La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, anunciará este martes que deja su cargo al frente de la institución, han confirmado a Europa Press fuentes de su entorno. El mandato de la Defensora, de cinco años, expira el 22 de julio.

Becerril ha convocado una rueda de prensa este mismo martes, a partir de las 12 horas, en la sede principal de la institución, ubicada en el número 31 de la calle Eduardo Dato de Madrid, para realizar "un anuncio importante", según han informado desde su Gabinete.

La práctica habitual en estos casos es sea el adjunto, en este caso el exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán, quien se haga cargo del puesto hasta la designación de un nuevo Defensor del Pueblo.

El cargo del Defensor del Pueblo tiene que recibir el visto bueno de tres quintos de los diputados del Congreso, donde el PP cuenta con 137 de 350, y de tres quintos del Senado, donde los populares tienen mayoría. El Gobierno tendrá que negociar con el resto de los grupos parlamentarios para lograr un nombre que cuente con el suficiente quorum.

Soledad Becerril llegó al cargo de Defensora del Pueblo en julio de 2012, convirtiéndose en la primera mujer en acceder a este puesto, en el que sustituyó a María Luisa Cava de Llano, que ocupaba el puesto de manera interina desde que Enrique Múgica abandonó el cargo en 2010, al expirar su mandato.

Becerril, nacida en Madrid en 1944, fue la primera mujer que accedía al Consejo de Ministros desde la Segunda República cuando Leopoldo Calvo Sotelo la nombró ministra de Cultura en diciembre de 1981, cargo que ocupó hasta 1982. Además, fue alcaldesa de Sevilla entre 1994 y 1999.

De la mano de UCD, accedió al Congreso en las elecciones generales de 1977 y en la primera legislatura del Gobierno de Adolfo Suárez. Posteriormente, también fue diputada por las filas del PP en la cuarta, quinta y sexta legislatura. En 2004 fue elegida senadora por Sevilla y en 2008, de nuevo diputada por Sevilla.

Es licenciada en Filosofía y Letras, especializada en filología inglesa, por la Universidad de Madrid, y tiene estudios en la Universidad de Columbia. Ha sido profesora de la Universidad de Sevilla y fundó la revista de información andaluza La Ilustración Regional, de la que fue consejera delegada. Becerril recibió en 2006 la Medalla de Oro de Andalucía.

La figura del Defensor del Pueblo fue creada en España por Ley Orgánica en 1981, aunque el primer titular de la Alta Institución no fue nombrado hasta el 30 de diciembre de 1982. Se trataba de Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, que contó con Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado como Adjunto Primero y estuvo al frente de la defensoría un mandato, es decir, cinco años.

En declaraciones a los medios en el Congreso, tras entregar el Informe Anual del Defensor del Pueblo a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, Fernández Marugán ha reconocido que, aunque el país se encuentra en fase de recuperación económica, esta situación no se ha materializado "en todos los bolsillos".

Así, ha señalado que parados de larga duración, familias con todos sus miembros en paro, jóvenes sin trabajo, trabajadores pobres, jubilados y personas con dependencia, son algunos de los colectivos que siguen dependiendo de las políticas sociales del Gobierno.

Las quejas de los ciudadanos al Defensor del Pueblo aumentaron en 2017 en un 51,5% con respecto al año anterior, hasta situarse en 24.976, frente a las 16.485 del ejercicio anterior. En el año 2016 se produjo un descenso del 7,5% en las quejas en relación con el año anterior.

Según el informe anual de la institución, entregado este lunes 19 de marzo en el Congreso y el Senado, por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, de las 24.976 quejas, un total de 14.829 fueron individuales (13.151 en el ejercicio anterior), y otras 10.147 fueron quejas de igual contenido o finalidad agrupadas para una tramitación conjunta (3.334 tramitadas en el año 2016).

En total, el Defensor del Pueblo tramitó durante el año 2017 un total de 25.776 expedientes (un 48,17% más que en 2016), correspondientes a las mencionadas quejas (24.976), junto a las investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40).

Además, la Institución dirigió a las Administraciones 918 recomendaciones, 1.048 sugerencias, 370 recordatorios de deberes legales y dos advertencias. En total, se formularon 2.338 resoluciones, lo que supone un incremento del 32% con respecto al año anterior.

Servicios públicos y derechos sociales 

En 2017 los ciudadanos trasladaron al Defensor del Pueblo su preocupación por la mala prestación de determinados servicios públicos y por los efectos de la crisis en derechos sociales y prestacionales.

Por número de quejas, las más numerosas han sido las que han tenido que ver con tardanzas y deficiencias en la tramitación de los DNI y trámites relativos a Tráfico hasta alcanzar las 6.008, mientras que con 4.417 destacan también las relacionadas con la atención en la Administración pública.

Asimismo, hubo 3.395 quejas relacionadas con la Justicia. En este sentido, el Defensor del Pueblo ha llamado la atención sobre los problemas prácticos que padecen los testigos protegidos y la importancia de esta figura para la persecución de delitos graves y complejos. La Institución considera que "hay que repensar la legislación en esta materia".

Así lo ha señalado el Defensor del Pueblo en funciones en declaraciones a los medios de comunicación tras hacer entrega del informe anual a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor. Fernández Marugán está al frente de la institución desde que el pasado mes de julio Soledad Becerril cesara en el cargo. abre ahora una oportunidad "para revisar el funcionamiento de las políticas sociales" y que su mejora "incida en la renta y en el consumo de colectivos que todavía no alcanzan a cubrir con dignidad sus necesidades básicas".

El Ministerio del Interior ha rechazado las dos recomendaciones que le ha formulado la Defensora del Pueblo para regular los rechazos en frontera de los migrantes que saltan las vallas de Ceuta y Melilla a fin de garantizar tanto su derecho a un procedimiento individual con asistencia letrada como su acceso al procedimiento de asilo, en línea con la doctrina del Tribunal Constitucional, las directivas europeas y los convenios internacionales suscritos por España.

El informe anual de la institución explica que se decidió emitir dos recomendaciones a Interior tras analizar la reforma de la Ley de Extranjería vía Ley de Seguridad Ciudadana que introdujo la figura del rechazo en frontera para amparar la devolución a Marruecos de los migrantes interceptados en las vallas, entregas que debían, según la propia ley, respetar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de protección internacional.

La primera de las recomendaciones se refería a "la necesidad de desarrollar con carácter urgente y por disposición reglamentaria" la figura del rechazo en frontera para Ceuta y Melilla porque la reforma "guarda silencio respecto de cuál debe ser el procedimiento" para aplicarla.

"Se recomendó que el citado procedimiento contemplara la necesidad de dictar una resolución administrativa, con asistencia letrada y de intérprete e indicación de los recursos que se podrán interponer contra ella", todo ello "de conformidad" con la doctrina del jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto, según dice el informe.

La segunda recomendación se centraba en "la necesidad de dejar constancia escrita en el procedimiento de que al extranjero se le ha facilitado información sobre protección internacional y que se ha verificado, mediante un mecanismo adecuado de identificación y derivación, las necesidades de protección internacional, que no es menor de edad o la concurrencia de indicios de que pudiera ser víctima de trata", "de conformidad" con lo previsto en la Directiva europea sobre procedimiento de asilo.

Sin embargo, ninguna de las recomendaciones fue aceptada por Interior, en cuya respuesta se argumentaba que "el objetivo" de la reforma es "reforzar y clarificar la cobertura jurídica de las actuaciones de control y vigilancia fronteriza" que desarrollan en las vallas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con voluntad de "aunar un equilibrio proporcionado" entre la seguridad de las fronteras y "el irrenunciable cumplimiento de las obligaciones internacionales".

Distinguir refugiados de inmigrantes: "principal reto de España"

"Esta institución no comparte la posición del Ministerio del Interior sobre esta cuestión", recalca el informe de la Alta Institución, donde se incide en que "el principal reto al que se enfrenta España, muy especialmente dada su condición de única frontera terrestre europea con el continente africano, es sin duda la importancia de identificación ágil y de diferenciación entre las personas que intentan acceder a Europa de manera irregular, las que se encuentran en necesidades de protección internacional y las que no".

La Defensora analiza el rechazo en frontera y destaca por un lado, que en virtud del principio de no devolución recogido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los refugiados y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos no se puede entregar a una persona a otro país en el que "existan riesgos graves para su vida o su integridad física" o desde donde pueda ser reenviado a un tercer Estado donde existan esos mismos riesgos existan.

