La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha perdido el referéndum al que ha sometido su controvertida reforma judicial, tumbada por más de 54% de los electores, con dos tercios de los votos escrutados, infroma EFE. Según datos del Ministerio del Interior, el 'sí' a la reforma ha obtenido un respaldo del 45,81% de los italianos, frente al 54,19% del 'no'.

Pese la derrota, Meloni, aseguró que "seguirá adelante" y lamentó la "ocasión perdida" para modernizar el país. Igualmente, descartó que el resultado ponga en riesgo la estabilidad de su Gobierno. "Los italianos han decidido y nosotros respetaremos esta decisión. Seguiremos adelante, como siempre hemos hecho, con responsabilidad, determinación y respeto al pueblo italiano y a Italia", dijo Meloni en un vídeo publicado en su cuenta de la red social X. 

La mandataria subrayó que su Ejecutivo "ha cumplido lo prometido" al tramitar una reforma de la Justicia que formaba parte de su programa electoral. Asimismo, defendió que su formación sostuvo la propuesta "hasta el final" para, posteriormente, dejar la última palabra en manos de la ciudadanía: "Nuestra soberanía pertenece al pueblo y los italianos hoy se han expresado con claridad", añadió.

Destacados miembros de la oposición, como el líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, ya han celebrado el resultado: "Lo hemos conseguido. Viva la Constitución", ha escrito en la red X. "El resultado me parece claro: hemos tenido una grandísima participación democrática y una clara y sonora victoria del 'no'", declaró el ex primer ministro en una rueda de prensa.

La secretaria del Partido Demócrata (PD) y líder opositora, Elly Schlein, ha anunciado una comparecencia pública a las 17.30 hora local (16.30 GMT) y el mayor sindicato del país, CGIL, ha convocado una celebración la tarde de este lunes en la céntrica Plaza Barberini de Roma.

Esta reforma era el gran proyecto de la legislatura para Meloni y, aunque fue aprobada por el Parlamento el pasado octubre, al tratarse de una reforma constitucional que no logró al menos dos tercios de los votos necesitaba ser avalada en esta consulta popular. Entre otras cosas, pretendía separar las carreras de jueces y fiscales, actualmente englobados en Italia bajo la denominación de 'magistrados', y dividir en dos el Consejo Superior de la Magistratura, el órgano de autogobierno del poder judicial, estableciendo el sorteo como método de elección de sus miembros.

Meloni ha desvinculado su futuro político al resultado del referéndum y agotará la legislatura en 2027, pero la oposición ahora lo ha planteado como un plebiscito contra su gestión. "Este es un aviso a este Gobierno, una advertencia política muy fuerte", advirtió Conte. Este resultado es la primera gran derrota de Meloni desde que llegó al poder en octubre de 2022, ganando las elecciones con una coalición con la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y la 'berlusconiana' Forza Italia de Antonio Tajani.

Desde esta última, quizá el partido gubernamental más interesado en esta reforma, han lamentado que la campaña electoral previa al referéndum "no ha sido sobre sus méritos", en declaraciones de su portavoz en la Cámara de Diputados, Paolo Barelli. Por su parte, el ex primer ministro y líder de la centrista Italia Viva, Matteo Renzi, quien dimitió en 2016 tras su derrota en otro referéndum constitucional, ha celebrado esta "derrota sonora" de Meloni.

Cada 28 de febrero, Andalucía se convierte en una postal costumbrista. Los centros educativos de la comunidad reparten desayuno molinero –pan con aceite y azúcar–, enseñan a sus alumnos a tocar el himno autonómico con la flauta dulce e improvisan sevillanas en el patio. En el Parlamento andaluz, el presidente concede medallas y recita discursos que apelan al orgullo verdiblanco. 

Una coreografía que, según algunos promotores de la autonomía andaluza, eclipsa el agrietado decorado que la sostiene. “Es una cloroformización del pueblo andaluz”, sentencia Isidoro Moreno, antropólogo de la Universidad de Sevilla que, como secretario general del Partido del Trabajo de Andalucía, fue uno de los firmantes del Pacto Autonómico de Antequera en 1978, proceso considerado el desencadenante del proceso autonómico de la comunidad. 

El antropólogo denuncia que el folklorismo descontextualizado es “un bloqueo planificado del paso del sentimiento a la conciencia”, convirtiendo el 28-F en un sustantivo festivo que ha olvidado su condición de verbo. A través de esta “festividad light”, argumenta que se ha creado una “amnesia” sobre los casi dos millones y medio de andaluces que acudieron a las urnas a erradicar las problemáticas que, precisamente, continúan hoy acechando la comunidad. 

“Los andaluces acudieron a las urnas para convertir Andalucía en una autonomía de primera”, explica Moreno. Con este tipo de autonomía, el promotor no se refiere exclusivamente a reconocimiento, sino al tipo de autogobierno que Adolfo Suárez tenía reservado a las denominadas “nacionalidades históricas” –Galicia, País Vasco y Cataluña, al haber sido reconocidas durante la Segunda República–, a través del artículo 151 de la Constitución del 78. El resto de comunidades se regirían por el artículo 143, una vía más lenta y que otorga menos competencias. 

La revista ‘Andalucía en la Historia’ explica que la “autonomía pasó a significar el remedio de todas las lacras sociales”. Con su consecución, la región obtendría las “herramientas necesarias” para autodeterminar sus problemas colectivos y proponer las soluciones pertinentes. Estas competencias incrementarían tanto los recursos como la capacidad de intervención de los andaluces sobre sus propias necesidades. Por tanto, el “SÍ” en el referéndum perseguía la soberanía del pueblo andaluz sobre sí mismo. 

La reclamación de un estatuto propio se reforzó con la afirmación de los elementos propios de la identidad andaluza, fundamentalmente culturales. Un argumento que perseguía los principios de Blas Infante, andalucista histórico considerado el patrón de Andalucía, que basó el derecho de autogobierno en la posesión de una cultura andaluza fruto de un proceso histórico diferenciado y, por ende, con “sus propias necesidades colectivas”. 

Y sí, la voluntad política andaluza triunfó y consiguió su propio Estatuto de Autonomía el 20 de octubre de 1981. No obstante, Isidoro Moreno incide en que, “aunque Andalucía consiguió ascender a primera división, jamás jugó en primera”. 

Mientras el antropólogo lo achaca a la consecución de “competencias muy limitadas” en el acuerdo autonómico, Christopher Rivas, el candidato a las próximas elecciones andaluzas por Andalucía Por Sí - Andalucistas, identifica “la falta de voluntad política” como causa de la problemática. Sea como sea, ambos coinciden en que nada ha cambiado: la “pésima situación estructural” de la autonomía más votada sobre el censo de España –55,84% sobre el censo– sigue siendo la misma que hace más de 40 años. 

Isidoro Moreno considera que el Gobierno quiso “vender el Estatuto de Autonomía como el desembarco natural del 28-F”, pero denuncia que un repliegue de los partidos políticos durante la construcción autonómica convirtió el texto en “un recorte de lo que era posible, dentro del marco de la Constitución”. 

El referéndum del 28 de febrero de 1980 presentó un enunciado críptico: “¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo ciento cincuenta y uno de la Constitución a efectos de la tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?”. En él, las palabras “autonomía” y “Andalucía” habían desaparecido, y ya auguraba lo que la organización política Nación Andaluza considera “una guerra que ya estaba perdida”.

La UCD, temerosa de un supuesto descontrol del proceso autonómico, desplegó un plan para frenar la transición de la soberanía andaluza. Organizó una campaña de abstención que incluía mensajes como “UCD solo te quiere informar y pedirte reflexión” y “Este no es tu referéndum; si vas a votar, vota en blanco”. El entusiasmo por la autonomía se convirtió en duda, no se combatía la autonomía abiertamente, sino que se buscaba enfriarla. Además, el Gobierno redujo tanto la duración de la campaña —una semana menos que en País Vasco y Cataluña— como la subvención estatal —125 millones de pesetas frente a los 300 millones destinados a otras nacionalidades históricas—, en un intento de condicionar el resultado.

El líder de Andalucía Por Sí - Andalucistas explica que las condiciones del referéndum hacían prácticamente imposible la victoria: para que la autonomía se aprobara por la vía rápida del artículo 151, el “SÍ” debía ganar por mayoría absoluta del censo en cada una de las ocho provincias. Los censos no estaban depurados, incluyendo fallecidos, emigrantes o menores de edad, que se contaban como abstencionistas, favoreciendo el fracaso del referéndum. Isidoro Moreno señala que “los andaluces tomamos este comportamiento como una agresión contra Andalucía y los andaluces”, y que esto funcionó como catalizador de la movilización popular. 

Pese a todo, la participación alcanzó el 64,19% del censo, con un 86,9% de votos afirmativos sobre los votantes. Solo Almería quedó por debajo del 50% del censo, con un 42,3%. 

Aun así, Isidoro Moreno denuncia que el Estatuto de 1981 otorgó “competencias muy limitadas”. Se conquistó el instrumento, pero no la capacidad de transformar las estructuras, como demuestra la frustrada Ley de Reforma Agraria de 1984, impulsada bajo el lema “tierra y libertad”, que apenas alteró la histórica concentración de la tierra: “Ni para una reformita tuvimos competencia”, ironiza Moreno. 

Uno de los ejes del Estatuto era responsabilizar al centralismo de la situación histórica de dependencia y subordinación de Andalucía, reconociendo su deuda histórica para establecer un diagnóstico de fondo. De no hacerlo, la comunidad quedaba atrapada en lo que Mari Carmen García Bueno, histórica del Sindicato Andaluz de Trabajadores y parlamentaria por Adelante Andalucía, denomina su situación “de niña pobre”.

Los andalucistas denuncian una “situación de colonia interna”, reflejo de una subordinación profunda dentro del Estado. La economía andaluza se orienta a la extracción de materias primas cuya transformación se realiza fuera de la región; carece de un tejido industrial propio, convirtiéndose más en proveedora que en productora de valor añadido; las empresas más rentables se concentran fuera de Andalucía, desplazando decisiones estratégicas lejos del territorio; y la emigración masiva convierte a la mano de obra andaluza en suministro barato para otros polos industriales. Denuncian que esta situación histórica se mantiene pese a la reforma estatutaria de 2007, que proclamó la deuda histórica saldada, pues los problemas estructurales siguen vigentes.

Andalucía Por Sí - Andalucistas alerta incluso de una “nueva deuda histórica”: el turismo masivo limita el acceso a la vivienda, las industrias contaminantes en polos como Huelva presentan graves riesgos para la salud, y la presencia de bases militares estadounidenses en Rota y Morón evidencia la subordinación territorial. 

Por otra parte, también advierten de la “vampirización de la cultura”, con productos andaluces convertidos en “marca España” y apropiados fuera de la región, como sucede en eventos como el festival Madrilucía. 

“Hay una enorme necesidad de aclarar cuestiones”, reivindica Isidoro Moreno. En un contexto donde casi todos los partidos —excepto la ultraderecha— se autodenominan andalucistas, advierte que crea “una hegemonía fingida”. Se oculta la ausencia de mecanismos específicamente andaluces bajo la apariencia de un consenso simbólico.

Considera que el llamado “borrado” del 4 de diciembre de 1977, reemplazado por un 28-F menos conflictivo, habría desactivado la conciencia política andaluza. Andalucía por Sí sostiene que sin esa fecha “no se puede entender nada de lo que sucedió después”, desde la manifestación de más de un millón y medio de personas hasta el asesinato del joven militante de Comisiones Obreras Manuel José García Caparrós.

Para la agrupación, el andalucismo político es un proyecto “de exclusiva obediencia andaluza”, diseñado desde Andalucía para afrontar problemas propios: economía extractivista, falta de industria e infrafinanciación. Adelante Andalucía coincide y denuncia que el andalucismo no puede ser una escenografía institucional, sino medidas que afronten las desigualdades estructurales de la comunidad.

