Ana Rivero contesta al otro lado del teléfono con un entusiasmo contagioso y una serenidad que contrasta (y mucho) con el clima de su antiguo lugar de trabajo: el Congreso de los Diputados. Con la cercanía de una amiga de toda la vida, confiesa entre risas, que se había olvidado de la entrevista. Normal. Tras su aparición en La Revuelta, el éxito de su libro ha sido tal, que ya no recuerda con cuantos medios ha hablado: “Broncano se esperaba encontrar una señora vieja y con el pelo blanco y no una señora que le vacilara”, explica ella misma. 

Rivero ha sido testigo de la historia, un privilegio del que se siente orgullosa, y también una de las principales autoras del documento más importante en la política española: el Diario de Sesiones. Junto con la periodista Ana I. García ahora escribe sobre su propia vida en Luz y Taquígrafa. En el libro, publicado por Plaza & Janés, cuenta desde sus inicios en el Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Estenotipistas, solo seis meses antes de la muerte de Franco, hasta su último día, hace poco más de un año. 

Después de estar tantos años trabajando en el Congreso ¿Echa de menos la vida parlamentaria?

Lo único que echo de menos es estar con mis compañeras, pero vivo tan cerca de la Cámara que puedo bajar a tomar un café con ellas. El trabajo no tanto. Estoy muy feliz, tengo una vida super interesante con un montón de actividades que antes no podía hacer. El Congreso tiene un horario muy rígido y nosotras dedicamos muchísimas horas.

¿Por qué ha escrito este libro?

Antes que nada, por amor a mi profesión. Es un oficio que la gente no conoce. También hay quien piensa que no somos necesarias si ya todo se graba en vídeo y audio. También es un canto de amor a mi familia y a mis padres, que han tenido una vida muy dura. Además, quiero que en 20, 40 o 50 años cualquiera pueda decir “pues fijate cómo se vivía hace un tiempo”. Desde mis experiencias cuento también cómo se ha transformado la sociedad y sobre todo cómo ha cambiado el papel de la mujer. 

Con el avance de las tecnologías y la IA, que permite tergiversar o inventar declaraciones de políticos ¿no cobra la taquigrafía otro sentido?

Claro, es más necesaria ahora que nunca. La visión humana es vital para entender lo que pasa. Siempre será imprescindible la presencia de un compañero que esté presente y compruebe todo.

Lo vivimos con la pandemia del coronavirus. Todo el mundo se fue a su casa y nos tuvimos que organizar muy deprisa, hasta había gente que no tenía ordenador. Pero yo le dije a la jefa del departamento: "No te preocupes, yo vengo aquí todos los días que haga falta". Y me pidió estar un mes entero sola. Ocurren muchísimas cosas en el Congreso que no se ven con la cámara de televisión y que el taquígrafo sí las ve y las puede recoger. 

En las sesiones de control es cada vez más habitual el uso del insulto para atacar al adversario político, usted está pendiente de todo lo que sucede ¿ha notado la escalada en violencia verbal?

Los improperios o palabras malsonantes las ponemos en negrita. Hace 50 años no había negritas, ni hace 30, ni 40. Desde hace un tiempo prácticamente todos los diarios de sesiones están llenos de este tipo de letra. Tanto que incluso ha habido una iniciativa del grupo socialista diciéndole a la presidenta que eso es una locura. Hay un código de conducta que se aprobó en el 2020 para todos los diputados, por el que se comprometen a ser responsables, transparentes y respetuosos. No lo cumplen. 

¿Se ha perdido ese saber estar que menciona en su libro, propio de políticos como Adolfo Suarez o Peces-Barba?

La sociedad está polarizada y el Parlamento es reflejo de la sociedad. Es una polarización brutal, y el diputado o la diputada que no se presta a ese juego, que no insulta, que es respetuoso, pues ese no consigue atención. Ahora lo que hay es un plató de televisión, en cinco minutos tienen que mostrar, decir algo, enseñar algo para captar la atención del público, y claro, así no se puede gobernar.

¿Cree que la ciudadanía al final se queda sólo con los discursos y no con las políticas que adoptan los políticos?

Sí, pero los discursos últimamente están deslavazados. No son profundos, no hacen un análisis, pero es un poco reflejo de la sociedad. Las personas no tienen tiempo de informarse a fondo. Entonces hay que reducir los tiempos, sacrificando el análisis o la profundidad.

¿El ambiente fuera de cámara es tan irrespirable como parece?

Antes no era así y podías ver a diputados de diferentes formaciones políticas desayunar juntos, tomarse un café, pero ahora eso es cada vez más imposible. Hacen un discurso, se levantan y se van, y ya no socializan ni hablan ni nada.

Cuando Peces-Barba fue presidente del Congreso tuvo una costumbre muy sana y muy democrática, que fue juntar al presidente del gobierno y al líder de la oposición, en aquel entonces Felipe González y Fraga, para que comieran una vez al año, por lo menos. A mí me parece maravilloso porque ¿cómo es posible que el actual presidente de gobierno y el líder de la oposición lleven dos o tres años sin hablarse? Es alucinante.

Muchas veces se critica a los políticos por estar demasiado desapegados de la ciudadanía. ¿Hay algo de verdad en esto?

Si, y les está afectando sobre todo de cara a la juventud. La gente joven está desapegada de la política porque se sienten ajenos, no solo por lo que dicen los políticos que viven, en mi opinión en una burbuja, sino que no se están resolviendo los verdaderos problemas de los jóvenes, que son también los de toda la sociedad. ¿Tanto cuesta ponerse de acuerdo en cuatro o cinco puntos estratégicos como la vivienda, la educación, la sanidad? 

¿Queda algún político que no sea así?

Claro, no podemos incluir a todos en el mismo saco. Lo que pasa es que a esos no se les ve porque hacen una labor callada, no insultan, son respetuosos, y como ejemplo te puedo decir Isidro Martínez Oblanca de Foro Asturias. Ese hombre era súper respetuoso, súper trabajador, venía siempre a saludarnos. Todavía hay gente así, pero son la minoría silenciosa de todos los partidos.

¿Quién considera que ahora mismo tiene la mejor oratoria en el Congreso?

A mí siempre me pareció que tenía una oratoria muy buena Aitor Esteban, del PNV. Nunca pierde los papeles. Además dejó momentos divertidísimos como la anécdota con Rajoy y el tractor.

En el libro relata varios episodios de agresiones sexuales y de machismo en el Congreso. ¿Sigue pasando a día de hoy? 

Ahora está cambiando. Hoy en día, si hubiera ocurrido, yo lo habría denunciado. Lo que pasa es que, claro, la primera vez fue hace 40 años, y la segunda hace mucho tiempo, en un momento en el que la mujer se sentía sucia y mal porque pensaba que era la responsable, cuando no es así. 

Ahora, el 44,3% del Congreso está formado por diputadas ¿Ha notado mucho el cambio de ambiente en los últimos años? 

De las seis diputadas del año 76 hemos pasado a tener casi paridad. Ha sido un cambio brutal en todo, igual que el cambio que ha habido en los derechos de la mujer. En el año 65, o diez años antes, no podía acceder ni a la magistratura, ni ser letrada,  doctora, ni ser nada sin el consentimiento del marido. Hasta para poder sacar dinero. En el 75, cuando yo entro, no existía el derecho al aborto ¿Cuántas mujeres murieron por abortar en España? ¿Y cuántas otras tuvieron que marcharse fuera para hacerlo? No existía el divorcio. Yo diría que España ha evolucionado mucho, pero en cuanto a la mujer, hemos dado un paso de gigante. Que no significa que hayamos logrado todo. Como le transmitía el otro día a Francina Armengol: primero hay que consolidar esos derechos, porque en el resto del mundo estamos viendo que hay una involución y, a la vez, seguir avanzando.

¿Las dinámicas de trabajo en la Cámara también han cambiado?

Al feminizarse el cuerpo de taquígrafas, ha cambiado mucho, no tiene nada que ver. Por ejemplo, mi madre murió hace 20 años, tenía cáncer de huesos, estaba ya terminal, en el hospital y yo estuve hasta el último momento trabajando. No me dieron permiso para irme. El último día, cuando nos dijo el médico “Mire, a esta señora ya le quedan horas”, un miércoles por la mañana, le dije a un compañero mío: Yo sí o sí me tengo que ir a despedir de mi madre.” Y me dijo: “No te preocupes, que yo te hago tu trabajo.” ¡Fíjate qué fuerte!

Cuenta en uno de los capítulos cómo vivió el 23F. Usted no quería irse para así poder recoger lo que dijera la autoridad competente ¿no tuvo miedo?

Sigo pensando, a pesar de que han pasado tantísimos años, que no me tenía que haber ido. Fíjate, me arrepiento de haberme ido. Y yo sabía que el 23F era trascendental: si salía adelante, me tendría que haber exiliado. Bueno, como hablo varios idiomas, no tenía problema en haberme ido a cualquier país de Europa o Estados Unidos. Pero si no pensé que alguien tenía que dar fe, alguien tenía que ser testigo de lo que estaba pasando.

Por encima de todo, he tenido siempre la sensación de que he sido una privilegiada por vivir momentos históricos únicos. Y cuando, por ejemplo, no tenía que trabajar, como en la capilla ardiente de Suárez o la de Rubalcaba, yo he estado allí. He ido a verlo porque pensaba: “Es una oportunidad. Tengo que estar aquí viendo algo que es trascendental en la historia de España.”