En esta línea, recuerda que "las expulsiones colectivas" están "prohibidas" porque "no permiten que el Estado examine la situación de cada individuo y por lo tanto, no se puede evaluar si está bajo el riesgo de daños graves" en el sentido que establece el principio de no devolución. "Este tipo de expulsión está prohibida y así se determina por numerosos tratados internacionales", afirma la Defensora del Pueblo, en relación a normas que están suscritas por España.

Además, argumenta que conforme la Directiva europea sobre procedimientos comunes para la concesión o retirada de la protección internacional, "los Estados miembros deben esforzarse por identificar a los solicitantes que necesitan garantías procedimentales especiales por razón, entre otros, de su edad, género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, enfermedad grave, mental o consecuencias de torturas, violación u otras formas de violencia".

Sin resolución no pueden recurrir

Asimismo, sustenta la necesidad de un procedimiento en que según el Tribunal Constitucional, si bien devolver a una persona que ha intentado entrar irregularmente es "un cauce flexible y rápido" frente a una "perturbación del orden jurídico", eso "no significa que la resolución que acuerda la devolución no haya de respetar las garantías previstas" y, en particular, los principios de "publicidad, contradicción, audiencia del interesado y motivación de las resoluciones".

Pedía por ello que se dicten resoluciones de devolución y que estas sean obligatoriamente "motivadas y de carácter impugnable" porque, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, es así como "se asegura" el derecho de la persona afectada a someter al examen de los tribunales lo que considera un incumplimiento de la ley y se evita "que existan comportamientos de la Administración Pública inmunes al control judicial".

"Las consecuencias de la falta de identificación temprana de estas personas son variadas y afectan de manera directa al agravamiento de las condiciones de especial vulnerabilidad en la que se encuentran", señala la Defensora, que en otro epígrafe de su informe afirma que "viene alertando desde el año 2013 del cambio de perfil apreciado en las personas que acceden de manera irregular a territorio nacional a través de las ciudades de Ceuta y Melilla y de la necesidad de adoptar medidas urgentes para la adecuación del sistema de acogida español a esta realidad".

Los españoles presentaron en 2015 unas 18.000 quejas ante el Defensor del Puebloel Defensor del Pueblo, un 24 por ciento menos que las registradas en 2014, algo que la máxima responsable de la institución, Soledad Becerril, considera que refleja una mejoría en la situación del país.

"Esta es una institución que puede servir de termómetro relativo, es un reflejo de circunstancias sociales y hemos notado una mejoría suave. En 2012 y 2013 se notó que había muchas dificultades para grandes sectores de la población, de carácter social y económico. En 2014 descendieron algo esas cifras y en 2015 también, pero claro, esto hay que mantenerlo y mejorarlo y mucho todavía", apunta Becerril.

En una entrevista concedida a Europa Press, Becerril explica que la mejora de las circunstancias económicas "desde luego influye" aunque "no puede existir orgullo del número de quejas". En su opinión, lo que sí puede facilitar la Institución es el acceso y la comunicación con el Defensor. Según señala, a ello contribuye en gran parte la nueva página web de la institución, que recibe diariamente entre 1.000 y 1.200 visitas.

Entre los principales problemas señalados por los españoles, la Defensora destaca que los retrasos en la administración de Justicia preocupan mucho, aunque reconoce que se está haciendo un esfuerzo; las ayudas a personas con discapacidad copan también parte de las quejas; y este año también aparecen los impuestos a bienes inmuebles, revisados al alza por diversos ayuntamientos y que muchos ciudadanos consideran excesivos.

Por otro lado, Becerril apunta que la institución ha reducido a la mitad desde 2012 los tiempos de tramitación, de los 62,53 días a los 29,56 en el primer requerimiento a la administración y de 81 a 48 días en el caso del segundo requerimiento, a la vez que se ha ido reduciendo el gasto.

517 recomendaciones

Becerril también señala que las recomendaciones a diferentes administraciones se han incrementado este año un 5%, hasta las 517. Entre ellas, subraya las relacionadas con refugiados, trata de seres humanos con fines de explotación, el semáforo financiero para informar de los riesgos de productos como las preferentes, o los temas relacionados con la puesta a disposición de los ciudadanos de viviendas sociales.

Por otro lado, la Defensora del Pueblo ha enfatizado la importancia de que las administraciones contesten al ciudadano en sus requerimientos. "No es de recibo es que no se conteste al ciudadano, se guarden las preguntas en un cajón y, por supuesto, lo que no acepto es que se haga con el Defensor, hasta el punto de que, tras una tercera solicitud de información, razonada y motivada, yo doy cuenta a la Fiscalía", advierte.

En esta línea, recuerda que la página web de la institución recoge "con grandes titulares" un icono que dice qué administraciones son "entorpecedoras", lo que ha mejorado "a toda velocidad" la respuesta de las mismas. "Cuando las administraciones se ven allí, inmediatamente llaman o ponen un correo", concreta, al tiempo que manifiesta comprensión con aquellos ayuntamientos más pequeños que no tienen medios.

La Defensora del Pueblo se ha dirigido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de pedir información sobre los símbolos franquistas que sigue presentes en más de una treintena de municipios españoles.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el adjunto primero a la Defensora del Pueblo, el socialista Francisco Fernández Marugán, comunica que esta institución ha admitido a trámite la queja presentada por el abogado Eduardo Ranz por la exhibición de más de sesenta vestigios en 38 localidadesmás de sesenta vestigios en 38 localidades del territorio nacional. "Se ha resuelto iniciar actuaciones ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias", explica el organismo, dirigido por Soledad Becerril, para añadir que trasladará la información recibida al interesado.

Ranz, especializado en Derechos Humanos, ha celebrado en declaraciones a Europa Press esta resolución, que ha definido como un "ejercicio de justicia y trabajo, que ojalá se contagie al resto de las instancias locales y tribunales de Justicia", donde también hay reclamaciones pendientes sin que todavía hayan sido resueltas.

"Ojalá se genere la reparación que necesitan las víctimas y, por tanto, se cierren las heridas", ha afirmado Ranz, quien invocó la obligatoriedad de retirar estos elementos conmemorativos en virtud de la Ley de Memoria Histórica.

Precedentes

En un escrito anterior, la Defensora del Pueblo anunció que estudiaría la posibilidad de poner los hechos en conocimiento de la Comisión Técnica de Expertos de la Ley de la Memoria Histórica, adscrita al Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, o los organismos públicos titulares de esos edificios, "a los efectos de obtener un cumplimiento sistemático y no sólo ocasional y puntual del artículo 15 de la Ley", que obliga a retirar esos vestigios.

Eso sí, precisaba que, aunque ha realizado actuaciones en casos concretos, "su potestad no alcanza a lo que resultaría una auditoría del cumplimiento de la citada ley". "Tampoco puede esta institución ordenar a los ayuntamientos ni a los alcaldes subsanar ni corregir los defectos que usted apunta, las potestades del Defensor del Pueblo no tienen carácter ejecutivo", recordó en un escrito fechado el pasado febrero.

El abogado Eduardo Ranz denunció además en los tribunales el pasado 11 de febrero, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Primera República, a 38 alcaldes por un supuesto delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal. Este delito lleva aparejado una multa de tres a doce meses y una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. De forma subsidiaria, calificaba los hechos como una falta contra el orden público del precepto 634, que prevé el pago de una multa.

El letrado recordaba que el artículo 15 de Ley de Memoria Histórica obliga a las Administraciones Públicas a tomar las medidas oportunas para retirar los escudos, las insignias, las placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la "exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, sostiene que "puede ser realmente peligroso" que un hombre acusado por violencia de género siga viendo a sus hijos menores de edad, por lo que ha pedido al Ministerio de Justicia que impulse las medidas necesarias para "procurar" que cuando se dicten medidas cautelares por malos tratos no se imponga un régimen de visitas.

"Nos parece muy preocupante que personas acusadas e incluso sentenciadas por violencia de género mantengan el régimen de visitas normal y habitual con los hijos. Hemos llamado la atención y sugerimos al Ministerio de Justicia que estudie los procedimientos necesarios para que el juez pueda inclinarse por la supresión del régimen de visitas en muchos casos", explica en una entrevista con Europa Press.

