En mi familia se hablaba poco de Alejandro. Era comunista, y eso era pecado. Me contaron que una bala impactó en el bolígrafo que llevaba en el bolsillo de la chaqueta y eso le salvó la vida. Pero nadie me dijo que aquel tío mío, abogado laboralista, tan amable y tierno, formaba parte de esa estirpe de héroes casi invisibles que se jugaron la vida para traer la democracia a este país.

Lo supe después. Cuando varios profesores, en la Facultad de Derecho, me preguntaron si era familiar de Alejandro Ruiz-Huerta, comencé a indagar. Y me enteré de que era uno de los pocos supervivientes –sobrevivientes, como prefiere decir él– del atentado contra los abogados de Atocha.

El 24 de enero de 1977, un comando de ultraderecha irrumpió en el despacho de abogados de la calle Atocha, número 55, y asesinaron a Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez. Otras cuatro personas quedaron gravemente heridas: Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos, Dolores González y Miguel Sarabia. El crimen sacudió a una sociedad que atravesaba los años más duros de la Transición y quedó grabado como símbolo de la violencia política del postfranquismo.

Cada 24 de enero recordamos a quienes pagaron con su vida la defensa de la democracia y de los derechos de la clase trabajadora. En el Auditorio Marcelino Camacho de Comisiones Obreras, de Madrid, se celebra cada año un acto para honrar a aquellos abogados que asesinó el fascismo por defender los derechos que hoy disfrutamos.

Ser abogada me ha parecido siempre una forma de sobrevivir al Derecho. Defender a los más vulnerables frente a la injusticia y la desigualdad, frente a las leyes que blindan privilegios o frente al poder represivo del Estado, ha llenado de sentido mi profesión. La emoción de acompañar a los parias de la Tierra —y, últimamente, también al planeta Tierra frente a sus voraces depredadores— me ha permitido sobrellevar el tedio de muchos textos jurídicos. Y afrontar el menosprecio del aparato judicial hacia quienes no representamos los intereses de los ricos. Cuando estás vencida antes de comenzar porque el adversario es poderoso, pero de todos modos comienzas, te embarga una fuerza irrefrenable. Sin esa función social de la abogacía, el Derecho me parece insoportable.

Leo estos días cómo en Minneapolis la solidaridad vecinal incluye redes de abogados que se organizan para proteger a la población migrante de los abusos del ICE. Y al leerlo me reafirmo: necesitamos a la abogacía para defender los derechos que nunca pueden darse por garantizados. La política de terror que Donald Trump despliega sobre las ciudades gobernadas por los demócratas lo deja claro: los derechos siempre están en riesgo.

Pese a los avances indiscutibles de la democracia en nuestro país y en buena parte del mundo occidental, podemos decir sin rodeos que la abogacía está hoy amenazada. Cuarenta y nueve años después de la matanza de Atocha, ser abogado o abogada sigue siendo una profesión de riesgo en demasiados lugares del mundo.

Por eso, a iniciativa de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), la organización Avocats Européens Démocrates (AED) eligió –hace unos años– el 24 de enero como Día de la Abogacía Amenazada. Un día para recordar a nuestros compañeros de Atocha y para defender el derecho de defensa en todo el planeta, junto a quienes sufren persecución por ejercer su profesión. La conmemoración de este 2026 se dedica a Estados Unidos, por la sistemática vulneración de la independencia de la abogacía durante el último año.

Un informe exhaustivo de AED documenta cómo la actual Administración estadounidense ha incurrido de forma reiterada en conductas que atacan el derecho de defensa y la libertad profesional, vulnerando principios básicos del derecho internacional. Órdenes ejecutivas dirigidas contra despachos concretos. Represalias institucionales. Presiones sobre bufetes. Vigilancia, interrogatorios y acoso. Amenazas, despidos y dimisiones forzadas en fiscalía y judicatura. Obstáculos deliberados a la defensa en ámbitos como inmigración, el apoyo a Palestina, los derechos LGBTI+, la protesta social o la defensa de las libertades civiles.

Según denuncian nuestros colegas norteamericanos, no son hechos aislados, es un patrón. Un clima de miedo, incertidumbre y autocensura que se extiende dentro de la profesión jurídica.

Podríamos pensar que todo esto ocurre lejos. En años anteriores esta jornada se dedicó a Turquía, Colombia o Palestina. Se exigió entonces respeto al derecho a un abogado de libre elección, al secreto profesional, a la independencia judicial, a una defensa justa.

Pero resulta estremecedor comprobar cómo el retroceso del derecho de defensa avanza incluso en países que fueron referencia en la defensa de los derechos civiles. ¿Qué abogada o abogado de derechos humanos no ha soñado alguna vez con estudiar en una prestigiosa universidad norteamericana? ¿Quién no ha querido representar a comunidades negras organizadas frente al racismo institucional? Todas hemos querido alguna vez ser el Atticus Finch de la película Matar un ruiseñor.

En Madrid todavía existen abogadas y abogados comprometidos con los derechos humanos que, por ahora, no padecen el nivel de hostigamiento de nuestros colegas estadounidenses. Pero quien debería protegernos —el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid— anda más ocupado en estrechar lazos con el gobierno de Ayuso que en salvaguardar el derecho de defensa. Su actuación como acusación en el juicio contra el Fiscal General del Estado, su silencio ante una sentencia plagada de irregularidades y la posterior concesión de una licencia para ejercer como centro universitario como moneda de cambio evidencian que la independencia de nuestra profesión no está garantizada. Hay que pelearla.

Por eso son necesarias jornadas como la del 24 de enero. Para recordar. Para reivindicar. Para defender a un colectivo que trabaja cada día defendiendo a las personas más vulnerables. Es imprescindible seguir protegiendo a la abogacía frente a cualquier instrumentalización de la justicia. Para que los abogados y abogadas puedan ejercer la profesión con libertad y seguridad. Y para que las instituciones judiciales sigan siendo, de verdad, independientes.

“El pecado no es ser un abogado comunista. El pecado es matar a alguien por defender derechos humanos”. Se lo dice Atticus Finch a sus hijos pequeños, cuando les ve con la escopeta de aire comprimido: “Es pecado matar a un ruiseñor”.

El segundo mandato de Benjamin Netanyahu, iniciado en 2009, marcó un giro profundo en la estrategia israelí hacia los palestinos: el abandono de cualquier expectativa realista de una solución negociada de dos Estados. Sin horizonte político y ante la constatación de que la ocupación de Cisjordania y la guerra en Gaza era indefinida, las instituciones del Estado empezaron a prepararse para las consecuencias internacionales. Esto se tradujo en un aumento del gasto en comunicación exterior, campañas de vigilancia y difamación contra organizaciones de derechos humanos y movimientos propalestinos en el extranjero.

Desde el inicio, una de las prioridades fue el frente jurídico. Con la entrada en funcionamiento de la Corte Penal Internacional y el desarrollo de leyes europeas que permitían investigar crímenes de guerra bajo el principio de jurisdicción universal, la posibilidad de que militares o responsables israelíes fueran detenidos en el extranjero dejó de ser hipotética. Al mismo tiempo, el avance de normas de responsabilidad empresarial encendió las alarmas del Gobierno, que temía sanciones comerciales vinculadas a la ocupación.

La publicación de más de dos millones de correos del Ministerio de Justicia israelí —principalmente de 2009 a la primavera de 2023— en la página de filtraciones Distributed Denial of Secrets (DDoS) expone por primera vez las estrategias jurídicas diseñadas para blindar al Estado ante violaciones del derecho internacional. El hackeo, atribuido a un grupo desconocido llamado “Anonymous for Justice”, solo ha tenido repercusiones fuera de Israel: una orden de censura prohíbe a los medios israelíes informar de la existencia de la filtración y de la propia orden de censura. Un análisis técnico realizado por Amnistía Internacional para The Guardian concluyó que los documentos provienen de un ataque real de “hackeo y filtración” y no muestran signos de manipulación.

infoLibre, junto con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC) ha analizado los documentos y correos electrónicos en el marco de la investigación internacional Israel Files.

Buena parte de los documentos procede del Departamento de Asuntos Internacionales Especiales, creado en 2010 y dirigido inicialmente por Roy Schöndorf, un ex jurista militar que previamente había elaborado justificaciones legales para ejecuciones extrajudiciales. Le acompañaba Marlene Mazel, abogada que representaba al Ayuntamiento de Nueva York antes de incorporarse al ministerio.

Su misión oficial era “gestionar todos los asuntos relacionados con procedimientos jurídicos internacionales derivados de las acciones del Estado en su lucha contra el terrorismo”. En paralelo, el departamento impulsó el uso ofensivo del derecho —lo que denomina “lawfare”—, para combatir lo que califica como la “explotación cínica de herramientas legales legítimas contra el Estado de Israel”. Para ello trabajó con más de una docena de despachos en Europa, EEUU, Sudáfrica o Japón, que ayudaron en secreto a proteger los intereses del Estado y de empresas vinculadas a él a cambio de decenas de millones de euros.

Más allá de la labor en los juzgados, una de sus funciones principales consistía en evaluar si altos cargos del Estado podían viajar a ciertos países sin riesgo de detención. Los correos filtrados contienen decenas de consultas detallando visitas privadas u oficiales que, en varios casos —hasta ahora desconocidos—, tuvieron que ser canceladas. El departamento también solicitó a despachos extranjeros informes sobre la legalidad de que ciudadanos binacionales sirvieran en el Ejército israelí o que voluntarios extranjeros se unieran a él.

Otra faceta clave del trabajo del departamento fue tejer relaciones con fiscales generales, asesores jurídicos y ministerios de justicia extranjeros. Formalmente se presentaban como contactos técnicos, pero los documentos muestran objetivos explícitos de captar apoyos informales para cerrar o frenar investigaciones contra responsables israelíes. La estrategia de “befriending” —literalmente, “hacerse amigos”— está descrita explícitamente en los documentos internos y se aplicó también al personal de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y a académicos y expertos en Derecho Internacional.

En Alemania, por ejemplo, este acercamiento a juristas y fiscales resultó útil en el cierre de un caso sobre la muerte de una familia palestino-alemana en Gaza. El departamento también intercambió información con juristas de la OTAN y, en 2019, Marlene Mazel recibió junto a un experto de las Fuerzas Armadas israelíes el Premio Serge Lazareff de la alianza militar por su labor “combatiendo el lawfare”.

Un informe clasificado de finales de 2020 que analiza una década de trabajo del departamento presume de que el departamento “ha cambiado irrevocablemente la manera en que Israel afronta la ‘guerra legal’ ” y enumera sus “logros excepcionales”: cerrar decenas de causas penales y civiles en el extranjero, así como retrasar durante una década la apertura de una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el Estado.

En 2015, el Gobierno de Netanyahu creó el Ministerio de Asuntos Estratégicos para combatir la “deslegitimación”, especialmente del movimiento BDS (boicot, desinversión y sanción) y campañas de derechos humanos que pedían sanciones a los asentamientos ilegales. El ministerio —acusado de injerencia política en el extranjero— colaboró intensamente con el Ministerio de Justicia, dirigido entonces por la ultraderechista Ayelet Shaked, especialmente con el Departamento de Asuntos Internacionales. 

El departamento ayudó a constituir un grupo de coordinación legal con organizaciones como NGO Monitor, Kohelet Forum y otros lobbies pro-Israel en Europa y Estados Unidos, con el objetivo de criminalizar el activismo propalestino. También monitorizó iniciativas legales en Estados Unidos y Europa, e intervino discretamente en Francia para asegurar que se siguiera procesando a activistas del movimiento BDS pese a una sentencia que protegía su libertad de expresión.

De especial relevancia fue la labor del bufete belga Van Bael & Bellis, contratado para diseñar estrategias legales contra la promoción de leyes contrarias a los intereses de Israel, contra las restricciones a productos procedentes de asentamientos ilegales o contra campañas mediáticas que señalaban a empresas como Airbnb o Ben & Jerry’s por lucrarse de la ocupación. El despacho de Bruselas recibió al menos 750.000 euros hasta 2021 y su contrato se prorrogará hasta, como mínimo, 2026.

Tras las recomendaciones de la Comisión Turkel —creada por el Gobierno de Israel a raíz del asalto a la flotilla rumbo a Gaza en 2010 que acabó con el asesinato de varios tripulantes— el departamento profundizó en el derecho de guerra y trabajó con juristas militares para construir argumentos que justificaran las agresiones israelíes. Trabajó en estrecha colaboración con la unidad de derecho internacional del ejército para desarrollar argumentos legales que justificaran las acciones de Israel, e incluso participó en la normativa sobre incendios en la frontera de Gaza durante la Gran Marcha del Retorno en 2018. 

Como argumentó recientemente el jurista Or Bassok en Haaretz, estos actos no se han producido a pesar de la supervisión legal, sino que han sido posibles gracias a ella, proporcionando a los soldados participantes la ilusión de un escrutinio legal sobre los llamados “daños colaterales”. 

Los documentos más recientes de la filtración revelan que Israel seguía preparándose activamente para hacer frente a posibles órdenes de detención de la Corte Penal Internacional tras la decisión de 2021 de la Corte de abrir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en Gaza y Cisjordania, y que estaba en contacto con un número cada vez mayor de abogados de los Estados miembros de la Corte Penal Internacional para que asesoraran al Estado sobre esta cuestión.

Los últimos correos datan de la primavera de 2023, cuando Israel vivía una de las revueltas ciudadanas internas más importantes de los últimos años por una reforma judicial. Paradójicamente, muchos de los juristas —internos y externos— cuyos esfuerzos permitieron blindar al Gobierno en el exterior expresaban en privado su inquietud por el auge de la ultraderecha y del movimiento colonizador, que comenzaban a amenazar sus propias instituciones.

Los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre y la posterior destrucción de la Franja de Gaza por parte de Israel, que desencadenó una oleada de procedimientos judiciales, han dado aún más importancia al trabajo del departamento. Al mismo tiempo, el abierto desprecio de los dirigentes israelíes —a menudo mostrado públicamente—  por las normas internacionales,  así como el fracaso de la Fiscalía militar para enjuiciar incluso los casos más evidentes de crímenes de guerra, contrastan radicalmente con las propias recomendaciones del departamento a la cúpula política. Sin embargo, el jefe del departamento, Gilad Noam, sigue defendiendo enérgicamente la legalidad de la conducta de Israel hasta el día de hoy. 

Este pasado jueves el fiscal general del Estado español autorizó una investigación para determinar si las acciones de Israel en la Franja de Gaza constituyen “graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario” y posibles delitos de genocidio o crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, nos preguntamos, ¿a dónde nos lleva esta investigación? y ¿existe la posibilidad de sentar en el banquillo de los acusados en España a Benjamín Netanyahu u otros dirigentes israelíes? Lamentablemente, aunque esto es deseo de gran parte no solo de la población española, sino del mundo entero, no es tan fácil.

Si bien España recoge en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ, art.23.4) disposiciones sobre la jurisdicción universal, que le permiten juzgar delitos graves como el genocidio, crímenes de lesa humanidad y cualquier otro delito cuya persecución se disponga con carácter obligatorio por tratados internacionales ratificados por España, en este último está el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), que recoge el crimen de guerra. Señala también esta ley que estos delitos no serán perseguidos en España “cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en un tribunal internacional constituido conforme a los Tratados y Convenios en que España fuera parte”. Lo cierto es que la Ley hoy en día tiene grandes limitaciones. España tenía una de las mejores regulaciones de jurisdicción universal del mundo, la cual fue restringida en 2009 con su primera modificatoria y prácticamente eliminada con la modificatoria de 2014.  A través de este principio de Derecho Internacional, España podía juzgar a cualquier persona sin importar su nacionalidad, ni el lugar de la comisión de los hechos siempre que estos fueran graves y afectaran a la comunidad internacional en su conjunto. Hoy España basada en la jurisdicción universal solo puede actuar si hay una conexión con España, es decir, que la víctima sea española y/o que el o los presuntos responsables se encuentren en territorio español. Entonces, ¿qué pasará con la investigación que se ha comenzado por parte de la fiscalía española?

Si hay víctimas españolas, como se dice, tiene competencia para investigar, pero en qué medida será efectiva, eso ya es otra cosa. Siendo realistas, existen diversos obstáculos para ver en el banquillo de los acusados a los responsables de los macabros actos cometidos en Gaza. Entre dichos obstáculos está la inmunidad de que disponen los jefes de Estado y de Gobierno mientras ejercen el cargo, aunque se reconoce en el derecho internacional que ésta no es absoluta cuando se trata de graves crímenes, que sería el caso, sin embargo muchos Estados no lo admiten bajo diversos argumentos. En esta línea tampoco procedería la extradición. Estas personas no se encuentran en España y será difícil que pisen territorio español, más aún si se sabe que tienen una investigación en curso.

