El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su "total" colaboración con la justicia en medio de las investigaciones que afectan al partido, pero ha insistido en su intención de agotar la legislatura en 2027, además de reiterar su apoyo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Sánchez se ha expresado en estos términos en una rueda de prensa tras reunirse en el Vaticano con el papa León XIV. Era su primera comparecencia con preguntas tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y se ha producido apenas unas horas después de que la UCO acudiera a la sede del PSOE para pedir información sobre el caso de Leire Díez.

Sobre el requerimiento de la UCO, Sánchez ha subrayado su “total colaboración con la Justicia” y ha remarcado que se tomaron decisiones inmediatamente sobre la exmilitante Leire Díez. Y ha asegurado que si se conocen nuevos comportamientos irregulares, actuará “con la misma contundencia”.

Pero, en todo caso, ha dicho que esto no empaña la “agenda de transformación” del Gobierno “en todos los ámbitos”: “Ninguna de estas investigaciones, veremos en qué acaban, impugna lo que está haciendo el Ejecutivo. Vamos a seguir haciéndolo hasta el final de la legislatura, sin restar importancia ni gravedad a las investigaciones”. "Las legislaturas duran cuatro años", ha apostillado.

Respecto a Rodríguez Zapatero, Sánchez ha remarcado que, tras leer el auto, se mantiene en su posición de colaboración con la Justicia, pero con todo el respeto a la presunción de inocencia y su apoyo al expresidente. "No veo elementos para cambiar de opinión", ha ahondado.

Noticia en ampliación

La geopolítica está inmersa en una desquiciante sacudida constante. Con un orden mundial revuelto. Las guerras golpean con dureza. Y la agenda ultra se impone en muchos rincones del planeta. En mitad de este panorama de convulsión, el Gobierno de coalición y el Vaticano se han encontrado en algunos caminos de vital importancia.

León XIV y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, juntarán estas sendas durante estas semanas, con una primera parada en Roma este miércoles, en la audiencia en el Vaticano. Una previa de la esperada visita del papa a España, que se prolongará desde el 6 hasta el 12 de junio. El presidente incluso le acompañará en la misa en la Sagrada Familia en Barcelona, la primera celebración litúrgica a la que acude desde que llegó al Palacio de la Moncloa tras la moción de censura en 2018.

Esta visita del papa coincide con unos días muy complicados para el Gobierno y el PSOE después de que la Audiencia Nacional haya imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra. En Ferraz y en Moncloa están en shock, pero mantienen su confianza en el que fuera líder del socialismo. 

Precisamente, el expresidente Zapatero vivió durante su mandato momentos de mucha tensión con la Iglesia católica, que se opuso frontalmente a medidas adoptadas por aquel Ejecutivo como la aprobación del matrimonio igualitario o la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

El Gobierno actual de coalición tuvo ya buena sintonía con el papa Francisco, aunque este no llegó nunca a visitar España. Pero ese vínculo se veía incluso con el ala de Sumar, como se podía evidenciar en el trato de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con el antiguo pontífice. La elección de su sustituto produjo inquietud en sectores del Ejecutivo al ver la posibilidad de que llegara un papa más volcado hacia los postulados ultras.

León XIV, en las últimas semanas, se ha convertido, por ejemplo, en un referente contra las políticas de Donald Trump. Esa posición se valora positivamente en el socialismo, donde recuerdan que la Iglesia ha mirado hacia otro lado otras veces ante líderes autoritarios. El pontífice, también estadounidense, ha criticado la guerra en Irán iniciada de manera unilateral por Washington e Israel. 

El papa ha llegado a decir: “El corazón de dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras. Pero el corazón de nuestro padre no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; el corazón de dios está con los pequeños y los humildes, y con ellos lleva adelante su Reino de amor y de paz, cada día. Donde hay amor y servicio, allí está dios”.

Pero en estos días también hay temas que unen al Palacio de la Moncloa y al Vaticano. Este mismo martes el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que ahora pasa a fase de tramitación parlamentaria. 

La norma marca un enfoque humanista con prácticas prohibidas como el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento, explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad o la situación socioeconómica de las personas y la clasificación biométrica por raza u orientación política o religiosa.

