Telemadrid se ha convertido en 2024 en el medio de comunicación que más dinero ha recibido en el reparto de publicidad institucional de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Ayuso ha destinado 2,52 millones de euros a publicitarse en los medios autonómicos públicos, más que lo adjudicado a cualquier otra empresa de comunicación, incluidos los grandes grupos como PRISA, Unidad Editorial y Planeta o el sobrerrepresentado Ábside Media de la Conferencia Episcopal.

Los fondos de publicidad institucional destinados a Radio Televisión Madrid (RTVM), la empresa pública que gestiona la televisión y la radio autonómicas, se han multiplicado por tres en solo un año —por diez si se hace la misma cuenta respecto a 2020—. La cantidad gastada por la Comunidad de Madrid ha aumentado en 1,74 millones en el pasado ejercicio.

Por ponerlo en contexto: el segundo medio al que más dinero se ha destinado por parte de la Comunidad de Madrid en 2024 ha sido El Mundo, 1,15 millones de euros, menos de la mitad de lo desembolsado para RTVM.

El incremento de los fondos a RTVM —una revelación de la investigación 'Ayuso parte y reparte', realizada por infoLibre— no es casual y se encuadra en un marco de control político sobre el medio autonómico. La presidenta nombró en 2021 a un nuevo administrador del grupo, José Antonio Sánchez —al que el año pasado hizo director general— tras chocar políticamente con la cúpula anterior, a la que Sánchez fulminó nada más llegar al grupo. Además, en los últimos meses, los sindicatos han intensificado sus quejas sobre la utilización política del grupo por parte del Gobierno autonómico. 

Los dos millones y medio que el Ejecutivo autonómico ha destinado a insertar publicidad en RTVM en 2024 se han repartido de la siguiente forma: 1,98 millones para las emisiones de televisión en Telemadrid y La Otra —el segundo canal televisivo de RTVM—, 437.527 euros para la web de Telemadrid y 98.113 euros para Onda Madrid, la radio pública. 

En cualquier caso, no todo el coste que supone la publicidad institucional acaba en las cuentas bancarias de los medios. El Gobierno autonómico —al igual que cualquier otro organismo— tiene que pagar un 21% de IVA al realizar las inserciones publicitarias. Por ello, la Comunidad ha gastado 2,52 millones de euros para publicitarse en RTVM, pero la empresa pública ha ingresado de forma efectiva una cifra algo inferior: 2,08 millones.

Con todo, en 2024 RTVM recibió más dinero gracias a la publicidad de Ayuso que en los cuatro años anteriores juntos. Se trata de una subida extraordinaria que es incluso superior a la que se ha dado en muchos medios conservadores como ABC o El Debate.

Desde 2017, año en que RTVM empieza a publicar sus cuentas anuales, el grupo arrastra unas pérdidas acumuladas de 9,28 millones de euros. En 2023, la corporación recibió 641.106 euros —con el IVA ya descontado— en publicidad institucional del Gobierno autonómico y, aun así, arrojó un resultado negativo a final de año de casi un millón de euros. 

En 2024, en cambio, después de que el Ejecutivo de Ayuso triplicara su inyección en publicidad institucional y aumentara el presupuesto que la Comunidad le asigna directamente como empresa pública, RTVM terminó el año con beneficios. Las ganancias fueron de 833.349 euros, el mejor resultado de RTVM desde, al menos, 2017. Sin los 2,08 millones que la empresa pública recibió de la publicidad institucional, el resultado habría vuelto a ser negativo y el peor desde que se publican las cuentas.

El peso de la aportación del Gobierno autonómico en los ingresos publicitarios de RTVM lleva en aumento desde 2020, cuando solo suponía un 2,96% del total —teniendo en cuenta únicamente las campañas insertadas por el Ejecutivo de Ayuso en Telemadrid y La Otra—. De hecho, mientras en 2023 y 2024 la radiotelevisión pública madrileña ha registrado un descenso de sus ingresos publicitarios de otros anunciantes, lo que le inyecta por esa vía el Gobierno del que depende no ha dejado de crecer. Hasta el punto de que en 2024 uno de cada tres euros que el grupo ingresó por publicidad provenía de las arcas autonómicas para publicitarse en Telemadrid. Si se suma a la cuenta la publicidad en Onda Madrid, la radio autonómica, el Gobierno de Ayuso fue el responsable del 36,79% de los ingresos publicitarios de RTVM el año pasado*.

La odisea de cuadrar las cuentas 

El vuelco en el resultado de la radiotelevisión autonómica es importante porque no solo sanea las cuentas de la empresa pública, sino que también descarta que pueda activarse uno de los motivos de cese para el director general previstos en la ley que rige el funcionamiento de RTVM. La norma contempla la salida del director general en caso de desviación presupuestaria o resultados negativos atribuibles a su gestión.

El director general del grupo, José Antonio Sánchez, llegó a RTVM en 2021 como administrador provisional, tras las desavenencias de la anterior cúpula directiva con Isabel Díaz Ayuso, y en 2024 fue nombrado director general de la corporación.

Durante el Gobierno de Mariano Rajoy había dirigido el ente público RTVE, donde muchos trabajadores exigieron su dimisión después de que admitiera figurar en los papeles de Bárcenas. Además, protagonizó varias polémicas, como reconocer en el Congreso que votaba al Partido Popular: "Yo voto al PP y seguiré votando al PP", proclamó Sánchez, que ya había dirigido la radiotelevisión pública en la última etapa de gobierno de Aznar. 

Los problemas de Telemadrid para cuadrar su cuenta de resultados siguen presentes a pesar de los sucesivos aumentos presupuestarios que la Comunidad de Madrid realiza para sostenerla económicamente. En 2024, la cantidad destinada por el Ejecutivo de Ayuso para la televisión y radio autonómicas ascendía, en un principio, a 78,5 millones de euros, un 16,64% más que en 2023. Una cantidad al margen de la inyección de publicidad institucional.

Sin embargo, el pasado noviembre, antes de que se cerrara el ejercicio económico, el Gobierno autonómico añadió una adenda al contrato en la que anunció que "la aportación de la Comunidad de Madrid será modificada como consecuencia de necesidades no previstas no imputables a RTVM". Como consecuencia, RTVM terminó recibiendo 4,2 millones de euros adicionales a los 78,5 previstos.  

Aun así, ese extra no fue suficiente y el aumento de publicidad institucional autonómica —de 1,43 millones más que en 2023 (con el IVA ya descontado)— fue fundamental. De hecho, la diferencia entre los resultados de las cuentas de 2024 y 2023 es de 1,73 millones de euros, una cifra similar. Es decir, sin ese aumento, RTVM no solo no hubiera cerrado el ejercicio con su mejor resultado económico, sino que hubiera vuelto a reportar pérdidas un año más.

*Esta información ha sido actualizada a 15 de septiembre de 2025 para especificar que el gráfico y la comparativa entre el total de ingresos publicitarios de RTVM y lo ingresado por publicidad institucional de la Comunidad de Madrid tiene en cuenta el total de ingresos de RTVM por esa vía, pero en el caso de la publicidad institucional únicamente se contabilizan las inserciones del Gobierno autonómico en Telemadrid y La Otra, no en Onda Madrid.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso suele estar cómodo en la confrontación. Ayudada por su mediático jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, la presidenta madrileña casi siempre logra desviar el foco sobre los asuntos más polémicos de su gestión utilizando todo los medios posibles a su alcance. Pero no siempre da resultados. En su intento de contrarrestar la emisión del documental 7291 en RTVE este jueves sobre su gestión en los centros de mayores, tanto su gobierno como el PP madrileño han provocado un efecto Streisand —como se conoce al fenómeno por el que una maniobra de censura acaba amplificando aquello que se quiere censurar— que demuestra el nerviosismo dentro de las filas del PP de Madrid, que busca su propio golpe de efecto.

Cinco años después de la pandemia de covid-19, el Gobierno madrileño está arremetiendo con más dureza que nunca contra la oposición a propósito de los 7291 mayores que murieron en las residencias de la región sin asistencia sanitaria, cifra que facilitó su propio Gobierno vía Transparencia en junio de 2020. Ese número, destapado por infoLibre, no es más que "un invento" del que fuera consejero de Políticas Sociales entonces, Alberto Reyero, según el Ejecutivo madrileño, que ahora habla de 4.100 defunciones en un ejercicio de manipulación fácilmente desmontable. De esta manera, Ayuso también busca protegerse antes de conocer cuántos de los 109 casos que conforman la macrodenuncia por discriminación presentada por familiares de las víctimas llegan finalmente a los juzgados, algo que ocurrirá la semana que viene.

La presidenta madrileña acusó este viernes a Pedro Sánchez de librar una "guerra sin cuartel contra Madrid" en una entrevista en la Cadena Cope. "Durante años hemos tenido que escuchar que nos llamen asesinos. Pero que TVE haga un despliegue sin precedentes para retorcer el dolor de las víctimas te da el tamaño de la dimensión. Mientras había un pueblo unido y solidario, había otro dedicado a hacer despliegues mediáticos y entorpeciendo", afirmó. Además, no solo negó la existencia de los protocolos de derivación en Madrid, sino que afirmó que en otras comunidades "sí" se aplicaron, sin citar cuales —y sin que nadie le preguntara—, pese a que la madrileña fue la única que negó el ingreso a los hospitales a los ancianos de las residencias.

Poco después el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, anunció una querella de la Comunidad de Madrid contra la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, por decir, que "fueron 7.291 personas mayores asesinadas en residencias de la Comunidad de Madrid por no derivarlas a hospitales". A su vez, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció que rompía las "relaciones institucionales" con el PSOE en el consistorio por unas declaraciones que calificó de "inaceptables, nauseabundas e indecentes". Aunque inicialmente Maroto le respondió con otra pulla— "no se puede romper lo que nunca ha existido"— finalmente se retractó y pidió perdón por sus palabras en un comunicado publicado en X.

Además, el PP de Madrid también anunció este viernes que "todos sus representantes rompen relaciones" con el delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, "por sus acusaciones" contra el Ejecutivo de Ayuso. Así se lo trasladó a Martín el PP de Madrid una carta en la que los conservadores limitan su contacto con la Delegación "a los niveles técnicos imprescindibles". Todos estos movimientos, tanto por parte de las administraciones públicas como del partido, evidencian su incomodidad sobre un asunto que pensaban que ya había quedado enterrado.

El Ejecutivo madrileño ha tratado de desacreditar el documental emitido por RTVE con acusaciones graves de injerencia por parte del Gobierno de Sánchez. A última hora del miércoles, 24 horas antes de la retransmisión, pidió al ente público emitir también la declaración enlatada de Ayuso de ese mismo día. RTVE tachó la petición de  "intromisión indebida" y recordó que Ayuso rechazó la oferta de ser entrevistada por la televisión pública. La Comunidad de Madrid sigue negando a día de hoy que los residentes fallecidos lo hicieran porque no recibieron la atención médica necesaria. Al menos porque así lo señalara una orden "firmada por políticos", negando de nuevo la existencia y aplicación del Protocolo de la Vergüenza desvelado también por este periódico y confirmado por ex altos cargos del Gobierno y direcciones de residencias.