A esto se suma que hay un proceso en curso en la CPI por los mismos hechos y la Ley de jurisdicción universal mencionada señala que no se puede iniciar otra investigación paralela. A decir verdad, quien en primer orden tiene la obligación de investigar estos hechos son los Estados, los órganos internacionales como la CPI tienen carácter complementario al derecho interno, pero si el Estado no actúa no se puede quedar de brazos cruzados, por ello inició su investigación y hoy tendríamos dos casos por los mismos hechos, pero algo a tener en cuenta es que el caso español es limitado a la competencia que le permite su ley y la CPI tiene competencia universal limitada a crímenes internacionales graves y que su competencia no depende de la nacionalidad de las víctimas o responsables, a diferencia de la jurisdicción española.  

Entonces, nos preguntamos: ¿sirve o no sirve la iniciativa de España? La respuesta sin duda alguna es por supuesto que sirve. No olvidemos que el Derecho internacional es producto de la voluntad de los Estados. Si todos los Estados del mundo decidieran investigar y colaborar para poner fin a las atrocidades que suceden en Gaza, otro sería el resultado. Lo cierto es que vivimos en un mundo con muchos intereses económicos y políticos que están por encima de las personas y parece que el sufrimiento de los demás, mientras no lo vivamos directamente, es de los otros. Si todos los Estados del mundo y las organizaciones internacionales gritaran al unísono BASTA ISRAEL y adoptaran medidas para “pararles los pies”, no le quedaría otra que dejar vivir en paz al pueblo palestino.

Por otro lado, la investigación iniciada en España puede contribuir a la investigación que viene realizando la CPI sobre las acciones de Israel en Palestina a petición de Sudáfrica, donde España ya se ha apersonado. Su mayor contribución sería aportar pruebas (testimonios de víctimas, informes policiales, imágenes, documentación de ONGs, etc.) para sustentar lo que sucede en Gaza. Es este órgano judicial, que funciona desde 2001, el encargado de juzgar y poder sentar en el banquillo de los acusados a líderes en ejercicio como Netanyahu y su cúpula por los delitos que se encuentran bajo su competencia: genocidio, agresión, lesa humanidad y crímenes guerra, porque tiene competencia.  Para ello es muy importante la cooperación de todos los Estados partes del Estatuto de la CPI y el respeto del cumplimiento de las decisiones de la CPI. Ni Netanyahu ni su cúpula deberían pisar territorio de un Estado parte de la Corte sin que sean entregados a la CPI para su juzgamiento y su posible condena, o en su caso iniciar las investigaciones a nivel interno por los graves crímenes cometidos y/o extraditar al Estado que lo solicite. Lo importante es evitar la impunidad.  

Hoy por hoy, se debe respaldar y apoyar a la CPI en su investigación y en el próximo arresto para el enjuiciamiento correspondiente de los autores de crímenes tan macabros. 

En suma, España puede investigar, documentar, aportar pruebas a la CPI, así como actuar contra responsables de menor rango que se encuentren en territorio español o contra hechos vinculados con ciudadanos españoles. Lo importante de la acción española es su compromiso político y jurídico con el Derecho internacional, apoyando la justicia internacional en la persecución de crímenes graves. No se debe olvidar que la cooperación internacional es clave para que la justicia sea efectiva.

__________________________

Florabel Quispe Remón es profesora titular de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid.

El magistrado Baltasar Garzón (Torres, Jaén, 1955) es la figura más destacada de España en lo que a justicia internacional se refiere. Tras una carrera fulgurante en la judicatura, en la que asumió causas contra el narcotráfico, ETA, los GAL, el franquismo o el dictador Pinochet, fue condenado por ordenar escuchas ilegales en el caso Gürtel. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó en 2021 que había dudas objetivas de que hubiera tenido un tribunal independiente e imparcial y que los juicios contra él habían sido arbitrarios. Sus resoluciones son vinculantes y Garzón pide que el Consejo General del Poder Judicial se pronuncie sobre la reparación pendiente, que entiende sería la reposición en su cargo.

“Todo empezó como consecuencia de un atentado execrable, por supuesto. Pero a partir de ahí, la respuesta del gobierno de Israel ha sido tremenda, y ha ido in crescendo hasta el punto de que, sin lugar a dudas, y ya desde hace tiempo, se puede hablar de una intención específica de exterminio del pueblo palestino, en Cisjordania también, pero principalmente en Gaza. Desvelan una intención clara de ir contra el pueblo palestino como grupo nacional”.

“¿Qué se puede hacer frente a esto desde la justicia internacional? Algunas iniciativas están en marcha. La de la Corte Internacional de Justicia a instancias de Sudáfrica y a la que se han sumado varios países, entre otros España a través de su gobierno, es una justicia entre Estados. Se va a decidir en aplicación de la Convención de la Prevención y Sanción del Genocidio de 1948, si Israel está cometiendo, a través de sus estructuras institucionales, un genocidio. Es difícil demostrarlo. El genocidio es un delito que tiene lo que denominamos los juristas dolo específico, es decir, una intención clara y definida de producir un resultado. En este caso, acabar con todo o parte de un pueblo, de su propia identidad, a través de distintas acciones que demuestren que esto es así. La Corte Internacional de Justicia ha hecho algo muy importante. Desde el 26 de octubre de 2023 a enero de 2024 ha tomado distintas medidas cautelares reiteradas posteriormente en las que se le dice a Israel que cese los bombardeos, que proteja a la población civil palestina en Gaza, etcétera. Como todos sabemos, esto no se ha cumplido”.

“Mi primer reproche a la justicia internacional en el caso de la Corte Internacional de Justicia es que tarda años. Con esas dilaciones, cuando llegue una resolución definitiva ya habrán muerto masacrados miles y miles o cientos de miles de personas. Por tanto, es necesario agilizar ese procedimiento y tomar más medidas coercitivas que tienen que ser aplicadas por los Estados. Eso de momento no se está produciendo. Se dice que hay un presunto delito de genocidio que se está cometiendo, pero la Corte Internacional de Justicia no decide sobre imputaciones penales. Eso corresponde a los tribunales nacionales de cada país y a la Corte Penal Internacional, donde vienen definidos los distintos delitos contra la comunidad internacional. Delitos atroces, como genocidio, lesa humanidad y crimen de guerra y agresión. La Corte Penal Internacional tiene una situación abierta desde hace varios años, porque, aunque Israel no es parte del Estatuto de Roma de 1998, Palestina sí ha sido reconocida como Estado parte desde 2014. Por tanto, esto determina la competencia de la Corte Penal Internacional y ya hay una orden de detención solicitada por el Fiscal de la Corte y adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa del mismo país”.

“Desde entonces han ocurrido muchas más cosas. Han sido atacados los centros de salud, eliminada toda posibilidad de los derechos reproductivos, las hambrunas como arma de guerra, los desplazamientos forzados de personas, la destrucción sistemática de todo Gaza. Afirmaciones como las del ministro de Finanzas diciendo que ya se están mercantilizando y repartiendo los despojos de Palestina en Gaza, etcétera, que, sin lugar a dudas, pueden cambiar la calificación jurídica que hasta este momento la Corte Penal Internacional ha adoptado de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Es decir, que ha habido una política sistemática para producir esos resultados y pasar a una calificación más grave, que es la de genocidio. Y esa conceptuación como genocidio es la que la Comisión Independiente de la ONU hace apenas una semana ha adoptado en su informe que presentará en las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas que comienzan esta semana próxima. Y queda una última esfera que es la de la respuesta de la justicia desde ámbitos territoriales concretos. En Israel cabría investigar las acciones del Primer ministro, del gabinete de Gobierno o de los propios militares. De momento no se está haciendo. Sí se están investigando los atentados terroristas de Hamás”.

“En España se podían perseguir crímenes internacionales donde acontecieran siempre que tuvieran el calificativo de genocidio, crimen de guerra o crimen de lesa humanidad, al amparo de la ley de 1985. Se redujo por ley en 2009 y finalmente en 2014 el Partido Popular, con su mayoría absoluta, prácticamente acabó con la jurisdicción universal, que era el mecanismo que había para poder combatir desde la justicia este tipo de crímenes. Ahora, la Fiscalía General del Estado ha autorizado el inicio de una investigación preprocesal a través de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que encabeza la fiscal de Sala Dolores Delgado, junto con Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional y Fiscal de Relaciones Internacionales. Conlleva la acumulación de elementos probatorios y de datos para ponerlos a disposición de las cortes internacionales. Cualquiera de las cosas que se puedan hacer desde el ámbito de la justicia son bienvenidas. Lo único que, desde mi punto de vista, no se puede llevar a cabo es no hacer nada. El silencio, la indiferencia, la inactividad es complicidad con lo que está ocurriendo. Y hay un aspecto muy interesante que es el de las empresas y las corporaciones que están contribuyendo a que esto se sostenga, porque no olvidemos que tiene un contenido económico muy importante, como se ha encargado de decir este señor ministro de Finanzas de Israel en unas declaraciones que aborrezco y que ofenden a la humanidad entera”.

“La posición de Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca es muy importante, por lo paradigmático que significa esa política agresiva y de destrucción de estructuras internacionales. Está poniendo cerco a países como Venezuela, ha sancionado a los magistrados de la Corte Penal Internacional. Incluso se ha permitido subir los aranceles hasta un 55% a Brasil, porque estaba juzgando por tentativa de golpe de Estado al expresidente Bolsonaro. Es decir, una interferencia absoluta en su soberanía.

Estamos insertos en un desorden mundial muy problemático, muy peligroso, en el que cualquier cosa puede ocurrir. Nos levantamos cada día con el alma en vilo a poner las noticias o leer los diarios y los digitales para ver qué es lo que ha ocurrido ahora o bien qué gracia se le ha ocurrido a este señor. Hay una decisión y una complicidad en que Israel tenga las manos libres para arrasar Gaza y no se pueda arrasar a un pueblo ni a una sociedad civil por las acciones criminales de un grupo terrorista.

En este universo de desastres concatenados, el único faro que nos puede guiar es apelar de nuevo a las normas que la comunidad internacional ha adoptado a través de décadas después de la Segunda Guerra Mundial y de las consecuencias atroces de la misma con el Holocausto. ¿Quién iba a decir que los representantes políticos de quienes fueron víctimas estén llevando a cabo unas acciones presuntamente criminales como las de Palestina? Ya estamos perdiendo todo ese avance en derechos, en bienestar, en tranquilidad, en la comunidad internacional, con todos los efectos que habíamos obtenido”.

“Lo más grave es la contienda política que, en otros países, como ocurre en España, se está suscitando por parte de un espectro político de la derecha y de la extrema derecha, donde a los pobladores de Gaza se les considera de segunda, tercera categoría o casi como material biodegradable. Hamás cometió hechos atroces que, vuelvo a decir, se están investigando, pero las consecuencias son inasumibles, inaceptables. Por tanto, insisto, aquí el silencio, la indiferencia, determinan la responsabilidad. Todos somos responsables si no adoptamos todas y cada una de las medidas posibles para paliar este desastre. Y quien defiende la permanencia de este conflicto, de esta acción de eliminación y de exterminación y aniquilamiento de la población de Gaza, está consintiendo el genocidio”.

“Cuando se habla de determinados casos judiciales en el debate social, como pueden ser los casos Cerdán, Ábalos, Koldo o el caso de investigación de la mujer y el hermano del presidente, o del propio Fiscal General por parte de jueces con nombres y apellidos, tendríamos que ser muy prudentes, lo cual no impide que seamos críticos. A veces se dice que hay instrumentalización del derecho y yo digo: “sí”. Hay indicios de que se puede estar instrumentalizando el derecho en determinadas investigaciones, como las mencionadas. Desde mi punto de vista, lógicamente, hay unas instrucciones que no tienen base fáctica suficiente, como es la que se desarrolla contra la esposa de Pedro Sánchez. Es prospectiva, es decir, se va cambiando el objeto del proceso de forma sistemática y si se cierra una vía por la Audiencia Provincial, se abre por el instructor. Eso genera una inseguridad jurídica muy grande, porque al final no sabes de qué defenderte, no porque haya nuevos hechos, sino porque se busca de forma prospectiva. Lo mismo aparece también en la investigación que se sigue en Badajoz respecto del hermano del presidente”.

“La instrucción que se ha llevado a cabo en el Tribunal Supremo por el magistrado Hurtado tiene, desde mi punto de vista, deficiencias graves. Comenzó con una entrada y registro absolutamente invasivos en la sede de la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía Provincial de Madrid. Con un periodo temporal amplísimo de ocho meses y luego, sin explicar demasiado por qué se había producido esa decisión, una semana después se reduce a ocho días o siete días. Además, la estimación como indicio negativo e inculpatorio de un borrado telefónico que puedes llevar a cabo por razones suficientemente explicadas, como la protección de los temas que afectan a la seguridad.

No hay un solo elemento que justifique que la intención del sujeto es la que dice el instructor, ni de que se actuaba en comunicación o siguiendo instrucciones de Moncloa. Determinados periodistas dicen expresa y paulatinamente que el fiscal no filtró esa información. Si la instrucción dice que eso es mentira tendrá que investigarse contra esos profesionales, pero ¿en base a qué? Toda una concatenación de elementos que conducen a pensar que la acción es más por la persona y la representación que tiene que por los hechos en sí. Y eso genera ese otro ámbito de actuación por parte de determinados grupos políticos como un elemento de ataque sistemático al presidente del Gobierno y al gobierno de coalición que preside, al que, desde el principio de los tiempos, en 2018, han calificado de ilegítimo. Se ve claramente que es una acción de acoso y derribo político. Por tanto, no debe dimitir”.

“Estamos hablando de conductas muy elaboradas por personas o corporaciones que hilvanan muy bien cuál es la forma para que no sean sorprendidas o para que estén rozando esa línea, ese filo de la navaja de la legalidad y la ilegalidad. Durante muchos años parece ser o aparentemente –o al menos eso es lo que se está investigando– desde el Ministerio de Hacienda o desde determinado funcionario que estuvo al frente del mismo, el señor Montoro podría haber favorecido a un despacho de abogados en concreto. Cada día van apareciendo nuevos elementos. Lo que ahí se está debatiendo es si existía o no existía una estructura que desde arriba del poder institucional del Ejecutivo se estaba expandiendo y corrompiendo a otras estructuras, es decir, aprovechamiento de lo público con fines privados, que es lo peor de la posible o presunta corrupción política. Es difícil de investigar, pero es necesario porque se puede comprobar cómo se puso al servicio de los intereses privados una estructura que nos pertenece a todos y que beneficiaba con normas, con leyes, supuestamente, a determinados grupos económicos y empresas”.

“Ya tenemos un Consejo General del Poder Judicial elegido mitad y mitad y una presidenta ¿Este es el mejor proceso de elección? No lo sé, pero desde luego el que no lo es, es el corporativo. El Consejo General del Poder Judicial, como todos los órganos institucionales, sirve al pueblo. Y si esto es así, como órgano político, los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que participar en la elección de ese Consejo. A mí me parece correcto el modelo actual, establecido en 1985, con elección en el Parlamento. Lo que no me parece correcto es que sea una elección de cuotas. Hay que establecer un mecanismo solvente en el que los candidatos o las candidatas que concurran ahí realmente sean los mejores y demuestren o contengan todo el espectro al que deben de servir. Este órgano es el que tiene la obligación de defender la independencia de los jueces, pero los primeros que tienen la obligación de ser independientes son los jueces y de hecho la gran mayoría lo son. Se cometen errores, lo mismo que en todos los ámbitos profesionales y políticos”.

“En la actualidad, estoy litigando para que se cumpla el dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de julio de 2021, en el que se establece que las sentencias pronunciadas contra mí en 2012, y específicamente en la condenatoria de la investigación en Gürtel, fueron arbitrarias, con parcialidad y con falta de previsibilidad penal y se establecieron unos índices de reparación integral. Así lo dijo por unanimidad el Comité de Derechos Humanos. En la actualidad, como el Gobierno no ha cumplido en todos estos años, me he visto obligado a acudir ante la Audiencia Nacional, a la sala de lo Contencioso Administrativo, para que se pronuncie sobre el borrado de antecedentes penales. Lo importante para mí es que se repongan las cosas en el estado en que deberían estar. En el Consejo General del Poder Judicial, estoy pidiendo que interpreten qué se entiende por reparación integral para un juez. Yo entiendo que es la reposición en su cargo de donde fue separado”.

El jueves 24 de abril, en el cruce de la calle Arménie y la calle André-Philip, en Lyon, se puso en marcha una pequeña manifestación de entre doscientas y trescientas personas en memoria de las víctimas de un genocidio cometido hace ciento diez años. Más de un millón de armenios del Imperio otomano, pero también otros cristianos como los asirio-caldeos y los griegos pónticos, fueron exterminados por los dirigentes del partido de los Jóvenes Turcos, que buscaban homogeneizar étnicamente el territorio bajo su dominio.

Al micrófono, uno de los organizadores recordaba estos hechos históricos animando a los presentes a gritar “¡Turquía, asesina!”. “No pedimos solo el reconocimiento”, decía, “sino justicia y reparaciones morales, financieras y territoriales”. Ilham Aliyev, el dictador azerbaiyano, también está en su punto de mira. A finales de 2023, este último hizo padecer hambre y literalmente vació de su población el enclave de Nagorno Karabaj, una tierra ancestral armenia, también conocida como Artsaj.

