la historia. Las leyes de memoria —o mejor: de olvido— llegaron muy pronto: la de la Reforma Política, la de Amnistía, la Constitución… El 23F sellaría el triunfo del miedo a la democracia de verdad. Luego llegaría Felipe González para que la chaqueta de pana se convirtiera en traje principesco, como en los cuentos de hadas, y después Aznar le haría la ola al franquismo ya sin complejos de ninguna clase. Ni verdad, ni justicia, ni reparación, como algunos exigíamos y seguimos exigiendo desde que empezamos a pensar que los tiempos podrían ser otros y tan distintos. Y ahora resulta que esos tiempos vuelven a ser los de cuando el perro no se había muerto y se pasaba el rato torturando a quienes defendían la libertad por las calles de un país sombrío hasta las cachas.

La famosa reconciliación que propugnaban los consensos de la Transición está hecha unos zorros. Que se lo pregunten a Aznar, a Feijóo, a Abascal, a Díaz Ayuso, a los militares fascistas a los que les gustaría fusilar "a 26 millones de hijos de puta", a los "imparciales" miembros del Tribunal Supremo. O a ese juez, carne de patología clínica obsesiva, Juan Carlos Peinado... Sí, que se lo pregunten a ese franquismo togado que está dinamitando la confianza en las instituciones y, en una despiadada connivencia con el PP y Vox, la misma democracia. No olvido, faltaría más, a esa gentuza que, desde su criminal manera de entender la política, orilla el bien común en beneficio de sus bolsillos.

La Justicia se está convirtiendo en un pozo ciego lleno de mierda. Muchos miembros de la judicatura aplican las leyes desde una parcialidad que da miedo. Sus instrucciones y sentencias se parecen cada vez más a lo que fueron los juicios ilegales de la dictadura. Hay muchos jueces y juezas que destrozan las garantías de defensa, que filtran detalles de la instrucción para que sus medios afines sentencien antes de tiempo lo que ni siquiera sabemos si es delito, que convierten un oficio noble, como lo es el de la tercera pata de un Estado de derecho, en un estercolero.

No sé qué esperamos para salir a las calles exigiendo que las togas no sean las que gobiernen un país demasiado anclado en los miedos del pasado. Que los jueces no se critiquen entre ellos es una cosa: ya se sabe que existe eso que se suele llamar cultura de la tribu. Además, también sabemos que no todos los jueces son lo mismo y que, dentro de sus posibilidades, algunos aportan una miaja de luz entre tanta oscuridad. Eso es cierto, pero que permanezcamos impasibles ante la impunidad de quienes se aprovechan de su poder casi intocable para convertir la Justicia en el cervantino patio de Monipodio es otra cosa bien distinta.

Las cosas no pintan bien. O, si ustedes lo prefieren: pintan mal. Pero precisamente por eso hemos de plantarle cara al infortunio. No vale quejarnos y dejar que ese infortunio siga como si nada. Podemos ganarle la batalla a esa tropa que desde la política, la judicatura y los medios instalados sin tregua en la mentira no va a parar de boicotear como sea los avances democráticos. El 23 de julio de 2023 le salió a esa Brunete acorazada el tiro por la culata. Y eso lo vamos a repetir sean cuando sean las próximas elecciones. Digo sean cuando sean. Pero antes y hasta entonces seguiremos dando caña al fascismo de las togas. Y al otro. Yo propongo que en las calles. Aunque cada cual puede plantarle cara —desde donde y cuando le sea posible— a ese franquismo que, con toga o sin toga, se ha puesto como nunca a cumplir los deberes puestos por el jefe Aznar: el que pueda hacer, que haga. Pues yo me apunto a esa sugerencia desde mi humilde trinchera en esta columna de infoLibre: quienes podamos hacer algo para pararles los pies a los fascistas, que lo hagamos. Ahí nos vemos, pues, ¿vale? Ahí nos vemos.

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Alfons Cervera es escritor. Su último libro, recién publicado, es 'Singapur', editado por Piel de Zapa.

La vida y la historia se esfuerzan en recordarnos que no es posible separar los derechos y los deberes, las experiencias personales y colectivas, el tejido extenso de nuestras realidades. Mientras visito en Skopje, Macedonia, el Museo del Holocausto, me llegan al móvil las fotografías de algunos amigos con camisetas que se solidarizan con el pueblo palestino. Olga Rodríguez, Aitana Sánchez Gijón, Luis Tosar, Alberto San Juan, Juan Diego Botto…, piden la libertad de Marwan Barghouti, miembro del Consejo Legislativo Palestino, encarcelado en Israel. El dolor de la memoria se funde ahora con el dolor presente.

Resulta conmovedora la visita al Museo del Holocausto. El amigo que me lleva conoce mi interés por la memoria histórica. El Reino de Bulgaria, aliado de la Alemania nazi, apresó a más de 7.000 judíos. Las fotografías y las vitrinas recuerdan el sufrimiento de unos seres humanos detenidos y enviados en trenes al campo de concentración de Treblinka en busca de las cámaras de gas. Los vagones como jaulas de tortura, las maletas cargadas de miedo, los cuerpos convertidos en esqueletos vivientes, las personas asesinadas, los datos que recuerdan el paso de la convivencia al infierno, nos invitan a tomar conciencia de la barbarie. Es estremecedor comprobar hasta qué punto de violencia puede llegar el ser humano cuando las identidades y las autodefensas se convierten en excusas para odiar al otro.

Generales con uniforme nazi, orgullosos de sí mismos, dan órdenes en nombre de la muerte. Entre tanta miseria, consuela descubrir la presencia de Julio Palencia, un héroe olvidado, un embajador de España en Bulgaria que los nazis calificaron de fanático enemigo de Alemania porque hizo todo lo posible para salvar la vida de los judíos sefardíes. Más conocida es quizá la historia de Ángel Sanz Briz, el ángel de Budapest, otro diplomático que repartió pasaportes españoles para salvar a 5.000 judíos húngaros. Su ejemplo, como el de Julio Palencia, nos permiten mantener la esperanza y pensar que, junto a la degradación extrema de sus odios, los seres humanos pueden representar también la dignidad. Que los nazis consideraran fanáticos enemigos de Alemania a las personas que intentaban evitar los asesinatos de judíos, muchos de ellos nacidos en Alemania, supone una buena prueba del estercolero escondido en la identidad alemana que defendían los nazis.

Hay episodios históricos que nos ayudan a entender el peligro de los que invocan de forma manipuladora y sin escrúpulos su derecho a defenderse de los demás. Perseguidos, desplazados de sus casas, encerrados en una fábrica de tabaco, conducidos a la muerte en trenes tortuosos, miles de personas sufrieron la maldad nazi. Uno sufre al recorrer los pasillos del Museo del Holocausto en Skopje, subir y bajar escaleras, detenerse a mirar fotografías, registros de detenidos, objetos familiares, juguetes de niños, ropa, huellas de la vida bajo la maquinaria imperiosa de la muerte. Muchas escenas cortan la respiración. Muchas complicidades religiosas dispuestas a aceptar el asesinato del otro nos obligan a preguntarnos por las razones de las Iglesias.

El itinerario conduce a la fundación del Estado de Israel en 1948 y a fotografías de banderas militares con la estrella de David. Y el visitante conmovido que soy yo no puede evitar la imaginación de una fotografía de Netanyahu colocada junto a Hitler, porque el tejido extenso de la historia une el pasado y el presente. Y respiro el aire de la vida al salir a las calles de Skopje, me acuerdo de Julio Palencia y Ángel Sanz Briz, busco mi móvil en el bolsillo de la chaqueta y miro las fotografías de mis amigos de la cultura que muestran su solidaridad con Gaza y denuncian el genocidio que Israel está protagonizando en Palestina.

Parece que Trump y muchos más pusieron de moda el neofascismo, que es lo mismo que el viejo fascismo, pero sin llamar a las cosas por su nombre. Sin embargo, quien está feliz con ello no debe ocultar sus objetivos. Por eso, como yo viví el fascismo desde niño, luego como adolescente y hasta que cumplí 34 años, puedo presumir de haberlo visto muy bien en casa y en la calle. Mi padre era falangista y me ilustró sobre lo que suponía aquello, aunque a mí no me llamaba mucho la atención. Pero explico lo que vi.

De niño recuerdo una cartilla de racionamiento que, al parecer, estaba presente en muchas casas, porque la victoria sobre el comunismo no trajo grandes beneficios en aquella guerra entre hermanos. Curiosamente, en el matrimonio de mis padres no existía ese mismo acuerdo: mi madre mantenía una actitud amable con todo el mundo, incluso con quienes eran considerados rojos, como pude comprobar en mi propia casa. Yo vivía entre mi abuela y mi madre, que me cuidaron y me mimaron durante la infancia, aunque con las carencias que ya he mencionado. En la adolescencia ocurrió algo parecido, pero yo me sentía más próximo a mi madre que a mi padre, cuyas ideas me resultaban difíciles de aceptar. No hablar a la señora que venía a ayudar en casa porque su marido estaba en la cárcel por rojo no me sonaba bien, cuando mi madre y ella se trataban como hermanas. Para mí era una excelente persona, de la cual hoy guardo un mal recuerdo porque mi padre no permitía que comiera con nosotros y tenía que hacerlo sola en la cocina. Quizá aquello me provocó lo que hoy es mi pensamiento social.

Ya de mayor me enteré de que hubo dos millones de españoles que habían huido de España porque no eran queridos por el franquismo. Siempre recuerdo, ya trabajando en la aviación, a varios españoles limpiando las letrinas de los WC del hangar de LH en Frankfurt. Recuerdo también españoles en Toulouse, donde acudí al curso de aviación, que me contaban sus penas por vivir fuera del país que creían de ellos. Recuerdo siempre que España no era nada en deporte ni en logros de cualquier tipo, pues ser campeón en algo que no fuera fútbol era difícil de alcanzar por la dificultad del sacrificio con una alimentación no muy cuidada. Además de los fusilamientos sin juicio y los asesinados sin saber hoy en dónde están. Hablo de la posguerra únicamente.

Ahora, cuando Pedro Sánchez ha querido poner este país al nivel de lo que es desde siempre, una nación con catalanes, vascos, rojos, homosexuales y demás personas rechazadas por el fascismo, este se le ha echado en tromba para recuperar aquello que la mayoría detestábamos. Incluso miembros “socialistas” que solo eran contratados para disimular. Lo hemos comprobado ahora. Estas cositas sin importancia, parece ser, las deben conocer muchos jóvenes a los que se les ha ocultado la historia franquista.

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.

La Administración General del Estado (AGE) ha indemnizado a 113.095 familiares de fallecidos o desaparecidos durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista. Este reconocimiento ha supuesto  4.059.067.415 euros, según los datos acumulados desde la Transición hasta diciembre de 2024. 

Esta cifra figura en uno de los tres informes elaborados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a los que ha tenido acceso infoLibre, y que forman parte de las comisiones de estudio y técnicas previstas por la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. Estos escritos no sirven para crear derechos o leyes, sino que tienen el objetivo de estudiar, evaluar y recomendar sobre temas como las víctimas del franquismo o el papel del pueblo gitano en la sociedad española.

El informe sobre indemnizaciones recoge también que entre los beneficiarios se encuentran 3.055 de los denominados niños y niñas de la guerra, 59.271 civiles mutilados y 116 presos y presas por su condición de homosexual. En total, incluyendo los familiares anteriormente mencionados, 611.828 personas han recibido indemnizaciones por parte de la AGE, para las que se han aportado 22.160.848.148 euros.

“No obstante, este importe agregado no refleja la totalidad del esfuerzo reparador efectivamente realizado, al no disponerse de datos plenamente actualizados y consolidados para determinados colectivos, en particular el de las personas funcionarias civiles”, añaden desde el ministerio, que estiman que la AGE habría repartido más de 25.000 millones de euros.

