Andalucía acudirá a las urnas el próximo 17 de mayo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, busca revalidar la mayoría absoluta obtenida en 2022 mientras la oposición intenta frenar esa posibilidad. Y es ahí donde emerge uno de los temas estrella de la campaña electoral: la sanidad. El descrédito del Gobierno autonómico fue sonoro con la crisis de los cribados de cáncer de mama y la propia candidata socialista, María Jesús Montero, está intentando poner el foco en la gestión de la sanidad pública. 

Lo cierto es que los datos parecen respaldar esa estrategia. La ciudadanía andaluza es la más descontenta con la sanidad pública de todo el Estado. Así lo muestran los barómetros sanitarios realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2025. Mientras el conjunto de los españoles pone a la sanidad pública una nota media de 6,02, en el caso de los andaluces la nota cae hasta el 5,37.

La pregunta del CIS se refiere expresamente al "grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público" y los ciudadanos tienen que dar una respuesta númerica entre el 1 y el 10. El 1 significa 'muy insatisfecho'  y el 10 'muy satisfecho'. Esa nota media que dan los andaluces es inferior a la de cualquier otra comunidad autónoma. 

De hecho, el 47,79%, prácticamente la mitad, de los encuestados de la comunidad gobernada por Moreno Bonilla responden con valores entre el 1 y el 5, suspendiendo el funcionamiento de la sanidad pública andaluza u optando por lo que se conoce como un cinco raspado. Aunque en este caso, la escala del CIS va del 1 al 10 y no del 0 al 10 y, por tanto, la mitad se sitúa, en realidad, en el 5,5 y no en el 5.

La insatisfacción de los ciudadanos andaluces con la sanidad se ve también al analizar el valor más bajo de la escala. En Andalucía son un 11,18% de los encuestados los que optan por el 1, más que en cualquier otra comunidad y casi el doble que en el caso nacional, donde son un 6,41%.

Los andaluces no son solo los más descontentos con el sistema sanitario público en su conjunto. La comunidad también destaca en la mayoría de servicios concretos por los que pregunta el CIS. La ciudadanía andaluza es la que pone peor nota a las "consultas de atención primaria en centros de salud", las "consultas de atención especializada", las "urgencias de centros de atención primaria" y el servicio de "urgencias 061 y 112".

En los otros dos servicios concretos por los que se pregunta en los barómetros sanitarios es Canarias la comunidad que sale peor parada. Estos son las "urgencias en hospitales públicos" y los servicios de "ingreso y asistencia en hospitales públicos". Aun así, Andalucía da la segunda y tercera peor nota, respectivamente, también en esos casos.

La peor nota de todas es la que da la ciudadanía andaluza a las consultas de especialidades, con una media de 5,26. También es el servicio que se lleva el promedio más bajo en el conjunto de España, con solo un 5,74.

El descontento de los andaluces con el sistema sanitario público se refleja también en otras cuestiones planteadas en la encuesta. Uno de cada tres asegura haber necesitado consultar con su médico de familia en los últimos 12 meses y no haberlo conseguido. De nuevo, más que en ninguna otra comunidad y muy por encima de la media estatal, del 24,04%.

De hecho, los andaluces son los que muestran más problemas para conseguir cita con su médico de cabecera. Son quienes más aseguran no obtener cita, pero también los que muestran un mayor largo periodo de espera en caso de conseguirla. El CIS pregunta a los ciudadanos si en caso de haber tenido cita para el médico de familia y que este no les haya atendido el mismo día, cuántos días han tenido que esperar. La media española es de 9,15 días. En el caso de Andalucía sube hasta los 11,16. Otra vez, más que en ninguna otra comunidad.

Todos esos problemas que denuncian los andaluces con su sanidad pública se reflejan también en lo que creen que es necesario. El 59,82% considera que el sistema necesita cambios "fundamentales" o "profundos". En el conjunto del Estado la cifra es del 47,35%. El dato, además, ha subido respecto a 2024, cuando el 56,6% de los andaluces optaba por esa opción.

La pregunta del CIS es clara: "De las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?". Luego el entrevistador ofrece cuatro opciones de respuesta: "en general, funciona bastante bien", "funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios", "necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan" y "funciona mal y necesita cambios profundos".

En Andalucía el 5,66% de los encuestados optó por "en general, funciona bastante bien". En cambio, el 30,66% se decantó por "funciona mal y necesita cambios profundos". En ninguna otra comunidad tan pocos entrevistados optaron por la respuesta que alaba el funcionamiento del sistema sanitario público. De la misma forma, en ninguna otra comunidad tantos eligieron la opción más crítica con el sistema.

El Gobierno ha ampliado la cobertura sanitaria para los españoles residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales a España, una reforma que extiende este derecho a estas personas aunque no desempeñen actividad laboral ni perciban prestaciones y lo reconoce a sus familiares acompañantes, ha informado este martes el Ministerio de Sanidad y recoge EFE.

La asistencia sanitaria tendrá una vigencia equivalente a la estancia declarada, con un máximo de tres meses y el periodo total no podrá superar los seis meses por año, tras la aprobación del Real Decreto 180/2026.

Según el Gobierno, el texto da respuesta a una demanda social histórica, ya que hasta ahora solo los trabajadores y pensionistas españoles residentes en el exterior tenían reconocida la asistencia sanitaria durante sus desplazamientos a España.

A partir de ahora, los españoles de origen residentes en el exterior tendrán derecho a ser atendidos por el Sistema Nacional de Salud siempre que, conforme a la normativa española, comunitaria o internacional, no dispongan de cobertura sanitaria exportable desde su país de residencia.

Se reconoce también el derecho a la asistencia sanitaria para los familiares que acompañen al titular durante su estancia temporal o para los que se establezcan con él en caso de retorno.

Se consideran familiares con derecho el cónyuge o pareja de hecho y los descendientes del titular, del cónyuge o de la pareja de hecho, menores de 26 años o mayores con discapacidad igual o superior al 65%.

El trámite será gestionado y acreditado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que contará con un plazo máximo de tres meses para resolver la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin resolución, la solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo positivo.

USA es el único país desarrollado sin sanidad universal. Sobrevivir a un infarto es fácil. A la factura, menos. Una ambulancia puede costar 1200 dólares, por eso hay quien prefiere pedir un Uber.

Unos 30 millones de personas no tienen seguro médico y muchos de los que tienen podrían arruinarse si contrajeran una enfermedad grave. Pensad que Breaking Bad no tendría sentido en España porque la sanidad pública trataría tu cáncer y podrías sobrevivir. 

Otra cosa es que estés en una residencia de Madrid, gobierne Ayuso y vuelva a haber una pandemia. Pero como te ibas a morir igual…

La educación privada es prohibitiva y la pública es desigual y su calidad depende del código postal del centro. Si naces en el barrio equivocado, tu mejor opción de futuro profesional es aprender a contar billetes rápido para el trapicheo.

Los estudiantes universitarios pagan unas cifras tan salvajes que alguien podría llegar a plantearse si estudiar medicina o comprar el Monte Sinaí.

Endeudarte para curarte, para estudiar… en USA eres lo que debes. Naces, te endeudas, mueres y es probable que la deuda te sobreviva. Tu puntuación crediticia decide si puedes comprarte una casa o un coche. O si existes. Tener mal crédito es peor que tener antecedentes penales. Si robas un banco vas a la cárcel. Si no tienes deudas, no te dejan entrar en un banco.

USA lleva más de dos siglos presumiendo de libertad, pero persiguió a comunistas —algunos imaginarios— durante el “macartismo”. Porque para muchos norteamericanos, la libertad es poder llevar pistola aunque no puedan votar a un partido de izquierdas sin que el FBI les investigue. Pensad que en los 50 y 60 te arrestaban por decir que el comunismo era bueno y por decir que el racismo era malo.

Era la época de la banda terrorista Ku Klux Klan a la que el FBI trataba como a un club de amantes de las barbacoas mientras que a las personas negras las trataba como terroristas.

USA se funda sobre el genocidio indígena y se convirtió en una potencia gracias a la esclavitud. En el siglo XIX, el algodón representaba el 60% de sus exportaciones y lo recogían esclavos. Un dato: en 1860, las personas negras esclavizadas generaban más riqueza que las fábricas y ferrocarriles del país.

Por no hablar del negocio que fue su participación en la II Guerra Mundial y que desde una perspectiva macroeconómica fue lo que convirtió a este país en una superpotencia económica.

Conclusión: USA no significa United States of America. Más bien Unfair States of America.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

El reciente anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) —aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros— ha reabierto uno de los debates más tensos de la política española: el papel de lo público frente a lo privado en la sanidad. Este anteproyecto aspira a revertir el crecimiento de modelos de gestión privada dentro del SNS que promueven la subordinación de la planificación sanitaria a la lógica del mercado, lo ha orientado a priorizar los servicios rentables, fragmentar la red asistencial y abandonar el principio de que la salud es un derecho al  gestionarse como negocio.

El anteproyecto marca varios cambios significativos: 

El ministerio de Sanidad considera que con estas medidas se restituirá el SNS a un sistema universal y equitativo.  

La norma responde, en palabras de la ministra de Sanidad, a una necesidad de proteger el SNS “de las garras especuladoras y privatizadoras", planteando que los modelos concertados o concesionales han priorizado el beneficio sobre la atención al paciente, con prácticas denunciadas en casos como el del Hospital de Torrejón. 

Para ello considera que el ministerio debe obligar a que sean publicadas las evaluaciones y justificaciones de externalizaciones haciendo más transparente la gestión sanitaria y dificultando las decisiones opacas o afectadas por intereses empresariales. 