En la marcha, además de los retratos de prisioneros armenios que siguen detenidos en Azerbaiyán, se podían ver pancartas mencionando el territorio. “No es exactamente la misma historia que el genocidio”, opina Alla, una manifestante, “pero es una tragedia que continúa, con la ocupación de un territorio histórico. Y, lamentablemente, el suceso ha suscitado muy pocas reacciones a nivel internacional”.

La fecha del 24 de abril fue elegida para la conmemoración porque esa noche, en 1915, cientos de personas pertenecientes a las élites armenias fueron detenidas en la capital del Imperio otomano, Constantinopla. Por orden del ministro del Interior, Mehmet Talaat Pacha, fueron arrestadas, deportadas a Siria y, en su mayoría, asesinadas. Previamente, en enero, ya se habían cometido ejecuciones masivas contra soldados armenios del Imperio. Posteriormente, se encadenaron toda una serie de decisiones que consistieron en la destrucción planificada de todos los armenios otomanos.

Para comprender cómo se pudo concebir y perpetrar este crimen, hay que remontarse a la situación en la que se encontraba este grupo a finales del siglo XIX.

Como minoría cristiana dentro del Imperio otomano, los armenios estaban organizados en el marco de un millet. Se trata de una comunidad étnico-confesional con un estatus subalterno, pero con cierta autonomía en la regulación de sus asuntos internos. En 1863, el sultán Abdülaziz les concedió incluso un “Reglamento orgánico de la nación armenia”, que les dotaba de una especie de régimen representativo, con ramas laica y eclesiástica.

Pero esta época también fue testigo de la descomposición del Imperio, que vio cómo se le amputaba parte de sus territorios en los Balcanes y sufría la presión del Imperio ruso en el Cáucaso. La desconfianza del poder otomano hacia sus minorías aumenta y las potencias europeas exigen, sin comprometerse mucho, un mejor trato a las poblaciones armenias. Estas se quejan de la inseguridad, en particular por la apropiación de sus tierras por parte de los kurdos y los refugiados musulmanes de las provincias perdidas del Imperio.

En la década de 1890, la situación se deteriora violentamente. El sultán Abdülhamid II priva a los armenios de su Constitución y deja que las milicias kurdas practiquen el saqueo y el espolio en las provincias orientales y rurales donde se concentran. En 1894-96, las tropas regulares se unen a estas milicias para sofocar la resistencia, que era pacífica. Incitada por las autoridades religiosas, una parte de la población se entrega a expediciones punitivas durante las cuales se cometen violaciones, asesinatos y destrozos con total impunidad. En total, esta ola de masacres se cobra 200.000 víctimas y deja decenas de miles de niños huérfanos.

Algunos analistas ven en ello la primera etapa de un proceso genocida, seguido de otras masacres que anunciaban su fase culminante. En 1909, 25.000 armenios fueron víctimas de una violencia masiva en la provincia de Cilicia, agravada por la intervención del ejército que se suponía debía protegerlos. El régimen había cambiado entretanto, pero las esperanzas liberales depositadas en el poder de los Jóvenes Turcos se vieron rápidamente frustradas. Las demandas de verdad y justicia no encontraron eco.

El partido que acaparaba el Estado, el Comité de Unión y Progreso (CUP), había desarrollado en realidad una ideología autoritaria y ultranacionalista. Esa ideología se intensificó con la guerra mundial y las primeras derrotas. “En su debacle”, escribe la historiadora Claire Mouradian en L'Arménie (edit. PUF, 2024), las tropas turcas se vengaron de los aldeanos armenios, designados como chivos expiatorios por sus oficiales humillados. […] A mediados de abril [de 1915], en Van, la autodefensa de los armenios […] sirvió de pretexto para poner en práctica el plan de erradicación total de la ‘raza’ armenia de sus tierras ancestrales”.

Las poblaciones de las provincias orientales fueron, en efecto, el objetivo prioritario de las deportaciones decididas por los dirigentes del CUP. Tras la decapitación de las élites armenias y la ejecución, en general inmediata, de los hombres, el resto de la población —mujeres, niños y ancianos— fue supuestamente “desplazada” a las regiones desérticas de Siria y Mesopotamia, con el pretexto de alejarlos del frente. Los cuadros del partido joven turco participaron en la logística de esta primera fase de destrucción, junto con los reclutas paramilitares de una entidad bautizada como “Organización Especial”.

Cuando las terribles condiciones del viaje no provocaban la muerte, esos escuadrones se encargaban directamente de masacrarlos. Un oficial alemán, testigo de las cometidas en la garganta de Kemakh, describió  a “madres enloquecidas lanzándose al abismo detrás de sus hijos y sus maridos. […] Otras suplicaban clemencia o arrojaban a sus hijos al río, donde los cadáveres se amontonaban formando barreras en las orillas. […] Durante tres días… y el sol no se oscurecía”.

La segunda fase de la destrucción de los armenios otomanos se produjo durante el año 1916. Junto con los pocos supervivientes de las provincias orientales, las poblaciones deportadas desde Anatolia occidental y Cilicia, en condiciones menos terribles, fueron internadas en veinticinco campos de concentración. Se habla de unas 500.000 personas, que en pocos meses fueron prácticamente eliminadas en dos campos de exterminio, Ras al-Aïn y Deir ez-Zor.

El historiador Raymond Kévorkian añade, en la obra colectiva Armenia. Un genocidio y la justicia (edit. Les Belles Lettres, 2025), que, paralelamente a una política de eliminación física, el poder joven-turco puso en marcha un programa de “captación sistemática de los bienes muebles e inmuebles de los deportados”. Además del enriquecimiento personal del partido-Estado y su clientela, este programa contribuyó a la desaparición de un grupo oprimido del territorio y a su sustitución por el grupo opresor, una especie de “complemento socioeconómico del genocidio”, según la expresión del especialista.

En aquella época, el término “genocidio” no existía. Sin embargo, los contemporáneos eran muy conscientes de que se trataba de un crimen de naturaleza especial. Los tres principales líderes del régimen joven turco, refugiados en el extranjero tras la derrota del Imperio otomano, fueron condenados a muerte en rebeldía. Como la justicia estatal no hacía su trabajo, los supervivientes armenios se encargaron de ejecutarlos en sus lugares de exilio. Esta operación, escribe Kévorkian, “simboliza la impotencia de las instancias internacionales para castigar a los genocidas en un marco legal”.

Los aliados vencedores de la Primera Guerra Mundial hicieron algunos intentos en este sentido, apoyando la reivindicación de un tribunal superior que juzgara a los criminales unionistas basándose en las “leyes y costumbres de la guerra y leyes de la humanidad”. Las autoridades británicas incluso detuvieron durante un tiempo a criminales unionistas en Malta, con la esperanza de llevarlos ante una justicia fiable. Pero todas estas potencias acabaron transigiendo con un nuevo régimen nacido de las cenizas del Imperio Otomano, el de Mustafa Kemal (Ataturk).

Soghomon Téhlirian, el activista armenio que eliminó a Mehmet Talaat Pacha, fue rápidamente absuelto en su juicio en Berlín. En la sala, un joven judío polaco de 21 años, Raphael Lemkin, toma conciencia “del enorme vacío existente en el derecho internacional para abordar estos crímenes de naturaleza inédita”. Convertido en jurista y enfrentado a los crímenes nazis, Lemkin forja el concepto de “genocidio” en un texto recientemente reeditado, y luchará por introducirlo en el derecho internacional.

Lo consiguió con el Convenio de las Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, aprobado en 1948. Sin embargo, como señala Vincent Duclert en la obra escrita conjuntamente con Raymond Kévorkian y Thomas Hochmann, este convenio “no menciona ningún caso histórico”. Pero, tanto antes como después de este texto, Lemkin trabajó intensamente sobre la destrucción de los armenios otomanos. Junto con la destrucción de los judíos de Europa, estos son “los dos modelos en los que se basó el texto de 1948”, sostiene Duclert. En París, el Memorial de la Shoah acoge hasta noviembre una exposición dedicada al genocidio armenio.

Luego, este crimen fue mencionado como tal e incluido en el informe Whitaker de 1985 encargado para una subcomisión de Derechos Humanos de la ONU. Este informe finalmente no fue transmitido a la propia Comisión, debido a la resistencia del Estado turco. Sean quienes sean sus dirigentes, la República heredera del Imperio Otomano siempre ha negado la culpabilidad de las autoridades del país en el genocidio y, además, ha perseguido a todos aquellos, especialmente en su territorio, que han defendido su reconocimiento o simplemente han trabajado en ello.

En Europa, Estados Unidos y América Latina, principalmente, varias asambleas parlamentarias y jefes de Estado han reconocido el genocidio armenio. En Francia se hizo mediante la aprobación de una ley en 2001, que, sin embargo, no designa al autor del crimen ni castiga el negacionismo. Los esfuerzos en este sentido, a través de una propuesta de ley en 2012, se estrellaron contra el muro del Consejo Constitucional.

No obstante, el jurista Thomas Hochmann considera que los “pretextos jurídicos” no se sostienen en el fondo. En su opinión, ocultan un debate político inconcluso sobre el carácter perjudicial —o no— de “la negación del genocidio armenio, un fenómeno real, de gran magnitud y respaldado por Estados”.

En 2023, dos importantes obras no solo contribuyeron a profundizar el conocimiento sobre el genocidio armenio, sino que también arrojaron luz sobre la importancia de este acontecimiento para comprender la trayectoria del Estado turco.

En Parachever un génocide (Rematar un genocidio, edit. Odile Jacob), Raymond Kévorkian documentó la cercanía sociológica e ideológica entre las redes del Comité Unión y Progreso (CUP), que llevaron al Imperio otomano a la derrota en la Primera Guerra Mundial, y el padre fundador de la República Turca, Mustafa Kemal. A pesar de los sonados juicios, los criminales pudieron ponerse al servicio del nuevo régimen, mientras que a los supervivientes se les impidió regresar y recuperar sus bienes.

“El movimiento kemalista continuó inexorablemente la política de homogeneización demográfica iniciada por el CUP”, escribe el historiador, quien también afirma que “Mustafa Kemal siguió construyendo el Estado-nación turco soñado por sus predecesores, aunque no tuviera las proporciones previstas en un principio”.

El historiador Hans-Lukas Kieser ha dedicado una biografía, publicada por el CNRS, al principal responsable del genocidio, Mehmet Talaat Pacha. Haciéndose eco de Kévorkian, subraya que los “jóvenes turcos en torno a Talaat”, a los que califica de “revolucionarios de derechas”, “abrieron un camino, si no real o imperial, al menos republicano, a la siguiente revolución, igualmente radical y etnonacionalista, liderada por los kemalistas en el núcleo anatolio heredado del Imperio desaparecido”.

El autor destaca que el actual dirigente turco, Recep Tayyip Erdoğan, se declara abiertamente heredero de Talaat, y que se ha apoyado “en el islam político para afianzar su poder”.

Traducción de Miguel López

20 de diciembre de 2006. Ese día, la Organización de las Naciones Unidas elabora su Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Cuarenta y cinco artículos desarrollados en una veintena de páginas que entraron en vigor años más tarde y que suscribieron países como el nuestro. Entre ellos, la ONU recogió por primera vez "el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida". Y la obligatoriedad de cada estado de garantizar su cumplimiento. El concepto no se había introducido nunca antes en una norma jurídica y, de hecho, su desarrollo posterior ha estado sujeto a la jurisprudencia de los tribunales internacionales. En nuestro país, por ejemplo, lo han invocado las víctimas del franquismo. Y consiguiendo tirones de orejas, incluso. Pero no han sido las únicas. Son ahora las víctimas de las muertes en residencias quienes apelan a él.

Lo han hecho las organizaciones madrileñas Marea de Residencias y Verdad y Justicia en la macrodenuncia que hace una semana dejaron sobre la mesa de la Fiscalía de Madrid. Han pasado más de cuatro años desde que la primera ola de la pandemia dejó 7.291 fallecidos en las residencias de la región sin asistencia sanitaria y, a pesar de sus múltiples intentos, todavía no se ha llevado a cabo una investigación completa de las posibles decisiones políticas que pudieron desembocar en esos hechos. Según los datos que manejan las propias organizaciones de familiares, en todo este tiempo se han presentado alrededor de 400 querellas, de las cuales aproximadamente un centenar continúan en juzgados de instrucción. Cuatro han sido reabiertas por orden de la Audiencia Provincial y hay más de 70 que ya han pasado al Tribunal Constitucional en forma de recurso. El resto han sido rechazadas por la justicia, en muchas ocasiones sin ni siquiera haber escuchado a las víctimas y basándose, además, en los informes de las propias residencias.

Los expertos que conformaron la Comisión por la Verdad en las Residencias de Madrid denunciaron también la "ausencia de una investigación diligente por parte de las autoridades políticas y por parte del Ministerio Público". Lo hicieron invocando precisamente el mismo derecho. Porque el nombre elegido para aquella especia de tribunal ciudadano tampoco fue casualidad. "Creo que fue acertado introducir el derecho a la verdad en el documento, porque en este caso representa el derecho que tienen las familias de los fallecidos a que se investigue lo que pasó", explica Fernando Flores, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, profesor de Derecho Constitucional y redactor de aquel informe.

Su mención puede parece amplia o, incluso, inconcreta, pero lo cierto es que la jurisprudencia ha sentado algunas bases por las que el derecho a la verdad puede considerarse definido. Podría hacerse de la siguiente manera: "El derecho a la verdad es el que tienen las víctimas y sus familiares a obtener una respuesta de los órganos del Estado que esclarezca lo sucedido con determinadas personas y quiénes han sido los responsables", detalla Flores.

Hay ejemplos concretos y recientes que aterrizan esta idea. El pasado mes de mayo, la ONU pidió a España actuar contra las leyes antimemoria que PP y Vox estaban desplegando en distintas comunidades. Una de ellas era la de Castilla y León, sobre la que Naciones Unidas criticó que su regulación de las exhumaciones podría socavar el derecho a la verdad sobre el destino y paradero de las víctimas. Por otro lado, nuestro país ha sido condenado en varias ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no investigar los presuntos delitos de tortura a miembros de ETA. Es decir, más allá de si se produjeron o no, el castigo a España ha llegado por no esclarecer, precisamente, esa cuestión. Es decir, por no permitir conocer la verdad.

Fuera de nuestras fronteras ha ocurrido en casos muy similares a este. Uno de los más llamativos es el conocido como El-Masri contra la república yugoslava de Macedonia, en el que se investigaron las detenciones arbitrarias de presuntos terroristas por parte de Estados Unidos —y con la connivencia de otros estados— tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Era 2012 y el TEDH, más allá del fondo del asunto, resolvió aludiendo a la irregular investigación abierta por las autoridades nacionales macedonias a raíz de la denuncia presentada por la víctima. Luis López Guerra fue uno de sus ponentes y explicó este derecho como la combinación de dos vulneraciones: "Una violación sustantiva, derivada de la realidad de las circunstancias de la muerte o los malos tratos, y otra procesal, derivada de la ausencia de la necesaria investigación".

En cualquier caso, todos los casos en los que se ha invocado esta cuestión comparten varias características: en ellos se vulneró un derecho humano fundamental —a la vida, a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes, a la seguridad y a un recurso efectivo—, el Estado jugó un papel importante en la comisión del delito —porque los cuerpos y fuerzas de seguridad tomaron parte activa en él— y hubo una especial dificultad para la obtención de las pruebas —precisamente por lo anterior. "Cuando concurren todas estas características es cuando entra en juego el derecho a la verdad. Hasta ahora siempre se ha aplicado en el caso de desapariciones forzadas de dictaduras y torturas", señala Flores. "Se ha planteado sobre todo en los casos de cambio de régimen o de conflictos armados", añade por su parte Concepción Escobar, catedrática de Derecho Internacional Público en la UNED. "Es ahí donde opera en sentido estricto", sentencia el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Cádiz Juan Manuel López Ulla. Pero, ¿implica eso que su aplicación esté circunscrita a ese tipo de casos?

"Este es un derecho que está en formación por la jurisprudencia europea. Hasta ahora ha entrado en juego en vulneraciones de derechos muy específicos, pero podría ocurrir en otros", señala el profesor. El de las residencias, para él, es un claro ejemplo. Pero ahora bien, no todos los juristas están de acuerdo.

Vayamos primero a la tesis de Flores. Como explica, no hubo asistencia sanitaria en los geriátricos madrileños —que no pudieron derivar a ningún recurso ni centro sanitario ni fueron medicalizados. Es decir: sucedieron situaciones inhumanas con resultado de muerte. Hubo, por tanto, un derecho fundamental vulnerado. La administración de la Comunidad de Madrid jugó para ello un papel fundamental, puesto que fue fue la artífice de las decisiones que impidieron tratar a miles de ancianos. Y las pruebas de todo esto fueron obtenidas por investigaciones periodísticas como la de por infoLibre. "Lo sucedido en las residencias de Madrid se asemeja mucho a los casos en los que se ha aplicado el derecho a la verdad. Todo esto ya es suficiente para exigir a la Fiscalía una investigación rigurosa", insiste.