Así, los defensores del andalucismo reclaman la necesidad de una "recuperación de conciencia" para crear una nueva mirada del pueblo andaluz que resuelva, como lo denominaba Blas Infante, esta "crisis de humanidad". 

El interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en comprar Groenlandia choca con un muro legal: Dinamarca no puede vender este territorio autónomo y la operación sólo se podría realizar cuando éste fuese un Estado independiente, para lo que sería necesario primero una negociación entre Copenhague y Nuuk y un referendo.

"Mientras Groenlandia forme parte de la Mancomunidad del Reino de Dinamarca, junto a Dinamarca y las Islas Feroe, no se puede vender. Nadie tiene competencias para venderla", explica a EFE Frederik Harhoff, catedrático emérito de Derecho Internacional de la Universidad del Sur de Dinamarca.

La Casa Blanca ha insistido en que la diplomacia es la primera opción de Trump para controlar Groenlandia, que considera necesaria para la seguridad nacional, aunque sin descartar una acción militar. Y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, tiene previsto reunirse la próxima semana con su homólogo danés, Lars Løkke Rasmussen, y la consejera de Exteriores groenlandesa, Vivian Moztfeldt, para discutir la cuestión.

Harhoff considera "embarazoso" que miembros del Gobierno estadounidense muestren tal "ignorancia" y hablen de comprar esta isla ártica, desconociendo la realidad jurídica del Reino danés. "Si Estados Unidos presenta una oferta de compra, la única respuesta que le puede dar Dinamarca es 'lo siento, pero no tenemos competencia' y Groenlandia le diría que tampoco puede vender su país, sólo que podría iniciar un proceso de independencia", afirma.

Ya en el primer Estatuto de autonomía de 1979 queda reconocida la condición especial de Groenlandia dentro del reino y se inicia la transferencia de competencias. El nuevo Estatuto groenlandés aprobado en 2009 resalta en su primer artículo que "el pueblo groenlandés es un pueblo en relación a las leyes internacionales con derecho de autodeterminación" y su artículo 21 establece cómo sería el camino hacia la independencia, un proceso complicado que tardaría "varios años", estima Harhoff.

Si Groenlandia activa ese artículo, los gobiernos danés y groenlandés deberían iniciar una negociación antes de que la cuestión fuese sometida a referendo, una parte del proceso en la que habría que analizar "muchas cuestiones técnicas" y que Harhoff calcula que duraría alrededor de dos años.

Entre los elementos más problemáticos estarían acordar cómo eliminar la ayuda anual de Copenhague a Nuuk de 4.000 millones de coronas danesas (unos 535 millones de euros), que sumada a otras partidas que las autoridades danesas transfieren para sanidad, infraestructuras, bienestar, defensa, policía y sistema judicial suponen casi la mitad del presupuesto anual de Groenlandia.

Al hipotético acuerdo seguiría una campaña de información antes del referendo -cuyo resultado Dinamarca se ha comprometido a respetar-, y la aprobación del acuerdo por ambos parlamentos. Sólo entonces, cuando fuese independiente, Groenlandia podría aceptar una oferta económica de Washington, bien en forma de dinero para integrarse en EEUU, bien en forma de tratado de libre asociación.

"Independientemente de la cantidad que Estados Unidos pueda llegar a ofrecer, no creo que se pueda comparar con lo que Groenlandia ya tiene con el ordenamiento actual", apunta Harhoff. Según un sondeo realizado hace unos meses, la mayoría de los groenlandeses está a favor de la independencia, aunque no a costa de perder nivel de vida, a la vez que rechaza formar parte de EEUU.

Las recientes declaraciones del jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, asegurando a que Dinamarca no tiene derecho a controlar Groenlandia y a tenerla como "colonia", han provocado perplejidad en este país nórdico.

Dinamarca inició la colonización de esta isla ártica hace tres siglos, su soberanía fue reconocida hace más de cien años por el propio Estados Unidos y han pasado siete décadas desde que Groenlandia dejó de ser una colonia, para pasar a ser parte integral del reino danés.

El acuerdo de venta de las Islas Vírgenes de Dinamarca a Estados Unidos, firmado en 1916, incluye una cláusula en la que Washington acepta que Dinamarca amplíe sus intereses políticos y económicos a todo el territorio groenlandés, incluyendo una parte del norte y del oeste de la isla sobre la que no tenía control legal, lo que equivale a un reconocimiento a su soberanía sobre la isla ártica.

Cuando la ONU, después de la II Guerra Mundial, elaboró una lista con territorios por descolonizar, Dinamarca se tomó como "algo humillante" figurar en ella a causa de Groenlandia, explica Harhoff, por lo que impulsó una reforma constitucional para incluir definitivamente la isla como parte integrada en el reino danés.

El rechazo en la consulta popular y referéndum impulsados por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se consolida al haberse escrutado más del 98% de los votos, en lo que se ha convertido en un duro revés para el Gobierno, informa EFE.

De acuerdo al Consejo Nacional Electoral (CNE), el 'No' venció en las cuatro preguntas, pero las relacionadas con la posibilidad de instalar bases militares extranjeras y la de convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna acaparan el mayor rechazo, con un 60,64% y un 61,65%, respectivamente.

En la pregunta con la que Noboa buscaba dejar de financiar a los partidos políticos con dinero público, el 'No' logró un 58% y el 'Sí' un 41,93%, mientras que la que apuntaba a reducir de 151 a 73 los integrantes de la Asamblea Nacional el 'No' alcanzó el 53,47% frente a un 46,53% del 'Sí'.

En la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, sede del Ejecutivo, el 'No' ganó con más de 15 puntos porcentuales en la pregunta de las bases extranjeras y con más de 19 en la de la asamblea constituyente.

Sin embargo, en la relacionada con la financiación a los partidos políticos, la diferencia fue de cerca de 7 puntos, mientras que en la de la reducción de integrantes del Parlamento ganó el 'Sí' con algo más de 3 puntos porcentuales.

Si bien la mayoría de provincias rechazaron, en general, las propuestas de Noboa, la andina de Tungurahua fue la única en la que ganó el 'Sí' en todas las preguntas.

El presidente Noboa ha señalado que respeta la voluntad del pueblo, pero que su compromiso no cambia, por lo que seguirán "luchando sin descanso por el país" que los ecuatorianos merecen, con las herramientas que tienen.

Una afirmación secundada por los ministros más visibles de Noboa: Gian Carlo Loffredo (Defensa) aseveró: "En nuestro ADN no está rendirnos, más firmes que nunca". Y John Reimberg (Interior) apuntó: "Nuestro compromiso con el país es inquebrantable. Seguimos trabajando". Mientras que Zayda Rovira (Gobierno) aseguró que seguirán "trabajando con la fuerza, la claridad y la determinación que caracterizan" al Gobierno.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, que lideraba la campaña en rechazo a las propuestas de Noboa, consideró que el 'No' unió a Ecuador como país, que ha dicho "basta de abusos, basta de amenazas a nuestros derechos".

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se mostró abierto a que se celebre un referéndum sobre la eutanasia si el trámite del proyecto legislativo "se atasca" en el Parlamento francés, donde la Asamblea Nacional comenzó esta semana a debatirlo, según informa EFE. "Creo que el referéndum puede ser una vía de desbloqueo y permitir a las francesas y franceses que den su opinión. Pero lo haré con mucha precaución y siempre y cuando que el texto se atasque", adelantó en una entrevista a TF1 Macron, quien, constitucionalmente, tiene la potestad de convocarlo.

La legalización de la eutanasia -restringida a ciertos criterios- acaba de ser retomada por el Parlamento, después de que el proyecto de ley anunciado en 2023 no fuese aprobado por la disolución de la Asamblea Nacional francesa decretada por Macron en junio de 2024. Francia ya dispone de una legislación desde 2016 que permite a pacientes "en agonía" dejar de medicarse y recibir cuidados paliativos, sin ir más allá.

De acuerdo con los sondeos, al menos un 70% de los franceses está a favor de una ley que legalice la eutanasia, un término que el propio Macron, hijo de médicos, evita pronunciar públicamente.

El jefe de Estado, cuya popularidad está bajo mínimos con cerca de un 25% de apoyo a solo dos años de que acabe su mandato, confirmó además que pretende convocar "en los próximos meses y de manera simultánea" referendos, aunque sin dar demasiadas pistas. "Hasta junio, el Gobierno (del primer ministro François Bayrou) va a proponer diferentes reformas, ya veré cuáles merecen la pena", expresó Macron, hablando, de manera general, sobre reformas sobre el plan "económico y social".

El presidente francés también ha hablado de Gaza y dijo estar "abierto" a que la UE se replantee los acuerdos de Asociación con Israel y calificó de "vergonzosa" la actitud del Gobierno de Benjamín Netanyahu por bloquear los accesos humanitarios a la Franja de Gaza. "No podemos hacer como si nada ocurriera", dijo Macron en la entrevista a TF1, al responder a una pregunta sobre si habría que sancionar a Israel por su invasión a Gaza.

El presidente francés evocó que fue el Gobierno de los Países Bajos el primero en plantear si Israel incumple el acuerdo de Asociación con la UE en su apartado sobre el respeto al derecho internacional humanitario. Los ministros de Exteriores de la UE debatirán la cuestión el próximo día 20 de mayo.

Macron aclaró, no obstante, que para que "la presión" que la UE pone a Israel tenga efecto, el papel de Estados Unidos es fundamental, porque el Estado israelí "depende de las armas" que recibe de Washington. "Hubo un alto al fuego (inicio de 2025), que terminó por romperse en marzo, cuando (Israel) bloqueó las rutas humanitarias en Gaza", rememoró el mandatario galo.

En la Franja de Gaza "no hay agua -añadió-, ni medicamentos, no se pueden sacar a los enfermos (de Gaza). Lo que hace (la Israel de Netanyahu) es una vergüenza. Nosotros luchamos porque esas vías se abran". Paralelamente, Macron exigió que para alcanzar la paz es necesario que los rehenes israelíes que restan sean liberados por Hamás y que esta organización islamista se "desmilitarice"."Luego, tocaría construir una solución política, en la que los Estados de Israel y Palestina se reconozcan y vivan hombro a hombro", indicó. 

El "sí" a incluir el ingreso en la Unión Europea como objetivo nacional en la Constitución de Moldavia se impuso con el 50,39 % de los votos, según los resultados preliminares ofrecidos por la Comisión Electoral Central (CEC) de esa antigua república soviética que recoge EFE. La CEC indicó que se trata de resultados que corresponden al 99,41 % de votos emitidos, a falta de completar el escrutinio del voto extranjero. 

El "sí" le dio la vuelta al resultado durante las últimas horas después de que la presidenta moldava, Maia Sandu, denunciara esa misma noche un fraude en una clara acusación a grupos próximos a Rusia. Dicha acusación se dio tras el comienzo del escrutinio, que daba una clara victoria a los adversarios de ingreso de Moldavia a la UE, según informa EFE.

"Tenemos pruebas e información de que un grupo criminal se proponía comprar 300.000 votos. Esto es un fraude sin precedentes cuyo objetivo es comprometer la democracia. Su objetivo es sembrar el miedo y el pánico en la sociedad", dijo la presidenta en una brevísima comparecencia ante los medios.

"Hoy, al igual que los últimos meses, la libertad y la democracia en Moldavia han sido objeto de un ataque sin parangón", señaló. "Grupos criminales, asociados con fuerzas extranjeras, atacaron nuestro país con mentiras y propaganda (...) No dejaremos de defender la libertad y la democracia. Esperaremos los resultados definitivos y volveremos con soluciones", añadió.