En el caso de las comunidades autónomas, se ha indemnizado a un total de 26.231 personas con un reparto de 69.722.446 euros. Sin embargo, los datos son parciales, ya que los territorios gobernados por el PP, salvo Andalucía, no han compartido su información con el ministerio. En Galicia “no se ha facilitado ni ha sido posible recopilar información” y en el caso de Extremadura “se redactó un borrador de decreto en 2021, pero no ha habido avances administrativos desde entonces”.

En el resto de comunidades donde gobierna el PP (Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunidad Valenciana) la conclusión en todas es la misma: “se desconoce el alcance cuantitativo por no haber sido facilitado por la comunidad autónoma”. Del País Vasco, tampoco se tiene información, pero, según describe el informe, se debe a que “la comunidad autónoma ha explicado que se encuentra consolidando esta información”. 

Entre las comunidades que sí han facilitado datos, Cataluña se encuentra en el primer puesto con 22.512 personas beneficiarias reconocidas y 52.700.950 euros repartidos. Le siguen Andalucía, con 2.522 personas y 9.487.378 euros; Asturias, con 983 personas y 3.455.879,78 euros; Castilla-La Mancha, que no tiene datos de personas, pero si la cantidad de 3.258.600 euros; Navarra (153 personas y 495.032,90 euros); y las Islas Canarias (61 personas y 324.605,4 euros).

“A pesar de este extenso desarrollo normativo y reparador, el análisis realizado por esta comisión permite identificar ámbitos donde persisten vacíos de información, o la ausencia de mecanismos específicos de reparación”, concluyen en el informe.

Otro de los avances que se ha conseguido con la publicación de estos informes es el reconocimiento oficial de 63 víctimas mortales por excesos policiales o violencia de extrema derecha durante la Transición, concretamente entre el 29 de diciembre de 1978, momento en el que entró en vigor de la Constitución española, y el 31 de diciembre de 1983.

Entre las 30 personas muertas a manos de agentes de la autoridad se encuentran Vicente Vadillo Santamaría, transexual de 32 años que fue disparado en la cara por un policía nacional de paisano en el interior de una discoteca. O Julio Martínez Navarro, de 29 años, que recibió un disparo de un guardia civil que le paró en la carretera con la justificación de que había hecho un “movimiento extraño”.

El informe describe que, en el contexto de la Transición, “algunos agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado intervinieron de diversas formas y relación con éste (desde el Estado, desde ámbitos del Estado en los aledaños del Estado) llevando a cabo graves violaciones de derechos humanos. Aproximadamente una cuarta parte de las víctimas mortales de este periodo se produjeron por la actuación represiva del Estado al excederse esos empleados públicos en el uso de la violencia de que disponía como tales”.

“La fórmula legal de ese cambio supuso la ruptura con la dictadura franquista, pero no conllevó la conveniente adecuación de los cuerpos policiales o de otros como la judicatura a la nueva situación política democrática”, describen.

A estas víctimas se suman otras 33 a manos de grupos de extrema derecha, que tuvieron como autores a “elementos terroristas o incontrolados que contaban con su aquiescencia e impunidad”. Casos como el de José Ramón Ansa Echeverría, joven de 17 años que fue secuestrado mientras regresaba a su casa de madrugada y posteriormente asesinado, o el de Salomé Alonso Varela, que con 28 años fue asesinada por una bomba que se encontraba dentro de un contenedor cercano a su coche, están incluidos en esta lista.

El ministerio, “propone el reconocimiento institucional, moral y simbólico de las personas que perdieron la vida en el periodo de 1978-1983 como consecuencia de violaciones de derechos humanos en el contexto de violencia política analizado” y “se recomienda la creación de un canal institucional permanente, accesible, seguro y transparente, que permita a familiares, personas allegadas y organizaciones de derechos humanos presentar solicitudes documentadas para la revisión y eventual incorporación de nuevos casos al listado de víctimas reconocidas”.

El último de los tres informes pone su foco en el pueblo gitano, con el objetivo “de resaltar sus contribuciones, visibilizar las trayectorias de resistencias, supervivencia y compromiso cívico del pueblo gitano y situarlas en el lugar que les corresponde dentro de la Memoria Democrática colectiva”. Tras describir la persecución que ha sufrido este pueblo desde la época de los Reyes Católicos hasta el franquismo, que describe como “una de las etapas más duras de represión cultural”, concluye que con la llegada de la democracia se han conseguido avances, pero con todavía mucho camino por recorrer.

Según los últimos datos recogidos por la Estrategia Nacional 2021-2030 y de otros estudios, el 85,9% de la población gitana está en riesgo de pobreza, el 76,8% en carencia material y el 36,2% tiene baja intensidad laboral. En conjunto, el 92% cumple al menos una de estas dimensiones, frente al 29,3% de la población general.

Esto, sumado a la exclusión social que aún hoy padecen, ha llevado a la Comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España –que ha realizado este tercer informe– a proponer una serie de medidas que pueden ayudar con su integración. “Las administraciones públicas deberán promover mecanismos eficaces de prevención detección y actuación frente al antigitanismo institucional, aplicables a los ámbitos educativo, policial, judicial, sanitario, social y administrativo”, comienza.

En cuanto a la educación, se insta a incorporar “contenidos específicos sobre prevención del antigitanismo, enfoque intercultural y conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano”. En el ámbito cultural se pide la eliminación de la acepción “trapacero” asociada a la definición de “gitano” en el Diccionario de la Lengua Española, “por su carácter profundamente estigmatizante y por los efectos de violencia simbólica que genera, especialmente en el ámbito educativo”.

También se pide la apertura del debate en cuanto a la “revisión del espacio público y de las denominaciones institucionales”, centrándose en “la eliminación de denominaciones como ‘Marqués de la Ensenada’ [el organizador de la Gran Redada de 1749, que tuvo el objetivo de arrestar a todos los gitanos y separar a hombres y mujeres para conseguir la extinción de la etnia] en sedes institucionales, garantizando que la memoria compartida refleje valores democráticos de respeto, convivencia y justicia histórica”.

Sin embargo, una de las medidas más destacables es el planteamiento de realizar un “reconocimiento formal del pueblo gitano como minoría étnica históricamente asentada en España” con el objetivo de “corregir la invisibilidad histórica que ha condicionado el ejercicio de sus derechos y el acceso efectivo a los recursos del Estado”.

El control del relato histórico es de los vencedores. A través de él se conforma cómo la gente de a pie ve y entiende el mundo, y Mikel Herrán (Zaragoza, 1991) lo tiene claro. A través de su proyecto PutoMikel, el arqueólogo y divulgador explica la historia desde una perspectiva decolonial y de género, invitando a ejercer el pensamiento crítico a todo aquel que quiera escucharle.

Herrán, que se define a sí mismo como “doctor en arqueología, borracho y mamarracho”, recibe el Premio Joven infoLibre 2026 a la Creación Audiovisual. Autor de tres libros: La historia no es la que es: Es la que te cuentan (Planeta, 2022); Sodomitas, vagas y maleantes (Planeta, 2024); y Sobrevivir en el Medievo (Planeta, 2026), PutoMikel analiza temas como los abusos de “la conquista”, la historia LGTB o las mentiras de Israel para justificar el genocidio en Palestina, asumiendo el papel de educador en una sociedad que, en general, solo conoce la narrativa hegemónica.

En su proyecto divulga sobre las raíces de asuntos de importancia social, como el racismo o la lgtbifobia, ¿cree que hace falta más educación histórica?

Sí. De hecho, creo que la historia es fundamental para entender no solo cómo hemos llegado a los procesos actuales, sino también cómo creamos los grupos dignos de tener un pasado; es decir, quienes pueden verse representados en ese relato. Si hablamos solo de reyes y guerras, y ocultamos, por ejemplo, la historia de las resistencias populares o de las revoluciones, comunicamos que el sistema y los cambios han sido de una forma concreta. Históricamente, el control del relato sobre el pasado ha sido muy importante para los movimientos autoritarios.

La mayoría de su público es joven. ¿Siente que es esta parte de la población la que necesita mayor educación en el área?

Creo que todos tenemos unas bases sobre historia porque tenemos una asignatura obligatoria en el colegio y en el instituto, pero tiene unas limitaciones y deja cosas fuera. Muchas veces por falta de tiempo del docente, pero también de forma interesada. Hay personas que me han dicho que se han visto representados en la historia a través de mis vídeos, porque al hablar de otros personajes y de otras realidades hago que vean que no están solas. Hay todo un pasado que explica la situación en la que nos encontramos y en la que se encuentran ellas a nivel particular. 

Si hablamos, por ejemplo, de la historia de las mujeres, del racismo o de las disidencias sexuales y de género, motiva mucho entender que no son una invención moderna, como tanto repiten partidos de extrema derecha desde el púlpito o desde el Congreso. Es importante entender que no estás solo, que lo que sientes tiene un origen, que no viene de la nada. 

¿Cree que esta falta de conocimiento sobre la historia se puede relacionar con el auge de la extrema derecha?

Sí. La historia en la enseñanza obligatoria, en el caso de España, ha estado muy dominada por relatos concretos, como puede ser la Reconquista o la “conquista” de América. Y la otra gran deuda que tenemos es la memoria histórica, la memoria democrática. Muchas veces ni se enseña.

Creo que la clave está en saber cómo se controla ese relato: qué se permite contar, qué no y con qué palabras se enseña. Si les enseñamos a los jóvenes que los romanos conquistaron la península y que los árabes la invadieron, solo con ese uso de las palabras ya estamos presentando a un grupo propio y a otro como un cuerpo ajeno que hay que expulsar. Y esto, obviamente, se enraiza con muchos discursos antimigratorios.

Mucha gente pregunta: "¿Para qué sirve la historia?". Para eso. La historia sirve para conformar cómo ves el mundo. En este sentido, el relato que más ha afianzado el Estado a lo largo de las décadas es el de "nosotros contra ellos": el de unas esencias que forman la nación o el grupo, y el de todo lo que venga de fuera es una amenaza. Vox no saca estos relatos de la nada. El filósofo Jason Stanley lo defiende mucho: el autoritarismo busca siempre controlar el relato del pasado.

¿Por qué cree que los varones jóvenes se acercan más a los postulados ultras? ¿Cómo cree que se puede combatir? 

Por un lado, hay un blanqueamiento de figuras fascistas. Franco aparece en reels o en TikTok a través de chistes y de un humor que blanquea las brutalidades del franquismo, y no aparece tanto en las aulas. Y, por otro, esta es la ventaja con la que cuentan los reaccionarios: están utilizando y canalizando una rabia y una frustración, y les están diciéndole a los jóvenes que les están quitando algo, que van a dejar de ser los protagonistas de la historia y van a meter a otros grupos. Lo cual, en cierta parte, es verdad, pero no se trata de quitar sino de añadir; de completar ese relato. Al percibir esa pérdida de privilegio, es muy fácil llevar la frustración hacia el odio al diferente o a lo nuevo. 

Estos jóvenes tienen menos en común con los reyes o los emperadores de los que oyen hablar en Historia que con una persona migrante o una mujer de clase obrera. No tienes más en común con Felipe II que con Mohammed el de la esquina. Se nos enseñan unos ejes identitarios concretos para olvidarnos de otros, y de esta forma crear confusión y barullo dentro de las clases sociales, también presentes en las aulas.

Tras siete años con este proyecto en el que se posiciona como de izquierdas y queer, ¿siente que últimamente se castiga más los contenidos en este espectro político? 