La macrodenuncia firmada por 109 familiares interpuesta la semana pasada va en la misma línea. "Decenas de miles de personas, especialmente vulnerables en razón de su enfermedad y/o discapacidad, vieron cómo se les privaba de forma discriminatoria de su derecho a recibir prestación sanitaria, abocándolas a una injusta desatención y un gravísimo sufrimiento, que en el mejor de los casos les produjo consecuencias irreversibles en su integridad física y moral y en el peor terminó con su vida", señala el documento, que añade: "han transcurrido cuatro años y medio desde que se consumaron los delitos que aquí se denuncian sin que hayan sido investigados. A ello hay que sumar una Administración que ha tenido una permanente actitud obstruccionista".

El documento, de 160 páginas, hace alusión en este sentido al derecho a la tutela judicial efectiva recogido en la Constitución, el que además Escobar ve acertado alegar en este caso. "Recoge el derecho a acceder a los tribunales, a presentar una reclamación cuando consideras que se te ha vulnerado un derecho y, además, a que te respondan", explica. Y coincide con ella López Ulla, que enmarca en ese terreno, y no en el que se ha desarrollado internacionalmente, un derecho a la verdad de las familias que, en cualquier caso, este experto sí reconoce. "Las familias deben saber lo que pasó, y acceder a los archivos, informes y documentación, pero no creo que eso se enmarque dentro de lo que recoge el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", sostiene.

El experto se basa en la Carta Magna. Concretamente, en tres artículos: el 105 sobre el derecho de acceso a la información pública, el 20.1 sobre el derecho a la información veraz y el 24.1 que "reconoce el derecho de acceso a la justicia y a un proceso judicial con todas las garantías" que, explica, ya alude a que "ante una denuncia bien motivada de donde se deriven indicios de criminalidad o conductas irregulares, se debe abrir una investigación que aclare lo sucedido".

Invocado o no formalmente, en lo que sí coinciden todos los eexpertos consultados es en que lo sucedido, como mínimo, debería investigarse. Ya no sólo por una cuestión de derecho a la verdad de las familias, sino también de la sociedad en su conjunto, aquello que López Guerra denominó "perspectiva colectiva" del derecho a la verdad. Los presuntos delitos que se pudieron cometer en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia prescriben a los cinco años de cometerse, por lo que la mayoría de casos se cerrarán para siempre a partir de abril y mayo del año que viene. Hasta entonces, señalan siempre las familias, seguirán agotando las vías para conseguir su propósito: verdad, justicia y reparación.

El año 2023 ha estado marcado por dos grandes guerras en Occidente: Ucrania, por supuesto, pero también la guerra entre Israel y Hamás, desatada inmediatamente después de los ataques de Hamás del 7 de octubre. 

Pendiente de hacer una comparación sistemática de estas dos guerras desde el punto de vista táctico, están empezando a emerger sus consecuencias estratégicas para el cuestionamiento discursivo del “Occidente colectivo” y la emergencia del “Sur global”. Pero el punto más evidente que tienen en común es la preeminencia del Tribunal Penal Internacional (TPI), que se ha hecho cargo de ambos casos. 

Antes de 2022, el futuro del TPI, creado por el Estatuto de Roma en 1998 para enjuiciar a individuos y no a Estados, como hace el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de las Naciones Unidas, era incierto. Fue muy criticado por procesar únicamente a dirigentes africanos, sin enfrentarse a Estados occidentales. 

Para contrarrestar esas críticas, la fiscal Fatou Bensouda se declaró competente para juzgar la situación palestino israelí en 2021, al tiempo que mencionaba su deseo de analizar la conducta del ejército americano en Afganistán. La reacción de la administración Trump fue inmediata: Fatou Bensouda fue sometida a sanciones americanas, se le prohibió utilizar servicios bancarios y viajar a Estados Unidos y, por tanto, a la sede de Naciones Unidas.

Las sanciones fueron levantadas por la administración Biden, que, a través del secretario de Estado Antony Blinken, reiteró el compromiso de Estados Unidos con “el Estado de derecho, el acceso a la justicia y la rendición de cuentas de los responsables de atrocidades masivas”. El objetivo de Joe Biden era restaurar el liderazgo moral de Estados Unidos y cerrar la era Trump. 

El Tribunal se encontró por tanto caminando por la cuerda floja, atrapado entre la necesidad de enfrentarse a Estados poderosos para garantizar su imparcialidad, y por tanto su credibilidad, y al mismo tiempo adaptándose a las sensibilidades de esos mismos Estados, para poder asegurar su presupuesto y su posibilidad de seguir trabajando. La invasión rusa de Ucrania llegó en el momento justo para el nuevo fiscal del Tribunal, Karim Khan, quien, en una medida sin precedentes, dictó una orden de detención contra Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova por crímenes de guerra en relación con la deportación de niños ucranianos a Rusia, mientras el conflicto aún estaba en curso. 

En aquel momento, el Tribunal dio una rotunda muestra de su dinamismo, lo que le valió los elogios incluso de Estados Unidos, que históricamente se ha opuesto a cualquier intento de imponer normas que restrinjan la libertad de acción militar de Estados soberanos. 

Ante esa audaz y contundente demostración, enfrentándose a una potencia nuclear con asiento en el Consejo de Seguridad, el Tribunal acalló a sus críticos. El caso Israel-Palestina, que el Tribunal esperaba con impaciencia, podría quedar relegado al olvido, como escribió el pasado mes de septiembre en Le Monde Johann Soufi, abogado y ex director del Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Gaza y fiscal internacional en Ucrania desde septiembre del año pasado. 

Cuando Israel lanzó la operación Espada de Hierro tras los ataques del 7 de octubre de 2023, la avalancha de imágenes sobre el sufrimiento de los civiles israelíes y palestinos volvió a poner a la región en el punto de mira internacional. Karim Khan se encontró una vez más atrapado entre la necesidad de apaciguar a las principales potencias occidentales para asegurar la existencia del Tribunal y el deseo de acallar las críticas a su doble rasero. 

Esas apremiantes demandas de judicialización de los conflictos se ven alimentadas por cambios fundamentales en el entorno operativo, ya sea en Ucrania, Gaza o incluso Siria. La proliferación de sensores, es decir, la presencia de teléfonos móviles, cámaras de videovigilancia y drones, permite documentar el campo de batalla de forma incomparable, registrando las acciones de los soldados y, por tanto, los posibles abusos. 

La investigadora Clotilde Bômont señala que, entre 2001 y 2011, el volumen de datos registrados por los drones de vigilancia americanos aumentó un 1.600%, una tendencia que se mantiene a medida que avanza la tecnología. Esas imágenes pueden utilizarse como pruebas en los tribunales de justicia de una forma sin precedentes. Existen varias asociaciones, en el caso de Siria, Ucrania y también en Israel-Palestina, por ejemplo, que se dedican exclusivamente a la tarea de recopilar y clasificar estos vídeos. 

El hecho de que este conflicto en particular haya sido llevado ante los tribunales se explica también por su historia. Como señala la jurista Noura Erekat en una notable obra publicada en 2019 (Justice for Some: Law and the Question of Palestine, edit. Stanford University Press), el conflicto palestino-israelí implica cuestiones políticas traducidas todas ellas a términos jurídicos. 

Juristas de todo el mundo se han ocupado de este paradigmático conflicto, que también ha puesto a prueba las interpretaciones de varios principios clave del derecho de los conflictos armados, como la distinción entre civiles y combatientes, o el principio de proporcionalidad, que exige que los daños causados por una operación militar se evalúen a la luz de su objetivo militar previsto. 

En 1993, en virtud de los Acuerdos de Oslo, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) renunció a la lucha armada, pero no a su objetivo político: la creación de un Estado palestino soberano. Asesorado por Saeb Erekat, Mahmud Abás publicó en 2011 un artículo en el New York Times titulado The Long Overdue Palestinian State ('El tan esperado Estado Palestino'), en el que exponía una estrategia jurídica: el conflicto debe ser internacional, y concebido no solo en términos políticos, sino también jurídicos. 

Los palestinos se dirigieron al fiscal del TPI en aquel momento, Luis Moreno Ocampo, quien echó balones fuera argumentando que, dado que Palestina no era un Estado, no podía adherirse al Estatuto de Roma. Seguiría una auténtica ofensiva jurídica en la que los líderes palestinos solicitaron su adhesión a varias organizaciones internacionales, un proceso que culminó con su ingreso en la ONU en 2015. Israel criticò duramente esta estrategia, que calificó de lawfare. Incluso concedió a los palestinos un intercambio de prisioneros a cambio de un aplazamiento de la presentación del caso ante el TPI.

En 2021, cuando Fatou Bensouda declaró finalmente que el TPI tenía jurisdicción, la derecha israelí se sublevó, reacción difundida por la administración Trump a través de John Bolton, un feroz opositor al TPI. El martes 28 de mayo, los periodistas de investigación Harry Davies, de The Guardian, y Yuval Abraham, de +972, revelaron las amenazas ejercidas sobre la fiscal por Yossi Cohen, ex jefe del Mossad y estrecho aliado de Benjamin Netanyahu: “Debería ayudarnos y dejar que nosotros la cuidemos. No querrá usted involucrarse en actividades que puedan comprometer su seguridad o la de su familia", le habría dicho. 

Ese es el trasfondo de la rotunda decisión de Karim Khan de dictar una orden de detención contra Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, Yoav Gallant, ministro de Defensa, así como contra Yahya Sinouar, jefe de Hamás en Gaza, Mohammed Deif, al mando de las brigadas Al Qassam, e Ismaël Haniyeh, jefe del buró político del movimiento. 

La decisión de no incluir al Jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, puede explicarse por el hecho de que en Israel, como en otras democracias, el poder militar es un instrumento en manos del escalón político al que está sometido y que, por tanto, asume su responsabilidad. 

En Israel, las reacciones no sorprendieron a nadie: Netanyahu denunció la decisión como “un escándalo moral de proporciones históricas”, considerando que “esta decisión incendiaria sitúa al Sr. Khan entre los grandes antisemitas de los tiempos modernos”. Sin embargo, esta decisión también refuerza las voces disidentes que llevan años intentando utilizar el lenguaje del Derecho para oponerse al aparato de seguridad israelí, como en el caso del abogado israelí Michael Sfard. 

Hay que recordar que las organizaciones de derechos humanos que trabajan en Cisjordania y Gaza, que documentan las violaciones del derecho internacional, han sido reprimidas por Israel, a pesar de que desempeñan un papel clave en la justicia internacional. En 2021, el ministerio de Defensa israelí disolvió por decreto militar seis de las principales organizaciones palestinas de la sociedad civil dedicadas a defender los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. 

Entre ellas se encontraban Addameer, Al-Haq, el Centro Bisan para la Investigación y el Desarrollo, Defensa de los Niños Palestina Internacional, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, todas las cuales habían participado en gestiones ante el TPI. Han sido clasificadas como “terroristas” en base a una ley israelí de 2016, lo que permite prohibirlas, confiscar sus bienes y detener a sus miembros. También está prohibido financiarlas o apoyar públicamente sus actividades. 

Por parte de Hamás, cabe señalar que, en un documento publicado a finales de enero en árabe e inglés, y por tanto destinado al público occidental, titulado Nuestro relato, Hamás pedía una “investigación internacional transparente” y solicitaba al Tribunal Penal Internacional que se hiciera cargo del caso. No obstante, Abu Obaidah, portavoz del movimiento, condenó en Telegram la decisión del TPI, denunciando “los intentos del fiscal de equiparar a la víctima con el verdugo”. 

Ahora se plantea la cuestión de las consecuencias de esta decisión. Karim Khan ha asestado un duro golpe: todos los Estados partes en el Estatuto de Roma, es decir, 124 estados de todo el mundo, deben cooperar con el Tribunal, aunque algunos, como Estados Unidos, Israel y Sudán, nunca hayan ratificado el tratado. En consecuencia, Vladimir Putin está ahora obligado a permanecer en Rusia, so pena de ser detenido, a diferencia de Volodímir Zelensky, que, por ejemplo, ha sido invitado a la cumbre de la Liga Árabe, al G7 y a las capitales europeas. Por tanto, una orden de detención del TPI refuerza el aislamiento diplomático de las personas contra las que se dirige. 

Al margen de estos destinos individuales, el Tribunal se juega el resto: al emitir esta decisión, ya ha recibido numerosas críticas de países no signatarios, como Estados Unidos, pero también –y eso es más preocupante– de países signatarios, como Italia. Está en juego el futuro del sistema internacional tal y como se concibió después de 1945, en el que la soberanía de los Estados está sujeta a normas internacionales basadas en el respeto a las personas, y que se aplica a todos. 

«¡Qué inocentes hemos sido al pensar que la ley es un medio para obtener derechos y justicia! La ley es aquí un recipiente para lo que el gobernante quiere, o un traje que encarga a su medida", concluía Mahmoud Darwich en su poemario Crónicas de la tristeza ordinaria. Con esta decisión, Karim Khan nos insta a todos a redescubrir nuestra inocencia, con la esperanza de “triunfar sobre el poder y la fuerza bruta”, como declaró el fiscal a la CNN.

Caja negra

Amélie Férey es investigadora en el Centro de Estudios de Seguridad y responsable del Laboratorio de Investigación sobre Defensa (LRD) del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri). Trabaja principalmente sobre la ética y el derecho de la guerra y sobre el conflicto israelo-palestino.

Traducción de Miguel López

La tan esperada ampliación de la justicia universal está un paso más cerca de convertirse en realidad. Una década después del golpe que el Gobierno de Mariano Rajoy asestó a dicha jurisdicción, el Congreso de los Diputados acaba de dar luz verde a la tramitación de una proposición de ley de Sumar con la que se busca, precisamente, corregir los aspectos más nocivos que trajo consigo la reforma conservadora. Todos los partidos del bloque de investidura se han mostrado a favor de regresar al modelo previo a 2014, mucho menos restrictivo. Una vuelta al pasado que, en caso de culminarse en los términos previstos, permitiría reabrir investigaciones judiciales sobre crímenes que quedaron impunes. Causas que acabaron en un cajón como consecuencia del recorte del Ejecutivo del PP.

España ha sido un país pionero en el desarrollo y aplicación del principio de justicia universal. El mismo ya se incluyó en 1985 en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero la amplitud que se recogía en aquella versión inicial se ha ido limitando con el paso de los años. La reforma de 2009 de la norma introdujo en dicha jurisdicción la necesidad de acreditar determinados “puntos de conexión” o un “vínculo” relevante con España para que nuestros tribunales pudieran hacerse cargo de determinados delitos. Y luego llegó la modificación conservadora de 2014, que terminó dando la puntilla final a la jurisdicción universal con la introducción de nuevos condicionantes que limitaron todavía más la competencia para perseguir hechos de gran gravedad fuera de nuestras fronteras.

Aquella reforma se tramitó de manera exprés tras la decisión del juez Ismael Moreno de dictar una orden de detención internacional contra el expresidente de China Jiang Zemin y el ex primer ministro Li Peng por genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad contra la población del Tíbet en los ochenta y noventa. De ahí que tanto en la judicatura como a nivel político se diera por hecho que el cambio solo buscaba destensar relaciones con el gigante asiático. A partir de la reforma, nuestros tribunales sólo pueden conocer casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cuando el autor es español o extranjero residente en España. Y en los de tortura, es necesario que el procedimiento se dirija contra un nacional o que la víctima tenga nacionalidad española y el autor esté en nuestro país.

Ahora, una década después, el bloque de la investidura parece dispuesto a regresar al modelo anterior, el que permitía a nuestros tribunales asumir cualquier caso relacionado con hechos de este tipo cometidos fuera del territorio nacional por personas físicas españolas o extranjeras, sin necesidad de que estas últimas residan en nuestro país o se encuentren en nuestro territorio. Una vuelta al pasado que, coinciden los expertos consultados por infoLibre, permitiría reabrir aquellas causas que el cambio normativo del PP obligó a archivar —porque la reforma conservadora vino acompañada de una disposición transitoria que obligaba a sobreseer los procedimientos en tramitación que no se ajustasen a los nuevos requisitos—.

“En principio, y siempre que se apruebe en los términos previstos, no debería haber ningún obstáculo para reiniciar las investigaciones que estaban abiertas en aquel momento si sobre las mismas no se decretó el sobreseimiento libre, que tiene fuerza de cosa juzgada”, apunta al otro lado del teléfono el exmagistrado de la Audiencia Nacional y director del despacho de abogados Ilocad, Baltasar Garzón. Coincide Manuel Ollé, abogado, profesor y uno de los expertos en derecho internacional que formó parte del consejo asesor para la recuperación de la jurisdicción universal durante la etapa de Dolores Delgado al frente del Ministerio de Justicia: “Podría dar lugar a la reapertura de los casos siempre que concurran los requisitos que finalmente queden fijados en la nueva ley”.