Según sus razonamientos se conseguiría así un sistema público fuerte, donde el acceso a una atención de calidad no dependa del nivel de renta, lo que redundará en beneficio de quienes no pueden permitirse seguros privados o copagos, de esta forma el limitar la privatización constituiría una inversión en cohesión social.

Pero frente a estas premisas, ciertas asociaciones como la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), aun considerando a este anteproyecto como un “punto de inflexión” que pone por primera vez en la ley criterios estrictos para evaluar si una colaboración público-privada es aceptable o no, plantea objeciones, algunas legítimas y otras teñidas de retórica política.

ASPE denuncia que el proyecto es un “ataque dogmático” contra la sanidad privada y una invasión de competencias de las comunidades autónomas, totalmente en línea con la patronal que sostiene que la colaboración público-privada ha aportado calidad y accesibilidad durante décadas, por lo que exponen que la ley puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) por vulnerar competencias autonómicas, lo que dejaría sin efecto muchas de sus medidas o prolongaría su aplicación indefinidamente. Es de destacar que los medios cercanos al PP han iniciado una campaña mediática con fórmulas como “ataque a Madrid” o “ataque a la libertad empresarial”, términos que desplazan el debate técnico hacia un terreno ideológico y polarizado. 

Frente a estas críticas de los sectores de derecha, las corrientes progresistas y muchos profesionales sanitarios consideran que el anteproyecto no viene acompañado de una financiación significativa extra para reforzar la sanidad pública, por lo que la ley puede quedar en una declaración de intenciones si no se acompaña de más inversión y medidas estructurales. 

Pero hemos de considerar que toda discusión de este anteproyecto no es solo jurídica ni sanitaria, también lo es política, pues no podemos pasar por alto que un contexto en el que la sanidad pública ha perdido terreno frente a la gestión privada (cerca del 31% de hospitales públicos gestionados por privados) y se multiplican las derivaciones a concertados o seguros, la pregunta fundamental sigue siendo: ¿Qué modelo de sociedad queremos? 

Para los defensores de la sanidad pública, el anteproyecto debía ser una oportunidad histórica para detener una tendencia que ha mercantilizado la salud y ha erosionado la equidad. Contrariamente, para la derecha, puede suponer un retroceso en la eficiencia y un exceso de control central. Por ello, el eje del debate debe centrarse en garantizar una sanidad pública robusta, transparente, bien financiada y centrada en el paciente, no solo en enfrentar ideologías contrapuestas.

Surge así la pregunta que cada uno debe responderse: ¿Debe la sanidad ser un derecho garantizado por lo público o un espacio abierto al negocio sanitario bajo el paraguas del dinero público?

El texto legislativo promovido por el ministerio de Sanidad pretende reforzar el papel central del Sistema Nacional de Salud, limitar nuevas concesiones administrativas y someter cualquier externalización a evaluaciones rigurosas de necesidad, eficiencia y transparencia; esto supone cuestionar un modelo expansivo de gestión indirecta que ha tenido especial desarrollo en comunidades como Madrid o la Comunidad Valenciana.

Pero hemos de considerar que desde la aprobación de la Ley General de Sanidad, la salud dejó de ser una prestación asistencial para convertirse en un derecho universal, un consenso fundacional que se ha visto tensionado por políticas de externalización, conciertos estructurales y modelos concesionales que trasladan la gestión —y parte del presupuesto público— a empresas con ánimo de lucro.

Los defensores del anteproyecto sostienen que el crecimiento de la gestión privada no ha ido acompañado de mayor eficiencia estructural ni de reducción sostenida de listas de espera, pero sí ha consolidado el deterioro progresivo de la atención primaria pública y la expansión del aseguramiento privado; por contra, sus detractores —entre ellos la patronal sanitaria privada y gobiernos autonómicos conservadores— denuncian una supuesta “demonización ideológica” de la colaboración público-privada y advierten de posibles conflictos competenciales. Alegan que limitar conciertos puede reducir la flexibilidad de gestión y la capacidad de respuesta.

Analicemos ambas posturas, pero sin olvidar que cuando la lógica empresarial entra en un servicio esencial financiado con impuestos, la prioridad deja de ser exclusivamente sanitaria.

Los defensores del anteproyecto destacan que refuerza el control público al exigir informes previos y transparentes para externalizar servicio, y por tanto dificulta decisiones discrecionales y favorece la rendición de cuentas. Esto redundaría en un sistema con mayor peso público, que reduce el riesgo de selección de pacientes, la segmentación territorial y las desigualdades en el acceso. Junto a ello se recupera su capacidad estratégica, ya que al blindar la gestión directa se fortalece la planificación a largo plazo, especialmente en salud pública y atención primaria.

Contrariamente, los detractores del proyecto apelan a que son las comunidades autónomas las responsables de gestionar la sanidad y por tanto pueden recurrir la norma si consideran que limita su capacidad organizativa, ya que constituiría un posible invasión competencial, y más sin una financiación estructural añadida; también plantean que eliminar o restringir ciertos modelos concesionales podría dificultar soluciones rápidas en territorios con déficit estructural de recursos.

Pero frente a defensores de la política del Gobierno con su anteproyecto de actuar contra la privatización sanitaria y frente a los defensores de la sanidad privada, existe también un grupo social en el que —como muchos defensores de la Sanidad Pública— nos incluimos los abajo firmantes que consideran que el análisis de la capacidad del anteproyecto para frenar y en lo posible revertir la privatización de la sanidad pública debe abordar aspectos jurídicos, sanitarios y políticos.

Desde el punto de vista jurídico, el anteproyecto cumple con una de las demandas centrales del sector al derogar expresamente la ley 15/97, que permitió la creación de nuevas formas de gestión con estructuras flexibles y concesiones administrativas, estableciendo la Gestión Directa por la administración o entes del sector público como prioridad, pero no se aplica retroactivamente, de forma que la ley no afectará a conciertos o concesiones ya iniciados o en ejecución, lo que significa que los modelos de gestión privada actuales seguirán vigentes hasta la finalización de sus contratos. Junto a ello, el anteproyecto sigue permitiendo mantener conciertos aplicando el artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que ha sido el principal instrumento histórico de externalización, del que no hacen referencia a su posible derogación o reforma.

Por otra parte, el anteproyecto reconoce la potestad de las Comunidades Autónomas para organizar su propia administración sanitaria, lo que podría generar conflictos de interpretación sobre qué constituye "insuficiencia de medios" para justificar la gestión privada. 

Si atendemos al aspecto sanitario, hemos de aplaudir que, por primera vez, una ley estatal asume la evidencia científica (citando a The Lancet) de que la gestión privada mata más o, al menos, cuida peor. Políticamente, esto arrincona el discurso de la "eficiencia privada", y al prohibir la gestión indirecta de nuevos centros que incluyan la obra, se corta de raíz la expansión del modelo de hospitales que son, en esencia, negocios inmobiliarios con batas blancas.

Otro aspecto no resuelto es que al permitir la gestión privada, “si se demuestra mayor eficiencia", el Gobierno deja la puerta abierta a que comunidades con voluntad privatizadora manipulen los informes de sostenibilidad para seguir externalizando servicios. 

Pero tenemos que destacar que el anteproyecto reconoce que no habrá inversión extra, ya que estima un coste "neutro" para las CCAA, lo que sugiere que no habrá una inversión masiva inmediata para revertir las privatizaciones existentes. 

¿Qué significa eso? Que es una declaración de intenciones sin presupuestar, o sea sin posibilidad de llevarse a cabo; plantea el deseo de una sanidad 100% pública, pero con los mismos recursos asfixiados actuales, y esto condena al sistema a seguir con una degradación sanitaria que, irónicamente, empuja a los ciudadanos a los seguros privados. 

Sin embargo, el núcleo del debate no es técnico, sino político. La privatización parcial no suele presentarse como tal, sino como “colaboración público-privada”, “optimización de recursos” o “libertad de elección”, y en ese aspecto el ministerio no plantea nada sobre las "Redes Paralelas", de forma que no actúa contra el drenaje de fondos públicos que representan MUFACE e ISFAS (el funcionariado que elige sanidad privada). El hecho de que el Gobierno no toque este privilegio de clase sugiere que parte del anteproyecto tiene un componente electoralista ya que se ataca la gestión privada hospitalaria del PP, pero se mantienen modelos de privatización que benefician a la propia estructura del Estado. 

Por ello los defensores de una Sanidad Pública, universal y de calidad consideramos que el anteproyecto es una herramienta de contención, no de reversión. Sirve para frenar que el modelo de gestión privada se extienda a otras regiones, pero no soluciona el problema donde ya está implantado (más profesionales, agendas razonables y mayor capacidad resolutiva para evitar la sobrecarga hospitalaria; mejora de condiciones laborales para reducir temporalidad y precariedad y frenar la fuga de talento al sector privado o al extranjero; refuerzo radical de la Atención Primaria).

Más que un blindaje hermético, es una valla política diseñada para el desgaste electoral; se busca retratar al modelo del PP como "excepcional y poco íntegro", pero se carece de la valentía política para rescatar lo ya privatizado o para eliminar los privilegios de los seguros privados de los propios funcionarios del Estado. Olvida que es imprescindible el incremento estable de financiación, como podría ser el vincular el gasto sanitario público a un porcentaje mínimo del PIB que garantice estabilidad plurianual y también en que, hasta lograr que el sistema público deje de depender del privado en determinadas actuaciones, es imprescindible evaluar de forma independiente tanto la gestión directa como la concertada para que el debate se base en datos y no en eslóganes; con transparencia total en los conciertos existentes a graves de la publicación de los costes reales, beneficios empresariales y resultados asistenciales comparativos.

La sanidad pública no es un gasto improductivo: es un mecanismo de redistribución y cohesión social que, a través de la experiencia internacional, muestra que los sistemas más equitativos y eficientes son aquellos donde el Estado lidera la provisión y regula estrictamente la participación privada, no aquellos donde el mercado marca el rumbo.