Justo antes de la emisión del documental, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, intervino en el programa de RTVE que emitió en el Canal 24 Horas y tachó de "error" la decisión de emitir el documental. "Ustedes están utilizando el dolor de las víctimas para poner el foco en esta comunidad", le reprochó al conductor del espacio, el periodista Xabier Fortes, desde la puerta del polémico Hospital Zendal construido por el Gobierno de Ayuso en plena la pandemia. Además, Serrano afirmó que se trataba un "documental que a casi nadie interesa" y que partía "de una cifra absolutamente falsa". Dos mentiras fácilmente desmontables.

El documental arrasó al alcanzar más de 1,2 millones de espectadores en La 2 y el Canal 24 Horas, lo que supone un 15% de cuota de pantalla, una cifra muy por encima de la media habitual de estos canales —que se suele situar en el 4% de share—. En la Comunidad de Madrid, la emisión alcanzó una inédita cuota del 25.8%, según datos ofrecidos por el presidente de la corporación, José Pablo López, en su cuenta de X.

A juicio del Ejecutivo conservador, la cinta, dirigida por Juanjo Castro, tiene un "marcado sesgo ideológico, ofrece información que no se corresponde con la realidad, obvia de manera notoria una comparativa de datos contrastados con otras comunidades autónomas y también las actuaciones negligentes e ilegales del Gobierno central durante dicho periodo". Serrano, por su parte, acusó directamente a la televisión pública de estar "al servicio de la izquierda" y en un "permanente ataque del Gobierno a una presidenta" como Ayuso. El número dos de Ayuso aseguró que en Telemadrid no se emitiría un documental "contra un alcalde socialista".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, le respondió a través de X: "Claro Alfonso. Lo correcto en días como este es poner un documental sobre ETA, como hicisteis el sábado de reflexión en las elecciones de marzo de 2004, mientras teníais ya a los yihadistas detenidos", escribió, en referencia al documental Las sombras del 11M emitido por la televisión autonómica madrileña en tiempos de Esperanza Aguirre. El documental, escrito por Luis del Pino, cuestionaba las versiones oficiales de los atentados del 11 de marzo en Madrid Del Pino era entonces colaborador del medio Libertad Digital, cuyo propietario es Federico Jiménez Losantos, que también dio alas a la teoría de la conspiración.

Lo cierto es que, a pesar de las declaraciones de Serrano, el control del Ejecutivo madrileño a la televisión pública regional se hizo patente desde que Ayuso consiguió desprenderse de Ciudadanos en 2021. Fue, de hecho, la primera iniciativa que presentó en la Asamblea de Madrid y que se canalizó a través del Grupo Parlamentario Popular. Para ello diseñó un traje a medida para hacer caer al entonces director del ente, José Pablo López, actual presidente de RTVE, con el que se modificaba el texto alumbrado durante la etapa de Cristina Cifuentes, que la propia Ayuso se había encargado de defender en sede parlamentaria: "Es el momento de que, por fin, en una televisión pública en España no haya partidismo", decía entonces. Un cambio normativo que el PP logró con el apoyo de Vox. Su entonces portavoz, Rocío Monasterio, reprochó este jueves al secretario general PP que se queje de RTVE cuando ellos ejercen ese control en Telemadrid a la que "llama todos los días para decir lo que tienen que publicar y lo que no".

Desde julio de 2021, el director de Telemadrid es José Antonio Sánchez, un cargo que ya había ocupado entre 2011 y 2014. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y su carrera profesional estuvo muy vinculada a Luis María Anson. Nunca ha ocultado sus preferencias políticas: “Yo voto al PP. Voto al PP y seguiré haciéndolo”, reveló en junio de 2015. Fue director general de RTVE de 2002 a 2004, uno de los períodos más oscuros de la cadena pública, en la que contribuyó a impulsar el bulo de que los atentados del 11M habían sido cometidos por ETA y no por un grupo yihadista. Mariano Rajoy le devolvió a ese puesto en 2014, aunque tuvo que abandonarlo en 2018, con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Apenas dos meses antes, durante una comparecencia en la comisión mixta del Congreso y el Senado, reconoció estar “en los papeles de Bárcenas".

En los últimos años las quejas por parte de la oposición a la utilización por parte del PP del ente público madrileño han sido recurrentes con ejemplos ilustrativos como la retransmisión de la boda de Almeida o un arranque de los informativos autonómicos con las noticias sobre el trabajo de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El último ejemplo es el 'premio' al periodista Antonio Naranjo, colaborador de El Debate y La Cope, que desde el pasado lunes tiene su propio programa, El Análisis del Diario de la Noche, desde el cual carga sin tapujos contra el Ejecutivo central y sus aliados. Para la presidenta madrileña, sin embargo, solo tiene buenas palabras.

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha criticado este domingo el uso de Telemadrid para la "causa partidista" del PP al emitir en directo la manifestación convocada en Barcelona por Sociedad Civil Catalana contra una hipotética amnistía a los encausados del procés y contra la autodeterminación de Cataluña, según ha informa Europa Press.

"No hay límite que no sean capaces de superar. No les gustan los servicios públicos, salvo cuando los pueden utilizar al servicio de la causa partidista. Y no será que no había puntos de información hoy en Madrid... Muy mal camino", ha censurado el delegado del Gobierno a través de sus redes sociales.

También ha criticado esta emisión la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, quien considera que "no solo es vergonzoso" sino que se trata de "un uso partidista de las instituciones públicas marca PP", ha valorado la portavoz a través de sus redes sociales.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha respondido a estas criticas criticando la "curiosa función" de la Delegación de Gobierno en Madrid al "meterse en la cobertura informativa de una televisión pública autonómica". "Por cierto cobertura similar a la de 2017. La única diferencia es que entonces estaba el PSOE con sociedad civil y hoy está con los golpistas", ha apostillado Serrano.

El Tribunal Supremo (TS) ha declarado improcedente el despido del exdirector adjunto de Informativos en Telemadrid Jaime Treceño, a quien se apartó de su cargo tras la reforma del ente público autonómico emprendida por el Gobierno regional tras las elecciones de 2021.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que la Sala de lo Social declara la inadmisión del recurso de casación interpuesto por Radio Televisión Madrid contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid(TSJM), de fecha 17 de octubre de 2022 y que declaró el despido improcedente.

La sentencia llega después de que el Alto Tribunal ratificara que el despido del exdirector de Informativos de Telemadrid Jon Ariztimuño Olague en julio de 2021 fue igualmente ilegal y se obligara a indemnizar al periodista, quien está ahora en Televisión Española.

El cese de ambos directivos se produjo en el marco de la reforma de Telemadrid, con la Ley 1/2021, de 9 de julio, que modificaba la Ley 8/2015 de Radio TV Madrid, llevada a cabo por Isabel Díaz Ayuso tras las elecciones de 2021 y que supuso el cambio por completo del entonces equipo directivo de la cadena autonómica.

Jaime Treceño prestó servicios para la entidad Radio TV Madrid SA con la categoría de adjunto al director de informativos hasta que la empresa extinguió su contrato por desistimiento comunicado por carta de 16 de julio de 2021 y a consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 1/2021, de 9 de julio, que modificaba la Ley 8/2015 de Radio TV Madrid. El contrato que vinculaba a las partes era de alta dirección.

La sentencia recurrida, que ahora alcanza firmeza, confirmó la de instancia que declaró improcedente el despido, considerando que la relación laboral no era de alta dirección sino ordinaria de trabajo por cuenta ajena como se deduce de las funciones otorgadas, impropias de un alto directivo de la sociedad, dada la escasa cuantía de los actos de gestión y la no dependencia directa del consejo de administración.

En definitiva, según el fallo, el exdirector adjunto "no ostentaba poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, sus funciones no se referían a sus objetivos generales ni las desempeñaba con plena autonomía y responsabilidad al ser un adjunto al director de informativos".

El Tribunal Supremo (TS) ha declarado improcedente el despido del exdirector de Informativos de Telemadrid Jon Ariztimuño Olague en julio de 2021 y ha obligado a indemnizar al periodista, quien está ahora en Televisión Española.

El cese del periodista se produjo en el marco de la reforma de Telemadrid, con la Ley 1/2021, de 9 de julio, que modificaba la Ley 8/2015 de Radio TV Madrid, llevada a cabo por Isabel Díaz Ayuso tras las elecciones de 2021 y que supuso el cambio por completo del entonces equipo directivo de la cadena autonómica.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que los magistrados declaran la inadmisión del recurso de casación interpuesto por Telemadrid contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en noviembre de 2022.

Dicha resolución confirmó en parte la sentencia del Juzgado de lo Social número 8 de Madrid, de 13 de diciembre de 2021, que declaró improcedente el despido de Jon Ariztimuño. El Alto Tribunal declara ahora la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la recurrente por un importe de 300 euros.

El recurso se inadmite después de que la parte recurrente dejara transcurrir el plazo concedido para realizar alegaciones, por lo que el Ministerio Fiscal solicitó su rechazo.

Telemadrid planteaba comparar el caso del exdirector de Informativos con el de una directiva de un hospital canario, por lo que acudió al Supremo para que se calificara la extinción del contrato de trabajo en función de la naturaleza jurídica del contrato, relación laboral ordinaria o de alta dirección. Se cuestionaba igualmente, si el devengo de las pagas extraordinarias debía ser anual o semestral.

El periodista tenía conferidos por escritura pública poderes de representación de la sociedad frente a terceros, para gestionar los intereses de la sociedad y efectuar actos de gestión relativos a los intereses de la misma.

El exdirector de Informativos solicitaba que se declarase la improcedencia del despido y con carácter subsidiario y para el supuesto que se estimara que la relación laboral era calificable como de alta dirección, tendría que abonársele la indemnización establecida por el desistimiento; y, en cualquier caso, la suma de 4.992,87 euros, en concepto de los salarios correspondientes al mes de julio, vacaciones, y pagas extraordinarias de diciembre y verano.

La sentencia del juzgado estimó esa solicitud e indicaba que el cese operado debía calificarse como constitutivo de un despido improcedente, al ser común "la relación laboral que les unía y pese a lo que dijera el contrato de trabajo en su día suscrito que lo calificaba de alta dirección".

Frente a ello, el TSJM revocó parcialmente la sentencia y confirmó la declaración de improcedencia del despido, considerando que la relación laboral no era de alta dirección sino ordinaria de trabajo por cuenta ajena como se deduce de las funciones otorgadas, impropias de un alto directivo de la sociedad.

Ariztimuño prestó servicios para Telemadrid con la categoría director de informativos hasta que la empresa extinguió su contrato por desistimiento comunicado por carta. Lo hizo el 16 de julio de 2021, una semana después de que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso consumase, gracias a la abstención de la ultraderecha, el asalto al ente público.

La ofensiva para tomar el control de Telemadrid fue el primer movimiento de los conservadores tras las elecciones autonómicas del 4M. En solo dos semanas y media, el PP registró y aprobó una reforma normativa que reducía a cuatro años el mandato del máximo responsable de la radiotelevisión, lo que hizo caer automáticamente al entonces director de la radiotelevisión, José Pablo López.

Para cubrir ese vacío, y ejecutar el control definitivo, la reforma incluía la creación de un administrador provisional, figura con "las mismas funciones y competencias que el director general" para cuya ratificación parlamentaria bastaba una mayoría absoluta en segunda vuelta. Este juego de mayorías permitía al PP colocar a quien quisiera, por tiempo ilimitado, al frente de Telemadrid sólo con el visto bueno de Vox, que entonces era su socio parlamentario. Fue así como conservadores y ultraderecha situaron en el cargo a José Antonio Sánchez, que aún hoy sigue al frente del ente.