La reforma planteada ahora por Sumar, cuya tramitación acaba de arrancar en la Cámara Baja y aún debe superar todo el proceso de enmiendas, trata de dejar esto bien atado. De ahí que la proposición incluya una disposición transitoria que obliga a los juzgados o tribunales a reabrir “de oficio” todos aquellos procesos que fueron sobreseídos o archivados tras el recorte impulsado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con independencia de “su estado, de los recursos presentados y del tribunal que conociera su resolución”. Uno de ellos es el caso Couso, centrado en el asesinato del cámara español José Couso en un ataque del Ejército de Estados Unidos contra el Hotel Palestina, donde se alojaba la prensa internacional durante la guerra de Irak.

No fue, sin embargo, el único procedimiento que acabó metido en un cajón una vez entró en vigor la reforma impulsada por el Gobierno conservador. La misma suerte corrió la investigación por el genocidio chino en Tíbet, que generó una crisis diplomática con el gigante asiático y precipitó el recorte de la jurisdicción universal del PP. O el caso Falun Gong, que tuvo su origen en una querella presentada por varias víctimas de la represión que sufrieron los miembros de este grupo religioso por parte de las autoridades chinas desde finales de los noventa. Cambios normativos que también afectaron al caso Ruanda, que se siguió por genocidio, torturas, terrorismo y crímenes contra la humanidad en ese país y el Congo en los noventa.

El sobreseimiento de todos estos procedimientos se acordó con base en lo establecido en la disposición transitoria que incluía la reforma del PP. Una modalidad que, se encargó de señalar el Supremo, tiene “unos efectos similares” al “sobreseimiento provisional”, lo que implica que tales carpetazos no deben entenderse como definitivos. Eso fue lo que pasó también con la causa abierta en su día por el ataque que el Ejército israelí perpetró en 2010 contra activistas de la Flotilla de la Libertad, en el que murieron nueve personas, tres de ellas españolas. Tras el recorte de la jurisdicción universal, la Audiencia Nacional tuvo que decretar el sobreseimiento provisional del caso. Y lo mismo ocurrió con la investigación centrada en las torturas producidas en la cárcel de Guantánamo.

Ollé pone también el ojo en los crímenes cometidos por el Ejército de El Salvador a finales de los ochenta. A pesar de la reforma de la jurisdicción universal, la Audiencia Nacional continuó con la investigación del asesinato de cinco jesuitas españoles —Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo— agarrándose al delito de atentado terrorista. Y la justicia española llegó a condenar a 133 años de cárcel al coronel salvadoreño Inocente Montano por estos hechos. Sin embargo, impunes quedaron el resto de responsables y los asesinatos de tres ciudadanos salvadoreños que había sido ejecutados aquel mismo día. La Audiencia Nacional solo pudo hacerse cargo de sus nacionales.

Han pasado dieciocho años del asesinato del cámara de televisión José Couso durante el bombardeo de tropas estadounidenses contra el Hotel Palestina, donde se alojaban los periodistas por indicación del Pentágono en los primeros meses de la guerra de Irak. Y la familia sigue esperando justicia, que podría llegar a través de dos vías: una judicial y otra política. Por un lado, están esperando la respuesta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, donde recurrieron a finales de 2019 acusando al Estado español de privarles de protección ante las modificaciones de la legislación española que incapacitan seguir adelante con el caso. Por otro, siguen sin tener noticias sobre la anunciada recuperación de la justicia universal que prometió el Gobierno de coalición.

La vuelta de la justicia universal a la legislación española sería la única manera de poder reabrir el caso en los tribunales españoles, cuenta a infoLibre David Couso, hermano del cámara asesinado. Era una cuestión que estaba "en el acuerdo programático del Gobierno de coalición". "Buscamos que la legislación de los países defienda a sus ciudadanos y, aunque suene un poco de película, sentar a los culpables en el banquillo independientemente de su nacionalidad", explica.

Sin embargo, cuenta que en febrero de 2020 la familia mantuvo una reunión con representantes del PSOE en el Congreso en la que les comunicaron que la reforma "no era un asunto prioritario porque todavía quedaba mucha legislatura". Aunque de los socialistas ya no esperaban mucho, Couso reconoce que se siente "bastante enfadado y decepcionado" con la otra parte del Ejecutivo, con Unidas Podemos, un partido que hasta el año pasado había "defendido la causa todos estos años", había presentado "proposiciones no de ley" y había "trabajado para que se cambie la ley". Ahora, dice, de momento sólo encuentran silencio.

"Priman más las elecciones"

Según el hermano del cámara de televisión, en las últimas semanas ha solicitado una reunión con miembros de la parte morada del Gobierno y con el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, "para que expliquen su comportamiento" y manifestarles su "enfado y decepción con su actitud", pero "parece ser que priman más las elecciones en la Comunidad de Madrid que recibir a la familia Couso". "Se están comportando como sus predecesores y representan la miseria y la traición", ha denunciado.

Couso se muestra especialmente dolido con el silencio que, según asegura, guardó Unidas Podemos después de conocerse el escrito que la Abogacía del Estado había remitido al tribunal de Estrasburgo pidiendo que se desestime el recurso de la familia al considerar que "no ha existido violación alguna del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte del Reino de España" en el caso del cámara. Se refiere a un documento en el que los servicios jurídicos del Estado respondían a la serie de preguntas que le dirigieron desde el TEDH para poder estudiar el recurso.

En ese escrito, la Abogacía aludía efectivamente a la regulación de la jurisdicción universal llevada a cabo por el anterior gobierno del PP en 2014 para justificar que las autoridades españolas carecen de competencia legal para perseguir a los responsables de un crimen "cometido fuera de su territorio por agentes de un tercer Estado, mientras no se cumplan los requisitos de procedibilidad, esencialmente, que los responsables se encuentren en territorio español". En este sentido, afirmaba que "los derechos del demandante a un proceso con las debidas garantías y el acceso a un remedio efectivo fueron debidamente respetados", puesto que hasta la reforma de 2014 se desplegó por parte de las autoridades nacionales "una intensísima actuación de investigación judicial para determinar los responsables del crimen".

Ningún recurso para investigar y juzgar

Precisamente esto es lo que alega la familia en su recurso a Estraburgo, que "no existe actualmente ninguna posibilidad" de que el caso sea enjuiciado, "por lo que quedará impune" si no se cambia la ley. "Es decir, el Estado español no pone actualmente a disposición de la familia Couso ningún recurso ni mecanismo que permita la denuncia, investigación y enjuiciamiento", explica.

El hermano de José Couso cree que "la esperanza siempre hay que tenerla" y ha recordado que en estos casi veinte años desde el asesinato ha habido derrotas, pero también "importantes victorias" como fue conseguir que la Audiencia Nacional abriera una investigación y llamara a declarar a testigos que dejaron "totalmente demostrado que fue un crimen de guerra". La causa se cerró por la reforma de 2014 debido a que, en su opinión, en España hay "unos políticos sumisos y lacayos" de Estados Unidos, pero advierte: "Cuando no hay justicia, no hay democracia".

A la pregunta de si esperan que el Gobierno les pida perdón en caso de que el tribunal de Estrasburgo les dé la razón, Couso responde que la familia no busca eso, sino que "la legislación de los países defienda a sus ciudadanos". "Pese a que el tribunal europeo no puede modificar legislación interna de un Estado miembro, sería una victoria moral, un respaldo muy potente a la causa y una bofetada sonora al Gobierno de coalición", afirma.

No había sucedido antes en ninguna parte del mundo. En vísperas del décimo aniversario del levantamiento popular en Siria, el 15 de marzo de 2011, el Gobierno del déspota sirio Bashar al-Asad finalmente ha sido considerado responsable de “crímenes contra la humanidad” por un juez; la Justicia alemana condenaba, el pasado 24 de febrero, al ingreso en prisión a Eyad al-Gharib, antiguo agente de la sección 251 de los servicios generales de inteligencia sirios.

Tras 60 días de audiencias, en un juicio que dio comienzo en abril de 2020, el Tribunal Superior Regional de Coblenza declaró a este sirio de 44 años culpable de haber participado en la detención en 2011 de al menos treinta manifestantes en Duma, cerca de Damasco, y su traslado a un centro de detención de los servicios de inteligencia.

Al-Gharib ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión por “complicidad en crímenes contra la humanidad”. El fiscal federal pedía cinco años y medio. Su deserción en 2012 y, sobre todo, el hecho de que nunca ocultara su función ni su papel a las autoridades alemanas le permitieron beneficiarse de circunstancias atenuantes.

Los servicios de inteligencia, instrumento de muerte del clan Asad contra la población rebelde, practican masivamente tortura, violaciones y asesinatos. A principios de enero de 2020, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) cifraba en 88.000 las víctimas mortales.

Para Luna Wafta, periodista siria huida a Alemania, ella misma víctima y testigo, “este juicio no ha revelado nada nuevo. El mundo entero ya sabe lo que está ocurriendo en Siria. Pero esta sentencia puede ser el comienzo de un largo proceso legal que llevará a la condena del régimen”, señaló en declaraciones a Radio-Canadá.

“Sin embargo, es la primera vez que un tribunal confirma que las acciones del Gobierno sirio y sus colaboradores son crímenes contra la humanidad”, analiza Patrick Kroker, abogado del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), con sede en Berlín, que representa a la acusación frente a Eyad al-Gharib y su jefe Anwar Raslan. Este último también debe responder ante la Justicia alemana de la muerte de 58 personas y de los abusos infligidos a más de 4.000. El fallo se hará público en octubre.

“Los testimonios de los supervivientes de la tortura y de los agentes de los servicios de inteligencia, así como las fotos de César, demuestran el alcance y el carácter sistémico de las desapariciones forzadas, la tortura y la violencia sexual en Siria. La relevancia de estas pruebas va mucho más allá del juicio de Coblenza”, añade Patrick Kroker. César es el pseudónimo de un fotógrafo de la Policía siria que desertó y entregó a la justicia internacional casi 55.000 fotografías de los abusos y asesinatos del régimen.

Contactada por Mediapart (socio editorial de infoLibre), la magistrada suiza Carla del Ponte, exfiscal del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que dejó la Comisión de Investigación sobre Siria por la inacción de la ONU, recibía con satisfacción la decisión del Tribunal Superior regional de Coblenza: “Es un primer paso y, naturalmente, es muy positivo para las víctimas. También acojo con satisfacción la voluntad de Alemania de recurrir al principio de Justicia universal para detener y juzgar a estos criminales”.

Sin embargo, diez años después del inicio del conflicto, Del Ponte cree que mientras no se juzgue a los dignatarios del régimen y a Bashar al-Asad, “estaremos ante una Justicia parcial”.

Ante el drama sirio, la situación jurídica internacional sigue bloqueada. Como Siria no es firmante del Estatuto de Roma, texto fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI), ésta no puede procesar al régimen sirio. Además, el aliado ruso de Asad veta sistemáticamente cualquier intento de remitir el asunto a la CPI a través del Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo que sólo queda Justicia universal de los Estados.

“Cuando se creó la CPI, se amplió la jurisdicción nacional, lo que significa que un país tiene derecho a detener y juzgar a un delincuente en su territorio, aunque no haya cometido ningún delito en ese país. Se consideró que la CPI no podía juzgar a todo el mundo y debía centrarse en los principales delincuentes. Algunos países, como Alemania, optaron por adoptar el principio de Justicia universal absoluta, es decir, sin restricciones. Otros lo han sometido a ciertas condiciones”, explica Del Ponte.

Sobre la base de este principio, Alemania ha decidido actuar. Francia también ha detenido a un criminal sirio vinculado al Gobierno de Assad y está preparando su juicio. “La decisión alemana, unida al hecho de que nuestro país ha acogido a muchos refugiados sirios, entre los que se encuentran criminales en la clandestinidad, pero sobre todo muchas víctimas y testigos, hace que la Justicia alemana tenga la oportunidad de recabar un gran número de testimonios, y no sólo los de las víctimas de los crímenes del Gobierno”, precisa Patrick Kroker.

El fiscal federal alemán, que es quien decide si se aplica la Justicia universal o no, ha hecho detener, por ejemplo, a un médico sirio que apoya al régimen y cuya imputación se espera para mediados de 2021. Además, están en marcha dos investigaciones generales (Strukturverfahren), que no se dirigen a nadie en particular, sino que pretenden recoger pruebas y testimonios sobre los crímenes del régimen sirio, algo así como el “Mecanismo internacional para la recogida de pruebas de crímenes de guerra en Siria”, creado en 2016 por la ONU.

Sin embargo, Patrick Kroker no echa las campañas al vuelo. “Esta sentencia es una de las primeras piezas del puzzle. Suelen ser los más difíciles de poner en marcha. Ya está hecho. La máquina está en marcha. Sin embargo, por frustrante que sea, sigo sin ver ninguna posibilidad de una rápida acusación internacional contra Asad y su régimen”. Además, recuerda que se necesitaron varias décadas para llevar a juicio a los dirigentes de los jemeres rojos, a los generales argentinos y a los responsables de Auschwitz y de los campos de exterminio nazis.

Por su parte, Amnistía Internacional, a través de Lynn Maalouf, su directora regional adjunta para el Norte de África y Oriente Medio, ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que “remita urgentemente la situación en Siria a la Corte Penal Internacional para garantizar que los autores de todas las partes del conflicto, incluidos los ‘máximos responsables’, es decir, los altos funcionarios y los mandos, sean llevados ante la Justicia”.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Agentes de la Policía Nacional han detenido este viernes a las 15.30 en Madrid al ex general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Hugo Carvajal, reclamado por Estados Unidos por un delito de narcotráfico, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Carvajal, que tiene una carrera militar de más de 30 años y fue jefe de la inteligencia militar, había publicado el pasado 21 de febrero un vídeo en el que reconocía como presidente encargado a Juan Guaidó.

Contra Carvajal pesan cargos por narcotráfico en Estados Unidos, que en 2008 le impuso sanciones por ayudar al tráfico de droga por parte de las FARC. En 2014 evitó la extradición a Estados Unidos, que le buscaba en relación con el 'Cártel de los Soles', desde la isla de Aruba, porque el Gobierno holandés consideró que el general retirado contaba con inmunidad diplomática.

Lo que se narra en las cerca de 800 páginas de No a la impunidad pueden ser un motivo de esperanza o de descreimiento absoluto hacia las bondades del ser humano. En él, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón recorre casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra a un lado y otro de la geografía: Argentina, Chile, Guatemala, España, el Sáhara, Guantánamo, Tíbet, Palestina... Pero son también casos en los que ha actuado la justicia universal, en los que distintos países han colaborado para resarcir a las víctimas y condenar a unos criminales que se veían muy, muy lejos de tener que pagar por sus acciones. 

Garzón, claro, sabe de lo que habla. Es célebre su participación en la instrucción del caso contra el dictador chileno Augusto Pinochet, o en el juicio en España contra el exmilitar argentino Adolfo Scilingo por desapariciones durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional. Está presente, como protagonista o testigo en la distancia, en varios de los sucesos históricos, políticos y judiciales que relata, y entonces No a la impunidad podría parecer casi unas memorias. En otros, se limita a dar nociones históricas o lecciones sobre el funcionamiento jurídico. Pero todos sirven de introducción para el último capítulo, donde el jurista enumera los principios de la Fundación Internacional Baltasar Garzón —la relación es obvia—, que trata de impulsar la idea de la jurisdicción universal en un momento, se lamenta el autor, de "retroceso". 

Pregunta. Al inicio del libro, hablando del caso argentino, hace mención ya a un Tribunal Supremo “siempre reacio a la aplicación del principio de jurisdicción universal”. ¿Cómo ha evolucionado, en el caso español, la implantación o no de esta idea?

Respuesta. El Tribunal Supremo siempre ha tenido un enfoque muy restrictivo de la aplicación de la jurisdicción universal. Los avances que se han producido no han venido de su mano, sino del Tribunal Constitucional. Ha habido un fenómeno curioso en España: siempre en la máxima instancia judicial y en los tribunales colegiados ha habido una visión restrictiva. Ha tenido que ser desde la base, los jueces de instrucción han sido quienes han tenido que instalar ese principio. Con una excepción fundamental, que fue la decisión unánime de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, a final de octubre de 1998, en los casos Argentina y Chile, cuando dijo que existía una jurisdicción en España [que hacía posible la investigación de los crímenes de las dictaduras]. Digamos que el principio de jurisdicción universal se instaló en ese momento. Esa es la teoría en la que hemos estado hasta 2014, con las restricciones legales de 2009 a la jurisdicción universal, y el año pasado, cuando el Tribunal Constitucional dijo que era constitucional la ley de 2014. Esta ley establece que esto es una cuestión parlamentaria: es decir, que si el Congreso acuerda que se reduzca o que se amplíe, eso no afecta a derechos constitucionales. No comparto esa idea, pero es ahí donde estamos.