Me hace gracia que me preguntes esto hoy precisamente. Me he metido en el canal y, no me había fijado, pero todos los vídeos que tengo sobre historia LGTB o queer, que subí incluso hace años, ahora están limitados para anunciantes, es decir, se censuran. En origen, esos vídeos estaban marcados para todos los públicos, así que suficientes espectadores han llegado de forma organizada y han denunciado que no es apto para todos los públicos simplemente porque hablan de sexualidad.

Sigue existiendo una forma de señalar a las disidencias y de decirles cómo tienen que opinar y qué tienen que decir. Es la idea de: “suficiente te hemos dado, así que adecúate a este discurso”. Por ejemplo, mucha gente ha usado el posicionamiento que ha habido dentro del colectivo LGTB en favor de Palestina para decir: “¿Qué haces defendiendo a gente que te tiraría de un tejado?”. Esa afirmación lleva implícita la idea de que el Islam y el mundo islámico es inherentemente homófobo. 

Gran parte de su contenido se dedica a desmontar discursos públicos de la derecha, como la idea de que México progresó gracias a la invasión española, una tesis que histórica y políticamente es falsa. Sin embargo, estas narrativas continúan circulando con fuerza pese a carecer de base científica. ¿A qué cree que se debe? 

En el caso de México, o de la conquista de América, hay dos cosas. Yo intentaba desmentir sobre todo el mito del progreso, la idea de que la historia es lineal. Esa forma de ver la historia o, en general, el mundo está muy asentada por la cultura popular. Y luego, por otro lado, creo que también está el tema del orgullo. Entendemos que la historia nos explica cómo hemos llegado hasta aquí o quiénes somos, así que sentimos que nos atraviesa a nivel personal. 

Es un marco tramposo pensar que estudiar la historia desde una perspectiva poscolonial o decolonial, o denunciar y hablar de los abusos de la conquista, te obliga a pedir perdón o a sentirte mal. Nadie quiere sentirse así. El objetivo de estudiar la historia y hablar de esos abusos no es hacer que nadie se sienta como un villano, sino entender las relaciones y las jerarquías que se han creado a lo largo de los siglos. El objetivo es entender, no plantear un "nosotros contra ellos", México contra España.

¿Qué significa para usted recibir el Premio Joven de infoLibre?

Significa que alguien me sigue considerando joven, lo cuál está muy bien. Ahora, en serio, me hizo mucha ilusión. Trabajo en espacios puramente virtuales y es un trabajo muy aislado. Este tipo de reconocimientos ayudan a sentir que no estamos solos, que estamos conectados y que somos muchos los que trabajamos por crear un mundo más justo e igualitario, que acoja a todo el mundo.

En este sentido, que venga de un medio como infoLibre me hace ilusión, porque os he citado mucho en trabajos y en vídeos. Que me deis un premio por mi trabajo me hace sentir muy humilde.

En un documento escrito a mano, con tinta azul y letra menuda, las monjas Adoratrices decían de Pilar que era una "joven de familia normal y buena moralidad", que presentaba una "conducta irregular" sin ningún "desliz moral", pero moviéndose con "cierta independencia", regresando "tarde a casa" y tratando con "chicos melenudos". Ese fue el motivo por el que acabaría internada en el Patronato de Protección a la Mujer. Aquel escrito, fechado en octubre de 1970, es uno de los pocos que han llegado a manos de las supervivientes. Hoy, tanto ellas como las investigadoras que siguen el rastro de esta opaca institución piden que las congregaciones religiosas hagan públicos todos los archivos a su disposición. Es una cuestión de justicia, reclaman, pero también la única forma de que mujeres como Pilar puedan escribir su historia.

Podemos ha solicitado, con motivo de la visita del papa León XIV a España, la entrega de toda la documentación en poder de las congregaciones religiosas que gestionaron los centros del Patronato durante más de cuatro décadas, así como todos los archivos relacionados con el robo de recién nacidos.

Es una de las reclamaciones que llevan formulando las supervivientes desde que dieron el paso de verbalizar sus relatos de violencia mientras estaban encerradas en la institución franquista, operativa hasta mediados de los 80, ya en democracia. "Las congregaciones establecieron el compromiso público de que nos lo iban a entregar, pero no lo han hecho". Habla Consuelo García del Cid, víctima del Patronato y una de las primeras mujeres en investigar y compartir públicamente lo sucedido en los centros.

En junio del año pasado, la Conferencia Española de Religiosos (Confer) celebró un acto de perdón a las víctimas, en el que se cerraron distintos compromisos. Los religiosos dijeron entonces estar dispuestos a "esclarecer la verdad" con la "máxima transparencia y colaboración", ofreciendo respuesta a quienes "buscan conocer su historia personal". Prometieron también llevar a cabo una "revisión histórica y análisis crítico" de lo sucedido, impulsando una "reflexión hacia el interior" de sus archivos para poder "analizar con objetividad el impacto del Patronato de Protección a la Mujer" en la propia historia de las congregaciones.

Hace casi un año de aquello y las supervivientes siguen esperando. "Las Misioneras de María Ianua Coeli nos dijeron que cuando entró en vigor la Ley de protección de datos, compraron una trituradora de papel y destruyeron todo. Las Adoratrices nos han dado algún documento suelto, con fechas de entrada y salida. Y las Hijas de la Caridad ni contestan a nuestros correos", afirma García del Cid. "¿Se están burlando de nosotras?", se pregunta.

La víctima insiste en que el acceso a los expedientes serviría para "demostrar cuánto tiempo" permanecieron en los centros, probar el "trabajo gratis" que allí se desempeñaba y los detalles de "un sistema penitenciario oculto" que pasó desapercibido durante demasiado tiempo. "Para muchas de nosotras, nuestras vidas y nuestro futuro estuvieron marcados por el paso por estos centros", clama García del Cid. "Es nuestra historia".

Si alguien sabe bien el valor de los expedientes, son las investigadoras que desde hace años han tratado de arrojar luz sobre las raíces de los reformatorios franquistas. Una de esas personas es María Palau, coautora de Inmaculada. La muerte que precipitó el final del Patronato (Libros del K.O., 2026). "Esa documentación es privada y por tanto tenemos un acceso prácticamente imposible, aunque es una pieza fundamental del puzle porque nos permitiría completar el discurso de los verdugos, un discurso patriarcal, misógino e impregnado de nacionalcatolicismo, pero que nos ha permitido ir uniendo puntos para dibujar esa verdad", sostiene la periodista en conversación con infoLibre.

A su juicio, el acceso a los archivos es clave no solo para recuperar la historia del Patronato de Mujeres, sino también para dar forma a los muchos relatos individuales de las supervivientes. Cuando las congregaciones se resisten a compartir los expedientes, en realidad les están "negando gran parte de su identidad", lamenta la escritora. 

Coincide Carmen Guillén, autora de Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (Planeta, 2026). "En esta historia hay un vacío documental", expone al otro lado del teléfono. Lo sabe a ciencia cierta: la doctora en Historia Contemporánea lleva más de diez años buceando en las escasas fuentes documentales existentes para tratar hacer memoria en torno al Patronato. 

Guillén cree fundamental crear una comisión oficial de investigación que implique "la apertura total de los archivos, incluidos los eclesiásticos". La historiadora subraya que la Junta Nacional del Patronato conservaba hasta 1.186 cajas de documentación, pero una inundación sufrida en el archivo donde almacenaban redujo aquella cifra a 31. Las investigadoras han tenido siempre que "bucear en los márgenes" para construir el relato de lo allí sucedido. Acceder a los archivos y expedientes, clama la experta, "ayudaría a cubrir muchos huecos en esta historia". 

España tiene un espejo en el que mirarse: Irlanda. Las llamadas Lavanderías de las Magdalenas fueron instituciones gestionadas por congregaciones religiosas a las que iban a parar niñas y adolescentes pobres, en situación de vulnerabilidad o simplemente ajenas al orden moral dominante. Irlanda ha desarrollado políticas públicas de memoria y reparación hacia las víctimas, investigando lo sucedido, compensando económicamente a las supervivientes y reconociendo su responsabilidad en la violencia que recayó sobre ellas. 

Aunque las supervivientes han sido reconocidas como tal, las investigadoras creen que hacen falta más pasos hacia una reparación real del daño. "Los símbolos son importantes y ellas lo vivieron como una especie de acto de catarsis colectiva, pero es preciso un cambio en la Ley de Memoria Democrática para incluir oficialmente una reparación económica", asiente Guillén. "Les partieron la vida, condicionaron su futuro y no les dejaron estudiar", denuncia.

En este extremo se detienen todas las voces consultadas. "Muchas compañeras están al borde del desahucio, mientras las congregaciones siguen funcionando en terrenos regalados por el dictador", destaca García del Cid.

Las niñas internadas en aquellos centros fueron explotadas laboralmente, desarrollando trabajos forzados y sin remunerar como tónica general. Las víctimas también piden que se reconozcan esas labores como años cotizados, para lo que es preciso el acceso a los expedientes y a los libros de contabilidad, esclareciendo así las ganancias obtenidas. Y en ese sentido, demandan también una "investigación sobre las empresas que se beneficiaban con el trabajo forzado de las internas". 

Aquellas mismas niñas que ingresaban por desviarse de la doctrina de la época no solo fueron vejadas, explotadas y violentadas, sino que muchas de ellas llegaron embarazadas y nunca más volvieron a saber nada de sus bebés. "Dentro del complejo entramado institucional que generó el Patronato de Protección a la Mujer, pocos espacios resultan tan difíciles de abordar como los centros maternales", escribe en su libro Carmen Guillén. A medida que el alcance de la institución fue extendiéndose, la "atención a mujeres solteras embarazadas se consolidó como una de sus áreas centrales". Y en ese contexto se produjeron, escribe la historiadora, "procesos de adopciones forzadas y separación sistemática entre madres e hijos".

Un fenómeno que no es exclusivo del Patronato. "El robo de recién nacidos se desarrolló a través de múltiples elementos institucionales y sociales que funcionaron de forma continuada desde la Guerra Civil hasta la década de los 90", expone la investigadora, con "maternidades, hospitales y clínicas privadas" como los "escenarios principales de este proceso", mientras que los registros civiles "jugaron un papel crucial en la legalización del delito al permitir la inscripción fraudulenta de los recién nacidos como hijos biológicos de otras familias". Lo que Guillén llama "arquitectura de la desaparición" fue sostenido por "médicos, religiosas y funcionarios", quienes garantizaron "la eficacia del robo y también su ocultamiento durante décadas".

Las expertas creen que en lo que respecta a los bebés robados, todo está por hacer. Piden la aprobación de una ley nacional y bancos de ADN para la identificación de los niños y niñas "robados en las maternidades del Patronato" y arrancados también "en otras maternidades públicas y privadas".

Las batallas pendientes tienen, en realidad, mucho que ver con el presente. Porque aquellas dinámicas que han sido normalizadas e ignoradas durante décadas, tienen impacto todavía hoy. Lo explica Guillén: es importante, a su juicio, revisar todas las situaciones actuales que puedan seguir "reproduciendo esquemas basados en misoginia y discriminación por razón de etnia, condición social o discapacidad", especialmente ligadas con "retiradas de custodia, con las madres protectoras y con la violencia vicaria". Eso conlleva, en muchos casos, la vigilancia de los "centros regentados por las mismas órdenes religiosas que atienden a mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad", destaca la escritora. 

Palau recuerda que la estela de la institución no desapareció con la extinción de los centros, sino que hábilmente se valió de la desmemoria para ir tomando otras formas. "Esas monjas siguen ocupando los mismos espacios. No se hacen cargo de internas, pero sí de mujeres en situación de vulnerabilidad y tenemos indicios que nos llevan a pensar que el trato puede estar siendo similar". 