El papa presentó este lunes su primera encíclica, bajo el título de Magnifica humanitas, en la que expresa que la inteligencia artificial tiene "que ser desarmada" de las "lógicas que la transforman en dominio, exclusión y muerte".

El pontífice, licenciado en Ciencias Exactas, abogó por “construir juntos” para “orientar la inteligencia artificial hacia el bien común”, no solo para “unos pocos privilegiados, sino para toda la humanidad”. Este discurso entronca también con el de Sánchez, que lleva tiempo ya pidiendo limitar el poder de los tecnooligarcas, además de poner límites al uso de las redes por la salud mental de los menores.

Además, el viaje del papa a España tiene tres paradas: Madrid, Barcelona y Canarias. La última es la que tiene mayor carga porque el pontífice la hace con un mensaje claro a favor de la integración y se produce en un momento en el que el Gobierno está en pleno proceso de regularización, lo que ha provocado críticas e insultos por parte de las derechas.

León XIV se ha mostrado muy preocupado por la situación de los migrantes que llegan por vía marítima a las costas europeas. Tras aterrizar el 11 de junio en el aeropuerto de Las Palmas, el papa se trasladará directamente al puerto de Arguineguín, donde se interesará por la forma de acogida de los migrantes. Al día siguiente se trasladará a Tenerife, donde tiene previsto también un encuentro con migrantes del centro de Las Raíces. 

Esta actitud del papa choca directamente con los postulados de la ultraderecha y la deriva del Partido Popular, que ha incluido el concepto de “prioridad nacional” en sus pactos de gobierno en Extremadura y en Aragón para las investiduras de María Guardiola y de Jorge Azcón. En esa línea también ha ido el acuerdo alcanzado por los populares y Vox para sacar adelante los primeros presupuestos del Consell de Juanfran Pérez Llorca, que incluirán esa “prioridad nacional” en ayudas sociales y en vivienda en la Comunitat Valenciana.

Aunque existen algunas discrepancias entre el Gobierno y la Iglesia en temas como la eutanasia y el aborto, ahora mismo ambas partes ponen el foco en los avances logrados durante estos años. Por eso, Sánchez no tiene ninguna carpeta abierta con el Vaticano tras haberse llegado a acuerdos como el de los bienes inmatriculados, la supresión de las exenciones fiscales (impuesto sobre construcciones, obras e instalaciones y el gravamen de contribuciones especiales) y la reparación de las víctimas de abusos sexuales.

Desde hace una semana, José Luis Rodríguez Zapatero es un político radiactivo. Las derechas plurinacionales que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez en 2023 están consultando los bajos fondos de Madrid para saber hasta dónde llega la cota de profundidad de la corrupción. El levantamiento del sumario del juez Calama confirma que tan importante es elegir a los ministros como a los amigos. Los dos partidos que apoyaron la investidura de Sánchez han enfriado la moción de censura, pero en la Corte de los Leones, el auto de Calama ha inaugurado una nueva era glaciar.

La corrupción de Venezuela está alimentando la industria de la actualidad que se ha instalado en el joyero de José Luis Rodríguez Zapatero, mientras pasa desapercibida la trama: organización criminal internacional. Felipe González, Page, Barbón y los del PSOE caoba esperan al presidente Sánchez a la vuelta de la esquina. Se equivocan: el pestazo a cadaverina se ha extendido sobre la calle Génova antes que sobre los adoquines de Ferraz. Es Feijóo el que huele a muerto cada vez que Aznar afirma que “el que pueda hacer que haga”, son Aznar y sus satélites de El Mundo los que piden la moción de censura o la cuestión de confianza. Feijóo ni tiene ni le alcanza.