El Parlamento tiene ahora la responsabilidad de elevar el debate. No se trata de elegir entre eficiencia y equidad, sino de demostrar que lo público puede ser ambas cosas a la vez. La pregunta no es si cabe la colaboración privada, sino bajo qué límites y con qué garantías.

Porque cuando la salud entra plenamente en la lógica del beneficio, el paciente corre el riesgo de convertirse en cliente. Y esa es una frontera que una democracia social no debería cruzar.

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Petri Rogero Anaya es enfermera y psicóloga. José Luis Carpintero Avellaneda es médico. Ambos son doctores y exprofesores de la Universidad de Málaga (UMA).

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un anteproyecto de ley para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios ante la proliferación de modelos privados en las últimas décadas, según informa EFE.

El Ministerio de Sanidad, como ha adelantado la SER y ha confirmado EFE de fuentes de este departamento, llevará al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que establece un marco jurídico que potencia el carácter universal y equitativo del sistema sanitario.

El anteproyecto consolida la gestión directa como modalidad preferente en la prestación sanitaria pública y deroga la ley de 1997 sobre nuevas formas de gestión del SNS, aprobada en el Gobierno de José María Aznar. Esta norma permitió la gestión de hospitales y centros sanitarios públicos y desarrollar modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid.

Esta proliferación de modelos privados ha derivado, a juicio del Gobierno en fragmentación, déficits de transparencia y menor capacidad de control institucional. Unos modelos que, además, según Sanidad, obtienen peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus en comparación con hospitales públicos similares.

La privatización, además, se vincula, según el Gobierno, con una reducción de plantillas que puede afectar a la calidad asistencial y a la sostenibilidad del sistema. En el texto se define la gestión directa y se limita la indirecta a situaciones excepcionales. La permite sólo cuando no sea posible la prestación directa, cuando se garantice sostenibilidad financiera y eficiencia y cuando se cumplan una serie de requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.

Estas fórmulas de gestión indirecta requerirán una evaluación previa que se realizará por comités técnicos. Con la norma se eliminarán también fórmulas contractuales mixtas que vinculaban la infraestructura con la prestación del servicio.

El anteproyecto ahonda en la transparencia, la rendición de cuentas y el control público sobre la prestación de servicios sanitarios y fija mecanismos para asesorar a las instituciones que aborden procesos de reversión de la privatización, con participación de la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad.

Además de derogar la ley de 1997, el anteproyecto modifica el artículo 67 de la ley General de Sanidad de 1986 e introduce una cláusula en la ley de contratos del sector público para priorizar a entidades sin ánimo de lucro en casos de empate. Se impedirá que se utilicen contratos donde una empresa privada se encargue tanto de la construcción del hospital como de la gestión de los centros sanitarios posteriores.

Los conciertos y contratos existentes seguirán vigentes hasta su vencimiento, y se aplicará la nueva normativa a los procedimientos futuros.

Alrededor de 8.000 personas, según la delegación del Gobierno de Madrid, y 80.000 según los convocantes, han recorrido este domingo el centro de Madrid en una manifestación contra la política sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, convocada por sindicatos y asociaciones vecinales para denunciar el deterioro del sistema sanitario madrileño, según informa EFE.

La marcha, que ha comenzado a las 12:00 horas frente al Ministerio de Sanidad bajo el lema 'Salvar la sanidad pública madrileña. Por la salud de todas y todos', ha reunido a profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos que llevaban pancartas en las que se puede leer 'la sanidad no se vende, la sanidad se defiende', mientras los manifestantes gritaban 'Pobre sanidad, o tienes talonario o te vas para el otro barrio'.

Entre los asistentes, Elena, enfermera en un hospital público de Madrid, resumía el sentir de muchos manifestantes. "Cada vez hay menos medios y menos personal, y eso nos afecta a todos", ha explicado a EFE mientras sostenía la mano de su hija.

Los miles de manifestantes han presentado sus demandas en la Puerta del Sol, donde han reclamado una financiación pública suficiente para la sanidad y han exigido frenar la privatización de los servicios sanitarios.

También han pedido un refuerzo de la atención primaria, reducción de las listas de espera quirúrgicas y de pruebas diagnósticas, y el aumento de la red de salud mental, alegando que la salud es un derecho y la sanidad un patrimonio colectivo.

Entre las reivindicaciones, los convocantes han destacado la mejora de las condiciones laborales y la conciliación del personal sanitario, así como el desarrollo de un plan de gestión consensuado entre consejerías y un mayor control del poder de la industria sanitaria con perspectiva de género.

Maribel ha denunciado en declaraciones a EFE los problemas de acceso: "La última vez que pedí una cita me dieron para dentro de 24 días; antes se daba para el día siguiente o, como mucho, en tres días. Ahí se ve el deterioro".

Pilar y Gema comparten el sentimiento de abandono por parte del Gobierno regional: "Todo va para la privada, estamos abandonados".

Elena, además de enfermera, ha destacado cómo la falta de personal y recursos afecta al trabajo diario y a la conciliación familiar: "Durante un año y medio tuvimos que doblar turnos para cubrir bajas, la conciliación familiar se complica y no se respetan los tiempos necesarios.

"Cuando pides una cita en un centro de salud te dan para 15 días. En ese tiempo, un problema médico puede empeorar", ha añadido Elena.

Los organizadores insistieron en que esta protesta forma parte de un compromiso permanente con la sanidad pública y destacaron que "salvar la sanidad pública es una urgencia".

También han acudido políticos a la manifestación, entre ellos el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, líder del PSOE de Madrid, que ha acusado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de "robar el dinero a la sanidad pública" y "convertir el derecho de todos en un negocio".

La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha expresado que "las élites económicas y políticas" de la ciudad están "robando" al municipio y a la región, así como a la sanidad pública.

Y su compañera de partido Manuela Bergerot ha defendido que la "sanidad pública madrileña está bajo el asedio de los buitres" como los de Ribera Salud o Quirón, así como en las manos de su "mejor empleada", la presidenta madrileña.

Los datos varían según los informes e instituciones consultadas o las fechas disponibles con las que se realicen las comparativas, pero la conclusión es clara: España invierte menos en sanidad que la media europea y por debajo de las dos grandes potencias, Alemania y Francia, que otros socios importantes como Países Bajos, Suecia o Dinamarca o que países más pequeños como Austria, Irlanda o Luxemburgo.

La buena imagen reputacional de la sanidad española a nivel europeo e internacional, como se reconoce desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea, no tapa los déficits del sistema en su conjunto, tanto en la atención primaria, como en camas hospitalarias o respecto a los doctores especialistas disponibles. Problemas que sufre la población española en contraste con la realidad disfrutada por ciudadanos de otros países europeos.

En 2025, según la OCDE, el gasto sanitario español representó el 9,2% del PIB frente al 10% de la media comunitaria. Aunque en términos de renta per cápita esta partida ha aumentado durante la última década, sigue siendo muy inferior a los 3.832 euros por habitante que de media dedica la UE. El gasto público es la principal fuente de financiación del sistema pero “los pagos directos representan el 21% del total, muy por encima de la media de la UE, 15%”, recoge el documento sobre España del State of Health in the EU, elaborado junto al European Observatory on Health Systems and Policies.

Las últimas cifras que recoge el Ministerio de Sanidad en comparación al resto de socios comunitarios muestran que el gasto sanitario público de España superó ligeramente los 105.000 millones de euros, un 7% del PIB, casi 2.200 euros por habitante, frente al 10% de su PIB que invertiría Alemania, el 9,7% de Francia, el 8,6% de Austria, el 8% de Bélgica o porcentajes superiores también a esa cifra en otros socios como Finlandia, Países Bajos o Suecia. 

España sigue contando con una alta protección para sus ciudadanos gracias “a la cobertura sanitaria universal junto a amplios paquetes de beneficios sanitarios”, lo que le convierte en el país de los 27 con la mayor esperanza de vida (83,2 años), aumentando a un ritmo ligeramente superior al de la mayoría del resto de países de la UE durante el siguiente decenio, según los cálculos de la OCDE. Y esto pese a la mayor mortalidad relativa durante la pandemia de la covid que en la mayoría de socios comunitarios. Suecia, Italia y Luxemburgo también destacan por su mayor esperanza de vida, mientras que en la cola del furgón europeo están Rumanía, Letonia y Bulgaria.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que recientemente acaba de realizar una fotografía del sistema sanitario español en Bruselas ante la Dirección General de Salud de la Comisión Europea, rebaja las cifras de inversión total, pero señala igualmente el menor esfuerzo de España, donde se destinaría el 6,9% del PIB en gasto público para la sanidad versus el 7,5% de media en la UE.

La diferencia de inversión sanitaria se agranda cuando se analiza solo el dinero que aporta el Estado. En España, la financiación pública cubre el 71,6% del gasto sanitario total, muy por debajo de la media de la Unión Europea, que alcanza el 81,1%. Esto significa que el sistema sanitario español depende en mayor medida de seguros privados, mutuas y del gasto directo de los ciudadanos que la mayoría de países europeos, según el informe de la OCDE y el European Observatory on Health Systems and Policies.

“Hay una privatización sostenida en el tiempo y un modelo basado en la infrafinanciación del sistema público, con el debilitamiento de la atención primaria y el uso de las listas de espera como mecanismo de derivación a centros privados”, denuncia la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, que resume estos problemas desde su raíz: “el gasto sanitario por debajo de la media europea en paralelo al peso creciente de la sanidad privada en todo el Estado, lo que genera una desigualdad en el acceso y una pérdida de control público sobre la planificación sanitaria”.