Nueve meses después, el Ejecutivo regional afianzó con otro cambio normativo el control del ente. Si en la primera reforma no se metía mano a la fórmula de elección del director general, en la segunda se redujeron las exigencias para designar al máximo responsable del ente. Así, se introdujo en la normativa una segunda votación en la que cualquier nombramiento podía salir adelante con una mayoría simple –hasta la reforma, la ley establecía una exigencia de apoyo de dos tercios de la Cámara–.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso afianza su control sobre la radiotelevisión pública. La Asamblea de Madrid dará luz verde a última hora de este jueves a la segunda reforma de la Ley de Telemadrid en menos de un año. El cambio, entre otras cuestiones, rebaja la barrera para la elección del director general del ente público hasta la mayoría absoluta, de forma que el PP no se vea obligado a buscar consensos entre los grupos del bloque progresista. Al igual que sucedió con la primera, esta segunda modificación de la normativa salió adelante gracias a la abstención de Vox. Una reforma que, a ojos de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos no es más que el último "empujón" amoldar todavía más el ente público a un modelo de Aló Presidenta.

Tras las elecciones autonómicas del 4M, Díaz Ayuso dejó claras sus prioridades legislativas. Lo primero que pusieron en marcha los conservadores una vez superada la investidura fue el asalto a la radiotelevisión pública madrileña. Las riendas del ente público se tomaron con celeridad. En solo dos semanas y media, el PP registró y aprobó, con la abstención de la ultraderecha, la reforma de la ley que rige el funcionamiento de Telemadrid. El cambio normativo, más allá de dejar sin voz en el proceso de elección del Consejo de Administración a organizaciones profesionales y sociales del sector, era principalmente un torpedo directo contra el entonces director, José Pablo López. Al fin y al cabo, reducía a cuatro años el mandato del máximo responsable de la radiotelevisión, de forma que en cuanto el texto entrase en vigor el mandato del periodista quedase directamente caducado.

Para cubrir ese vacío, y ejecutar el control definitivo del ente, la reforma incluía la creación de un administrador provisional, figura con "las mismas funciones y competencias que el director general" para cuya ratificación parlamentaria bastaba una mayoría absoluta en segunda vuelta. Este juego de mayorías permitía al PP colocar a quien quisiera, por tiempo ilimitado, al frente del ente público sólo con el visto bueno de Vox, su socio parlamentario. Es lo que ocurrió tras aquel verano de 2021. En septiembre, conservadores y ultraderecha ratificaron en el cargo a José Antonio Sánchez, quien fuera responsable de la radiotelevisión regional cuando se ejecutó el sangrante ERE que puso en la calle al más del 70% de la plantilla.

Ahora, el Ejecutivo regional afianza, de nuevo con Vox poniéndose de perfil, el control del ente público. Es el segundo acto de un asalto consumado en solo nueve meses. Si en la anterior reforma no se metía mano a la fórmula de elección del director general, ahora los cambios normativos van justo en esa línea. De nuevo, se reducen las exigencias. Hasta el momento, la ley recogía que para designar al máximo responsable del ente era necesario contar, sí o sí, con el visto bueno de dos tercios de la Cámara, lo que obligaría a los conservadores a buscar consenso más allá de la ultraderecha. Sin embargo, con la reforma aprobada se introduce una segunda votación en la que vale una mayoría simple. Es decir, que solo con la abstención de Vox sería suficiente –ni siquiera se necesitaría el voto a favor–.

Los conservadores han justificado la modificación normativa en la necesidad de "evitar bloqueos por parte de las minorías". "Tenemos un Consejo de Administración que no representa la voluntad expresada por los madrileños del pasado 4 de mayo", ha sostenido la diputada del PP Almudena Negro, quien ha sido encargada de defender la proposición. En relación con el máximo órgano de la radiotelevisión, que debe ser renovado próximamente, la norma plantea una reducción del número de consejeros de nueve a cinco. Es algo que ha destacado también la parlamentaria: "Ahora la austeridad es más necesaria que nunca". Algo que, sin embargo, no impera en otras de las reformas que se plantean desde el Gobierno regional. En el caso de la Cámara de Cuentas, por ejemplo, se ha propuesto incrementar el Consejo de Administración.

"El único bloqueo fue el que ejercieron PP y Vox hace pocos días", respondió desde la tribuna de oradores Hugo Martínez Abarca, de Más Madrid. Se refería a la decisión de los conservadores y ultraderecha a comienzos de abril de vetar en la Asamblea de Madrid al candidato propuesto por el Consejo de Administración del ente público para tomar las riendas de Telemadrid, Alfonso García, que fue elegido tras un proceso de selección con otros tres aspirantes. "No dieron ningún argumento. Lo único que quieren es que [la radiotelevisión pública] sea un siervo al servicio de Isabel Díaz Ayuso", completó el diputado al respecto.

Desde la oposición se cargó con dureza contra la nueva reforma. Desde las filas socialistas, Cristina González recalcó que lo que se pretende con los nuevos cambios normativos es "amoldar aún más el Telemadrid de Aló Presidenta", en el que "impere la ley del silencio". "Poco les importa el servicio público. Solo les importa que hoy se deje todo atado y bien atado para que funcione al servicio de sus intereses", dijo la parlamentaria. Una línea en la que también incidieron desde Unidas Podemos: "Lo que faltaba para culminar plan era atentar contra el pilar de esta ley, que es el consenso".

En representación de la coalición electoral, fue Vanessa Lillo la encargada de fijar posición. Quince minutos en los que, entre otras cosas, se mostró especialmente preocupada por la facilidad con la que ahora se va a poder modificar la Carta Básica, "donde se recogen los pilares fundamentales" y los principios que rigen en funcionamiento de la radiotelevisión pública. "Con una mayoría simple se va a poder modificar. (...) Vox, al final, votará a favor de su director general a cambio de meter mano en la Carta Básica", ha resaltado la diputada de Unidas Podemos.

De hecho, buena parte de las críticas de la oposición se han dirigido también a la ultraderecha, a la que han criticado que sea el "felpudo" de los conservadores. Como ya ocurrió hace nueve meses, Vox criticó que el PP se haya "obsesionado" con intentar controlar la cadena pública. Y dejó claro que su intención es o que se cierre o que se privatice. Sin embargo, de nuevo, no bloqueará los cambios de los conservadores. "No nos vamos a oponer a su reforma", dejó claro José Luis Ruiz Bartolomé. Y así, por la vía de la lectura única, que impide un debate amplio de la norma, se consumó el segundo acto de la toma de control de Telemadrid. No obstante, como ya hicieron con la primera reforma, la oposición amenaza con volver a acudir al Constitucional.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado este jueves en la Asamblea de Madrid una nueva modificación de la Ley de Radio Televisión Madrid con el objetivo de rebajar la mayoría necesaria para elegir al director general, según recoge Europa Press. En la última modificación de la normativa, la primera que presentó el PP en esta legislatura y que salió adelante en julio gracias a la abstención de Vox, se establecía que el director general sería elegido por mayoría de dos tercios de la Cámara regional (91 diputados) en primera votación. PP y Vox suman 78 parlamentarios en el actual arco parlamentario.

Con la reforma presentada ahora por los conservadores, que quieren tramitar por lectura única, el director general tendría que ser refrendado por una mayoría de dos tercios de la Asamblea en una primera votación pero la diferencia sería que abriría la puerta a una segunda vuelta, en la siguiente sesión plenaria, en la que valdría una mayoría simple. De esta forma el PP sacaría adelante la votación con la abstención de Vox.

Además, según recoge el texto de la normativa al que ha tenido acceso Europa Press, se modificaría el número de miembros del Consejo de Administración del ente público que hasta ahora estaba compuesto por nueve miembros, personas físicas con suficiente cualificación y experiencia profesional, y que ahora quiere reducirse a cinco.

También se modificaría su forma de elección. Si no se alcanzase la mayoría de dos tercios en la votación de alguno de los candidatos propuestos o en todos se procedería "a una segunda ronda de votaciones en la siguiente sesión siendo elegidos, en este caso, por mayoría simple". Además, incorpora que si tampoco se obtuviera un resultado en la segunda votación, se requerirá a los grupos proponentes de los candidatos rechazados, nuevos candidatos, hasta que se cubra el cupo y se cumplan las condiciones.

La última reforma permitió renovar a la por entonces cúpula de Radio Televisión Madrid, ante la que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, había manifestado su descontento. Recogía la posibilidad de que, una vez finalizado el mandato del director general, el Gobierno nombrase a un administrador provisional. Así, el Ejecutivo madrileño designó al periodista José Antonio Sánchez, que fue ratificado en la Asamblea gracias a los votos de Vox. El partido que lidera en Madrid Rocío Monasterio pidió a cambio "una reducción sustancial del Presupuesto" del ente público "de un 10%".

El presidente del comité de empresa de Telemadrid, Luis Lombardo, ha criticado este jueves que el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiera "tomar el control total y absoluto" de Radio Televisión Madrid (RTVM). Así lo ha expresado, en declaraciones a Europa Press, después del anuncio del PP de esta reforma.

"El PP de Madrid tiene un plan y ese plan pasa por tomar el control total y absoluto de la Radio Televisión pública de Madrid. Se propone dinamitar por completo las mayorías cualificadas que tenían como objetivo principal dotar de mayor independencia a los órganos de dirección y de gestión", ha reprochado.

En esta línea, ha censurado que esta medida permitirá que a partir de ahora cualquier decisión pueda ser tomada "con una mayoría simple del PP". "El PP de Madrid quiere el control de la Radio Televisión pública (...) lo necesita para seguir impulsando la carrera política de Ayuso", ha lanzado Lombardo, quien ha reprochado que se acabe con la "independencia" en la toma de decisiones.

El periodista radiofónico Juan Pablo Colmenarejo ha fallecido este miércoles a los 54 años de edad tras sufrir un infarto cerebral, según ha informado Telemadrid y recoge Europa Press. El comunicador presentó su último programa Buenos días, Madrid en Onda Madrid este martes, antes de ingresar en la UCI en estado crítico tras sufrir un derrame cerebral.

El locutor era el encargado de presentar y dirigir el informativo matinal en Onda Madrid tras una trayectoria vinculada en la radio, donde ha conducido programas en las principales emisoras del país, como RNE, Onda Cero y Cadena Cope, y también ha sido columnista en el diario Abc.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, entre otras responsabilidades fue director de informativos de la Cadena Cope entre 2011 y 2013, donde también presentó el informativo nocturno La linterna. En Onda Cero estuvo al frente del informativo de fin de semana (2002-2003), dirigió el informativo de mediodía (2005-2009) y estuvo al frente de La Brújula (2003-2005).

Fue también subdirector de informativos de TVE y director de la primera edición del Telediario (1998-2000) y editor del informativo España a las 8, de Radio Nacional de España (2001-2002).

Manuel Díaz El Cordobés presentará desde el lunes un el programa Hasta la Cocina, un espacio culinario que se emitirá a las 19.45 horas en Telemadrid, informa Europa Press.

Según ha explicado la cadena en un comunicado, un vecino de la región cocinará con el torero una receta mientras "intercambian vivencias" junto a "reclamos gastronómicos" madrileños.