El 6 de febrero. Esa es la fecha límite que la ley que acompañó la última renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio a los nuevos vocales para aprobar por mayoría de tres quintos una propuesta de reforma del sistema de nombramiento de sus miembros. A solo un mes de que se cumpla el plazo en el que el Consejo deberá remitir su informe al Gobierno y a las Cortes, las posiciones del sector progresista y el conservador se han acercado, aunque sus diferencias siguen siendo de calado. El dilema latente es el de siempre: el sistema de elección de los vocales procedentes de la carrera judicial. Mientras los progresistas mantienen que deben ser seleccionados, como hasta ahora, por las Cámaras, aunque con ciertas correcciones, los conservadores ponen pie en pared con la elección directa de esos consejeros sin ninguna intervención parlamentaria.

El Pleno del Consejo creó el pasado 7 de septiembre un grupo de trabajo que, tras analizar los órganos análogos de otros países europeos, debía redactar un primer borrador. Esa comisión está formada por cuatro vocales. Se trata de los progresistas Bernardo Fernández Pérez (profesor de Derecho Político y Comunitario y expresidente del Consejo Consultivo de Asturias) y Argelia Queralt (profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y exletrada del Tribunal Constitucional); y los conservadores Isabel Revuelta (letrada de las Cortes) y José Carlos Orga (único magistrado del grupo, procedente de la Audiencia de La Rioja).

La disposición adicional de la ley que acompañó la última renovación establecía que el informe debe “examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al Consejo español”. Además, debe incorporar una propuesta de reforma “del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados”. La disposición impone que esa propuesta debe garantizar “su independencia” y debe contar con “la participación directa de jueces y magistrados que se determine”.

Sin embargo, los vocales a propuesta del PSOE y los designados por el PP, cinco meses después de ponerse en marcha el grupo de trabajo, discrepan sobre la interpretación de ese texto legal. El artículo 122.3 de la Constitución establece que 12 de los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces deben proceder de la carrera judicial (sin decir quién los debe elegir, algo que la ley atribuye desde 1985 al Parlamento), mientras que los ocho restantes deben ser juristas de reconocido prestigio que seleccionan directamente las Cámaras.

El principal obstáculo interpretativo sobre la disposición adicional aprobada el pasado agosto se encuentra en la coletilla “con la participación directa de jueces y magistrados que se determine”. Para los conservadores, “participación directa” equivale a elección, es decir, que deben de ser los jueces y magistrados los que nombren mediante votación a esos vocales sin participación alguna del Parlamento. Sin embargo, los progresistas entienden que “participación” no significa necesariamente que los jueces deban tener la última palabra e infieren que el precepto ampara que sean las Cortes, como hasta ahora, las que seleccionen a los vocales judiciales de una lista, esta sí, aportada por la carrera.

Es en la elección parlamentaria de estos vocales donde voces de sectores progresistas ven posibilidades de mejora. Tradicionalmente, los grupos políticos han propuesto a sus vocales de entre dos asociaciones, la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en la que pesca el PP, y la progresista y minoritaria Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la preferida por el PSOE y sus socios de la izquierda. Dos asociaciones conservadoras con más representación en la carrera que JJpD, como son Francisco de Vitoria (FdV) y la muy corporativa Foro Judicial Independiente (FJI), quedan sistemáticamente relegadas y sin ninguna presencia en el CGPJ, al igual que los jueces no asociados.

Es ahí donde los vocales a propuesta del PSOE se abren a negociar fórmulas para que esos colectivos se garanticen la representación en el órgano constitucional. También en las comparecencias que los candidatos deben pasar en el Congreso y el Senado con el objeto de examinar a fondo los méritos y la capacidad de cada uno. Sin embargo, los conservadores insisten en que sean los jueces los que elijan a 12 de los 20 vocales.

A lo largo de estos meses, el grupo de trabajo ha mantenido encuentros con representantes de las cuatro asociaciones judiciales con el resultado esperado. Tanto la APM, como FdV y FJI defienden la elección directa, mientras que la progresista JJpD es la única que defiende que sea el Parlamento el que designe. En las últimas elecciones a salas de gobierno, a las que estaban llamados a participar todos los jueces y magistrados en activo (más de 5.000), las tres primeras, todas ellas de carácter conservador, fueron las más apoyadas mientras que la progresista JJpD solo obtuvo dos de los 118 puestos a elegir. 

Los vocales del grupo de trabajo también han enviado cuestionarios a las salas de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico para conocer su parecer sobre el sentido de la disposición que obliga al Consejo a redactar el informe. Solo la del Supremo ha dejado abierta la puerta a que se mantenga la elección parlamentaria actual. El resto reclaman la elección directa de los 12 vocales judiciales por la carrera con distintas fórmulas.

Los conservadores también cuentan a su favor con informes de la UE, entre ellos el del Estado de derecho, elaborado por la Comisión, y el de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, entre otros. Aunque no son vinculantes, estos organismos defienden por lo general las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco, también del Consejo de Europa), que reclama que los 12 vocales de extracción judicial “sean elegidos por sus pares” sin ninguna intervención política.

Los progresistas, sin embargo, entienden que, con una reforma de ese tipo, el Consejo dejaría de ser un órgano político para convertirse en otro meramente corporativo en el que los intereses profesionales de los jueces estarían sobrerrepresentados y subrayan que todos los informes europeos consideran que la independencia e imparcialidad del sistema judicial español está garantizada con el método de renovación actual.

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha enviado a Congreso y Senado su propuesta para evitar futuros bloqueos del órgano, en la que plantea dos fórmulas: dar continuidad a la elección parlamentaria de los vocales si los nombrados son ajenos "a toda contaminación política previa" o que el nombramiento de los vocales judiciales -12 de los 20- quede en manos de los propios jueces pero con la misma prevención. Así lo hace en su Propuesta para la modificación del sistema de nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados del Tribunal Supremo y de elección de vocales del CGPJ, un documento de 17 páginas al que ha tenido acceso Europa Press este martes.

Guilarte sostiene que la propuesta es "a título personal y no representa la opinión del órgano de gobierno de los jueces", sino que tiene por objeto contribuir a desbloquear la renovación, pendiente desde 2018.

Para ello ofrece una "fórmula intermedia" que, por un lado, permita superar la división entre el modelo parlamentario o corporativo de elección de los vocales de la institución y, por otro, "diluir de una vez por todas la injerencia de otros poderes sobre su actuar, necesariamente independiente".

En su propuesta, señala que la actual situación política y social "se califica, con razón, de polarizada" y da lugar a que el sistema previsto de negociación entre PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, "de llegar a culminar", determinaría una "composición del CGPJ fiel reflejo de las mayorías parlamentarias que irradiaría de futuro, con gravísimas consecuencias para la independencia judicial, la politización de todos los cargos judiciales nombrados".

"Es por otro lado evidente que, constituido el CGPJ bajo tales condicionantes, sería difícil que los vocales designados pudieran apartarse en su actuación de la línea política que los designó. También lo es que, si bien en épocas y Consejos anteriores el sistema funcionó sin excesivas distorsiones, las circunstancias actuales, entre ellas una fortísima presión mediática igualmente polarizada, llevan a concluir la inviabilidad de que siga siendo así", critica.

Para Guilarte, que no se decanta por una u otra fórmula, cualquiera de las elegidas "debiera determinar, respecto de la elección de los vocales judiciales, una representación proporcionalmente similar entre los vocales propiciados por las asociaciones judiciales y los que provengan de jueces sin asociar". Todo ello, con el objetivo de "mitigar las nocivas consecuencias actuales".

En este sentido, subraya que "no puede negarse que la elección parlamentaria ha generado, y cada vez más, dificultades de renovación que con la elección corporativa de los vocales judiciales no se producirían". Sin embargo, avisa de que el problema -es decir, la necesidad de un acuerdo político- persistiría a la hora de designar los ocho vocales no judiciales, "sin duda imprescindibles". Además, apunta también que las "asociaciones judiciales ideológicamente próximas a ambas formaciones políticas, tras exigir insistentemente la renovación, se reafirman en la irrenunciabilidad de las posiciones -elección parlamentaria o corporativa- que sus afines políticos sostienen".

Así las cosas, entiende que -"al menos indiciariamente"- el problema no está en optar por una u otra fórmula de renovación, "pues la alternativa a la hoy vigente no haría sino perpetuarlo". "Frente a tal realidad es mi idea que deben buscarse soluciones intermedias que conjuguen las bondades de uno y otro sistema o, al menos, que eludan sus deficiencias", señala.

Respecto al tema de los nombramientos de la cúpula judicial, Guilarte propone que quede en manos de los propios jueces. Entiende que es "imprescindible no tanto sustraer competencias al CGPJ" como "dar más protagonismo a la carrera judicial allí donde resulta lógico que lo tenga, es decir, en lo que afecta al ejercicio de las tareas gubernativas".

Según defiende, "no se priva al Consejo de competencia para el nombramiento de los altos cargos jurisdiccionales, sino que se trata de limitar la inevitable discrecionalidad actual, reenviando de manera efectiva las designaciones a llevar a cabo por el CGPJ a los principios constitucionales de mérito y capacidad".

En el caso del Tribunal Supremo, propone que sus magistrados sean "nombrados por una comisión cualificada, mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados del Tribunal Supremo, presidida por un vocal [del CGPJ] magistrado del Tribunal Supremo, si lo hay, o por un especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la de magistrado del Tribunal Supremo, en caso contrario".