La creciente presencia del sector privado de salud acaba de denunciarse en Bruselas por parte de asociaciones en defensa de la sanidad pública. El fallo sistemático en los cribados de cáncer en Andalucía se produciría al “privatizar las mamografías, lo que deriva en una pérdida de control, y cuando esos resultados se guardan en un cajón, se hace poco menos que terrorismo contra tus propios ciudadanos”, dice Ángela Claverol, de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla, AMAMA.

“Las mujeres confiábamos en un sistema que nos decía que si no nos avisaban no teníamos que preocuparnos”, explicó Clavero durante una conferencia en el Parlamento Europeo, al tiempo que advertía sobre un servicio de gestión privatizado “que no da la oportunidad de realizar más pruebas y, por tanto, condena a estos ciudadanos a desarrollar cáncer de mama avanzados”. 

Ante los responsables de salud de la Comisión Europea, Sergio Fernández Ruiz, secretario de organización de FADSP, ya había expuesto que “el Sistema Nacional de Salud español es un sistema de calidad reconocido globalmente” pero que “sufre con los recortes, el deterioro y el desmantelamiento propiciados por el Partido Popular durante sus años en el gobierno y actualmente en las distintas comunidades, amenazado por un proceso de privatización descontrolada que erosiona sus pilares fundamentales”.

El diagnóstico explicaría los agujeros del sistema de salud en las diferentes comunidades autónomas y llamó la atención de Sandra Gallina, la directora general de ese departamento en la Comisión. Gallina, ciudadana italiana, mostró su sorpresa al recibir algunos datos pero reconoció que es una situación transversal en toda la Unión Europea y apreció similitudes con el modelo italiano, donde precisamente “los tiempos de espera suponen un desafío significativo”, según los informes de la OCDE, y el “acceso a diagnósticos y consultas de especialistas permanece limitado, resultando en altas tasas de cuidados inevitables”. Un problema que suena familiar en España.

Bruselas conoce también ahora los posibles delitos en la externalización de la gestión de hospitales y de servicios médicos, destapada con los audios del CEO de Ribera Salud sobre el centro de Torrejón de Ardoz. En los radares de la Comisión Europea saben que porcentualmente la Comunidad de Madrid es una de las tres donde menos inversión pública sanitaria se realiza en España. “Y que de ese dinero, un 17% va directamente a la privada”, lamenta Lucía García, del sindicato MATS, “y del que queda, otro 41% llega también al sector privado gracias a las derivaciones a otros hospitales”.

El Gobierno de España, además de las transferencias ordinarias, le ha transferido un presupuesto de 129.000 mil millones de euros en los siete años de gobierno de España de izquierdas progresista, un 50% más de lo que recibió en la etapa de M. Rajoy, recortador de derechos y defensor de la Gürtel y las corruptelas del PP. Ayuso, no mienta ni manipule la verdad y la realidad de los hechos, son sus regalos fiscales y son solo en beneficio de quienes más dinero tienen, milongas las justas.  

Madrileñas y madrileños, si tu colegio de enseñanza pública no tiene calefacción, a tu centro de salud le falta personal, tus servicios sociales abandonados, tus universidades públicas y centros formación profesional públicos sin inversión u otros servicios los cierran o privatizan es culpa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no invierte. Acuérdate cuando vayas a votar o no olvides los regalos fiscales del PP, hechos por doña Isabel Natividad Díaz Ayuso, dinero hay, que no te mientan, lo están desviando y han planificado la desinversión de lo público y de todo lo transferido por el Gobierno de  España, sí, el malvado Pedro Sánchez. 

Lo desvían para premiar con bajadas fiscales a sus votantes ricos, familias ricas, beatas y beatos con patrimonio, especuladores y donantes del PP con buena renta y sin olvidar a los jefes de la banca privada y grandes empresas y sus directivos. Ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad de Madrid, es hora de levantarse y gritar, gritemos no, con mis impuestos no, más dádivas a los ricos y poderosos con dinero y exigimos el cumplimiento de inversión de las transferencias y el artículo 31 de la Constitución española, sostenimiento del gasto público, los tributos son para lo público, el sector público, el Estado del bienestar y necesita urgentemente inversión, tal y como está regulado en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y la presidenta de las cañas y los vinos no está cumpliendo las leyes de financiación y la norma que regula las transferencias del Estado español a la comunidad, presupuestos finalistas, no son para capricho ni para regalos y menos para privatizar lo público, son en defensa de los servicios públicos de las madrileñas y madrileños de la Comunidad de Madrid y sus 179 municipios, que también existen. Ayuso, deje de robar y de desmantelar lo público para beneficiar lo privado.  

Trabajadoras y trabajadores; jubilados y pensionistas, que no te engañen ni embauquen los del PP y su banda de forajidos, las bajadas fiscales solo benefician a las rentas altas, los grandes patrimonios y que sepamos el nivel de renta de la Comunidad de Madrid, data más de siete millones de personas con rentas medias o  bajas, o sea, es a los ricos a quienes ayuda el desGobierno de Ayuso, unos miles de contribuyentes que no contribuirán por gracia de doña Isabel Natividad Díaz Ayuso y luego donan al PP y les desgrava, el negocio perfecto del ayusismo, con nuestros impuestos benefician a sus donantes, colegas de vino y cañas, ricos poderos, accionistas y especuladores de lo público. 

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

El Ministerio de Sanidad ha arrancado un estudio piloto de vigilancia para evaluar durante tres años el impacto de la dana en la salud mental de los afectados, ya que catástrofes medioambientales como esta pueden aumentar el riesgo de ansiedad, depresión o estrés postraumático, según recoge EFE.

Se trata de un estudio de cohorte prospectiva en dos fases, una primera con una recogida de datos inicial aproximadamente al año de la dana, y dos oleadas adicionales previstas a los dos y tres años posteriores, según ha informado el Ministerio de Sanidad en una nota de prensa. Es decir, el estudio seguirá a un grupo de individuos físicamente sanos durante estos tres años para observar los posibles efectos de la catástrofe. Con ello pretenden ayudar a la planificación de medidas de control y de servicios asistenciales adecuados tanto en esta dana como en futuras emergencias similares.

Más específicamente, también buscan desvelar la frecuencia de probable depresión, ansiedad y estrés postraumático según el nivel de exposición a la inundación, ya que las catástrofes medioambientales pueden aumentar el riesgo de aparición de estos trastornos, e identificar factores personales, sociodemográficos, de apoyo social y relacionados con la dana asociados a la morbilidad psicológica.

La población de referencia se sitúa en 608.772 personas mayores de 5 años residentes en las zonas afectadas en el momento de la catástrofe, distribuidas en 37 municipios y 4 pedanías de la provincia de Valencia que fueron clasificadas como zonas de impacto medio y alto según el informe de la Cámara de Valencia.

El Instituto Valenciano de Estadística ha llevado a cabo un muestreo aleatorio estratificado por sección censal, nivel socioeconómico, grado de afectación, edad y sexo; así, se ha definido una muestra compuesta por al menos 8.153 adultos mayores de 18 años y 2.718 menores de entre 6 y 17, procedentes de los 23.318 hogares seleccionados invitados a participar.

Las personas seleccionadas recibirán la invitación mediante correo postal; lo que acepten, deberán comunicar su consentimiento expreso por medios telefónicos o electrónicos, tras lo cual se concertará una entrevista que podrá realizarse de manera presencial o telefónica. Todas las oleadas se realizarán a los mismos participantes.

Habrá dos tipos de cuestionario, uno dirigido a adultos y otro para los menores, en los que se recogerán datos sobre características personales y del hogar, percepción de salud y calidad de vida, morbilidad, salud mental, apoyo social y variables específicas relacionadas con la dana.

Realizado a través de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud y el Comisionado de Salud Mental, junto con las Direcciones Generales de Salud Pública y Salud Mental de la Conselleria de Sanidad valenciana, en colaboración con el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública, este trabajo permitirá identificar de forma específica el impacto en el bienestar emocional provocado por fenómenos climatológicos extremos como las inundaciones.

Asimismo, contribuirá a generar evidencia local sobre los determinantes del impacto emocional y psicológico en contextos de emergencia para establecer medidas preventivas y de atención más eficaces.

El sentido de la existencia de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) es el mantenimiento y la mejora de los servicios sanitarios públicos del Estado, joya de la corona del bienestar español. Y la principal amenaza que sufre es su progresiva privatización. Privatizar es el desvío de fondos del sector sanitario público hacia el sector privado en detrimento del primero en sus diversas formas.

Lo primero que queremos aclarar son las distintas formas, porque a lo largo de la historia han ocurrido diversos hechos, a veces difíciles de identificar con este fenómeno. Privatizar es:

Privatizar los servicios sanitarios públicos mata, como lo han demostrado numerosos estudios científicos. Este aumento de provisión privada va unido a mayor desigualdad social, produciendo un aumento de la mortalidad evitable al unirse a una desfinanciación paralela de la sanidad pública.

Por eso, como todos los años desde 2014, la FADSP publica un informe sobre el estado de la cuestión en España con los datos del año anterior. Y el resultado es que en 2024 se ha producido un aumento en la provisión privada y en el desvío de financiación al sector privado de nuestro sistema sanitario en general, pasando de un indicador global de la privatización de 16 puntos en 2014 hasta los 21 de 2025, es decir, un incremento del 14,7%. Según los últimos datos disponibles, España supera claramente la media de la OCDE en gasto sanitario privado, con un 28–30% del total y hasta un 3% del PIB, (frente al 21% y 2,2% de la OCDE respectivamente). El gasto de bolsillo es notable: (25.143 M € en 2022), reflejando mayor carga directa sobre las familias.