Asimismo, también se estrenará en la sobremesa de Telemadrid Más o Menos, un concurso que se emitirá a las 15.45 horas con Quico Tarnojí que demostrará que "todo el relativo". En cada capítulo, cuatro concursantes competirán para llegar a la final y optar al bote que irá creciendo programa a programa. Lo importante no será tanto tener el dato exacto, como ponerlo en relación con otros. Se tratará de edades, pesos, distancias, fechas y precios. "¿Quién es mayor, Alaska o El Cholo Simeone? ¿Qué está más lejos de Madrid, Soria o Salamanca? ¿Quién murió antes, Rafaela Aparicio o Lola Flores?", pone de ejemplo la cadena.

La tarde continúa con Atrápame si puedes, que esta semana tiene como participantes a famosos que compiten por una buena causa. Todos los días, desde las 16.45, Goyo González será el encargado de organizar el juego consistente en varias rondas de preguntas y respuestas.

A partir de las 17.45, la tarde será espacio de Madrid Directo, el programa de reportajes de Telemadrid, presentado por Francine Gálvez y Emilio Pineda.

Telemadrid, bajo el mando de la actual dirección, ha cerrado septiembre en el 4,6 de audiencia. Se convierte así en una de las televisiones menos vistas de FORTA, unión del conjunto de las autonómicas que ha obtenido en su conjunto un 8,7, con la Canaria en cabeza merced a la cobertura de la explosión del volcán y sus consecuencias, que ha sido aplaudido por el resto de medios y que demuestra la pujanza de los medios de proximidad cuando se producen este tipo de sucesos. Es lo que le sucedió a Telemadrid con la anterior dirección en los días de la nevada de Filomena.

Con los actuales mandatarios de la cadena pública madrileña, incorporados durante el verano, la autonómica solo ha sido capaz en septiembre de superar a la valenciana Apunt, creada tras el cierre de Canal Nou, que intenta recuperar poco a poco las cifras de su predecesora, y empatar con la balear IB3 y la Televisión Murciana.

La caída es especialmente visible al observar la comparación entre septiembre del pasado año y el actual. El porcentaje de bajada, superior al 20% , es muy significativo al relacionar espacios que existían entonces y continúan hoy en emisión como demuestra el siguiente cuadro.

Al margen del aluvión de críticas en redes sociales por la cobertura que ha desplegado Telemadrid para el viaje a Estados Unidos de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, fuentes internas de ese medio destacan el hecho de que "Telemadrid se ha convertido en el Instagram de Isabel Díaz Ayuso"; en esa línea, aseguran que "las preocupaciones y los problemas de los madrileños han dejado de estar presentes en nuestra escaleta de informativos.

La oposición prácticamente no aparece en nuestros Telenoticias y la manipulación y el uso partidista se ha instalado de nuevo en la tv pública madrileña". Obviamente, dichas fuentes, contrastadas por infoLibre, se niegan a ser identificadas con nombres y apellidos, por temor a las represalias que pudiera tomar la actual dirección contra personas y colectivos críticos. Nadie olvida, dentro de la plantilla de empleados, como las denuncias por la desastrosa gestión económica y manipulación informativa concluyeron con el despido de tres de cada cuatro trabajadores hace casi diez años. Entonces y ahora el máximo responsable de Telemadrid era, y es, José Antonio Sánchez.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha avanzado que tienen ya casi cerrado un acuerdo con el PP sobre Radio Televisión Madrid (RTVM) que incluiría rebajar un 10% de su presupuesto, para, de esta forma, dar su apoyo este jueves a la ratificación del nuevo administrador provisional de Telemadrid, José Antonio Sánchez.

"Nos quedan muchas horas para negociar, pero estos días hemos ido negociando la reducción de presupuesto, mecanismos que garanticen la transparencia de las productoras externas y la garantía de libertad y neutralidad de los que trabajan en Telemadrid", ha señalado Monasterio en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional antes de la celebración del Pleno de la Asamblea, ha recogido Europa Press.

Según ha explicado, el PP "ha ido cediendo" en estas tres líneas y "parece" que van a poder llegar a un acuerdo "en unos minutos" para dar su apoyo a José Antonio Sánchez en la votación de este jueves. Así, han acordado de reducir un 10% el presupuesto de la cadena pública con respecto al año pasado y que se vayan incluyendo todas las aportaciones de los fondos de contingencia.

Además, han accedido a que se publiquen contratos de forma mensual y las actas de titularidad de las productoras que se contratan y las subcontratas, así como garantizar la neutralidad y no injerencia de los políticos en las televisiones públicas.

El administrador provisional de Radio Televisión Madrid (RTVM), José Antonio Sánchez, ha trasladado este viernes que gracias al ERE que se hizo en la cadena en 2013, que afectó a 829 trabajadores, existe hoy Telemadrid, y ha defendido que no fue ilegal porque hubo sentencia del Tribunal Supremo, ha informado Europa Press.

Así lo ha trasladado Sánchez durante su comparecencia en la Comisión de Telemadrid en la Cámara regional, justo después de que este jueves no obtuviera el apoyo de la Asamblea para ser ratificado en el cargo provisional, ante la negativa de los grupos de izquierda y la abstención de Vox.

José Antonio Sánchez ha recordado su paso del 2011 hasta el 2014. Cuando llegó en julio de 2011 a Telemadrid ha indicado que la audiencia se situaba en 5,7, cuando se fue en octubre de 2014 en 4,8 puntos y ahora en julio de 2021 4,7.

"Menos ahora que cuando lo dejé, según Kantar Media. Todo aquel proceso, aquello del ERE, que gracias a que se hizo y se ganó hoy existe Telemadrid, porque si no hubiéramos corrido la suerte de Canal Nou; pero gracias al esfuerzo que hice personalmente hoy está Telemadrid. No quise pasar a la historia como el que cerraba un medio", ha explicado.

Por ello, ha afeado a los grupos de la oposición que digan que el ERE fue "ilegal", algo que conlleva a un delito y esto "no lo es porque fue aprobado por una sentencia del Tribunal Supremo".

En este punto, ha especificado que él ahora no es el director general, sino que es el administrador provisional, además de "incierto", por lo que sus planes no pueden ir enfocados "a largo plazo" sino en "dar estricto cumplimiento a la ley 8/2015 en la carta básica y en el contrato programa".

A su juicio, "rallaría el ridículo y sería pretencioso venir a esta Cámara con un proyecto a largo plazo, sin estar siquiera ratificado". Por ello, se centra en un trabajo del "día a día" y se enfocará en gestionar el tiempo que esté con "austeridad, eficacia y optimización de los servicios públicos".

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, ha criticado este sábado el "asalto" para convertir Telemadrid en "TeleAyuso" y que sea un "ariete" contra el Gobierno de España en vez de centrarse en los problemas de los madrileños, ha informado Europa Press.

De esta forma, la portavoz ha mostrado su repulsa a esta reforma del ente público en su visita a la zona de Lavapiés que acoge durante este fin de semana las fiestas de San Cayetano.

Desde el PSOE piensan "que todas estas cosas tienen que ser consensuadas y tienen que hablarse". En este sentido, ha señalado la importancia del Parlamento madrileño, en el cual han asegurado que se han quejado "en todo momento de la ley por la que se ha hecho este asalto a Telemadrid".

En esta línea, la portavoz ha asegurado que la aprobación de esta ley se hizo mediante una lectura única y sin pasar por una comisión que pudiese introducir enmiendas al texto. Por estos motivos se encuentran "muy en contra".

Asimismo, Jalloul ha arremetido contra el nuevo administrador de la cadena, José Antonio Sánchez, de quien asegura que dejó "el mayor ERE en la historia de Telemadrid, una deuda de más de 360 millones y una audiencia del 3,4%".

Así, la socialista ha defendido al director cesado (José Pablo López) y ha manifestado que "antes de que fuese asaltada había dejado un superávit de más de 4.000.000 euros y una audiencia del 6%".

Asegura que "el mayor impuesto que paga España es la corrupción del PP"

La socialista también ha asegurado que "el mayor impuesto que paga España es la corrupción" por parte del Partido Popular. Jalloul se ha referido a la apertura de juicio oral al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el caso Lezo por las presuntas irregularidades cometidas con ocasión de la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con el campo de golf del Canal.

"Podríamos hablar sin parar de las tramas de corrupción del PP como la Gürtel, la Púnica y tantas otras GürtelPúnica" ha subrayado la socialista, quien también ha cuestionado "la lealtad institucional" del PP con el Gobierno de España.

"Su inquina hace que sea una oposición que no tiene altura de miras y que solo apuesta por la crispación", ha apostillado. Asimismo, la portavoz ha destacado los bulos del Partido Popular para "maldecir" al Gobierno de España.

En este sentido, Jalloul ha señalado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha dejado "a más de 34.000 niños sin sus becas comedor" ante lo que "muchos ayuntamientos socialistas" han decidido sufragar campamentos urbanos para ayudar a "estos niños más vulnerables".

También sobre Madrid, Jalloul ha acusado este sábado al Partido Popular y en concreto a la presidenta Ayuso de ejercer la "madrileñofobia" con su "desastre" en la gestión de las segundas dosis de la vacunagestión de las segundas dosis de la vacuna en la región.

"Más de 775.000.000 euros en el primer semestre del año para ayudar a los ERTES, los autónomos y las infraestructuras madrileñas, también otros fondos como el Covid con más de 300.000.000 euros, o los fondos de recuperación que en materia educativa han alcanzado una dotación de más de 121.000.000 euros en la región madrileña", ha desgranado.

Por este motivo, la portavoz ha señalado que los que ejercen al "madrileñofobia" contra los propios madrileños son el Partido Popular y Díaz Ayuso que, según ha indicado Jalloul, habría reconocido el "desastre" en su gestión de las vacunas, ya que la administración de la segunda dosis "está yendo de manera errónea".

En esta misma línea, la socialista ha asegurado el reconocimiento por parte de Ayuso de que "la sanidad pública es un desastre en la Comunidad de Madrid" y que por estos motivos son ellos, los 'populares', los que practican la "madrileñofobia".

Una auditoría de la Cámara de Cuentas sobre la gestión de Telemadrid entre 2008 y 2015 detectó "gastos sin procedimiento contractual" por 3.343.149 euros a lo largo de los tres años en que José Antonio Sánchez, ahora recién nombrado "administrador provisional" de la cadena, ostentaba el cargo de director general: de julio de 2011 a octubre de 2014. Aprobado en enero de 2019 por el organismo fiscalizador madrileño, donde los consejeros elegidos a propuesta del PP suman mayoría, el informe cifra en 8,88 millones los gastos que en los ocho años fiscalizados (2008-2015) se encuadraron en esa categoría. Esto es, aquellos gastos que se abordaban sin una tramitación previa ajustada a la norma sobre contratos públicos. "No constaban –dice el informe– en la relación de contratos entregada [a los auditores] porque no se habían tramitado a través del procedimiento contractual correspondiente. Sólo consta de los mismos o su aprobación por el órgano correspondiente, o bien su alta en contabilidad a través de un número de pedido llevando anexas las facturas dentro de SAP [el sistema informático]".

En conversación telefónica con infoLibre, Tomás Morales, director financiero de Telemadrid —en la actualidad y cuando tuvieron lugar los hechos—, explicó que bajo ese epígrafe se pagaron “determinados supuestos de gasto” que necesitaban “inmediatez”. Nada “fuera de lo normal”, ni “comidas ni viajes”, remarcó. Se trataba, según Morales, de compras de grabadoras, grúas o mezcladores de audio digital, en ocasiones para sustituir urgentemente equipos que habían dejado de funcionar y era necesario sustituir de manera rápida. Estas explicaciones, subrayó Morales, fueron remitidas en su día a la Cámara de Cuentas en forma de alegaciones. Pero el informe sí habla de viajes al abordar estos gastos poco comunes. Y en lo que concierne al mandato de José Antonio Sánchez los cuantifica, solo en 2012, en 185.211 euros. En total, la cifra por ese concepto asciende a 1,89 millones a lo largo de los ocho ejercicios fiscalizados.