Durante las últimas semanas, tanto la UE como Estados Unidos denunciaron numerosos intentos por parte de Moscú de desestabilizar la situación en Moldavia con vistas al referéndum europeísta. Concretamente, la consulta popular del domingo fue boicoteada por el candidato del Kremlin, Alexandr Stoianoglo, y también por su otro gran valedor, el expresidente socialista, Igor Dodon, estrecho aliado del jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

La jornada electoral del domingo en Moldavia escenificó la clara división entre los que apoyan el ingreso en la Unión Europea (UE) y aquellos que se oponen a la ruptura con Rusia en un referéndum constitucional que fue boicoteado por los candidatos de Moscú, informa EFE.

"Los rusos no saben lo que es la democracia, sólo entienden el lenguaje de la fuerza y el poder. Yo no quiero en Moldavia lo mismo que en Rusia. Yo quiero ser parte de Europa", comentó a EFE Adrian, un joven de 23 años, a la salida del colegio electoral donde votó también la presidenta, Maia Sandu.

Las cartas están boca arriba. Los rumanoparlantes y la juventud apoyan la inclusión en el preámbulo de la Constitución de la aspiración de los moldavos a formar parte del bloque europeo. Los rusoparlantes y la tercera edad o están en contra u optaron por no participar en la consulta y únicamente depositaron su voto en las elecciones presidenciales.

Serguéi, un guardiafronteras retirado, llevaba "muchos años" esperando a que le hicieran esa pregunta en un referéndum. Le da igual que el ingreso en la UE no se consume a corto plazo.

"Es verdad, Moldavia no está preparada. Pero hoy daremos el primer paso. Somos europeos, geográficamente hablando. Pertenecemos a la civilización europea, no a la asiática u a otra. Debemos ser parte de la familia europea. Tarde o temprano ocurrirá", señaló.

Cree que el problema de la sociedad moldava es que existe una parte de la población que fue "plantada" por las autoridades soviéticas, pero no son originalmente de la región.

"Son gente de mentalidad soviética. En cuanto esa gente desaparezca, también desaparecerá la presión rusa", opina.

El joven Dumitru, que votó acompañado de su esposa y dos hijos, denuncia que Moscú quiere mantener el control sobre el país, pero se muestra convencido de que no lo logrará.

"El problema son los mayores y también los moldavos que viven en el miseria. Por 100 leis (5 euros), hacen lo que les digas. Ahora, (el prófugo oligarca prorruso Ilon) Shor ha elevado la apuesta hasta los 5.000 leis (unos 250 euros). Eso ya es mucho dinero", señala.

Mientras, Adrian insiste en que los prorrusos no tienen "ningún argumento" para oponerse a la integración europea. "Seremos parte de la UE. Pero será un camino largo. Tardaremos 5-10 años o tantos como la vecina Rumanía".

En las elecciones presidenciales todos votaron a favor de Sandu, que busca hoy la reelección, ya que creen que la reelección de la actual presidenta y el ingreso en la UE "son sinónimos".

Todos los votantes prorrusos con los que conversó EFE desconfían de las consecuencias jurídicas del referéndum. Creen que Sandu no explicó suficientemente bien las enmiendas constitucionales ni la decisión de hacer coincidir la consulta con las presidenciales.

"Sandu me ha decepcionado. He votado por un cambio. A los rusoparlantes no nos van bien las cosas. Me gustaría que fuéramos independientes y que tuviéramos amigos, no enemigos, por todas partes", comentó Sveta, de 70 años.

Malvina, tres años mayor, cree que Moldavia es una república pequeña que no puede dedicar parte de su presupuesto a dar de comer a los funcionarios europeos.

Mientras, el treinteañero Anatoli admite antes de entrar al colegio que no está "tan en contra de la UE, como de la inclusión del país en un bloque militar".

"Yo creo que después de la UE, ingresaremos en la OTAN. Por eso, votaré seguramente por (el candidato socialista apoyado por el Kremlin, Alexandr) Stoianoglo", asegura.

Uliana, de 75 años, va aún más lejos al oponerse terminantemente a la participación en la votación de los miembros de la diáspora moldava desperdigada por Italia, España, Francia y otros países europeos.

"Ellos no conocen nuestra realidad. No deberían votar", señala categórica.

Precisamente, Sandu confía en que los cientos de miles de emigrantes moldavos inclinen la balanza en el referendo y en las presidenciales, tanto a nivel de resultados como de participación masiva.

Sandu lucha por lograr una mayoría absoluta, aunque los sondeos pronostican una segunda vuelta en unas semanas ante Stoianoglo o el oligarca Renato Usatii, quienes boicotearon hoy el referéndum europeísta.

El número de personas que han sido beneficiadas por la ley de amnistía al procés asciende al menos a 86, entre condenados que han sido exonerados y absueltos que han visto cancelados sus antecedentes --incluidos los policiales-- desde que la norma entró en vigor el 10 de junio. Todas las amnistías concedidas hasta ahora han sido acordadas en los tribunales y juzgados con sede en Cataluña, informa Europa Press.

Este viernes, la Audiencia de Barcelona amnistió a 8 procesados: 4 de ellos manifestantes imputados por delitos de desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad, resistencia grave a agentes de la autoridad y delitos leves de daños; y los otros 4, miembros del cuerpo de Mossos d’Esquadra, acusados de los delitos contra la integridad moral y lesiones.

Por su parte, el Juzgado Penal Número 2 de Figueres (Girona) amnistió el jueves a la exalcaldesa de este municipio, Marta Felip (PDeCAT), que fue procesada como presunta autora de un delito de desobediencia y se encontraba a la espera de juicio por su participación en la preparación del referéndum independentista del 1-O.

El miércoles, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña aplicó la amnistía a un exsecretario del Ayuntamiento de Hostalric (Girona) que fue condenado por un delito de prevaricación a la pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo de cargo público por "exagerar" la actuación de un grupo de personas que acudieron al pueblo para retirar lazos amarillos y pancartas en apoyo al proceso independentista.

Ese mismo día, el TSJ catalán también amnistió a una persona que había sido condenada por un delito de tenencia de artefactos explosivos después de que en diciembre 2018 los Mossos d'Esquadra le requisaran la mochila en una manifestación.

Según consta en la sentencia en la que se le absuelve, llevaba "una botella de plástico que contenía ácido clorhídrico en solución acuosa --liquido transparente muy corrosivo que produce quemaduras en contacto con la piel, por ingestión o por inhalación de sus vapores-- envuelta en cinta de embalar con la inscripción de "Puta España" y una caja metálica que contenía 16 bolas de papel de aluminio y 20 clavos y chinchetas junto a otros objetos. El tribunal ha amnistiado también a otras dos personas que fueron absueltas en el mismo procedimiento.

Al margen, esta misma semana, el Juzgado de Instrucción Número 7 de Barcelona ha amnistiado a 46 agentes de la Policía Nacional que estaban siendo investigados por las cargas del 1-O en colegios electorales de Barcelona.

El juez consideró que la amnistía debía ser aplicada en este caso porque "las actuaciones investigadas fueron de escasa duración individual" y estuvieron "enmarcadas en un objetivo policial definido" que no se prolongó en el tiempo "más allá de la propia maniobra policial de entrada y salida de los distintos colegios electorales".

El instructor explicó, además, que los hechos investigados no fueron lo suficientemente graves como para excluirlos de la amnistía, que no ampara delitos de lesiones penados con más de cinco años de prisión, ni tampoco delitos de torturas o trato degradante.

A los 46 policías beneficiados se suman otras 27 personas que fueron amnistiadas el pasado 25 de junio por el TSJ de Cataluña. Los primeros fueron el exconseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, y el escolta del expresidente Carles Puigdemont, Lluís Escolà.

El exconseller había sido condenado por malversación a cuatro años y medio de prisión por designar al mosso d'Esquadra Lluís Escolà --condenado a cuatro años por el mismo delito-- como cargo de confianza para que escoltara al expresidente Puigdemont en el extranjero cuando huyó tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

El TSJ catalán declaró la extinción de la responsabilidad penal de Buch, Escolà y otras 25 personas "al quedar amnistiados los actos en virtud de los cuales fue declarada su responsabilidad criminal en la instancia".

Entre esas 25 personas amnistiadas constan tres que fueron condenadas por un delito de atentado contra la autoridad durante las protestas del 1 de octubre de 2020 en Barcelona. Los magistrados borraron la pena de tres años y un día de prisión que se les había impuesto. A uno de ellos se le perdonó también un delito de lesiones.

Las otras personas que se han visto beneficiadas por la norma fueron condenadas, entre otros, por delitos de atentado contra la autoridad o delitos leves de lesiones en el marco de varias protestas que tuvieron lugar en Cataluña entre 2018 y 2019 a favor del procés.

Todos los que en su momento fueron absueltos en los tribunales de los delitos de desórdenes públicos han visto ahora cancelados sus antecedentes, incluidos los policiales, por el TSJ catalán en aplicación de la ley de amnistía.

La Fiscalía General del Estado calcula que 486 personas podrían beneficiarse de la norma. Según informó el Ministerio Público, la ley afectaría "aproximadamente" a 82 procedimientos penales que se encuentran actualmente en tramitación. Dichas causas se reparten entre el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y juzgados y tribunales de Cataluña.

Sin embargo, matizó que es posible que no se pueda aplicar la amnistía en los 82 procedimientos porque hay causas con delitos que no se incluyen en la ley -como por ejemplo, delitos de odio- en conjunto con otros que sí se contemplan en el texto legal.

Esta misma semana, el Tribunal Supremo ha rechazado amnistiar la malversación al procés y ha señalado que, aunque ve amnistiable la desobediencia, tiene dudas sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía.

Así las cosas, el alto tribunal ha preguntado a las acusaciones y defensas del procedimiento si ven pertinente plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la previsión de la ley de amnistía de exonerar el delito de desobediencia atribuido a los encausados del procés.

La que posiblemente sea la 18ª Comunidad Autónoma, tras aprobar la Diputación de León la moción pro-autonomía, ya cuenta con dos propuestas de Estatuto redactadas por la sociedad civil. Las canciones en León tienen las letras más melancólicas, azuzadas por la despoblación y por el anhelo de ser Comunidad Autónoma, un derecho que consideran hurtado desde la Transición: “Paso la vida llorando y suspirando, León, por ti.” Se escucha en el cancionero popular. Desde 1983 hasta 2023 la Región Leonesa, formada por las provincias de León, Zamora y Salamanca, ha perdido casi 200.000 personas, lo que supone el 75% de toda la pérdida de la C.A. de Castilla y León. Al respecto, la canción Madera de Pendón versa “Las gentes siguen emigrando, el Duero permanece”, mientras apunta a los culpables: “en los despachos dramáticos del siglo XX (…) dibujan regiones;  tiempos de sigla y dinero, élite inmoral”.

La Región Leonesa tenía todo para ser una Comunidad Autónoma durante la Transición a la democracia, cumplía los requisitos del artículo 2 y era una región histórica desde que en 1833, por el mismo decreto que se formaron las provincias, León, Zamora y Salamanca quedaron encuadradas en la Región de León. Su situación demográfica y económica era entonces similar a la de Castilla y a nivel político mandaba al Congreso de los Diputados tantos diputados como Aragón; es decir, catorce. Sin embargo, León perdió su voz al integrarse en la pre-autonomía de Castilla y León. Los intentos de separación, que sí lograron Cantabria y La Rioja, se retardaron en la región por la posición ambivalente del PSOE y por el control sobre la dirección local de la UCD del leonés Rodolfo Martín Villa, que en ese momento ejercía como Vicepresidente del Gobierno. La clase política se separó de la ciudadanía durante el proceso, y cuando quiso dar marcha atrás en la decisión de unirse a la comunidad autónoma de Castilla y León, ya era demasiado tarde.