Sobre la base de este incremento generalizado, el comportamiento de las CCAA ha sido desigual, respondiendo a distintas políticas privatizadoras. En las tablas que adjuntamos se observa que tres de las cuatro primeras CCAA con más privatización en 2024 ya estaban en 2014 en este grupo, donde han permanecido con algún cambio de posición. La primera es la misma en todos los informes (Madrid) y las otras dos (Cataluña y Baleares) han ido cambiando de posición. Pero también hemos escogido cinco comunidades por su incremento llamativo en los últimos años. La primera es Andalucía, que ha experimentado un incremento de más del 32% desde 2019. En Canarias (32,3%) y en la Comunidad Valenciana (29,4%) han sucedido fenómenos similares. Es llamativo el caso de Extremadura (32,3%), que en informes anteriores tenía de los menores grados de privatización y en los últimos tres años se han acelerado sus procesos.

Como suele ser habitual en los estudios sobre los sistemas sanitarios de las CCAA, se objetiva una gran desigualdad entre las mismas, lo que evidencia que la privatización de los servicios sanitarios no es un fenómeno “natural” de evolución de los sistemas autonómicos de salud, sino que responde a políticas explícitas, algunas de larga evolución (Madrid, Cataluña, Baleares) pero otras de reciente implantación, cuyas medidas pueden ser objetivadas. Estas diferencias suponen una muestra más de la falta de cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de la inequidad que hace que el derecho a servicios de calidad de la sanidad pública no se cumpla de la misma forma para todos los/las españolas/es.

La principal limitación del estudio está en la ausencia de transparencia de las administraciones sanitarias, lo que dificulta enormemente encontrar datos homogéneos para todas las CCAA, lo que es un fraude a la ciudadanía que es la que las sufraga con sus impuestos y un incumplimiento notorio de la denominada “ley de transparencia”, que desgraciadamente no ha mejorado de manera sustancial la información sanitaria disponible.

La justificación para privatizar es la insuficiencia de los servicios sanitarios públicos para atender las demandas de la población. Esta teórica insuficiencia hace necesario que los servicios privados complementen a la sanidad pública. Queremos recalcar que detrás de la inocente palabra “complementar” se esconde otra más fea y dura que es “privatizar”, es decir, hacer negocio de la vida y la muerte de los ciudadanos. Esta opinión generalizada (y difundida por los medios) ha sido una de las justificaciones para mantener Muface, a pesar del desorbitado coste que tiene, en vez de integrarla al SNS.

La crisis económica de 2007 puso de manifiesto que la salud (más bien la enfermedad) es una gran oportunidad de negocio. La crisis de suficiencia del SNS provocada por la pandemia ha acelerado el proceso. Muchos políticos que dirigen servicios públicos (de derechas todos y de izquierdas algunos) hablan de la excelencia de la colaboración público-privada ante unos servicios públicos (los que gestionan ellos) que no llegan a cubrir las necesidades de la población. 

Está descrito cómo se llega a la privatización: políticas de recortes presupuestarios de la sanidad pública y abandono de la gestión que lleva al deterioro de los servicios con listas de espera, deterioro de instalaciones, descontento de los profesionales. Después una ofensiva ideológica sobre necesidad de modelos complementarios público-privados ante la “insuficiencia de la pública” que justifican la privatización por múltiples vías. Ensayado ya en otros países como el Reino Unido desde tiempos de Margaret Thatcher.

De nuestro informe se puede concluir:

La privatización es uno de los problemas de salud pública más importantes de España, cuyas consecuencias conocidas son un incremento de la mortalidad general y el aumento de las desigualdades en salud.

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José Manuel Aranda es vocal de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y colaborador de la Fundación Alternativas.

Después de cuatro intentos, Carlos Mur, firmante de los Protocolos de la Vergüenza aprobados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia, va a declarar en calidad de imputado. Será durante la mañana del próximo lunes 26 de enero en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid.

Mur, junto con Francisco Javier Martínez Peromingo, es uno de los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid señalados por la causa judicial como responsables directos de los protocolos, ya que ambos eran los directores de Coordinación Sociosanitaria durante la pandemia.

Al contrario que Mur, Peromingo sí que ha llegado a declarar e incluso, culpó en sede judicial a Mur de ser quien incluyó los elementos discriminatorios dentro de los protocolos. Por ellos, no se permitió que los mayores que no tuvieran un seguro médico privado, fueran derivados a los hospitales públicos. Fallecieron 7.291 mayores por estos protocolos, como reveló infoLibre.

El lunes será la primera vez que dará a conocer su versión de los hechos, después de no declarar en cuatro ocasiones anteriores, en las que fue citado. Sin embargo, no lo hará presencialmente sino por videoconferencia, ya que ha alegado que trabaja y reside en Andorra. Desde Marea de Residencias piden que Mur “tire de la manta” y cuente lo que sabe sobre lo que sucedió para que 7.291 personas fallecieran sin ser derivadas a un hospital.

En mayo, tanto Mur como Peromingo debían comparecer en el Juzgado número 3 de Madrid como imputados. Algo que no sucedió por la suspensión de ambas ya que alegaron que no habían recibido las actuaciones.

Más tarde, el 17 de junio, tenían que haber declarado ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés. Esta vez no sucedió debido a que el juez decidió suspender las declaraciones al inhibirse precisamente en favor del Juzgado 3 de Madrid, al entender que éste “estaba investigando con anterioridad los mismos hechos”.

Ya más recientemente, Mur debería haber declarado en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, el 9 de diciembre, y al día siguiente en el Juzgado número 2 de Collado Villalba. En ambas ocasiones no se presentó asegurando que no había recibido la notificación del Juzgado citándolo a declarar. Días después, Mur solicitó declarar por videoconferencia.

España realizó en 2025 un total de 6.335 trasplantes de órganos, una cifra un 2% inferior a la del histórico 2024 y que apunta a una estabilización de la actividad nuestro país, en la que se mantiene, no obstante, líder mundial absoluto durante 34 años consecutivos, según recoge EFE. 

Este ligero descenso rebajó a 129 el número de trasplantes ejecutados por millón de población (p.m.p) frente a los 132,8 del año precedente en el que España fulminó todos sus récords, según el balance de la ONT que han presentado este viernes la ministra de Sanidad, Mónica García, y la directora del organismo, Beatriz Domínguez-Gil.

Un volumen que fue posible gracias a las 2.547 personas que donaron sus órganos tras fallecer, lo que arroja una tasa de 51,9 por millón de población, una cifra similar a la del año previo, cuando se alcanzó el máximo histórico de 52,6.

A las que se suman las 226 personas que donaron tras acogerse a la ley de eutanasia, que han posibilitado el trasplante de 643 pacientes desde que entrara en vigor.

Cifras "absolutamente abrumadoras y difíciles de superar por otros países", ha resaltado la ministra, que ha destacado que España, con 17 trasplantes y 8 donantes diarios, "nuevamente, como siempre, puede sentirse orgullosa".

Y que además se corresponden con un país longevo como el nuestro, ha añadido Domínguez-Gil; sólo Estados Unidos se acerca a la tasa de donantes española con un 49,2, con la diferencia de que allí, el perfil de persona que da sus órganos al fallecer es eminentemente joven, víctima por lo normal de accidentes de tráfico, armas de fuego o de fentanilo.

Por el contrario, en España el 60 % de los donantes fallecidos superan los 60 años, el 32 % los 70 y un 5 % los 80, siendo el más longevo registrado uno de 93 años. Sólo el 3 % murió en las carreteras, siendo la principal causa el accidente cerebrovascular (52 %).

El nuevo balance de la ONT dibuja así una tendencia a la estabilización de la actividad en España, que lleva 34 años superando su propio máximo mundial, con excepción de 2020 en el que bajaron como consecuencia de la pandemia.

A retos como este tratará de responder la futura estrategia de la ONT 2026-2030 que estará en marcha este año; uno de sus principales objetivos será el de aumentar la disponibilidad de órganos de personas fallecidas, ampliando la capacidad de detección de posibles donantes, reduciendo las negativas a donar (22 %), ampliar los criterios de aceptación de órganos para uso clínico o impulsar la donación renal de vivo.

Así, volvió a superar por segundo año consecutivo la cifra de 6.300 trasplantes; del total, 3.999 fueron renales, 1.276 hepáticos, 556 de pulmón, 390 cardíacos (el mayor número de la historia), 103 de páncreas y 11 de intestino.

Pese al descenso del trasplante hepático (-5 %) y pulmonar (-11 %), el renal se mantuvo estable y aumentaron de forma significativa los cardíacos un 12 %, de páncreas un 6 % y de intestino un 175 %.

Además, aunque la donación en asistolia (sin latido tras el fallecimiento por parada cardio-respiratoria) se realiza en 25 países, España es el único que trasplanta con éxito todo tipo de órganos de estos donantes, que supusieron el 56 % del total con 1.416, un 8 % más que en 2024.

Con esta técnica se realizaron 1.990 trasplantes renales, 622 hepáticos, 257 pulmonares, 137 cardíacos, 33 pancreáticos, 4 de intestino y un trasplante de cara, algo que fue posible por la generalización de un complejo procedimiento de preservación basado en dispositivos de circulación extracorpórea (ECMO) con firma española que sólo realizan 9 países en el mundo.

Gracias al esfuerzo de la ONT por priorizar pacientes con dificultades para recibir un órgano, en 2025 se realizaron 298 trasplantes en urgencia cero y 180 en niños y se trasplantaron 193 pacientes hiperinmunizados (para los que resulta muy complicado encontrar un donante compatible), 170 pacientes renales en el programa PATHI de la ONT y 23 pulmonares.

Pese a todo, se mantiene un número importante de pacientes en lista de espera: 5.163, de los que 77 eran niños.

