Hungría es un país pequeño, con 9,5 millones de habitantes y representa solo el 1% del PIB de la Unión Europea (UE). Sin embargo, su influencia política en la UE va más allá. Se deja sentir por el poder de veto en decisiones que requieren unanimidad, como los paquetes de ayuda a Ucrania, las sanciones a Rusia o la adhesión de nuevos miembros. A ello se suma la longevidad política de Viktor Orbán (Fidesz): ha sido jefe de Gobierno durante los últimos 16 años, además de un primer mandato entre 1998 y 2002.

Pese a haber utilizado todos los recursos políticos para perpetuarse eternamente en el poder, su ciclo podría concluir con las elecciones parlamentarias que se celebran este domingo, tal como predicen las encuestas. La duda es si su rival, Péter Magyar, logrará la supermayoría que haría posible reformas constitucionales y legales de fondo.

Orbán, quien representa la versión húngara del sueño MAGA (siglas de Make America Great Again, lema de los seguidores de Trump) y de la extrema derecha, ha visto como, en los últimos meses, personas cercanas al régimen han aparecido envueltas en escándalos. Unos casos que han provocado rechazo hasta entre sus votantes más fieles.

El primer ministro se declaró “defensor de la familia numerosa tradicional” y protector de los menores “frente a la visibilidad LGBTI”.

Sin embargo, en 2024, la antigua presidenta (nombrada por Orbán) y la exministra de Justicia concedieron un indulto a un hombre condenado por encubrir abusos sexuales en un orfanato. Ambas dimitieron inmediatamente, pero, según versiones, firmaron siguiendo órdenes de Orbán y fueron usadas como “chivos expiatorios”. En 2025 han salido a la luz otros casos de abuso infantil en centros educativos estatales, con acusaciones sobre un posible encubrimiento de los culpables.

Mientras las listas de espera se alargan en hospitales obsoletos y el sistema educativo carece de profesores en edad de trabajar, en 2025 se estrenó un documental titulado Dinastía sobre el enriquecimiento de la familia y amigos de Orbán gracias a fondos europeos y licitaciones amañadas.

Los casos más chirriantes son los del yerno favorito de Orbán (fortuna de unos 500 millones de euros), el padre octogenario del primer ministro (ha comprado un palacete de los Habsburgo), y el amigo de la infancia y presunto testaferro de Orbán, Lőrinc Mészáros. Este último multiplicó su fortuna por 100 en una década y hasta posee un palacio que alberga cebras.

El país ocupa la primera posición como el Estado más corrupto de la UE, según Transparency International. También es considerado como un estado de derecho debilitado por Freedom House. Los principales medios de comunicación están en manos afines al gobierno, difundiendo propaganda gubernamental y bulos, desde mucho antes de que arrancara la campaña electoral.

Las filtraciones por parte del ministro de exteriores húngaro de datos sensibles sobre reuniones de la Unión Europea con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, revelan la evolución de Hungría hacia un modelo de Estado mafioso. De todo ello se desprende que sale todavía más barato comprar hidrocarburos rusos a cambio de traicionar a la UE.

Pero a Orbán le ha salido competencia desde dentro de Fidesz, con un componente personal digno de una telenovela. Péter Magyar, el exmarido de la ministra que fue obligada a dimitir, es casi 20 años más joven que Orbán y, aunque no ocupó una posición de poder, fue testigo de la corrupción dentro del partido.

Decidió fundar el Partido del Respeto y de la Libertad (Tisza), un juego de palabras porque también es nombre de un río húngaro. Esta formación ha logrado atraer a votantes desencantados con Orbán, así como anti-Orbán, como ningún otro partido de la oposición había logrado antes. Magyar se beneficia de su ambivalente condición de insider-outsider (parte del sistema y opuesto a él). Además, cuenta con un perfil conservador, pero transparente.

El eje central de su campaña es la denuncia de la corrupción, los servicios públicos deteriorados y el bajo crecimiento económico unido a la erosión del poder adquisitivo. Ha prometido restablecer los vínculos amistosos con las instituciones europeas para obtener los fondos que Bruselas congeló por violar los valores fundamentales europeos.

No obstante, evita algunos temas sensibles que podrían ahuyentar al votante magiar promedio, que sigue siendo conservador si se compara con el de otros países occidentales. En temas migratorios, no propone una postura radicalmente distinta a la del gobierno actual ni sugiere un enfoque progresista sobre derechos LGBTI.

Pero el tema más delicado es sin duda Ucrania. Aunque Tisza apoya la orientación europeísta de Hungría, su actitud hacia la ayuda ucraniana y la adhesión de Ucrania a la UE es cautelosa. Muchos votantes húngaros son escépticos en relación con la idea de enviar recursos fuera del país o involucrarse profundamente en políticas bélicas. Pese a ello, Orbán acusa a su rival de ser espía de Zelensky.

Incluso si las encuestas aciertan y Tisza gana, su gobernabilidad seguiría estando limitada por las redes de Orbán. Durante 16 años, el primer ministro ha extendido sus tentáculos para nunca soltar el poder, colocando a sus secuaces en los principales tribunales: Constitucional, Supremo y de Cuentas. También controla la fiscalía general, empresas estatales y buena parte de la prensa.

Tisza necesitaría dos tercios de los escaños en el Parlamento para acabar con el régimen, modificando la Constitución y las leyes. Algo que parece muy difícil.

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Eszter Wirth es profesora de Economía Internacional en ICADE, Universidad Pontificia Comillas. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Una destructiva bomba social extremadamente peligrosa es que el poder actúe contra la ciudadanía mundial. Lo tenemos muy cerca; lo sentimos muy lejos, si solamente nos asimos a la visible e inmediato. Podemos considerar como axioma global la idea de que la violencia tapa el sentido común; ese que nos inclina a pensar que el diálogo siempre es preferible a un conflicto brutal. Lo son las actuales guerras, aunque aquí vamos a referirnos solamente a la actual en Oriente Medio. Tras el preludio del genocidio de Gaza, viene ahora  el epítome de la guerra iniciada por el señor Netanyahu con el patrocinio del señor Trump. Todas las guerras comportan demasiadas amarguras en forma de bajas civiles, con previsibles daños ambientales y unas vergonzosas violaciones del derecho internacional.

El actual atraco militar que desempeñan Israel, Estados Unidos y el Irán represor de los ayatolás son los principales contaminadores del equilibrio humanitario siempre deseable. Refuerzan los vínculos entre la guerra, el poder y la destrucción ambiental; todo es amargura ética. Otro tanto sucede en Ucrania y en todos esos lugares de los que las grandes agencias no nos sirven noticias. 

Los impactos de la guerra actual del petróleo –nos atrevemos a llamarla así aunque lleva el hiriente contaminador moral del caudillo israelí– son tremendos. Nos tememos que serán perturbadores duraderos de la vida de los más pobres. Escasearán el petróleo, el gas o la energía comunitaria; o serán tan caros que los países pobres se sumirán en el desconsuelo social. La cascada inflacionista la pagarán los más pobres, incluso las clases medias; por todo el mundo.

Parece que la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) ha aconsejado a sus países miembros que adopten  medidas para responder a los posibles amargos efectos de la guerra, y la consiguiente crisis energética. Entre otras, reducir la velocidad en las autopistas y fomentar el teletrabajo. Teme una interrupción del suministro ahora que las dianas de los bombardeos buscan instalaciones petroleras. La AIE también manifestó estar dispuesta a liberar las reservas de los países para mitigar la que declaró la "mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero". Me pregunto las afecciones ambientales, económicas y sociales que la guerra provocará en las poblaciones pobres de las mega ciudades africanas o asiáticas. El estrecho de Ormuz se estrecha mucho más para Asia, a donde va casi el 90 % del GLP (gas licuado del petróleo) que lo atraviesa. 

Todo lo anterior interacciona con la preocupación climática. Estos días hemos leído justificaciones de que la acción climática es demasiado costosa. Ya se encargan la extrema derecha y las grandes empresas de instrumentalizar la inestabilidad social para bloquear el bienestar global. Despliegan sus batallas o guerras contra la protección del medioambiente. Se comenta que la misma Unión Europea se está rearmando con dineros hurtados a la protección ambiental y a la cooperación internacional para reducir desigualdades. 

Se hubieran paliado una parte de los efectos si las energías renovables fuesen el pegamento vivencial de los estados. Se dice que en España –después de tres años de fuertes inversiones en eólica y solar– el gas ha determinado el precio de la electricidad, por ahora, solo en el 15% de las horas en 2026, en comparación con el 89% en Italia. La diferencia viene motivada por los años de inversión en energía solar y eólica, con aciertos y errores, pero generadores de electricidad. Ayudaría reconocer que el gas es un débil eslabón climático y productivo. Cuanta más energía se autogenere un país, en forma de energías renovables respetuosas con el entorno, menos dependerá del exterior. Se suprimen amarguras varias.

En realidad, mucho nos tememos que medidas como las subvenciones, que vendrán, no hagan sino reposicionar a los combustibles fósiles. Ya se encargan de difundir esta solución los mensajes públicos de las grandes petroleras sobre el cambio climático en los últimos años, en los que invierten elevadas sumas de dinero. Los medios de comunicación, complacientes con ellas, difuminan los efectos contaminadores. Se olvidan de que la quema de petróleo, gas y carbón es la principal causa del aumento de la temperatura global y de las olas de calor, sequías, tormentas y subida del nivel del mar que de él se derivan. Una noticia publicada en Reuters estos días informaba de que “en respuesta al conflicto, las compañías eléctricas en Asia están "aumentando la generación de energía a partir del carbón para reducir costos y salvaguardar el suministro energético",

Me impresiona la claridad con la que ve esta amarga guerra bélica y climática un artículo publicado en Social Europe (19/03/2026) titulado libremente como “¿Conflicto armado o supervivencia mutua? Viene a esclarecernos que el militarismo y el colapso ecológico no son emergencias separadas. Sino la misma contingencia, que se retroalimenta en una espiral que la humanidad no puede permitirse ignorar. Copiamos casi textualmente. El mundo se hunde en el militarismo, las confrontaciones múltiples y la guerra que amenaza al mundo entero. Justo cuando la humanidad más necesita una cooperación internacional para afrontar la crisis climática.

Lo podemos comprobar en el compadreo con el que hablan algunos presidentes de países –el señor Trump a la cabeza– que demandan un aumento vertiginoso de los presupuestos militares; no les importa justificar la destrucción. Es más, cargó contra España porque el presidente Sánchez “solo” se comprometió a que apenas alcanzase el 2%. Donald Trump habría declarado que Estados Unidos podría atacar varias veces el mayor centro de exportación de petróleo de la isla de Kharg, en Irán; "solo por diversión". La bravuconería es moralmente grosera. La cultura política que este señor exhibe, y sus muchos imitadores en países diversos con una incultura políticosocial “en la que la devastación de lugares lejanos se discute con ligereza, como si la matanza de extranjeros apenas importara”.