Becerril se refiere especialmente a aquellos procedimientos en que el juez dicta medidas cautelares de protección de la mujer pero permite o impone un régimen de visitas de los hijos menores. Reconoce que desde su posición, no puede pedir "que se le diga a los jueces lo que tienen que hacer" y por eso, lo que demanda es que "se procure" que la balanza se incline en favor de la protección de los menores.

"Recomendamos que se procure que el régimen de visitas se analice con detenimiento y sugerimos que procure evitar en estos supuestos y en estos casos porque puede ser muy peligroso, no en todos los casos pero sí en muchos. Por eso decimos que esto merece una reflexión caso por caso muy cuidada y con mucha cautela y que se observe el perfil del maltratador y su relación con los hijos", señala.

Aunque los conflictos relacionados con custodia y régimen de visitas en casos de violencia de género son frecuentes entre las quejas que cada año recibe el Defensor del Pueblo, en 2014 han abundado más las relativas con "la tardanza" en las medidas de protección de las mujeres, según ha informado Becerril, que está en estos días cerrando el balance anual. "Las quejas sobre todo son relativas a la tardanza en tomar medidas, tardanza por ejemplo en el alejamiento, en la vigilancia de que el alejamiento se cumple", señala.

También destaca las quejas por retrasos "en la valoración que se debe hacer por parte de la policía tras una denuncia". "Quizá seguramente hay que hacerla con más celeridad para que la valoración de esa denuncia y la constatación de si tiene fundamento o no y las medidas en consecuencia se puedan tomar rápidamente, porque se pueden evitar hechos dramáticos y muy graves", reflexiona.

La andanada que el Centro de Estudios de Consumo (Cesco), dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha, lanzó contra los preferentistas, a los que tildó de “listillos” por plantear batalla en los tribunales, ha acabado con una reprimenda del Defensor del Pueblo, que insta a la institución a pedir disculpas a los afectados por sus “manifestaciones ofensivas”. Fue la Asociación de Afectados de Bankia (Ada Bankia) la que en febrero acudió al Defensor tras varios intentos fallidos por lograr que el rector de Castilla-La Mancha forzase al Cesco a rectificar.

Firmada por el adjunto primero del Defensor, el socialista Francisco Fernández Marugán, la resolución deja constancia de que el director del Cesco, el catedrático Ángel Carrasco, “ha efectuado dictámenes para Bankia, respecto del valor de las emisiones de participaciones preferentes y los mecanismos de transmisibilidad, en los que califica las participaciones preferentes como un producto contractualmente bueno, en el que los intereses del emisor y del inversor están alineados”. “Más que un dictamen jurídico parecen manifestaciones de parte, sin carácter objetivo”, reprocha Marugán.

El Defensor, cuyas investigaciones se cierran generalmente con recomendaciones, formula así su sugerencia: “Adoptar las medidas oportunas para evitar que este comportamiento se vuelva a repetir en el futuro, y que se pida disculpas por las manifestaciones ofensivas a los clientes bancarios que han sufrido una comercialización inadecuada por parte de las entidades bancarias”.

A los autores de la queja, Marugán también les anuncia que recibirán información “de la respuesta a tal sugerencia”. Hasta la fecha, no ha habido ningún pronunciamiento oficial ni de la Universidad de Castilla-La Mancha ni del director del Cesco. El catedrático Ángel Carrasco figura en el plantel de profesionales del bufete Gómez-Acebo, que defiende a imputados en el caso Bankiacaso Bankia. Pero, según el escrito del Defensor, el rector de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado, “entiende esta cuestión como la expresión de una opinión jurídica de unos investigadores”.

No obstante, como recuerda Marugán, la clave que condujo a la asociación Ada Bankia a formular una queja ante el Defensor no se localizaba en los “estudios jurídicos” de Cesco suscritos por Ángel Carrasco y una de sus colaboradoras, sino en un comunicado difundido –sin firma ni data– bajo el titular “Cesco responde a sus críticos”. En ese texto, el centro que dirige Carrasco sostenía lo siguiente: “El Cesco siempre defiende y defenderá los intereses de los consumidores, pero no de los listillos que especularon a ser más listos que los demás, que quisieron comprar duros a cuatro pesetas mientras los demás los comprábamos por cinco, que si hubieran ganado en la especulación no hubieran repartido el premio, pero ahora quieren repartir la pérdida a contribuyentes, depositarios, accionistas de entidades del FROB, empleados de estas entidades en curso de irse a la calle por un ERE, a todos los españoles en general".

Aunque en ese comunicado el Cesco subrayaba que “no es un ente financiado por el Estado”, lo cierto es que en enero de 2012 el Ministerio de Economía le concedió una subvención de 84.700 euros para el “mantenimiento de una estructura de investigación dedicada al derecho de consumo”.

Informe del Defensor sobre preferentes

En 2013, el Defensor del Pueblo ya emitió un durísimo informe sobre la comercialización de preferentes entre clientes minoristas, buena parte de ellos jubilados con “escasa o nula” formación financiera y que compraron el producto creyendo que ponían su dinero a plazo fijo. Ese argumento consta también en el informe evacuado ahora en relación con los ataques del Cesco contra los preferentistas.

El Defensor incorpora un recordatorio sobre lo sucedido con las preferentes: “La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores [Elvira Rodríguez] ha manifestado que solo en cinco de cada 100 casos los tribunales han terminado dando la razón a las entidades demandadas por la comercialización irregular de participaciones preferentes, cuantificando el número de personas que han acudido a los juzgados en 270.303 para reclamar su inversión”.

“Se puede concluir –agrega el escrito del Defensor– que, si la comercialización de estos productos híbridos hubiese sido la correcta, los clientes no habrían tenido la posibilidad de recuperar el dinero invertido, al conocer exactamente el riesgo del producto vendido”.

Blindar las pensiones. Ese es el objetivo de la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP), que volverá a reunirse con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, e intentará que la comisión del Congreso que está estudiando la petición de la plataforma les reciba lo antes posible. Además, tratarán de dirigirse a los diferentes grupos parlamentarios para que “tenga un reflejo en las instituciones lo que ya es una exigencia mayoritaria entre la gente”, según han explicado este jueves en un acto público celebrado en el centro de Madrid.

La iniciativa, impulsada a raíz de la reforma del sistema de pensiones, busca promover un referéndum por el que la ciudadanía se pronuncie sobre una reforma de la Constitución que prohíba cualquier medida que suponga para el pensionista una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones o permita la “privatización” del sistema público de pensiones. La plataforma se ha reunido en dos ocasiones con la Defensora del Pueblo, a la que han entregado ya 327.000 firmas a lo largo del 2013. Para después de verano está preparando una tercera reunión en la que esperan llegar a las 500.000 firmas. “No paran de llegar firmas tanto desde las 150 organizaciones que pertenecen a la plataforma como desde la ciudadanía al apartado de correos de la Mesa. Estaremos ya cerca del medio millón de firmas” asegura uno de sus representantes.

Según se refleja en la Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017, presentado por el Gobierno ante Bruselas, la inversión en pensiones para el año 2050 se habrá reducido hasta en 4 puntos porcentuales. Sin embargo, el INE estima que en el año 2052 un 37% de la población española superará los 64 años. Esto significa que habrá menos inversión del PIB en pensiones pero más pensionistas que las requerirán, algo que, en palabras de uno de los representantes de la plataforma, “abre un mercado de negocio para los fondos de pensiones privados”. “Con este recorte, el Estado se ahorrará entre 30.000 y 40.000 millones de euros”, calculan desde la MERP.

Desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT), agencia de las Naciones Unidas, ya se ha advertido de que dicha reforma del sistema público de pensiones generará una pérdida de poder adquisitivo de las mismas. Esto es debido a que ya no se tendrá en cuenta el Índice de Precios al Consumo (IPC), por lo que, mientras la Seguridad Social tenga déficit, las pensiones crecerán un 0,25%, sin importar lo que hayan subido los precios. Según los cálculos de diferentes sindicatos, esta pérdida de poder adquisitivo podría alcanzar el 28% en 15 años. Desde 1997, las pensiones se han revalorizado en función al IPC, permitiendo que el Ejecutivo de turno subiera las pensiones según la previsión de inflación. El Gobierno de Zapatero congeló pensiones en mayo de 2010, salvo las no contributivas.