La comisión estaría formada por "cinco miembros de un nivel de cualificación parangonable con la plaza que se saca a concurso" y los vocales del CGPJ solo formarían parte de la misma si reúnen "la específica capacitación para valorar los méritos de los candidatos". Según explica, el número de vocales nunca podría ser más de tres, y el resto de miembros serían magistrados del Supremo que se elegiría "por sorteo y turno rotatorio". Los otros dos miembros de estas Comisiones, a desarrollar reglamentariamente, serían profesionales cualificados en función de la Sala afectada.

Respecto a la elección de cargos gubernativos, señala que su propuesta afectaría a la Presidencia de la Audiencia Nacional, de Audiencias Provinciales, de los TSJ, así como de Sala de la Audiencia Nacional, Salas de los TSJ y Presidencias de Salas del Tribunal Supremo. "Los electores deberían ser todos los miembros de la carrera judicial del territorio respectivo, es decir, aquellos sobre los que el Tribunal, Audiencia o Sala tenga competencias gubernativas", señala, al tiempo que plantea que los candidatos tengan que presentar un programa de actuación para mejorar el órgano al que se presentan. "Reglamentariamente, podrán determinarse exigencias adicionales de antigüedad, en su caso vinculación con el territorio, etc.".

Según explica, el CGPJ se reservaría la competencia para convocar y organizar el proceso electoral y garantizar su correcto funcionamiento, así como acordar el nombramiento y ratificación del candidato propuesto tras la previa comprobación de integrar las exigencias reglamentarias.

En el marco de su escrito, Guilarte insiste en que los vocales del CGPJ no son los "culpables" de la situación. "Y por ello no cabe exigirnos conducta alguna encaminada a suplir la incapacidad de quienes sin duda resultan constitucionalmente responsables de la falta de renovación", apunta.

Así las cosas, sostiene que "toda la presión debe proyectarse contra los responsables de la parálisis del sistema y no cargar sobre el CGPJ con absurdas iniciativas para solventar una crisis" en la que los vocales son "expectantes sujetos pasivos".

Con todo, afea a los "grandes partidos" políticos que persistan "de manera inamovible en sus respectivas fórmulas" por su "pretensión" de "captación de los vocales de cara a poder influir" en "futuros enjuiciamientos ante los órdenes jurisdiccionales con mayor relevancia política".

Aunque la ceremonia se establece como una costumbre, dada la publicidad del acto y su propaganda, la institucionalidad, su retransmisión por TVE, la presencia de la mayoría de los miembros de las Cortes Generales, el alcance del acto no es simbólico sino sustancial, un acto insigne del Estado.

Con el juramento de Leonor de Borbón de la Constitución no se supera definitivamente el conflicto que pudo existir en esa doble condición de "reina y mujer" , que dice Isabel Burdiel (El País, 29/11), y su juramento no es apartidista, porque su posible reinado será en una Constitución parlamentaria civil.

La Constitución Española, si no laica, es aconfesional, transciende las creencias privadas de los que tienen responsabilidades públicas o han sido elegidos, y con más razón de quien dice la Constitución que encarna la unidad de la nación.

Si Leonor de Borbón prometiera la Constitución, ampliaría mucho más el campo de la sociedad española en la que pretende reinar, modernizaría la monarquía como institución civil al servicio de todos los españoles, se ensamblaría más fuertemente con nuestra Constitución aconfesional.

Lo lógico, lo sensato, lo racional es que se impusiera sobre sus creencias legítimas, pero privadas, y que abrazara juvenil y femeninamente nuestra Carta Magna como una norma civil y no religiosa, pues para eso están los templos y las catedrales. Jurar la Constitución en las Cortes Generales es una anomalía democrática supina, impropia de una heredera monárquica parlamentaria.

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Felipe Domingo es socio de infoLibre.

Quedan diez días para hablar de nombres y resolver incógnitas antes de que el Congreso se constituya, el próximo 17 de agosto, y sea necesario elegir a los nueve miembros de la Mesa de la Cámara Baja. Se trata de un órgano clave para controlar la actividad parlamentaria. Tener la presidencia y la mayoría implica más información, capacidad para impulsar o congelar iniciativas y gestionar un presupuesto que en 2023 superó los 110 millones de euros.

En una misma sesión se elige al presidente y los miembros de la Mesa de la Cámara y los parlamentarios elegidos el pasado 23J son llamados uno a uno para acatar la Constitución. Con estos trámites, se dará por inaugurada la XV Legislatura. De forma paralela desde el PSOE intentan buscar el apoyo de sus aliados parlamentarios para la constitución de la Mesa.

Pertenecer al órgano de gobierno de la Cámara es como sentarse en la sala de máquinas del Congreso, el sitio del que parten todas las decisiones, del que se obtiene información de primera mano y el que marca la agenda parlamentaria. No hay arranques de legislatura en la que el reparto de puestos en la Mesa no genere tensiones, sobre todo desde que el bipartidismo pasó a mejor vida. Y la legislatura que arranca la próxima semana no es la excepción.

La votación marcará los posibles pactos de legislatura y las relaciones entre los grupos parlamentarios los próximos cuatro años, en caso de que el socialista Pedro Sánchez logre sacar su investidura adelante. El primer paso es que la presidencia del Congreso, la tercera institución del Estado, recaiga de su lado, para lo que el PSOE necesita el apoyo de Sumar, PNV, ERC y Junts, con los que ya ha empezado a negociar. Sin embargo, se trata de una batalla que también quiere dar el PP, que espera sumar sus 136 escaños con los 33 de Vox, en aras de complicar todavía más ese eventual Ejecutivo de Sánchez.

En la legislatura que ya expira PSOE y Unidas Podemos han tenido seis de los nueve puestos de la Mesa, frente a los dos del PP y uno de Vox, gracias a un acuerdo entre los socialistas y sus socios que no se produjo en el bloque de la derecha. Ahora los de Pedro Sánchez buscan tener de nuevo la presidencia —Meritxell Batet lo ha ocupado los últimos años— y dos cargos más, mientras que Sumar aspira a tener al menos otros dos. Sin embargo, la coalición de Yolanda Díaz ha abierto la puerta a ceder alguno a formaciones como Esquerra Republicana y a que la presidencia de la Cámara no recaiga del lado del PSOE.

A diferencia de hace cuatro años —ERC entonces rechazó tener un puesto en esa Mesa—, los republicanos no descartan esa posibilidad. La número dos al Congreso por Barcelona, Teresa Jordà, ha señalado este lunes que uno de esos asientos "podría pertenecer al independentismo o al PNV” y que se trata de una cuestión que "está abierta y forma parte de las negociaciones". Así, ese bloque de la investidura se garantizaría cinco escaños por los cuatro de la derecha.

La Mesa del Congreso está formada por la Presidencia, cuatro Vicepresidencias y cuatro Secretarías. A la Mesa le corresponde el gobierno interior y la organización del trabajo parlamentario. Para decidir quién ocupa cada una se celebran tres votaciones. En la primera se elige la Presidencia del Congreso, en la que cada diputado deposita en secreto y en una urna una papeleta con el nombre de su candidato. En la primera ronda hace falta mayoría absoluta pero si nadie la logra, los dos nombres más votados primeros pasan a una segunda vuelta y ahí quien más apoyos recibe obtiene el puesto.

Los conservadores cuentan con 137 escaños a los que podrían sumar los 33 de Vox y el diputado de UPN, lo que les daría un total 171 votos. Los socialistas, por su parten, sumarían sus 121 escaños y los 31 de Sumar. A partir de ahí, tienen la posibilidad de recabar el apoyo de ERC (7 diputados), Junts (7), EH Bildu (6), PNV (5) y BNG (1), es decir, 178 papeletas. Si los posconvergentes rechazan votar a la persona propuesta por el PSOE, la situación sería de empate entre bloques y correspondería a Coalición Canaria decantar la balanza.

Una vez elegida la Presidencia, se celebra una segunda votación también de carácter secreto para elegir a los cuatro vicepresidentes. Cada parlamentario puede votar a un único candidato y se nombra a los cuatro que más papeletas cosechen a su favor. Y finalmente se repite este mecanismo para nombrar a los cuatro secretarios de la Mesa. Si en alguna votación se produjere empate, se celebrarán sucesivas votaciones entre los candidatos igualados en votos hasta que el empate quede dirimido.

Cuando han tenido mayoría absoluta, tanto el PP como el PSOE se han reservado cinco de los nueve puestos de la Mesa —incluida la Presidencia—con el ejemplo de las votaciones de los años 2000 y 2011. En los demás casos, se han producido negociaciones a varias bandas con formaciones soberanistas o minoritarias. Es lo que sucedió durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el PSOE facilitó la presencia de Convergència e IU en 2004 y de PNV y CiU en 2008. Desde 2015, el reparto ha ido por bloques.

Es más, en 2015 y 2016 PP y Ciudadanos se garantizaron el control de la Mesa —con tres y dos puestos, respectivamente— a pesar de no tener mayoría absoluta en el Pleno, una circunstancia que explotaron intensamente durante el primer mandato de Sánchez para bloquear las propuestas del resto de formaciones, desde la reforma de la Ley Mordaza a la aprobación de una Ley de Eutanasia, e incluso boicotear la acción del Gobierno socialista.

