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La nueva legislatura

PSOE y Sumar buscan fórmulas para salvar con Junts la investidura al no haber tiempo para la amnistía

Preparativos para el cierre de la Diada organizado por el Govern de la Generalitat, el pasado lunes.

Todo está a la espera de que Alberto Núñez Feijóo se dé de bruces con la realidad y fracase en su intento de obtener la investidura, algo que no ocurrirá hasta el próximo 29 de septiembre. Ese día, salvo sorpresas, obtendrá 172 votos a favor y 178 en contra y candidatura a la presidencia decaerá, rechazada por la mayoría de los grupos políticos elegidos por los ciudadanos en las elecciones del 23J, las mismas que cada día asegura haber ganado. 

Ese día faltarán menos de dos meses para que venza el plazo (27 de noviembre) que conducirá a España a una repetición electoral si antes no tiene lugar la investidura de otro candidato que, tal y como están las cosas, únicamente puede ser el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez.

El plazo es corto, pero, sobre el papel, suficiente para sacar adelante un perdón por ley destinado a amnistiar a las personas que tienen pendientes procedimientos o fueron condenadas en relación con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, desde el expresident de la Generalitat, Carles Puidemont, a funcionarios públicos que facilitaron locales para que la gente pudiese votar en aquella consulta.

Sin embargo, PSOE y Sumar ya han empezado a lanzar mensajes apuntando a la necesidad de contar con más tiempo, lo que imposibilitaría que la amnistía estuviese aprobada y en vigor antes de que se votase la investidura, tal y como exigió Puigdemont en su discurso de hace una semana. Así que, si quieren contar con sus siete votos en el Congreso, deben convencer a Junts de su compromiso de sacar adelante el anunciado perdón, aunque sea más tarde de lo exigido por su líder.

¿Cuál es el problema? Fuentes consultadas por infoLibre aseguran que no es “tanto una cuestión de fechas como de que esto es algo que no se puede hacer en cuatro días y a la carrera”. De la complejidad del asunto da idea que nadie dispone a estas alturas de una lista cerrada de potenciales beneficiarios. Mientras el Partido Popular especula con una cifra aproximada de 4.000 personas, Òmnium Cultural, una de las dos grandes organizaciones sociales que sirven de motor al independentismo en Cataluña, publicó este lunes un censo de 1.432 afectados, más de la mitad de los cuales (880) solamente están amenazados por el pago de una multa administrativa y no por ninguna consecuencia penal y de la que no forma parte, por cierto, Laura Borràs, la expresidenta del Parlament condenada en marzo a 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por trocear contratos.

Una multa

El resto son, siempre según Òmnium, 113 condenados penalmente, 35 pendientes de decisiones del Tribunal de Cuentas, 17 pendientes de sentencia y 387 con causa penal abierta. Si la amnistía sale adelante, el 63% de los potenciales beneficiarios vería perdonada apenas una multa.

“Hablamos de algo muy serio”, sostienen las mismas fuentes. “Si da tiempo o no depende de muchos factores, pero sobre todo de cómo quedará y lo que se acuerde, si hay acuerdo”, precisan, dando a entender que no se debe hacer de forma apresurada.

Es lo que pasaría si los grupos políticos recurrieran al procedimiento de urgencia, imprescindible para sacar adelante el perdón a tiempo, y aun así no estaría aprobado hasta 50 días del inicio de su tramitación, lo que la acercaría inevitablemente a la fecha de la investidura. Eso suponiendo que no surgiera ningún problema en el trámite que retrasara los plazos.

Este fue el mecanismo utilizado a finales del año pasado, en medio de una enorme refriega política, para sacar adelante la reforma del Código Penal para los delitos de sedición y malversación, y e intentar desbloquear la renovación del órgano de garantías del Tribunal Constitucional, que los de Feijóo intentaban impedir del mismo modo que llevan cinco años cerrando la puerta a un nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

¿Se pueden acortar más? Sí, pero nadie parece dispuesto a hacerlo. Supondría recurrir al procedimiento de lectura única para condensar al mínimo posible la tramitación. Pero el artículo 150 del Reglamento del Congreso, lo reserva para aquellos casos en los que “la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita”. Por lectura única es posible completar el trámite en apenas 15 días, incluida la celebración de dos plenos. Uno de admisión a trámite y otro para debatir enmiendas y el conjunto del texto. Será el mecanismo que utilice el Congreso para reformar el reglamento a tiempo de legalizar la utilización de gallego, euskera y catalán en el debate de investidura de Feijóo.

No correr riesgos

La profundidad del debate abierto en torno a la amnistía está haciendo dudar a los socios de gobierno de la conveniencia de apurar los trámites. Sin un examen detallado de sus implicaciones, el riesgo de cometer un error que acabe siendo aprovechado por el PP o los tribunales para anular la norma es enorme. Y nadie en Sumar ni en el PSOE quiere dejar nada al azar.

El contexto, además, va a ser de alta tensión. Quienes se oponen a cualquier medida que trate de remover las heridas del 1 de octubre ya están mostrando sus cartas. El PP lidera el frente institucional, preparando debates en ayuntamientos y parlamentos autonómicos, así como en el Senado, donde planea citar a los 17 presidentes autonómicos. Vox, a su vez, se prepara para movilizar a los suyos en la calle, respaldando iniciativas como la anunciada este martes por Societat Civil Catalana (SCC), que ha convocado una manifestación el domingo 8 de octubre a mediodía en Barcelona bajo el lema “No en mi nombre. Ni amnistía ni autodeterminación” para “dar voz a los ciudadanos catalanes y del resto de España que no están dispuestos a que sean objeto de negociación cuestiones que minarían” el sistema democrático de la Constitución.

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El frente judicial tampoco parece que se vaya a quedar quieto. Este mismo martes la Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado al juez Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, que dicte una nueva orden internacional de detención contra el exconsejero de Cultura de la Generalitat Lluís Puig, de Junts, que huyó a Bélgica junto a Carles Puigdemont en 2017. 

Y algunas voces van más allá. El expresidente José María Aznar llamó este martes a una movilización social como la que se produjo contra la violencia de ETA al grito de “¡basta ya!”, equiparando de hecho a PSOE y Sumar con la organización terrorista. Y personas como el exministro Ignacio Camuñas o el ex dirigente del PP Alejo Vidal Cuadras, han comenzado a pedir al rey que se implique y niegue la investidura a Pedro Sánchez.

Entretanto, el Gobierno ha recibido la perdida de fuelle de la Diada de este lunes en Barcelona como una muestra de la menor influencia de los partidos soberanistas. Las conversaciones son todavía discretas y en el Ejecutivo evitan pronunciarse en público y en privado, pero nadie descarta ningún escenario. Ni que se consiga un acuerdo, que con casi toda probabilidad implicaría que Puigdemont redujese sus demandas, en particular una aprobación exprés de la amnistía, ni una repetición electoral. En la situación política que ha vivido el país en los últimos años, “nada es descartable”, reconocen fuentes de la Moncloa.

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