Un modelo sanitario cada vez más privatizado retrata la falta de inversión pública en España respecto a la UE
Los datos varían según los informes e instituciones consultadas o las fechas disponibles con las que se realicen las comparativas, pero la conclusión es clara: España invierte menos en sanidad que la media europea y por debajo de las dos grandes potencias, Alemania y Francia, que otros socios importantes como Países Bajos, Suecia o Dinamarca o que países más pequeños como Austria, Irlanda o Luxemburgo.
La buena imagen reputacional de la sanidad española a nivel europeo e internacional, como se reconoce desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea, no tapa los déficits del sistema en su conjunto, tanto en la atención primaria, como en camas hospitalarias o respecto a los doctores especialistas disponibles. Problemas que sufre la población española en contraste con la realidad disfrutada por ciudadanos de otros países europeos.
En 2025, según la OCDE, el gasto sanitario español representó el 9,2% del PIB frente al 10% de la media comunitaria. Aunque en términos de renta per cápita esta partida ha aumentado durante la última década, sigue siendo muy inferior a los 3.832 euros por habitante que de media dedica la UE. El gasto público es la principal fuente de financiación del sistema pero “los pagos directos representan el 21% del total, muy por encima de la media de la UE, 15%”, recoge el documento sobre España del State of Health in the EU, elaborado junto al European Observatory on Health Systems and Policies.
Las últimas cifras que recoge el Ministerio de Sanidad en comparación al resto de socios comunitarios muestran que el gasto sanitario público de España superó ligeramente los 105.000 millones de euros, un 7% del PIB, casi 2.200 euros por habitante, frente al 10% de su PIB que invertiría Alemania, el 9,7% de Francia, el 8,6% de Austria, el 8% de Bélgica o porcentajes superiores también a esa cifra en otros socios como Finlandia, Países Bajos o Suecia.
España sigue contando con una alta protección para sus ciudadanos gracias “a la cobertura sanitaria universal junto a amplios paquetes de beneficios sanitarios”, lo que le convierte en el país de los 27 con la mayor esperanza de vida (83,2 años), aumentando a un ritmo ligeramente superior al de la mayoría del resto de países de la UE durante el siguiente decenio, según los cálculos de la OCDE. Y esto pese a la mayor mortalidad relativa durante la pandemia de la covid que en la mayoría de socios comunitarios. Suecia, Italia y Luxemburgo también destacan por su mayor esperanza de vida, mientras que en la cola del furgón europeo están Rumanía, Letonia y Bulgaria.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que recientemente acaba de realizar una fotografía del sistema sanitario español en Bruselas ante la Dirección General de Salud de la Comisión Europea, rebaja las cifras de inversión total, pero señala igualmente el menor esfuerzo de España, donde se destinaría el 6,9% del PIB en gasto público para la sanidad versus el 7,5% de media en la UE.
Los agujeros de la sanidad española
La diferencia de inversión sanitaria se agranda cuando se analiza solo el dinero que aporta el Estado. En España, la financiación pública cubre el 71,6% del gasto sanitario total, muy por debajo de la media de la Unión Europea, que alcanza el 81,1%. Esto significa que el sistema sanitario español depende en mayor medida de seguros privados, mutuas y del gasto directo de los ciudadanos que la mayoría de países europeos, según el informe de la OCDE y el European Observatory on Health Systems and Policies.
“Hay una privatización sostenida en el tiempo y un modelo basado en la infrafinanciación del sistema público, con el debilitamiento de la atención primaria y el uso de las listas de espera como mecanismo de derivación a centros privados”, denuncia la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, que resume estos problemas desde su raíz: “el gasto sanitario por debajo de la media europea en paralelo al peso creciente de la sanidad privada en todo el Estado, lo que genera una desigualdad en el acceso y una pérdida de control público sobre la planificación sanitaria”.
La creciente presencia del sector privado de salud acaba de denunciarse en Bruselas por parte de asociaciones en defensa de la sanidad pública. El fallo sistemático en los cribados de cáncer en Andalucía se produciría al “privatizar las mamografías, lo que deriva en una pérdida de control, y cuando esos resultados se guardan en un cajón, se hace poco menos que terrorismo contra tus propios ciudadanos”, dice Ángela Claverol, de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla, AMAMA.
“Las mujeres confiábamos en un sistema que nos decía que si no nos avisaban no teníamos que preocuparnos”, explicó Clavero durante una conferencia en el Parlamento Europeo, al tiempo que advertía sobre un servicio de gestión privatizado “que no da la oportunidad de realizar más pruebas y, por tanto, condena a estos ciudadanos a desarrollar cáncer de mama avanzados”.
Eurodiputados progresistas se movilizan para frenar una cumbre de la “internacional fascista” en la Eurocámara
Ver más
Ante los responsables de salud de la Comisión Europea, Sergio Fernández Ruiz, secretario de organización de FADSP, ya había expuesto que “el Sistema Nacional de Salud español es un sistema de calidad reconocido globalmente” pero que “sufre con los recortes, el deterioro y el desmantelamiento propiciados por el Partido Popular durante sus años en el gobierno y actualmente en las distintas comunidades, amenazado por un proceso de privatización descontrolada que erosiona sus pilares fundamentales”.
El diagnóstico explicaría los agujeros del sistema de salud en las diferentes comunidades autónomas y llamó la atención de Sandra Gallina, la directora general de ese departamento en la Comisión. Gallina, ciudadana italiana, mostró su sorpresa al recibir algunos datos pero reconoció que es una situación transversal en toda la Unión Europea y apreció similitudes con el modelo italiano, donde precisamente “los tiempos de espera suponen un desafío significativo”, según los informes de la OCDE, y el “acceso a diagnósticos y consultas de especialistas permanece limitado, resultando en altas tasas de cuidados inevitables”. Un problema que suena familiar en España.
Bruselas conoce también ahora los posibles delitos en la externalización de la gestión de hospitales y de servicios médicos, destapada con los audios del CEO de Ribera Salud sobre el centro de Torrejón de Ardoz. En los radares de la Comisión Europea saben que porcentualmente la Comunidad de Madrid es una de las tres donde menos inversión pública sanitaria se realiza en España. “Y que de ese dinero, un 17% va directamente a la privada”, lamenta Lucía García, del sindicato MATS, “y del que queda, otro 41% llega también al sector privado gracias a las derivaciones a otros hospitales”.