Una de las bazas que el PSOE tiene encima de la mesa para retener la Presidencia del Congreso es ofrecer a sus aliados parlamentarios puestos en las mesas de las comisiones, presidencias incluidas, y asegurar a ERC y Junts que podrán conformar sus propios grupos parlamentarios gracias a sus votos. Para tener grupo propio hay que contar con al menos 15 escaños o superar los cinco diputados y obtener el 5% de los votos en todo el país, o bien el 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre. ERC y Junts han logrado siete escaños cada una en las generales, pero en ambos casos hay dos circunscripciones en las que no superan el 15% de apoyos.

En concreto, ERC no cumple este requisito ni en Barcelona, donde se ha quedado con un 12,33%, ni en Girona, donde se ha anotado un 14,74%. De su lado, Junts no alcanza ese umbral ni en Barcelona, provincia en la que ha cosechado un 9,68% de apoyos, ni en Tarragona, donde su marca es un 11,08%. Sin embargo, la Mesa ha sido tradicionalmente muy flexible en la interpretación de las normas, y normalmente 'perdona' algunas de las décimas que faltan o ampara el préstamo de diputados de otros grupos.

Entre los beneficiados de esa discrecionalidad está el PNV, que se presentó entre 1979 y 2000 con sus siglas en Euskadi y Navarra. A priori, atendiendo a la literalidad del reglamento, los nacionalistas vascos habrían necesitado 15 diputados para tener grupo propio o, alternativamente, lograr el 15% de los votos en cada una de las provincias en las que concurrían. Y aunque jamás superaron ese listón –el partido nunca consiguió ese 15% en Navarra–, siempre tuvieron grupo en el Congreso.

Unidas Podemos no ve ninguna necesidad de que la princesa de Asturias deba jurar la Constitución el mismo día de su decimoctavo cumpleaños, como sí hizo su padre, el rey Felipe VI. Desde la formación morada recalcan que la Constitución sólo dice que debe cumplir ese trámite al alcanzar la mayoría de edad, pero no detalla si ha de ser en la misma fecha o unas semanas después, recoge Europa Press.

El próximo 31 de octubre la princesa de Asturias cumplirá los 18 años y, conforme a la Constitución, debe prestar juramento ante las Cortes en su condición de heredera al trono. Pero la fecha y organización de ese acto va a depender de las elecciones generales por la posibilidad de que el cumpleaños de Leonor de Borbón se produzca con las Cortes disueltas a la espera de los comicios.

El Gobierno no ha dado pistas de cuáles son sus planes, pero desde Unidas Podemos ya avanzan que no hay ninguna urgencia para organizar esa ceremonia. "Tendrá que cumplir lo que dice la Constitución, que es que tiene que jurar el acatamiento cuando llegue a la mayoría de edad, pero no dice si es antes o después de unas elecciones, si es el mismo día de su cumpleaños o es un año después", sostiene el diputado de IU y portavoz adjunto del grupo confederal, Enrique Santiago.

En declaraciones a Europa Press, el dirigente de la formación de izquierdas asegura que no le preocupa "lo más mínimo" la fecha del juramento de la heredera y de hecho ha reiterado su deseo de que se modificara la Constitución para que la Jefatura del Estado se pudiera votar y no se heredase "como si fuera un jarrón de padres a hijos". "No es un anuncio que nos preocupe mucho", admite.

Habitualmente, el presidente del Gobierno decreta la disolución de las Cortes 54 días antes de la fecha de la jornada electoral, pero también existe la opción de dejar agotar el mandato de las Cámaras. Un informe de los letrados del Congreso mostró una posibilidad de compaginar elecciones a finales de 2023 con la celebración del juramento o promesa de la Constitución ante las Cortes Generales en Pleno. Para ello, Pedro Sánchez tendría que dejar que las Cortes se disuelvan automáticamente el 10 de noviembre.

De no producirse la disolución anticipada "el decreto de convocatoria (de las elecciones) debe firmarse el lunes 16 de octubre de 2023, entrando en vigor tras la publicación en el BOE el día siguiente y las elecciones deben celebrarse el domingo 10 de diciembre", reza el informe.

Si se opta por esta fórmula de "convocatoria de elecciones por extinción del mandato de las Cámaras", entre el 16 de octubre y el 10 de noviembre de 2023 las Cortes mantienen todas sus potestades constitucionales. Es decir, en esas semanas las Cortes podrían seguir aprobando leyes y celebrando su actividad ordinaria. Y, por tanto, también podrían acoger la ceremonia de juramento de acatamiento de la Constitución de la heredera el 31 de octubre.

El rey Felipe VI  ha presidido este lunes en el Congreso la sesión solemne de apertura de la XIV Legislatura en el Congreso, un acto parlamentario en el que por primera vez Unidas Podemosse ha estrenado en el banco azul del Gobiernoestrenado y al que no han acudido los partidos independentistas. Este acto formal, en el que el jefe del Estado ha apelado a la reflexión y el diálogo, ha reunido en el Pleno del Congreso a diputados, senadores y a las altas instituciones del Estado.

Así te hemos contado en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad política:

15.00. El Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado su satisfacción con la actitud "muy institucional" que está viendo en los miembros de Unidas Podemos, como demuestra a su juicio el hecho de que los ministros morados hayan aplaudido el rey. Fuentes del Ejecutivo han evitado aclarar si había sido necesario pactar con Unidas Podemos que aplaudieran al monarca, pero han apuntado que no estaba siendo preciso entrar en este tipo de cuestiones, dado que los ministros de Podemos están adoptando una posición "muy institucional", como corresponde cuando uno es parte de un Ejecutivo, no sólo en sus gestos, sino también en sus declaraciones.

14.30. El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido a Pedro Sánchez que censure las "muy graves afirmaciones" e "insultos" que, a su juicio, han dirigido al rey sus "socios" independentistas coincidiendo con la Apertura Solemne en el Congreso de la XIV legislatura. Casado ha asegurado que ha sido un "día de contrastes" entre las declaraciones de los independentistas y el discurso del rey, que ha apelado a la "concordia", "mirar al futuro" y estar "orgullosos" de la Constitución que ha permitido "los 40 mejores años" de la historia de España.

14.00. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha alabado, "como republicano", el discurso que ha dado el rey porque, a su juicio, ha sido "valiente", distinto a otros que ha pronunciado en el pasado, y con una apuesta clara por el "diálogo" y "la palabra". Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios tras el acto de apertura de la legislatura, el primer evento parlamentario en el que los cuatro miembros que Unidas Podemos se sentaban en el banco azul destinado al Ejecutivo. Aunque los miembros del Gobierno sí han aplaudido al rey, la mayoría de los diputados del grupo confederal han mantenido la misma actitud que en la apertura de la legislatura de 2016 y no han aplaudido al jefe del Estado. No obstante, a diferencia de entonces, cuando el secretario general de Podemos y ahora vicepresidente, Pablo Iglesias, criticó las palabras de Felipe VI, la valoración de Unidas Podemos sobre el discurso del rey que se ha encargado de ofrecer Echenique ha sido positiva.

12.45.  Puedes leer aquí el discurso íntegro del rey Felipe VI.

12.45. Felipe VI ha inaugurado la XIV Legislatura llamando a los parlamentarios a trabajar por el interés general de todos los españoles: "España no puede ser de unos contra otros; España debe ser de todos y para todos", ha proclamado. Así, el rey ha confiado en que se inicie un período político en el que se decida cómo resolver los problemas de los ciudadanos a través de la reflexión, el debate y el diálogo, y teniendo como "base firme" la Constitución.

12.42. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha rendido un homenaje de la Corona como elemento "integrador" y "patrimonio común" de la sociedad española; ha asegurado que criticarla, lejos de debilitarla, la fortalece; y ha alertado del "peligro" de hacer una "apropiación partidista y excluyente" de la institución monárquica. Además, ha concluido su discurso ante el jefe del Estado con un "Viva el rey".

12.16. Los miembros del Gobierno que forman parte de Unidas Podemos –el vicepresidente Pablo Iglesias y los ministros Irene Montero, Alberto Garzón y Yolanda Díaz– se han sumado este lunes al aplauso con el que el Pleno del Congreso ha recibido a los reyes en la sesión de apertura solemne de las Cortes. En cambio, la mayor parte de los diputados de Unidas Podemos han optado por no aplaudir el jefe de Estado.

12.07. La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha trasladado en nombre del grupo parlamentario que dirige y del Gobierno el respeto y apoyo de los socialistas a la labor que ejerce Felipe VI como jefe del Estado, frente a la ausencia de ERC, Junts, Bildu, CUP y BNG del acto de apertura y su manifiesto en contra de la monarquía.

12.05. El secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha reivindicado este lunes el carácter republicano de su organización, minutos antes de que diera comienzo el acto de apertura solemne de la legislatura en el Congreso, presidido por los Reyes. Además, ha criticado que la extrema derecha trate de "instrumentalizar" la monarquía.

11.58. Algunos diputados de Vox han vuelto a ocupar este lunes algunos de los escaños del PSOE y, en esta ocasión, también de Unidas Podemos, antes del inicio del acto de apertura de la XIV Legislatura. Parlamentarios de Vox ya se sentaron en el sector izquierdo de la bancada, que tradicionalmente utilizan los socialistas, durante la sesión constitutiva del Congreso surgido de las elecciones del pasado mes de abril.