En ese artículo tan inspirador, anteriormente mencionado, se remarca que la guerra no es solo una catástrofe humanitaria; también es una catástrofe ambiental. Algunas estimaciones sobre las emisiones durante el genocidio de Gaza afirman que las de GEI se acercaron al total anual de 36 pequeños países. La militarización no es inocua para el medioambiente: consume enormes cantidades de combustible, energía, acero, hormigón, materiales escasos, talento científico y recursos públicos. Además, las bombas contra la ética global no hacen sino incrementar el miedo de la población, la rivalidad entre países diversos. En suma, la amenaza de la militarización actual trunca la cooperación internacional de la que depende la construcción de un mundo sostenible; ¡Cuántas reuniones para los llamados “alto el fuego” de Gaza, o la reducción de la supuesta amenaza nuclear iraní han fracasado! La inutilidad de las malas intenciones.

Wislawa Szimborska (Nobel de Literatura 1996) se preguntaba en su poema “Principio y fin”: “Después de cada guerra alguien tiene que limpiar… Aquellos que sabían de qué iba la cosa, tendrán que dejar su lugar a los que saben poco. Y menos que poco. E incluso prácticamente nada.” Recordemos la cordura de Rosa Regàs: “No hay cosa más amarga que la inutilidad.”

La OCDE recomienda a España que disminuya la fiscalidad sobre el trabajo, que desincentiva en algunos casos la búsqueda y la creación de empleo, y que, en su lugar, incremente el IVA mediante la supresión de exenciones y las tasas medioambientales, según informa EFE.

Así lo recoge un informe publicado este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que incluye propuestas de reformas a los países para aumentar la productividad y el crecimiento.

El trabajo señala que España ha mostrado una evolución positiva en los últimos años, con una reducción de la brecha de su producto interior bruto (PIB) per cápita respecto a la media.

Esa brecha se agrandó con la pandemia, cuando la economía española sufrió particularmente, y se situó en torno al 35% en 2020, pero desde entonces se ha reducido hasta quedar en el 30% en 2024, un porcentaje, sin embargo, aún "significativo".

Para reducirlo aún más, acelerar la productividad y afrontar el envejecimiento de la población, las recetas de los autores del estudio son, entre otras, un mercado laboral más flexible, un sector empresarial más dinámico y más inversión en investigación y desarrollo (I+D).

Del sistema tributario, los autores critican que la fiscalidad sobre el trabajo es alta, en particular por la interacción de las "elevadas" cotizaciones, y la rápida retirada de prestaciones sociales para los trabajadores con bajos ingresos que tienen hijos a su cargo o a los que sustentan la familia, y que pierden así un aliciente para mantenerse en actividad.

También cargan contra las exenciones del IVA y los tipos reducidos que se aplican a este impuesto sobre el consumo, y que reducen la base imponible.

Su receta es "impuestos menos distorsionadores" como el IVA y los medioambientales, y eliminar gradualmente las prestaciones para reforzar los incentivos al trabajo.

En educación, la OCDE recuerda que el fracaso escolar y el abandono temprano de la formación, aunque ha habido mejoras recientemente, sigue siendo mayor en España que la media de la organización. Además, el porcentaje de estudiantes de Formación Profesional y el de quienes llegan al nivel superior de secundaria está por debajo.

Por eso, apuesta por una identificación temprana de los estudiantes de riesgo, planes flexibles para Formación Profesional, segundas oportunidades para los que han abandonado sus estudios y formación para los adultos que necesitan actualizar capacidades.

Sobre este último aspecto, propone procedimientos que validen las competencias adquiridas en el puesto de trabajo para los adultos y la creación de trayectorias de formación individuales.

Los autores del informe identifican fallos como la falta de correspondencia entre capacitaciones y necesidades del mercado laboral o carencias de los servicios autonómicos de empleo, que deberían reforzarse con la digitalización, más personal y una cooperación reforzada con el sector privado.

La OCDE reconoce que la política española de adaptación al cambio climático está en línea con las mejores prácticas, pero señala que su aplicación es desigual a nivel autonómico y local y falta inversión en medidas preventivas, sobre todo teniendo en cuenta que España se enfrenta a costes cada vez mayores por catástrofes vinculadas con ese fenómeno. 

Un punto positivo que señala es que España ha aumentado significativamente la generación de electricidad renovable, que ya es más de la mitad, aunque cree que hay que "seguir agilizando" la concesión de permisos y la inversión en infraestructuras de red, incluidas las interconexiones, para "hacer frente a la congestión y a las restricciones de suministro".

La OCDE aconseja simplificar los procedimientos de solicitud y cobro de ayudas con una plataforma digital de ventanilla única, impulsar sistemas de financiación que permitan conectar a las pymes con los mercados de capitales y ampliar el asesoramiento digital para que esas pymes integren la inteligencia artificial, servicios en la nube y el análisis de datos.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, calificó de "traición" el comportamiento del entorno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tras las revelaciones periodísticas, reveladas en España por infoLibre, sobre la transmisión de contenidos confidenciales de la Unión Europea (UE) a Rusia, según informa EFE.

"Es una traición a la exigencia de solidaridad que se impone entre los países de la Unión Europea si queremos ser fuertes", manifestó Barrot en una entrevista a la radio France Inter al ser preguntado por las informaciones según las cuales el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, habría compartido detalles de reuniones internas de los Veintisiete con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. 

El jefe de la diplomacia francesa subrayó que, aunque puedan existir desacuerdos entre socios, "es la unidad la que debe prevalecer" en el club comunitario.

Barrot advirtió que este tipo de comportamientos pone en riesgo la cohesión europea en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas crecientes. "Si no estamos unidos y somos solidarios, nos convertiremos en vasallos o en juguetes de las grandes potencias, y eso es precisamente lo que rechazamos", afirmó.

Barrot señaló además que estas filtraciones "arrojan una sombra de duda sobre la integridad de nuestras deliberaciones" en el seno de los consejos europeos, e instó a Orbán a respetar tanto sus compromisos políticos, en particular respecto al apoyo a Ucrania, como los principios de solidaridad que rigen el funcionamiento de la Unión Europea. 

Nuevas grabaciones de audio publicadas el miércoles por varios medios de investigación -VSquare, FrontStory, Delfi Estonia, The Insider y el Centro de Investigaciones Ján Kuciak- recogen conversaciones entre los ministros de Exteriores húngaro y ruso entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 en las que se deduce, según esos medios, que Szijjártó entregó en varias ocasiones documentos de la Unión Europea a Lavrov.

La Comisión Europea ha advertido a España de que rebajar el IVA del combustible al tipo reducido del 10%, como ha hecho el Gobierno dentro de las medidas adoptadas por la guerra en Oriente Medio, se desvía de la Directiva europea sobre este impuesto, según informa EFE. 

La Directiva 2006/112/CE establece el sistema común del IVA en la UE y prohíbe explícitamente los tipos reducidos para suministros de combustibles fósiles como gasolina y diésel, según el artículo 102 y anexos. Solo autoriza reducciones para ciertos energéticos como el gas natural, la electricidad o la calefacción y para bienes orientados al consumidor final con objetivos sociales.

La rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10% es una de las principales medidas del paquete anticrisis que el Gobierno de Sánchez ha aprobado para hacer frente al encarecimiento de la energía por la guerra en Oriente Medio, valorado en conjunto en unos 5.000 millones de euros.  

Desde el Ejecutivo comunitario se ha instado al Gobierno a reducir los impuestos especiales a los hidrocarburos no así el IVA general, pero España ya lo hace a través de una rebaja de 14,49 céntimos de euro por litro para la gasolina de 98 octanos y de 4,9 céntimos por litro para el gasóleo. 

El departamento que dirige el comisario de Clima y Fiscalidad, Wopke Hoekstra, recomienda a los Estados miembros que las medidas que tomen para paliar el encarecimiento de la energía sean "selectivas" y "temporales" para no disparar los niveles de déficit y deuda, pero también que estas no contribuyan a aumentar la demanda de combustibles fósiles. En este sentido, entre sus recomendaciones figura gravar la electricidad con tipos más bajos que los hidrocarburos.  

"Cualquier política nacional efectiva para proteger a nuestra economía y ciudadanos debe alinearse con ciertos principios clave. Estos incluyen la necesidad de ser selectivas y temporales, no aumentar la demanda agregada de crudo y gas y ser coherentes con la necesidad de seguir descarbonizando nuestro sistema energético", dijo el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, tras la última reunión del Eurogrupo.  

El Ejecutivo comunitario prevé presentar próximamente una batería de medidas a las que podrían recurrir los Estados para afrontar las subidas de los precios energéticos, aunque de momento no hay fecha para ello. Bruselas insiste en no incrementar la demanda de combustible, lo que podría contribuir a la inflación, y pide seguir potenciando las renovables.

En caso de que España no revierta esta rebaja en los combustibles, la Comisión Europea puede llevar el caso al TJUE y será este tribunal quien fije un lump sum (pago fijo inicial) o multas periódicas (diarias hasta cumplimiento), basadas en la gravedad, duración y capacidad económica del país infractor. En el caso del incumplimiento de esta directiva, el montante puede estar entre los 7,5 y 25 millones de euros en pago único o hasta 80.000 € diarios en multas periódicas.

España ya acumula varias multas por retrasos a la hora de transponer directivas comunitarias como por ejemplo el lump sum de 2020 por la gestión de residuos de 2,5 millones o en 2020 o en 2021 cuando la multa fue de 15 millones de euros más 89.548 diarios por el retraso de la Directiva 2016/680 de protección de datos penales.

Desde el Ministerio de Hacienda defienden, en declaraciones a La Sexta, que la rebaja es una "medida temporal y no estructural", añadiendo que su prioridad es "defender a las familias y empresas frente a los efectos de la guerra". El ejecutivo también ha asegurado que mantienen un "diálogo constructivo y fluido" con la Comisión Europea.

El único precedente que existe sobre una advertencia de la UE, se encuentra en Polonia en 2022. La Comisión monitoreó la rebaja al 8% del país centroeuropeo. Las autoridades polacas aseguraron, al igual que España, que la bajada se circunscribía en el ámbito de la crisis provocada por la guerra de Ucrania y era algo temporal.

La Comisión, advirtió, al igual que a España de que esta decisión se tomó “de manera unilateral” y “sin haber consultado a la Comisión”, pero el TJUE no tomó medidas al entender que era temporal.