La "insostenibilidad" del sistema de pensiones

Durante el año 2013 se dedicaron 7.653 millones de euros al mes a pensiones, un 77% más de lo que se dedicó en 2003. De los países de nuestro entorno, España es el que menos porcentaje de su PIB dedica a las pensiones, un 10,4% en 2010 según datos recogidos por Eurostat. Estas cifras se encuentran lejos de lo que destinaban otros países como Alemania (12,4%), Italia (16%) o Francia (14,5%). La media de la UE, en ese mismo año, se situaba en el 11,4%. “El sistema público de pensiones en España no es insostenible como nos hacen creer”, concluyen los representantes de la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones.

En privado, los dirigentes del Partido Popular ironizan sobre una de las críticas más recurrentes que les llega desde los partidos de la oposición y con la que se topan, casi a diario, en los medios de comunicación: la de la aprobación en solitario, sin el apoyo de otras formaciones, de un altísimo número de iniciativas parlamentarias. Lamentan que se les acuse de quedarse solos en las votaciones cuando cuentan con una mayoría absoluta muy amplia –185 diputados de 350 que componen la totalidad del Congreso de los Diputados–. Y, en su descargo, señalan que cumplen con el mandato que le dieron los españoles en las urnas en noviembre de 2011, cuando Mariano Rajoy venció por mayoría absoluta.

Ninguna de las cuestiones más polémicas ha escapado del rodillo de la mayoría absoluta del PP: desahucios, seguridad privada, reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha para reducir el número de diputados, reforma educativa, justicia universal... Son sólo ejemplos. No obstante, hay un terreno al que no llega el rodillo parlamentario de los conservadores. Desde que la legislación empieza a tomar forma, e incluso una vez aprobada, diversos órganos consultivos e instituciones ponen peros, en ocasiones muy contundentes, a los textos. A veces, como ha ocurrido con la Ley de Seguridad Ciudadana, han sido los propios ministerios los que han criticado el texto que originalmente presentó el equipo del ministro Jorge Fernández Díaz. En otras, como sucedió la semana pasada, ha sido la defensora del pueblo quien, a instancias de un partido político, ha sacado los colores al partido de Gobierno.

Soledad Becerril decidió llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) la atribución al alcalde o a la junta de gobierno local de la competencia del pleno del ayuntamiento de aprobar un plan económico-financiero o de acogerse a iniciativas contra la morosidad. Se trata de su primer recurso contra una ley del Partido Popular, la formación que la propuso como candidata a defensora del pueblo.

Becerril dio el paso a instancias de Alberto Garzón, portavoz de Economía de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). En un escrito con fecha del 13 de diciembre de 2013, tras la aprobación del real decreto ley 14/2013, de 29 de noviembre de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras, alertaba de que la disposición adicional tercera chirriaba. En ella, se faculta a la junta de gobierno local, e incluso al propio alcalde, para aprobar un plan de ajuste o adoptar medidas económicas que anteriormente hubieran sido rechazadas por el pleno del Ayuntamiento. Se trata de algo que pone en bandeja que se modifiquen a posteriori decisiones cuando no se cuenta con la mayoría suficiente.

"La Institución considera que la disposición adicional tercera de este decreto ley restringe el 'reducto indisponible o núcleo esencial de la institución local' (en palabras del propio Tribunal Constitucional ya desde sus primeras sentencias), que configura nuestro régimen de autonomía municipal", admitió la Defensora del Pueblo en un comunicado.

Pero hay más ejemplos en lo que va de legislatura. A continuación, se repasan los más significativos.

La reforma local y los límites de la Constitución

La reforma local ya es una realidad. Pero han sido muchos los quebraderos de cabeza que este texto ha dado al Gobierno de Mariano Rajoy y, concretamente, al Ministerio de Hacienda, máximo encargado de la misma. Para que saliera adelante, Cristóbal Montoro no sólo se topó con la oposición frontal del PSOE, el principal partido de la oposición, sino que tuvo que hacer frente al enfado de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) –controlada por el PP– y de un importante número de dirigentes conservadores. 

La ley que hoy está ya en vigor tuvo que ser pulida en múltiples ocasiones, sobre todo para frenar las críticas internas de los regidores conservadores que acudieron en más de una ocasión a la sede nacional del partido para marcar sus líneas rojas y amenazar con un plante. Pero también hubo cambios a raíz de un duro informe del Consejo de Estado en el que se cuestionaba la constitucionalidad de la misma. Con algunas variaciones, el texto final pasó por las Cámaras sin problemas gracias a la mayoría absoluta del partido de Gobierno. Pero la batalla aún no ha terminado. Se enfrenta a recursos de inconstitucionalidad planteados desde ayuntamientos y parlamentos autonómicos, como el de Extremadura, donde gobierna el conservador José Antonio Monago, pero sin mayoría absoluta.

En el citado informe, conocido a principios de julio de 2013, el Consejo de Estado puso en duda la constitucionalidad de esta reforma al advertir de que podía reducir "en exceso" la autonomía municipal garantizada por la Carta Magna. Según señalaba, el "coste estándar" de los servicios que prestan los municipios, que incluía la nueva regulación, se convertía en un cheque "en blanco" que se daba al Gobierno mediante el cual se podía quitar competencias a los ayuntamientos.

Antes de llegar a las Cortes, Hacienda suprimió el denominado "coste estándar" y lo sustituyó por el "coste efectivo", lo que implica que se establecen horquillas de coste de los servicios municipales (agua, iluminación, basuras, reciclaje, guarderías...) teniendo en cuenta criterios poblacionales –como dispersión o insularidad– para evitar que los ayuntamientos pierdan competencias. Los partidos de la oposición no tienen muy claro que esto vaya a ser así en la práctica y creen que se trató de un mero cambio cosmético.

El Gobierno es muy consciente de la dificultad de los ayuntamientos para adaptarse a los preceptos de la norma y de que muchos de los conceptos, el del "coste efectivo" entre otros, no han sido todavía asimilados. Hace un mes, Montoro se reunió con responsables municipales y alcaldes de PP, estos últimos les trasladaron la confusión de la ley y a raíz de ahí el Ministerio de Hacienda elaboró una guía para que los consistorios consulten los aspectos básicos de la reforma.

COPAGO EN TRANSPORTE SANITARIO: UNA MARCHA ATRÁS CASI OBLIGADA

El 13 de enero, la ministra de Sanidad, Ana Mato, anunciaba que daba marcha atrás a su intención de imponer nuevos copagos sanitarios a las prótesis, los productos dietoterápicos y el transporte sanitario no urgente. "Las administraciones tienen que continuar poniendo en marcha medidas de eficiencia para mejorar la calidad de la sanidad", justificó la ministra, quien también defendió que "los esfuerzos de los ciudadanos están dando sus frutos" y que, por ello, no se pedirán "nuevos esfuerzos" porque, además, la situación económica ha mejorado a su juicio en los últimos doce meses.

No pasaba por alto que esta decisión llegaba después de un informe del Consejo de Estado sobre el transporte en ambulancia, que ponía en duda el posible ahorro que implicaría la medida incluida en un real decreto sobre el transporte sanitario no urgente. A juicio del órgano consultivo, el coste de gestionar los cobros podría ser superior a la aportación de los propios usuarios.

No obstante, Mato subrayó que su cambio de parecer no tenía nada que ver con ese documento pues el texto no contenía ninguna objeción mayor. 

'Enmienda a la totalidad' al decreto de becas de Wert

Uno de los principales caballos de batalla de José Ignacio Wert en el último año ha sido el de las becas. El pasado junio, el Consejo Escolar del Estado planteó "prácticamente una enmienda a la totalidad" al proyecto de real decreto de becas y ayudas al estudio. En su documento, se plantearon 28 propuestas de modificación sobre el articulado de la norma.

El último Consejo de Ministros previo a las vacaciones de verano, el del 2 de agosto, dio luz a este real decreto. Pero en octubre, el Tribunal Supremo (TS) admitió a trámite el recurso presentado por CCOO contra el decreto de becas. El sindicato alegó que la nueva normativa vulneraba el principio de igualdad y el derecho a la educación al endurecerse los requisitos académicos para acceder a estas ayudas.

En concreto, Comisiones Obreras argumentaba en su recurso que el texto normativo vulneraba el principio de igualdad y no discriminación del artículo 14 de la Constitución española por negar la posibilidad igualitaria de alcanzar una educación y estudios a quien no llegue al umbral académico establecido en el real decreto, beneficiando a aquellos que sin alcanzar esta nota tengan medios económicos para poder seguir sus estudios.

