El Gobierno confía en lograr la investidura al aparcar Puigdemont el referéndum en sus condiciones previas

La negociación será compleja y difícil. Pero en el bloque progresista confían en que lograrán con determinación armar la mayoría suficiente para la investidura de Pedro Sánchez y creen que existe espacio suficiente para llegar a un entendimiento con Junts y encauzar las condiciones previas que puso sobre la mesa Carles Puigdemont este martes desde Bruselas.

Puigdemont especificó los requisitos para sentarse a negociar un apoyo a un Gobierno del PSOE y de Sumar, un día después de la visita de Yolanda Díaz a Bruselas. Y en esas primeras condiciones se aparca la exigencia ya de un referéndum de autodeterminación. La primera de las exigencias es el “reconocimiento y respeto a la legitimidad democrática del independentismo”. 

Además, marcó el expresident, se pide el “abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo”. Esto pasa, explicó, por una ley de amnistía a través de las Cortes Generales y por la “responsabilidad” del Gobierno en funciones a través de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Otra exigencia es la creación de un “mecanismo de mediación y de verificación” para garantizar el cumplimiento y seguimiento de los acuerdos. Y hay una cuarta pata: fijar como límites los definidos por los acuerdos y tratados internacionales sobre derechos humanos y libertades fundamentales.

El referéndum no entra como condición previa

El líder de Junts marca un plazo temporal para esas condiciones: antes de que se agote el plazo para evitar nuevas elecciones (27 de noviembre). “Si se dan, nos comprometen y nos obligan a trabajar para un compromiso histórico que resuelva el conflicto en la próxima legislatura. Sólo depende de la voluntad política”, subrayó Puigdemont. El principal referente de Junts (cuyos siete diputados son necesarios para decantar la investidura) habló de la necesidad de un referéndum (una exigencia histórica del independentismo) pero no lo incluyó como punto ahora necesario para empezar a negociar.

En La Moncloa, ante los focos, estas exigencias fueron situadas por parte de la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, en las “antípodas” de las posiciones del Ejecutivo y se llamó a la “tranquilidad” a los ciudadanos frente a las invocaciones de la derecha de que viene el “lobo” para romper España. De hecho, desde el Ejecutivo exhibieron los “resultados” de sus políticas, que han llevado a una situación mejor en Cataluña a favor de la convivencia. Y se volvió a marcar el sendero para la negociación: diálogo y Constitución.

Pero esa distancia que separan a La Moncloa y a Junts no significa que no se pueda alcanzar un acuerdo. Fuentes próximas al presidente señalan, tras escuchar a Puigdemont, que sigue “plenamente vigente” la expresión que dijo Sánchez este lunes en Los Desayunos del Ateneo: “Se puede, se debe y se va a alcanzar un acuerdo”. Por lo tanto, se confía en sacar adelante la votación una vez fracase Alberto Núñez Feijóo en su intento de ser investido los días 26 y 27 de septiembre.

"Abre la puerta al diálogo" y "discreción"

En el equipo de Sánchez siguen apelando a la “discreción como el método más infalible” para llegar a acuerdos durante estas semanas y quieren que el foco esté en la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. En opinión del círculo íntimo del presidente en funciones, este mismo martes se vio la incapacidad del PP de formar mayorías y su dependencia de Vox, con la ilustración gráfica de su foto junto a Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados.

Fuentes gubernamentales explican que las palabras de Carles Puigdemont las interpretan como que “abre la puerta al diálogo” y enmarcan el discurso en “posturas de máximos”. Y comentan que todo lo que negocie el Gobierno será de manera “transparente, democrática y coherente”, después de la política aplicada en la pasada legislatura con medidas como los indultos.

El discurso de Puigdemont en Bruselas fue seguido con máxima expectación en La Moncloa y en Ferraz. Según las fuentes consultadas, se abre la vía para ese acuerdo por varios motivos. Primero: la disposición al diálogo del expresident, como ya se evidenció con el acuerdo para controlar la Mesa del Congreso. Algo que también puso de relieve Esquerra Republicana, con el president catalán, Pere Aragonès, celebrando la postura del eurodiputado de Junts: "Hay una coincidencia en los objetivos y en el método, en la herramienta, que es la negociación”.