La "defensa jurídica" de Sánchez, en la lista 

Pero los datos que ofrece el informe destapan que además de grabadoras, grúas y mezcladores de audio digital los gastos al margen de procedimientos reglados se extendieron a otras categorías. Por ejemplo, durante el trienio de Sánchez como director general, se abonaron así 116.000 euros en noviembre de 2011 por "seguimiento de caravana electoral". O 60.000 el 20 de diciembre de ese año para "suministro de prensa ejercicio 2012". O 211.522 euros por "asesoramiento laboral" entre diciembre de 2012 y enero de 2013, meses de arranque del ERE que culminó con el despido de 829 trabajadores –tres de cada cuatro trabajadores– y que el Tribunal Supremo declaró en 2014 improcedente.

Los ejemplos no acaban ahí. Hubo un tercer pago de 50.000 euros en mayo de 2014 para asesoramiento laboral. Otro de asesoramiento jurídico prestado desde julio de 2013 a febrero de 2014 por 54.284 euros. E incluso la "defensa jurídica" de José Antonio Sánchez se cubrió con un pago total de 40.000 euros que en las actas donde lo localizó la Cámara de Cuentas aparece fechado el 13 de marzo de 2015, cuando el defendido ya presidía RTVE por decisión del Gobierno de Mariano Rajoy. Este periódico preguntó a Morales por qué ese pago se consideró de urgencia. El director financiero de la cadena respondió así: "Corresponde a los gastos por la querella puesta en esa fecha, por un sindicato contra el director general en relación con el ERE. La querella es un procedimiento jurídico diferente del ERE y por lo tanto se resuelve en instancia diferente". 

Las alegaciones a que alude Morales fueron formuladas en noviembre de 2018. Y según algunas fuentes, iban firmadas no por el entonces director general de Telemadrid, José Pablo Lozano, sino por el mismo José Antonio Sánchez que acaba de regresar al poder de Telemadrid para un mandato oficialmente "provisional" que se anticipa largo. Tales alegaciones no han podido ser analizadas por infoLibre. Este periódico se las solicitó a Morales pero aún no se las ha facilitado. No obstante, queda fuera de duda que, sea cual sea su contenido, carecieron de efecto al menos, en lo que respecta a los "gastos sin procedimiento contractual": porque, de lo contrario, el informe no diría lo que dice. 

Gastos por agencia de viajes sin "soporte contractual"

Entre las 132 páginas de la fiscalización de la Cámara de Cuentas figuran dos tablas que, con fecha exacta, concepto del servicio o suministro e importe de la adjudicación enumeran los pagos de esa clase realizados entre 2008 y 2015. La primera tabla concentra los detectados "en las actas del comité de compras", un órgano interno, ajeno a las mesas de contratación e integrado por directivos.

La segunda tabla se limita a los gastos que los técnicos encontraron "en el informe de compras (SAP)" y todos ellos eran relativos a viajes: 1.897.294 euros en los cinco primeros años del periodo examinado. Solo en 2008, la cuantía total se colocó en 839.572,32 euros. El desglose de datos acometido por este periódico indica que en 2012, primer ejercicio completo de Sánchez como director general, ese gasto concreto se situó en 185.211,28 euros. Y a partir de ahí, desaparecieron del mapa. 

El apartado sobre los gastos sin procedimiento contractual dedica de hecho un párrafo a los viajes. Y lo hace para lanzar un aviso inequívoco: "Además del análisis de los Informes de compras obtenidos a través de SAP, se han detectado gastos asociados a agencia de viajes que carecen de soporte contractual". Cuál era esa agencia no se especifica.

El párrafo acaba con otra afirmación que pone el dedo en la llaga de cómo se manejaban ciertas adjudicaciones entre 2008 y 2015: "El detalle de las empresas que han superado el límite del contrato menor en cada ejercicio ascendió al menos a un importe de 1.897.296 euros". ¿Indica la coincidencia de cifras con la de los viajes que la extralimitación en cuanto al límite de los contratos menores se produjo siempre en esa área? No se sabe. El informe no aporta más datos.

A diferencia de lo que sucede en otros capítulos del informe de fiscalización, ambas tablas permiten acotar qué ocurrió bajo el mandato de José Antonio Sánchez. Y verificar bajo qué concepto se hacía cada pago. "La ejecución de todos estos gastos –expone Tomás Morales– fueron verificados por el equipo fiscalizador de la Cámara de Cuentas, sin que detectara ninguna incidencia económica o de falta de documentación en los expedientes". Y por ese motivo, argumenta, el organismo fiscalizador no incluyó "ninguna recomendación al respecto en el apartado de Conclusiones y Recomendaciones de su informe". Pero lo cierto es que las conclusiones de la auditoría incorporan lo siguiente: "Se han detectado una serie de gastos que no se habían tramitado a través del procedimiento contractual correspondiente". E incluyen estas dos recomendaciones: "Dentro de su sistema contable, debería existir un nexo de unión entre la tramitación y adjudicación del expediente y la ejecución del contrato, que permita conocer toda la vida del expediente y seguir su evolución hasta su extinción"; y "deberían establecerse mecanismos de control de la contratación directa por razón de la cuantía".

En apoyo de que nada irregular hubo en esos 8,88 millones de euros en "gastos sin procedimiento contractual", Morales recalca que el apartado de Conclusiones del informe de la Cámara de Cuenta señala que “la opinión de los informes de auditoría externa de la sociedad, relativos a cada uno de los ejercicios, fueron favorables en todos los casos". El directivo de Telemadrid agrega que el auditor externo "verifica anualmente tanto los estados financieros de la sociedad como el sistema de control interno de la sociedad, no habiendo detectado ninguna debilidad del mismo en todos los ejercicios auditados y fiscalizados".

José Antonio Sánchez no se ha entretenido ni un solo día. Este miércoles ha sido nombrado oficialmente máximo responsable de Telemadrid, y el mismo jueves ha tomado posesión de su despacho en la Ciudad de la Imagen y 24 horas después ha procedido a la destitución –nominal, ya que habían dejado sus anteriores puestos– del director general José Pablo López; del director de Onda Madrid, Ángel Rubio; del director de informativos, Jon Ariztimuño; del director de Comunicación, Daniel Forcada, así como otros mandos de su confianza. En paralelo, Más Madrid anunció un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por su designación, y el comité de empresa muestra su desconfianza con un escrito que titula "Nada bueno para Telemadrid y Onda Madrid" y que termina con esta admonición: "Dudamos que se aumente la transparencia, pluralidad e independencia, que mejore la audiencia, que la gestión económica sea más eficiente y sea una entidad más despolitizada. Esperamos equivocarnos, pero si tuviéramos razón y se volviera a poner en duda la viabilidad del servicio público de RTVM, lucharemos hasta el último aliento para impedirlo". Sin embargo, no se anuncia una oposición frontal, ni se habla de manifestaciones o paros como los que llevaron la emisión a negro en vísperas del ERE. Prima la contención: "Esperar y ver" o "toca ser prudentes", afirman diversos miembros de ese órgano de representación.

Pero, más allá de lo institucional, infoLibre ha querido saber qué opinan los trabajadores de a pie, empleados que nunca han tenido cargo alguno, y que han vivido todos los avatares de la empresa en los últimos veinte años. Durante los últimos diez días hemos hablado de manera más o menos informal con una veintena de ellos, la mayoría adscritos a la televisión y alguno a Onda Madrid, y ahora reproducimos la visión de algunos de ellos.

Antonio es periodista, lleva en Telemadrid más de veinticinco años y no se vió afectado por el ERE. Leonardo lleva aún más tiempo, y siempre ha estado en la parte técnica. Julian también es periodista, fue despedido en 2013, y recuperado durante el mandato de José Pablo López. Un caso casi idéntico es el de Nicolas, periodista y recuperado por la empresa en los últimos cuatro años. Por último, María, productora especializada en disponer los medios para programas e informativos en directo, y que tampoco fue despedida en el ERE.

Todos coinciden en denostar la primera etapa de José Antonio Sánchez, aunque esperan que la segunda tenga un signo distinto, mientras alertan contra un posible signo partidista, tras el despido del anterior responsable, José Pablo López, que recuperó audiencia y credibilidad. En todos los casos hemos respetado el anonimato, que han exigido ante el temor de posibles represalias. Estas son sus opiniones:

Antonio

"El futuro de la empresa ahora mismo está rodeado de incertidumbres. Después de años de luchas que acabaron con un ERE, hemos vivido unos años de recuperación de la imagen de Telemadrid, e incluso de nuestra propia autoestima como profesionales de la información. Esto aparentemente se ha truncado y muchos tenemos la sensación de volver a la casilla de salida.

La anterior etapa de José Antonio Sánchez fue terrible, de darte vergüenza decir que trabajabas aquí, o salir a la calle con el micro de la empresa. Cuando él llegó, ya llevábamos años peleando por una información plural, veraz e independiente, resistiendo con todas nuestras fuerzas a una manipulación realmente salvaje, y él vino para acabar con la demolición de la empresa como servicio público. Sánchez, como diría un taurino de los de antes, fue nuestro Agapito, el puntillero de Las Ventas.

Quiero pensar que esta segunda etapa será distinta. Es mi esperanza. Si pienso lo contrario me echo a llorar. Nos aferramos a una posibilidad que, en realidad, tiene pocos visos de cumplirse, vistos los antecedentes, pero no nos queda otra. Desde el Partido Popular se nos insiste en que este cambio no va a afectar a la plantilla, pero aquí ya estamos curados de espanto. Después de lo vivido, nos tememos lo peor, pero hay que intentar ser positivo y confiar en que no suframos las consecuencias de una reforma legal que, como trabajadores, no entendemos ni compartimos".

Leonardo

"El futuro de la empresa lo veo mal. Estamos viviendo algo que nos suena mucho a lo que experimentamos en la anterior etapa: se habla de futuro, de viabilidad, de gestión, de audiencia... y lo que se pretende es utilizar Telemadrid como altavoz de la voluntad de Ayuso. Nos utilizará, acabará con el prestigio y la audiencia actuales, lo que les servirá para justificar su cierre o privatización y, una vez más, los principales afectados seremos los trabajadores que perderemos nuestro puesto y salario.

De las anteriores etapas recuerdo como el discurso que se hacía públicamente era completamente distinto de lo que vivíamos en el interior de la casa. Se hablaba de austeridad y se dilapidaba el dinero entre amiguetes; se hablaba de credibilidad y se utilizaban los Informativos para atacar a todo aquel que no era Esperanza Aguirre. Se hablaba de recortes laborales necesarios, cuando se duplicaban cargos directivos con sueldos millonarios. Todo esto es lo que tememos que vuelva a ocurrir ahora. Se ha buscado para dirigir Telemadrid un perfil de fiel servidor para cumplir el principal objetivo, llevar a Díaz Ayuso a la Moncloa".