Doce comunidades superaron los 50 donantes p.m.p y 7 sobrepasaron los 60; Cantabria volvió a encabezar la tabla con una tasa de 103,4 donantes p.m.p, seguida de Navarra (88,2), Asturias (64,4) y País Vasco (64,3).

Entre las que superan los 5 millones de habitantes, destacó la actividad de la Comunidad Valenciana (57,5) y Andalucía (54,4), aunque las que más crecieron fueron Aragón (+71%), País Vasco (+19%) y Asturias (+16%).

La ONT cifra en 1.416 los trasplantes realizados gracias al intercambio de órganos entre comunidades, el 23 % del total. A su vez, el 6,5 % de los receptores fueron trasplantados en un centro fuera de su autonomía de residencia.

En mayo de 2023, el Sergas puso en marcha el primer programa temporal de transición generacional del personal facultativo hospitalario, dirigido a médicos que finalizaban su formación ese año. A través de contratos de tres años para especialistas de hospital en cuanto terminaban el MIR, la Consellería de Sanidade buscaba “retener el talento de los residentes que finalizan su formación para garantizar el relevo generacional y reducir las listas de espera”.

Lo hizo, como aclara ahora también, para “responder a una necesidad urgente derivada del envejecimiento de la plantilla”, ya que se estima que unos 300 especialistas se jubilarán en los próximos cinco años en el Sergas cuando, además, un tercio de los actuales supera los 55 años y está exento de guardias.

El programa ofreció 60 contratos en 2023, se repitió en 2024, con 71, y en el pasado 2025, cuando las contrataciones ofertadas subieron a 78. Es la fórmula a la que recurre la Xunta por la vía rápida para promover la renovación del personal médico que se va jubilando y paliar los problemas que para la cobertura de guardias tiene su envejecimiento. Un plan que la justicia tumba ahora a través de varias sentencias de diferentes jueces, decisiones que ponen en duda un programa y la vinculación laboral de más de 200 médicos y médicas.

Como mínimo, son tres las sentencias emitidas por juzgados de lo contencioso-administrativo de Santiago las que tumban este programa de contrataciones del Sergas: dos que anulan el de 2023 y una el de 2024, a la espera de que los tribunales resuelvan otros recursos, también contra los contratos de 2025.

En todos los casos, los magistrados y magistradas consideran que el programa de transición generacional “vulnera los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad en el acceso a la función pública”, así como los sistemas de selección de personal pactados por el Sergas con los sindicatos en la mesa sectorial de Sanidade.

“Los contratos ofertados excluyen a todo el personal facultativo que no reúna la condición de terminar el MIR en 2023 y se apartan del sistema convencionalmente pactado para la gestión de dichas convocatorias”, dice uno de los dictámenes judiciales, que explica que “la justificación del programa no ampara la infracción del principio de igualdad en el acceso al empleo” y que “la restricción de los posibles aspirantes a participar en el programa produce la quiebra del principio de igualdad y de mérito y capacidad en el acceso, excluyendo a otros candidatos en posesión de la titulación, a los que priva de la posibilidad de acceder a contratos de larga duración”.

Una de las sentencias estima el recurso a las contrataciones de 2023 por parte de la organización médica Simega, que también recurrió las de 2024, y las otras dos los presentados por CIG-Saúde para las de 2023 y 2024.

Ya en el momento de la aprobación del programa, hace casi tres años, los sindicatos advirtieron de su posible ilegalidad. CIG-Saúde, central mayoritaria en el Sergas, alertaba de que los contratos eran ofertados a personas que terminaban su formación MIR “sin respetar el pacto de contrataciones” y que varias de sus disposiciones infringían “los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público”.

“Si es necesario contratar personal adicional, fuera de la plantilla, para garantizar la cobertura de las jubilaciones, hay que hacerlo respetando el pacto de selección temporal”, dijo CIG-Saúde, que exigía que los nombramientos se ofreciesen “por las listas de contratación, abriendo un plazo excepcional para que se anoten los residentes que terminan”.

“Entonces ya le advertimos al Sergas que no nos oponíamos por el hecho de que hubiese un programa de transición generacional, sino por cómo y a quién se ofrecían los contratos”, dice ahora Ana Lestón, secretaria nacional de CIG-Saúde. “Si el objetivo era anticiparse a las jubilaciones tenía que hacerse atendiendo al pacto de contratación, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, pero la Administración dijo que no, siguió adelante y tuvimos que recurrir a la justicia”, añade. Y la justicia acaba de tumbar el programa.

El Sergas, tal y como aclara también a Praza.gal, argumentó en el juzgado que los nombramientos del programa “no cubren plazas vacantes estructurales”, que siguen cubriéndose por el sistema ordinario de listas de contratación pactado. “El programa es un refuerzo adicional, inferior al 10% de la contratación temporal habitual”, alega.

En las sentencias a las que tuvo acceso Praza.gal, diferentes magistrados rechazan la alegación en la que la Xunta argumenta que estas contrataciones no estarían sujetas a los pactos de contratación de personal estatutario ya que esos acuerdos “resultan de aplicación a todos los nombramientos temporales” de este tipo en el Sergas, tal y como dice uno de los jueces. En otro dictamen, una magistrada advierte también que “el pacto de vinculaciones temporales se aplica a todos los nombramientos temporales de personal estatutario licenciado sanitario”.

Tampoco aceptan los jueces las alegaciones en las que la Consellería de Sanidade asegura que el programa de contrataciones está en un “plano jerárquicamente” superior a los pactos de selección de personal y que su implantación responde a las “facultades de autoorganización del Sergas”.

El Sergas entiende que el programa “no se trata de una disposición reglamentaria general, sino de una decisión de política de personal para un problema específico, por lo que no requiere los mismos trámites que un decreto” y que estaría avalado por un artículo del Estatuto Marco que permite nombramientos temporales de hasta tres años.

En cuanto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, la Consellería considera que, “precisamente por ser un programa de retención de talento y transición, lo lógico es que el colectivo destinatario sea el de los residentes que acaban de terminar”.

“El baremo empleado está diseñado específicamente para valorar su formación y la continuidad asistencial en el centro donde se formaron, lo que es un criterio objetivo y razonable”, defiende Sanidade, en un argumento que una de las sentencias rechaza específicamente, al calificar de “absolutamente desproporcionada” la ponderación de la denominada continuidad asistencial a la hora de puntuar al personal aspirante a los contratos.

“Al finalizar la formación MIR en la misma área sanitaria se convierte en un criterio determinante para la selección, transformándose en realidad esta contratación temporal en un modelo de contrato temporal de continuidad del personal MIR que termina su formación no previsto en la legislación básica estatal”, explica quien dictamina la anulación de ese baremo.

Las sentencias no son firmes y cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), tal y como recuerda la Xunta, una posibilidad que permitirá al Sergas, por el momento, mantener un programa que, en el caso de haber sentencia firme, implicaría la nulidad de las contrataciones y el cese del personal vinculado a ellas, tal y como advierten fuentes sindicales.

Las mismas fuentes indican que, desde el principio, el objetivo del Sergas fue “agarrar al personal residente jugando con la legislación y las normas” e “ir retrasando” la cobertura de plazas derivadas de jubilaciones con contratos de interinidad para “poder mantener plazas en precario y temporales durante más tiempo”.

Dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) han fallecido como consecuencia de un fallo en el preparado de un tratamiento, que ha afectado también a otros tres enfermos, uno de los cuales está ingresado en la UCI, han confirmado a EFE fuentes del hospital, que aseguran que se ha tratado de un error humano y que Sanidad de Castilla y León (Sacyl) lo asume como propio, según recoge EFE.

Los hechos ocurrieron durante las fiestas de Navidad y se han debido a un fallo en la preparación de un medicamento, en concreto, en la disolución del fármaco administrado a un número concreto de pacientes, por lo que no existe riesgo para otros, han insistido desde el hospital.

Han asegurado que se ha tratado de un fallo humano, que la gerencia hospitalaria asume como propio del hospital, sin señalar a nadie de la plantilla como responsable, y ha afectado a un total de cinco pacientes: dos han fallecido, otro está en la UCI, un cuarto ya en planta y el quinto ha sido dado de alta.

El gerente del HUBU, Carlos Cartón, ha explicado en rueda de prensa que el error se ha detectado en la ficha del fármaco, un 'patrón' que guía la preparación del medicamento, y en concreto el número de la disolución del vial, que "no se hizo cómo debía haberse hecho". Desde el hospital de Burgos han indicado que, en cuanto tuvieron conocimiento de la situación, se abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido, y que se han revisado los protocolos de actuación para que no haya más riesgos y se minimicen las posibilidades de errores humanos.

También han afirmado que han estado en contacto con las familias y los pacientes en todo momento y que han sido transparentes con ellos al ofrecerles información y las explicaciones oportunas, además de poner a su disposición los recursos del centro y sus servicio jurídicos.

Cartón ha insistido en que se ha tratado de un fallo humano, que ha afectado a un exceso de concentración del fármaco administrado y que no tiene que ver con el tratamiento o la dosis prescrita, aunque los cinco pacientes afectados recibieron el mismo fármaco preparado del mismo modo pero en días distintos.

La factura de la sanidad privatizada en la Comunidad de Madrid alcanzó su techo histórico en el ejercicio 2024, según el último informe fiscalizador de la Cámara de Cuentas. Bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso, —desde el ejercicio 2019 y sin contar el 2020, del que no hay datos— la administración regional ha reconocido obligaciones de pago por un total acumulado de 6.048 millones de euros a las entidades concesionarias de los hospitales públicos de gestión privada mediante concesión administrativa, que incluyen a los grupos Quirón Salud y Ribera Salud. 