Ante la indiferencia de los partidos políticos, la sociedad civil se movilizó y llegó a concentrar 90.000 personas en la calle el 29 de enero de 1984. Detrás de esa manifestación celebrada en León había un proyecto estatutario claro sobre cómo los leoneses querían su autonomía. El Grupo Autonómico Leonés (GAL) presentó en 1978 una propuesta estatutaria de 41 artículos y 3 disposiciones transitorias, donde se destacaba una fuerte base comarcal, tanto a nivel cultural como político. En aquella propuesta estatutaria se afirmaba lo siguiente: “defender y potenciar los organismos, entidades e instituciones de las Comarcas de la Región Leonesa como fuente primordial y fundamental de la Autonomía de nuestra Región”; y se incluía además una declaración de intenciones en cuanto a la “autofinanciación de la economía de la Región Leonesa” para acabar con la dependencia  “respecto a poderes económicos y políticos extraregionales”. Asimismo, las principales asociaciones leonesistas del momento: GAL, Ciudadanos Zamoranos (CC.ZZ) y Grupo Regionalista Salmantino (GRES), reunidas bajo el nombre de Consejo General de la Región Leonesa, acordaron establecer la capital en Zamora. (Diario de León)

A lo largo de las últimas décadas, y tras la consolidación de la comunidad autónoma de Castilla y León, se ha instalado un sentimiento de frustración en la sociedad que ha acabado empapando transversalmente a todos los colores políticos, en especial en la provincia de León. De manera paralela, el leonesismo se ha mantenido vivo tanto en el plano social, con asociaciones como el Colectivo Ciudadanos de la Región Leonesa (CCRL) y Conceyu País Llionés; como también en el plano político, con Unión del Pueblo Leonés (UPL) como principal partido. La extensión del movimiento autonómico entre los políticos locales de los partidos nacionales, y la dependencia de la UPL en algunos de los ayuntamientos, provocó que en diciembre de 2019 el alcalde de León aprobase la primera moción pro-autonomía. Le siguieron otros 63 ayuntamientos, con votos a favor de concejales del PP, PSOE, IU, C’S e incluso VOX. El pleno del miércoles pasado no ha hecho más que corroborar y visibilizar este proceso.

Tras la Transición, este es el momento donde el leonesismo cuenta con más fuerza y visibilidad y, de hecho, está más cerca que nunca de conseguir su autonomía; a pesar de las burlas y miedos que ha suscitado estos días. Al igual que en el proceso de Transición hacia la democracia, el movimiento social ha impulsado lo que aún no ha sido capaz de hacer la clase política y ha propuesto un Estatuto de Autonomía para la Región Leonesa. Este Estatuto nace en Salamanca en el año 2022, está elaborado por CCRL y cuenta con Preámbulo, 92 artículos, 3 disposiciones adicionales, 5 transitorias, 1 derogatoria y 1 final, además de la Ley de Sedes, haciendo de la propuesta, que puede ser consultada aquí, la más completa hasta la fecha.

Este Estatuto se inspira en la primera propuesta de 1978 al situar la sede de las Cortes en la capital de Zamora, que se denominarían “Cortes del Reino de León” en honor al hecho histórico de que naciese bajo el reinado de Alfonso IX la primera cámara parlamentaria con representación del pueblo. También al definir mediante el artículo 4.1 la obligatoriedad de que se ubiquen “parte de las sedes autonómicas en áreas ajenas a las capitales provinciales” mediante “criterios de equilibrio”. El Estatuto de la Región Leonesa se convertiría en uno de los más descentralizados de España, un cambio total de sentido con respecto al estatuto de Castilla y León, que concentra el 72% de las sedes en la provincia de Valladolid; es decir, 29 de las 40 existentes.

La propuesta leonesista establece un número fijo de 9 Consejerías, recogiendo su reparto, con 3 en la provincia de León (que se situarían en León, Ponferrada y Astorga), 3 en la de Salamanca (ubicadas en Salamanca, Béjar y Ciudad Rodrigo), y otras 3 en la de Zamora (situadas en Zamora, Benavente y Puebla de Sanabria). Asimismo, se establece que “las localidades de Alba De Tormes, Astorga, Béjar, Benavente, Ciudad Rodrigo, Fermoselle, Ledesma, Peñaranda de Bracamonte, Ponferrada, Puebla de Sanabria, Sahagún, Toro y Villafranca del Bierzo” acogerían al menos una de las consejerías y Organismos con participación pública sin perjuicio de que otros municipios también puedan acoger sedes institucionales.

La ley de sedes concreta qué organismos se ubicarán en cada municipio, entre las que destacarían el Defensor del Pueblo y la Consejería de Economía en León, la Consejería de Presidencia y las propias Cortes en Zamora, el Tribunal Superior de Justicia de la Región Leonesa en Salamanca y la Consejería de Industria en Ponferrada. Por otro lado, esta Autonomía ahorraría a los leoneses los gastos derivados del Consejo Consultivo, el Consejo del Diálogo y la Fundación Castilla y León que serían suprimidos sin reemplazo. En cuanto a la comarca de El Bierzo, sería considerada una circunscripción electoral en las elecciones autonómicas y, a través de la disposición transitoria cuarta, podría solicitar acceder a la categoría de provincia si la mayoría de sus municipios y el Consejo Comarcal así lo aprueban.

¿Cuáles serían sus símbolos? El blasón de la nueva comunidad autónoma coincidiría con el escudo histórico del Reino de León, el león rampante púrpura que protagoniza el segundo cuartel en el escudo de España. Asimismo, combinaría la bandera oficial, conocida como “la plateada” por su paño blanco con un león pasante purpura, con el pendón oficial, “la purpurada”, el blasón leonés sobre el paño burdeos que es protagonista en las manifestaciones pro-autonomía. Por último, el artículo 5.6 del Estatuto fija el 18 de abril como fiesta oficial de la Región Leonesa, en honor a la fecha en la que se estima el inicio de las Cortes del Reino de León de 1188, Cuna del Parlamentarismo a nivel mundial por la UNESCO. En aquellos años en los que la fecha coincida en Semana Santa su celebración pasaría al 7 de octubre, en alusión a la fecha de la liberación del Cerco de Zamora.

Para el paso de Castilla y León a la Región Leonesa el proyecto de Estatuto propone en su Disposición Transitoria Primera la creación de una Comisión Mixta para transferir de manera ordenada las competencias, funciones y bienes de Castilla y León a la nueva comunidad autónoma de la Región Leonesa. Esta transferencia incluirá archivos, documentos, bienes muebles e inmuebles, así como el propio traspaso de funcionarios. Se priorizará a aquellos que trabajan o son naturales de León, Salamanca y Zamora, garantizando sus derechos reconocidos durante Castilla y León. El Colectivo Ciudadanos de la Región Leonesa considera que, aunque el reparto de funcionarios puede ser complejo, la Región Leonesa tiene un déficit de 4.000 funcionarios respecto a los que le corresponderían por población a causa de la concentración de sedes en la parte castellana. Finalmente, la Disposición Transitoria Tercera del Estatuto leonés estipula la aplicación transitoria de la legislación vigente, manteniendo en vigor en la Región Leonesa los Decretos y Leyes autonómicas aprobadas en Castilla y León hasta que la nueva comunidad autónoma apruebe su propia legislación en ejercicio de sus competencias.

La siguiente pregunta es hasta dónde llegará el proceso autonómico leonés: si se quedará por el camino por los intereses partidistas como ocurrió en la Transición, o si, por el contrario, prevalecerán los intereses de leoneses, zamoranos y salmantinos. Está echada la moneda para saber si León seguirá cantando a la nostalgia del pasado donde tuvo sus propias “leyes, concilios, fueros y reyes”, o si, en cambio, pasará a entonar su propio himno y lucir su propia bandera: “No habrá decreto que apague los fueros del pueblo / Por los Campos Godos renace cada día el Sol / La noche es oscura pero está llena de sueños / La selva enmudece cuando despierta el león”.

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Alberto Zamorano Cuesta, presidente del Colectivo Ciudadanos de la Región Leonesa (CCRL).

El expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, ha afirmado que la "policía patriótica" le investigó a él, al exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, y al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, como principales "voces" de Cataluña durante el procés, tal y como ha recogido Europa Press.

"Era para taparnos la boca, para que no pudiéramos decir 'Visca Cataluña', poner las cuatro barras en la camiseta del Barça o hacer cosas que cada uno de nosotros entendíamos que era bueno para Cataluña", ha indicado en una entrevista de este lunes en Rac1.

Lo ha dicho a raíz de la información publicada por el mismo medio sobre que el FBI supuestamente participó en la Operación Cataluña engañado por el Estado a través de un agente catalán presuntamente acusado de narcotráfico. Rosell ha dicho estar muy indignado con el Estado por utilizar a "una policía Mortadelo y Filemón" contra él, engañando además al FBI y a las autoridades americanas, algo que ha asegurado que sospechaba.

También ha afirmado que utilizará la información para demostrar lo que lleva defendiendo muchos años: "Más pruebas de que otro juez tendrá que decir que no sirven de nada. Pero son más pruebas y las volveremos a utilizar para seguir adelante".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado la orden de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la decisión de la Mesa del Parlament que admitió a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide que la Cámara catalana declare la independencia de Cataluña, según adelanta El Mundo y recoge Europa Press.

La decisión será adoptada el próximo martes en el Consejo de Ministros, aunque este lunes será validada por la Comisión Permanente del Consejo de Estado presidido por la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, recoge el citado medio.

Fue el pasado 2 de febrero cuando la Mesa del Parlament admitió a trámite esta ILP registrada por Solidaritat Catalana per la Independència, que prosperó gracias a los tres votos a favor de Junts y la CUP, la abstención de la representante de ERC y el voto en contra de los dos miembros del PSC en el órgano rector del Parlament.

El electorado irlandés ha manifestado su rechazo a las dos propuestas de modernización de la Constitución votadas el viernes en referéndum en lo que supone un duro revés tanto para los partidos tradicionales irlandeses que gobiernan en coalición, Fianna Fáil, Fine Gael y Partido Verde, como el Sinn Féin que lidera la oposición, ya que todos ellos habían apoyado los cambios. Las propuestas planteaban eliminar lenguaje sexista del texto constitucional y ampliar el concepto de familia para incluir modelos no tradicionales y "relaciones duraderas". En el denominado referéndum de la familia el No se ha impuesto con un 67,69% de votos, mientras que en el de cuidados el No ha logrado un 73,93% de apoyo. La participación ha sido el 44%, según ha informado Europa Press.

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ha reconocido que "está claro en este momento" que las dos propuestas "han sido derrotadas de forma integral". Varadkar ha subrayado que el Gobierno acepta este resultado y asume su responsabilidad en el mismo. Cuando pierdes un referéndum "así de duramente y por este margen" quiere decir que mucha gente "lo asumió erróneamente y evidentemente yo soy uno de ellos". El Gobierno no ha podido convencer a la población de la urgencia de estos referéndum, "algo sobre lo que tendremos que reflexionar", aunque ha recordado que en hasta trece ocasiones un Gobierno irlandés ha perdido un referéndum, por lo que ha indicado que "no habrá consecuencias".

Así ha apuntado que no cree que el ministro de Infancia, Igualdad, Discapacidad, Integración y Juventud, el ecologista Roderic O'Gorman, deba dimitir. El propio O'Gorman ha expresado su insatisfacción por el resultado, pero ha subrayado que no dimitirá y que seguirá trabajando. La líder del opositor Sinn Féin, Mary Lou McDonald, ha responsabilizado al Gobierno del resultado. "Creo que es una pena que el Gobierno haya ido en solitario por este camino", ha apuntado antes de pedir la dimisión del Gobierno al completo. "Si hay un mensaje que debemos conservar de esto es que el apoyo a la gente con discapacidades como ciudadanos iguales y el apoyo a los cuidadores es algo que el Gobierno debe tomarse en serio", ha añadido.

La senadora independiente Sharon Keogan ha destacado en cambio que ha sido una "victoria en una batalla como la de David y Goliat" y se ha dicho "encantada" con el resultado. "Creo que los debates de la televisión han sido fundamentales para este resultado", ha resaltado. "Creo que ha sido un insulto terrible para las mujeres de Irlanda celebrar este referéndum el Día Internacional de la Mujer, cuando el Gobierno quería retirara de la Constitución unas palabras importantes para las mujeres y las madres", ha argumentado.