En este contexto, España, Alemania, Italia, Portugal y Austria enviaron la semana pasada una carta a Hoekstra en la que piden que el Ejecutivo comunitario desarrolle medias para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas con el fin de distribuir "de manera equitativa" las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha recordado que esta rebaja es una medida temporal, y ha dicho que confía en que siga en marcha, de momento, estos tres meses "y lo que sea oportuno en función de cómo evolucionen los mercados".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras reunirse con agentes de los sectores petrolero y gasista, indicando que "es una medida, de momento, temporal". La también ministra española para la Transición Ecológica ha recalcado que el Ejecutivo se encuentra "en constante y permanente monitorización de la situación" y sigue trabajando en otro paquete de actuaciones ante la coyuntura actual.

En cualquier caso, España "por supuesto" que mantiene contacto con la Comisión Europea, ha añadido Aagesen, que espera que este debate "no tenga repercusiones en ningún consumidor" y que el IVA reducido "siga en marcha estos tres meses y lo que sea oportuno" dependiendo de cómo evolucionen los mercados.

A la pregunta de si Bruselas está satisfecha con las explicaciones que ha dado el Gobierno español, la vicepresidenta tercera ha incidido en que la Comisión Europea está "en un momento en el cual está planteando qué actuaciones se tienen que acometer a nivel europeo". Pero, todavía "no hay ninguna propuesta conjunta, sino que hay distintas declaraciones en materia de ahorro, en materia fiscal...", ha afirmado la ministra.

No obstante cree que el órgano comunitario está en una fase en la que aún tiene que pronunciarse sobre las iniciativas puestas sobre la mesa por sus miembros en estos tiempos, en alusión a los efectos económicos y, en particular, sobre la energía, de la guerra en Irán y el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz. "Esperamos que, ante estas circunstancias, la Comisión sea consciente de que eran (medidas) necesarias y justificadas", ha sentenciado Aagesen.

España fue el cuarto país en el que más se incrementaron los precios de la vivienda en la UE en el cuarto trimestre de 2025, con una subida del 12,9% con respecto a 2024, más del doble de la media en la Europa de los 27, que se sitúa en el 5,5%, según los últimos datos de la oficina estadística de la UE Eurostat, que recoge EFE.

La subida de la vivienda en España se produce en un contexto de crisis en este mercado, caracterizado por máximos históricos de precio tanto de compra y alquiler y de tensión en acceso a la residencia, especialmente en las zonas más demandadas.

En la zona euro, la subida media fue del 5,1%, de acuerdo con estos datos, que desprenden que a España únicamente le superan Hungría, con un 21,22% de subida interanual en el cuarto trimestre de 2025, con respecto a 2024; Portugal, con un 18,9%, y Croacia, 16,1%.

En el conjunto de la UE, de los 27 países, nueve de ellos registraron subidas interanuales de dos dígitos en el cuarto trimestre de 2025: además de España, Portugal, Croacia y Hungría, se encuentran Bulgaria (12,6%), Eslovaquia (12,8%), Letonia (11%), Lituania (10,8%) y Chequia (10,4%). 

Finlandia fue el único país en el que cayó el precio de la vivienda a finales de 2025 y lo hizo un 3,1%. En el resto de Europa, subió en todos, aunque en Luxemburgo el alza quedó casi plano, al ser de un 0,1%.

En España se registró un incremento interanual del precio de la vivienda los cuatro trimestres de 2025 por encima del 12%, el más bajo un 12,3% el primero, de enero a marzo, y el más alto, de octubre a diciembre, con un 12,9%. Las crecidas medias en la UE sobrepasaron el 5% durante todos los trimestres del año con respecto a 2024.

Si comparamos con el tercer trimestre de 2025, los precios de la vivienda se encarecieron en el cuarto trimestre un 1,8%. Un porcentaje por encima de la media europea situada en el 0,8%.

España fue el décimo país en el que más se encareció la vivienda en este cuarto trimestre con respecto al tercero, por detrás de Eslovenia, con 5,1%; Hungría, con 4,2%; Portugal, con 4%; Croacia, 3,4%; Eslovaquia, 3,1%; Lituania, 2,4%; Irlanda, 2%; Chequia, 2% y Letonia, 1,9%.

Si se ajusta el precio por la inflación, la vivienda se encareció en España un 9,7% en 2025, siendo el cuarto país donde más crecieron los precios, por detrás nuevamente de Portugal, 14,7%, Hungría, 11,7% Croacia, 10%.

Los precios ajustados con la inflación cayeron en cinco países: Finlandia, 3,6%; Rumanía, 1,7%; Suecia, 1,6%; Luxemburgo, 0,5%; y Austria, 0,1%.

En el conjunto de la UE, desde el 2010 la tasa de crecimiento anual alcanzó un máximo del 10,7% en el primer trimestre de 2022 y un mínimo del -2,5% en el segundo y tercer trimestre de 2012, así como en el primer trimestre de 2013. 

A partir del primer trimestre de 2020, las tasas de crecimiento anual tanto de la zona del euro como de la UE aumentaron a niveles no registrados desde 2006.

Por primera vez en más de una década, el horizonte político húngaro aparece atravesado por una incertidumbre real. Las elecciones legislativas del próximo 12 de abril no son una cita electoral más; conforman, en muchos sentidos, un plebiscito sobre el modelo de poder construido por Viktor Orbán desde 2010. Un modelo que ha ido consolidándose a través de sucesivas reformas constitucionales —hasta quince—, la captura progresiva de instituciones y un sofisticado ecosistema mediático y propagandístico. Sin embargo, lo que hasta ahora parecía un sistema prácticamente inexpugnable comienza a mostrar fisuras.

La irrupción de Tisza, articulada en torno a la figura de Péter Magyar, un antiguo miembro de Fidesz que conoce perfectamente los modos y haceres de su antigua formación, ha reconfigurado el tablero político de manera inesperada. Las encuestas, en algunos casos, apuntan a una ventaja superior a los 20 puntos sobre Fidesz, el partido de Orbán. Aunque la volatilidad electoral y las peculiaridades del sistema húngaro obligan a la cautela, el dato es significativo ya que, por primera vez, la posibilidad de una derrota clara del oficialismo entra en el terreno de lo plausible.

No obstante, conviene matizar. No sería lo mismo una victoria ajustada que una contundente. En un sistema electoral diseñado —o, como muchos analistas señalan, “hackeado”— para favorecer al partido gobernante, una diferencia estrecha podría traducirse en una distribución parlamentaria que no refleje fielmente el voto popular. Por el contrario, una victoria amplia de Tisza podría desbordar los mecanismos correctores introducidos por Fidesz y abrir la puerta a una alternancia efectiva.

El sistema electoral húngaro es un sistema mixto que combina elementos mayoritarios y proporcionales de manera que sobrerrepresenta al partido más votado. Esta arquitectura institucional, junto con el control mediático y la utilización de recursos estatales en campaña, ha permitido a Orbán consolidar mayorías parlamentarias incluso sin mayorías sociales abrumadoras. De ahí que la magnitud de la eventual victoria de Tisza sea clave para determinar si estamos ante un cambio de ciclo o ante una mera recomposición del equilibrio político.

Otro elemento central es la configuración de alianzas. Si Tisza no alcanza una mayoría suficiente, se abre un escenario en el que Fidesz podría intentar mantenerse en el poder mediante acuerdos con el Movimiento Nuestra Patria (Mi Hazánk), una formación situada en posiciones de ultraderecha. Este posible pacto no sería solo una maniobra parlamentaria, sino la profundización de una deriva política que ya ha tensionado los límites democráticos en Hungría.

En este contexto, no puede obviarse la dimensión internacional del régimen de Orbán. A lo largo de los últimos años, el primer ministro húngaro ha tejido una red de apoyos y afinidades que trascienden el ámbito europeo. Su relación con Rusia ha sido especialmente estrecha, tanto en el ámbito energético como en el político, de hecho durante las últimas semanas han trascendido informaciones que ahondan en la hipótesis de la utilización del gobierno húngaro como satélite ruso en la UE. Al mismo tiempo, ha cultivado vínculos con sectores conservadores en Estados Unidos, a nadie se le escapan los halagos vertidos por Trump hacia Orbán, y ha mantenido una relación estratégica con Israel. Este entramado de apoyos ha contribuido a reforzar su posición interna, tanto en términos materiales como simbólicos.

Por ello, la hipótesis de una derrota de Orbán plantea interrogantes que van más allá de la política doméstica húngara. ¿Es realmente posible que un liderazgo respaldado por estas redes internacionales, y consolidado mediante una profunda transformación institucional, pueda ser desalojado del poder a través de las urnas? Y, en caso de que así sea, ¿cómo reaccionará?

La cuestión del reconocimiento de los resultados es, en este sentido, crucial. La experiencia comparada muestra que los procesos de erosión democrática suelen ir acompañados de una creciente contestación de las reglas del juego electoral cuando estas dejan de ser funcionales al poder incumbente. Hungría no es ajena a esta lógica. Aunque formalmente se mantiene un marco democrático, las condiciones de competencia han sido progresivamente desiguales.

Si Orbán se enfrentara a una derrota clara, la presión para aceptar los resultados sería considerable, tanto interna como externamente. Sin embargo, en un escenario de resultado ajustado o ambiguo, no puede descartarse una estrategia de impugnación o de dilación. La capacidad del gobierno para movilizar su aparato mediático y su base social podría ser un factor determinante en este sentido.

Aquí entra en juego la Unión Europea. Durante años, Bruselas ha mantenido una relación ambivalente con el gobierno húngaro, oscilando entre la crítica retórica y la inacción efectiva. Los mecanismos de condicionalidad del Estado de derecho y los procedimientos sancionadores han tenido un impacto limitado en la práctica. Sin embargo, una crisis postelectoral en Hungría colocaría a la UE ante una disyuntiva ineludible. Si Orbán no reconociera una derrota electoral, Bruselas se vería obligada a decidir hasta qué punto está dispuesta a defender sus principios fundacionales frente a uno de sus propios Estados miembros. La credibilidad del proyecto europeo estaría en juego, no solo en términos normativos, sino también geopolíticos.

En este escenario, el papel de la oposición resulta igualmente determinante. Esta es la segunda vez que una amplia coalición opositora se articula con el objetivo de derrotar a Orbán. La experiencia anterior mostró tanto el potencial como las limitaciones de este tipo de alianzas. La fragmentación ideológica y las tensiones internas pueden debilitar la capacidad de gobernar incluso en caso de victoria.

La figura de Péter Magyar introduce, no obstante, un elemento novedoso. Su perfil y su discurso parecen haber logrado conectar con sectores sociales que hasta ahora se mantenían al margen o incluso próximos a Fidesz. Esta capacidad de transversalidad podría ser clave para superar el techo electoral que históricamente ha limitado a la oposición. Pero ganar elecciones es solo el primer paso. La verdadera prueba será la capacidad de desmantelar —o al menos reformar— el entramado institucional construido por Orbán. Un entramado que no solo incluye leyes y normas, sino también redes de poder económico, mediático y administrativo profundamente arraigadas. Una buena muestra de lo anterior es Polonia. En ambos casos las alternativas a las propuestas iliberales se sitúan en una derecha nacionalconservadora en ocasiones perezosa en avanzar en las contrarreformas, salvo que les exponga a pérdidas electorales.