Julián

"Tengo un pésimo recuerdo de la anterior estancia de Sánchez en la empresa. Fue el gestor en la etapa más negra de su historia, primero por la manipulación grosera de los contenidos y finalmente por la aplicación de un ERE (declarado por la Justicia no ajustado a derecho), que supuso el despido del 75% del personal. En su currículum se manifiesta una bien acreditada reputación de ejecutor despiadado de un periodismo que es la antítesis de la ética profesional. Todos esperamos ahora gestos que demuestren que nuestra preocupación no se verá confirmada. Esperamos, confiamos, en una actitud conciliadora y beneficiosa para Telemadrid.

Evidentemente, habrá cambios en la línea editorial. No se entiende de otro modo la urgencia con la que la Comunidad de Madrid ha procedido a su nombramiento, tras cuatro años bajo el mando de José Pablo López en los que se ha trabajado con plena libertad y sin otro criterio que el profesional. Siempre que se produce un cambio en la cúpula, la escala de mando se renueva, y eso no debería ser un problema, si se deben a confianza profesional; es un problema cuando el criterio de decisión es político y se aplica buscando un perfil afín al gobierno. Telemadrid no puede permitirse de nuevo perder audiencia y crédito por intereses particulares; su razón de ser es el respeto a la pluralidad e información libre que merecen los madrileños.

Por todo ello en la redacción existe un clima de espera e inquietud, no por los cambios, sino por la naturaleza y el objetivo de ellos. Esta empresa ha conseguido remontar con esfuerzo una imagen de credibilidad y rigor, que se pierde con facilidad cuando el servicio público que se presupone se convierte en uso partidista. La audiencia es sumamente sensible a la calidad y el criterio de la información".

Nicolás

"No puedo tener buenos recuerdos. Fueron unos años muy difíciles donde Telemadrid vivió su etapa más negra. Especialmente desagradable es recordar los meses anteriores al ERE. La tensión y el mal ambiente que se vivió no se lo deseo a nadie.

Habrá que esperar a ver con qué talante y con qué intenciones llega, pero a día de hoy su nombramiento no es una buena noticia. En principio no podemos esperar nada bueno, porque, aunque ya han pasado ocho años, el recuerdo del ERE bajo su dirección está todavía muy presente entre los que nos vimos afectados. Repito, vamos a esperar sus primeros movimientos para hacernos una idea; el nombramiento del director de los servicios informativos nos dará una pista, pero veo un panorama bastante oscuro.

A nivel personal, incertidumbre total. Después de que la anterior dirección me volviera a abrir las puertas de la que fue mi casa durante muchos años, temo que ahora se pueda reproducir aquella situación. Ojalá me equivoque y no vuelva a destrozar el futuro de muchas familias".

María

"No soy optimista sobre el futuro de Telemadrid. Mientras los partidos políticos no entiendan que los medios públicos no son un instrumento que ellos puedan utilizar a su antojo, que son un medio al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, al que acudir para informarse de lo que pasa en su Comunidad, con noticias contrastadas, independientes, objetivas, y despolitizadas (término que ha vaciado Ayuso) no habrá futuro.

En cuento a mi porvenir personal, lo veo con mucha incertidumbre, con mucha impotencia. Cuesta mucho volver a construir, pero destruir es muy fácil. En los cuatro últimos años los trabajadores hemos puesto mucha ilusión, muchas horas, y mucha profesionalidad para recuperar la credibilidad de nuestra casa. Ha costado mucho esfuerzo, que se ha visto compensado no solo con la subida de audiencias, o el equilibrio presupuestario, sino con el prestigio entre la gente. Volvimos a salir a la calle, y recuperamos el reconocimiento de los madrileños que volvían a ver su televisión. Antes de esos años vimos como la información se manipulaba sin ningún rubor, como se dilapidaba el dinero público en contratos ruinosos y sin control, como los derechos del fútbol... culpaban de la negra situación a los trabajadores, cuando eran ellos los responsables de volcarse en hacer negocios con empresas privadas y terminar con un servicio público esencial.

Yo creo que el nombramiento de José Antonio Sánchez no es casual. Es un perfil perfecto para controlar el medio , y cumplir con el objetivo de impulsar la figura de la presidenta como oposición a Pedro Sánchez y llevarla hasta la Moncloa".

Comunicado integro del Comité de Empresa: "Nada bueno para Telemadrid y Onda Madrid"

"Ojalá nos equivoquemos, pero el nombramiento de José Antonio Sánchez como Administrador provisional de RTVM no augura nada bueno para los madrileños ni para su radio y televisión pública. Sánchez fue Director General de Telemadrid y Onda Madrid desde 2011 a 2014. Fue el encargado de ejecutar un ERE en enero de 2013, declarado ilegal por la justicia, que acabó con 861 personas en la calle, la mayoría de ellas con una oposición aprobada. Dejó RTVM con una audiencia de 3,6% (eI TN1 tenía una audiencia del 6,7% y la web de Telemadrid tenía un tráfico residual). Se fue dejando una deuda de 260 millones de euros. En el año 2013, después del ERE, contrató los servicios de ENG por 1,5 millones de euros, a la empresa CBM, perteneciente entonces a Secuoya (que tenía como directivo a Miguel Ángel Rodríguez, actual jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso). En la actualidad la audiencia de telemadrid es de 6,2%, la audiencia del TN1 ronda el 12.8% y la web tiene un tráfico de 3,5 millones de usuarios. Las cuentas de Telemadrid del 2020 han tenido un superávit de 4,6 millones.

Podríamos seguir enumerando hechos del administrador provisional nombrado por Díaz Ayuso, pero nos parece suficiente con estos ejemplos. No entendemos cuáles son los méritos profesionales de esta persona para volver a una empresa que dejó en la ruina. Como representantes de lxs trabajadorxs, víctimas de un ERE ilegal, y con la experiencia de lo ocurrido durante su anterior mandato, dudamos que se respete el nuevo modelo de Radio y Televisión Pública defendido en 2015 por Isabel Díaz Ayuso y aprobado por PP y Cs. Dudamos que se aumente la transparencia, pluralidad e independencia, que mejore la audiencia, que la gestión económica sea más eficiente y sea una entidad más despolitizada. Esperamos equivocarnos, pero si tuviéramos razón y se volviera a poner en duda la viabilidad del servicio público de RTVM, lucharemos hasta el último aliento para impedirlo".

Seguramente será por lo que en la profesión periodística se conoce como la preeminencia de la vieja máxima “good news, [are] no news”, que ha terminado marcando la agenda de los medios de comunicación. Las buenas noticias no venden, no llaman la atención de los periodistas, porque se considera que la ciudadanía siente mayor atracción por los sucesos truculentos, las catástrofes y las malas noticias.

El proyecto de creación del Consell de l’ Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha reaparecido en la agenda de la vida política valenciana, primero con el nombramiento de Empar Marco y de José María Vidal por parte del gobierno valenciano (18/06/2021) y, poco después, con la propuesta de las cinco consejeras/os por parte de los partidos políticos, que comparecieron en las Cortes Valencianas el pasado 5 de julio (Dolors López, Àlvar Peris, Anna Gimeno, Carmen Carretón y Manuel Alberola, a propuesta de PSPV, Compromís, Unides Podem, Ciudadanos y PP, respectivamente). Todos ellos cumplen los requisitos de la Ley 10/2018, de creación del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana, en lo que respecta al reconocido prestigio y experiencia en el ámbito de la comunicación audiovisual de los/as candidatos/as propuestos/as, por lo que debemos felicitar a las personas designadas y a nuestros representantes políticos por su celeridad y diligencia en la aceleración del proceso.

Desde luego, resulta llamativo el muy escaso eco recibido en los medios de comunicación, con la excepción de À Punt, y algunas noticias de agencia en pocos medios valencianos. Desde las universidades, tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto del mundo académico español e internacional (¡sí, no es una exageración!), la creación del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (en adelante, CACV), se valora de forma muy positiva. En primer lugar, constituye un primer paso hacia la normalidad: hay que recordar que el CACV, como autoridad independiente, aparece en el mismo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En segundo lugar, el CACV es esencial para el funcionamiento de los órganos de gobierno de los medios de comunicación públicos valencianos, como recoge la Ley 6/2016, tanto porque este órgano ha de proponer el nombramiento de dos personas para el Consejo Rector de la Comunidad Valenciana (CRCV), así como “dictar acuerdos y resoluciones… que afecten a la Corporación o a sus sociedades”, además de proponer y seleccionar candidatas/os para la Presidencia de la Corporación Valenciana de la Medios de Comunicación.

La creación del Consell l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana es un paso hacia la normalidad, porque en todos los países avanzados del mundo existen Consejos Audiovisuales, organismos independientes, con autoridad para velar por una correcta ordenación y desarrollo del espacio mediático. Algunos de los más conocidos son la Ofcom, Office of Communications, en el Reino Unido; el Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA), en Francia; L’Autorità para le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), en Italia; la Federal Communications Commission, en Estados Unidos; o en Alemania, donde existen 14 autoridades reguladoras del audiovisual, los Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten o Consorcio de las Autoridades de los Medios de Comunicación de los Länder, que trabajan de manera coordinada. En suma, existen autoridades reguladoras de los espacios comunicativos en todo el mundo, incluso en los países que son modelo del capitalismo de corte neoliberal y, en apariencia, de mayor "desregulación" como Estados Unidos o el Reino Unido.

Como hemos señalado reiteradamente, la no existencia de autoridades reguladoras en los espacios públicos de comunicación, como sucede en España, a nivel estatal y autonómico (recordemos que en nuestro país sólo Cataluña y Andalucía cuentan con Consejo Audiovisual), es un grave problema comparable a lo que supondría la ausencia de un código de circulación o una Dirección General de Tráfico para regular el transporte en nuestras carreteras. El CACV es esencial para garantizar el desarrollo de un espacio comunicativo valenciano de calidad. Se trata de un órgano externo de control, con independencia y autonomía, que debe vigilar la pluralidad informativa, la defensa de los derechos de la audiencia y la independencia de los medios de comunicación públicos, pero también el correcto funcionamiento de todo el sistema mediático. Hay que destacar que este organismo regulador nace con una vocación de independencia política, con mandatos superiores a las legislaturas parlamentarias, asumiendo funciones de la actual Secretaría de Comunicación de Presidencia de la Generalitat Valenciana, por ejemplo, en todo aquello que tiene que ver con la adjudicación de frecuencias de radio y televisión, la concesión de ayudas públicas a los medios valencianos, las ayudas a la producción audiovisual, etc., buscando garantizar la pluralidad y la equidad distributiva. La reciente decisión del gobierno valenciano, y el trabajo de los parlamentarios de las Cortes Valencianas, es una muy buena noticia. Una acción política que les honra, y ennoblece el trabajo de nuestros políticos, en un momento de mucha polarización y crispación política.

Desde algunos medios privados, se afirma que los Consejos Audiovisuales son órganos “represores” y una “amenaza” para la libertad. No es así, en absoluto: un Consejo Audiovisual es un órgano que, ante situaciones de conflicto, da instrucciones –para velar por el seguimiento de unas normas o códigos a operadores o anunciantes–, informa de decisiones –que pueden tener un carácter orientativo para determinadas entidades, empresas o individuos relevantes del sector audiovisual–, hace recomendaciones –que no tienen carácter vinculante– y, sí, también pueden dictar sanciones cuando es necesario. Así pues, el CACV debe contribuir al cumplimiento de los principios fundacionales de nuestros medios de comunicación públicos, en especial su misión de servicio público, su independencia del poder político y de intereses económicos, la promoción del valenciano, la pluralidad informativa, la expresión de la libertad de ideologías, creencias y orientaciones políticas, de la igualdad entre hombres y mujeres, así como favorecer la visibilidad de los colectivos más desfavorecidos, etc., o en riesgo de exclusión social.