La Constitución actual define la familia como la "unidad primaria y fundamental" dentro de la sociedad, pero el Gobierno apuesta por ampliar la definición para matizar que esta institución puede estar basada en el matrimonio "o en otras relaciones duraderas". Del mismo modo, el Gobierno irlandés impulsó el referéndum para retirar un artículo en el que se establece que, "por su vida dentro del hogar, la mujer brinda al Estado un apoyo sin el cual no se puede lograr el bien común". Para esta segunda revisión, se planteaba una redacción según la cual son los miembros de una familia quienes "dan a la sociedad un apoyo sin el cual no se puede lograr el bien común", de tal manera que no quedase circunscrito a la mujer.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reiterado este lunes su intención de agotar la legislatura y convocar las elecciones catalanas "cuando tocan", en febrero de 2025. Además, ha pedido sacar partido de la coyuntura y presionar para que se celebre un referéndum en Cataluña, siendo pactado con el Estado la mejor vía, a su juicio.

"Mi intención, y en estos momentos no tengo ningún elemento para cambiar la decisión, es que las elecciones sean cuando tocan, en febrero de 2025. No teníamos una legislatura completada desde hace casi 15 años", ha sostenido en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Todo ello después de que ERC haya avalado este sábado a Aragonès como candidato de nuevo del partido a las elecciones al Parlament, y ha elogiado la figura del presidente del partido, Oriol Junqueras.

De hecho, ha asegurado que, una vez entre en vigor la ley de amnistía, podrán disponer del "gran activo" que es Junqueras para las circunstancias que se puedan acontecer en un futuro, ha dicho.

"Oriol Junqueras, estoy totalmente convencido, que en el futuro escribirá nuevas páginas de la historia de este país", ha recalcado Aragonès, que ha pedido trabajar con mirada larga y poder completar una presidencia al frente de la Generalitat de ocho años.

Además, ha insistido en su voluntad de avanzar en la celebración de un referéndum en Cataluña que sea reconocido internacionalmente, y para ello considera que la mejor vía es hacerlo de forma acordada con el Estado.

"Trabajaré para que, en estos cuatro años que se han iniciado en la legislatura española, se fijen las condiciones para que Cataluña pueda hacer un referéndum sobre la independencia", ha destacado el presidente de la Generalitat, que ha pedido aprovechar la coyuntura actual para presionar en ello y para conseguir otros avances. Así, ha avisado a Sánchez de que "o se entiende con los 14 diputados independentistas, o será difícil que pueda salir adelante".

También se ha mostrado convencido de que, pese a encabezar un Govern en minoría, podrán aprobar el proyecto de Presupuestos de 2024, como han hecho "cada año" de su legislatura, ha dicho.

En plenas negociaciones con PSC, Junts, comuns y CUP para sacarlos adelante, el presidente catalán ha explicitado que proyectos como el Hard Rock o la ampliación del Aeropuerto de Barcelona "no tienen nada que ver" con las cuentas de este año.

Sobre la Ronda Nord, ha asegurado que el convenio con el Gobierno se firmará "próximamente" después de que ya haya validado el cambio legislativo para poder hacer la encomienda de gestión.

Y sobre el Aeropuerto de Barcelona, ha precisado que la mejora de la infraestructura no conlleva "necesariamente la ampliación de la pista", tras criticar la propuesta inicial que hizo Aena en su momento.

"Aena nos planteó un proyecto un poco colonial", ha reprochado Aragonès, que cree que lo importante es que la Generalitat tenga la capacidad de gestión del aeropuerto.

Estamos en lo que se considera una democracia representativa. Esto significa que los ciudadanos aportamos nuestro voto, cuando se nos pide, para elegir a los representantes que, basándose en el programa que nos ofrecieron a los votantes, ejercen las funciones de legislación (Parlamento) y ejecutivas (Gobierno).

El problema es que las condiciones desde que nos ofrecieron esos programas cambian y, sobre todo, lo habitual es que, dado que en el panorama actual las mayorías absolutas no se dan, necesitan llegar a acuerdos con otros partidos para la aprobación de las leyes. Y en ese momento, ¿qué tenemos que decir los votantes sino aceptar todo lo que se acuerde? Es decir, la democracia representativa se basa en la confianza en que los representantes elegidos serán fieles con los compromisos adquiridos. Pero a veces todo se destroza, como ciertas cosas que ocurren en el momento actual.

En esta democracia representativa algo falla. No es lógica ni de recibo la desafección de la calle con la política y los políticos. Y es que a estos ciudadanos, las peleas, los insultos, los dimes y diretes que pueblan los noticiarios y las redes les trae “al pairo”. Es decir, los políticos viven en su bola de cristal, pensando que sus problemas con unos y con otros son compartidos, cuando la realidad es que mayoritariamente a la gente todo eso les resbala.

A los ciudadanos lo que les preocupa es llegar a fin de mes, el poder seguir aguantando las subidas de sus hipotecas, las subidas de precios, las listas de espera en Sanidad, el funcionamiento y los recursos necesarios en educación, etc. Temas todos ellos que quedan tapados por discusiones personales, pobladas de insultos que a nadie interesan salvo como algo esperpéntico.

Todo lo anterior es lo que hace que cuando esa lista interminable de problemas, muchas veces personales entre unos y otros, aparecen en sucesión sin límites en telediarios y coloquios de gente experta, los más cambien a La 2 para ver alguno de sus documentales de animalillos y países exóticos.

Hace unos días, muchos votantes “progresistas”, pero no iniciados en los temas políticos, más bien seguidores de La 2, se maravillaban con ojos muy abiertos al ver que se había echado para atrás una Ley gracias a los votos en contra de PP, Vox y Podemos y la gente ya no entendía nada.

Veamos, le dije a uno de ellos en una conversación, el PCE era el objetivo de nuestros votos en los inicios de la democracia, después se convirtió en IU, al que seguimos votando, luego estos fueron “engullidos” por Podemos, que tuvo mejor visión que IU de lo que acaecía en la Puerta del Sol pero, no obstante, el PCE revitalizando su conocido “entrismo” en los Sindicatos Verticales del franquismo, se fue introduciendo en la nueva organización, cosa que volvieron a repetir cuando Sumar apareció en el escenario político, con la intención a su vez de “engullir” a Podemos. Pero siempre, tanto en IU como en Podemos, hubo gente que se resistió a esa absorción y quiso seguir manteniendo puras sus banderas. Esos procesos de absorción han sido siempre lo mismo, dirigidos por unas almas pensantes que movían el cotarro, unas veces unos y otras otros, al que le tocase en ese momento. En esas estamos ¿lo entiendes?, le dije.

Pues no, me replicó.

Sí, hombre, los dirigentes de Podemos se resisten a que alguien, con cierto carisma, venga a imponerles cosas, y tienen que hacer ver su valía y sus votos. Además, las inquinas que se han forjado entre personas determinadas en estas luchas son algo que es un peso enorme a las espaldas de los posibles acuerdos. De ahí que te encuentres con que se da la situación que tanto te maravilla: Podemos une sus votos a PP y Vox. Y llama la atención que, en el fondo, todos los situados en el arco a la izquierda del PSOE quieren defender los derechos de los más humildes, el progreso y la justicia social. Yo sé que son honrados y luchan por ello, todos. Sin embargo, lo mencionado antes les pierde.

Esta conversación me hizo pensar en el tema del título del artículo y a ello voy:

Una democracia participativa minimizaría estos problemas, porque la función de la ciudadanía dejaría en un segundo plano los problemas personalistas de los partidos que, convencido estoy, aunque honradamente piensan que están defendiendo a sus votantes, lo que subyace en ellos es una defensa de su posición dentro del legislativo y frente a personas con las que ya va a ser imposible llegar a acuerdos.

Una democracia participativa potenciaría las formas y herramientas para empoderar a los ciudadanos, para conseguir una participación más directa y activa en la toma de decisiones de carácter público, acercando a estos a la política que sería algo que les pertenecería y no la verían con rechazo, como algo ajeno a ellos. Se trataría de que los ciudadanos pudieran expresarse en temas que no quedarían delegados en los representantes elegidos. El papel del ciudadano no quedaría restringido a un voto cada cuatro años. Sería formar a una ciudadanía, desde la escuela, con capacidad de organizarse para asumir un papel dinámico en los temas comunes.

Las decisiones de importancia y de calado tal vez deberían de pasar previamente por unas consultas populares, si es que lo debatido no estaba especificado claramente en un programa de gobierno o del partido de que se trate. Y en los tiempos que corren, con los medios tecnológicos y de comunicación existentes, no puede decirse que esto sea un objetivo inalcanzable.

Las Iniciativas Legislativas Populares (que existen, pero que tal y como se plantean ahora están abocadas al fracaso), mecanismos prácticos de participación en todos los niveles (barrio, ciudad, Comunidad, Estado), los referéndums (algo habitual en otros países con consultas en temas diversos), los plebiscitos, etc. Todo ello sería una forma de control sobre los representantes elegidos y, ¿por qué no decirlo?, también de apoyo, a lo largo de su legislatura.

Pero es que esto mismo ha de traducirse en la vida de los partidos. Hay decisiones de importancia que no deben quedar delegadas en las manos de los que los lideren en cada momento. Decisiones como votaciones de calado en el Legislativo deberían ser consultadas previamente a los militantes. ¿Qué hubiera pasado en Podemos, previamente a lo que se votó en el Parlamento, si antes se hubiera debatido y aprobado entre la militancia? Tal vez hubiera sido el resultado el mismo, pero ya no habría sido la decisión de un grupo dirigente y nadie podría echarse las manos a la cabeza.

Tal vez, mecanismos como los que se indican acercarían a la ciudadanía a la política y a los políticos, separando el trigo de la paja y fijando la política en los temas realmente importantes para los ciudadanos.

Tal vez, entonces, nadie tendría que sorprenderse de por qué un partido de izquierdas une sus votos (o tal vez no los hubiera unido) a la derecha y ultraderecha, cuando partidos como Bildu y ERC han votado en otro sentido. Tal vez la política sería más cercana y entendible, tal vez no se darían las luchas que se ven (de lejos) por los ciudadanos entre partidos que se supone representan los intereses de la clase trabajadora. Tal vez el/la/los/las que dirigieran esos partidos tendrían mucho menos poder en la toma de decisiones.

Y sobre todo: tal vez, en ese caso, la tan añorada unidad de la izquierda estaría más cerca.

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Ángel Viviente Core es coordinador general de Convocatoria Cívica.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que "la amnistía está pactada" entre el Gobierno y los independentistas y ve posible que haya también un referéndum "disfrazado" de consulta en Cataluña. Dicho esto, ha criticado que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, no acepte la oferta del PP cuando la "centralidad es la solución idónea" para salir del "bloqueo" y del "chantaje" y ha señalado que en este momento se debería preguntar a los ciudadanos en las urnas si están de acuerdo con una amnistía y un referéndum.

Así se ha pronunciado este viernes en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, un día después de la reunión de la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado, donde el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, proclamó que la amnistía es un "punto de partida imprescindible" para llegar al referéndum.

Feijóo ha criticado el "oscurantismo absoluto" que hay en las negociaciones del Gobierno con los independentistas y ha señalado que este jueves ya lo vieron en el Senado con la ausencia del Gobierno en funciones en la reunión de la Comisión General de Comunidades Autónomas.

En este punto, ha tildado de "sorprendente" que el Ejecutivo "no respete a las Cortes Generales" porque no acudió este jueves a la Cámara Alta y mantiene "cerrado" el Congreso. A su juicio, es algo que no habían visto "en 45 años de democracia".

El líder del PP ha indicado que "no hay ningún español" que "sepa exactamente qué es lo que está negociando el señor Sánchez" porque lo "oculta" y además "no quiso responder a ni una sola de las preguntas" que le formuló en el Congreso durante el debate de investidura de finales de septiembre.