CCOO también solicitaba la suspensión cautelar del real decreto para evitar el daño "irremediable" que supondría la aplicación de esta normativa para los estudiantes que dejaran de acceder a sus estudios por no tener una beca en el tiempo que tarde en pronunciarse el TS. Esta petición de suspensión fue rechazada por el tribunal al entender que "perjudicaría el interés público".

La ley de parques nacionales, en tela de juicio

El pasado 24 de enero, el Consejo de Ministros aprobó remitir al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Parques Nacionales, con el que, según la Moncloa, "se garantiza la adecuada conservación de estos espacios que cuentan con la máxima protección medioambiental en España, y se refuerza la coordinación y la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, encargadas de su gestión".

Las mismas fuentes sostenían que el nuevo modelo "respeta la gestión ordinaria por parte de las comunidades autónomas, suma la coordinación por parte del Estado; procura una gestión más participativa y abierta a la sociedad; integra en la gestión a los habitantes de los Parques Nacionales y de sus entornos, impulsando el desarrollo sostenible de estas poblaciones". Se trataba, no obstante, de un texto que, un mes antes, había sido objeto de crítica por parte del Consejo de Estado. Hasta el punto de que aconsejaba que se reconsiderase de forma global.

A juicio de este órgano consultivo, había aspectos de la ley que podrían no ajustarse a la Constitución, sobre todo en materia de competencias de las comunidades autónomas. Entre otros aspectos, instaba a reconsiderar el artículo 8, sobre el órgano que puede bloquear la decisión de una comunidad autónoma de que las Cortes declaren un Parque Nacional; así como el 13, respecto al que se reclamaba que se explique y defina lo que se entiende por "emergencia" y de la oportunidad a la comunidad autónoma de actuar y adoptar medidas contra posibles daños irreversibles antes de que el Estado tome el mando.

Fuentes de Agricultura sostienen que el texto definitivo que está en el Congreso recogió las principales aportaciones del mencionado dictamen.

Lo que está por venir: la reforma de la ley del aborto

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, podrá aprobar su polémica reforma de la ley del aborto en el Congreso de los Diputados gracias a la mayoría absoluta de su partido. Y también, gracias a que pocos de los diputados del Grupo Parlamentario Popular se atreverán a romper la disciplina de voto. La apisonadora de la mayoría absoluta volverá a funcionar. Lo que no evitará será el reproche previo de los órganos consultivos.

El anteproyecto de reforma de la ley del aborto fue presentado en el Consejo de Ministros del pasado 20 de diciembre. Según avanzó infoLibre el pasado 4 de marzo, Justicia ha recibido aproximadamente la mitad de los 29 estudios solicitados. El departamento de Alberto Ruiz-Gallardón remitió el anteproyecto a los 29 órganos consultivos entre los días 10 y 15 de enero. Ateniéndonos a los plazos oficiales, que conceden un mes para la presentación de las observaciones, el ministerio debería haber recibido ya los correspondientes informes. Pero los órganos tienen la posibilidad de solicitar un mes más de plazo. A día de hoy, el ministerio ha recibido esta petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal, dos de los informes considerados prescriptivos junto a los de la Agencia de Protección de Datos y la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Una vez recibida toda la documentación, el paso siguiente que dará el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón será el de estudiar los informes e introducir los cambios que se estimen oportunos. De ahí, el texto pasará al Consejo de Estado. Este organismo no tiene limitación de tiempo para hacer sus observaciones. Con ellas, Justicia volverá a someter a examen el anteproyecto y, si lo cree conveniente, incluirá nuevas modificaciones. Será en este momento cuando podrá hablarse ya de proyecto de ley y cuando el Consejo de Ministros volverá a ponerlo sobre su mesa. Luego partirá al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. En el Grupo Parlamentario Popular consideran que esto no ocurrirá nunca antes de las elecciones europeas.

No sé sabe hasta qué punto Justicia está dispuesta a modificar el texto original que, como asunto más polémico, acaba con el supuesto de malformación fetal. Lo que sí se sabe es que gran parte de los órganos consultados han remitido o van remitir al ministerio serias objeciones al anteproyecto.

Han llovido recortes y más recortes, reformas y más reformas, leyes polémicas y contestadas en bloque por la oposición y la defensora del pueblo, Soledad Becerril, permanecía inmutable, mirando para otro lado, aguantando incluso el chaparrón de críticas de los grupos, los sindicatos o los movimientos sociales. No quería llevar ninguna medida del Gobierno de Mariano Rajoy al Tribunal Constitucional (TC). Hasta ahora. Ahora Becerril ha decidido impugnar una disposición gubernamental que había pasado desapercibida, la atribución al alcalde o a la Junta de Gobierno local de la competencia del pleno del ayuntamiento de aprobar un plan económico-financiero o de acogerse a iniciativas contra la morosidad. Es su primer recurso contra una ley del PP, el partido que la propuso para encabezar la institución en junio de 2012. 

La defensora ha actuado después de que Alberto Garzón, diputado por Málaga y portavoz económico de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), se dirigiera a ella por escrito el pasado 13 de diciembre, tras la aprobación por el Consejo de Ministros, y posterior convalidación por el Congreso, del real decreto ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras. El parlamentario había llamado la atención sobre la disposición adicional tercera. En ella, se permite a la Junta de Gobierno local o, en algunos casos, al propio alcalde, aprobar un plan de ajuste o adoptar medidas económicas que anteriormente hubiera rechazado el pleno. Ello puede suceder en los municipios en los que el regidor no cuenta con mayoría absoluta y tiene problemas de gobernabilidad. El propio Ejecutivo, en su exposición de motivos, subrayaba que el objetivo de esa previsión era "facilitar la mayor incorporación posible de municipios a las medidas extraordinarias citadas eliminando obstáculos que no deberían afectar al logro de la estabilidad y del reequilibrio de aquellas entidades". Un "raro ejercicio de sinceridad" del Gobierno, decía Garzón, por cuanto llama "obstáculo" a las decisiones que pueda tomar de forma "mayoritaria y democrática" el pleno de cualquier ayuntamiento. Algo que calificaba de "inaceptable, peligroso e inconstitucional". 

Becerril le dio la razón. Y, en una carta de cinco folios, incluye la resolución "en sentido positivo" tomada por la institución tras la reunión mantenida el 24 de febrero por su Junta de Coordinación y Régimen Interior. O sea, que ha resuelto "interponer recurso de inconstitucionalidad contra los apartados segundo y tercero de la disposición adicional tercera" del real decreto ley, "apartados que se refieren a la atribución a la Junta de Gobierno local, o al alcalde, de la competencia del pleno de la corporación para acogerse a determinadas medidas, aprobar el plan de ajuste o aprobar alguna de las medidas incluidas en dicho plan de ajuste". 

Restringe el "núcleo esencial" de los ayuntamientos

La institución, en un comunicado hecho público en su web, considera que esta disposición restringe el “reducto indisponible o núcleo esencial de la institución local (en palabras del propio Tribunal Constitucional ya desde sus primeras sentencias), que configura nuestro régimen de autonomía municipal". Es decir, que viola uno de los poderes atribuidos al pleno. 

En una nota, Garzón valoró "muy positivamente" la decisión de Becerril, “sobre todo porque los servicios legales del Defensor del Pueblo consideran acertada y comparten buena parte de la argumentación de IU para interponer este recurso contra una norma emanada del Gobierno de Rajoy ante el TC”. “Son precisamente los puntos segundo y tercero contra los que ahora ha resuelto recurrir el Defensor sobre los que pedíamos que esta institución se fijara especialmente. Entendemos que su contenido colisiona notoriamente con el funcionamiento democrático de los ayuntamientos y quitan al pleno municipal su competencia para aprobar los planes de ajuste, con las graves consecuencias que esto tendrá para los vecinos que votan en unas elecciones a sus representantes municipales”, añadió. Para el diputado, ese apartado del decreto sienta un "precedente político enormemente peligroso", ya que justifica que se puedan "romper las reglas de juego democráticas" de cualquier ayuntamiento del país "con la coartada de que se están poniendo las medidas para hacer frente a la crisis que le gustan al PP". Es también la primera vez en al menos diez años que la institución atiende la petición de presentación de recurso de Izquierda Unida, como subrayaban en la federación.