La periodista entiende que transformar el sistema de servicios sociales supone "un trabajo enorme", pero también cree que es clave ir dando pasos hacia otro modelo. Un primer impulso puede estar en revisar los requisitos que permiten a las congregaciones acceder a fondos públicos, para establecer la imposibilidad de acceder a ayudas públicas mientras no faciliten toda la documentación de la que disponen.

Los dibujos de los niños y niñas de la Guerra Civil española se vendían a un dólar en los grandes almacenes de Estados Unidos. Era una suerte de catálogo editado en Nueva York, en 1938, titulado They Still Draw Pictures!, que contenía las obras de los niños y un prólogo del británico Aldous Huxley, donde el autor recuerda la capacidad moral y de resistencia de la infancia para mantener la imaginación en medio del conflicto. Subrayaba Huxley el doble valor del libro. Histórico, pues registra la barbarie y tiene un alto valor documental, y estético, porque plasma, sin artificio, libre de prejuicio y bajo formas artísticas, el terror a la violencia y el miedo a las bombas, a la muerte, a la separación de sus padres y familias. Las ventas de aquel libro se destinaron a financiar evacuaciones y colonias infantiles.

Todos esos dibujos los habían realizado los niños y niñas que formaron parte de las colonias escolares republicanas, una iniciativa impulsada por la Spanish Child Welfare Assotiation y el American Friends Service Committee, y creadas por el Ministerio de Instrucción Pública. Solo en ocho días, en aquellos meses iniciales de la contienda, habían salido de Madrid 21.000 niños y niñas de entre seis y catorce años, rumbo a Levante y Cataluña. De los bombardeos a los naranjales. Las colonias se sostenían en varias ideas: crear un clima solidario, una enseñanza organizada y sembrar la paz en el corazón de los críos para un futuro mejor para las mujeres y hombres del mañana. Que los niños y niñas conocieran sus derechos y respetar la solidaridad de la infancia eran las claves de la instrucción. La República quería una educación en igualdad, sin distinguir dos tipos de infancia, la de los hijos de los pobres y de los ricos. Una misma educación para todos, sin distinciones de clase o de género. 

Hoy, 617 de esos dibujos están en la universidad de California, en San Diego, y 153 en la universidad de Columbia, Nueva York. En España, en 2018, la entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, edita una carpeta titulada ¡Aún dibujan!, con algunos de esos folios y el prólogo de Huxley, un proyecto que se extingue y se deja de difundir con la llegada de la derecha apoyada por la extrema derecha al Ayuntamiento. Qué importaban los niños y niñas si venían de familias republicanas. Qué la memoria. Qué la cultura. Pero una de esas carpetas llega hasta Vladimir Merino, nacido en Rusia, hijo de una niña de la guerra, que organiza una exposición itinerante que lleva por toda España. Este viaje de Vladimir cae entonces en la Secretaría de Memoria Democrática del Gobierno y deciden editar un libro coral con todos los dibujos y textos de expertos en memoria e infancia. Se titula Dibujos para una guerra. 1936-1939 y, aunque no está a la venta, cualquiera puede descargarlo completo en este enlace. 

Es impresionante ver todos esos dibujos en detalle: la aviación negra, las esvásticas, la caída de las bombas como lágrimas mortíferas, los hombres por el suelo, las evacuaciones, los barcos, los trenes, las maletas. Conjugan el trazo infantil de los lápices de madera con episodios explícitos que nunca se debieron vivir. 

A la editora de este libro le han preguntado varias veces dónde están los dibujos de los niños del otro bando. No se sabe. Claro que el terror sería el mismo. La infancia, herida de por vida, una lesión interior repetida a lo largo de las décadas en otras latitudes de la misma forma traumática. Quienes cayeron en territorio nacional vieron cómo se suspendía la educación escolar mientras la república se esforzaba también en aquellos años en mantener la instrucción y la protección de la infancia. Y, si nos acordamos de aquella vieja historia de nuestra guerra, sabemos que esos territorios sufrieron menos bombardeos que la zona republicana. Pero siempre es difícil este país. Cualquier avance con respecto a la memoria se cuestiona con relación a otra parte, se impide nombrar, recuperar, poner el dolor de quienes perdieron en su lugar. Y no ha sido la misma, es evidente, la memoria de un lado que de otro. 

Se perdieron muchos avances, España se detuvo durante años en el lado oscuro de la Historia. También en educación y en protección a la infancia. Todavía hoy no hemos recuperado la modernidad y el respeto que en aquellos años previos a la guerra se tuvo por la educación. 

Escribo esta columna desde Tavernes de Valldigna, el pueblo en el que nació Rafael Chirbes y donde hemos venido para hablar de ese libro, Dibujos para una guerra, una obra que debería estar en todas las escuelas. La casa natal de Chirbes, uno de nuestros mejores narradores, es un solar vacío, cuatro paredes abiertas, detenidas a la espera de presupuesto para levantar lo que también sería un lugar de cultura y memoria. Los profesores de la educación pública de la Comunitat Valenciana siguen en huelga después de tres semanas, pidiendo mejoras, peleando por darles a los estudiantes una educación a la altura de un mundo complejo que necesita mujeres y hombres preparados para entender su progreso. Somos este país que hoy, noventa años después de aquello, desestima el saber universal para afrontar el futuro.  

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha acordado la suspensión cautelar del Acuerdo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de 20 de octubre de 2025, por el que se declara Lugar de Memoria Democrática la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ubicada en la Puerta del Sol, donde antiguamente estaba instalada la Dirección General de Seguridad.

En un auto, que cuenta con el voto particular de un magistrado, la Sección Primera estima el recurso presentado por el Letrado de la Comunidad de Madrid que solicitaba suspender el Acuerdo porque suponía un daño en su imagen institucional por la colocación, como recuerda la Audiencia Nacional de placas, paneles o “distintivo memorial interpretativo” que identifique el lugar como Lugar de Memoria Democrática.

Según la Sala, “no puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede de la Presidencia de la CAM pueda sufrir un menoscabo irreversible, pero sí puede afirmase que no es posible negar de forma categórica dicha incidencia negativa”. Desde esta perspectiva, afirma el Tribunal, “toda vez que cabe la hipótesis de que se genere un efecto adverso en la imagen institucional de la CAM, la medida cautelar solicitada se evidencia como pertinente”.

A lo anterior se suma, apunta el auto, que la declaración de Lugar de Memoria Democrática puede afectar en una medida más o menos intensa a las actividades que se desarrollan en el mismo. “Dichas actividades exceden de lo que el Acuerdo impugnado denomina “oficinas administrativas” (SIC) obviando la ubicación, precisamente en ese espacio, de la Sede de la presidencia de la CAM”. La Sala añade que la confluencia en el mismo espacio físico de intereses tan intensos y, a la par, contrapuestos, aconseja también desde este punto de vista la adopción de la medida cautelar, pues podría verse menoscabada la finalidad legítima del recurso.

Por otro lado, a juicio de los magistrados, "tiene especial intensidad el interés que defiende la Comunidad Autónoma, por el posible perjuicio irreversible, o intenso, que supone la ejecución del acuerdo impugnado” frente a los intereses de la AGE.

La Sala recuerda que este procedimiento está pendiente del conflicto positivo de competencias que se tramita en el Tribunal Constitucional, lo que también avala la suspensión que solicita la Comunidad de Madrid. “Baste resaltar a estos efectos -añade- que la decisión que pueda adoptarse por el TC tiene especial incidencia en el presente procedimiento, lo que permite afirmar que la suspensión de los efectos del Acuerdo recurrido es, sin género de duda procedente -aparte los razonamientos anteriores- que son, de todo punto, concluyentes”.

Uno de los magistrados de la Sala no comparte el criterio de la mayoría en relación con la afectación negativa a la imagen institucional de la CAM por la declaración del edificio como lugar de Memoria Democrática y recuerda que los hechos históricos que motivan la declaración tuvieron lugar cuando esta institución, tributaria del actual régimen democrático, no existía ni se podía siquiera imaginar que existiese. “Al recordar hechos negativos de la historia de España no se persigue desmerecer otros valores que puedan estar presentes en el lugar, como los histórico-artísticos resaltados por los académicos, por los que el edificio pueda incluso ser más conocido por los estudiosos y público en general, ni hacer un juicio de desvalor de la acción de gobierno de las instituciones autonómicas”.

Para este magistrado, “la interrupción de las medidas para potenciar la memoria democrática y el retraso consiguiente en el despliegue de la acción de reparación, sí perjudica la finalidad perseguida por el acto impugnado, en el marco descrito en la Ley 20/2022, transmitiendo a las víctimas sensaciones de desazón e incredulidad, y proyectando una imagen negativa ante las instancias internacionales sobre la autenticidad del compromiso de España de proteger la memoria democrática y de su propósito de superación de los episodios oscuros de su pasado”.

El Ateneo de Madrid acoge el próximo jueves 30 de abril una conferencia centrada en la figura del escritor y político francés André Malraux y su implicación en la Guerra Civil española, bajo el título “Malraux en España (1936-1939): el compromiso de un intelectual ante el fascismo”. El acto, organizado por la Sección ateneísta de Literatura, tendrá lugar a las 19:00 horas en la Sala Ramón y Cajal.

La sesión propone una reflexión sobre el papel de los intelectuales en contextos de crisis democrática, tomando como referencia el posicionamiento activo de Malraux frente al avance del fascismo en Europa durante los años treinta. El autor de La esperanza, profundamente vinculado a la causa republicana, no solo narró el conflicto español, sino que participó directamente en él, convirtiéndose en un símbolo del compromiso político y cultural de una parte de la intelectualidad europea de la época.

La conferencia correrá a cargo de Antoni Cisteró García, un perfil marcado por la interdisciplinariedad: ingeniero químico de formación, licenciado en Filosofía y diplomado en Ciencias Sociales, ha orientado su trayectoria hacia el análisis del contexto social de los acontecimientos históricos. Es autor de ensayos como Confluyendo o Participar hoy, así como de novelas históricas como Campo de esperanza —galardonada con el Premio Film-Historia de la Universidad de Barcelona— e Hijo de la memoria, ambas traducidas al francés. También ha desarrollado una amplia producción en otros géneros, incluyendo teatro y reflexión histórica a través de distintos espacios digitales.

La presentación del acto estará a cargo de Ángel Viviente Core, también escritor y activista en distintas causas cívicas. La cita se enmarca en la programación cultural del Ateneo, una institución histórica que sigue funcionando como espacio de debate y pensamiento crítico en torno a cuestiones políticas, sociales y culturales de relevancia contemporánea. En un contexto europeo en el que resurgen discursos autoritarios, la recuperación de figuras como André Malraux invita a repensar el papel de la cultura y la intelectualidad ante los desafíos democráticos actuales.

Barcelona no puede entenderse sin la migración y el crisol de voces y culturas diversas que la forman. Sus barrios, mezcla de convivencia y, en ocasiones, conflictos; las migraciones internas que tuvieron lugar durante el tardofranquismo y la Transición desde regiones rurales como Andalucía, Extremadura, Murcia y Castilla, impulsadas por el boom industrial y el desarrollismo económico; las reivindicaciones vecinales, punta de lanza de derechos y mejora de la vida en las ciudades…

Hoy el eco de la memoria resuena en las nuevas generaciones, que reinterpretan esta herencia polimorfa a través de su propia experiencia, marcada por las desigualdades, la diversidad cultural, el proceso identitario y el acceso a la propia ciudad. 

En este contexto, la ciudad condal se revelaba como el lugar idóneo para un nuevo encuentro de infoLibre, en colaboración con 50 años de España en Libertad: ‘Barcelona: de las migraciones a los nuevos derechos’, dentro del ciclo ‘La memoria que somos: voces, lugares y generaciones’ y cuyo directo puede verse de nuevo a través de YouTube y X (antes Twitter).