Al ser preguntado si cree que el referéndum está pactado para esta legislatura, Feijóo ha asegurado que "lo que está claro es que ayer el señor Aragonés dio alguna información". "Nos ha dado, por supuesto, que la amnistía está pactada y que la amnistía es el paso previo al referéndum", ha resaltado, para añadir que él cree que "en este momento todo es posible".

Dicho esto, Feijóo ha indicado que en este momento la palabra del candidato socialista "no cotiza al alza" porque ha hecho promesas y luego ha hecho "lo contrario". "Probablemente si Pedro Sánchez se escuchase lo que ha dicho hace unos años, hace unos meses o hace unos días, haría una moción de censura contra sus propias declaraciones", ha enfatizado.

En cuanto a si ve capaz a Sánchez de pactar un referéndum con Junts, el líder del PP lo ve posible. "Si puede, un referéndum disfrazado de una consulta. Técnicamente un referéndum no vinculante sino consultivo, porque el vinculante no podría hacerlo, es posible. Yo no lo descarto en ningún caso", ha abundado.

En este punto, ha indicado que él se creyó a Sánchez cuando dijo que con Bildu no iba a pactar y "en este momento es un puntal claro de la posible investidura" del líder del PSOE. Y ha añadido que lo mismo le ocurrió con Podemos, un partido que luego ocupó la Vicepresidencia del Gobierno y varios ministerios.

De la misma manera, ha asegurado que se creyó a Sánchez cuando dijo que traería a Carles Puigdemont a España o que iba a "intentar al menos facilitar su extradición", si bien hoy el expresidente de la Generalitat "forma parte de lo que ellos dicen que es la mayoría progresista".

"El señor Sánchez dijo que Junts y que el señor Torra, el anterior presidente de la Generalidat, era el Le Pen de la política española. Pues hoy ese mismo partido es la mayoría progresista que quiere conformar Sánchez", ha recalcado, para agregar que en este momento ser "reaccionario en España es defender lo que defendió el candidato Sánchez en su primera investidura".

En cuanto a si descarta que vaya a haber repetición electoral en enero, Feijóo ha subrayado que lo que ocurre en España en este momento no se decide en España sino en Bélgica, donde reside Puigdemont. "Y claro, que la gobernabilidad de tu país la decida una persona que está buscada por la justicia de tu país es muy duro", ha criticado, para resaltar que parece de "ciencia ficción" que eso sea lo que ocurra en la cuarta economía del euro.

Por todo ello, ha dicho que si Puigdemont "quiere que haya elecciones, las habrá". "Y si Puigdemont le quiere dar los votos a Sánchez, y Sánchez es capaz de convencer a Podemos, pues probablemente tenga una investidura", ha manifestado Feijóo, que ha cuestionado que a partir de ahí pueda haber gobernabilidad en España.

El presidente del PP ha recordado que antes de las generales le ofreció una oferta para facilitar la investidura del partido que ganase y que lo volvió a hacer durante su debate de investidura. Sin embargo, ha asegurado que Sánchez rechazó su propuesta porque "prefiere los votos de Bildu que los votos del PP".

"Sigo pensando que la centralidad en este momento en nuestro país sería la solución idónea para salir de este bloqueo y de este chantaje", ha manifestado, para añadir que se debería consultar a los ciudadanos "si están de acuerdo con la amnistía y si están de acuerdo con el referéndum" en un nuevas elecciones.

"Por tanto, que antes que un Gobierno cuya tripulación el objetivo fundamental sea hundir el barco de la gobernabilidad de España para los próximos años, entiendo yo que es mucho mejor, sin duda, consultar a los ciudadanos el 14 de enero y que los españoles decidan", ha reiterado.

Finalmente, el presidente de los 'populares' ha recordado que el domingo su partido volverá a celebrar un nuevo acto en la calle contra la amnistía. Será en Toledo y le seguirán otros dos actos similares en Málaga y Valencia para defender la igualdad de los españoles, según informó el partido.

Feijóo ha censurado que el PSOE critique esos actos cuando Sánchez "lleva haciendo muchos mítines al fin de semana y nadie dice que sale a la calle". "Y si nosotros convocamos un acto y resulta que vienen 60.000 personas en Madrid, estamos desestabilizando al Gobierno. O sea, esto será una broma", ha exclamado, para dejar claro que el PP va a ejercer su derecho "a hacer política democrática" en España.

Feijóo asegura que Sánchez mantiene como ministra a la líder de Podemos, Ione Belarra, pese a sus "disparates" contra Israel porque necesita los cinco votos de la formación morada para volver a ser investido.

El candidato del Partido Popular insiste en que Sánchez no está gestionando bien la respuesta de España al conflicto entre el movimiento islamista Hamás e Israel, ha incidido en que Belarra "no puede decir los disparates que ha dicho desde un despacho oficial y con la bandera de España atrás".

"No puede decir que el Estado israelita es genocida y que el señor Netanyahu", el primer ministro israelí, "tiene que comparecer en la Corte Penal Internacional", ha criticado Feijóo.

Más si cabe, ha continuado el líder del PP, cuando Israel ha sido "agredido" por una banda terrorista que ha causado centenares de muertos y de rehenes. "Esto no se puede decir", ha reiterado el presidente de los 'populares'.

Feijóo ha manifestado que "lo único que se puede hacer" con Belarra —si él estuviera al frente del Gobierno— "sería cesarla", pero ha apuntado que si Sánchez la destituyera "probablemente" no sea de nuevo presidente, "porque necesita los cinco votos" que tiene Podemos en el Congreso tras las elecciones generales.

En este sentido, ha avisado de que el país está en una situación de bloqueo previo a la investidura que se convertirá en bloqueo "permanente" si Sánchez finalmente es investido, dada la dependencia hacia los votos de Podemos.

Para el líder del PP, que ha asegurado que hubiera ido a Israel y telefoneado a Benjamín Netanyahu de ser presidente porque lo ve una "obligación", en estos momento España es un actor "irrelevante" en política internacional, en parte porque Sánchez "no es capaz de organizar su Gobierno", ha lamentado.

Ha rememorado que España tuvo "relevancia" y "cierto protagonismo" en Oriente Medio durante los mandatos de Felipe González (PSOE) y José María Aznar (PP), al albergar reuniones entre Israel y las autoridades de Palestina.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, asistirá este jueves a la reunión de presidentes autonómicos en el Senado para defender la amnistía y el referéndum, según informa Europa Press.

"Irá al Senado a defender Cataluña y a los catalanes", ha anunciado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu. Plaja ha asegurado que Aragonès no dejará en manos "del PP y sus presidentes autonómicos el debate sobre la amnistía", ni ningún espacio vacío.

Por otra parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial en funciones, Isabel Rodríguez, ha afirmado que el Ejecutivo no acudirá a la comisión porque a su juicio los conservadores pretenden utilizarla para crispar. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa, ha señalado que el Gobierno no participará en la "instrumentalización" de esta comisión por parte del PP, según la acusación que ha lanzado.

En este sentido ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo de usar esa comisión para "contribuir a la crispación" en la que a su juicio está asentado, y le ha reprochado que lo haga después de haber sido senador y presidente autonómico.

El PP forzó la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que se llevará a cabo este jueves en la Cámara Alta, para hablar de la amnistía. Aunque todavía no se conocen la totalidad de los asistentes, es previsible que acudan los presidentes autonómicos del PP. Por el contrario, los presidentes del PSOE ya han confirmado que no participarán.

Pese a afirmar que el Ejecutivo no asistirá Isabel Rodríguez ha querido dejar claro su respeto al Senado y el compromiso de Sánchez con las comunidades autónomas, que a su juicio ha quedado constatado a lo largo de la legislatura con las convocatorias de conferencias de presidentes y sectoriales.

Por tanto ha afeado al PP que convoque la comisión para hablar sobre amnistía porque considera que hay otros temas que podrían hablarse en ese espacio sobre transferencias en manos de las comunidades autónomas como los comedores escolares, la gratuidad de los libros de texto o la sanidad pública. "Tantas y tantas cosas que no caben en estos momentos en la acción del Partido Popular que está entregado a una sola causa que es de nuevo recurrir a la crispación", ha añadido. Finalmente considera que es el mantra del PP "atacar y crispar cuando ellos no gobiernan".

I.- Creo que fue Sigmund Freud quien sostuvo que son, esencialmente, dos los principios que rigen el funcionamiento de la mente: el del placer y el de la realidad. En estos convulsos tiempos en que nos ha tocado vivir hay personas que pretenden guiarse o regirse siempre por el primero y olvidarse o apartar, por sistema, el segundo. Ejercicio mental que, sobre todo en política o gobierno de la cosa pública, suele conducir a peligrosas ilusiones y seguros descalabros. No seré yo quien niegue la bondad de pretender situaciones de placer en tantos aspectos de la vida privada, pero cuando el asunto o “negocio” incide en el regimiento de las sociedades conviene tener muy en cuenta las condiciones externas sin lo cual naufraga el principio de realidad, tan necesario para no terminar hundidos. Una reflexión que me ha suscitado el actual debate sobre las famosas investiduras, que comenzó por aquella del candidato convencido de que había ganado las elecciones —principio del placer— y acabó constatando que las había perdido, dadas las “condiciones externas” —principio de realidad—. Ahora estamos en la segunda sesión, con esos aspectos o contenidos que tan interesadamente se están confundiendo, mezclando o tergiversando, esto es, la posible amnistía y la imposible autodeterminación. Sobre el primer asunto ya he opinado en televisión, radio y diarios y, de momento, no se me ocurre añadir nada nuevo. Cuando se sepa algo más concreto quizá tenga ocasión de volver sobre el tema. Lo que sí me gustaría es que quedase constancia de que el primero —la amnistía— no tiene nada que ver con el segundo —la autodeterminación—. Pretender confundirlos, relacionarlos o considerar que el primero lleva al segundo es una forma de engañar al personal sufridor o, simplemente, mentir cual bellacos.

II.- Me referiré, pues, a la autodeterminación, que también se enarbola cual espantajo desde las filas secesionistas. ¿Qué se quiere decir cuando se reclama el “derecho” de autodeterminación o su eufemístico derecho a decidir? Se supone que se refiere a la facultad que, en nuestro caso, tendría la sociedad catalana de separarse de España o, mejor dicho, del Estado español, mediante un referendo, y formar un nuevo Estado independiente. Es decir, que una parte de España sería soberana —ya antes de votar— para decidir si desea seguir formando parte de la nación común o separarse de ella. En mi modesta opinión, esta pretensión es radicalmente contraria a la Constitución vigente, pues, como establece el art. 1.2, “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. La soberanía, pues, reside en el conjunto del pueblo español, y no en cada una de sus partes. Idea que viene reforzada, si cabe, en el art. 2, que habla de la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Está, por lo tanto, fuera de discusión esa cuestión y ningún partido, ni gobierno, del color que sea, tiene en su mano la potestad de aceptar tal pretensión sin cambiar la entera Constitución por los mecanismos en ella establecidos. Resulta, en consecuencia, un ejercicio de manipulación especular sobre la factibilidad o verosimilitud de que un partido o gobierno negociase sobre esa materia. Aparte de que, como ya he sostenido desde hace años, en las condiciones de la globalización y de la Unión Europea, dicha pretensión es profundamente reaccionaria, insolidaria y divisiva. Otra cosa bien distinta es la posibilidad de reformar el Estatuto de Cataluña que, por cierto, en su completa versión actual no ha sido refrendado por la ciudadanía de esa comunidad autónoma. En el supuesto de acordarse su modificación y mejora debería ser sometido, al final de su tramitación, al referendo de los catalanes.