De las primeras interpretaciones a estas hemos conseguido avanzar, pero con el hándicap de que el Tribunal Supremo siempre ha ido en el sentido de restringir, de buscar los elementos que conectaran los casos a España [se exige que la víctima sea española o que los perpetradores estén en España]. Esa visión, que es la que está vigente, muchos no la compartimos, porque desnaturaliza la propia figura de la jurisdicción universal, que es el instrumento que supone la última esperanza de las víctimas. El nuestro es un planteamiento que entroniza el concepto de víctima universal frente a crímenes universales, como son lesa humanidad, genocidio, guerra. La esencia de la jurisdicción universal es la de la ley de 1985. La visión restrictiva actual es más acorde con la política, la diplomacia y los  intereses económicos, porque reduce y molesta menos a quienes se puedan ver objeto de investigación.

P. ¿Cuál es el origen de este modelo que defiende que para que se pueda aplicar la jurisdicción universal la víctima tiene que ser del país en el que se juzga, o tienen que estar ahí los acusados?

R. Realmente es una sucesión de decisiones. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, en el caso Yerodia Ndombasi [exministro y exvicepresidente del Congo], que se cuenta en el libro, establece limitaciones, en este caso de las inmunidades. Empieza a funcionar la Corte Penal Internacional también, se producen fricciones… Pero no había un modelo concreto. El español y el belga eran los más abiertos, con la ley del 85 española y la del 93 belga. La primera que se reduce en su ámbito de aplicación es la belga, en 2003, por clara presión de Estados Unidos. Donald Rumsfeld [secretario de Defensa de George W. Bush] viene a decir: “Ustedes pueden enjuiciar al presidente de los Estados Unidos o al secretario de Defensa, pero nosotros nos podemos llevar la sede de la OTAN de Bruselas”. Ahí, en dos meses se redujo la aplicación de la ley y ahí se estableció por primera vez la necesidad de un primer punto de conexión [para que la justicia belga actuara, la víctima tenía que ser belga o residente de larga duración]. España sigue ese modelo en 2009, en contra de lo que había fijado el Constitucional,que la deciden PSOE y PP. Ahí se establecen dos puntos de conexión [que la víctima sea española y que los presuntos responsables se encuentren en España].

Yo soy partidario de una concepción de la jurisdicción universal abierta. Pero yo no puedo calificar que mi postura sea adecuada; lo importante sería que los países establecieran mecanismos de jurisdicción universal y fueran capaces de ponerse de acuerdo para que no haya focos de impunidad. En esa línea van los nuevos principios de la jurisdicción universal que se citan en el libro y que la fundación nuestra los ha promovido, después de un trabajo con más de 100 juristas a lo largo de varios años.

P. Cuando se ponen en marcha los mecanismos de jurisdicción universal, ¿se pone en evidencia al país donde han ocurrido los crímenes y es ahí donde se crean tensiones?

R. Absolutamente. Porque se percibe de una forma errónea, de que esto afecta al principio de soberanía, al principio de territorialidad… Sí, pero la jurisdicción universal no es algo inventado, no la hemos creado los jueces, está en tratados internacionales. Hay 14 convenios que reconocen el principio de jurisdicción universal. Si ratificas esos convenios, estás compartiendo soberanía, y estás diciendo que te comprometes a aplicarlos. Lo que no puede ser es que luego cuando llega la realidad digas que no te interesa, y buscas la trampa. No haga la trampa de decir que se encargue de eso la Corte Penal Internacional, cuando sabes que la Corte Penal Internacional, por el principio de complementariedad, no lo va a investigar, o porque afecta a un país que no está dentro de la Corte. Eso es hacer trampa, es generar impunidad y falta de protección a las víctimas. Es un ataque a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. En definitiva: o te crees esto o no te lo crees. Y si no te lo crees, hay que ser lo suficientemente coherente políticamente hablando, y sabremos dónde te ubicas. Pero no te pongas el traje de derechos humanos con artificios interpretativos. Desgraciadamente España, en su cúpula judicial y constitucional ahora, ha optado por esa interpretación hiper restrictiva que para mí va en contra de la consolidación de la jurisdicción universal.

Y tenemos que ir a más. De ahí el planteamiento de los principios de la jurisdicción universal, extensible a crímenes económicos y financieros cuando afectan masivamente a la población, o crímenes medioambientales cuando afectan al futuro de cada uno de nosotros como género humano. Si esto no se ve, es que algo grave nos está pasando. Que sean los chavales los que, con el Viernes Verde [la huelga estudiantil internacional para reclamar más y mejores medidas contra el cambio climático], estén diciendo que ya de una vez protejamos la naturaleza demuestra un déficit gravísimo en quienes nos representan y en quienes deciden también judicialmente. Estamos dando pasos atrás por mor de intereses políticos, financieros y diplomáticos, que siempre están ahí, pero siempre para proteger a los victimarios.

P. El libro también describe la colaboración entre la justicia de distintos países, y en algunos casos las trabas para hacerlo. ¿Ha podido sacar conclusiones de la relación con otros sistemas judiciales?

R. He sacado conclusiones muy claras. Las instituciones de los distintos Estados siempre han sido entorpecedoras de la jurisdicción universal. Ha habido avances gracias al impulso de las víctimas, de organismos de derechos humanos y de activistas y abogados, y por otra parte de jueces y fiscales comprometidos en distintos países, que sorteando leyes como las de Obediencia debida y Punto final [que exoneraban e indultaban a victimarios de la dictadura Argentina] han, o hemos, encontrado el camino de cooperación. Al principio tuvimos que ingeniárnoslas para que los testigos vinieran aquí, para buscar apoyo de organismos internacionales. Es lo mismo que hicimos en la lucha contra el terrorismo o el narcotráfico en esos años, porque no existían mecanismos. Aprovechamos la experiencia de crímenes que eran más asequibles para la ciudadanía, como el narcotráfico —más que aquellos como los de lesa humanidad o genocidio, que prácticamente no se conocían en la sociedad española—, y luego tomamos esos mecanismos y los aplicamos a los que, curiosamente, eran en el fondo aquellos casos para los que fueron creados. Cuando se nos ponía una traba, buscábamos una alternativa. Recuerdo estar con tres o cuatro teléfonos hablando con un juez belga, con uno de Santiago de Chile, con uno de Italia, con uno de Argentina, casi a escondidas, porque si no nos sancionaban. Tuvimos que ir inventando esos espacios. Esa es otra ventaja de la jurisdicción universal: que ha contribuido a agilizar la colaboración entre distintos sistemas judiciales y a generar confianza, cuando los Gobiernos impedían esa cooperación. En el caso Pinochet se vio claramente: hubo voluntad por parte de los británicos, por parte de los españoles, y hubo negativa por parte del Gobierno español, que fuimos sorteando hasta que el juez belga tomó el relevo. Esos avances, esa parte no se conoce, y ha sido invaluable.

P. En el libro figuran casos de éxito, casos más difíciles y algunos en los que hay victorias y derrotas. ¿Hay un claro caso de éxito que marque el camino a seguir?

R. Chile y Argentina, y a otro nivel Guatemala y el caso de Hissène Habré son ejemplos de cómo se puede actuar. El de Habré, un dictador del Chad con más de 20.000 víctimas a sus espaldas, ha puesto de manifiesto la acción conjunta. Primero, de un país como Senegal que intenta hacer y no puede; de Bélgica, que inicia y el país de origen plantea que no puede ser; entra en liza la Corte Internacional de justicia y en 2012 dice que se tiene que juzgar; y luego la Unión Africana toma cartas y propone crear un tribunal específico en Senegal, con jueces internacionales. Finalmente, con participación de las víctimas se convierte en condena a cadena perpetua en 2016. Han sido largos años, pero han producido fruto y han marcado precedente.

El de [el dictador chileno Augusto] Pinochet revolucionó el derecho penal internacional. En todos los sentidos. Olvídate del juez que propició la detención y demás [él mismo]: son experiencias de vida que yo cuento en el libro. La verdad es que fue una puerta que se abrió. Se han escrito miles de artículos, centenares de libros, tesis doctorales. Cambió la historia y abrió la brecha contra la impunidad en Chile. El caso Argentina fue exactamente lo mismo. De haber habido un juicio histórico como el de las Juntas argentinas en 1984, y de ser también histórico en lo negativo con las leyes de Obediencia debida y Punto final, la fuerza de las víctimas, en todos los casos, consiguió esos cambios. Los demás somos actores secundarios, necesarios pero secundarios. Cuando se cierra la posibilidad en España, se promueve allí la abolición de esas leyes, y a día de hoy son más de 700 perpetradores los que están enjuiciados. En Guatemala, exactamente lo mismo. La lucha titánica de las víctimas aquí —cuando Rigoberta Menchú [líder indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz] viene— determina que jueces y juezas valientes en Guatemala tomen la decisión de combatir la inmunidad. ¿Por qué? Porque están siendo apoyados internacionalmente. Eso es otro de los efectos de la jurisdicción universal, que es balsámico: cuando unos profesionales del derecho están actuando en un país y se ven acosados por los elementos que apoyan la impunidad, que sean apoyados por otro país determina que el ámbito de acción contra los perpetradores se amplía. A mí muchas veces me lo han reclamado: "Venid, solo con los procedimientos abiertos nosotros estamos protegidos". Esto no quieren reconocerlo los Estados.

P. Habla de las leyes de Obediencia debida y Punto final, y es inevitable, leyendo en el libro primero sobre el caso argentino y luego sobre el español, hacerse preguntas. ¿Cómo puede afectar la querella argentina a la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, que reclaman algunos colectivos por la memoria histórica y algunos partidos?algunos colectivospartidos

R. Antes o después nos vamos a dar cuenta de que la derogación de la Ley de Amnistía no afecta para nada a los derechos de quienes se beneficiaron de ella. La Ley de Amnistía nunca estuvo pensada para los crímenes franquistas. De hecho, en los debates de la época ni se mencionaron. En el precedente de la Ley de Amnistía, que son los decretos ley de amnistía de un año antes, hay una circular interna del fiscal del reino donde se dirige a todos los fiscales en relación a su aplicación, y donde dice que no se aplicará a los crímenes horrendos. Esto, en la terminología internacional actual, son crímenes de genocidio, de lesa humanidad y guerra. La única interpretación auténtica que hay del sistema judicial de la época excluía esa interpretación. Pero es que además, y lo decía en mi resolución del 16 de octubre de 2008 en la investigación de los crímenes del franquismo, la Ley de Amnistía no puede amparar a crímenes en un contexto de guerra o que por su naturaleza responden a un concepto de lesa humanidad y genocidio. Esos son crímenes permanentes.

En España existe un temor infundado a tocar la Transición y una determinación inamovible de determinados sectores a no hacerlo, como si reinterpretar, modificar o derogar la Ley de Amnistía fuera a atacar la Transición. No, es que jamás en una transición se puede acatar como principio la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Eso no es una transición, eso es una consumación de la impunidad. Si aceptamos que esto es así, aceptamos que el olvido y la impunidad fue lo que reinó. Eso no es mejorar un país, es construirlo desde la impunidad, que es lo que estamos combatiendo muchos. Aquí hubo represión, hubo tortura sistemática, hubo arbitrariedad, y hasta que no reconozcamos esto y dejemos de vestir al franquismo con la vestimenta de la desmemoria no vamos a consolidarnos como una democracia moderna. 

P. ¿Cree que la querella argentina [que investiga allí los crímenes franquistas] servirá para algo en este sentido, para avivar el debate?querella argentina

R. Aquí el debate se invisibiliza, no interesa que esté, se orilla hacia reductos políticos muy concretos o hacia sectores académicos. No se ha abordado el tema de los crímenes franquistas en su totalidad. Se sigue tomando la Ley de Amnistía como escudo ante cualquier intento de investigación, y se opone incluso a una formación de la Comisión de la Verdad. Si no quieren tocar la Ley de Amnistía, que para mí ya digo que podría perfectamente orillarse, que se haga una comisión. Con una investigación, unas conclusiones. Que no sería nada novedoso: en el mundo ha habido cuarenta y tantas, y han producido efectos diversos, algunos muy cauterizantes. ¿Por qué no se quiere hacer? ¿Por qué un sector de la población, que coincide con el sector conservador o de derechas, no quiere que se toque? Como no se ha abordado nunca desde la óptica de la defensa de las víctimas, para el empoderamiento de su derecho a la verdad, hasta que no lo hagamos eso va a seguir generación tras generación. ¿Por qué no se hace, qué se va a quebrantar? ¿Ha quebrantado algo en Argentina? Allí se duda sobre si seguir adelante o no con los procedimientos, pero los lugares de memoria, el hecho en sí de las atrocidades que se cometieron, eso es indiscutible. Eso no se ha conseguido en España, no lo ha habido con la Ley de Memoria Histórica, ahora se intentaba con la reforma de la ley que, desafortunadamente, por esta legislatura corta, ya no se va a hacer.

P. Haciendo un ejercicio de adivinación, ¿qué futuro ve en la querella argentina?

R. Habría que decir qué futuro veo en la querella argentina y en la jurisdicción universal, porque va a la par. En los momentos de crisis legal o de crisis institucional desde las iniciativas que hay en contra de la jurisdicción universal, es cuando más tenemos que pelear a su favor. Este es el sentido del libro, en el que ha dado tiempo a recoger casi hasta el día de hoy cada caso. En el último capítulo apuesto claramente por esa extensión a crímenes económicos y financieros, a crímenes ambientales. Es necesario, es urgente, estamos ciegos, los jóvenes nos están sacando los colores. Va a haber agresiones medioambientales delictivas que hoy día no tienen una reacción internacional. Necesitamos la jurisdicción universal. 

En eso se enmarca también el éxito o el fracaso de la querella argentina. Influyen algunos elementos más, como la falta de cooperación de España. Ha habido intención de cooperación, me consta que la titular actual del ministerio de Defensa, Dolores Delgado [cuyo papel como fiscal en el caso argentino alaba], ha propuesto esa apertura, en esa idea en la que ella se instala también de que puede haber una cooperación para aportar elementos de prueba. Que pueden ser de descargo, ojo. Hay personas que están afectadas por la querella que quieren declarar, como Martín Villa [ministro del Interior en los últimos años del franquismo], y no pueden porque no se les da la posibilidad de hacerlo. Creo que es un error que España no se haya prestado. Ya que aquí no se pudo actuar porque el Tribunal Supremo lo impidió, sería necesario establecer mecanismos de cooperación, para que allí se establezcan las conclusiones que se puedan aplicar aquí. Si allí se mantiene la acción, esa cooperación tarde o temprano se tiene que producir.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado constitucional la reforma de la justicia universal que aprobó el PP, con su mayoría absoluta, en marzo de 2014, según han informado fuentes del tribunal de garantías. De este modo, ha desestimado el recurso que presentó el PSOE dos meses después. Informa Europa Press.

Tras más de cuatro años desde que el PSOE acudió al Tribunal Constitucional contra la limitación de la jurisdicción universal establecida en la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el Pleno ha acordado este miércoles por unanimidad rechazar su recurso. Los socialistas consideraban que la reforma exprés que realizó el PP en 2014 vulneraba la tutela judicial efectiva de las víctimas, la independencia de los jueces y los convenios internacionales regulados en la propia Carta Magna.

Los magistrados admitieron a trámite el recurso de inconstintucionalidad de los socialistas en junio de 2014 y hasta ahora no se han pronunciado sobre el fondo del asunto. La sentencia, que se conocerá en los próximos días, señala que la justicia universal puede ser limitada por el Legislativo, por lo que la reforma de los conservadores carece de tacha constitucional, según apuntan las fuentes consultadas.

Esta reforma fue polémica dado que se introdujeron nuevos supuestos que endureció lo establecido en 2009 con la modificación que hizo de la misma el PSOE. El PP limitó la persecución de los delitos de genocidio y lesa humanidad a los procedimientos que se dirijan contra españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad tras cometer el hecho o cuya extradición haya sido denegada.

La Audiencia Nacional, impedida

Así se imposibilitó a la Audiencia Nacional continuar investigando causas abiertas en virtud de la jurisdicción universal, entre ellas la del genocidio en el Tíbet o el asesinato del cámara José Couso, en 2003, mientras cubría la guerra de Irak. De hecho, se confirió a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la potestad de valorar la posibilidad de que los jueces españoles puedan conocer los hechos, en caso de que el Estado no esté llevando a cabo una investigación efectiva de los mismos.

Mientras tanto, los grupos parlamentarios del Congreso llegaron el pasado mes de octubre a un acuerdo para desbloquear la tramitación de una proposición de ley que ERC registró en octubre de 2016. El objetivo es revisar sendas reformas aprobadas por los Gobiernos del PSOE y del PP. Cierto es que desde que la Cámara Baja tomó en consideración esta iniciativa del partido catalán, en marzo de 2017, no se ha dado ningún paso más al respecto porque la Mesa del Congreso ha ido prorrogando el plazo para la presentación de las enmiendas parciales. Se ha retomado una vez que los representantes de distintos partidos se reunieron con los familiares de José Couso.