El Museo de Historia de Barcelona, lugar del evento, permitió conectar un pasado de evolución con un presente incierto, y observar cómo la democracia sigue siendo un proceso que, esencialmente, se transforma de abajo hacia arriba. Hemos reflexionado también sobre el legado que nos ha traído a la Barcelona de hoy y qué derechos, consolidados durante décadas, enfrentan ahora nuevas amenazas.

La bienvenida corrió a cargo del director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, que además conversó con Carmina Gustrán, la comisionada de los 50 años de 'España en libertad'. Entre los participantes se encontraban Irene Escorihuela, directora del Observatori DESC y experta en derechos sociales y vivienda; Imma Boj, directora del Museu d’Història de la Immigració de Catalunya (MhiC); Saoka Kingolo, activista social, vinculado a proyectos de promoción lingüística y exconseller de distrito del Ayuntamiento de Barcelona; y Camila Opazo-Sepúlveda, doctora en Sociedad y Cultura e investigadora en memoria y migraciones.

Barcelona es una ciudad clave para entender cómo ha ido evolucionando la democracia en España y cómo, desde sus orígenes, ha sido posible a partir de una base social, las migraciones y la cultura popular, los movimientos vecinales y la lucha por derechos básicos, que hoy vuelven a cuestionarse.

El Gobierno ya está preparado para activar el procedimiento de eliminación de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Dos años y medio después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática, el Ministerio de Cultura, de quien depende el Protectorado de Fundaciones, ha emitido finalmente una resolución orientada a la extinción de la entidad. Firmada por el ministro Ernest Urtasun, concluye que el fin principal de la misma, por más que modifique sus estatutos, "se centra en la apología del franquismo". Pero el extenso escrito del ministerio no implica, directamente, su final. Ahora comienza una batalla judicial que se espera larga, tanto que tendrá que ser afrontada por el próximo Ejecutivo, y que amenaza, incluso, con llegar al Tribunal Supremo.

La Fundación Franco nació cuando ni siquiera se había cumplido un año del fallecimiento del dictador. Se constituyó formalmente el 8 de octubre de 1976. Y se apoyó sobre 226 fundadores, según la información que consta en el Ministerio de Justicia. Entre ellos se encontraba, por supuesto, la hija del caudillo, Carmen Franco Polo, que ejerció como presidenta de honor de la entidad hasta su fallecimiento. O Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange. Y también un nutrido grupo de empresarios, religiosos, militares, diplomáticos, políticos o ministros del régimen: desde José Utrera Molina o Licinio de la Fuente hasta Antonio María de Oriol y Urquijo o Jaime Miláns del Bosch. Lo más granado de la dictadura.

Entre sus fines estaba entonces el contribuir a la "proyección del ideario" del dictador sobre el futuro de la vida española, la "exaltación" de su vida como "modelo de virtudes" o el enaltecimiento de su "figura" y la preservación de su "legado". Mes y medio después de su constitución ante notario, el rey Juan Carlos I recibió en audiencia a la Fundación Franco, que le entregó al monarca su primera medalla de oro. Una reunión en la que, según las crónicas de la época, los representantes de la entidad solicitaron al rey su intervención para que se pusiera fin "a la campaña de descrédito, insultos y falsedades" contra el fallecido dictador que se estaban "propagando" en "determinados medios de comunicación social".

Durante el último casi medio siglo, esta entidad ha sido la última trinchera de la dictadura. Una anomalía en democracia a la que se ha querido poner fin a través de la nueva ley de memoria. Esta norma estableció como causa de extinción de fundaciones la "apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes" con "menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas". El Ministerio de Cultura comenzó en junio de 2024 a recopilar información y argumentos para motivar la eliminación de la Fundación Franco. Un proceso que, dos años después, ha culminado con lo que consideran un "expediente sólido" para continuar con la extinción.

La resolución recoge, a lo largo de setenta páginas, tanto el contenido de los distintos informes solicitados como las alegaciones de la propia entidad. Y la conclusión es clara: "Queda acreditado que su fin principal se centra en la apología del franquismo, ensalzando el golpe de Estado y la dictadura y enalteciendo a su dirigente y responsable principal, actuando para ello con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas". Durante estos meses, se ha volcado y estudiado todo el contenido de la página web de la fundación. "Los fines de fomento y desarrollo de la educación, investigación y otras actividades culturales son instrumentales del fin principal, que supone proporcionar una visión inequívocamente positiva del franquismo", recoge el informe de la Secretaría de Memoria.

Durante el procedimiento, la fundación presentó una alegación por un cambio en los estatutos realizado con posterioridad a la entrada en vigor de la norma memorialista. En concreto, del artículo 6, en el que se incluía el compromiso de "velar" por el "máximo respeto a las víctimas de cualquier significación" del periodo comprendido entre 1931 y 1977, evitando "siempre" el "menosprecio, descrédito o humillación a ellas o a sus familiares". Sin embargo, Cultura contraatacó diciendo que dicha reforma estatutaria no se presentó "siguiendo el procedimiento" previsto a nivel reglamentario. Hubo una solicitud de modificación estatutaria, sí, pero nunca se llegó a completar.

La resolución del Ministerio de Cultura no deriva, de manera inmediata, en la eliminación de la fundación. Ahora, con el expediente sobre la mesa, la Abogacía del Estado tendrá que activar la palanca judicial. Serán los jueces, por tanto, quienes tengan la última palabra. "Comienza la verdadera batalla, que se dirimirá en los tribunales", dicen desde la entidad. Una guerra que se prevé intensa. Lo que decida el tribunal de instancia podrá ser recurrido ante la Audiencia y, posteriormente, en casación ante el Tribunal Supremo. De hecho, desde la fundación dejan claro en conversación con infoLibre que, si es necesario, piensan llegar hasta esa instancia, a la que ya acudieron en su día –aunque sin éxito– para tratar de impedir la exhumación del dictador del Valle de los Caídos.

La batalla puede demorarse bastante tiempo. Casi cuatro años pasaron, por ejemplo, desde que la Generalitat Valenciana pidió en el juzgado la eliminación de la Fundación Arnedo Medina hasta que el Alto Tribunal, tras varios recursos, le dio definitivamente la razón. Todo apunta, por tanto, a que la carpeta judicial de la extinción será heredada por el Gobierno que salga de las urnas en las próximas elecciones generales, que podrá tomar decisiones relevantes respecto a la misma a través de la Abogacía –por ejemplo, en relación a la interposición de recursos–. Por el momento, todas las encuestas apuntan hacia una clara mayoría absoluta del PP con Vox, una ultraderecha que se ha posicionado en contra de la ilegalización de la fundación.

De entre todos los bienes de los que dispone, el principal activo de la entidad es el archivo del dictador. Según un informe del Ministerio de Cultura, son cerca de 30.000 documentos que incluyen correspondencia con otros jefes de Estado, ministros y personalidades tanto de España como del extranjero; documentación producida por instituciones de la administración colonial, miembros de la monarquía o el clero; o documentos sobre numerosos acontecimientos históricos y sobre visitas de jefes de Estado extranjeros –desde Eisenhower a Eva Perón–. Papeles que "son de carácter público" y que el Ministerio de Cultura ha pedido a la Abogacía del Estado que reclame.

Barcelona no puede entenderse sin la migración y el crisol de voces y culturas diversas que la forman. Sus barrios, mezcla de convivencia y, en ocasiones, conflictos; las migraciones internas que tuvieron lugar durante el tardofranquismo y la Transición desde regiones rurales como Andalucía, Extremadura, Murcia y Castilla, impulsadas por el boom industrial y el desarrollismo económico; las reivindicaciones vecinales, punta de lanza de derechos y mejora de la vida en las ciudades…

Hoy el eco de la memoria resuena en las nuevas generaciones, que reinterpretan esta herencia polimorfa a través de su propia experiencia, marcada por las desigualdades, la diversidad cultural, el proceso identitario y el acceso a la propia ciudad. 

En este contexto, la ciudad condal se revela como el lugar idóneo para un nuevo encuentro de infoLibre, en colaboración con 50 años de España en Libertad: ‘Barcelona: de las migraciones a los nuevos derechos’, dentro del ciclo ‘La memoria que somos: voces, lugares y generaciones’. Tendrá lugar el martes 21 de abril a las 19:00 h. en el Museo de Historia de Barcelona y se podrá seguir a través de YouTube y X (antes Twitter). En este enlace puedes reservar tu invitación.

El Museo de Historia de Barcelona, lugar del evento, permite conectar un pasado de evolución con un presente incierto, y observar cómo la democracia sigue siendo un proceso que, esencialmente, se transforma de abajo hacia arriba. Reflexionaremos también sobre el legado que nos ha traído a la Barcelona de hoy y qué derechos, consolidados durante décadas, enfrentan ahora nuevas amenazas.

La bienvenida correrá a cargo del director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, que además conversará con Carmina Gustrán, la comisionada de los 50 años de 'España en libertad'. Entre los participantes estarán Irene Escorihuela, directora del Observatori DESC y experta en derechos sociales y vivienda; Imma Boj, directora del Museu d’Història de la Immigració de Catalunya (MhiC); Saoka Kingolo, activista social, vinculado a proyectos de promoción lingüística y exconseller de distrito del Ayuntamiento de Barcelona; y Camila Opazo-Sepúlveda, doctora en Sociedad y Cultura e investigadora en memoria y migraciones.

Barcelona es una ciudad clave para entender cómo ha ido evolucionando la democracia en España y cómo, desde sus orígenes, ha sido posible a partir de una base social, las migraciones y la cultura popular, los movimientos vecinales y la lucha por derechos básicos, que hoy vuelven a cuestionarse.

30.000. Una cifra política. Un símbolo. Un número que miles de argentinos han adoptado como una forma de medir lo inconmensurable, de preservar la memoria y de combatir el silencio. Una cifra que no es comprobable. La dictadura argentina (1976-1983) se encargó de ello. Sin embargo, desde que fue adoptada por organismos de Derechos Humanos se ha convertido en un grito colectivo, una protesta y un reclamo para recordar para siempre aquello de: “Señores jueces, nunca más”. 

La represión militar dejó miles y miles de desaparecidos. 30.000. Y, entre ellos, también hubo españoles. De los casos que se han podido comprobar surge otra cifra: 307. Para recordarlos 50 años después de aquel 24 de marzo, el Instituto Cervantes ha acogido un acto este jueves presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, bajo el nombre 307, ¿Dónde están?. 

El acto ha arrancado con una actuación de Pedro Pastor. El cantautor ha dedicado su tema Los olvidados a aquellos que han sido olvidados por la historia. Esa que han escrito los ganadores. Una canción para los 307 españoles que tuvieron que sufrir dos dictaduras.

Luego ha subido al escenario un emocionado Xavier Fortes, quien ha conducido el acto. El periodista ha recordado que, siendo aún niño, vio cómo Pinochet se alzaba en Chile para “vampirizar” a su pueblo. Como Videla. Como Franco. “Videla era la cara del mal absoluto, del terror y del odio”, ha remarcado. Después, ha pedido un minuto de silencio por los desaparecidos en la dictadura. Toda la sala se ha unido al homenaje y se ha sumido en un silencio absoluto, roto solo por los aplausos de los asistentes. 

“Las palabras definen nuestro pasado, pero también nuestro futuro”, ha comenzado el discurso de Luis García Montero, poeta y director del Instituto Cervantes, que ha subido al escenario después del emotivo momento. “Para una persona como yo, que empezó a escribir a finales de los años setenta, el golpe de Estado argentino dialogaba con lo que había sido el régimen de Franco. Lo vivimos como si fuera nuestro”, ha recordado el también columnista de infoLibre. 