III.- Por otra parte, cuando algunos partidos nacionalistas proponen un referendo o consulta con la opción de separarse de España, ¿qué están planteando en realidad? Me da la impresión de que siguen anclados en una concepción del Estado español que ya no existe. Por la sencilla razón de que nuestro Estado-nación ya no es el del siglo XIX o el XX. Pues desde hace cerca de cuarenta años pertenecemos a lo que hoy se llama Unión Europea, en la que compartimos, junto a otros Estados, elementos muy decisivos de la soberanía, como por ejemplo la moneda, etc. Hasta tal punto que hoy en día una parte sustancial de las decisiones —y políticas— que nos afectan se deciden, conjuntamente, en la UE. Y conviene no olvidar que la legislación europea forma parte del derecho interno español, y estamos obligados a cumplirla. Todo esto quiere decir que si una parte de un Estado europeo se separase de dicho Estado, quedaría automáticamente fuera de la Unión, con todas sus consecuencias. Pensar que si rompiese, unilateralmente, con un Estado miembro, los demás lo iban a reconocer y acoger en su seno es una ilusión, espejismo, fantasía, trampa o puro engaño de naturaleza francamente autodestructiva. En este sentido conviene, igualmente, conocer que el art. 4.2 del Tratado de la Unión señala que: “La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras políticas y constitucionales de estos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial”. Supongo que la mayoría de los ciudadanos que votan a los partidos nacionalistas no desean quedarse fuera de la Unión Europea. Sin embargo, tengo la impresión de que no se les dice la verdad, que están inmersos en una manipulación o autoengaño abrumador, pues a pesar de la evidencia de lo que queda dicho y de la propia experiencia de lo sucedido en 2017, siguen pensando que esto de separarse de un Estado de la Unión es tarea factible, sin mayores consecuencias. Convendría que alguien con honestidad y valor político les dijera que si su interés y voluntad es permanecer en la Unión Europea, deben pertenecer a un “Euroestado” que, en este caso, se llama España, pues lo demás son milongas o peligrosas ensoñaciones. Y ello no es obstáculo para que en sus programas máximos o principios puedan seguir manteniendo la independencia. En cualquier caso, sería mucho más productivo que, guiados por el principio de realidad, pugnaran por mejorar su participación en los asuntos europeos, en especial en los que afectan a sus competencias.

IV.- Volviendo un momento a Freud, es como si algunos quisieran vivir siempre y únicamente bajo el principio del placer, y sería una labor caritativa convencerlos de que no es nada placentero vivir fuera de la Unión Europea, lugar del mundo en el que, a pesar de todo, mejor se vive del ancho mundo, si se conoce algo de lo que existe por ahí fuera. Al tiempo que merece la pena el esfuerzo de persuadirlos de que es muy sano, en general, someterse a la égida del principio de realidad, pues la realidad real no engaña y es mejorable con paciencia, dedicación y siempre que seamos capaces de afinar el discernimiento. 

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.

La resolución aprobada la pasada semana en el Parlament de Cataluña se encuadra —como casi cualquier movimiento del independentismo— en la rivalidad entre Junts y Esquerra Republicana por ser la fuerza hegemónica del espacio. Un texto que se ratificó en el marco del Debate de Política General y en el que ambas formaciones, con la abstención de la CUP, acordaron no investir al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, si no trabaja "para hacer efectivas las condiciones de un referéndum". Sin embargo, tanto ERC como Junts son conscientes de que el referéndum es una de las líneas rojas del PSOE y que Sánchez no dará su brazo a torcer en esta materia. Pero consideran que así pueden forzar a los socialistas a plantear su alternativa—por ejemplo, un nuevo Estatut— para resolver el conflicto territorial.

Ambas formaciones presumen de haber arrastrado a la otra con esta resolución. En ERC no quieren perder el foco que tuvieron en la pasada legislatura como socios preferentes de La Moncloa, en tanto que observan como la formación de Carles Puigdemont gana enteros y escenarios mediáticos. El objetivo de ERC pasa por visibilizar que son tan importantes como los posconvergentes e insisten en que Sánchez cometería un error al dar sus votos por garantizados. De fondo, subyace el temor a que sea Junts quien capitalice un eventual éxito electoral si se logra sacar adelante la ley de amnistía.

"Que lo tenga claro todo el mundo: la amnistía por sí sola no resuelve el conflicto. La autodeterminación, el referéndum se sitúa en el centro de la resolución del conflicto", aseguró el president Pere Aragonès en la conmemoración del sexto aniversario del 1 de Octubre. Una declaración más simbólica que real, ya que el objetivo de ERC pasa por retomar el acuerdo del año 2019, en el que según manifestó recientemente la número dos del partido, Marta Rovira, persona de máxima confianza de Oriol Junqueras, ya se pusieron las bases para que se pudiera hablar "de todo" en una Mesa de Diálogo. Los republicanos creen "razonable" que ahora el PSOE vuelva a asumirlo de nuevo en la nueva investidura.

Es decir, la dirección de ERC se daría por satisfecha si Sánchez asume lo ya acordado hace cuatro años, porque entienden que eso incluye abordar el debate sobre la autodeterminación. Ese acuerdo fijaba que la resolución del conflicto catalán se debe materializar "a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo". Asimismo, la formación liderada por Junqueras también demanda otras cuestiones para dar su sí a Sánchez como el traspaso de la red de Rodalies y la reforma del modelo de financiación, pendiente desde hace una década.

Desde la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de la que se cumplen ahora seis años, ERC ha pasado de exigir el reconocimiento de Cataluña como Estado soberano a defender el diálogo como la vía más efectiva. Una pragmatismo que, hasta la fecha, el partido de Puigdemont no compartía. Públicamente ningún dirigente de Junts ha reconocido que la DUI fuera un error, es más, siguen defendiendo que el resultado del referéndum del 1-O es válido pese a que no ha tenido ningún reconocimiento internacional y fue anulado por el Tribunal Constitucional. En el último lustro los posconvergentes han acusado a ERC de renunciar a la independencia y han criticado en numerosas ocasiones la vía del diálogo y su predisposición a pactar con el PSOE "a canvi de res" —a cambio de nada—, lo que les ha valido el título de "botiflers" y "traidores" en las bases independentistas.

Las elecciones del 23J lo han cambiado todo. La formación ha abandonado esa posición y se ha abierto a negociar con Sánchez, dando ya sus frutos con el acuerdo para la mayoría en la Mesa del Congreso y la reforma del reglamento para que se puedan utilizar las lenguas cooficiales. El tono en público, más allá de algunos aspavientos, tampoco es el mismo. Es más, a diferencia de Aragonès, Puigdemont no hizo ninguna referencia expresa al referéndum durante el aniversario del 1-0 y llegó a admitir que "las cosas están empezando a cambiar, no lo suficiente pero sí en la buena dirección".

Lo cierto es que ni Junts ni Esquerra se libran de las presiones del independentismo. Tras aprobarse la resolución en el Parlament, la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, exigió vincular la amnistía a la independencia y presionó a a Junts y ERC para cumplir con el "mandato del 1-O":"¿Cómo puede ser que en esta resolución no aparezca la palabra independencia? ¿Dónde está nuestro Parlamento para hacer efectivo el mandato del 1-O?", lanzó ante los manifestantes convocados en la plaça Urquinaona, donde se produjeron cargas policiales seis años atrás.

Las fuerzas catalanas no esconden que el apoyo a la independencia está en mínimos históricos de la década, según datos del barómetro público catalán, lo que enciende los ánimos de los más acérrimos. Un bajón que se palpa también en el histórico de las manifestaciones por la Diada. La última congregó a 115.000 personas, según los datos de la Guardia Urbana de Barcelona, mientras que en 2022 se reunieron 150.000. Cifran que están lejos de las que logró el independentismo en 2017, con un millón de personas según la Guardia Urbana.

Desde en un primer momento tanto el PSOE como el PSC cerraron la puerta totalmente a un acuerdo que incluya el referéndum. En un comunicado conjunto, insistían en que cualquier acuerdo tiene que llegar "desde el marco de la constitución": "La sociedad catalana en particular, y la española en su conjunto, han apostado de manera amplia por un Gobierno progresista que continúe la senda de diálogo, acuerdos y concordia iniciada hace cuatro años, y no por mirar al peor pasado, sino por seguir construyendo juntos un futuro mejor”, rezaba el texto.

La contundencia del líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, no dejó lugar a dudas: "Si hay que ir a elecciones, iremos a elecciones y que la ciudadanía elija", manifestó. El PSOE, aunque Ferraz no lo confirma, está dispuesto a avanzar en la amnistía, pero el referéndum supone entrar en una vía sin salida. El propio Sánchez remarcó este martes tras recibir el encargo del rey Felipe VI rechazó el anhelo independentista del referéndum. Para él, la sociedad catalana este 23J apostó por el "reencuentro": "Es la hora de la política, de la generosidad y del liderazgo", señaló, sin mencionar en ningún momento la palabra amnistía.

Los que sí quieren los socialistas es un compromiso por parte del soberanismo sobre el abandono de la unilateralidad y de ese "lo volveremos a hacer". Una idea que ya ha verbalizado Sumar, la coalición liderada por Yolanda Díaz, que desde hace semanas defiende que habrá ley de amnistía, aunque esa deberá llegar acompañada de determinadas concesiones por parte del independentismo. "Cuando uno anda por el carril del diálogo y el acuerdo, no anda por el carril de la unilateralidad, yo creo que eso es claro", afirmó portavoz de la coalición, Ernest Urtasun. "Lo lógico es aprobarla en el contexto de una serie de acuerdos para la construcción de un proyecto de convivencia y de reconciliación común", aseguró también el portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado de Sumar, Enrique Santiago, en una entrevista reciente con infoLibre.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado en la clausura del Foro La Toja-Vínculo Atlántico este sábado, un día después de confirmarse su investidura fallida en el Congreso de los Diputados, y ha lanzado varias advertencias sobre los acuerdos del PSOE con ERC y Junts para que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pueda revalidar su cargo, informa Europa Press.

Feijóo, que se ha dicho "orgulloso" de no llegar a la Moncloa "por ahora", ha señalado cómo el referéndum por el que apuestan las formaciones independentistas como condición para investir a Sánchez es solo "un cebo" -porque "no está encima de la mesa", ha asegurado- para concluir que se ha aceptado "algo más sensato", que sería una amnistía para los líderes del procés.

Así lo ha señalado durante una ponencia en la jornada de clausura del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, celebrado en la Illa da Toxa, en O Grove (Pontevedra), a la que han asistido como público los expresidentes de España y Chile, Mariano Rajoy y Sebastián Piñera; los titulares de los gobiernos de Galicia, Castilla-La Mancha y Canarias, Alfonso Rueda, Emiliano García-Page y Fernando Clavijo; y el vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinas, entre otros.

"Me he divertido y me he quedado satisfecho", ha recalcado, porque ha cumplido lo que consideraba "un deber" como "ganador de las elecciones" y como candidato señalado por el rey. Por ello, ha reivindicado "la dignidad" de haberse quedado "a tres síes" de ser presidente del Gobierno.

Tras rechazar la política "de bloques y los bloqueos", Feijóo ha negado que fuese un fracaso su investidura porque ahora España "sabe que tiene un gobierno alternativo". "Porque la democracia no consiste en poder elegir el Gobierno, sino también en poder cambiar el Gobierno", ha añadido.

Ha subrayado que el debate fue "un acto esclarecedor" por "el mutismo" del presidente en funciones. Aunque no ha mencionado la polémica intervención del diputado Óscar Puente, Feijóo ha contrastado entre las "cabezas que embisten" y las que "piensan".

Así, ha insistido en la idea de que este sábado podría estar hablando como presidente si hubiese accedido a lo que considera un "chantaje". Sin embargo, "aceptar las condiciones que exceden el marco del Estado de Derecho no lo puede hacer ningún candidato a la Presidencia del Gobierno".

Aquellos mandatarios que lo hacen, ha recalcado, estarán "en libertad condicional". "Ni siquiera la Presidencia del Gobierno justifica los medios. Estoy muy orgulloso de no ser presidente, por ahora", ha remachado.