11.55. La 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, ha anunciado que abrirá una ronda de contactos con el resto de grupos parlamentarios encaminada a que el Congreso exija al PP que asuma su "responsabilidad política" por haber usado "fondos reservados" para la conocida Operación Kitchen desarrollada por el Gobierno de Mariano Rajoy para destruir pruebas sobre la 'caja b' del partido.

11.25. ERC, JxCat, CUP, BNG y Bildu han presentado un manifiesto antimonárquico antes de la apertura de las Cortes: "No tenemos rey", han declarado. Las formaciones independentistas han leído un comunicado ante los medios asegurando que "la monarquía española y su máximo exponente, el rey de España, no nos representa. La sociedad catalana, vasca y gallega rechazan mayoritariamente la figura de una institución anacrónica heredera del franquismo que se sustenta en el objetivo de mantener e imponer la unidad de España y sus leyes".

10.35. La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha asegurado este lunes que la ausencia de ERC, Junts, Bildu, BNG y la CUP en la sesión de apertura "forma parte de sus contradicciones". La presidenta de la Cámara Baja ha recordado que los grupos que no estarán presentes en la apertura "se presentaron a unas elecciones con unas reglas del juego para representar a todos los ciudadanos" y que, por lo tanto, "cabría esperar que respeten todas las instituciones del Estado".

10.30. Será la primera vez que Felipe VI preside una ceremonia de este tipo con un Gobierno de coalición en el banco azul, con ministros del PSOE y de Unidas Podemos. ERC, JxCat, Bildu, el BNG y la CUP ya han confirmado que no piensan participar en esta apertura solemne. 

Más de 335.000 personas han secundado ya este jueves una campaña lanzada en Internet para pedir a los diputados y senadores que renuncien a la indemnización económica que se les abona tras la disolución de las Cortes Generales. "Si no curras, no cobras", es el lema de la campaña, que incide en la escasa actividad parlamentaria de esta breve legislatura, informa Europa Press.

Cuando el Congreso y el Senado se disuelvan el próximo martes con motivo de las elecciones del 10 de noviembre, los parlamentarios que no formen parte de la Diputación Permanente de cada cámara dejarán de percibir su sueldo mensual, pero tendrán derecho a una llamada "indemnización de transición" que debe ser solicitarse expresamente y que es incompatible con cualquier otro ingreso.

Se trata de una indemnización para compensar la eventual falta de ingresos de los parlamentarios en el periodo que va desde la disolución hasta el día de la votación. Se abona en un solo pago y tributa a Hacienda.

Cerca de 4.500 euros

Su cuantía depende del tiempo que estén sin percibir otros ingresos, hasta un máximo de los 46 días que dura el periodo entre legislaturas. Se calcula proporcionalmente en función del sueldo base que vienen percibiendo -2.972,94 euros- más los complementos que pudieran recibir en función de sus responsabilidades en la Cámara. El máximo supone alrededor de 4.500 euros.

En el Congreso, esa indemnización puede ser solicitada por 213 diputados, ya que los 137 restantes seguirán cobrando su sueldo como miembros titulares o suplentes de la Diputación Permanente.

Pues bien, lo que pretende la campaña lanzada en la plataforma Change.org es que sus señorías piensen "por una vez" en los ciudadanos y no soliciten la llamada indemnización por transición. "Diputados, si NO curráis ¡NO cobráis!: renunciad a vuestra indemnización", reza el eslogan promovido por el impulsor de esta iniciativa.

En la argumentación se cuestiona que los diputados vayan a ser indemnizados "por los dos meses en los que (otra vez) van a estar sin trabajar", tras una breve legislatura de menos de cinco meses, dos de ellos de verano, y teniendo en cuenta que en cuatro años ya va a haber cuatro citas electorales.

El pasado marzo, al disolverse las Cortes tras la convocatoria del 28-A, 216 diputados pidieron su indemnización y la cobraron. En el Senado sólo nueve de los 194 senadores que perdieron su condición de parlamentario renunciaron a cobrar los 8.822,52 euros fijados entonces en la Cámara Alta.

"Está en tu mano que esto se repita de nuevo", llama a los ciudadanos el promotor de la campaña para que se sumen a esta propuesta.

El Diario de Sesiones del Congreso de este miércoles no detalla las distintas fórmulas de acatamiento de la Constitución empleadas en la sesión constitutiva de la Cámara Baja, como tampoco lo hizo en anteriores arranques de legislatura por tratarse de los 350 parlamentarios.

La polémica suscitada este martes, con diputados independentistas hablando de presos políticos o de lealtad al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, provocó las protestas del PP, Ciudadanos y Vox, que ponen en duda la legalidad de esos acatamientos y anunciaban iniciativas esperando el tener literal en el Diario De Sesiones. Como es habitual, la primera publicación de esta legislatura, únicamente recoge textualmente los juramentos o promesas de los miembros de la Mesa de la Cámara, que son los primeros en perfeccionar su condición de diputados.

Por eso, más allá de los "sí, prometo" o "sí, juro" que utilizaron la mayoría de los integrantes del órgano de gobierno, sólo ha quedado constancia por escrito de las fórmula más extensa, la que pronunció la vicepresidenta primera, Gloria Elizo, de Podemos, y el secretario primero, Gerardo Pisarello, de En Comú.

Solo los de la Mesa

Elizo prometió "por la democracia y los derechos sociales", mientras que quien fuera hasta ahora primer teniente del alcalde de Ayuntamiento de Barcelona lo hizo "per uns nous temps republicans"per uns nous temps republicans (por unos nuevos tiempos republicanos).

A continuación el Diario de Sesiones, menciona el llamamiento al resto de parlamentarios subrayando que todos juraron, prometieron o lo hicieron "utilizando otras fórmulas de acatamiento de la Constitución", y cómo la presidenta, Meritxell Batet, dejó claro que "todas las señoras y señores" que habían "contestado" habían "adquirido la condición plena de diputados y diputadas".

En el Diario se Sesiones de la sesión constitutiva, también aparecen las protestas del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ante estas fórmulas innovadoras, especialmente por las utilizadas por los independentistas catalanes hablando de "presos políticos", que no habían provocado problemas en el pasado.

Por los presos y exiliados

En anteriores ocasiones el Diario de Sesiones sí ha recogido acatamientos de la Constitución cuando se trataba de diputados puntuales, no de los 350 a la vez. Así ocurrió en junio de 2018 cuando los diputados de ERC, Carolina Telechea y Joan Margall, tomaron posesión de sus escaños acatando la Carta Magna con alusiones a la "libertad de los presos y exiliados" por "la República catalana". En aquella ocasión, Ana Pastor dio por buena la fórmula y no hubo protestas. "Enhorabuena", les dijo, la misma felicitación que este martes dedicó Batet a sus 350 señorías al asumir la plena condición de parlamentarios.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha señalado este martes que ve "obvio" que los presos independentistas no pueden ejercer el cargo como parlamentarios y serán suspendidos por la Mesa del Congreso. "La suspensión es obvia, evidente, está claramente contemplado en el reglamento del Congreso", ha indicado Calvo en declaraciones a la Cadena SER, sobre la situación que atraviesan el líder de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers presos Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, que han recibido permiso del Tribunal Supremo para participar en el acto de constitución de las Cortes.

Sobre esta situación, en otra entrevista, en RNE, Calvo ha recalcado que están encausados y eso "solo tiene una lectura". "No pueden ejercer su cargo. En ese sentido hay un articulo en el reglamento del Congreso que lo dice con claridad. Lo dirá con toda claridad el Supremo", ha señalado.

El saludo de Junqueras 'no viene a cuento'

Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno en funciones ha asegurado que en la composición del Congreso en la XIII Legislatura "no viene a cuento" que Junqueras protagonice un saludo con Pedro Sánchez después de que ERC vetara a Miquel Iceta para ser designado senador por el Parlament, impidiendo que fuera el presidente de la Cámara Alta.

Después de la tensión generada entre ambos partidos la pasada semana a cuenta de la designación de Iceta, Carmen Calvo ha explicado que Esquerra perdió la oportunidad de ayudar a "la vida constructiva", por lo que se ha cuestionado para qué sirve que ahora Junqueras salude a Sánchez. No obstante, Calvo no ha negado que se pueda producir esta imagen, que desde las filas de Esquerra han insistido que buscarán, ya que el presidente del Gobierno es una persona "educada" y lleva "con honor" en su cargo.

Sobre la situación de los diputados presos, la vicepresidenta ha puesto en valor que está fundamentada al Derecho y dice que España es una democracia "plenísima". "Tenemos las mismas garantías que Francia, Alemania o Inglaterra", ha recalcado, respondiendo a las críticas de PP y Ciudadanos sobre el hecho de que los presos separatistas hayan recibido permiso para sentarse en su escaño.

Gobierno de coalición

Por último, sobre la posibilidad de que el PSOE confeccione un Gobierno de coalición con Podemos, Calvo ha evitado pronunciarse asegurando que no hará "pronósticos". Eso sí, ha señalado que Sánchez está "pensando escenarios" y ha recalcado que ella estará a disposición de lo que decida el presidente.

La Sala que juzga el procés independentista en el Tribunal Supremo ha remitido un oficio a las Cortes Generales para que acuerden si deben suspender a los cinco presos que obtuvieron un escaño en las elecciones generales del pasado 28 de abril en aplicación del artículo 21 del Reglamento de la Cámara Baja, según han confirmado fuentes del alto tribunal.

El tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena envió este escrito el pasado viernes acompañándolo del auto del pasado 14 de mayo por el que autorizó al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva poder asistir a la sesión constitutiva de las Cámaras, que tendrá lugar este martes, para que analicen los efectos que resulten procedentes a consecuencia de la situación personal de los parlamentarios.

El oficio se ha hecho dando efecto a la parte dispositiva del auto en la que se acordó que se remitiese "testimonio de esta resolución, por conducto del Excelentísimo señor presidente del Tribunal Supremo, a la Excelentísima señora presidenta del Congreso y al presidente del Senado a los efectos procedentes".

Por un lado, el texto que se ha hecho llegar a las cámaras indica que este martes los parlamentarios que se encuentran provisionalmente en el centro penitenciario de Soto del Real y que están siendo juzgados deben estar custodiados por la Policía y ser reintegrados "sin dilación" una vez concluya el Pleno.

Pero también hace hincapié en que el Reglamento del Congreso de los Diputados, en su artículo 21, prevé la situación de un diputado que se halle en situación de prisión preventiva, y dice que ello implica "la suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios". Asimismo, destaca que la prisión no es incompatible con la condición de diputado o de senador ni implica una vulneración de sus derechos como tal cuando es proporcionada y no responde a una finalidad arbitraria.

'Efecto legal' establecido en el reglamento

Las fuentes consultadas apuntan que la Sala de lo Penal considera que la suspensión de funciones de los elegidos corresponde a las Cámaras porque de lo contrario supondría una "injerencia" en el Poder Legislativo. Añaden que no se trata de una decisión que se tenga que adoptar, "sino que se declara como un efecto legal asociado a ese precepto".

La otra opción que se podría barajar para la suspensión del cargo de los cinco presos electos es el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que se aplica a individuos procesados mientras se encuentran en prisión. Así les ocurrió a algunos de ellos cuando fueron elegidos como representantes en el Parlament, en los comicios autonómicos del 21 de diciembre de 2017, a los que el juez instructor del Supremo Pablo Llarena aplicó este precepto legal.

De momento, Junqueras, Sànchez, Rull, Turull han sido trasladados este lunes hasta el Congreso y Romeva al Senado para realizar todos los trámites pendientes para recoger sus respectivas actas de parlamentarios bajo supervisión policial, de acuerdo a lo fijado en una providencia de la Sala del pasado viernes en las que ordenaba que los presos estuvieran "debidamente custodiados".

También indicaba a las Presidencias de las Cámaras que adoptasen "las decisiones oportunas para que dichos trámites se practiquen sin dilación y para que sean reintegrados al centro penitenciario a la mayor brevedad posible". Estas mismas condiciones serán las que tendrán los cinco presos electos mañana cuando vuelvan a las respectivas sedes parlamentarias para asistir exclusivamente a las sesiones constitutivas.

Unidas Podemos ha elegido a los diputados electos Gloria Elizo (Unidas Podemos) y a Gerardo Pisarello, de En Comú, para ocupar respectivamente la Vicepresidencia Primera y la Secretaría Primera de la nueva Mesa del Congreso que se elige el próximo martes.

El Grupo Parlamentario Socialista y el de Unidas Podemos han llegado a un acuerdo para conformar la Mesa del Congreso de los Diputados, el máximo órgano de gobierno de la Cámara Baja. Se prevé que el PSOE presida la institución, mientras que Unidas Podemos se encargará de la Vicepresidencia Primera.

En la votación del próximo 21 de mayo, cuando se constituyan las Cortes, lo más probable es que la Mesa quede integrada por tres miembros del PSOE, dos de Unidas Podemos, otros dos del PP y dos más de Ciudadanos. Además de la Presidencia, el PSOE se quedará con una Vicepresidencia y una Secretaría.

La portavoz socialista, Adriana Lastra, y la de Unidas Podemos, Irene Montero, que han pilotado la negociación, han culminado este acuerdo con la voluntad de que la Mesa del Congreso refleje la nueva realidad de la Cámara que surgió de las elecciones generales del pasado 28 de abril, del tal manera que represente e integre la pluralidad de las fuerzas políticas mayoritarias y que "facilite y no entorpezca el trabajo del poder legislativo", explican fuentes socialistas.

El objetivo prioritario de las dos formaciones, añaden, es que la Mesa del Congreso cumpla debidamente sus funciones como órgano de gobierno, evitando así que vuelva a producirse el "bloqueo sistemático y partidista" que PP y Ciudadanos llevaron a cabo durante la última legislatura sobre un gran número de iniciativas tomadas en consideración por la mayoría de la Cámara.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones y cabeza de lista del PSOE a la Eurocámara, Josep Borrell, ha señalado este viernes que Meritxell Batet y Manuel Cruz, propuestos por Pedro Sánchez para presidir respectivamente el Congreso y el Senado, están "cualificados" y no cree que hayan sido elegidos por el hecho de ser catalanes.

Después de que este viernes se haya conocido que Sánchez va a proponer ambos nombres a la Ejecutiva Federal del PSOE para que apruebe formalmente estos nombramientos, Borrell ha puesto en valor la trayectoria de Batet y Cruz, quitando importancia a que sean los dos dirigentes del PSC. "No creo que sea porque sean catalanes, Meritxell Batet ha sido ministra de Administraciones Territoriales y conoce muy bien uno de los problemas más graves de este país. Está especialmente calificada para presidir las Cortes", ha valorado Borrell en declaraciones a RNE.

Del senador Manuel Cruz, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones ha dicho que es un intelectual reconocido, "más allá de que sea o no catalán". Preguntado si Sánchez trataba de iniciar una nueva etapa con estos nombramientos al frente de las Cortes, Borrell ha recalcado que no es el líder del Ejecutivo. "Es evidente que este Gobierno ha querido rebajar los niveles de tensión, con algún éxito pero sin conseguir que por parte del independentismo se adopten posiciones consecuentes", ha explicado.

Ve "deplorable" que las fuerzas independentistas hayan impedido la designación de Miquel Iceta como senador autonómico, bloqueando así que pudiera presidir el Senado, siguiendo los planes iniciales de Sánchez. A su juicio, el veto al líder del PSC da muestra de la "actitud totalitaria" de los dirigentes separatistas y lo ha puesto en línea con los Plenos del Parlament del 6 y 7 de septiembre cuando se aprobaron las leyes de desconexión "pasándose por la piedra" las reglas del Parlament, el Estatut y la Constitución. Por otra parte, preguntado si cree que ERC se plantea ahora rechazar la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno, Borrell ha asegurado que no tiene "la más remota idea" de lo que hará Esquerra.

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, cree que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en realidad no quería ser elegido senador en el Pleno del Parlament de este jueves, en el que ha sido rechazado por los partidos independentistas, y ha querido dejar claro que ERC y el PSOE mantienen contactos pese a lo ocurrido y que la formación republicana no piensa ser responsable de que "los hijos de Aznar y de Don Pelayo" lleguen a la Moncloa, ha informado Europa Press.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, había propuesto que Iceta presidiera el Senado en esta nueva legislatura, pero para ello debía ser elegido previamente senador por el Parlament, que lo ha rechazado con los votos de ERC, Junts y la CUP.

Según Rufián, en realidad Iceta no quería presidir el Senado. "Es un tipo muy listo, inteligentísimo, y me extraña enormemente que la última semana haya estado diciendo cosas raras para no hacer lo que supuestamente quería hacer. Ha dicho cosas que casi eran una declaración de intenciones para no ser votado", ha comentado en el Congreso.

A su juicio, ocurrió lo mismo con el proyecto de Presupuestos que presentó el Gobierno de Pedro Sánchez, que un día parecía "las tablas de Moisés" y "de repente" dejaron de ser tan importantes como para negociarlos.

En 2012 era ERC quien se quejaba de los vetos del PP

ERC, que en 2012 se quejaba de la "intolerancia" del PP por vetar la elección de uno de sus diputados para la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, ha asegurado que el veto actual a Iceta se produce en un contexto distinto.

Rufián ha admitido que "es extraordinario vetar a un candidato al Senado", pero sostiene que "hay ciertas trampas" en este tema. Así, ha hecho hincapié en que Iceta no era un senador cualquiera, sino que era el candidato a presidir el Senado, algo que, en su opinión, el PSOE les debía haber consultado porque "no puede ser que los grupos imprescindibles se enteren por la prensa".

En todo caso, Rufián ha asegurado que ERC seguirá "con mano tendida" y que, de hecho, mantienen abiertas vías de contacto con el PSOE. Él mismo ha hablado con la portavoz socialista, Adriana Lastra, y el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, habla con la vicepresidenta, Carmen Calvo, e incluso calcula que habrá otros interlocutores.

"Es positivo y sano decir que sí, que los portavoces hablen, anunciarlo públicamente, Nos sentimos orgullos de decirlo con normalidad, yo he tenido contactos con una de las portavoces del PSOE, contactos lógicos, y lo raro es que sea noticia", ha añadido.

Compañeros "secuestrados" en las cárceles

Ante la investidura, ha reiterado que ERC seguirá exigiendo la apertura de un proceso formal de negociaciones, hablar del referéndum de autodeterminación y resolver la situación de los presos del procés, a los que considera "compañeros secuestrados en las cárceles".