Hay que encapsular a Zapatero. Que cada palo aguante su vela. Rufián, que no se entera, ha convertido en santo al expresidente. Ignora que la base moral que legitima al gobierno de Sánchez no es el hombre que reformó el 135 por la puerta de atrás. Ignora que la única verdad de este gobierno está en los votos y en la fuerza del Parlamento que sostienen al presidente. Desde el 2024, todos estamos más resabiados, somos más perros y sabemos cómo se hace frente a este tipo de crisis. Sánchez volverá a mudar de piel. Así que conviene que algunos ministros tomen nota de esto y preparen las maletas. Este viernes, el presidente del Gobierno hablará. Vuelven los cinco días de abril de 2024. Volveremos a preguntarnos cuántos corchos flotan. Para cuando el secretario general del PSOE le hable a su Comité Federal, a finales de junio, el Consejo de Ministros será otro.   

Aitor Esteban, el último sumotori del PNV, le ha pedido responsabilidad a Sánchez y que anticipe elecciones. Las mociones de censura, a veces, las carga el diablo y, lo que es peor, se ganan. En realidad, Esteban ya no es el mismo desde que dejó el Congreso. No es el mismo desde que dirige el Euzkadi Buru Batzar. Esteban triangula, especula con los votos de la derecha y de la izquierda. Como en 2024, todos los partidos se han vuelto a resituar ante la posibilidad de adelantar elecciones. Pero las palabras del último sumotori vasco deben ser analizadas en clave interna. Tanto PNV como Junts están planteando su estrategia en las próximas elecciones municipales del año que viene y, sobre todo, tratando de evitar que coincidan con unas generales en un «superdomingo» de 2027 que arrastre toda la política territorial hacia el choque de trenes entre PP y PSOE. O sea, el Armagedón.

¿Continuará siendo Esteban el presidente del PNV después de las próximas municipales? No. Su posición en las Juntas Generales es complicada. Puede perder un juntero a favor de Bildu en Álava y en Guipúzcoa el estropicio será aún mayor. En el círculo vasco, Ortuza, el otro luchador de sumo, observa con calma. El matriarcado no perdona.

Mientras tanto, las izquierdas plurinacionales, incluso a pesar de Rufián, siguen haciendo muy bien su trabajo. Otegui ha apostado por concluir en fecha la legislatura y PSC y ERC acaban de sellar los presupuestos de Catalunya. Las naciones históricas del norte vuelven a dar estabilidad al sistema España. De manera que la legislatura va, continúa. Ni siquiera Zapatero podría liquidar esta legislatura si fuera declarado culpable. Sánchez tiene el condensador de fluzo de este país alimentado con los plurinacionales de la izquierda. Es el piloto preparado para subirse al Delorean, ese coche fantástico capaz de ajustar el pasado, el presente y el futuro. Por eso decimos que las elecciones serán el 18 de julio de 2027.

El Partido Popular no está logrando rentabilizar el caso Zapatero como le gustaría. Y aunque pide apartar el foco sobre sí mismo para situarlo sobre el Gobierno, tampoco lo consigue. La dirección de Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a denunciar el agotamiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha reclamado a los socios de investidura que rompan con el PSOE — llegando a fantasear con una moción de censura "instrumental"—. Pero la realidad es tozuda y ningún socio se mueve, ni siquiera los que ideológicamente están más cerca de Feijóo y más enfadados se muestran con Sánchez: PNV y Junts.

Hay varios motivos por los que ambas formaciones nacionalistas no rompen con el presidente del Gobierno, entre ellas la dependencia de los jetzales del PSE en Euskadi y la amnistía que no llega en el caso de Carles Puigdemont. Pero hay un elemento que pesa especialmente para ambos: Vox. Feijóo ha atado su futuro al de la extrema derecha, socio imprescindible para los conservadores en la mayoría de autonomías pero ‘tóxico’ para los nacionalistas. La posibilidad de un acuerdo que pase por los de Santiago Abascal es motivo suficiente para rechazarlo, según entienden tanto en el cuartel general del PNV como en el de Junts.

En España, las mociones de censura son constructivas. Es decir, no es una simple votación para derribar a un presidente, sino que debe incluir un candidato alternativo y necesita mayoría absoluta para alcanzar La Moncloa. Hacen falta, además, al menos 35 diputados para registrar una moción —por ese motivo Vox no ha presentado ninguna esta legislatura— y lo cierto es que en la historia de la democracia solo ha prosperado una, la de Sánchez contra Mariano Rajoy. Este lunes se cumplen ocho años desde que los socialistas la registraron en la Cámara Baja, aún sin tener atados al 100% los apoyos de los nacionalistas vascos.