Becerril, en la carta remitida a Garzón, coincide en que la disposición adicional tercera "se trata ciertamente de una decisión legislativa opinable". "Si la ley hasta ahora requiere mayoría del pleno, no es ello propiamente un obstáculo, sino un requisito, sin el cual la decisión no existe o es inválida", arguye. Al "ignorar al pleno", parece "como si la mayoría hubiera de ser alcanzada a toda costa".

Vulneración de cuatro artículos de la Constitución

Por todo ello, los servicios jurídicos del Defensor del Pueblo creen que el Gobierno puede haber infringido los artículos 1, 23, 137 y 140 de la Carta Magna de 1978. "La nueva regla podría vulnerar la Constitución porque, en suma, la sustitución del pleno por la Junta de Gobierno tras no alcanzarse en una primera votación plenaria la mayoría necesaria para tomar una decisión vital para la administración municipal podría vulnerar los preceptos constitucionales citados". 

Este es el primer recurso, pues, que Becerril interpone contra una medida del Gobierno. Y el primero que la institución presenta en cuatro años. Los tres últimos se redactaron en 2010 –el primero, cuando el órgano lo ocupaba el socialista Enrique Múgica y los otros dos cuando ejercía el cargo en funciones María Luisa Cava de Llano– contra distintas leyes aprobadas por el Parlament de Catalunya. Pero no se había impugnado nada más desde entonces. Y se le ha pedido que intervenga contra la reforma laboral, contra la Ley Antidesahucios, contra la reforma de las pensiones, contra la Ley de Tasas, contra los recortes en sanidad y educación o contra el reparto de poder en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

La política de la institución, "desde siempre", según recordaron fuentes oficiales de la misma, es "abstenerse de presentar recurso" cuando lo hacen previamente otros sujetos legitimados para interponerlo (50 diputados o 50 senadores, los gobiernos o parlamentos autonómicos o el presidente del Gobierno). "Si lo hiciéramos, se entendería como una falta de independencia del Defensor", explicaron. Y este sería el caso, porque nadie más ha levantado la voz contra esta disposición gubernamental. Sin embargo, ya fue polémico en su momento que Múgica elevara al TC su queja por el Estatut catalán, que ya había recurrido el PP. 

La impugnación contra el real decreto ley 14/2013 es la número 30 de la historia del Defensor. Pese a que el traslado de recursos al TC es una de sus más importantes competencias, por tanto, no es de las más usadas. 

El informe del Defensor del Pueblo de 2013, que ha presentado este jueves la responsable de la Institución, Soledad Becerril, al Parlamento y al Senado, analiza distintas cuestiones sobre la evaluación de impacto ambiental de proyectos como el aeropuerto de Castellón, de la técnica de fractura hidráulica (fracking) en Cantabria, o el almacenamiento de gas en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

Así, sobre el aeropuerto de Castellón, considera que es un caso de "planificación deficiente y de una inexistente evaluación estratégica del planeamiento aeroportuario". El informe recuerda que está inaugurado aunque no tiene actividad y, por ello, en noviembre de 2012 se inició una actuación de oficio ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Dirección General de Aviación Civil para comprobar la efectividad de la planificación aeroportuaria. Concretamente, se requería al Ministerio de Fomento, conocer el estado del trámite, la fecha aproximada en que el aeropuerto podría estar operativo, la diferencia entre el coste presupuestado y el real de ejecución, el origen de los fondos (públicos y privados) y las desviaciones entre las previsiones del Plan Director del Aeropuerto.

No fue posible examinar el Plan Director, de modo que pudiera hacerse una valoración general de las consecuencias de la presumible falta de estrategia en la planificación y programación. Así, advierte de que el aeropuerto de Castellón puede acarrear "pérdidas irreversibles o de difícil reparación en los espacios naturales" así como pérdidas económicas en infraestructuras con poca o ninguna utilidad para el bien común. Por ello, recuerda que el derecho de la UE requiere que se valore, además de los efectos ambientales, los impactos sociales y económicos, puesto que su objeto era "promover un desarrollo sostenible". "Todo indica que en este caso no hubo una evaluación estratégica con influencia en la decisión de acometer el aeropuerto", admite.

Por otro lado, el informe del Defensor analiza las evaluaciones ambientales de otros proyectos significativos que aún no han concluido, como el empleo de la técnica de fractura hidráulica (fracking) en Cantabria, que sigue aún sin contestación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. A este respecto la institución que dirige Soledad Becerril no puede por el momento valorar posibles irregularidades de la Administración Pública.

Almacenes de gas en Castor y Doñana

Asimismo, está estudiando la evaluación del riesgo sísmico que pudiera estar asociado a la actividad de inyección de gas en la planta de almacenamiento El Castor, sobre la que ya han enviado la documentación solicitada tanto el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

También ha recibido la documentación solicitada a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la evaluación de los impactos acumulativos de diversos proyectos de explotación y almacenamiento de gas natural en el entorno de Doñana, sin embargo, admite que está pendiente de análisis por ser muy extensa.

La institución argumenta que la PAH deseaba que se presentara un texto cerrado y preparado por este grupo. En este sentido, ha recordado que el defensor del pueblo, de acuerdo con la Ley Orgánica que lo regula, está obligado a "actuar con plena libertad e independencia de criterio".

Asimismo, tal y como se explica en la resolución comunicada a los interesados, este asunto ha sido sometido ya al Tribunal Constitucional, dado que parlamentarios del Grupo Socialista han presentado recurso contra la citada norma. Por ello, entiende que la intervención de la defensora del pueblo no es "necesaria" en este caso para asegurar la garantía de los derechos fundamentales y las libertades públicas o para salvaguardar la adecuación constitucional del ordenamiento jurídico.

Protección a los deudores

No obstante, Becerril ha resaltado que sigue siendo necesario reforzar más la protección de los deudores hipotecarios para "impedir los efectos nocivos que se han producido". A su juicio, la ley contiene elementos positivos respecto de la regulación anterior, si bien es todavía necesario establecer un procedimiento de insolvencia de las personas físicas, para facilitar pagos más flexibles y que exista una segunda oportunidad. Además, contempla aumentar las facultades de los jueces para facilitar acuerdos entre acreedores y deudores e imponer, en su caso, una solución razonable.

En abril de 2013, la institución presentó en el Parlamento actuaciones y propuestas para una reforma profunda en la regulación de las deudas hipotecarias. También se pidió limitar los elevados intereses de demora y los gastos de ejecución, y establecer un proceso previo de conciliación entre las partes que dote al juez de mayores facultades de decisión.

Asimismo, solicitó a la Asociación Española de Banca (AEB) y a la Confederación Estatal de Cajas de Ahorros (CECA) que se comprometieran a informar a los deudores hipotecarios de las nuevas posibilidades que les asisten tras la entrada en vigor de la Ley.

Actuación de la PAH 

Esta decisión ya ha sido comunicada a la PAH. En los últimos días esta plataforma había intensificado su campaña para lograr que el Defensor del Pueblo respaldara su petición mediante la promoción en redes sociales de las etiquetas #bancCriminal, #DefensoraDefienda y #ElRecursoDeLaPAH y difundiendo el teléfono de la Alta Institución animando a los ciudadanos a llamar y mostrar su apoyo al recurso.

El aval del Defensor del Pueblo era una de las vías que ofrece el sistema para que los ciudadanos puedan llegar a recurrir una norma ante el Tribunal Constitucional. La otra posibilidad es conseguir la firma de 50 diputados o senadores, algo en este caso más difícil porque el apoyo anunciado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC, Amaiur y Compromís-Equo al texto de la PAH no supone avales suficientes.

Si no hay cambios de última hora, y no parece que los vaya a haber, mañana viernes el PSOE presentará solo su recurso contra la Ley Antidesahucios ante el Tribunal Constitucional (TC). La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) adelantó anoche a infoLibre que se descuelga definitivamente de la impugnación, y es previsible que con ella se descuelguen en cascada todos los grupos que le habían mostrado su adhesión al texto original y que habían advertido que sólo se subirían al carro del recurso con los socialistas si estos llegaban a un entendimiento con la PAH. Y eso no se ha producido.