A este pacto se sumó los conservadores, que están abiertos a "corregir" algunos de los puntos de la ley que aprobó 2014, que ahora ha sido avalada por el TC, y con el PSOE, cuya ministra de Justicia, Dolores Delgado, tiene encomendado un estudio a un grupo de expertos.

La Mesa del Congreso ha desbloqueado este martes la tramitación parlamentaria de la reforma legislativa que presentó ERC para poner fin a los límites de la Justicia Universal y ha puesto fin al plazo de presentación de enmiendas cuya prórroga ya sólo defendía el PSOE, según informa Europa Press.

La pasada semana, con motivo de una reunión con los familiares de José Couso, el cámara asesinado en la guerra de Irak en 2003, los grupos parlamentarios del Congreso anunciaron un acuerdo para desbloquear la tramitación de esa proposición de ley de ERC destinada a revisar las reformas aprobadas por los Gobiernos del PSOE y del PP y que limitaron la aplicación en España de la jurisdicción universal.

Al pacto se sumaron incluso los conservadores, que están abiertos a "corregir" algunos de los puntos de la ley que el Gobierno de Rajoy aprobó con su mayoría absoluta en 2014, y también el PSOE, pese a que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha dejado este asunto en manos de una comisión de expertos.

Sin embargo, esta semana, el Grupo Socialista volvió a pedir una prórroga del plazo de presentación de enmiendas, pero, a diferencia de lo que venía ocurriendo desde hace un año, esta vez se quedó solo en la Mesa del Congreso y la ampliación se ha desechado, con lo que los grupos deberán presentar sus propuestas este martes antes de las 20 horas.

La portavoz socialista, Adriana Lastra, ha querido dejar claro que su intención no es incumplir el acuerdo alcanzado con la familia Couso, pero entiende que su labor es "mejorar" las leyes. De hecho, ya ha avanzado que el PSOE "claro" que presentará enmiendas al texto de ERC, pero "no para bloquearla".

Después de cuatro años, el Congreso se muestra dispuesto a reactivar la revisión de la justicia universal. Y lo hará, además, con el apoyo del PP, que este lunes se abrió a "corregir" los aspectos más restrictivos de la reforma que impulsó su Gobierno en el año 2014. La mayoría absoluta con la que contaban en la Cámara Baja fue aprovechada por los conservadores para aprobar la iniciativa que guardaba en el cajón de la Audiencia Nacional decenas de casos. Lo hicieron rápido y con toda la oposición en contra. El motivo: las presiones de China para que el caso del Tíbet fuese sobreseído. Esta, precisamente, sería una de las causas que, de llevarse a cabo la reforma que el PP parece dispuesto a apoyar, podría volver a ponerse en manos de los jueces españoles. Pero hay más. 

El caso de José Couso, el cámara de Telecinco asesinado en la guerra de Irak en 2003, es otro. Precisamente, el acuerdo de los grupos parlamentarios llegó después de una reunión con sus familiares, que llevan años luchando para exigir justicia. El pacto desbloquearía la tramitación de una proposición de ley de ERC destinada a revisar, además de la reforma del PP de 2014, la del PSOE de 2009, que limitaron en España la jurisdicción universal. "La reforma de 2014 introdujo una serie de requisitos para poder investigar: que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España o que la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español", explica Lydia Vicente, de Rigths International Spain. 

"Esto tuvo un especial impacto para los crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, para los que ya no basta que haya víctimas españolas (personalidad pasiva) para que los tribunales españoles tengan competencia", argumenta Claudia Cano, de la Fundación Internacional Baltasar Garzón. 

Pero eso sí, los grupos no aclararon cómo compaginarían esta tramitación parlamentaria con los trabajos puestos en marcha en el Ministerio de Justicia. La propia Dolores Delgado anunció el pasado mes de agosto que la institución que dirige había encargado un informe a una comisión de expertos para estudiar cuál es la mejor fórmula para reformar la legislación actual. Según confirman a infoLibre fuentes del Ministerio, este ya está en marcha. 

Pero hay otra cuestión, ¿a qué legislación se debe regresar? ¿A la de 2009 o a la anterior, de 1985? La iniciativa de ERC, registrada en octubre de 2016 y tomada en consideración por el Congreso en marzo de 2017, propone esta segunda opción. Sin embargo, aunque cuenta con el apoyo de En Comú –tal y como aseguró el diputado Jaume Moya este lunes–, no ocurre lo mismo con los demás grupos. No obstante, en lo que sí están de acuerdo todos es en revertir los aspectos más restrictivos de la reforma del PP y volver a la situación que había en el año 2009. 

Aquí entra, según explica a este diario José Elías, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Valencia, el conflicto entre Exteriores y Justicia. Desde la cartera dirigida por Josep Borrell tienen una lectura mucho más política que técnica, al contrario que ocurre con la institución de Delgado. "Exteriores quiere evitar cualquier conflicto, y aboga mucho más por volver a 2009. Además, tendrá que hacerlo si quiere obtener el respaldo de PP y Ciudadanos", añade. Delgado, por su parte, ya manifestó que su intención es mejorar todo lo que hay, incluida la legislación de 1985. En estos 20 años, continúa Elías, se ha avanzado mucho en jurisdicción universal y en crímenes internacionales, y hay que adaptarse. "Su idea es mejorarlo todo desde una perspectiva que no restrinja, por lo menos, las investigaciones de los delitos más graves como los crímenes de guerra", asegura.

¿Cuáles son los casos que podrían recuperarse? infoLibre repasa los principales:

1. Caso José Couso

Tras la reunión de este lunes con los grupos parlamentarios, los familiares del periodista asesinado confesaron sentirse "bastante contentos". Su caso quedó sobreseído definitivamente hace ahora poco más de dos años por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que desestimó los recursos interpuestos por la familia de Couso y la Asociación Libre de Abogados contra el auto del 25 de noviembre de 2015 por el que la Audiencia Nacional dio el caso por cerrado. Se cumplían entonces 13 años del asesinato del cámara después de que Estados Unidos atacara el hotel Palestina, objetivo civil donde se alojaba la prensa internacional durante la guerra de Irak.

La resolución precisó entonces que el sistema de jurisdicción universal absoluta venía limitado con la reforma del PP a supuestos en que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que se encuentra en España sin que esa limitación constituya una violación de la Convención de Ginebra. No obstante, el Alto Tribunal precisó que este sobreseimiento definitivo era similar al provisional dado que se permite que, una vez archivado el procedimiento, este puede quedar sin efecto y reiniciarse en caso de que se constatara que concurren los requisitos para activar la jurisdicción española. 

2. Genocidio en el Tíbet

Fue la piedra angular que precipitó la reforma del PP. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidido en 2014 por el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió que el juez Ismael Moreno dejara de investigar las denuncias por el genocidio de China en el Tíbet. Se sobreseyó, así, la causa que se seguía contra dos expresidentes y otros seis exaltos cargos del Gobierno chino, lo que generó una crisis diplomática entre los dos países. 

La causa arrancó en junio de 2006 con una denuncia del director de la Fundación Casa del Tíbet de Barcelona, Thubten Wangchen, un nacionalizado español detenido y amenazado de muerte en el Tíbet por llevar una foto del Dalai Lama. Ocho años después, los magistrados de la Audiencia Nacional entendieron que España, con la reforma de los conservadores, dejaba de tener jurisdicción porque los acusados no eran españoles, no residían habitualmente en España, ni eran extranjeros cuya extradición había sido denegada por las autoridades españolas. 

Junto a ese procedimiento, el Pleno ordenó el sobreseimiento de la causa por el genocidio, torturas y asesinatos en China a los miembros del movimiento religioso Falun Gong.

3. Los vuelos de la CIA

Enero de 2015. Esa fue la fecha en la que la Audiencia Nacional confirmó el archivo del caso del vuelo clandestino de la CIA que aterrizó en 2004 en el aeropuerto de Palma de Mallorca y que supuestamente fue utilizado para trasladar a un centro de detención secreto en Kabul al alemán de origen sirio Jaled El Masri, que denunció haber sido víctima de torturas. 

Se cerró, de esta manera, la causa que investigaba a los supuestos agentes que viajaban a bordo y que usaron pasaportes británicos falsos para entrar en España. Pero también acordó el sobreseimiento del caso abierto contra las autoridades españolas que consintieron el aterrizaje. Estos, según consideró entonces el tribunal, no fueron ni cooperadores necesarios ni encubridores de los delitos de detención ilegal y torturas. El auto contó, no obstante, con el voto particular de José Ricardo de Prada, que consideró que se produjo un "cierre prematuro y arbitrario del procedimiento". 

4. Caso Ellacuría

En el mes de marzo de 2014, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco manifestó que la reforma legal que había impulsado el PP era "ilógica" y "contradictoria". Por ello, a pesar de su entrada en vigor, decidió continuar con la investigación del asesinato en El Salvador en 1989 de cinco jesuitas españoles, entre los cuales se encontraba Ignacio Ellacuría. El delito, atentado terrorista. 

Lo decidió así a pesar de que la reforma de la justicia universal decretó el sobreseimiento automático de todos los casos hasta que se comprobara si los podía investigar un juez español. Pero a lo que sí se vio obligado fue a retirar los delitos de lesa humanidad contra 13 exmilitares salvadoreños y a no investigar el asesinato de otro jesuita y dos mujeres que no eran españoles. Ahora, según Elías, la vuelta a la legislación de 2009 podría suponer que este delito sí pudiera investigarse en España. 

5. Torturas en Guantánamo

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó, en noviembre de 2016, lo que ya había dicho la Audiencia Nacional meses antes. Concluyó que los tribunales españoles no tenían jurisdicción para investigar torturas en la base estadounidense de Guantánamo (Cuba) y rechazó los recursos planteados por varios particulares y por asociaciones de derechos humanos de Berlín y Nueva York, y la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España. La sentencia avaló así el sobreseimiento que se produjo tras la reforma del PP por no cumplirse los requisitos para investigar delitos cometidos fuera de España.

"No existe dato o elemento alguno que permita sostener que ciudadanos españoles hubiesen intervenido en los presuntos hechos delictivos que se dicen cometidos en ese campo de prisioneros, por lo que es de reiterar, una vez más, que no se cumplen los requisitos legales que extienden la jurisdicción española a delitos ocurridos fuera de nuestro territorio", expusieron los magistrados. Es decir, se produjo fuera del territorio nacional y por personas no españolas que no se encontraban en nuestro país en el momento de la comisión de los delitos. 

Los recurrentes al Alto Tribunal alegaron, no obstante, que agentes españoles podían estar implicados en los casos de torturas. Pero como el argumento se apoya en criterios "meramente especulativos" y nada "sólidos", el Supremo reiteró el sobreseimiento anterior de la Audiencia Nacional. 

6. Ataque israelí a la Flotilla de la Libertad

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acordó el sobreseimiento provisional de la causa por el ataque del Ejército israelí perpetrado en 2010 contra activistas de la Flotilla de la Libertad, en la que murieron nueve personas, entre ellas tres españolas. Los hechos, en su momento, se tipificaron como delito de lesa humanidad, detención ilegal, deportación y tortura y delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. 

Sin embargo, tal y como De la Mata recogió en su auto, la reforma del Gobierno conservador y la posterior sentencia del Supremo por el caso del genocidio en el Tíbet limitó la jurisdicción española a los casos en los que "pueda encontrarse en España cualquiera de las personas extranjeras contra las que se dirige el procedimiento". Así, el magistrado acordó poner en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado para que comuniquen al juzgado la posible presencia en territorio nacional de los querellados: el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y seis ministros de su Gobierno. 

7. Genocidio y delitos de lesa humanidad en Ruanda

El Tribunal Supremo archivó, en octubre del año 2015, el archivo de la causa por delitos de genocidio, torturas, terrorismo y crímenes contra la humanidad en Ruanda, confirmando así la decisión previa de la Audiencia Nacional, que sobreseyó la causa por la limitación de la reforma del PP. La causa, seguida por Fernando Andreu, investigaba a 40 militares de Ruanda por la muerte de más de cuatro millones de civiles en la década de los noventa, entre los que se encontraban nueve españoles. Pero, como en otras ocasiones, como la acusación estaba dirigida contra personas extranjeras que se encontraban fuera del territorio, la justicia española no pudo actuar.

Dos años después, la Audiencia Nacional decidió reabrir la causa y contemplar la posibilidad de "reiterar la solicitud de extradición" del general Faustin Kayumba Nyamwasa que Andreu ya planteó en su momento a Sudáfrica. Sin embargo, fuentes jurídicas aseguran que la reapertura del caso no contemplaba todos los delitos de los que se acusó a los militares en un principio y que, de reformarse la justicia universal, la Audiencia Nacional podría retomar la causa del mismo modo que se hizo inicialmente. 

8. Torturas en Guatemala

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se negó, en mayo de 2014, a cerrar la causa que investigaba a ocho ex altos cargos de Guatemala por delitos de genocidio, lesa humanidad, torturas, asesinato, detenciones ilegales y terrorismo cometidos hacía tres décadas. Argumentó entonces que, como había víctimas españolas, no cabía duda que de los jueces españoles podrían continuar por los delitos, al menos, de terrorismo. Sin embargo, finalmente el caso se sobreseyó. 

"Pedraz intentó hacer un esfuerzo para lograr hacer una interpretación conjunta del derecho español y el internacional", explican fuentes jurídicas. Pero no valió para nada, lamenta. 

9. Bombardeo israelí sobre Gaza

Se trata de un caso distinto a los demás. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió archivar la investigación iniciada por el juez Fernando Andreu contra siete responsables militares de Israel por un bombardeo perpetrado por el Ejército hebreo en la Franja de Gaza en el año 2002. Murieron 14 civiles. Pero el sobreseimiento se produjo en 2009, es decir, antes de la reforma conservadora. 

Esta causa, por tanto, fue cerrada por el límite que el PSOE le puso a la justicia universal, que recortó las competencias de España en la persecución de delitos internacionales. No obstante, a pesar de ello, según explican fuentes jurídicas a infoLibre, este caso podría reabrirse en la Audiencia Nacional. Eso sí, el requisito es algo mayor: no bastaría con que se volviera a la situación que había en 2009, sino que se necesitaría ir algo más allá y aplicar una reforma con menos requisitos. 

10. Detención ilegal, tortura y ejecución en Siria

La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional confirmó a finales de 2017 el archivo de la querella interpuesta contra nueve miembros de las fuerzas de seguridad y de la inteligencia sirias por la presunta detención ilegal, tortura y ejecución de un hombre en el año 2003 al considerar la falta de calificación jurídica de los tribunales españoles para investigarlo. Seis meses antes, la Sala de lo Penal ya sobreseyó el caso por el mismo motivo. 

La causa pasó entonces a ser investigada por el Tribunal Supremo, donde se encuentra ahora, según confirman a este diario fuentes jurídicas. Aun así, en caso de que se recuperara la justicia universal de 2009, el caso volvería a ser investigado por la Audiencia Nacional. ¿Cómo? Según añaden las mismas fuentes, los recursos que se presentaron ante el Alto Tribunal serían retirados al quedarse "sin objeto" y, directamente, se solicitaría la reapertura en la Audiencia. 

Es lo mismo, confirman las fuentes, que ocurriría con los casos que actualmente se encuentran en recurso de amparo en el Tribunal Constitucional. 

Juana Rivas ha entregado en la tarde de este jueves a sus dos hijos, de cuatro y 12 años, al padre, Francesco Arcuri, después de que la justicia italiana haya emitido una orden para que lo hiciera, aunque ella ha garantizado que continuará en este país los próximos días, según informa Europa Press.

La entrega de los niños se ha producido en dependencias de la Policía italiana en Cagliari (Italia) en la tarde de este jueves, según han indicado fuentes del equipo jurídico de Francesco Arcuri. Juana Rivas, de Maracena (Granada), fue condenada en España a cinco años de prisión y seis sin la patria potestad de sus hijos por sustracción de menores, después de que hace dos veranos incumpliera las resoluciones judiciales que le obligaban a entregarlos al padre, al que acusa de malos tratos.

La sentencia no es firme y ha sido recurrida por su defensa. La semana pasada ella volvió a Italia para estar con sus hijos y el domingo decidió no devolvérselos al padre, tras lo que le denunció por supuesto maltrato a los niños. Su expareja, el italiano Francesco Arcuri, ha negado reiteradamente haber maltratado a sus hijos y en los últimos días ha emprendido distintas acciones para que Juana Rivas se los entregara atendiendo al régimen de visitas fijado por el juzgado.

Juana Rivas volvió a prestar declaración este jueves ante la Policía italiana en relación a la denuncia de malos tratos hacia los niños y un día antes, el miércoles, se reunió en Cagliari con el cónsul general de España en Roma para pedirle que se investigue este asunto ante la "vulnerabilidad extrema" en la que a su juicio se encuentran.