Este volumen de gasto ha registrado su mayor hito en el ejercicio 2024. El último informe de fiscalización revela que las obligaciones reconocidas en esta partida —que incluye, además del gasto de los hospitales, el del traslado de los pacientes y otras partidas como pruebas especializadas— sumaron 1.957,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 65,7% respecto al año anterior. 

Este salto no responde a un aumento proporcional de la actividad, sino al reconocimiento de 909,9 millones de euros correspondientes a las liquidaciones de ejercicios anteriores. Se trata de gastos ya devengados que la Comunidad mantenía como "obligaciones pendientes de reconocimiento" y que han pasado al presupuesto de gastos de forma conjunta en este ejercicio.

El grueso del gasto en gestión indirecta en 2024 se concentra en los centros operados por los grandes grupos privados, con Quirón Salud a la cabeza. El grupo, que gestiona cuatro hospitales en la red pública madrileña, ha recibido este año 1.611 millones de euros, que sumados a los 3.857 millones que ya habían recibido desde 2019, hacen un total de 5.649 millones sin contar 2020, año en el que la Cámara de Cuentas no detalla las cuantías en su informe de fiscalización.

A esta cifra se suman los 144,4 millones de euros destinados al Hospital Universitario de Torrejón (Ribera Salud). En total, la factura de estos cinco centros con concesión administrativa suma 1.755,4 millones de euros en 2024, una cifra que absorbe tanto el coste ordinario del servicio como el pago de los atrasos acumulados durante los cuatro años posteriores al inicio de la pandemia.

Estas cifras se refieren solo a los hospitales que tienen gestión privada a través de una concesión del servicio público, además de la Fundación Jiménez-Díaz, que cuenta con su propio concierto. Pero hay otros siete hospitales públicos —Suroeste, Tajo, Infanta Cristina, Henares, Infanta Leonor, Infanta Sofía y Majadahonda— que funcionan bajo gestión privada a través de concesión de obra, en los que la Comunidad paga a las entidades concesionarias un canon mensual que no se detalla en el informe de la Cámara de Cuentas. 

El informe también señala deficiencias en la vigilancia que el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) ejerce sobre estas concesiones. El ente fiscalizador describe una administración que, a pesar de abonar miles de millones de euros, no supervisa aspectos fundamentales del contrato como las explotaciones comerciales privadas de los hospitales, sobre las que se denuncia una “carencia de control suficiente”. Denuncia también una falta de supervisión de los contratos y pólizas que las empresas concesionarias están obligadas a mantener, así como  “deficiencias en el seguimiento contable de los activos de concesión” y “falta de tramitación previa de modificaciones contractuales y reequilibrios económicos”. 

La regularización de los 910 millones de deuda antigua mencionados anteriormente no ha cerrado el saldo de pagos pendientes. Mientras la Comunidad de Madrid liquidaba las deudas de las cuentas de ejercicios anteriores, la fiscalización de 2024 ha detectado que ya se ha vuelto a generar una nueva partida de 458,7 millones de euros en obligaciones "pendientes de reconocimiento". 

De esta nueva deuda, 241,1 millones corresponden de nuevo a la Fundación Jiménez Díaz, es decir al grupo Quirón Salud. Se trata de facturas que ya han sido devengadas por la prestación del servicio pero que todavía no han pasado por el presupuesto de gastos, asegurando que la factura real de la sanidad indirecta siga siendo, un año más, superior a la inicialmente presupuestada. El modelo, según el auditor, mantiene un desfase estructural entre el gasto real y el reconocimiento administrativo del mismo. 

El Registro de Donantes de Médula Ósea (Redmo) ha multiplicado por cinco el número de inscritos desde 2012 hasta alcanzar un total de 520.508, unas cifras que le sitúan en el decimotercero a nivel mundial y el quinto en Europa.

En este mismo periodo, se ha producido un aumento significativo en el número de trasplantes de médula ósea de donantes no emparentados efectuados en España, pasando de los 462 procedimientos de 2012 a los 748 en 2024 y con la previsión de que en 2025 se haya duplicado la cifra de 23 años atrás.

Son las cifras que este lunes ha publicado el Ministerio de Sanidad tras firmar con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y la Fundación Internacional Josep Carreras la renovación del convenio de colaboración que mantienen desde hace tres décadas para seguir impulsando la donación y el trasplante de médula ósea, también conocido como de progenitores hematopoyéticos (TPH).

A través de este convenio, que se renueva periódicamente desde hace 30 años, el Redmo, que permite la identificación de donantes de médula ósea para pacientes con enfermedades hematológicas -como leucemias, linfomas o mieloma múltiple- que no disponen de un donante compatible en su entorno familiar, se integra en el Sistema Nacional de Salud, bajo la gestión de la FIJC y en colaboración con la ONT.

El Redmo cerró el año pasado con 520.508 donantes, disponibles para cualquier paciente de España o del resto del mundo, y un inventario de 60.886 unidades de sangre de cordón umbilical, el tercero del mundo y el primero de Europa por volumen de unidades almacenadas.

Gracias al proyecto Ready to Ship (R2S), el 7% de estas unidades (las de mayor calidad), se han caracterizado y preliberado para ser utilizadas para trasplante en el momento en que puedan requerirse de forma urgente.

Un "éxito" que ha sido posible gracias al Plan Nacional de Médula Ósea (PNMO), promovido por la ONT y la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del SNS y en el que también han participado la FIJC, sociedades científicas y asociaciones de pacientes.

Desde que el plan se adoptara en 2012, el número de donantes inscritos en el Redmo se ha multiplicado por cinco, un volumen que le convierte en el decimotercer registro a nivel mundial y en el quinto en Europa.

Asimismo, gracias al PNMO, se ha producido un incremento exponencial en la donación efectiva de los donantes españoles, que ha pasado de 35 donaciones en 2012 hasta las 481 donaciones de 2025, lo que sitúa el Redmo entre los registros más eficientes a nivel internacional, con cerca de una donación anual por cada 1.000 inscritos.

También se ha logrado rejuvenecer el perfil del donante (los nuevos tienen una media de edad de 30 años), con una composición más adecuada a las necesidades de los pacientes, así como mejorar los tipajes HLA (caracterización inmunológica), lo que permite una mayor visibilidad de los donantes en los procesos de búsqueda, y reducir el tiempo de identificación de donantes compatibles, que actualmente se sitúa en 26 días de media.

Del mismo modo, han aumentado los niveles de autosuficiencia (TPH de donantes no emparentados que se realizan con donantes del Redmo, en lugar de donantes de otros registros, lo cual permite agilizar los procesos de obtención de médula ósea y contribuye a la sostenibilidad del programa de TPH), que ha pasado de un 3% en 2012 a un 27% en 2025 y se ha llegado a una mayor equidad en el acceso a esta terapia en todas las comunidades autónomas.

"No es aceptable la excusa (no acreditada) de que 'no había camas disponibles' en dicho gran hospital". Así, en referencia al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, un juez desmonta uno de los argumentos con los que la Consellería de Sanidad intentó exculparse de las graves secuelas que sufrió una mujer a causa de un ictus, después de que en el Hospital do Salnés no la derivaran, por una supuesta falta de camas, al de Vigo, donde habría recibido el tratamiento adecuado, y la enviaran al de Santiago, donde no conocían sus antecedentes.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Pontevedra, ahora hecha pública, analiza el caso de una mujer con aneurismas que fue operada en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo para implantarle dos stent. Al día siguiente de recibir el alta, la mujer acudió a urgencias del Hospital do Salnés. Allí, en lugar de remitirla al hospital de Vigo, la enviaron al de Santiago, donde le retiraron un medicamento antiagregante que tenía prescrito a raíz de la operación previa. Esa retirada le causó un ictus con graves secuelas.

El juez, basándose en varios informes periciales de médicos expertos, considera que, si la mujer hubiera sido atendida en el hospital vigués donde había sido operada, no se le habría retirado la medicación y se habría evitado el ictus que sufrió. Según la sentencia, cuando acudió a urgencias en el Hospital do Salnés "debió ser derivada inmediatamente al Hospital Álvaro Cunqueiro, al tratarse muy probablemente de una complicación postoperatoria". Pero no se hizo, y el juez considera que "no es aceptable la excusa (no acreditada) de que 'no había camas disponibles'" en el Álvaro Cunqueiro.

El hospital vigués, dice la sentencia, "dispone de una capacidad total de casi 1.500 camas; su infraestructura está diseñada con la mayoría de sus habitaciones individuales, pero con capacidad para convertirse en dobles cuando la demanda lo requiere, como ocurrió durante picos de urgencias o en la atención a pacientes de COVID-19".

En ese hospital vigués, señala el juez, "no se le habría suspendido la medicación" que tenía prescrita tras la operación anterior. Por el contrario, fue derivada al hospital de Santiago, "en el que no conocían con precisión absoluta su estado previo" y en el que se le retiró la medicación "sin un diagnóstico definitivo de ictus".

Ante estos hechos, que el juez considera "mala praxis", la sentencia condena al Sergas a indemnizar a la mujer con 70.000 euros.

El Ministerio de Sanidad ha iniciado este lunes el procedimiento de consulta pública previa para modificar el Real Decreto que regula la relación laboral de los médicos residentes, con el objetivo de evitar que sus jornadas superen los límites máximos permitidos, según informa EFE. 

El Real Decreto 1146/2006, que ajusta estas horas, no ha sufrido casi cambios, solo experimentando "ajustes menores" desde su entrada en vigor, según ha lamentado Sanidad en un comunicado.

Ninguno de estos ajustes ha abordado aspectos clave como la duración y organización de la jornada laboral, especialmente en lo relativo a las horas de guardia, lo que a ojos del ministerio hace necesaria su revisión en el contexto normativo actual. 