Así las cosas, las próximas elecciones legislativas húngaras no solo decidirán quién gobierna el país, sino también qué tipo de democracia es posible en el contexto europeo actual. La posibilidad de una derrota de Orbán abre un horizonte de cambio, pero también de incertidumbre. Porque, como muestra la experiencia comparada, los regímenes híbridos no desaparecen de la noche a la mañana. Y, en ocasiones, su final es más complejo y conflictivo que su consolidación.

Hungría se encuentra, por tanto, en un momento de inflexión. Entre la continuidad de un modelo que ha tensionado los límites del Estado de derecho y la posibilidad —todavía incierta— de una recomposición democrática. El resultado no dependerá únicamente de las urnas, sino también de la capacidad de las instituciones, la sociedad civil y la comunidad internacional para sostener las reglas del juego cuando estas se vuelven realmente decisivas.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

Estamos a las puertas de un nuevo mundo. Lejos de ser un futurible, 2026 ha demostrado que es una realidad: el golpe de Estado de EEUU a Venezuela con la captura ilegal de Nicolás Maduro, las amenazas de Trump a Dinamarca (y, en consecuencia, a Europa) por Groenlandia o la guerra abierta en Oriente Medio son una pequeña muestra de la deriva a la que nos dirigimos. De esta premisa parte el nuevo libro de Enric Juliana y Esteban Hernández, Viaje hacia un Nuevo Mundo (Arpa), donde los autores tratan de auscultar los síntomas y los efectos de un presente convulso y un futuro incierto. 

Enric y Esteban necesitan poca presentación. El primero, reputado periodista y analista político, lleva más de 30 años escribiendo en La Vanguardia donde ha sido desde jefe de redacción hasta corresponsal en Roma durante cuatro años. Hoy es el director adjunto en la sede de Madrid. Cuenta que el periodismo le ha permitido ser cronista de muchos cambios en el mundo, pero que nunca ha vivido en un momento con “tanta envoltura” en el terreno de la política internacional como este. 

Esteban Hernández es abogado, periodista, analista político y, actualmente, jefe de opinión de El Confidencial. Ambos llevan trabajando en el libro desde octubre, tomándose cafés y charlando con una grabadora delante para construir un diálogo que consiga captar la esencia de un mundo caótico. Pese a ello, reconocen, “para el título del libro buscamos algo que no fuera muy tétrico”.

¿Cómo es este Nuevo Mundo al que nos dirigimos?

Enric Juliana: Seguramente todos estamos un poco aturdidos. Este nuevo mundo lo que quiere decir, en definitiva, es que hay nuevas pautas que conducen a una dinámica nueva en términos históricos. Lo que buscamos con este libro es que la gente sea consciente de este cambio de época, pero con una consigna fundamental: que la vida persista en este caos, que exista algo de esperanza. En el primer trimestre de 2026 ya ha habido tres episodios potentes: una carambola inaudita en Venezuela con el secuestro a un jefe de Estado, la amenaza de invadir un territorio bajo la soberanía de un país de la Unión Europea como es Groenlandia y la guerra en Irán. Creo además que de las tres cosas no sabemos ni la mitad. Por eso una de las tareas de 2026 será ir explicando qué cosas que nos van a ayudar a dar sentido a lo ocurrido. Respecto a Venezuela, habrá que ver quién abrió la puerta de la habitación o, en el caso de Irán, será muy interesante saber quién ha ganado dinero y de qué manera con los cambios de la dinámica de los valores bursátiles y los precios del petróleo.

Es imposible no poner el foco en Oriente Medio, ¿qué se juega este nuevo mundo aquí?

Esteban Hernández: Se está reconfigurando el mundo en Oriente Medio. Todo confluye ahí: la energía, el eje entre el viejo y el nuevo mundo (Europa y Asia), los equilibrios de poder entre EEUU y China, el papel creciente de Israel, cada vez más relevante… y en todo ese entorno lo que hemos visto hasta ahora es el intento continuo de EEUU de controlar a Israel como potencia regional mientras trata de equilibrar los mercados. Desde Gaza hasta ahora todo ha ido en la misma dirección. 

¿Israel puede lograr la hegemonía en Oriente Próximo?

E.J: Aún hay muchas cosas que no se saben, pero de todo esto hay una conclusión clara: Israel se está comportando como un emirato. Se está orientalizando. Quiere ser el país dominante en la región, por eso absorbe lo que dice intentar combatir.

¿Qué ha supuesto la figura de Donald Trump en toda esta deriva?

E.H: Hay una desigualdad creciente que opera en términos de clases sociales, pero también en términos geográficos. Todo son transformaciones sistemáticas en las sociedades occidentales que llegan a Donald Trump. Trump no fuerza lo que existe, sino que todo eso se reúne alrededor de una figura que ejerce de detonante porque es el gobernante del principal país del mundo. Para entender el discurso de Trump, hay que entender cómo hemos cambiado nosotros como sociedad. 

Trump parece representar el fin de la política figurativa, ¿qué consecuencias puede traer el agotamiento del ‘soft power’ que siempre definió a Estados Unidos?

E.J: Hay una serie de marcos que existían desde el final de la II Guerra Mundial, que ahora están dejando de existir. Estamos todos en shock porque parecía que estos iban a aguantar y estamos siendo testigos de su desvanecimiento. En estos momentos queda claro que esto se está transformando hacia un mundo sin reglas, un mundo basado en la fuerza.

En noviembre de este año vienen las ‘midterms’ en EEUU. ¿Podrá consolidarse Trump en el poder sin solucionar antes los problemas que tiene en casa?

E.H: Vamos a ver cómo termina la guerra, cuándo termina y el daño económico que genera entre los habitantes de EEUU, pero lo cierto es que Trump, desde que ha llegado al poder, se ha comportado exactamente como aquello que decía estar combatiendo. Hacer lo contrario de lo que prometiste es algo que suele pasar factura con tus votantes. Si no hay una solución de aquí a noviembre es muy complicado que Trump tenga recorrido, pero va a seguir gobernando. No son unas elecciones presidenciales, gane o pierda le van a quedar dos años más.

El hilo rojo que traza los planes de EEUU tiene un claro objetivo: frenar a China, ¿qué se puede esperar de la potencia asiática?

E.J: Todos los movimientos de Estados Unidos tienen que ver con China: Venezuela, Irán e incluso Groenlandia, todos empiezan y acaban con China. Por su parte, China está observando y meditando mucho sus pasos. Nunca se ha comportado hasta la fecha como una potencia militar agresiva, no ha ocupado ningún país asiático y tiene pocas bases militares en el extranjero. Ha utilizado básicamente el comercio como articulador de sus intereses exteriores. Sí ha hecho una cosa silenciosa: ha dejado claro que las tierras raras las controlan ellos. Han desarrollado los sistemas de procesamiento y ese mercado se calcula que lo controlan un 80%.

E.H: China es la gran potencia comercial del mundo. Desde que comenzó la guerra de Ucrania ha disparado sus exportaciones. Es una de sus capacidades y Estados Unidos no puede competir con eso. Hasta ahora habían estado integrados, pero ya no y es muy difícil que una de las dos potencias renuncie a algo.

¿Puede haber un resurgir del sentimiento antiimperialista en América Latina debido a las continuas injerencias de Trump en el continente?

E.H: Siempre que hablamos de imperios, hablamos de colonias. Trump ganó las elecciones porque tuvo un discurso anticolonial: los extranjeros nos roban, los europeos no han pagado su parte de la factura, los chinos se llevan nuestras fábricas, los estadounidenses no importan… Este discurso es anticolonial, solo que Trump lo llama antiglobal. Buena parte de los nacionalismos presentes en Europa y fuera de ella tienen esos mismos rasgos. Ese discurso está ahí y es tan potente que ha ganado las elecciones en el país más importante del mundo. Por tanto, es muy complicado que no haya una prolongación con otra gramática del mismo discurso.

En Europa se ha pasado de hablar hace escasos años de transición ecológica a hablar hoy de rearme, seguridad y defensa ¿Qué ha pasado?

E.J: Hay un momento en el que la orientación industrial dominante en Europa se centra en la transición ecológica en la medida en que esta transición es en sí misma es un proceso industrial. Es Alemania la que, de alguna manera, dice: vamos a establecer unas normas. En un momento dado se produce una situación de crisis de la base energética de la industria alemana a partir del 2022 con el inicio de la guerra de Ucrania. Alemania se encuentra en falso porque han fiado todo al gas que traían de Rusia. Esto es muy relevante por lo que significa en términos históricos: cómo una potencia industrial decide cerrar las centrales nucleares sin tener plantas de regasificación en su costa. Todo estaba fiado a los gasoductos que traían gas de Rusia. No salió bien.

Se les ha complicado todavía más con la competición industrial china en el campo del automóvil eléctrico, esto ha generado una crisis existencial. Ahora se reorienta con el Estado inyectando dinero a la economía con la defensa. Por lo tanto, hay que invertir en el ejército pero no en términos de los años 30, sino en términos tecnológicos. Hay que construir el discurso que acompañe este proceso: adiós transición tecnológica, hola defensa. 

El próximo 12 de abril hay elecciones en la Hungría de Orbán, ¿pueden ser un plebiscito del futuro de la ultraderecha europea?

E.J: La verdadera cuestión es si un candidato apoyado simultáneamente por el presidente norteamericano y por el presidente de Rusia, puede perder unas elecciones en Europa en el año 2026. Más que un plebiscito político, estas elecciones van a ser una prueba sobre el tiempo que vivimos.

¿Hay un problema a la hora de hablar sobre política internacional en España?

E.H: Nos hemos pasado mucho tiempo creyendo que el mundo terminaba en los Pirineos. Desde hace poco, parece que estamos todos jugando al Risk. Esto nos distrae. Yo noto que hay un fallo cuando al final el ciudadano termina por no saber ni cómo son nuestras sociedades, ni nuestras transformaciones de clase o culturales. Jugamos con las grandes palabras, pero nos olvidamos de la ciudadanía y esto es tremendamente negativo.

“Si la UE desfallece, España se convertirá en un protectorado de EEUU”, es una frase de su libro. ¿Esto puede suceder?

E.J: Esto está escrito a modo de provocación para reflexionar sobre que, aunque parezca que el pasado se está borrando, hay huellas del pasado que no se van. Ya hubo un reparto de zonas de influencia y nos dimos cuenta que España por su ubicación geográfica forma más parte de los intereses de Washington que de los de Moscú o Pekín. En Madrid lo saben bien.

¿Es idílica la postura del Gobierno del ‘No a la guerra’ cuando el mundo parece ir en una dirección opuesta?¿La política internacional puede ganar unas elecciones?