El equipo que asesora a Juana Rivas ha señalado en un comunicado que, tras los "últimos episodios" ocurridos, el tribunal civil que lleva el tema de la custodia ha fechado la escucha del hijo mayor, de doce años, para el 13 de noviembre, pero mantienen que esto no es acorde con las "exigencias de protección y de inmediatez" que "los hechos denunciados requieren".

Los grupos parlamentarios del Congreso han llegado a un acuerdo para desbloquear la tramitación de una proposición de ley de ERC destinada a revisar las reformas aprobadas por los Gobiernos del PSOE y del PP y que limitaron la aplicación en España de la jurisdicción universal, un pacto al que se han sumado los populares, que están abiertos a "corregir" algunos de los puntos de la ley que aprobó con su mayoría absoluta en 2014.

Así lo han anunciado representantes de todos los grupos parlamentarios tras la reunión que han mantenido en el Congreso con familiares del cámara de Telecinco, José Couso, asesinado en 2003 en Bagdag, mientras cubría la guerra de Irak. Los diputados de todos estos grupos han coincidido en agradecer a los familiares del informador asesinado el trabajo que han realizado durante todos estos años y el esfuerzo que han hecho para propiciar el acuerdo anunciado este martes.

Eso sí, los grupos no han concretado cómo compaginarán la tramitación parlamentaria con los trabajos puestos en marcha en el Ministerio de Justicia. De hecho, en su pacto presupuestario el Gobierno y Unidos Podemos acordaron esperar al informe encargado por la ministra Dolores Delgado a una comisión de expertos. Además, los familiares de Couso se han reunido con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, quien se ha comprometido con ellos a "tratar de agilizar" la tramitación de la iniciativa y a que salga "del cajón" en el que ha estado metida "dos años", según ha explicado el portavoz de la familia, David Couso, quien ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado por los grupos.

La familia Couso se muestra satisfecha con el acuerdo

"Estamos bastante contentos", ha confesado, expresando su deseo de que la futura reforma de la jurisdicción universal sirva para reabrir la causa sobre el asesinato de su hermano que fue archivado tras la última modificación de la norma en 2014. La proposición de ley de Esquerra fue registrada en octubre 2016 y el Pleno del Congreso la tomó en consideración en marzo de 2017, pero desde entonces no se ha dado un paso más porque la Mesa del Congreso ha ido prorrogando el plazo para la presentación de las enmiendas parciales. Tras el acuerdo de los grupos y el compromiso de Ana Pastor, lo previsible es que no haya más prórrogas y los grupos puedan registrar su enmiendas.

La iniciativa de ERC, como ha recordado su diputada Carolina Telechea, busca volver a la legislación de 1985, lo que también ha defendido el diputado de En Comú, Jaume Moya, pero todos están dispuestos a renunciar a posiciones maximalistas y, en este contexto, avanzan que la idea es revertir los aspectos más restrictivos de la reforma del PP y volver a la situación de 2009, manteniendo los recortes a la jurisdicción universal introducidos entonces por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Vuelta a la jurisdicción universal del 2009

Eso sí, de la reforma de 2014 se salvarían las novedades introducidas en el catálogo de delitos perseguibles y también se aprovecharía para recoger algunos nuevos, como ha avanzado la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro. La diputada ha hecho autocrítica al admitir que la reforma de 2014 incluyó puntos que limitaban "excesivamente", como la condición de que el acusado de crímenes de lesa humanidad tuviera que estar en territorio español para que le juzgara aquí.

Sin embargo ha defendido que aquella modificación tuvo su sentido por la introducción de los nuevos delitos y que se acometió porque se estaba convierto en un problema la cantidad de procedimientos que se pretendían abrir en juzgados españoles que no daban abasto ni con los casos nacionales. Tras recordar que, no obstante, se habían cerrado casos "sin resultado" antes de 2014, Moro se ha congratulado del consenso en torno a la situación de 2009 y ha pedido que actúe con "realismo" y sin levantar falsas expectativas en las víctimas, generando la idea de que aquí se podrán juzgar todos los crímenes de lesa humanidad. Su idea es poder hacer compatible el trabajo de la Corte Penal Internacional y "el de otros ámbitos de justicia universal que están en otros países".

Pendientes del Gobierno 

Desde el PSOE, Soraya Rodríguez ha mostrado de su deseo de que con el trabajo que se haga en el Congreso y el que ha puesto en marcha el Gobierno para revisar la legislación vigente pronto se pueda "revertir la nefasta reforma del PP". También ha mencionado el grupo de trabajo puesto en marcha por el Gobierno el diputado de Ciudadanos Marcial Gómez, quien ha destacado que están surgiendo desacuerdos entre Justicia y Exteriores.

En cualquier caso, ha mostrado su apoyo a la vuelta a la legislación de 2009 para que el asesinato de Couso "no quede impune". "Al final haremos un mix entre lo que todos queremos y lo que todos podamos", ha comentado, por su parte, el portavoz de Justicia del PNV, Mikel Legarda, mientras que desde el PDeCAT, Lourdes Ciuró, ha destacado que víctimas como los familiares de Couso "no pueden esperar más" y no pueden sentirse "desprotegidas" durante más tiempo.

Ya son quince años con Couso. El 8 de abril de 2003, un carro de combate del Ejército de Estados Unidos abría fuego contra el Hotel Palestina en Bagdad (Irak) –sede de la prensa independiente en la ciudad– y acababa con la vida de tres periodistas, entre ellas la del cámara José Couso. Este domingo, un centenar de personas se concentró frente a la Embajada estadounidense en Madrid para, una vez más, exigir justicia.

Esta vez, la asociación de Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso (HAC  José Couso) quiso rendirle un homenaje “más familiar” e intervinieron allegados del cámara de Telecinco, en vez de personas del ámbito de la cultura, periodistas, etc. como en otras ocasiones, explicó su hermano, David Couso.

“José no es un referente, ni esta familia es heredera del No a la guerra”, aseguró Couso para añadir que lo que sí han hecho es llevar quince años luchando. Reconoció que para ellos  “no es fácil” tener que seguir pidiendo justicia, pero que, si no lo hicieran, “no se hablaría de José Couso, ni de las mentiras que se contaron para invadir un país, ni por qué atacaron tres señales de prensa”.

Criticó que la Primera Enmienda estadounidense defienda el derecho a la libertad de expresión y que en 2003 no tuvieran reparos en atentar contra “el hotel, Al Jazeera y Reuters”. “José lo único que hace es poner cara a todas esas víctimas anónimas que no la tienen”, añadió. Couso también recordó la reciente muerte de un periodista en Gaza–identificado como prensa– a manos del Ejército israelí: “Cuando nos encontramos con estos casos, recordamos la impunidad que defienden estos gobiernos que hablan de patria y soberanía, pero luego desprecian a los ciudadanos”.

Daniel Galindo también es cámara y fue compañero de José Couso en Telecinco. “Un día como hoy, él vio de frente y nos hizo ver el tanque que lo asesinó”, un momento en el que “todo cambió: el ambiente, las risas, la profesión”, lamentó Galindo. “Aquí seguiremos hasta conseguir que a tus asesinos los mire de frente la justicia”, aseguró.

Jon Galocha denunció que “no interesa” la muerte de su amigo: “Parece que no interesa que se siga exigiendo justicia y así lo demuestra la actuación de políticos a favor de terceros en contra de sus nacionales”. “La reforma del PP de la jurisdicción universal es buena prueba de ello”, añadió. “Dejar impune el asesinato de Couso porque a algunos estados les conviene supondría la aceptación de la barbarie”, criticó Galocha.

También en Ferrol, ciudad de origen de Couso, se celebró este domingo un homenaje en el que Kiko Permuy, tío del periodista, leyó un manifiesto que en Madrid puso voz una amiga de la familia y miembro de la asociación. En él se señaló “la indefensión, el desprecio, el olvido y la indiferencia de los gobiernos de Aznar y Zapatero” que sintieron tras el asesinato de José y criticó que les acusen de “politizar el caso”: “¿Politizar es buscar justicia? ¿Politizar es recurrir todos los archivos de la causa?”.

Por último, habló Maribel Permuy, madre de José Couso, quien se preguntó que “qué se puede esperar de un país que permite las armas de fuego sin control”, en referencia a Estados Unidos.  “Mi querido hijo es una víctima incómoda”, aseguró. “Continuaremos luchando y pidiendo justicia delante de esta embajada que está ensangrentada”, afirmó. “José Couso, crimen de guerra”, terminó.

El acto contó con la participación de un graffitero que, a lo largo de las intervenciones, pintó el retrato de José Couso que hace las veces de logo de la asociación. Además, actuaron la batucada Samba da Rua y Rayden, quien insistió en que “la única forma de armarse es de valor” y que “la memoria es el mejor arma”.

El pasado jueves tuvo lugar otro homenaje al periodista con un concierto en la sala Mon Live de Madrid en el que participaron Vetusta Morla, Amaral, Lori Meyers, la M.O.D.A., Zahara, Andrés Suárez y La Peluquera. Las actuaciones estuvieron presentadas por Facu Díaz y las entradas se agotaron en apenas cinco horas.

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves la iniciativa planteada por el PP para mantener la normativa vigente sobre la justicia universal y ampliarla con la inclusión de nuevos casos, con lo que la proposición de ley auspiciada por ERC para derogar la reforma que aprobó el PP con su mayoría absoluta de 2014 seguirá ahora su trámite en la Cámara baja.

El texto del PP ha sido rechazado con los votos de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu, Nueva Canarias y Coalición Canaria, mientras que Ciudadanos se ha abstenido.

Durante el debate, la mayoría de la oposición ha acusado al partido de Mariano Rajoy de haber planteado un texto alternativo para tratar de enmendar los errores cometidos la reforma de la ley impulsada por el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. En su alternativa, los 'populares' planteaban incluir situaciones puntuales en relación con casos de medio ambiente, ecosistema, blanqueo de capitales o pesca ilegal.

La portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, ha explicado que su propuesta busca mantener las "líneas generales de la regulación vigente" en consonancia a los criterios de los países de nuestro entorno y no volver a un "pasado poco realista" como sucedería, a su juicio, si finalmente se aprobara la iniciativa de ERC.

Así, se ha dirigido hacia el partido catalán y ha afirmado que la derogación de la norma actual la presenta un "grupo que no cree en España, la combate y no respeta la justicia española". "Persiguen que los suyos queden al margen de las normas y de los tribunales españoles. ¿No es paradójico?", se ha preguntado.

El portavoz de ERC, Joan Tardá, ha achacado estas afirmaciones un "infantilismo político" del PP que, en su opinión "nadie merece" y les ha acusado de utilizar su texto alternativo para resolver "las necesidades" que, según los 'populares', hacen falta a la reforma de 2014.

"¿De verdad no han encontrado otro mecanismo para enmendar los errores que contenían la ley de 2014?", ha preguntado Tardá, que ha añadido que el objetivo de ERC no es hacer incorporaciones, sino derogar la ley vigente. Tardá ha hecho hincapié en que lo que persiguen los conservadores es "consolidar el modelo español de impunidad y desarrollarlo al completo".

"Es un jaque mate a la justicia universal", ha subrayado el diputado catalán. "Somos un grupo parlamentario minoritario, pero esto no es sinónimo de ser tontos y ustedes han intentado incluso ridiculizar", ha concluido.

Por su parte, el diputado socialista Gregorio Cámara ha defendido el "retoque" que hizo en su momento el Gobierno del a esta ley fue para que los jueces españoles pudieran perseguir delitos de especial gravedad, si el autor de los hechos estaba en territorio español, si la víctima era española o si existía un "vínculo de conexión" con España. Una reforma que, a su juicio, situaba el derecho español en una "posición razonable" con el del resto de países de "nuestro entorno".

Sin embargo, ha criticado que la ley del PP se hizo "a toda prisa" y con una "deficiente redacción", de tal modo que se "incidió muy malamente en el principio de jurisdicción universal, estrangulando y con la vulneración múltiple de la Constitución". En este sentido, ha recriminado a los 'populares' que traten de engañarles con su enmienda porque quieren "tergiversar el procedimiento" y sustituir por completo la "injusta ley de 2014".

Por contra, el peneuvista Mikel Legarda, que también se ha mostrado en contra de la propuesta del PP, ha destacado que la jurisdicción universal lleva "desvirtuándose" desde 2009 con la reforma socialista de 2009 que amplió después el PP en 2014. Según ha explicado, la justicia universal es un bien jurídico que se basa en "las características de los delitos que atentan en la comunidad internacional en su conjunto, al margen de la comisión y de la nacionalidad".

El representante de Unidos Podemos Jaume Moya ha definido la enmienda del PP como un "instrumento con la apariencia de querer cambiar todo para en realidad no cambiar nada". Además, ha aprovechado su discurso para recordar la lucha de los familiares del cámara de televisión José Couso, asesinado en Irak en 2003, para que los tribunales españoles puedan trabajar en este caso. Miembros de su familia, como el eurodiputado de IU Javier Couso, han seguido el debate desde la tribuna de invitados.

Por último, también ha mostrado su "sorpresa" por la "técnica legislativa" del PP el diputado de Ciudadanos Marcial Gómez Balsera. "Es un ejercicio de creatividad sobrevenida", ha dicho el parlamentario del partido naranja.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha enviado este jueves a prisión provisional al coronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador Inocente Orlando Montano, al concluir que "participó activamente en la decisión y diseño del asesinato" de cinco sacerdotes jesuitas españoles en aquel país el 16 de noviembre de 1989, el conocido como caso Ellacuría.

Así lo ha decidido en un auto recogido por Europa Press el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 después de que el coronel salvadoreño, de 74 años, haya sido extraditado por las autoridades de Estados Unidos. Aunque debía comparecer en la mañana de este jueves en la Audiencia Nacional, su defensa ha pedido un aplazamiento para poder estudiar mejor el caso, a lo que el magistrado ha accedido hasta el próximo lunes a las 11.30 horas.

La defensa ha solicitado al juez que hasta entonces el acusado, que ha llegado a la Audiencia Nacional en silla de ruedas, fuese trasladado a un centro hospitalario por su delicado estado de salud y su avanzada edad, según han informado fuentes jurídicas. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejercen las familias de los jesuitas han pedido el ingreso en prisión provisional.

Evidente riesgo de fuga

Finalmente, García Castellón ha acordado el ingreso en prisión provisional de Montano al considerar que existe un "evidente riesgo de fuga". El coronel está acusado en España de cinco delitos de asesinatos terroristas y crímenes de lesa humanidad.

Para el juez, en la causa hay "motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito" al coronel salvadoreño. "Se concluye que Inocente Orlando Montano participó activamente en la decisión y diseño del asesinato de los españoles y sacerdotes jesuitas de la Universidad Centro Americana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo", afirma.

El 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados los cinco jesuitas españoles además del salvadoreño Joaquín López, la asistenta Elba Ramos y la hija de ésta, Celina, de 15 años. Sin embargo, la Audiencia Nacional sólo juzgará el asesinato de los cinco primeros debido a la reforma que limitó el principio de justicia universal.

Por este caso están acusados una docena de militares salvadoreños cuya extradición ha sido reclamada por España, si bien la Corte Suprema de su país ha rechazado su entrega. El único que de momento podrá ser juzgado en España es el coronel Montano porque estaba cumpliendo una condena de 21 meses de prisión en Carolina del Norte (Estados Unidos) por fraude y perjurio.

Líder de La Tandona

García Castellón destaca en su auto que en el momento de la matanza de los jesuitas Montano era viceministro y "uno de los líderes de La Tandona, asociación de 20 oficiales, reconocida internacionalmente por ser un grupo cerrado de militares que ocupaban todas las posiciones claves del ejército y el gobierno salvadoreños, con ambiciones comunes, y temida por anteponer sus intereses y los de sus miembros a los intereses del Gobierno o de la propia institución militar".

Además de sus cargos en el ejército y el gobierno salvadoreños, el juez remarca que el acusado "tenía a su cargo Radio Cuscatlán, emisora oficial del Estado desde el 11 de noviembre de 1989 que difundió, días antes de los asesinatos, amenazas de muerte contra el rector de la UCA, Ignacio Ellacuría, y los jesuitas de esa universidad, a los que se acusaba de ser terroristas, así como cerebro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional'".

"Con motivo de la ofensiva del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Inocente Orlando Montano participó en las reuniones celebradas a lo largo del día 15 de noviembre de 1989" con los mandos militares y altos funcionarios del Gobierno en las que "se adoptaron medidas urgentes como el asesinato de civiles de gran relevancia intelectual y política", explica el juez.

Según el auto, el coronel Montano estuvo presente, "junto a otros oficiales, cuando el coronel Emilio Poce da la orden al coronel Guillermo Alfredo Benavides de asesinar concretamente al padre Ignacio Ellacuría y asegurarse de no dejar testigos y hacer uso para llevar a cabo tal asesinato del comando del Batallón Atlacatl, destacado en San Salvador desde el 13 de noviembre de 1989".