Concretamente, uno de los problemas que se pretende corregir con esta modificación es la realización de jornadas laborales que superan los máximos establecidos por la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, circunstancia que la normativa vigente no evita de forma efectiva. "Actualmente, existe un debate a nivel internacional sobre la organización de los servicios de salud que permita proteger la salud del personal sanitario y facilitar la retención y atracción de talento", ha reconocido Sanidad.

El ministerio ha recordado que está en curso la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que propone eliminar los turnos continuados de 24 horas y reforzar los descansos laborales.

Sin embargo, dicha ley no es aplicable al personal en formación, es decir, a los conocidos como MIR, FIR, BIR e EIR, entre otros.

En este sentido, Sanidad ha apuntado que la duración actual de la jornada de los residentes "no resulta necesaria ni para el cumplimiento de los objetivos formativos de las especialidades ni para la adecuada atención de los deberes establecidos en el Real Decreto en vigor".

La consulta pública estará abierta hasta el próximo 13 de enero de 2026.

Muy pocos doctores están dispuestos a ejercer en prisión. De hecho, el de facultativo de Sanidad Penitenciaria debe ser de los pocos –si no el único– procesos de empleo público en el que se cuentan menos aspirantes que plazas ofertadas. Esta compleja realidad está provocando una falta de profesionales médicos. Un agujero del que se está beneficiando la sanidad privada. En el último lustro, el Ministerio del Interior ha tenido que desembolsar a diferentes clínicas más de un millón de euros para cubrir la asistencia médica básica de los reclusos.

El sistema penitenciario español, entendiendo como tal aquel que depende del departamento que lidera Fernando Grande-Marlaska, cuenta con 65 cárceles –además de dos hospitales psiquiátricos y 13 centros de inserción social–. Las direcciones de al menos 17 de ellas, según los datos recopilados por infoLibre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, han ajudicado desde la pandemia importantes contratos a empresas del sector de la salud para que se hagan cargo de la atención primaria de sus internos. En total, se han desembolsado más de 1,1 millones de euros.

Las adjudicaciones recogidas por este diario se limitan a aquellas centradas en proporcionar a los reos la asistencia sanitaria más básica. No se han tenido en cuenta, por tanto, las que giran alrededor de especialidades –desde ginecología a psiquiatría u odontología–, que engordan aún más la cuenta. Ni los servicios médicos puntuales que por su cuantía se tramitan como contratos menores. Del mismo modo, se han dejado fuera de la factura aquellas adjudicaciones en las que no se establece una cuantía total por el servicio, sino que se fija un precio por hora –lo que impide conocer la facturación final–. Y las que han acabado canceladas por incumplimiento.

Uno de los últimos contratos de este tipo fue formalizado hace solo un par de semanas, el pasado 11 de diciembre. A un lado, la directora del Centro Penitenciario de La Moraleja-Dueñas. Al otro, la empresa CMD Salud Castilla y León. Y sobre la mesa, 51.620,58 euros. La firma se produjo apenas unas horas antes de que la cárcel de Valdemoro modificase su contrato de atención primaria con Gestión Sanitaria Tressalud para aumentar el número de horas de servicio, elevando el valor del mismo de 34.342,88 a 51.342,88 euros.

Cuando se licitó el servicio, el centro penitenciario madrileño solo tenía cubiertos dos de los diez puestos de facultativos previstos. Y ambos médicos se encontraban de baja. Una situación que se ha mantenido hasta final de año sin que "exista previsión cierta" sobre su "reincorporación". "Estas circunstancias determinan una situación sobrevenida de imposibilidad de prestación satisfactoria del servicio sanitario de atención primaria, por falta de personal facultativo propio que hace imprescindible incrementar la prestación del servicio contratado", resalta la dirección de la prisión en el acuerdo de modificación del contrato.

En una situación similar se encuentran en la prisión de Alicante, que lleva los tres últimos años recurriendo a la sanidad privada. "El personal médico propio [...] se ha visto reducido en los últimos años como consecuencia de jubilaciones, renuncias y situaciones de incapacidad temporal, pasando de tres médicos a un único médico en estos momentos. Asimismo, el centro carece desde el año pasado de subdirector médico. Como consecuencia de ello los efectivos de personal médico propio [...] son insuficientes para garantizar adecuadamente la asistencia sanitaria", recogía el informe justificativo del último contrato, de hace unos meses.

Varios años ha estado también la prisión de A Lama, en la provincia de Pontevedra, apoyándose en clínicas externas para poder dar cobertura sanitaria a sus internos, con contratos cuyo valor se ha movido entre los 21.010,54 y los 61.864,11 euros, respectivamente. Adjudicaciones a las que también han recurrido las cárceles de Villena, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Huelva, Soto del Real, Málaga I, Málaga II, Mallorca, Zaragoza, Algeciras, Teixeiro –si bien en este caso el contrato no estipula una facturación total, sino un precio/hora– y Puerto III.

Esta última, la cárcel gaditana, se encuentra en estos momentos en una situación complicada. A finales de noviembre, la dirección del centro se vio obligada a romper el contrato suscrito con Emergencias 360 con el que se pretendía cubrir la atención médica básica de los presos hasta la próxima primavera. "El servicio dejó de prestarse a mediados del mes de agosto, el médico dejó de acudir al centro aduciendo que la empresa no le pagaba la nómina", reza la propuesta de resolución de contrato del pasado mes de noviembre, que resalta que la ausencia de facultativo, "que no fue sustituida", generó "un riesgo" para la "salud y seguridad de la población reclusa".

Diez días antes de oficializar la ruptura con dicha compañía, contratada por la cárcel de Algeciras en años anteriores, la dirección de Puerto III puso en marcha un nuevo proceso de adjudicación para cubrir el servicio sanitario hasta el arranque de 2027. Sin embargo, el concurso ha quedado desierto. La única empresa que concurrió al mismo renunció a la licitación después de no responder al requerimiento que se le hizo para presentar los certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias y los títulos de los médicos que prestarían los servicios requeridos.

Lo mismo le sucedió el pasado otoño a la prisión de Algeciras, donde solo están cubiertas tres de las nueve plazas previstas de facultativos. Su licitación para dar atención médica primaria y de urgencias a los internos hasta octubre del próximo año quedó desierta. En este caso, no recibió una sola oferta. Ahora, están tramitando un nuevo contrato similar aunque con un presupuesto de licitación ligeramente superior –59.700 euros, en lugar de los 57.360 euros que pusieron sobre la mesa en octubre–.

En Instituciones Penitenciarias son plenamente conscientes de que, al igual que ocurre en la calle, las cárceles tienen un problema de falta de médicos. No obstante, recuerdan una y otra vez que la atención médica de los presos está garantizada. Y que la oferta de empleo público en este ámbito es constante. El problema es que muy pocos quieren optar a dichas plazas. El pasado año, por poner un ejemplo, se convocaron 89. Y, según la última memoria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, tan solo se recibieron 23 instancias.

La clave está, según los expertos, en las condiciones de trabajo. De media, en los centros penitenciarios los médicos pueden estar ganando 1.000 euros menos al mes que en los de salud. Una desigualdad que se debe, fundamentalmente, a la diferencia de pagadores. En el primer caso los facultativos dependen de la Administración General del Estado. En el segundo, de las propias comunidades autónomas. La Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud de 2003 dio a las regiones 18 meses para asumir las competencias de sanidad penitenciaria. Veintidós años después, sin embargo, solo Euskadi, Cataluña y Navarra lo han hecho.

La gripe ha comenzado a remitir y ha bajado su incidencia en una semana a 400,4 casos por cada 100.000 habitantes en Atención Primaria, un 10 por ciento menos que una semana antes, aunque el descenso aún no se nota en los hospitales, en los que se mantiene la presión con una tasa de 9,3, según recoge EFE.

El último boletín epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III, correspondiente a la semana previa a la de Navidad -entre el 15 y el 21 de diciembre- refleja un aumento del conjunto de los virus respiratorios (gripe, covid-19 y virus respiratorio sincitial) en Atención Primaria, donde la incidencia ha subido de 811,8 a 834,1.

Dicho incremento se debe fundamentalmente a la covid, que se ha duplicado en este periodo de 5,7 casos por 100.000 habitantes a 10,8 y del VRS, cuya tasa ha pasado de 43 a 55,1.

Por el contrario, descienden los diagnósticos de gripe en los centros de salud, de los 444,1 de la semana previa a 400,4; lo hacen en todos los grupos de edad, excepto en los de 70 a 79 años y mayores de 80, en los que suben levemente.

No obstante, la situación se mantiene en los hospitales, que registran 21,7 ingresos por cada 100.000 habitantes frente a los 22,2 de la semana anterior por el conjunto de virus respiratorios.

Por gripe, la tasa continúa estable en 9,2 ingresos por cada 100.000 habitantes (9,3 la semana anterior). Los más afectados siguen siendo los mayores de 80, aunque con un ligero descenso de la incidencia de 58,1 a 52,7, seguidos de las personas de 70 a 79 (25,6).

En los niños menores de un año los ingresos han caído en picado de 43,5 a 16, no así en los de 1 a 4 años, en los que sube hasta los 14,9.

Mientras tanto, las hospitalizaciones por covid siguen en una tasa general de 0,2, aunque en bebés menores de 1 año se eleva a 1, la más alta de todos los grupos.

El VRS, por su parte, sigue en ligero ascenso (de 2,6 a 3,1), pero la subida continúa es pronunciada aún en los menores de 1 año, en lo que ha aumentado de 58,6 a 74,9 en una semana.

Hace tan solo unas semanas, el Ministerio de Sanidad y las comunidades pactaron mandar una serie de recomendaciones para intentar mitigar la presión de la gripe como el uso de mascarillas cuando se tuvieran síntomas y, obligatoriamente, en centros hospitalarios.