E.H: La política exterior es el único espacio en el que España parece tener una estrategia. Hay una necesidad de pensar el país de nuevo, de ver cómo contamos los nuevos tiempos, hay falta de visión de estado, de una mirada a largo plazo sobre cómo cubrir las necesidades nacionales que está siendo sepultada por la imperiosidad del momento electoral y por las nuevas tendencias internacionales.

E.J: Ganar unas elecciones sólo con política exterior sería como ganar una guerra controlando únicamente la aviación. Ya te digo yo que unas elecciones sin fuerzas terrestres no se ganan.

Francia celebra este lunes una reunión del Grupo de los Siete (G7) de ministros de Finanzas, de Energía, responsables de bancos centrales y directores de otros organismos internacionales para abordar la situación actual generada por la guerra en Irán y su impacto en Oriente Medio y en la economía global, según informa EFE.

Se trata de la "primera vez en 50 años" que se produce esa configuración de una reunión del G7, con la participación conjunta de todas esas autoridades monetarias, dijo el ministro francés de Economía, Roland Lescure, al anunciar la semana pasada el encuentro.

Está previsto que el encuentro, por videoconferencia, comience a las 13:00 en la hora local, según un portavoz del ministerio de Economía y Finanzas de Francia, que ejerce este año la presidencia del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Japón).

El objetivo de la reunión extraordinaria será analizar la situación económica global en un contexto marcado por la convergencia de crisis energéticas, presiones inflacionarias y desafíos macroeconómicos, según Lescure: se trata de "entender qué está ocurriendo", señaló la semana pasada.

Estados Unidos ha solicitado el apoyo del G7 para ayudar a detener el bloqueo iraní de la ruta marítima del estrecho de Ormuz, vital en el comercio de petróleo y otros materiales esenciales.

Tras una reunión presencial el jueves y viernes de la semana pasada a las afueras de París, los ministros de Asuntos Exteriores del G7 afirmaron que era una "necesidad absoluta" que Irán restableciera el libre paso por el estrecho y pidieron en una declaración conjunta el cese de los ataques contra la infraestructura civil.

Ante la situación energética, muchos gobiernos, como el de España, han puesto en marcha medidas para limitar el impacto de las dificultades de suministro y el fuerte aumento de los precios de la energía. Pero estas decisiones se enfrentan a la incertidumbre por la falta de claridad sobre los objetivos bélicos de Estados Unidos, la incertidumbre sobre la posible duración del conflicto y la extensión de las hostilidades.

La Administración estadounidense, incluido el presidente Donald Trump, han afirmado que sus objetivos en la guerra están prácticamente alcanzados, mientras que paralelamente está desplegando miles de efectivos en la región. Según The New York Times, el Gobierno de Estados Unidos tiene ya más de 50.000 efectivos desplegados en Oriente Medio, unos 10.000 más de lo habitual.

Al inicio del segundo mes de la guerra, Trump afirmó que su preferencia en el conflicto con Irán sería "tomar el control del petróleo" del país y dejó abierta la posibilidad de apoderarse de la isla de Jarg, principal terminal de exportación iraní, en una entrevista al diario Financial Times, donde también reconoció que una operación de ese tipo implicaría una presencia prolongada sobre el terreno.

España acaba de comunicar a la Comisión Europea que retira una ayuda de cerca de 20,7 millones de euros que otorgó en 2017 a Stellantis, entonces aún Peugeot Citroën Automóviles España SA, para su fábrica de Vigo, tras no poder justificar su legalidad durante una investigación que ha durado cerca de siete años. La ayuda la otorgó el Gobierno de Mariano Rajoy sin “ninguna obligación de nuevos puestos de trabajo” y la Comisión Europea dudó de que contribuyese al desarrollo de Galicia. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez retira la ayuda y la UE cierra la investigación.

La ayuda de 20.660.434 euros fue otorgada en diciembre de 2017 al amparo de “incentivos regionales para la corrección de los desequilibrios económicos territoriales” y ya desde su concesión estaba condicionada a una posterior revisión por parte de la Unión Europea. En teoría la subvención debía ir dirigida a innovaciones en el proceso global de producción de automóviles, pero la Comisión Europea sospechó que en realidad iban destinadas a una mejora puntual de la técnica empleada en la fábrica viguesa de una gran empresa, lo que supondría afectar a la libre competencia dentro de la UE con una ayuda de Estado.

La Comisión Europea incoó un “procedimiento de investigación formal” el 1 de julio de 2019 y medio año después, en enero de 2020, desveló en qué se basaban sus objeciones, que fueron varias.

Por un lado, la Comisión Europea manifestó “sus dudas en cuanto a la contribución de los proyectos de inversión al desarrollo de la región en cuestión”, en referencia a Galicia. Puesto que eran unas ayudas estatales de finalidad regional, la UE analizó ese efecto regional y constató que la inversión prevista para Vigo se produciría en detrimento de otra fábrica de la misma empresa en la región eslovaca de Trnava.

“La ayuda pudo desviar la inversión a Trnava, donde, sin ninguna ayuda, a primera vista parece que la ejecución de la inversión habría sido más viable”, decía la Comisión, que añadía que “la inversión habría sido más rentable económicamente o más viable en esa otra localización, al menos igual de desfavorecida”.

Por otra parte, la Comisión Europea también puso el foco en la ausencia de creación de empleo con las inversiones que la empresa iba a realizar con la ayuda recibida. “No existe ninguna obligación de crear nuevos puestos de trabajo”, decía el ejecutivo comunitario, que incluso señalaba que “el número de empleos desciende después de la inversión” y dudaba de las “intenciones” de la empresa “sobre el número de empleos una vez transcurrido” el período de dos años tras la inversión en el que se comprometía “solamente” a mantener el empleo.

La investigación de la Comisión Europea se prolongó durante cerca de siete años sin que España fuera capaz de dar respuesta a todas las objeciones formuladas por la UE. Finalmente, el pasado 28 de enero el Estado “retiró su notificación” de la ayuda a la UE, es decir, la comunicación de la subvención para que fuera revisada por Bruselas antes de su otorgamiento efectivo. Y ahora, dado que España “no continuará con el proyecto de ayuda”, la Comisión decide “concluir el procedimiento de investigación formal”.

La primera ministra danesa en funciones, la socialdemócrata Mette Frederiksen, intentará formar un gobierno de centroizquierda tras recibir este miércoles el encargo del rey Federico X para dirigir las negociaciones, después de que el martes la izquierda lograra un apretado triunfo en las elecciones legislativas.

El monarca se reunió este miércoles por separado con los líderes de los doce partidos que obtuvieron representación parlamentaria para que le comunicaran a quién elegían para ejercer de "explorador real" (la persona que dirige las negociaciones) y qué gobierno aceptarían.

Según informó la Casa Real en un comunicado, de acuerdo con los deseos expresados por la mayoría de partidos, Frederiksen buscará consensuar un ejecutivo que incluya al Partido Socialista Popular y al Partido Social Liberal, dos de las fuerzas del bloque de izquierda, y que sea aceptado por el Parlamento.

Ese bloque obtuvo 84 escaños, mientras que el de la derecha logró 77 y 14 de la formación de centro Los Moderados. Los cuatro escaños de los territorios autónomos de Groenlandia y las Islas Feroe se dividieron a partes iguales entre formaciones que apoyan a cada bloque.

La fragmentación del espacio político en Dinamarca, la falta de mayorías claras y los enfrentamientos entre varios partidos quedaron de manifiesto de nuevo este miércoles en el tradicional debate de los líderes políticos en el Club de Prensa de Copenhague, lo que augura unas negociaciones largas y difíciles. "Pienso que lo más realista sería una mayoría de este lado (izquierda) y no del otro (derecha)", dijo durante el debate Frederiksen, quien poco antes había presentado la dimisión del Ejecutivo que dirigía desde 2022 con el Partido Liberal y Los Moderados.

Esa fórmula inédita en la política danesa —impulsada por Frederiksen en su día aludiendo a la difícil situación geopolítica— retrocedió diez puntos porcentuales y quedó a 20 escaños de la mayoría. El Partido Socialdemócrata fue el más votado, con el 21,9%, si bien cosechó el peor resultado en un siglo, por delante del Partido Socialista Popular, con el 11,5%, y el Partido Liberal, con el 10,2%, las peores cifras en su historia, aunque se mantuvo como la fuerza más votada en el bloque de derecha.

El líder del Partido Liberal y ministro de Defensa en funciones, Troels Lund Poulsen, reiteró este miércoles que solo maneja dos opciones: formar un gobierno de centroderecha o irse a la oposición.

Morten Messerschmidt, líder del Partido Popular Danés, quinta fuerza con el 9,1%, instó al líder "moderado" —el exprimer ministro liberal y ahora ministro de Exteriores en funciones, Lars Løkke Rasmussen— a que ambos partidos dejen sus diferencias a un lado y apoyen un ejecutivo de derecha en minoría dirigido por Poulsen.

Pero Rasmussen rechazó esa opción de pleno, al igual que un gobierno solo compuesto por formaciones de izquierda, y reiteró la necesidad de formar una coalición de centro con fuerzas de ambos lados del espectro político. "Si todos los partidos mantienen intactas sus exigencias, no será posible formar ningún gobierno. Algunos tendrán que ceder", afirmó este miércoles en un coloquio con prensa extranjera el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Aarhus (oeste) Rune Stubager.

La propia Frederiksen criticó este miércoles en el debate al resto de líderes por "seguir sentados en sus esquinas" y apeló a la necesidad de hacer — para formar una coalición de gobierno.

Frederiksen —que entre 2019 y 2022 encabezó un gobierno de izquierda en minoría— ya lideró hace cuatro años unas complejas negociaciones que duraron 42 días, récord en la política danesa. Si ella no es capaz de lograr un consenso esta vez, deberá devolver el mandato y el proceso se iniciará otra vez.

En 1988 fueron necesarias cuatro rondas hasta que el conservador Poul Schlüter fue capaz de formar un Ejecutivo.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, desestimó este lunes el recurso presentado por los líderes independentistas catalanes Jordi Sánchez, Jordi Turull y Oriol Junqueras para elevar a la Gran Sala su demanda por su detención preventiva durante el 'procés', confirmaron a EFE fuentes de la corte.

Una decisión que deja en vía muerta esta denuncia presentada por los tres líderes independentistas contra la orden de la justicia española de ponerlos en prisión preventiva en los días siguientes al referéndum del 1 de octubre de 2017.

El Colegio de la Gran Sala, formado por cinco jueces y encargado de determinar qué casos llegan a la máxima instancia del TEDH consideró que no hay motivos para elevar esa causa.

La sala ya había rechazado el pasado 6 de noviembre la demanda de los denunciantes al considerar que no se habían vulnerado ninguno de sus derechos durante el tiempo que pasaron en prisión provisional.