García Montero ha dado paso al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que ha defendido la forma en la que se tiene que trabajar la memoria democrática para no volver a cometer los mismos errores, aunque, ha remarcado, haya algunos que quieran volver a ellos. “Estamos aquí para arrojar luz sobre esta sombra, para recordar a los ausentes, a quienes quisieron condenar al olvido, para que su memoria no desaparezca nunca. Todos los desaparecidos eran personas que tenían un proyecto de vida que sus asesinos no querían que se cumpliera”, ha indicado Albares. 

Entre las formas de terror al que fue sometido el pueblo argentino estaban los secuestros, los asesinatos, las violaciones, la censura, el robo de niños y, por supuesto, las desapariciones. No se sabe cuántas personas tuvieron que pasar por ello. Tampoco en ese momento las familias sabían lo que había pasado con sus seres queridos. Simplemente, desparecían. 

Para poder concretar una cifra, organismos de Derechos Humanos estimaron que al menos cerca de 30.000 personas fueron desaparecidas, al comprobar que, tras ser secuestradas por los militares, nunca aparecieron. 

Tomás Labrador, argentino afincado en España, ha contado la historia de su familia. Su padre fue asesinado el 10 de noviembre de 1976. Esa misma noche, los militares se presentaron en las casas de sus familiares para comunicarles el crimen y advertirles de que ellos podían ser los siguientes. Ante la amenaza, su familia partió a España en menos de 24 horas. Todos tuvieron que rehacer de nuevo sus vidas aquí. Pero su abuela Esperanza, madre de su padre, solo aguantó tres meses. Tenía que ir a Argentina a buscar a su hijo. 

“La memoria es un territorio en disputa constante”, ha recalcado Labrador. Una afirmación que luego ha reiterado una voz muy conocida en España: la del actor Juan Diego Botto. “Cuando no damos esa disputa es un día que perdemos. A veces te sitúa en una confrontación que uno quiere evitar, pero no hacerlo explica que hoy tengamos a gente como Javier Milei [el presidente argentino] o a personas en España cantando el Cara al Sol”, ha señalado. 

La suya y la de Labrador son dos historias que parecen reflejarse la una en la otra. El padre del actor, Juan Fernando Botto, también fue desaparecido. Su madre, la actriz Cristina Rota, trató de buscarlo, pero al hacerlo comprobó que ella corría peligro. Partió hacia Madrid con sus dos hijos y con otra en camino, y ya en España siguió buscándolo. 

Tampoco de sus hijos –recién nacidos cuando desaparecieron– se sabe nada. Se estima que al menos 510 bebés fueron robados durante la dictadura. Y muchos de sus familiares todavía no saben nada de ellos. La asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que trabaja desde finales de 1977 para intentar encontrar a sus nietos, ha logrado restituir y reconocer la identidad de 140 de ellos. 

La cantante Ana Belén ha sido la encargada de poner voz a una de las cientos de historias de niños y niñas que crecieron junto a quienes habían participado en un régimen que asesinó a sus padres, con la lectura del texto Carta abierta a mi nieto. El relato cuenta cómo los militares quitaban los hijos a las mujeres secuestradas para dárselos a familias de policías o militares. 

Franco y Videla. Videla y Franco. Ambas dictaduras se reflejan la una en la otra. Como también ambos países. Casi 10.000 españoles y españolas huyeron hacia Argentina entre los años 40 y 60, sin contar con la ayuda del Gobierno argentino que no facilitó la acogida de los exiliados. 

Como han remarcado Botto y el ministro Torres, España y Argentina también se parecen hoy en la nostalgia por el fascismo. Pero, para el ministro, hay un antídoto: “la democracia y la memoria”, para que no se dé nunca más la impunidad del olvido. Torres también ha sido el encargado de entregar la Declaración de Reconocimiento y Reparación a la Comisión de Españoles Desaparecidos en Argentina. 

El acto lo ha cerrado el cantante Miguel Ríos, que ha puesto voz a un poema de Luis García Montero contra la guerra, repartido en 2003 por las facultades mientras España gritaba “No a la Guerra”. Con ese clamor ha acabado Ríos, al que se ha sumado toda la sala. 

El Gobierno va a solicitar de forma "inminente" la extinción judicial de la Fundación Francisco Franco, al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de la normativa sobre fundaciones y tras poner fin al proceso administrativo, según ha anunciado este martes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

"Vamos a enviar al juez un expediente sólido que demuestra que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a las víctimas. Y porque en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura", ha dicho Urtasun en una rueda de prensa.

Los trámites para solicitar la extinción de la Fundación Francisco Franco comenzaron en junio de 2024, cuando empezó a recopilar información el Ministerio de Cultura, de quien depende el Protectorado Estatal de Fundaciones.

Tras finalizar el proceso administrativo, en el que la Fundación ha presentado alegaciones que han sido rechazadas por el Ministerio de Cultura, el Gobierno da un paso más al reclamar la extinción judicial y deja el asunto ahora en manos de la Justicia.

Habrá ampliación.

Ángeles Domínguez López sabía leer y escribir porque creció en una “casa de señoritos”. Aprendió al mismo tiempo que los niños de esa familia pudiente a la que su madre, “soltera”, servía.

Esa educación le permitió después ayudar a los demás. Solía acudir a la Casa del Pueblo para enseñar a otros. Y esa educación también valió de excusa para ser detenida ilegalmente, asesinada y arrojada a una fosa común. Aún sigue desaparecida.

Ocurrió el 20 de septiembre de 1936 en Fuentes de León, un municipio en el sur de Badajoz, la segunda provincia más represaliada (después de Sevilla) durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Justo este mes de julio se cumplirán 90 años del golpe de Estado y sus consecuencias.

La historia de Ángeles la cuenta su bisnieta Lucía Expósito Cívico, 28 años, profesora en la Universidad de Granada e investigadora sobre memoria histórica. “Nos preguntábamos mucho cómo podía tener esa cultura en aquella época”, expresa. “Madre soltera decían… —añade sobre su tatarabuela— Se habla poco de la violencia sexual que han vivido las mujeres. Si ahora hay silencio, imagínate antes”.

Ángeles Domínguez López a veces leía la prensa en voz alta. Era una mujer adelantada a su tiempo, también en la forma de vestir, con ropa más llama­tiva.

¿Dónde empieza la búsqueda? Una fotografía en el salón familiar de una chica todavía joven que sonríe. Mirada profunda, inquieta, curiosa. Y un silencio inevitable que envuelve a esa imagen. “No se hablaba por dolor. A mi abuela se le removía todo con su madre. Lo que tenía de ella eran las pocas cosas que le contaron y esa foto”. A Lucía Expósito se le despertó la necesidad de conocer la historia de su familia cuando todavía estaba en el instituto. Ahí empezaron las primeras conversaciones y obtuvo las primeras pistas.

Los retazos que le han llegado es que su abuela, Dolores Cárdeno Domínguez, apenas había cumplido un año de vida cuando se quedó sin madre; iba en sus brazos cuando la detuvieron en mitad de la calle delante de una vecina, a quien le pidió que se llevara a la niña a casa. Los días que aguantó en la cárcel se la acercaban para que le diera de mamar. Hasta que desapareció. Fue asesinada en el cementerio junto con una decena de mujeres. Con 33 años.

Dolores y sus tres hermanas, la mayor de nueve años, ya estaba señaladas. “Las cuatro fueron separadas y forzadas a servir desde pequeñas en casas de señoritos”. Fue su herencia.

“No nos podemos quedar solo en la superficie de conocer los nombres de las represaliadas, tenemos que saber la historia que hubo detrás para entender las violencias que sufrieron las mujeres”, resalta Lucía Expósito. Ella creció en el municipio sevillano de La Puebla de Cazalla. Desde el verano de 2019 colabora con el proyecto de exhumación de las fosas comunes de Fuentes de León. Los restos de su bisabuela no han aparecido, pero sabe que están ahí.

Su abuela Dolores falleció el año pasado con 89 años. Nunca se separó de la fotografía de su madre.

En su búsqueda por la verdad, Expósito contactó con Candela Chaves, investigadora, doctora en Historia por la Universidad de Extremadura y un referente en Memoria Histórica en Extremadura. Además, sus investigaciones son innovadores porque se abordan con perspectiva de género.

El papel de Chaves (Montijo, 1982) fue crucial en la citada exhumación en Fuentes de León. Así describe en una sus publicaciones lo que ocurrió en este municipio pacense que ahora ronda los 2.100 habitantes: “La ma­ñana del 14 de septiembre de 1936, un grupo formado por falangistas y guardias civiles […] entró en la localidad tras un breve, casi anec­dótico, enfrentamiento con algunos vecinos armados, entre ellos dos guardias municipa­les, a las puertas del municipio. […] La localidad quedó bajo control de los suble­vados inmediatamente. Y la primera medida tomada por el capitán de la Benemérita fue constituir una nueva gestora municipal, afín a la sublevación. Conformada por grandes pro­pietarios y políticos derechistas locales, a las 11.00 horas se firmaba en el libro de Actas la destitu­ción de la anterior corporación, electa en fe­brero de 1936, y la formación de la nueva. Veinte minutos duró la eliminación de la democracia y la instauración de un régimen de terror y sometimiento”.

El trabajo de esta investigadora ha permitido sacar a la luz las historias que permanecían enterradas, entre ellas la de Ángeles Domínguez López. Siempre con el empeño de evidenciar la doble represión que ellas sufrieron: por ser mujer y vencida.

En este sentido, destaca: “El testimonio oral es parte esencial en la búsqueda, porque el rastro de ellas en los documentos suele ser mucho menor que el de los hombres. Por eso los relatos son imprescindibles”.

Chaves ha recibido este año uno de los premios de Igualdad de la Diputación de Badajoz precisamente por su acción “pionera, valiente y profundamente transformadora en el ámbito de la memoria histórica, con un proyecto que rescata del olvido a miles de mujeres represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, realizado desde una perspectiva de género rigurosa y con un fuerte impacto social”. Así lo recoge la Institución provincial pacense.

Hay violencias que no dejan huella en los documentos, que pertenecen a la esfera más íntima. Más el estigma social. Para ellas y su entorno. “En la represión franquista, sobre las mujeres se practicarán los mismos métodos represivos que sobre los hombres. Ellas serán detenidas, encarceladas, asesinadas de forma extrajudicial, sentenciadas, exiliadas, sus bienes serán incautados, serán inhabilitadas de sus em­pleos, apartadas de sus hijos, recluidas en centros correccionales... Y, al mismo tiempo, habrá una especificidad, pues ellas sufrirán violaciones, rapados de cabello, purgas con aceite de rici­no y la exposición pública bajo los efectos de este purgante, obligando a sus vecinos a verlas, paseándolas por las calles para la humillación”, explica Chaves.

También fueron castigadas, agrega, en sustitución de sus maridos o hijos “que no pudieron ser detenidos cuando llegaron las tropas a las localidades”.

Pero además de ser sujeto de esas violencias, serán también objeto, “porque servirán para dar ejemplo del ideal de mujer que quiere imponer el régimen ultraconservador, machista y católico”.

Para el franquismo, las mujeres “servían para estar en casa y cuidar a la familia”. “Una mujer sumisa y subyugada”. “La brutal represión extrajudi­cial, esos asesinatos sin juicio previo prosigue Chaves- perseguían el castigo con la muerte de quienes fueron reivindicativas y avanzadas”.

Destaca Chaves, también, “la búsqueda de la erradicación de su derecho a estar en el espacio público y en el imaginario colectivo como refe­rencias, penalizar esa trasgresión de la esfera privada a la pública”.