Alberto Núñez Feijóo no había faltado a ninguna de las cuatro ediciones anteriores del Foro La Toja, las primeras como titular de la Xunta de Galicia, y este año no ha sido una excepción. Ha tenido palabras en recuerdo del exministro Josep Piqué, presidente del evento, fallecido el pasado mes de abril: "Fue promotor del diálogo de la España constitucional, de la España de las autonomías".

Justo después de la mesa redonda en la que participaron los presidentes de Galicia, Castilla-La Mancha y Canarias, el líder de la oposición ha defendido la "igualdad" y la política que "olvida el insulto".

A dos días de que el monarca vuelva a tener la ronda de consultas con los grupos políticos y, previsiblemente, designe como candidato a Pedro Sánchez, Feijóo ha puesto el foco en la eventual aprobación de una amnistía que dejaría "deslegitimadas" a las instituciones que aprobaron la aplicación del artículo 155 en Cataluña y que supondría "mantener el vigor" de la declaración de independencia pronunciada en 2017 por Carles Puigdemont.

Feijóo también ha hecho una lectura sobre el clima político "tan tirante" en España. No ha culpado a los independentistas, que ahora tienen un "peso escaso" con un 5,5 por ciento del voto total en las generales del 23J, sino que ha apuntado directamente a Sánchez y a la actual dirección del PSOE.

"El factor fundamental que altera la estabilidad democrática es el cambio que se produce en la dirección del Partido Socialista. No podemos echarle la culpa al independentismo de lo que siempre ha defendido. No ha cambiado su actuación, lo que ha cambiado es la respuesta del Partido Socialista a sus exigencias", ha reflexionado el líder de la oposición.

Y es que el Partido Socialista, pese a que ha "perdido las elecciones", ahora "asume las tesis" de los partidos independentistas para seguir gobernando: "No es convivencia, es conveniencia. Y no es una oportunidad, es oportunismo".

"Me parece legítimo una persona que pide que se condonen sus irresponsabilidades. Lo que no es legítimo es que alguien condone las irresponsabilidades (...) para lucrarse desde el punto de vista personal, que es tener la Presidencia del Gobierno", ha agregado.

Tras lamentar el liderazgo "hiperpersonalista" que, a su modo de ver, tiene ahora el PSOE, se ha servido de la intervención del socialista Emiliano García-Page en la mesa de presidentes para deslizar que Sánchez debería "dar cuentas" sobre si va a haber amnistía tanto al Comité Ejecutivo del partido como al grupo parlamentario, "no vaya a ser que voten en contra".

Feijóo ha calificado a Sánchez del "socialista único que dirige la agrupación socialista actual" y que "no está en sintonía con sus electores" porque les han "hurtado a sus votantes" la posibilidad de decidir sobre una amnistía.

También ha lamentado que en el centro del debate político estén asuntos que "no están en la agenda" de los españoles cuando se debería estar hablando "de la Presidencia del Consejo de la UE", de "la crisis migratoria" y de las "cosas del comer".

En esta línea, Feijóo ha alertado frente a la situación económica del país: las previsiones de crecimiento económico son "muy pobres" -del 2,2 por ciento este año-; la inflación ha subido "más de un 16 por ciento" desde que está el actual Gobierno; y España es el estado europeo con más paro.

Por eso, lamenta que se hable la amnistía para "no hablar de los 47 millones de ciudadanos que tienen problemas todos los días que se levantan". "Y ninguno de estos problemas se va a solucionar con la amnistía", ha zanjado.

Asimismo, el líder del PP ha reclamado la "igualdad" entre autonomías y una reforma del Senado para que sea una verdadera cámara de representación territorial.

Se trata de hacer "que el Reino funcione no desde la plurinacionalidad sino, recogiendo la palabra de un socialista cabal (García-Page), desde la pluriemocionalidad".

“Es un político que ha crecido fuera de todos los clichés, hecho a su medida. Siempre ha sido singular. Estaba interesado desde hace años en temas que antes no eran mainstream como lo digital y la ciberseguridad. Fuera de lo común, un verso libre dentro del mundo convergente, un independentista de toda la vida. No es un reconvertido. De un contexto familiar carlista. Muy introvertido, callado y con su mundo interior”.

Este es el retrato que hace de Carles Puigdemont un político que estuvo junto a él durante su etapa al frente de la Generalitat y en los trepidantes días de octubre de 2017. El expresidente es hoy uno de los factores decisivos de la política nacional, ya que tiene en sus manos, a través de los siete diputados de Junts, que Pedro Sánchez pueda ser investido y se revalide el Gobierno de coalición con Yolanda Díaz.

Puigdemont vuelve a ser el foco del debate nacional y está jugando ya sus cartas. Este martes presentaba en un hotel de Bruselas sus condiciones previas para sentarse a negociar con los socialistas: reconocimiento del independentismo, mediación internacional y una ley de amnistía. El día antes se vio con la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, que viajó hasta Bélgica para reunirse con él e intentar allanar el camino para un futuro Gobierno progresista. 

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Puigdemont? ¿Estamos ante una nueva versión del político para pactar con el PSOE y Sumar? ¿Cómo se puede interpretar su discurso? ¿Manda tanto en Junts? En el tablero nacional se intenta leer entre líneas y traducir el lenguaje y la actitud del expresidente. 

Puigdemont es un político con muchas aristas y al que pocos tienen o han tenido acceso. Una fuente cercana y de confianza del político de Junts hace esta radiografía: “Tiene los objetivos muy claros y, a la vez, es muy pragmático. Esto sorprende en Madrid. Pero él cuenta con una formación como alcalde (de Girona). Sabe lo que es gestionar, toca la realidad. Tiene unas metas muy altas y una tozudez conocida, pero a la vez sabe que tiene que conducir todo de manera realista”.

Esta fuente explica su tránsito desde que huyó de Barcelona tras la declaración unilateral de independencia: “Tuvo una primera fase de exilio muy reivindicativa, sentimental y de movilización. Luego pasó a una más de reflexión. Ahora está en una tercera, después de las municipales y las generales, de acción política muy activa”.

A pesar de la imagen de dirigente en la distancia, esta persona de confianza hace este dibujo: “Es uno de los políticos que analiza mejor la realidad sin pisar Cataluña físicamente. En cambio, hay políticos independentistas en Barcelona que parece que están en la luna de Valencia”. Y como explican fuentes de Junts: el expresident a lo largo de este tiempo ha seguido cultivando relaciones de manera discreta tanto en Cataluña, como en el resto de España y la Unión Europea, sin querer concretar nombres.

Las personas que están cerca de él siempre sostienen que los políticos y la prensa de Madrid no terminan de leer bien al personaje. Y rechazan que ahora se vea a un nuevo Puigdemont dispuesto a hablar. “Él es un negociador. Desde el referéndum del 1-O hasta la DUI pasaron 26 días. Él estuvo intentando establecer un diálogo con el Gobierno de Rajoy, con Iñigo Urkullu por medio. No es que ahora haya pasado de ser un radical extremista a un negociador pactista, siempre ha defendido hablar para resolver conflictos. Lo que pasa es que nunca se ha encontrado en Madrid con un Ejecutivo que quisiera hacerlo. Mariano Rajoy y especialmente Soraya Sáenz de Santamaría le dieron un portazo”.

Pero esa disposición a negociar, como reconocen varias fuentes que lo conocen, no significa que vaya a acabar accediendo a la investidura de Pedro Sánchez. Por eso, desde Junts rebajan las expectativas que indican principalmente en Sumar. Fuentes del partido subrayan: “Los de Díaz son entusiastas, les va bien porque están en medio. Pero esto no está ni de lejos hecho. Todo depende de la voluntad política de Pedro Sánchez. En 2011 se reformó la Constitución en un mes”.

Y al hilo subrayan las fuentes de Junts: “Él está dispuesto a pactar. Pero si no hay un acuerdo, tampoco tiene problema. Él no entiende la negociación como para salvar a la izquierda española. El pacto es para hacer política y tiene que haber contrapartidas. No se está pidiendo un referéndum para el mes que viene, sino una amnistía por unos hechos antidemocráticos y una mediación para seguir los acuerdos. No son planteamientos maximalistas como dicen”.

Todo se produce con la situación deteriorada dentro del independentismo. Como reconoce una persona cercana a Puigdemont, la relación con Esquerra “no es buena ni fácil”. El expresidente reprocha al círculo de Junqueras que optara por la vía pragmática y personal a través de los indultos. Y dicen las fuentes de manera irónica: “Ahora en ERC dicen que están encantados, que quieren la amnistía y la autodeterminación, pero ya veremos”.

“Él ha estado muy solo durante este tiempo en Bruselas”, reconoce otra fuente que trata con el expresidente. “Pero esto también le ha hecho resistir, otros no hubieran podido”, añade sobre su vida en Bélgica. “Es austero, no es alguien que lo veas de restaurante en restaurante o acudiendo a galas”, dice para explicar el perfil psicológico del político catalán.

Y una constante entre los consultados: Puigdemont es un hombre que se fía de poca gente, su círculo es muy íntimo, se pasa muchas horas solo en el despacho como hacía también durante su época al frente de la Generalitat de Catalunya. Se pueden contar los amigos con los dedos de las manos y guarda vínculos especialmente con personas de su vida en Girona. Él es muy consciente, señalan las fuentes, de que hay personas que se acercan a él por tener un puesto en Junts (“siempre hay alguien que quiere colocarse en una diputación”). Por eso siempre distingue entre los que están por convicción y los que buscan en el partido una salida laboral. En este sentido, han encajando bien Laura Borràs y Míriam Noguerras, especialmente la última, porque él las ve en la hoja de ruta y convencidas del objetivo.

Que no sea un dirigente de grandes círculos no significa que no sepa manejarse ante los medios. Así lo describe otro político que ha estado años junto a él: “Es un hombre que viene del periodismo de toda la vida. Domina la escena, se anticipa, sabe lo que quieren los medios. Se le dan muy bien los titulares y sabe poner los tuits. No le gustan los micrófonos, pero no se asusta”.

Una fuente que ha trabajado codo con codo con él indica: “No veo que haya dado vía libre al acuerdo. Simplemente ha dicho que se tienen que cumplir unas condiciones para sentarse. Está siendo Puigdemont en estado puro. Está aprovechando la oportunidad. Además está enviando el mensaje en el mundo independentista de 'aquí mando yo'. Déjate de Jordi Turull o de Oriol Junqueras”. Y añade que el expresidente no tiene la fuerza en Cataluña como en 2017 pero sigue siendo el “faro” para el soberanismo.

Asimismo, esta fuente, que habló mucho con él durante el desafío independentista, confiesa que Puigdemont era “muy consciente” de lo que hacía entonces. “Se llevó además una tristeza personal con Felipe VI, al que conocía de su época de alcalde, porque creía que era diferente a su padre”. Ya entonces, revela, en las conversaciones privadas que tenía con dirigentes catalanes dibujaba un panorama futuro con un Estado español al que le costaría ir dando pasos, aritméticas casi imposibles y un largo proceso en Europa.

Toni Aira, profesor de la UPF-BSM, es la única de las muchas fuentes consultadas que acepta ser citado con su nombre. Es también uno de los analistas que ha seguido la trayectoria de Puigdemont. “Era un verso suelto, era parte parte de la Convergencia clásica sin ser prototipo. Era un amante de las redes pero antes de ser president no tenía una gran parroquia. Su círculo sigue siendo reducido. Es muy singular y eso es parte de su éxito, no tiene demasiadas esclavitudes respecto a nadie. Y de ahí viene en parte su imprevisibilidad, eso le da una ventaja”.

Ahora todos en Madrid quieren leer entre líneas y traducir lo que piensa Carles Puigdemont. El hombre que se encierra a pensar tocando la guitarra, a solas o con sus amigos íntimos, como hacía en la casa dels Canonges durante su etapa en la Generalitat. Con una película o un buen libro. La decisión no está tomada.