"Nuestra intención es ser coherentes con la campaña electoral, dijimos que queríamos obligar al PSOE a dialogar, a hablar, ignorando a la caverna", ha enfatizado, avisando de que, si el PSOE se comunica a través de titulares, el proceso será "complicado".

Parafraseando a Oriol Junqueras, ha remarcado que "ningún demócrata europeo quiere que el fascismo gobierne" y que ERC no piensa ser ser "responsable de que los hijos de Aznar lleguen a la Moncloa", pero también recalca que no van a dar "un cheque en blanco" a Pedro Sánchez. "ERC está dispuesta a hablar siempre, pero no se le puede chantajear", ha remachado.

El Parlament ha rechazado este jueves que el líder del PSC, Miquel Iceta, sea senador por designación autonómica, lo que en consecuencia le impedirá aspirar a la Presidencia del Senado la semana que viene, como quería el presidente Pedro Sánchez.

La votación se ha saldado sin sorpresas: 25 votos a favor, 65 en contra y 39 abstenciones. Pese a que ha sido secreta, permite deducirse que los votos a favor han sido del PSC y los comuns, las abstenciones de PP y Cs, y los votos en contra de JxCat, ERC y la CUP, que han estado argumentando su rechazo afirmando que Iceta se posicionó del lado de quienes aplicaron el artículo 155 en Cataluña.

'Se vuelan puentes'

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha avisado a JxCat y ERC de que su no a permitir que Iceta sea senador por designación autonómica supone apostar por "continuar con el bloqueo". "Hoy tenemos una votación en la que hay mucho más en juego entre las relaciones entre Cataluña y el resto de España, porque vuelven a vulnerar derechos, vuelven a volar puentes", ha expresado en su intervención antes de la votación en el pleno en el que el PSC ha propuesto a su líder para senador, después de que Pedro Sánchez le ofreciera presidir la Cámara Alta, algo que no podrá hacer si no es elegido este jueves.

La portavoz socialista ha explicado que designar al sustituto corresponde a los socialistas y, aunque el Parlament tiene que avalar el nombre propuesto, ha insistido en que no hay precedentes de vetos porque rechazarlo supondría dejar de garantizar la proporcionalidad, por lo que ha lamentado que en este caso "las mayorías quieren chafar a las minorías". "Se están saltando las leyes y vulnerando los derechos de las minorías una vez más", ha criticado Granados, que ha preguntado a los independentistas cuál es el motivo para vetar a Iceta cuando no vetaron el nombramiento de Xavier García Albiol (PP) o el de la una diputada de Cs, mientras el 155 estaba vigente.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha contemplado este martes que su partido presente "eventualmente un recurso al Tribunal Constitucional " si el Parlament veta este jueves su elección como senador —un paso previo indispensable para que luego pueda presidir el Senado—.

En una entrevista de TV3, Iceta ha defendido que el PSC tiene el derecho por ley a proponerle a él y a que sea elegido sin más obstáculos por lo que, si la Cámara catalana lo rechaza, considera que sería "una violación de los derechos del grupo parlamentario" socialista. También ha argumentado que en 40 años de democracia nunca se ha vetado un senador por designación autonómica, y ha recordado que los grupos independentistas en el Parlament de ERC y JxCat avalaron la designación de Lorena Roldán (Cs) como senadora en mayo de 2018 sin poner problemas.

"Cuando el grupo de Cs propuso a Lorena Roldán para representar en el Senado al Parlament, el independentismo no tuvo ningún problema en votarla, pese a que todos sabemos que las posiciones son antagónicas y que se hizo tras la aplicación del 155", ha recordado.

El líder socialista ha asegurado que el PSC no está negociando contrapartidas con el independentismo a cambio de su elección como senador, ya que interpreta que le corresponde serlo por ley y sin someterlo "ni a mercado ni a negociación".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este jueves a las fuerzas independentistas en el Parlamento de Cataluña que "reflexionen" sobre el veto a que Miquel Iceta sea elegido senador para después poder presidir el Senado, al tiempo que ha avisado de que insistir en posiciones de polarización y bloqueo "es un mal comienzo" para esta nueva legislatura, en la que quiere "revitalizar" el Senado y el Estado autonómico.

"Vetar a una persona que ha defendido siempre el diálogo, vetar a una persona que siempre ha defendido la convivencia, que ha tendido puentes, que ha hablado con todos dentro de los márgenes de la Constitución, me parece que es un mal comienzo", ha declarado a la prensa en Sibiu (Rumanía), a su llegada a una cumbre informal de la Unión Europea. "Espero que reflexionen estas fuerzas políticas independentistas, que dejemos a un lado todo lo que represente la polarización, el veto, el bloqueo, que pensemos sobre todo en lo importante que es que revitalicemos el Senado, que es la verdadera Cámara territorial, y revitalizar el Estado autonómico", ha añadido el presidente, para después subrayar que considera a Iceta "uno de los mejores representantes" que puede haber para esa nueva etapa.

PP y Cs no lo apoyarán

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que su partido votará no en el Parlament catalánno para que Iceta sea elegido senador y posteriormente pueda presidir el Senado, porque es una persona que "hace más guiños al separatismo que al constitucionalismo".

En un desayuno informativo Aguado, al ser preguntado por esta cuestión y sobre la posición de su partido el próximo miércoles en el Parlament de Cataluña ha asegurado que será negativa, porque "el nacionalismo es un peligro que cercena la democracia y rompe la convivencia". "Tienen a un presidente que no les representa y no defiende sus intereses y es una persona para dirigir el Senado que hace más guiños al separatismo que al constitucionalismo, aunque no me sorprende que le elijan cuando ha dicho en varias ocasiones que él no quiere el 155 bajo ningún concepto y aboga por indultar a los presos golpistas", ha lamentado. Además, ha apuntado que no tienen en Ciudadanos "nada que negociar" con "estas personas que quieren situarse al margen de la Constitución, sino lo que tienen que hacer "es ganarles" y cambiar las cosas".

El senador electo del PP Rafael Hernando también ha cargado contra la propuesta del PSOE para que Iceta llegue a la Cámara Alta y ha dejado claro que el PP no apoyará en ningún caso la designación de Iceta como senador autonómico por Cataluña, que se votará en el Parlament la semana que viene. "El señor Sánchez ya ha elegido socios, seguramente será ERC quien apoye la designación de Iceta, cuyo futuro depende de los acuerdos del señor Sánchez con ERC", ha añadido.

Miquel Iceta, que no resultó elegido senador en las urnas, deberá ser designado por el Parlament para poder recoger su acta de senador.

Mensaje del presidente del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este jueves a las fuerzas independentistas en el Parlament que "reflexionen" sobre el veto a que Miquel Iceta sea elegido senador para después poder presidir el Senado, al tiempo que ha avisado de que insistir en posiciones de polarización y bloqueo "es un mal comienzo" para esta nueva legislatura, en la que quiere "revitalizar" el Senado y el Estado autonómico.

"Vetar a una persona que ha defendido siempre el diálogo, vetar a una persona que siempre ha defendido la convivencia, que ha tendido puentes, que ha hablado con todos dentro de los márgenes de la Constitución, me parece que es un mal comienzo", ha declarado a la prensa en Sibiu (Rumanía), a su llegada a una cumbre informal de la Unión Europea.

Aguado se desdice

Después de asegurar que Ciudadanos se opondría a Iceta en el Parlament, Ignacio Aguado ha rectificado sus palabras asegurando que el no de su formación política a que Miquel Iceta sea presidente del Senado se producirá en la Cámara Alta cuando sea sometida a votación la citada propuesta.

En la misma línea se ha pronunciado la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado que su partido rechazará que Iceta presida el Senado, aunque no ha aclarado si permitirán su designación por el Parlament de Cataluña en el trámite parlamentario para adquirir la condición de senador autonómico. "Una cosa es la designación como senador, que es un trámite que normalmente no ha generado polémicas", ha señalado recordando que "cada partido decide a quien lleva al Senado".

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha dado la sorpresa (anticipada por El País) eligiendo a Miquel Iceta para presidir el Senado, cámara en la que ha logrado la mayoría absoluta tras las elecciones generales del pasado 28 de abril. De esta manera Sánchez apuesta por situar un perfil catalanista, defensor del indulto a los presos y de la negociación política con el independentismo al frente de la institución que tiene la capacidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Iceta no es senador, pero puede lograr el escaño por designación del Parlament de Cataluña en sustitución del expresident de la Generalitat José Montilla, han informado fuentes socialistas a Europa Press. El primer secretario del PSC seguirá como diputado y líder del partido en la Cámara catalana. No está claro si esto puede abrir la puerta para buscar un nuevo cabeza de lista para las próximas elecciones catalanas.

Las mismas fuentes han explicado que la propuesta partió este martes del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien le planteó la idea al primer secretario del PSC. Iceta sustituirá al conservador Pío García-Escudero el próximo 21 de mayo en la sesión constitutiva del Senado de la nueva legislatura.

Iceta tiene antes que ser designado por el Parlament. José Montilla debe presentar su renuncia al escaño, lo que podría ocurrir hoy mismo según estas fuentes, y se pondrán después en marcha los mecanismos en el legislativo catalán para elegir en un Pleno al sustituto, lo que puede resolverse en unos días. Montilla llegó al Senado en 2011 y ha permanecido en el escaño hasta hoy, siempre por designación del Parlament. El político catalán ha pasado de encabezar un importante grupo parlamentario como era la Entesa Catalana de Progrés, que conformó junto a ERC, a ser el único representante del PSC en la Cámara Alta.