El PSOE cree que Puigdemont evita la confrontación

Los socialistas, además, perciben un cambio de tono, que se evidencia en que no ha usado conceptos habituales como “cloacas del Estado” o “fascistas”. Por ello, creen que ha evitado un lenguaje de confrontación. Y valoran que hable de un "mecanismo de mediación y verificación" y no de un "relator" o institución.

También el análisis que hacen en los centros de poder del socialismo es que no se puso una exigencia contundente que imposibilite ya negociar, como podría haber sido fijar un referéndum con una fecha y una pregunta. Sánchez y los socialistas han repetido siempre que no hay cabida para una consulta de ese tipo dentro de la Constitución.

Dan importancia en La Moncloa y en Ferraz a que haya desligado la exigencia de un referéndum ya, cuando antes la posición era consulta o consulta. Ven, no obstante, normal que haya aludido a él, como hizo el pasado fin de semana Oriol Junqueras en una entrevista. Su análisis pasa por que una parte del discurso del expresident ha ido dirigido a su parroquia ante la que debe dejar claro que sigue siendo su objetivo final. A la vez, una cosa que ha llamado la atención en el entorno de Sánchez es que por primera vez el referente de Junts ha incluido reclamaciones del día a día de los catalanes como inversiones o Rodalies. Por lo que, en su opinión, esto evidencia que quiere bajar a lo concreto.

Referencias a la Constitución

Otro de los elementos en los que se fijan en el PSOE es que Puigdemont precisamente hizo referencias a la Carta Magna, algo que no es habitual precisamente en el líder independentista. El expresident sostuvo: “Ninguna de estas condiciones previas es contraria a la Constitución ni por descontado en ningún tratado europeo. Ni siquiera requieren ningún largo proceso legislativo”.

De estas condiciones, las miradas están puestas principalmente en una posible ley de amnistía. Puigdemont habla de que esas condiciones se tienen “que poder cumplir antes de que no se agote el plazo legal para evitar nuevas elecciones”, pero no especifica si tiene que estar aprobada para entonces. Ni siquiera están todavía las comisiones constituidas en el Congreso, aunque los grupos podrían poner la quinta marcha para registrarla e intentar empezar su tramitación por la vía de urgencia. No obstante, existe un elemento que podría dilatarla: el Senado está controlado por mayoría absoluta por el PP.

Esa ley de amnistía exigida tanto por Puigdemont como por ERC no ha sido rechazada de manera taxativa por el PSOE, y Sumar incluso habla de que tiene encaje constitucional. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, evitó concretar sobre ello pero dijo que dentro de la Constitución se pueden estudiar los alcances para garantizar la convivencia.

Moncloa dice que está en las "antípodas" de Puigdemont y apela al diálogo y la Constitución

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“Diálogo, discreción y un marco que es la Constitución. Con eso, buscar un entendimiento por mucho que nos separe”, señalan fuentes socialistas conocedoras de la negociación sobre la situación en estos momentos.

Sumar: "Se nota otro discurso, dentro de las complejidades"

Desde Sumar también hablan de la dificultad de la negociación, pero creen que es posible alcanzar el acuerdo. Su interpretación de las palabras de Puigdemont, según fuentes cercanas a Yolanda Díaz, pasa por aquí: “Se nota otro discurso, dentro de que entendemos las complejidades”.

El exdiputado Jaume Asens, que acompañó el lunes a Díaz en su reunión con Puigdemont en Bruselas, se mostró convencido durante una entrevista en Al Rojo Vivo de que es posible aprobar una ley de amnistía antes de la investidura por el procedimiento de lectura única, como pasó con la reforma de la sedición. Para él, uno de los cerebros jurídicos del bloque progresista, sí tiene encaje constitucional esta vía. Asimismo, celebró la posición de Pedro Sánchez de que la constitucionalidad de una ley le corresponde al TC.