Hacia las cuatro de la tarde de ayer miércoles, el PSOE rebotó su texto, de unos 63 folios, al mail de la plataforma. El equipo jurídico del movimiento, comandado por Rafa Mayoral, leyó el borrador y apreció que, efectivamente, y tal y como había adelantado el partido de Alfredo Pérez Rubalcaba, estaba plasmada "toda la fundamentación jurídica" construida por la PAH [consúltala aquí]. Esto es, los seis motivos de inconstitucionalidad que veía en la ley 1/2013, aprobada en solitario por el PP para paliar la tragedia de los desahucios, y que no atendía las "demandas mínimas" (la dación en pago, el alquiler social y la moratoria de los lanzamientos).

¿Dónde están las discrepancias, entonces? Según explicaba Mayoral anoche a este periódico, no había gustado que se suprimiera, en el apartado de los antecedentes, las referencias al "incumplimiento sistemático de los derechos económicos, sociales y culturales que recoge la Constitución y, en particular, el derecho a la vivienda", y tampoco que se "pusiera más énfasis" en cómo se desenvolvió la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por la PAH y avalada con más de 1,4 millones de firmas, en lugar de "en la victoria de la sociedad civil". Según la plataforma, el PSOE pretende "reescribir la historia, contando cosas que no son ciertas, y asumiendo el protagonismo".

Las críticas del movimiento hacia el PSOE son muy duras: "Ha intentado sacar rédito y patrimonializar un recurso que nace de la sociedad civil. Es lamentable cuando ha estado años en el Gobierno y no ha hecho nada. Tenía que haber entendido que había que dejar paso a la sociedad civil y no al partidismo. A última hora han intentado rentabilizar un recurso que ni siquiera pensaban presentar. Eso es burdo electoralismo", denunciaba Mayoral, anticipándose a un comunicado que la PAH estaba ultimando a última hora de ayer.

Desde el PSOE no llegaron reacciones oficiales. Pero fuentes del grupo que han participado de la redacción del recurso reiteraban que, "tal y como se habló desde el principio", se remitió el documento a la PAH para que hicieran "los comentarios que quisieran", igual que se les envió a los demás grupos, con la pretensión de buscar su respaldo. Mayoral reconoce que así era, pero que la divergencia viene del "planteamiento de fondo", la percepción que tiene la PAH (y que los socialistas niegan) de que el partido ha querido jugar esta baza "solo".

"Pedir apoyo y decir que apoyar es electoralista no se entiende"

Una diputada del PSOE que no podía ocultar su cierta sorpresa señalaba, como "opinión personal", que "pedir apoyo y luego decir que apoyar es electoralista no se entiende" y "pedir firmar y punto tampoco". En el partido se encajaron mal las palabras de la semana pasada de Ada Colau, portavoz de la PAH, cuando acusó al PSOE de querer "apropiarse" de su recurso, en lugar de avalarlo sin más, de prestar su firma. El concurso de la fuerza mayoritaria de la oposición es imprescindible, toda vez que la Constitución sólo faculta al presidente del Gobierno, al Defensor del Pueblo, a 50 diputados, a 50 senadores y a los parlamentos y gobiernos autonómicos a impugnar las leyes ante el TC. La PAH también había deslizado en los últimos días que, en caso de que fuera posible dar el visto bueno al texto de Rubalcaba –extremo descartado anoche–, quería llevar ella sola el recurso con las firmas al Alto Tribunal, rehuyendo la fotografía con los partidos. 

Son varios los puntos sobre los que la PAH hace pivotar su argumentación y su respuesta al PSOE en el comunicado, según avanzaba anoche Mayoral. Primero, el reconocimiento de la "victoria" de la plataforma en su lucha, porque "gracias a la movilización, hay recurso al final". Colau y Mayoral siempre recalcan que "ningún partido" había pensado en la posibilidad de llevar la ley al TC y que por ello su presión ha sido determinante. "La movilización de la sociedad civil ha vuelto a poner en jaque el statu quo", resumía el letrado. 

En segundo término, la PAH denuncia el "déficit democrático" del sistema, que impide a la ciudadanía recurrir directamente leyes, haciendo de la impugnación ante el TC una cuestión privativa de muy pocos agentes. Tercero, el "flagrante incumplimiento de los derechos económicos, especialmente, del derecho a la vivienda", en más de tres décadas de Carta Magna. Cuarto, el "incumplimiento de funciones" de la Defensora del Pueblo, que "ni ha respondido" a la exigencia que la plataforma le ha trasladado de que recurra la Ley Antidesahucios del PP, desoyendo su "obligación de defender los derechos humanos y civiles". Soledad Becerril decidirá mañana qué hacer, en su reunión con la Junta de Coordinación, el órgano directivo de la institución. Quinto, el movimiento da cuenta de los avales conseguidos en estos últimos días, los de 24 diputados: los de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Amaiur, ERC, BNG, Compromís-Equo y Geroa Bai. "CiU, PNV, UPyD, Coalición Canaria, y por supuesto Foro Asturias y UPN ni se han dignado a responder, por no hablar del PP", lamentaba Mayoral. 

Y sexto. La PAH admite que el PSOE recoge el andamiaje jurídico de la propuesta que ellos presentaron hace una semana, pero no acentúa ni el "incumplimiento" de un derecho básico como el de la vivienda ni el "liderazgo" de la sociedad civil, cayendo en un ejercicio de "oportunismo y partidismo". 

Reproches de los grupos

La PAH también está molesta con la "gestión de los tiempos" que han hecho los socialistas, remitiéndoles el documento a dos días de que finalice el plazo legal de tres meses, porque es mañana viernes, 16 de agosto, cuando concluye el tiempo para poder presentar un recurso contra una ley, la 1/2013, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 15 de mayo. "Es una miopía absoluta, no terminan de entender nada. Hacen una utilización mezquina de argumentos que no eran propios". Por todas estas razones, la PAH descarta completamente acudir al TC a hacerse la foto con el PSOE. 

Falta por ver ahora cómo respiran los grupos parlamentarios a los que los socialistas querían atraerse. Pero no es previsible que se acerque ninguno más, ya que todos advirtieron de que avalaban el texto que había confeccionado la PAH. En consecuencia, al no haber acuerdo entre la plataforma y el partido de Rubalcaba, lo esperable es un descuelgue en cadena. Ayer por la tarde lo decía, por ejemplo, José Luis Centella, portavoz de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA): "Haremos lo que haga la PAH. Nosotros no habíamos pensado en el recurso y lo que hemos hecho ha sido avalarlo por completo. Y lo que tenemos descartado es hacernos una foto con el PSOE si ellos no están". Joan Baldoví, diputado de Compromís-Equo, tachaba de "indecente" que el PSOE "se apropie de una lucha que ha liderado la PAH y de un recurso que debería ser unitario". 

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, entiende que se debe evitar la concesión de indultos a agentes de la autoridad condenados por malos tratos, según se desprende de las conclusiones del informe de 2012 elaborado por la Institución, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (MNP), que ha presentado este martes en el Congreso de los Diputados.

La institución explica que el indulto es una medida de gracia que puede tener la finalidad de corregir una injusticia provocada por la aplicación estricta de la ley, pero sostiene que esta concesión no debería aplicarse a agentes de la autoridad que hayan sido condenados por delitos que suponen un maltrato a personas privadas de libertad. A su juicio, la ejecución de una sentencia en todos sus términos conlleva un poder disuasorio para la comisión de actos similares en un futuro.

Según apunta, "lógicamente" ese efecto desaparece con la concesión del indulto, dando lugar a que se conciban ciertas expectativas de impunidad, repercutiendo, además, negativamente en la encomiable actuación de la práctica totalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la eficiencia del ejercicio de la función jurisdiccional y en la actividad preventiva del MNP.

Gestión deficiente en las dependencias

Además, este informe refleja que en la mayoría de dependencias policiales, los sistemas de videovigilancia no cumplen los criterios manifestados por el Defensor del Pueblo en informes anteriores, aparte de que en numerosas dependencias no existe una presencia constante de agentes en la zona de calabozos cuando hay detenidos, o las celdas no disponen de sistemas sonoros de llamada, lo que puede suponer un riesgo en caso de darse situaciones que requieran la presencia inmediata de los agentes.

Según apunta, en la mayoría de las dependencias visitadas no se informa por escrito a los detenidos de la posibilidad de interponer un procedimiento de hábeas corpus.