La creación del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana contrasta con la grave involución que sufre TeleMadrid, denunciada por ULEPICC, por la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) y Teledetodos, con una precipitada reforma de la Ley 8/2015 reguladora de la radiotelevisión pública madrileña, que pretende asegurar el férreo control político desde el ejecutivo autonómico. Debemos recordar la fulminante desaparición del Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid, en 2006, principalmente por no someterse al poder político de turno. Nuestro querido maestro Enrique Bustamante hablaba en 2020 de la existencia de “gobiernos autonómicos gamberros” que, sin abandonar una retórica grandilocuente en defensa de las libertades públicas, siguen acorralando a los medios de titularidad pública.

En un contexto político tan complejo como el actual, al que hay sumar una coyuntura internacional de creciente hegemonía de las grandes plataformas mediáticas, conectadas estrechamente con las multinacionales GAFAM, cada vez más dueñas de nuestros datos y de nuestro imaginario cultural, la aparición en escena del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana constituye una luz de esperanza. Pero no podemos ser ingenuos. Como institución de reciente creación, tendrá que pasar por un complejo proceso de aprendizaje, y tiene ante sí retos formidables, a los que no se podrá enfrentar sin el apoyo y trabajo colaborativo de las universidades, de los sectores profesionales valencianos de la comunicación, del audiovisual y de la publicidad, y del conjunto de la sociedad civil valenciana. El éxito del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana, sin duda, tendrá un efecto muy directo sobre la calidad de la comunicación. Es responsabilidad de la ciudadanía en su conjunto que este ilusionante proyecto se consolide. Está en juego también la calidad de nuestra joven democracia.

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Javier Marzal Felici es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad y director del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I

"Yo soy del PP, cobré del PP, voto al PP". El hombre que se jactaba de ser uno de ellos acaba de ser elegido administrador único de la televisión pública madrileña. "Es de agradecer que el Partido Popular me busque un puestecito. Se lo agradeceré muchísimo". Esta frase también es de José Antonio Sánchez, la pronunció en 2017 en la sala del Congreso Clara Campoamor. Años más tarde, le llega el tercer puestecito. De Telemadrid a RTVE y vuelta a Telemadrid. Los tres destinos bajo el férreo control de los populares con cuasimayorías absolutas volcadas, hasta lo conocido, en el control de la información y la gestión pública de los medios.

En palabras de Ayuso: "Un servicio público sin público no es un servicio, sino un negocio de cuatro". Eso fue precisamente Telemadrid en los años de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Bajo la dirección de José Antonio Sánchez las audiencias rozaron mínimos históricos y máximos en despidos de trabajadores. Ejecutó el mayor ERE de la historia de la comunidad y está en el top five de los despidos masivos de España. 860 profesionales de 1.161 perdieron su trabajo en plena crisis económica. La justicia lo declaró irregular pero los profesionales no volvieron. Todavía, años después, dentro de la cadena recuerdan aquella etapa con horror.

El gestor y confeso defensor del PP, el "ni muchísimo menos antifranquista" y sí "apostólico y romano", no es responsable de ser el próximo administrador único. Por más que se carguen las tintas contra la idoneidad del perfil, él solo ha aceptado un dedazo político. Ayuso es quien le elige, con una ley exprés sin enmiendas, sin consenso, implantando un nuevo sistema de elección para que pueda perpetuarse en la provisionalidad, elegido únicamente con los votos de la derecha y la ultraderecha.

Es Ayuso quien ha forzado la legislación para destituir al actual director, nombrado en 2017 sin ningún voto en contra y un balance de tres años multiplicando la audiencia, con contenidos de rigor y calidad, transformando la imagen de la cadena, con especiales informativos que han sido en muchas ocasiones la referencia televisiva de los madrileños. O manteniendo los programas que han funcionado y cambiando sobre la marcha aquellos que no tenían el respaldo suficiente de los espectadores. Y lo más importante, abriendo el ente público a la pluralidad perdida durante años.

Ayuso ha conseguido poner de acuerdo a periodistas, federaciones y sindicatos en contra de la nueva ley, sin enmiendas, por la vía de urgencia. Y hasta la Asociación de la Prensa de Madrid, tibia en condenar las malas prácticas y corruptelas en el pasado, se ha mojado con un comunicado que rechaza el modelo aprobado.

Es un escándalo por dos motivos. Por lo que tiene de control y la elección del cargo. En ninguna empresa se elige como administrador a quien quiso cerrarla. Normalmente para fletar una televisión autonómica no contratas al que la dejó tiritando con un 26% de la plantilla; a quien ni siquiera ha presentado un modelo de gestión para ser elegido. Pero tampoco nombras a quien reconoce sin pudor ser un servidor de tu partido. Sobre todo, porque la ley pone freno al control político en pro del derecho a la información. Y el artículo 20 de la Carta Magna obliga a garantizar la pluralidad de los medios de comunicación.

Puede que esta conquista por asalto a Telemadrid sirva a Ayuso para preparar las próximas elecciones, para resolver una venganza personal, para lucir un ‘lo hago porque quiero y puedo’. Pero es difícil de explicar qué gana asociando su imagen y su recién estrenada presidencia al recuerdo de los años más oscuros de Madrid. Donde cada dirigente de la cúpula de su partido regional ha pasado por la cárcel o está imputado en un caso de corrupción. Donde sus tres antiguos secretarios generales acabaron en la Audiencia Nacional. O por qué querer recuperar la simpatía de Telemadrid amenazando a sus trabajadores con el recuerdo de aquel tiempo fundido a negro.

Ayuso y el PP han criticado a TV3 en los años del procés, pidieron cerrarla o intervenir la televisión catalana por injerencia del Govern, y se han descolgado con un decretazo al que no se atrevió ni Carles Puigdemont. Hasta ahora, el derecho a una información veraz y plural en Telemadrid ha estado en cuestión con las mayorías absolutas del PP. Con el cambio de socio, de Ciudadanos por Vox, se da un paso más. El partido que señala a medios, expulsa a periodistas de su sede financiada con fondos públicos y ha sido condenado por el Supremo por ello, será quien condicione la elección de los futuros cargos.

Vaya por delante que a la mayoría de los periodistas no nos gusta este modelo. Y que aspirar a la BBC implicaría que nuestros políticos entendieran el derecho a la información como un bien público. Pero sin pedir tanto, no hay nada en el Ayusazo que haga pensar en que se cumplirá el respeto a la pluralidad mediática.

No hay manera de acabar esta columna con optimismo. Solo cabe esperar que no apuesten por pasarse de frenada. Aunque Telemadrid no les parezca un servicio público esencial, confiar en que desde dentro y fuera les recuerden que ‘Libertad’ –ese ayusismo en estado puro–, es pluralidad. Y esperemos que no pase como reza el título del aquí columnista Quique Peinado y cuando se opine diferente se tenga que decir: "Aquí me cierro otra puerta".

Se ha escrito mucho, quizá demasiado, desde que Isabel Díaz Ayuso llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid, y especialmente desde que convirtió la pandemia en su arma política para atacar a Pedro Sánchez. De hecho, cuando me planteé escribir este artículo me cuestioné si era bueno seguir añadiendo ríos de tinta sobre este insólito “animal político”. Por una parte, pensaba que no era bueno, porque seguir hablando de Ayuso incrementa su protagonismo en la escena política madrileña y también en el ámbito de la política nacional. Pero por otro lado me pareció adecuado hacerlo para destacar sus maniobras, sus movimientos para conseguir el que sin duda es su gran objetivo, sustituir a Pablo Casado como líder del partido.

Ayuso es consciente de que la pandemia del Covid-19 se acerca poco a poco a su fin y de que ya le ha sacado todo el rédito político. Gracias a la pandemia ha conseguido que su mensaje electoral de “libertad” haya cuajado entre miles de jóvenes madrileños cansados ya de tantas restricciones y por supuesto en la hostelería y todos los sectores empresariales vinculados a este área de actividad. Esto, y hacer suyas las principales líneas ideológicas de la extrema derecha, explican su rotundo éxito en las pasadas elecciones autonómicas del 4M. Ahora, liberada ya del “lastre” de Ciudadanos y con el apoyo de Vox, tiene vía libre para dirigirse hacia próximos objetivos.

Telemadrid

El primer paso que ha dado, y que además era una exigencia de Vox, ha sido aprobar las primeras medidas legales para controlar Telemadrid. Vox realmente quería cerrar la televisión pública madrileña, pero ella prefiere controlarla. Sin duda lo hará, pero al hacerlo comete un error político del que no tardará en ver las consecuencias. Telemadrid, tras la larga etapa de manipulación informativa con Esperanza Aguirre primero y con Ignacio González después, y el ERE que dejó en la calle a 861 trabajadores, ha logrado cotas de audiencia que no tenía desde 2011. En estos últimos años el canal autonómico ha recuperado dignidad y prestigio como medio de comunicación al servicio de los madrileños. La etapa que ahora se inicia, en la que habrá una nueva dirección, conducirá de nuevo a Telemadrid a la noche de los tiempos. Hay motivos para pensar que perderá poco a poco la audiencia conseguida en los últimos años, y si esto ocurre la eficacia política que tendrá Ayuso convirtiendo a Telemadrid en un medio de comunicación a su servicio será escasa. Como se suele decir convencerá sólo a los ya convencidos y por tanto no le aportará rédito electoral. Pero evidentemente es potestad suya hacerlo y sin duda lo hará.

Pablo Casado

El 4 de mayo Pablo Casado hizo suyo el éxito electoral de Ayuso. Es evidente que se sintió satisfecho porque fue él quien la “fichó” y la propuso como candidata del PP en las elecciones autonómicas de 2019. Además, el “viento electoral” de las últimas encuestas parece que sopla a favor del PP. El “efecto Ayuso” está yendo por tanto más allá de la Puerta del Sol y parece que ha llegado a Génova, pero entre tanta alegría política Casado debería estar preocupado. Ayuso tiene perfil propio y va por libre, y es sorprendente porque con grandes carencias políticas y con una inteligencia cuestionable -sus meteduras de pata y sus salidas de tono son frecuentes desde que saltó al “estrellato” político- ha logrado sintonizar con la gente, o más bien que la gente sintonice con ella. Ha conseguido además recuperar muchos votos del PP que se habían ido a Vox, cosa que Pablo Casado no ha logrado, a pesar de competir con Abascal en sus críticas a Pedro Sánchez en los momentos más duros de la pandemia. Como tampoco ha ganado la batalla de acercarse al centro político, a pesar del rotundo discurso con el que se desmarcó de Abascal, cuando este último presentó su Moción de Censura contra Pedro Sánchez.

El 13 de junio, con motivo de la concentración de las tres derechas en la Plaza de Colón para protestar por los indultos a los presos del procés, Ayuso, fuera de programa, hizo una referencia al Rey Felipe VI que hizo saltar todas las alarmas en Casado y los dirigentes del PP que le acompañaban en ese momento. La frase de Ayuso, “¿van a hacer al Rey cómplice de estos indultos?”, no fue espontánea, fue simple estrategia para atacar a Pedro Sánchez y acusarle de hacer cómplice de los indultos al monarca. De esta forma conseguía además marcar agenda informativa al convertirse en el centro de una nueva polémica. La mano de su superasesor, Miguel Ángel Rodríguez, está detrás y conviene recordar que en su día este personaje guio los pasos de Aznar hasta la Moncloa.