Asimismo, a las mujeres republicanas se les acusó de ser “individuas de dudosa moral dominadas por sus bajas pasiones, tal y como lo definió Antonio Vallejo-Nájera, el psiquiatra del régimen”, recuerda.

Básicamente, se eliminaron todas las conquistas sociales y políticas logradas, “con mecanismos de control y reeducación ejercidos desde la Iglesia”.

“Hacían con las mujeres lo que les daba la gana”, así lo resume Carmen Díaz Sánchez, 68 años, que ha sido administrativa y celadora en un hospital. Lleva tres décadas viviendo en Granada pero su familia paterna tiene raíces en Bodonal de la Sierra (no llega a mil habitantes, también en el sur de la provincia de Badajoz). Allí, su abuela, fue otra mujer represaliada.

Se llamaba Asunción Arias Catela. La mataron con 36 años. “Era viuda y se dedicaba a vender cosas, tenía una especie de tiendecilla. También hacía rifas. Se buscaba la vida. Y apuntaba en una libreta el dinero que le debían. Por lo que me han ido contando, alguien con una deuda que no quería pagar, quizá por envidia, la acusó de hacer cosas no propias de una mujer, y fueron a por ella”. La metieron en un camión y en el camino al cementerio ella saltó; los que conducían le dispararon. Ocurrió en septiembre de 1936.

“Tenía una hija y tres hijos, uno de ellos mi padre, de solo ocho años. Luego mataron a más miembros de la familia”.

El contexto se repite de nuevo. Dolor y silencio. Una fotografía en la mesilla de noche de su padre de la que no se habla. Pero de la que no se separa nunca. “Él era incapaz de mantener una conversación. A mi madre tampoco le gustaba hablar de la guerra, lo pasó muy mal”. El luto, silencioso y clandestino. Un duelo constante que no se cierra.

A Carmen Díaz le gusta contar que su padre, Antonio Díaz Arias, a pesar de haberse quedado huérfano, supo salir adelante y ganó un premio de platos regionales con el cocido madrileño. Falleció en 2019, con 90 años.

Y es, a partir de ahí, cuando su hija se decide a iniciar la búsqueda. Contactó también con la investigadora Candela Chaves y empezó a descubrir la verdad. Sabe que los restos de su abuela están en la fosa común de Bodonal, aunque siguen bajo tierra. En esa única imagen que conserva de ella, aparece con unos pendientes. “Pienso que aún pueden encontrarse”.

¿Qué por qué lo hace? “Por rendirle homenaje a mi abuela y a mi padre, yo lo quería mucho, y lo que él no pudo conseguir, quiero intentarlo yo”. Se emociona al otro lado del teléfono. La herida se hereda, pasa de generación en generación.

Este camino que emprendió hace años le ha regalado familia en Bodonal de la Sierra que no conocía. Ahora mantiene relación con una prima que vive en el municipio pacense que también ayuda a recomponer el relato. “Cuando la conocí le dije: tienes la misma cara que la abuela en la foto, fue muy emocionante”.

Las historias de Asunción Arias Catela y Ángeles Domínguez López son solo dos más de los miles de casos de mujeres represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. “Hay que recuperar sus nombres para tenerlas también como referentes. Es una cuestión de derechos humanos”, defiende Chaves.

El Gobierno ha homenajeado este sábado con un acto en Madrid al Movimiento Democrático de Mujeres, la organización que defendió el feminismo y la democracia durante el franquismo y los primeros años de la transición para reivindicar derechos y libertad, según han recordado algunas de sus integrantes.

"Tenía ganas de tener derechos, de ser libre", ha comentado en el acto Marisa Castro, que perteneció al Movimiento Democrático de Mujeres de Asturias.

En un coloquio celebrado en el Círculo de Bellas Artes junto a otras cinco antiguas integrantes del Movimiento Democrático de Mujeres, han explicado los motivos que les llevaron a unirse a este movimiento y el trabajo que hizo el colectivo durante el tiempo en que estuvo operativo en España, entre 1965 y 1985.

Muy emocionadas por reencontrarse, todas ellas han tomado la voz en representación del resto de compañeras en este homenaje, integrado en la programación de 'España en Libertad, 50 años', la iniciativa que conmemora el inicio de la transición al cumplirse 50 años de la muerte de Francisco Franco.

"Nuestra singularidad fue aunar la lucha contra la dictadura y por la democracia con la lucha de la defensa de los derechos de las mujeres. Fue un movimiento en que el feminismo y la democracia eran las dos caras de un mismo combate", ha señalado Merche Comabella, del Movimiento Democrático de Mujeres de Madrid.

Según ha comentado, la creación de este colectivo fue un proceso "sutil y difícil" que comenzó con concentraciones de mujeres a favor de la defensa de la amnistía de presos políticos y con el tiempo fue abarcando más temas, como la mejora de las condiciones de vida en los barrios, la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres o el divorcio.

Entre los aplausos de las asistentes, la mayoría pertenecientes al colectivo, Merche ha reconocido que tenían puntos en común con el movimiento vecinal, obrero o estudiantil, pero ha subrayado que su referente fue siempre el feminismo.

"Le debo todo al Movimiento Democrático de Mujeres porque a partir de ahí no he dejado de militar en el feminismo", ha asegurado Josefina Pérez, que formó parte de la organización en Cartagena.

Por su parte, Marisa Castro, integrante del Movimiento Democrático de Mujeres en Asturias, ha dicho que la primera motivación para formar parte de esta organización fue su madre que, según ha recordado, era anarquista y le metió el feminismo "en vena".

Las integrantes del Movimiento Democrático de Mujeres han subrayado no obstante la diversidad que había en este colectivo, con mujeres católicas, militantes de izquierdas, amas de casa o universitarias.

Y han destacado la labor que hicieron en una situación de "clandestinidad" en sus primeros años, durante el franquismo, cuando organizaban acciones de reivindicación y también charlas sobre libros feministas que estaban prohibidos y que tenían que conseguir por su cuenta.

"El feminismo es un proyecto de emancipación universal", ha exclamado en el acto Tina Guillem, del Movimiento Democrático de Mujeres de Valencia y Salamanca, que ha abogado por incluir en el currículum escolar más feminismo porque la enseñanza, ha advertido, "no es neutral".

Las mujeres del colectivo han coincidido en la necesidad de seguir defendiendo derechos en la sociedad actual y han alzado la voz contra la guerra en Oriente Medio gritando al unísono 'No a la guerra'.

En representación del Gobierno, la comisionada de 'España en Libertad, 50 años', Carmina Gustrán, ha agradecido la labor del Movimiento Democrático de Mujeres que, según ha señalado, contribuyó a establecer la democracia en España.

"Recordar al movimiento democrático de mujeres no es solo su historia, sino también la potencia de su legado, de esas alianzas feministas que hace más de 50 años empujaron el avance de los derechos de las mujeres en condiciones enormemente difíciles", ha declarado.

En la misma línea, la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha dicho que este acto pretende hacer memoria "no como un gesto hacia el pasado, sino como una herramienta para transformar el futuro".

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1983. Solo han pasado cinco días desde su llegada a la Casa Rosada. Pero Raúl Alfonsín tiene claro que el pueblo argentino exige verdad y justicia tras siete años de cruenta dictadura. Por eso, ese mismo jueves dicta dos decretos. El primero, pone en marcha la maquinaria para juzgar a los integrantes de las llamadas Juntas Militares. Y el segundo, constituye la llamada Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). "Sobre la base de la mentira o de la oscuridad no podemos construir la unión nacional", diría Alfonsín meses más tarde. Es una Comisión de la Verdad pionera. Una fórmula que luego se exportaría a lo largo y ancho del planeta. Y que se acaba de articular también en nuestro país.

La puesta en marcha de este órgano dentro de nuestras fronteras llega medio siglo después del fin de la dictadura. Y en medio de una ola reaccionaria que ha normalizado el uso de discursos autoritarios o laudatorios de un pasado sangriento. En Argentina, en Chile o en España. La conocida técnicamente como Comisión sobre violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura nace al calor de la nueva Ley de Memoria Democrática como una "forma de favorecer la convivencia". Lo hace con una misión perfectamente definida, que pasa por escuchar, recopilar, analizar y recomendar para que lo ocurrido en nuestro país durante casi cuatro décadas no "vuelva a repetirse en el futuro".

La primera piedra se colocó hace un año con la activación del Consejo de Memoria. En un primer momento, estaba previsto que este órgano pusiera en marcha la Comisión de la Verdad el pasado verano. Pero la constitución no ha sido una realidad hasta esta semana, cuando se han designado a sus diez integrantes. Al frente, el exmagistrado Baltasar Garzón. Junto a él, otros historiadores, juristas o politólogos: Helen Duffy, Julián Casanova, Araceli Manjón, Manuel de la Rocha, Alejandra Vicente, Silvina Romano, Cristina Monge, Sebastián Martín y Francisco Erice. Además, otro grupo acompañará a los primeros, sobre todo, en las subcomisiones previstas. Todos han sido elegidos por mayoría de tres quintos del Consejo, cuyos vocales son designados, a su vez, por el Gobierno.

España se suma así a la lista de Estados que han apostado por estos mecanismos de carácter extrajudicial tras dictaduras o conflictos armados. Más de una treintena de países a lo largo y ancho del planeta, según el Centro Internacional para la Justicia Transicional. En Argentina, la Conadep, que presidió el escritor Ernesto Sabato y cuya composición decidieron entre el Ejecutivo y el Congreso. En Chile, justo tras la dictadura, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que encabezó el exsenador y abogado Raúl Rettig y cuyos miembros fueron designados por el presidente Patricio Aylwin. Mismo nombre que se usó en Sudáfrica para investigar, bajo el liderazgo del Arzobispo Desmond Tutu, el apartheid. O en Brasil para estudiar las violaciones de derechos humanos en la dictadura.

La Comisión de la Verdad española aún no tiene ni un plan de trabajo ni un calendario de sesiones cerrado. Sí se sabe que para estructurar su trabajo se han definido distintos ejes temáticos –desde la violencia y las desapariciones hasta el funcionamiento del sistema represivo, las violencias de género, el exilio, la represión económica y cultural o las consecuencias actuales de la dictadura–. También, que se llevará a cabo un estudio en torno al Patronato de Protección a la Mujer, donde fueron internadas y torturadas miles de mujeres. Una completa investigación que debe estar lista, como máximo, en dieciocho meses. Año y medio para recopilar testimonios o documentación y elaborar un informe final de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas.

Un plazo que, además, se puede ver ligeramente reducido si en las próximas generales se produce un cambio de Gobierno. Pero que en otras experiencias a nivel internacional ha sido suficiente para completar la tarea encomendada. La Conedep argentina, por ejemplo, dedicó menos de un año a buscar supervivientes, hablar con familiares de desaparecidos o identificar los edificios utilizados como centros clandestinos. Se revisaron registros policiales, se visitaron morgues o se interrogó a miembros de las Fuerzas Armadas. Y se elaboró un exhaustivo informe, titulado Nunca más, en el que se identificaron 8.960 desaparecidos y 340 centros clandestinos y que se convirtió en una pieza clave en el juicio a las Juntas Militares –un proceso judicial al que nunca se ha llegado en nuestro país–.

Los chilenos, por su parte, concluyeron el trabajo en nueve meses. En febrero de 1991, el documento final ya estaba sobre la mesa del presidente Aylwin, quien, tras leer los seis tomos, pidió perdón en una emotiva alocución televisiva: "Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de presidente de la república, a asumir la representación de la nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas. Por eso también, pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo".