En concreto, Jordi Sánchez, entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) fue detenido el 16 de octubre de 2017, mientras que Jordi Turull, conseller de la Generalitat, y Junqueras, número dos del Ejecutivo autonómico de Cataluña (nordeste de España), lo fueron el 2 de noviembre de aquel mismo año.

En su demanda ante el Tribunal de Estrasburgo argumentaban que aquella privación de libertad lesionaba sus derechos políticos, ya que les impidió hacer campaña en las autonómicas del 21 de diciembre de 2017 y, posteriormente, acudir a las sesiones del Parlament al que fueron elegidos.

En su sentencia del 6 de noviembre, adoptada por unanimidad, el TEDH concluyó que no hubo "ilegalidad o arbitrariedad" en las decisiones de la justicia española y estableció que los tres líderes independentistas eran "objeto de procesamientos penales por delitos graves", por lo que no se podía "razonablemente esperar que pudiesen participar en las elecciones sin ninguna restricción".

Consideró que la justicia española ponderó los diversos intereses en juego de una manera que no podía calificarse de arbitraria, y sin interferir con la libre expresión de la opinión pública y que trató de mantener la equidad parlamentaria pese a su estancia en la cárcel.

Al tiempo, estableció que un Estado debe poder impedir la realización de "un proyecto político, incompatible con las normas de la Convención (Europea de Derechos Humanos), antes de que sea puesto en práctica por actos concretos que comprometan la paz civil y el régimen democrático del país".

Turull denunciaba, asimismo, que su ingreso en prisión le impidió ser investido presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

El exconseller fue liberado el 4 de diciembre y vuelto a poner en arresto provisional el 23 de marzo de 2018, un día después de que en primera votación no obtuviera la mayoría absoluta necesaria para ser investido y un día antes de que se celebrara una segunda votación, a la que no pudo ya asistir por encontrase encarcelado.

Estrasburgo indicó que las pruebas presentadas no respaldaban la conclusión de que la segunda orden de prisión preventiva dictara contra él hubiera sido arbitraria con el único fin de impedirle ser investido, al tiempo que rechazó que el plazo de resolución de su recurso de amparo vulnerara sus derechos.

Las disposiciones comerciales del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur empezarán a aplicarse de forma provisional a partir del próximo 1 de mayo, anunció la Comisión Europea este lunes en un comunicado, informa EFE. 

"La Unión Europea ha notificado hoy a los países del Mercosur el instrumento de aplicación provisional del Acuerdo Comercial Provisional UE-Mercosur", indicó el Ejecutivo comunitario.

Explicó que, con el envío de su "nota verbal" a Paraguay, país depositario de los tratados del Mercosur, la Comisión Europea ha dado el último paso procedimental necesario para la aplicación provisional, de conformidad con la decisión del Consejo de la UE del pasado 9 de enero.

Así, el acuerdo comercial se aplicará de forma provisional a partir del 1 de mayo entre la UE y todos los países del Mercosur que hayan completado sus procedimientos de ratificación y lo hayan notificado a la UE antes de finales de marzo; Argentina, Brasil y Uruguay ya lo han hecho, mientras que Paraguay ha ratificado recientemente el acuerdo y la CE espera que envíe su notificación en breve.

La aplicación provisional garantiza la eliminación de los aranceles sobre determinados productos "desde el primer día, lo que crea normas predecibles para el comercio y la inversión", recordó la Comisión, que agregó los sectores sensibles de la economía de la UE "están plenamente protegidos por sólidas salvaguardias".

El tejido industrial europeo se ha deteriorado en las últimas décadas. Dependemos en gran medida de China para la tecnología verde y de Estados Unidos para la defensa. La pandemia del COVID-19, la invasión rusa de Ucrania, la guerra comercial que azota el tablero global y acontecimientos recientes como el cierre del estrecho de Ormuz han evidenciado la fragilidad de las cadenas de suministro europeas. Esta preocupación se refleja en las recientes propuestas europeas para acelerar la capacidad industrial en sectores prioritarios, como la denominada Industrial Accelerator Act.

En este contexto, el dinero público europeo no puede ir destinado a financiar dependencias críticas que limitan nuestra autonomía. Es una cuestión de seguridad. China ya tiene su plan Made in China 2025, Estados Unidos el Buy American y la Inflation Reduction Act. Sin embargo, Bruselas ha operado durante demasiado tiempo bajo una lógica de libre mercado global que hoy se está reconfigurando bajo el impacto de la competencia geopolítica.

En un escenario de competencia geoeconómica entre grandes potencias industriales, la UE debe empezar a tomar decisiones dirigidas a fortalecer la base industrial europea, especialmente en sectores estratégicos —desde la defensa y los semiconductores hasta las tecnologías limpias y digitales— donde la dependencia externa puede generar serias vulnerabilidades sistémicas.

En este sentido, el debate sobre cómo condicionar la contratación pública y las subvenciones a criterios de preferencia europea debería formar parte de la respuesta de Bruselas. Debemos impulsar sectores industriales propios que nutran nuestras áreas estratégicas, apuntalando aquellos ámbitos donde la Unión ya ostenta una ventaja competitiva, como la robótica avanzada, la industria aeroespacial o la biotecnología. No se trata de proteccionismo indiscriminado, sino de reducir, en la medida de lo posible, las dependencias críticas hoy usadas como armas coercitivas.

Sería irreal plantear que la UE produzca en masa teléfonos móviles y televisores a corto plazo, ya que no tenemos la base industrial para ello y las cadenas de valor de estos productos están altamente globalizadas. Ahora bien, Europa debe mantener y reforzar la industria que todavía tiene y que será esencial para asegurar la autonomía estratégica. En vez de adquirir de forma masiva sistemas de defensa antimisiles estadounidenses, la UE puede priorizar, siempre que resulte operativamente viable, el desarrollo y la adquisición de sistemas producidos en territorio europeo. En vez de importar tecnología limpia china sin ningún tipo de miramiento estratégico, los Estados miembros pueden optar por fortalecer sus propias bases industriales en este campo.

Priorizar proveedores europeos en sectores estratégicos cuando exista financiación pública de por medio no es incompatible con el fortalecimiento de nuestra competitividad ante Estados Unidos y China. De forma complementaria, Bruselas, guiada por el informe Draghi, debe continuar profundizando en la mejora de las condiciones para que las firmas europeas sean más competitivas a nivel global.

Además, esta estrategia debe acompañarse de una política activa de diversificación de socios comerciales y del refuerzo de los acuerdos con economías afines, para que la reducción de dependencias críticas no se traduzca en aislamiento, sino en una inserción internacional más equilibrada.

Pero el quid de la cuestión es cómo reducir vulnerabilidades y cómo encajar en un entorno marcado por la seguridad económica. Hoy en día, las interdependencias en las cadenas de valor globales son ineludibles. Aun así, a través del fortalecimiento del tejido industrial europeo, la Unión todavía puede aspirar a desempeñar un papel indispensable en las cadenas de valor globales.

La UE debe consolidar posiciones estructuralmente irremplazables en los sectores de mayor valor añadido, controlar tecnologías críticas y mantener capacidades manufactureras que otros actores no puedan sustituir fácilmente. El objetivo no es romper las relaciones de interdependencia con otros actores, algo irreal debido a la hiperconectividad comercial, sino aprender a gestionar estas relaciones mediante el fortalecimiento de la influencia de la industria europea en el comercio internacional. En un mundo de interdependencias inevitables, el reto no es aspirar a la autosuficiencia absoluta, sino reducir vulnerabilidades y aumentar nuestra capacidad de influencia.

Es verdad que no podemos pretender asumir la producción total, o casi total, de bienes estratégicos. Nuestro tejido productivo no está preparado para ello. Pero sí podemos lograr ser relevantes mediante el refuerzo gradual de nuestras capacidades industriales. El hecho de comprar europeo en sectores estratégicos no debe entenderse como un capricho proteccionista, sino como un medio para fortalecer la resiliencia económica. También puede servir para consolidar una base manufacturera propia y los empleos asociados, favorecer la coherencia climática y la protección de derechos sociales dentro del modelo europeo, así como contribuir a nivelar un terreno de juego hoy desigual. No se trata de cerrar la economía europea, sino de sostener una apertura respaldada por una base industrial sólida y menos vulnerable.

La respuesta seguramente llega tarde y no será gratuita. Reforzar la base industrial europea implicará inversión, coordinación y la inevitable asunción de costes políticos y económicos en el corto plazo. Pero en un entorno donde las dependencias se convierten en instrumentos de poder, la inacción sería aún más costosa.

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Marcel Muñoz Rodríguez es coordinador de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas.

El canciller alemán, Friedrich Merz, marcó este viernes distancias frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el movimiento MAGA y llamó a fortalecer a Europa aunque a la vez dijo que no renunciaba, pese a todas las diferencias, a seguir cultivando la agenda transatlántica.

"El movimiento MAGA no es nuestro movimiento y las ideas que ellos tienen sobre la cultura y la democracia no son nuestras ideas", dijo Merz en un acto electoral de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), de cara a los comicios regionales del próximo domingo en el estado federado de Renania-Palatinado.

Merz empezó su intervención, celebrada en Bad Durkheim —la pequeña ciudad en la que nacieron los antepasados del actual presidente de Estados Unidos — con una alusión a Trump, sin mencionarlo directamente.

Merz recordó un mercado en la ciudad que tradicionalmente ha sido un mercado de vinos y que desde 1976 es también un importante punto de venta de salchichas, y dijo que iba a intentar llevar al presidente estadounidense a visitarlo.

"No prometo nada pero voy a intentarlo. Tengo que hablar con él este fin de semana, de momento él no habla bien de mi", dijo.

"Si ustedes me autorizan, les daré sus saludos", agregó ante los asistentes.

Luego, Merz cambió de registro y paso a un tono más serio para hablar de las crisis actuales como la guerra de Ucrania y en Oriente Medio en medio de un grave deterioro de la alianza transatlántica.

"Si Donald Trump es como es, tenemos que asumir que estamos en un momento difícil de la alianza transatlántica. Pero no me resigno a renunciar a ella", aseguró.

Para defender sus propios intereses y sus propios valores, según Merz, Europa tiene que hacerse más fuerte y explotar todo su potencial y recordó que sólo en la Unión Europea viven 100 millones de personas más que en Estados Unidos.

"No tenemos porque sentirnos pequeños", dijo.

Por otra parte, Merz defendió el aumento del gasto militar, reiteró su compromiso con Ucrania y recordó las polémicas producidas por la primera visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a la Casa Blanca y por el discurso del vicepresidente estadounidense, JD Vance, en la Conferencia de Seguirdad de Múnich de 2025.

"A más tardar, a partir de ese momento todo el mundo tuvo que tener claro que no podíamos contar plenamente con la actual administración de Estados Unidos", señaló.