El Senado ha sido protagonista en esta legislatura por haber aprobado por primera vez la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y va a pasar en unas semanas a estar presidido por un político reacio a esas medidas de intervención. El senador que le cede el escaño, José Montilla, decidió precisamente ausentarse del Pleno que aprobó esas medidas con el apoyo del PSOE para no romper la disciplina de voto de su partido.

Iceta simboliza, dentro del socialismo, la figura más conciliadora con el independentismo catalán. Hasta los días previos al referéndum del 1 de octubre, defendió una negociación para encontrar una vía intermedia que evitara la aplicación del 155 en Cataluña. "Ni DUI (declaración de independencia) ni 155", no se cansaba de repetir.

Incluso en plena campaña de las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017, defendió la posibilidad de indultar a los presos del procés procés si fueran condenados, una posición que perjudicó las expectativas electorales del PSC, según reconocieron a posteriori dirigentes de la cúpula del PSOE.

Esta postura siempre conciliadora, que Iceta lleva en su ADN, según afirman quienes le conocen bien, le lleva a cometer este tipo de indiscreciones en el momento más inoportuno, como sucedió con una entrevista que concedió al diario vasco Berria en la que, en plena precampaña de las generales, reflexionó en voz alta sobre que "si el 65 por ciento de los catalanes quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzar eso".

El PSC reunirá este miércoles a partir de las 19 horas a su Ejecutiva ampliada a los primeros secretarios para abordar la situación. 

Iceta seguirá liderando el PSC

Miquel Iceta tiene previsto seguir al frente del partido socialista catalán pese a asumir próximamente la función de máximo representante de la Cámara alta, según han indicado a Europa Press fuentes socialista. La apuesta por que Iceta lidere el Senado había abierto la incógnita de si iba a dejar la primera secretaría de los socialistas catalanes, pero las mismas fuentes lo descartan y aseguran que seguirá como líder.

Iceta ha llegado al Parlamento catalán sobre las 16 horas para asistir a la reanudación del pleno de la Cámara, donde actualmente es diputado autonómico, pero no ha querido entrar en detalles sobre su futuro en el Senado.

"Me alegro mucho de veros", ha dicho el socialista al ver todos los periodistas y cámaras que le esperaban a la puerta de la Cámara catalana, pero ha agregado que es pronto para despejar las incógnitas que se abren con su paso al Senado.

Preguntado por si seguirá como diputado en el Parlamento catalán pese a ser presidente de la Cámara alta, ha dicho que "ya lo iremos hablando", y ha alegado que antes de todo el Parlament tiene que votar su designación como senador.

Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press han explicado que ya se está trabajando en modificar el orden del día del pleno para que este jueves se pueda celebrar la votación que decida si Iceta es nuevo senador por designación autonómica.

Otras fuentes señalan que la modificación del orden del día tiene que aprobarse por "mayoría absoluta" de los grupos de la Cámara catalana, e Iceta debe pasar por un hearing previo para que la institución evalúe su idoneidad como senador.

Tradicionalmente las votaciones por las que el Parlament designa a sus senadores autonómicos se saldan como un mero trámite: los partidos se votan los candidatos respectivos y no ponen obstáculos a los nombres que se proponen.

Sólo nueve de los 194 senadores que perdieron su condición de parlamentario con la disolución de las Cortes renunciaron a cobrar los 8.822,52 euros de indemnización que ofrece el Senado a sus miembros por el parón electoral ante el 28A. Entre los que la cobrarán figuran políticos de todos los grupos, y también el hasta ahora único parlamentarios nacional de Vox, Francisco José Alcaraz.

Tras la convocatoria de las elecciones, la Cámara Alta siguió abonando el sueldo habitual a los 72 senadores que forman parte de la Diputación Permanente, el único órgano que sigue activo en este periodo entre legislaturas, pero a los demás les ofrece una indemnización para compensar estos 54 días de suspensión hasta los comicios del 28 de abril.

Se trata de una paga voluntaria que los senadores podían solicitar, ya que su sueldo se suspendió el mismo día en que terminó la legislatura, el 5 de marzo. Aquellos que se presenten a las elecciones y consigan de nuevo escaño volverán a generar retribución desde el 28 de abril, aunque su nuevo sueldo no se abonará hasta después de la constitución de las Cámaras el 21 de mayo.

En el caso de los senadores autonómicos, ni siquiera se arriesgan a perder el cargo porque fueron elegidos por los parlamentos regionales y no concurren a las elecciones. Perdieron como los demás la condición de senador el día que se disolvió el Senado y, por tanto, el sueldo, pero recuperarán el puesto y volverán a generar una nómina a partir del 28 de abril.

Podían pedirla 194 senadores

Según los datos facilitados por la Cámara y recogidos por Europa Press, son 194 los senadores que tienen derecho a solicitar esta "indemnización de transición", como se denomina oficialmente, y de ellos la pidieron 185, tanto senadores electos como autonómicos y de todos los partidos incluido Vox, cuyo primer y único senador, Francisco José Alcaraz, llegó en febrero al Senado y cobró esta paga.

Los 8.822 euros son el resultado de multiplicar 163,38 euros por los 54 días en que el Senado está disuelto, cantidad acordada por la Mesa del Senado el pasado 26 de febrero. El salario básico de un senador es de 4.901,53 euros mensuales (3.897,37 en el caso de los de Madrid), aunque la gran mayoría recibe un complemento que oscila entre 739,29 y 1.516,76 euros al mes por ser portavoz en alguna materia o formar parte de las Mesas de las comisiones.

Sólo nueve no reclamaron esta paga en el tiempo que el Senado les dio para ello, sin tener que explicar el porqué. Varios de ellos tienen otros ingresos incompatibles con éste, como una actividad privada o el sueldo de otro organismo público, pero otros puede que no lo hayan pedido por decisión propia.

Los de Salamanca renuncian al cobro

Los nueve que renunciaron pertenecen al PP, al PSOE, a Podemos y a Ciudadanos. Están en la lista tres de los cuatro senadores electos de Salamanca: Esther del Brío (PP), Francisco Javier Iglesias (PP) y Rosa María López (PSOE). El cuarto, Gonzalo Robles, es miembro de la Diputación Permanente por lo que sigue siendo senador y no puede pedir esta indemnización.

En el grupo hay también tres senadores autonómicos, designados por sus respectivos parlamentos y que por tanto recuperarán el escaño tras las elecciones. Se trata de los madrileños Tomás Marcos (Ciudadanos) y Jacinto Morano (Podemos), que además de senadores son diputados de la Asamblea de Madrid.

El primero eligió mantener el sueldo del parlamento madrileño, según consta en su declaración de actividades, así que no puede cobrar esta paga; el segundo llegó al Senado el pasado 8 de febrero y no se ha publicado todavía por qué sueldo ha optado, si el madrileño o el del Senado. Morano sustituyó a Ramón Espinar, portavoz de Unidos Podemos, quien dimitió por discrepancias con la dirección del partido.

El tercer senador autonómico que no ha pedido la indemnización es Francisco Carrillo (Cs), que como los anteriores es también diputado en un parlamento regional, el andaluz, al que llegó en diciembre. Hasta entonces era empresario.

El PSOE, el PDeCAT, el PNV y Compromís han solicitado a última hora de este martes celebrar una comisión extraordinaria del Pacto de Toledo en el Congreso con el fin de debatir y votar las recomendaciones con las que han venido trabajando los últimos años e intentar que se consiga algún tipo de acuerdo antes de la disolución de las Cortes Generales, informa Europa Press.

Los cuatro portavoces de estas formaciones en el Pacto de Toledo han registrado esta solicitud horas después de que la reunión prevista por la mañana acabara en fracaso después de que el PP y Unidos Podemos, que suman mayoría en la Mesa de la Comisión, mostraran su rechazo a celebrar esta comisión y dieran por cerrados los trabajos del pacto. Pese a esta solicitud, PP y Unidos Podemos siguen teniendo la llave para convocar esta sesión. Además, Ciudadanos también se ha mostrado contrario a celebrar la convocatoria después del enfrentamiento vivido este martes en la comisión.

Se tiene que saber que hemos trabajado

"Lo de hoy ha sido un despropósito. La ciudadanía tiene que saber de qué hemos estado hablando", ha reivindicado Mercè Perea, portavoz de los socialistas en la comisión, que ha exigido contar con "una nueva oportunidad" para poder cerrar un acuerdo.

Iñigo Barandiaran, del PNV, ha criticado la "ruptura" explicitada por Unidos Podemos, pues pese a reconocer su derecho a presentar votos particulares, cree que "no existen motivos de calado" para ese rechazo, y destacando las cesiones que han aceptado todos los grupos.

Por parte del Grupo Mixto, Carles Campuzano, del PDeCAT, ha lamentado que Unidos Podemos "ha debilitado la política" puesto que la falta de acuerdo en el Pacto de Toledo "va a dar razones a aquellos partidarios de que las políticas de pensiones hay que dejarla en manos de los tecnócratas". "Han hecho un flaco favor al Estado del Bienestar", ha dicho.

"La izquierda política no puede estar en nada de acuerdo con lo que se ha hecho hoy, que se ha hecho un gran favor a la derecha política y económica de este país", ha abundado Ignasi Candela, de Compromís, criticando una decisión "unilateral" de "una parte" de Unidos Podemos en la reunión de este martes.