El llamado Informe Rettig abordaba la violencia vivida desde un punto de vista amplio. Primero, realizando un completo dibujo de la normativa nacional e internacional. Segundo, haciendo una exhaustiva fotografía histórica que ponía de relieve la polarización de la sociedad chilena a comienzos de los setenta. Y tercero, analizando en profundidad las violaciones de derechos humanos cometidas tanto por agentes del Estado como por grupos opositores que apostaban por la lucha armada. Para su elaboración, se realizó un amplio proceso de escucha que llevó incluso a alguno de los miembros de la comisión a viajar al extranjero para recopilar testimonios. La información aportada en aquel documento también sirvió, como en Argentina, para investigaciones judiciales.

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado, con los votos del PP y Vox, la protección del obelisco de sa Feixina, construido durante el franquismo para homenajear a las víctimas del crucero Baleares, hundido con casi 800 combatientes del bando sublevado, pese a que el Gobierno había instado este mismo jueves a su demolición.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha requerido al Ayuntamiento para que elimine el monumento tras incluirlo en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática.

El monumento se construyó en 1948 con la voluntad de ensalzar a los casi 800 marineros que murieron cuando proyectiles republicanos hundieron el navío franquista la noche del 5 al 6 de marzo de 1938, durante la batalla del Cabo de Palos.

Trece meses antes de esa batalla, la mayor de la Guerra Civil, el Baleares participó en el bombardeo de la población civil que huía de Málaga hacia Almería por la carretera litoral, un episodio conocido como La Desbandá.

En opinión de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el monumento debe "entenderse como parte y ejemplo del culto a los caídos desarrollado por el régimen franquista".

El requerimiento se ha dado a conocer poco antes de la votación en el pleno de Palma de la modificación del PGOU, que ha motivado al concejal del PSOE Francesc Dalmau a usar su turno de intervención para alertar al gobierno municipal de la resolución del Gobierno y pedir infructuosamente que se sacara del orden del día la votación.

Por parte del gobierno municipal, el tercer teniente de alcaldía, Óscar Fidalgo (PP), ha esgrimido argumentos legales para defender la protección al monumento construido durante la dictadura, por considerar que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSIB) señaló que "no procede la demolición ni concurren los requisitos exigidos por la normativa de memoria democrática".

Además, ha asegurado que la ley de memoria estatal permite la conservación del monumento "cuando no exista exaltación activa de la dictadura" y que la Justicia avaló la resignificación llevada a cabo durante la alcaldía de la socialista Aina Calvo.

También se ha pronunciado el líder local de Vox en el consistorio, Fulgencio Coll, que ha criticado a la izquierda por vivir en "el odio del guerracivilismo" que "sembró" el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha acusado de alimentar la "manipulación histórica".

Por parte de Més per Mallorca se ha pronunciado la edil Kika Coll, que ha acusado al PP y Vox de llevar a cabo una "cruzada contra la memoria" y al gobierno municipal de tener "un espíritu democrático con muchas fisuras y brechas".

En cuanto a la concejala de Podemos, Lucía Muñoz, ha asegurado que el monumento se construyó "para alabar" a aquellos que mataron "a personas inocentes".

El jurista y exmagistrado Baltasar Garzón presidirá la 'Comisión de la Verdad' creada para esclarecer las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, según ha acordado este miércoles el Consejo de la Memoria Democrática.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido la reunión del Consejo de Memoria Democrática en la que se ha acordado la designación de las personas que integrarán la Comisión sobre violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la dictadura, según establece la Ley de Memoria Democrática.

Según la regulación del Consejo de la Memoria Democrática, esta 'Comisión de la Verdad' estará compuesta por diez personas independientes y de reconocido prestigio en el ámbito académico, jurídico, científico y de los derechos humanos.

Junto a Garzón, integrarán la comisión Helen Duffy, Julián Casanova Ruiz, Araceli Manjón-Cabeza Olmedo, Manuel de la Rocha Rubí, María Alejandra Vicente, Silvina María Romano, Cristina Monge Lasierra, Sebastián Martín Martín y Francisco Erice Sebares.

Asimismo, el consejo ha designado un grupo de personas suplentes que garantizarán el correcto funcionamiento de este órgano, que contará además con una subcomisión específica para investigar la conculcación de los derechos de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, ha informado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Este Patronato de Protección a la Mujer fue una institución creada por el franquismo donde fueron confinadas y torturadas miles de mujeres menores de edad sin haber cometido ningún delito tipificado, ha recordado el Ministerio.

La comisión incorporará en sus trabajos testimonios, documentación y análisis comparado con experiencias internacionales y elaborará un informe con conclusiones y recomendaciones orientadas a garantizar la reparación de las víctimas y la no repetición de los hechos.

El pasado mes de diciembre el Gobierno constituyó el Consejo de la Memoria Democrática, un órgano consultivo presidido por Ángel Víctor Torres y del que forman parte asociaciones memorialistas y profesionales como Baltasar Garzón y Cristina Almeida.

19 de septiembre de 1983. Una joven cae desde una ventana de la tercera planta de un reformatorio femenino de la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Tenía 15 años y se llamaba Inmaculada Valderrama. Ese mismo día miles de personas salen a la calle para protestar por su muerte. Un crimen que la ciudadanía atribuye a las encargadas del reformatorio en el que se encontraba Inmaculada, todas de las Cruzadas Evangélicas. 

Su muerte se produjo en el seno del Patronato de la Mujer, una institución franquista que, con las protestas por su fallecimiento, acabó en 1985, dos años más tarde. Casi 43 años después, el gobierno reconoce el Patronato de Protección a la Mujer como Lugar de Memoria Histórica. Verdad, justicia y reparación. Tres peticiones que ahora el Gobierno escucha. 

Su manifestación se ha hecho clara en un acto organizado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Ministerio de Igualdad, y el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con la Cortes, junto a la Comisionada para la celebración de los 50 años de “España en Libertad” en el Auditorio Nacional de Madrid. 

En este encuentro, al fin 53 mujeres que pasaron por el Patronato han sido reconocidas. Una a una, varias de ellas o sus familiares han subido al escenario emocionadas por un reconocimiento que llevan muchos años esperando. “Nosotros no somos víctimas, somos supervivientes”, han declarado. Como símbolo han recibido un certificado de manos de Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática; Manuel Olmedo Palacios, secretario de Estado de Justicia; y María Guijarro Ceballos, secretaria de Estado de Igualdad. 

Las supervivientes también han recibido las disculpas del Ministerio de Justicia, del que dependía el Patronato. “No podemos hacer desaparecer lo sucedido pero os podemos trasladar nuestra vergüenza y solicitaros vuestro perdón para dar nuevos pasos para la reparación. Esto tiene que ser visible, para que nunca más suceda”, ha declarado el ministro Félix Bolaños en una intervención telemática. 

Precisamente para que sea visible, se instalará una placa en un lugar de honor del Ministerio de Justicia para que no sigan existiendo los silencios ni las desmemorias. Además, desde el Ministerio de Memoria Democrática han anunciado que se creará una comisión de investigación y que se incorporarán líneas específicas sobre el Patronato a las investigaciones ya existentes. 

A las supervivientes les han puesto voz tres de ellas: Consuelo, Paca y Pilar. Ante la mirada atenta de sus compañeras y el aplauso atronador del patio de butacas, las tres han reclamado su espacio en la memoria de todos y han pedido que se investigue lo que les ocurrió.

Investigar para reparar. Algo complicado cuando los que deben reparar buscan por todos los medios evitarlo. Las mujeres han contado cómo la Iglesia, que tendría que haber facilitado los expedientes de todas ellas, no solo no lo ha hecho, sino que ha justificado que no lo hacen “por protección de las internas”. 

“No es por protegernos, es por protegeros a vosotros”, han recalcado. La Iglesia se aprovechó de la situación de estas mujeres para así poder beneficiarse, han denunciado. No era solo una cuestión del franquismo, sino que el entramado de la Iglesia también estaba detrás. Las obligaban a trabajar bajo condiciones extremas y, en la maternidad Nuestra Señora de la Almudena de Peña Grande, les robaban a sus niños. “Los reformatorios se sostuvieron por el trabajo forzado nuestro, se vulneraron nuestros derechos humanos. Ahora esas mismas congregaciones se comportan como si fueran ONG y viven del dinero público”, han denunciado. 

El patronato se creó en 1941, con el objetivo de llevar por el buen camino a las mujeres “descarriadas”.  El criterio para entrar era tan ambiguo como peligroso. Buscaban “redimir a la mujer caída y ayudar a la que estaba en peligro de caer”. Caer, claro, fuera de los cánones del franquismo. Esto iba desde ser lesbiana hasta contestar mal a tu padre a la hora de poner la mesa. Durante más de cuarenta años fue así para las chicas desde los 16 hasta los 25 años. 

La institución estaba a cargo de Carmen Polo y tenía el firme propósito de "velar por la moralidad pública, muy especialmente la de la mujer". Eran condenadas sin ningún delito, sin juicios y las denuncias llegaban desde cualquier parte. Un vecino, un conocido y, sobre todo, los padres. “Si no te portas bien te llevamos con las monjas”, es una frase que la mayoría de las víctimas han escuchado. 

Fue el caso de Consuelo. Un día se despertó ante la fija mirada de su madre y un médico que la acompañaba, con lo que, según le dijeron, era una jeringuilla para ponerle una vacuna. Lo siguiente que sabe es que se despertó en una habitación con una cama, una maleta y una ventana con barrotes. Ya no estaba en Barcelona. Estaba en Madrid. 

Su madre se había quedado viuda muy joven y no aprobaba el pensamiento político de su hija, que participaba en manifestaciones en defensa del comunismo. La solución estaba clara para ella. "A mí me machacaron viva porque estaba allí por pensar", narró Consuelo a infoLibre. 

La mujer contó a este medio las condiciones en las que vivían y evocó una imagen de aquel primer día en el centro de Adoratrices, en Padre Damián 52. "Era una fila de chicas con batas de rayas verdes, más ojeras que ojos y una cara de profunda tristeza. Ese retrato lo tengo grabado: era el gesto del abandono y la desesperanza pura". 

Cuando llegaban allí (por comunistas, lesbianas, rebeldes, pobres o embarazadas) las clasificaban. En distintos centros de observación, les realizaban evaluaciones médicas, psicológicas y morales para luego destinarlas dentro de una red de instituciones como reformatorios, colegios, hogares-taller y maternidades. La mayoría controlados por la Iglesia. 

La primera fase tenía lugar en lo que se llamó Centro de Observación y Clasificación (COC). Allí, las niñas permanecían seis días aisladas. Para la clasificación las examinaban con un examen de virginidad. Completa o incompleta, ese era el criterio. Las mujeres vírgenes estaban “limpias”, el resto no.

La reparación ha llegado tarde. No fue hasta octubre de 2025, cuando se concedió el primer certificado de víctima del fascismo a una mujer represaliada por el patronato. Fue a la sevillana Eva García de la Torre. Ella ingresó ya en tiempos de democracia por ser lesbiana. La juzgaron en Andalucía en 1978, cuando todavía era menor, y estuvo internada hasta 1985 en entidades católicas del Patronato en Galicia. 

Eva falleció en 2022 y no pudo ver cómo se conseguía lo que muchas de sus compañeras pedían: reparación y reconocimiento. Fue a recogerlo su viuda, Silvia Fernández Quinteiro. Precisamente fue ella quien averiguó lo que había pasado tras el fallecimiento de la que fue su pareja. Nunca le pusieron nombre, pero cuando leyó la historia en el periódico supo que Eva tuvo que haber estado ahí. 

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, lo ha recordado como un acto necesario de “salud democrática”, para reparar a las supervivientes de un patronato que fue “una herramienta política para cortar cualquier atisbo de libertad en niñas que empezaban a vivir”. Ahora otras 53 serán recordadas, no como víctimas, sino como supervivientes, para que nunca más vuelva a ganar el silencio. Verdad, justicia y reparación.