El mercado global de energía ha pasado de la tensión al pánico. Irán ha cumplido en las últimas 24 horas su promesa de poner en la diana las mayores instalaciones de gas y petróleo del Golfo Pérsico después de que Israel atacase su campo gasista de South Pars, el mayor yacimiento del mundo. Donald Trump intervino este jueves asegurando que Estados Unidos no estuvo detrás de este bombardeo, pero no disuadió a la república islámica para frenar la escalada.

En la mañana del jueves los mercados asumieron que la guerra se había descontrolado y que Irán estaba dispuesto a dinamitar toda la infraestructura energética de la región, aunque con el paso de las horas la situación se calmó. El barril de petróleo en Europa cotiza ya a su nivel más alto en cuatro años (107 euros), mientras que el gas natural se ha encarecido un 110% en las últimas tres semanas.

Las subidas de precio más recientes se produjeron tras los bombardeos en la noche del miércoles de Irán sobre Ras Laffan, el principal centro catarí de conversión de gas natural a gas natural licuado (GNL), un proceso imprescindible para transportar después ese combustible en barcos a cualquier punto del planeta. Irán también atacó tres refinerías de petróleo en Arabia Saudí y Kuwait.

Sin embargo, a lo largo del jueves los mercados se apaciguaron ante los diferentes mensajes que llamaron a la calma. El ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas, dijo en la tarde del jueves que por ahora se han "moderado" en su respuesta y que solo han usado una "fracción" de su arsenal, pero que están listos para ir a por más. "No habrá NINGUNA moderación si nuestras infraestructuras vuelven a ser atacadas", publicó en X.

Los expertos pronostican que tanto el precio del gas como del petróleo pueden subir considerablemente, pero Trump ha pasado a una estrategia basada en lanzar mensajes tranquilizadores sobre el conflicto para frenar la sangría, garantizando que ha dado la orden a Israel de no volver a disparar contra infraestructuras energéticas de Irán. 

Los expertos coinciden en que las primeras víctimas de la guerra energética estarán en Asia, destino del 80% del gas catarí. China e India son sus mayores compradores, pero pueden permitirse adquirir combustible más caro a otros vendedores o sustituir el gas por carbón a la hora de generar electricidad. Mientras, otros países, como Pakistán o Bangladesh, que dependen en un 99% y un 72% del gas natural del Golfo, están al borde del colapso. El primero ha tenido que cancelar las celebraciones de su fiesta nacional este fin de semana por falta de recursos y en Bangladesh han establecido un racionamiento de combustibles.

Jaime Concha, editor en Energy Intelligence, explica a infoLibre que Europa está también empezando a perder los nervios. "Hasta el miércoles, el mercado europeo estaba más o menos contenido, pero los nuevos ataques han cambiado radicalmente la situación. El panorama a futuro ha cambiado porque lo que antes podía recuperarse en semanas, ahora serán meses. No sabemos cuánto puede durar el conflicto y la Unión Europea tiene de aquí a finales de agosto para rellenar sus depósitos de gas para el próximo invierno", subraya.

A esto se suma que el invierno que acaba de terminar ha sido más frío de lo habitual, y los depósitos europeos de gas se encuentran especialmente raquíticos, con el volumen más bajo en estas fechas desde 2022. A partir de ahora habrá que competir con todavía más países para abastecerse en los próximos meses. "Ahora comienza el momento crítico", opina Jaime Concha.

Thierry Bros, experto en gas y profesor de la Universidad Sciences Po, pronostica que los precios del gas, de hecho, subirán más todavía, y este jueves se preguntaba en X cómo es que los mercados no han reaccionado peor a las noticias de las últimas horas. Calcula que si Catar permanece ocho meses sin exportar nada de GNL, el mundo perderá tanto gas natural como Rusia dejó de suministrar a Europa entre 2021 y 2022, una situación que llevó al gas europeo a cotizar a más de 300 €/MWh durante los peores días. Ahora está en 60 €/MWh.

QatarEnergy, la compañía nacional de gas catarí, ya adelantó este jueves que no volverá a exportar por el Estrecho de Ormuz hasta que el tránsito sea seguro, y tras tres semanas de conflicto no se vaticina un final. Esta empresa representa el 20% del GNL del mundo y es el segundo mayor exportador tras Estados Unidos.

A esto se suma que Ras Laffan, el complejo catarí que fue atacado en la noche del miércoles por Irán, ha quedado parcialmente dañado, según confirmó la compañía a la agencia Reuters. Ha perdido el 17% de la capacidad de exportación y esas instalaciones tardarán entre tres y cinco años en repararse, dejando fuera del mercado mundial 12,8 millones de toneladas de GNL al año, algo menos del 2% del consumo global.

La energética catarí dijo también que va a paralizar indefinidamente sus contratos a largo plazo con Italia, Bélgica, Corea del Sur y China. Italia podría sufrir un agujero importante en su suministro, ya que Catar supone un tercio del gas licuado que importa. Según citaba este jueves Bloomberg, el banco Morgan Stanley pronostica que si el Estrecho de Ormuz sigue cerrado durante tres meses, será la mayor interrupción del suministro de GNL en los cincuenta años de historia del sector.

Hay una constante en la política exterior de Donald Trump que hoy adquiere una dimensión particularmente incómoda. Su apuesta por un unilateralismo que, llegado el momento decisivo, necesita reconvertirse en un multilateralismo selectivo para poder sostenerse. No se trata de un giro ideológico ni de una revisión profunda, sino de una adaptación forzada por la realidad estratégica. El problema es que esa adaptación llega tarde y en condiciones desfavorables.

Trump pudo contribuir a iniciar la dinámica de confrontación con Irán en estrecha sintonía con Israel, apoyándose en una lógica unilateral basada en la presión máxima y en la convicción de que Estados Unidos podía imponer condiciones sin necesidad de marcos colectivos. Sin embargo, cerrar ese conflicto es una cuestión radicalmente distinta. Las guerras complejas no se terminan como se empiezan, y menos aún cuando intervienen múltiples actores con intereses divergentes.

La condición mínima para cualquier salida pasa por garantizar la plena apertura del estrecho de Ormuz. No es un elemento más del conflicto, sino su núcleo estratégico. Mientras ese corredor marítimo permanezca bajo amenaza, la guerra sigue abierta en términos políticos y económicos. El problema para Washington es que asegurar esa apertura no depende exclusivamente de su capacidad militar. Irán ha desarrollado durante años una estrategia suficiente para mantener el estrecho en una situación de inestabilidad controlada sin necesidad de cerrarlo completamente. Le basta con introducir incertidumbre, elevar la tensión de forma intermitente y demostrar que puede alterar el flujo energético global cuando lo considere oportuno.

Es en este punto donde la superioridad militar estadounidense muestra sus límites. No se trata de ganar una confrontación directa, sino de controlar un entorno estratégico complejo, algo mucho más difícil en un escenario de guerra asimétrica. Irán no busca una victoria convencional, sino un desgaste prolongado. Su estrategia de escalada horizontal regional le permite dispersar el conflicto, multiplicar los focos de tensión y obligar a Estados Unidos a repartir su atención y sus recursos en distintos frentes simultáneamente.

Cada nuevo escenario de presión incrementa los costes de la implicación estadounidense y complica cualquier intento de cierre rápido. En este tipo de conflictos, el tiempo deja de ser un factor neutro y se convierte en un recurso estratégico. Y en este caso, el tiempo juega claramente a favor de Teherán. Cuanto más se prolonga la crisis, mayor es el desgaste político para Washington y mayor la capacidad de Irán para consolidar su narrativa de resistencia.

Trump, en cambio, necesita resultados rápidos. Su lógica política no está diseñada para gestionar conflictos prolongados, ambiguos y sin una victoria clara. Sin embargo, la propia naturaleza de esta guerra impide ese tipo de desenlace. Estados Unidos no pierde necesariamente en el plano militar, pero puede perder, y está perdiendo, en el plano político, donde el desgaste acumulado y la falta de una salida clara erosionan su posición.

A ello se suma un elemento adicional que limita aún más la capacidad de maniobra de la Casa Blanca. Existen otros actores que no comparten el interés por cerrar el conflicto rápidamente. Israel, bajo el liderazgo de Benjamin Netanyahu, puede encontrar ventajas en una presión sostenida sobre Irán, mientras que Teherán obtiene beneficios claros de la prolongación de la crisis. Cada día de resistencia refuerza su posición regional y aumenta el coste para su adversario.

Esto significa que Trump no controla los tiempos del conflicto, y esa es una de las mayores debilidades de su planteamiento. El unilateralismo presupone capacidad de decisión autónoma, control de la escalada y posibilidad de cierre. Ninguna de estas condiciones se cumple en el escenario actual.

Es en este contexto donde emerge el recurso al multilateralismo selectivo. Selectivo porque no responde a una convicción sobre la necesidad de cooperación internacional, sino a una utilización instrumental de aquellos actores que pueden facilitar una salida. Estados Unidos necesita ahora mediadores, canales indirectos de negociación y aliados capaces de contribuir a la estabilización del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el multilateralismo no es una herramienta que pueda activarse de forma inmediata sin costes. Requiere credibilidad, confianza y continuidad en la acción exterior. El problema es que el unilateralismo previo ha erosionado precisamente esos elementos, dificultando la reconstrucción de los marcos necesarios para una desescalada efectiva.

La situación revela así los límites estructurales del poder estadounidense. A pesar de su superioridad militar, Estados Unidos no puede imponer unilateralmente el final de este conflicto, ni puede retirarse sin garantías, ni puede escalar indefinidamente sin asumir costes globales significativos. Se encuentra atrapado en una dinámica donde cada opción implica riesgos elevados.

Trump pudo contribuir a iniciar la guerra en términos políticos, pero no puede terminarla del mismo modo. Cerrar un conflicto exige algo más que capacidad de presión. Requiere articulación política, negociación y construcción de equilibrios entre actores con intereses contrapuestos. Es decir, requiere multilateralismo, aunque sea tardío, incómodo y estrictamente instrumental.

El caso iraní pone de manifiesto que el poder, incluso el de la principal potencia mundial, tiene límites operativos claros en un sistema internacional cada vez más interdependiente y fragmentado. En este contexto, la capacidad de otros actores para resistir, dilatar y condicionar los conflictos se ha incrementado notablemente.

Ahí reside la paradoja final. Trump quiso demostrar que Estados Unidos podía actuar solo, pero se enfrenta ahora a un conflicto que solo puede gestionarse acompañado. Un conflicto que no puede cerrar unilateralmente y en el que, cuanto más tiempo pasa, más evidente resulta que el control ya no depende exclusivamente de Washington.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

Europa se enfrenta a uno de esos momentos en los que el liderazgo político se mide por la capacidad de defender principios. En tiempos en los que está en disputa el orden internacional basado en normas, el liderazgo europeo debería ser coherente con sus valores fundacionales.