A pesar de que el acceso a un abogado en el período inmediatamente siguiente al inicio de la privación de libertad resulta "fundamental" para la prevención de la tortura y los malos tratos, la Defensoría avisa de que en la mayoría de las dependencias visitadas la solicitud de asistencia letrada se realiza en el momento en el que se va a proceder a la toma de declaración.

Con relación a la puesta a disposición judicial de las personas detenidas, recuerda que el Tribunal Constitucional ha estimado que la práctica de pasar a disposición judicial a los detenidos a primera hora de la mañana siguiente al día de finalización de las actuaciones policiales, alargando más de lo necesario la detención, vulnera el artículo 17.2 de la Constitución española.

Es más, sostiene que en algunas dependencias se pudo observar que, cuando los detenidos reciben asistencia médica, se queda en el atestado policial copia del parte de la asistencia recibida, el cual en ocasiones incluye la historia clínica de los detenidos, lo que a juicio de esta Institución no resulta correcto, al tratarse de datos de carácter personal que afectan a su intimidad personal.

Identificación de agentes

Así, agrega que, en muchas dependencias se observó que los agentes no estaban convenientemente identificados y aluda al ejemplo la Ertzaintza, que ha aceptado la recomendación formulada por esta institución para que se estableciese la obligatoriedad de que sus agentes estén identificados.

"No han sido sin embargo aceptadas las recomendaciones formuladas a distintos Cuerpos Policiales para que la grafía que aparece en las placas de identificación sea perfectamente visible desde la denominada 'distancia de respeto'", recoge el informe.

El Defensor del Pueblo sigue observando en su informe el incumplimiento de criterios como que los agentes vayan desarmados a las zonas de custodia, al mismo tiempo que cree que algunas instalaciones tienen deficiencias que impiden garantizar la integridad física de los detenidos, como barrotes horizontales en las puertas de las celdas, chapas metálicas o cerrojos sin protección, que pueden ser utilizados por los detenidos para intentar autolesionarse.

Para llegar aquí, a que Interior haya finalmente decidido que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía luzcan su número de identificación en la espalda, y con caracteres de grandes dimensiones, ha hecho falta mucha lluvia. Un pequeño diluvio de quejas formuladas por colectivos sociales, el 15-M y participantes de las múltiples manifestaciones que han inundado las calles españolas en los últimos años. 

27 de mayo de 2011. Hace pocos días ha eclosionado el movimiento de los indignados, justo en torno a las elecciones municipales y autonómicas. De forma espontánea. En Madrid y en otras ciudades. En varios puntos de la geografía española se suceden las imágenes de asentamientos pacíficos, discusiones, debates, votaciones. Un fuego nacido al calor del profundo malestar con el ricino de los recortes presupuestarios y el salvamento inacabable de la banca. En Barcelona, ese día, 27 de mayo, medio millar de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana irrumpe en la plaza de Catalunya para arramblar con los campamentos, pero no podrá con la semilla de la protesta, que se reaviva. Nada de las infraestructuras provisionales queda en pie, mientras la dureza de los palos y las cargas recorre medio mundo.

Las críticas arrecian contra los Mossos y contra el conseller de Interior, el convergente Felip Puig. Ya entonces comenzará a oírse una queja recurrente: la denuncia contra la falta de identificación de los agentes o la escasa visibilidad de sus placas. En Madrid, en agosto, la Policía disuelve a golpes las manifestaciones laicas que coinciden con la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y la visita de Benedicto XVI. 

Por los chalecos antitrauma

El lamento crece y se expande a medida que la contestación social gana enteros. En mayo de 2012, la Comisión de Legal de Sol del 15-M interpone una demanda ante el Ministerio del Interior por incumplimientos "reiterados" de la instrucción 13/2007 que obliga a los agentes a ir identificados en todo momento.  

Pero sin duda el 25-S, Rodea el Congreso, marca un punto de inflexión. Los manifestantes se habían apostado en las inmediaciones de la Cámara baja, absolutamente blindada por Interior gracias a un apabullante despliegue policial de 1.400 efectivos. En la tarde-noche, la crispación estalló. Y con ella, los enfrentamientos entre ciudadanos y policías y las consiguientes cargas, que se extendieron hasta la misma estación de Atocha. De nuevo, gotearon las quejas por los fallos de identificación de los agentes. El Gobierno, en cambio, defendió "absolutamente" la actuación del cuerpo y los porrazos a los participantes, a través de la delegada en Madrid, Cristina Cifuentes, y del propio ministro del Interior. PSOE e IU, en cambio, denunciaron la actitud "desproporcionada" y hasta "excesiva". 

Días después, el 9 de octubre, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, explicó que el ministerio ya estaba estudiando la fórmula para facilitar la identificación de los antidisturbios. Y reiteró también que cuando la placa no se ve puede deberse a que los efectivos van provistos de chalecos antitrauma, que son colectivos, no individuales, y por tanto no llevan rotulado el número. La prenda, por tanto, tapa la chapa que sí figura en el uniforme. 

Denuncia de Amnistía Internacional

Cosidó, el 18 de octubre, hizo otra revelación de las intenciones de Interior: el Gobierno, dijo, estudiaba prohibir la difusión de imágenes de policías en Internet. Afirmación polémica que matizó al día siguiente la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que prometió buscar "un equilibrio" entre el derecho de manifestación de los ciudadanos y el derecho a la integridad de los cuerpos de seguridad del Estado. 

La queja de los colectivos se había difundido en prensa, pero también había sido canalizada a través de las instituciones y de otras organizaciones. Amnistía Internacional presentó el pasado 24 de enero en el Ministerio del Interior 60.000 firmas para pedir el fin de los abusos policiales."En los casos en los que se han iniciado las investigaciones, muchas veces las denuncias quedan archivadas al no poderse identificar a los agentes implicados. Esta cuestión es clave para luchar contra la impunidad, ya que existe obligatoriedad sobre el uso del número de identificación personal en la uniformidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", censuraba la ONG. En aquellas fechas, Cifuentes repetía que el Ejecutivo, desde el principio de legislatura, se había comprometido a buscar una solución al problema de visibilidad de la placa. 

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, incorporó en su informe de 2012 las quejas y las recomendaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad. La institución hacía referencia, precisamente, a los disturbios del verano de 2011 en Madrid y los acaecidos el 25-S. "La ineficacia del distintivo de identificación personal por su reducido tamaño resulta más evidente", afirmaba, cuando se constataba que ni siquiera visionando las imágenes de vídeo era posible descifrar el número de placa, lo que en la práctica significaba "dejar impunes conductas irregulares e inaceptables", pese a que las grabaciones evidenciaban los excesos de los agentes. La Defensora había sugerido al Gobierno, como rezaba el informe en su página 137, conocido a principios de este mes de marzo, que aumentara el "tamaño de los distintivos" y que estos se situaran "en varios lugares del uniforme". 

El ejemplo de los Mossos

Sólo pocas jornadas después, el 14 de marzo, el conseller de Interior de la Generalitat catalana, Ramón Espadaler, anunció, por fin, los cambios en los trajes de la Brigada Mòbil (Brimo), los antidisturbios de los Mossos: un código alfanumérico de identificación visible en la espalda y pegado con un velcro en la parte trasera del chaleco. Código que se ha bautizado como el Número Operativo Policial (NOP), distinto a la Tarjeta de Identificación Policial (TIP), que es el número que reciben los policías cuando se gradúan. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó –la institución catalana homóloga al Defensor del Pueblo– evaluó "positivamente" la decisión del Govern. También Ribó había apremiado a la Generalitat a aplicar los cambios en la identificación de los policías a raíz de los incidentes en la plaza de Catalunya de 2011 y lo había reflejado en su respectivo informe al Parlament. Y es que la Generalitat introducía las modificaciones en los uniformes nada menos que cinco años después de que el tripartito sancionara el decreto 217/2008, que forzaba a que se situara bien visible el número de placa. 

Este sábado, la agencia Europa Press revelaba que el paso lo daba ahora el Gobierno central. La identificación se ubicará en un recuadro que se adherirá a la espalda del uniforme con velcro y con los guarismos en grandes dimensiones, para que sean vistos a una distancia considerable. Hasta ahora, los dígitos de la placa no se veían más allá de 1,20 metros. El nuevo sistema permitirá que el número se pegue también a los chalecos antitrauma. Según subrayaron fuentes de la Policía a El País, el número no se corresponderá con la placa –como ocurre en Cataluña–, sino que irán variando según la intervención.