El PP se queda solo en su intento de asfixiar a Telemadrid

La Asamblea de Madrid aprobó a última hora del jueves iniciar la reforma de la ley de Telemadrid que impedirá que el gobierno regional asfixie económicamente a la radio y televisión pública de la Comunidad, tal y como ha sucedido durante los meses de enero y febrero. El cambio, propuesto por Ciudadanos, estuvo apoyado por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, y contó con la abstención de Vox y el voto negativo del PP, a pesar de que durante el debate previo la portavoz de esa formación, Almudena Negro, anunciara el sí. Una vez completado el trámite parlamentario supondrá, de hecho, que el gobierno regional tendrá que someterse al mandato de "otorgar a la empresa una financiación suficiente", por delante de cualquier otra consideración.

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Según anunció el PSOE, esta reforma permitirá sustraer a la consejería de Hacienda de las competencias en materia laboral. Esto hubiera evitado hechos como el que su titular Fernández Lasquetti negara que se pudiera contratar el personal necesario durante un día para producir la entrega de los premios de Asociación de la Prensa de Madrid, presidida por los reyes. En cualquier caso, y mientras se negocie el contrato programa, se produciría una prórroga automática, y no una suspensión de la financiación como la citada en los primeros meses del año. Esto dejó a Telemadrid al borde del colapso financiero, precisamente cuando ofrecía los mejores datos de audiencia, y se producían coberturas informativas de sucesos como la gran nevada o la explosión de gas en la calle Toledo, valoradas muy positivamente por los madrileños.

Tras esta decisión parlamentaria, fuentes próximas al Consejo de Administración recalcan que "hace ya dos meses que el gobierno de Ayuso dispone del borrador del Contrato Programa y no ha habido ningún avance en la negociación. Nos han llamado "negligentes" por no enviar la propuesta antes de finalizar 2020, y ahora llevan dos meses sin ser capaces de negociarlo seriamente. Esto evidencia que el problema no era el envío, sino la falta de voluntad de Ayuso y Miguel Angel Rodríguez en llegar a un acuerdo. No creen en esta televisión pública porque ahora las decisiones se toman en Telemadrid y no en el despacho de un político". 

Las mismas fuentes señalan que "ni uno ni otra tienen intención de llegar a ningún acuerdo. Únicamente aspiran a un reparto de la tele pública como el que se ha visto recientemente en RTVE". También apuntan a que el retraso en negociar el contrato programa ocultara que "se está buscando asfixiar económicamente a la empresa para que tengamos que ceder y que el director general se vea obligado firmar el contrato aunque no le guste".