Sin embargo, el liderazgo de Ursula Von der Leyen ha demostrado no estar a la altura para representar a los 447 millones de europeos en uno de los momentos más decisivos de la historia.

Desde el inicio de esta legislatura ha quedado patente su desinterés por situar los derechos humanos en el centro de la agenda política europea. Su silencio cómplice ante el genocidio en Gaza y ante las vulneraciones masivas del derecho internacional ha proyectado una imagen de Europa que se maneja con dobles estándares, según quién sea el agresor y quién el agredido.

El proyecto europeo nació tras dos guerras mundiales que devastaron el continente, entendiendo que solo a través del multilateralismo y bajo un orden internacional basado en normas, podía garantizar la convivencia y la paz entre pueblos. 

Hoy ese marco se tambalea.

El estallido del trumpismo en su máxima expresión no es solo una amenaza: provoca el fin de muchas de las certezas sobre las que la Unión Europea ha sostenido su posición internacional durante décadas. 

Europa no puede limitarse a estar a la defensiva ante ese nuevo contexto: necesita definir su propio rumbo.

Sin embargo, lo que vemos hoy desde Bruselas es una líder desnortada, capaz de decir que “Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial… y ya no puede confiar en un sistema basado en reglas…”

Mientras deberíamos estar debatiendo cómo reforzar la autonomía estratégica en términos industriales, tecnológicos, energéticos y democráticos, Von der Leyen empuja a Europa hacia una agenda centrada en la obsesión por el rearme y la securitización.

Europa no puede funcionar desde la lógica de una economía de guerra sostenida en el rearme indiscriminado, la desregulación, la austeridad o el blindaje de fronteras. Mucho menos cuando una gran parte del presupuesto militar europeo termina destinándose a la compra de armamento a EEUU. Porque la cuestión no es sólo cuánto se gasta, sino para qué y qué proyecto político hay detrás.

Europa necesita un concepto de seguridad que incluya dimensiones sociales, climáticas, sanitarias y democráticas. La seguridad pasa por contar con un Estado del bienestar fuerte, y el respeto al pacto verde con el fin de reconstruir la confianza de la ciudadanía en sus instituciones para garantizar la cohesión social. Esa cohesión que hoy está en riesgo.

Una sociedad atravesada por la desigualdad, la precariedad y la pérdida de expectativas de futuro con una profunda crisis de vivienda, sin garantías para acceder a la sanidad o educación pública, es más vulnerable a la polarización, a la desinformación y al auge de discursos de odio fomentados por la extrema derecha.

La transición ecológica es otro de los pilares de la hoja de ruta que deberíamos seguir. Reducir la dependencia energética exterior y apostar por las energías renovables no es solo una política climática: es también una política de seguridad y soberanía. La descarbonización permitirá a Europa reducir su vulnerabilidad geopolítica y posicionarse en sectores económicos que marcarán el futuro de la economía global.

A estos desafíos se suma otro igual de decisivo: la soberanía tecnológica. Hoy el ecosistema digital europeo depende de los grandes tecnooligarcas que operan sin control, debilitando las democracias del planeta. Europa debe trabajar para construir infraestructuras digitales propias capaces de sostener un ecosistema innovador, democrático y autónomo.

Pero mientras estos debates estructurales deberían ocupar el centro de la agenda europea, la Unión parece cada vez más atrapada en otra deriva preocupante: su alejamiento de los derechos humanos y el endurecimiento de su política migratoria.

El llamado Reglamento de Retorno que se impulsa desde Bruselas amenaza con convertirse en una auténtica maquinaria de deportación masiva. 

Bajo el discurso de la ‘gestión migratoria’ se están fomentado políticas que priorizan la expulsión frente a la protección, la crueldad frente a la acogida, y la externalización de fronteras frente al respeto de los derechos humanos, normalizando la narrativa de la ultraderecha que presenta la inmigración como la gran amenaza.

De este modo, Europa no solo está moviendo sus fronteras: está moviendo el lugar donde se aplican los derechos de las personas migrantes a las que se excluye de derechos. 

Para ello, el Reglamento de Retorno es un instrumento para no responsabilizarse, que permite que el “trabajo sucio” lo haga otro, lo más lejos posible de nuestra vista, y que así se eluda el cumplimiento del derecho internacional.

Esta misma semana hemos visto cómo el Partido Popular Europeo es un rehén de la ultraderecha, llegando a un acuerdo para sacar adelante este cruel Reglamento, que abre la puerta a la creación de los Guantánamos europeos. Se trata de centros de expulsión y detención ubicados en países fuera de la Unión Europea, permitiendo la barbaridad de detener a niños, familias y personas con perfiles vulnerables susceptibles de protección.

Además, sobre la mesa está la propuesta de fomentar las prácticas del ICE de Trump en Europa: con persecuciones raciales en calles, hospitales, escuelas o centros de trabajo, obligando a los Estados miembro a identificar a personas en situación irregular para expulsarlas, como si fuesen cacerías humanas.

Y todo ello, en contra de las advertencias de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa y expertos de Naciones Unidas que han advertido que este Reglamento supone un grave riesgo de violaciones de Derechos Humanos.

Von der Leyen y su partido han demostrado que quienes les marcan la agenda son las fuerzas reaccionarias que llevan años tratando de erosionar la democracia desde dentro de las instituciones. 

El crecimiento del fascismo en Europa no se combate adoptando parte de su agenda política. Se combate defendiendo con firmeza los valores democráticos, los derechos humanos y la justicia social, y para ello hace falta un liderazgo político capaz de impulsarlo.

Simone Veil, primera presidenta electa del Parlamento Europeo y defensora incansable de los derechos humanos y la reconciliación europea, lo dijo claramente: “Una Europa que renuncia a sus principios deja de ser Europa; defender la dignidad humana es nuestra obligación, no una opción.”

Siguiendo sus palabras, el proyecto europeo no se mide por la altura de sus muros ni por el tamaño de sus bombas. Se mide por su capacidad para defender la dignidad humana que ella reclamaba, el derecho internacional y la democracia.

Y hoy, en esa medida —la única que realmente importa—, Ursula Von der Leyen no está a la altura.

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Estrella Galán es eurodiputada de Sumar.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reconoció este miércoles que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán se ha realizado "fuera del derecho internacional" aunque matizó que "tampoco podemos permitirnos un régimen de ayatolás en posesión de armas nucleares". 

"Nos enfrentamos a una clara crisis del derecho internacional y de las organizaciones multilaterales, y al colapso de un orden mundial común. Este es un proceso que lleva tiempo en marcha, pero que, en mi opinión, ha alcanzado un punto de inflexión muy concreto", dijo Meloni. 

En su comparecencia ante el Senado previa al próximo Consejo Europeo, la primera ministra italiana opinó que la desestabilización en Oriente Medio "tiene una fecha de inicio clara: no el 28 de febrero de 2026, sino el 7 de octubre de 2023, el bárbaro y demencial ataque perpetrado por Hamás contra territorio israelí".

Señaló que "es en este contexto de crisis estructural del sistema internacional, en el que las amenazas se hacen cada vez más aterradoras y se multiplican las intervenciones unilaterales fuera del derecho internacional, que debemos situar también la intervención estadounidense e israelí contra el régimen iraní".

En ese conflicto, Italia, aseveró, "no participa ni tiene intención de participar" en la guerra, si bien Meloni quiso dejar claro que "no podemos permitirnos un régimen de ayatolás en posesión de armas nucleares, combinado, además, con una capacidad de misiles que pronto podría ser capaz de atacar directamente a Italia y Europa".

Tras indicar que Italia no fue consultada sobre la operación, agregó que las posibles consecuencias de este conflicto "ni siquiera son comparables a los riesgos que correríamos si hiciéramos la vista gorda ante el escenario de un régimen fundamentalista que masacra a sus oponentes, ataca a los países del Golfo y se equipa con misiles nucleares de largo alcance".

Señaló que continuará los contactos con Francia, Alemania y Reino Unido para evaluar la crisis y "para perfeccionar rápidamente las estrategias conjuntas", y que trabajará "para retomar la diplomacia". Sin embargo, agregó, "este objetivo es ciertamente imposible mientras Irán continúe con sus ataques injustificados contra el Golfo y otros países de la región".

Meloni también quiso condenar "la masacre de niñas en la escuela de Minab, en el sur de Irán" y pidió que se determine rápidamente a los responsables de esta tragedia. Sobre el uso de las bases estadounidenses en el territorio italiano explicó que todos los socios europeos están cumpliendo sus acuerdos al respecto, "incluso España".

"Esto significa que el acuerdo no se cuestiona, ni todas las actividades que abarca. Esto es lo que está haciendo Italia, y francamente, es asombroso que esta decisión sea condenada en casa y alabada en España por la misma gente", destacó. Sobre el aumento del precio de los combustibles, Meloni adelantó que se esta evaluando "la posibilidad de activar el mecanismo de impuestos especiales" y "que la parte del incremento del IVA resultante de las subidas de precios se destine a la reducción de estos impuestos".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este miércoles que la Unión Europea "siempre defenderá" los principios de Naciones Unidas y del derecho internacional y recalcó que la UE "se fundó como un proyecto de paz", según recoge EFE.

"Ver cómo está el mundo no reduce nuestra determinación para luchar por el mundo que queremos. La UE se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable por la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional son tan centrales hoy como lo fueron en nuestra creación. Siempre defenderemos estos principios", dijo Von der Leyen ante el Parlamento Europeo.

Hace unos días, la presidenta de la Comisión Europea aseguró en un discurso en la conferencia anual de embajadores de la UE que se celebra en Bruselas, que daba el orden mundial por finiquitado y que era tiempo para desarrollar nuevas reglas. "Necesitamos un sistema de gobernanza mundial basado en normas. Por supuesto, el sistema de las Naciones Unidas también debe ser replanteado. Y cuando los formatos tradicionales resultan inoperantes, nos corresponde encontrar formas creativas de resolver las crisis más graves de nuestro tiempo", planteó.

Estas palabras provocaron la réplica del Gobierno español, de la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, que reclamaron una defensa más cerrada del orden basado en los principios de Naciones Unidas creado tras la Segunda Guerra Mundial.

En su discurso de este miércoles, la presidenta de la Comisión Europea reiteró que "nadie debe derramar ni una lágrima" por la caída de un régimen iraní que encarcela y tortura a sus ciudadanos, patrocina actos terroristas en su región y en suelo europeo y ha dado un apoyo clave a Rusia en su invasión de Ucrania.

"Muchos iraníes han celebrado la caída de (el ayatolá Alí) Jameneí. Esperan que este momento pueda abrir un camino hacia un Irán libre. Esto es lo que se merece el pueblo iraní: libertad, dignidad y el derecho a decidir su propio futuro", afirmó Von der Leyen.