Debe tenerse en cuenta, además, que con su enfrentamiento con Pedro Sánchez durante la pandemia se ha llegado a decir que era ella la que ejercía la verdadera oposición al gobierno. Ayuso ha hecho “sombra”, por tanto, al presidente del PP y no hay motivos para pensar que esto vaya a cambiar en los dos años de legislatura que tiene por delante la líder madrileña del PP.

El 4 de mayo Ayuso consiguió el objetivo de sacar a Ciudadanos de la Asamblea de Madrid. Su próxima meta será una mayoría absoluta en la que ya no necesite a Vox para gobernar y después… muy probablemente “Génova” y por que no, la Moncloa. El Partido Popular es muy libre de tener los dirigentes que quiera, pero alguno pueden convertirse en un enemigo para la democracia a pesar de haber ganado unas elecciones con esa libertad que tanto proclama. Atentos.

Rafael Sánchez Sánchez es socio de infoLibre

Mi compañero Álvaro Sánchez Castrillo cuenta en infoLibre que Díaz Ayuso va a cambiar de inmediato la ley que rige Telemadrid. Yo aquí quiero explicar lo que, en mi opinión significa: pasar de un obligado consenso político a depender, en exclusiva, de la mayoría que gobierna esta Comunidad Autónoma. Primera consecuencia: Díaz Ayuso podrá hacer mangas y capirotes con un medio de comunicación público, que pertenece (o debo decir que pertenecía) a todos los madrileños. Cumple así con ese precepto, ejercido en toda España durante décadas, de que, si ganas las elecciones, ganas una televisión y una radio a tú servicio. De cómo ejerzas esa propiedad está en función de tus propias convicciones democráticas y, muy específicamente, de si crees que una información profesional libre al servicio de los ciudadanos es la esencia del servicio público, o si decides utilizar los informativos como arma de propaganda de tus convicciones y actos partidistas.

En la década de los noventa tuve la suerte de desempeñar en Telemadrid el cargo de editor y redactor jefe en los Telenoticias. Aproximadamente la mitad de esos casi nueve años gobernaba Madrid Joaquín Leguina; un Leguina, por cierto, bien distinto del de los últimos años. Nunca durante ese tiempo me llegó instrucción política alguna. En 1995 accedió a la presidencia de la Comunidad Alberto Ruiz Gallardón, y aún recuerdo las palabras que nos dirigió a la cúpula de Informativos: "Yo no os voy a llamar nunca y, si alguien os llama en mi nombre, no hagáis caso y decidle que lo está usando en vano". Esa es la realidad que yo viví durante aquellos años en que Telemadrid se asentó como la televisión y radio que contaba todo lo que pasaba en la ciudad y provincia.

En 2003, cuatro después de mi salida de la empresa, Madrid pasó a ser regida por Esperanza Aguirre y todo cambió... para mal. Durante su gobierno, continuado por la presidencia de Ignacio González, Telemadrid pasó a ser ejemplo de despilfarro económico, con inversiones y contratos disparatados, muchos de ellos nunca justificados. En infoLibre, desde su misma fundación en 2013, se han venido publicando múltiples denuncias recogidas en un amplio dosier que puede ser consultado por los lectores. En paralelo Aguirre convertía aquellos informativos, que contaban todo lo que ocurría en Madrid, en un aparato de propaganda, no solo de su gobierno, sino de sus propias aspiraciones políticas, lo que redundó en que los Telenoticias se alejaran de la información más próxima y se dedicaran a ejercer como brazo mediático de oposición al gobierno de Rodríguez Zapatero: abrazaron con entusiasmo la "teoría de la conspiración" sobre la autoría de los atentados del 11M, y consagraron a Esperanza Aguirre como punta de lanza contra las políticas progresistas de Zapatero, en un intento de sustituir a Mariano Rajoy en el liderazgo del Partido Popular, que fracasó en el congreso de Valencia en 2008.

En el orden interno, los periodistas veteranos van siendo derivados a tareas menores, mientras los mandos operativos impuestos por el PP se rodean de una redacción paralela que sigue con entusiasmo la censura y manipulación informativa que se les ordena. Comienzan las denuncias contra las malas prácticas periodísticas, sin gran eco en el resto de medios y, junto a la representación sindical, nace el colectivo transversal Salvemos Telemadrid, que se implica en llevar a instituciones y público las actuaciones de la dirección. Mientras, los espectadores abandonan Telemadrid, las audiencias se desploman hasta la irrelevancia, y se pierde presencia y credibilidad en la sociedad madrileña. Por fin, y tras un largo episodio de protestas y huelgas del personal, Ignacio González decide que se aplique un ERE que expulsa a casi tres cuartas partes de la plantilla, 861 trabajadores que pasan del trabajo fijo al paro, por más que la Justicia declare que se trataba de una medida "no ajustada a derecho".

Telemadrid languidece. "Nadie la ve; nadie la cree", titula tintaLibre. Cuando llega a la presidencia Cristina Cifuentes más de un tercio de los espectadores de la región ni siquiera tienen sintonizado el canal en el mando a distancia y Cifuentes se implica en una nueva ley para la empresa, que se aprueba en 2015 con los peores augurios: Telemadrid pierde su vinculación del parlamento regional y pasa a ser propiedad del gobierno de la Comunidad. No obstante, se legisla que su máximo ejecutivo tenga un mandato de seis años para que no coincida con la legislatura y que su nombramiento tenga que ser refrendado por dos tercios de la Asamblea.

El elegido con el apoyo de todos los grupos políticos, a excepción de Podemos, es José Pablo López, un ejecutivo en medios de comunicación, que ha pasado por laSexta y 13TV, y que es recibido con escepticismo. Con su llegada descubrimos gran cantidad de material técnico arrumbado y dominado por el polvo en estancias cerradas y casi olvidadas. Hay escasez de personal tras el ERE, y prácticamente todas las tareas se encargan a empresas externas. Hay jornadas y horarios en que la televisión se hunde hasta el cero técnico, momento en que el número de espectadores es tan exiguo que imposibilita su medida...

Pero José Pablo López no ha llegado de paso. A pesar de los escasos medios materiales, está convencido que no hay otra salida que tener presencia entre los madrileños. Para ello manda las cámaras a la calle e inicia una novedad olvidada durante el aguirrismo: si algo pasa en la región, Telemadrid lo ofrece en directo, sea la celebración del Orgullo, o la misa en la Almudena; un acto institucional, o una movilización callejera; al tiempo, los Telenoticias reducen la información política, no solo de España, sino incluso la de la propia región, y fomenta el pluralismo y el equilibrio entre las distintas fuerzas políticas. En contacto con los representantes de los trabajadores, cubre cada baja con despedidos por el ERE, incluso pide a las productoras externas de servicios que den prioridad en sus contrataciones a ese mismo colectivo. López no es un iluso; sabe que la recuperación de espectadores no puede ser rápida, que atraer de nuevo a muchos de los antiguos fieles es una tarea de años, pero se entrega a ese cometido. Telemadrid se vuelca con la pandemia, a pesar de los medios que maneja la competencia; lucha en inferioridad, pero persiste... y llega Filomena y consigue horas –y hasta días– de liderazgo frente a los rivales, como después con la explosión de la calle Toledo. Ha costado pero las audiencias suben, la credibilidad vuelve, y todo gracias a los Informativos, a las transmisiones, a las horas y horas en directo contando lo que pasa en la calle, y sin apoyo de una programación comparable a la de los rivales por imposición presupuestaria: la televisión y radio públicas de Madrid es la más barata de España, un euro al mes por madrileño.

Pero la actual dirección tiene un enemigo casi imposible de batir, ya que detenta la propiedad de hecho de unos medios que pertenecen legalmente a los ciudadanos. Isabel Díaz Ayuso se siente fuerte tras el refrendo de las urnas. Ya no le basta con los tuits críticos que lanzaba su entonces asesor externo, Miguel Ángel Rodríguez, y que la presidenta verbalizó con frases como la que lanzó a su entrevistadora en Telemadrid: "Eso no le pregunta a una presidenta". O materializó privando a Telemadrid de la señal institucional en la fiesta del 2 de Mayo, o en su toma de posesión como presidenta. Ayuso no pudo privar al medio público del debate electoral, a pesar de sus intentos, frenados por el resto de partidos, pero ahora, con el cheque aparentemente en blanco de Vox, no ha dudado en proponer el cambio de la ley para adueñarse de la empresa. Ni la Sanidad, aún inmersa en la lucha contra la pandemia, ni la Educación, ni las colas del hambre, para Ayuso la prioridad es el control de Telemadrid, que pueda apoyar su futuro político más allá de la Comunidad de Madrid.

Quizás, en aquella lejana época en que tutelaba la cuenta en Twitter del perro de Esperanza Aguirre, la hoy presidenta pudo tomar el ejemplo de cómo poner al servicio de su propaganda personal un medio público, ese que debería estar al servicio de los madrileños. Ojalá me equivoque y no devuelva Telemadrid a los tiempos de Aguirre.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha encargado la realización televisiva de su toma de posesión, que tendrá lugar este sábado 19, a empresas privadas, soslayando a Telemadrid que tiene esa función encomendada por ley. La decisión, contestada por el comité de empresa y el consejo de administración, ya tuvo un antecedente en los actos institucionales con motivo de la festividad del 2 de Mayo, y se inscribe en la ofensiva contra la actual dirección de la radio y televisión autonómica por parte de Ayuso.

Para el consejo de administración de la empresa, la decisión "afecta al papel institucional de la televisión pública autonómica y supone un vaciamiento de las funciones que la ley 8/2015 prevé para la prestación del servicio público audiovisual. Resulta llamativo que sea el propio gobierno regional, accionista único de Telemadrid, quién adopte este tipo de decisiones que afectan a las funciones más básicas que se esperan de la televisión pública y a su papel en la sociedad madrileña". Por su parte, el comité de empresa "manifiesta su malestar por una decisión que supone el incumplimiento de la Ley de creación de RTVM que encomienda, en su artículo 2, el servicio público audiovisual a la radio televisión pública madrileña, al igual que se incumple el artículo 19 de la carta básica: "RTVM realizará el seguimiento y cobertura informativa de la actividad político-institucional del Gobierno y de la Asamblea de la Comunidad de Madrid…con especial atención a los actos oficiales más importantes y significativos".

La representación de los trabajadores lamenta que la nueva legislatura comience cómo finalizó la anterior: con relación al cuestionamiento del servicio público esencial que presta Telemadrid. Por ello, hace un llamamiento a la responsabilidad de quienes, con estas decisiones, siguen generando incertidumbre y preocupación en los trabajadores y trabajadoras que vienen realizando este tipo de coberturas desde siempre.

Tras marginar a Telemadrid en la señal institucional del 2 de Mayo, a finales de ese mes, y en un giro inesperado, el gobierno firmó el nuevo contrato programa que garantizaba la dotación presupuestaria y aseguraba la viabilidad de la empresa. Sin embargo, al día siguiente, Ayuso dejó clara su intención de modificar la ley para destituir al actual director general, José Pablo López, algo imposible con la actual normativa hasta que termine su mandato de seis años, que finaliza en 2023.