Aunque en el PP consideran que existe una mayoría negativa en el Congreso contra Sánchez y descartan que el socialista tenga los números para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, tampoco los tienen para una mayoría alternativa de cara a hacer presidente a Feijóo o, en todo caso, a un candidato de transición que designara el PP. Esta última es una posibilidad que han dejado caer miembros de Junts en otros momentos de la legislatura, pero que ahora nadie se atreve a verbalizar, tampoco entre las filas conservadoras. Eso sí, esta estrategia tiene una importante salvedad. En España, la Constitución establece que “si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones”. Es decir, el PP podría presentar una moción antes del verano, pero tendría que esperar a septiembre si quisiera tener otra oportunidad.

Actualmente Junts tiene siete diputados y el PNV cinco. Y para que una moción prosperase, el PP necesitaría que al menos uno de esos partidos nacionalistas aceptase votar en la misma dirección que Vox para investir a Feijóo, aunque fuese con el compromiso posterior de convocar elecciones. A un año escaso de las próximas elecciones municipales — a las que seguirían las generales si nada cambia— , ni los de Aitor Esteban ni los de Carles Puigdemont quieren dar un paso que, previsiblemente, sus votantes penalizarían.

Ese es precisamente el lastre de Feijóo. Y aunque las cuatro formaciones han coincidido en diversas votaciones en el Congreso, una moción de censura es también una fotografía de poder. En ella aparecerían Feijóo, Abascal y el partido nacionalista que hubiese hecho posible la operación. Así, en el PP no van a cargar en público contra un Vox que le permite gobernar autonomías y ayuntamientos pero son conscientes de que sus socios no generan precisamente adhesiones. Por ahora, en el PP abogan por esperar a que el Ejecutivo “se cueza en su salsa”, en palabras de fuentes conservadoras, y que Sánchez se vea obligado a adelantar elecciones. Sin embargo, consideran que agotará la legislatura hasta 2027, como él mismo ha dicho.

Para el PNV, el obstáculo no es coyuntural. Su actual presidente y exportavoz en el Congreso, Aitor Esteban, lo advirtió durante la sesión de investidura fallida de Feijóo en 2023 al asegurar que los conservadores no podían hacer creer "ni al PNV ni a la opinión pública que Vox no está en la ecuación". En lugar del “elefante en la habitación”, habló directamente de una "ballena en la piscina" imposible de esconder y recordó que su partido ya había advertido de que un candidato que necesitara a Vox no contaría con sus votos. Incluso resumió la cuenta que el PP debía hacer si quería hablar con el PNV. Esteban dijo que debería ir "descontando 33", los escaños de Vox.

La razón es evidente. Vox es una amenaza directa a la razón de ser del nacionalismo vasco. Es un partido que aboga por acabar con las autonomías, el régimen fiscal propio y tilda de “racista” sus orígenes y planteamientos. Con Junts ocurre algo parecido, especialmente por lo que respecta a la figura del propio Puigdemont, al que los de Abascal han acusado de ser un terrorista. El partido catalán puede romper con el PSOE, bloquear la legislatura o competir con ERC por quién es más duro frente a Madrid, pero votar una moción de censura con Vox lo colocaría en una contradicción devastadora ante su propio electorado.

Su secretario general, Jordi Turull, lo formuló sin rodeos cuando rechazó una operación con PP y Vox en enero del pasado año, meses después de que trascendiera que Feijóo planteó dar un indulto condicionado a Puigdemont y sopesó la amnistía durante 24 horas. "Hacer alguna cosa con Vox es una broma macabra", afirmó.  Y cuando Feijóo hizo un llamamiento al empresario catalán para que presionaran a Junts, Turull replicó que el PP no debía pedir ayuda, sino "pedir perdón", y remarcó que Junts "no es la muleta de nadie". 

Tras la imputación del expresidente socialista, Junts ha reaccionado con cautela. Su silencio ha sido más elocuente que en otros momentos, pero el mensaje oficial sigue siendo "que se esclarezcan los hechos", que se respete la presunción de inocencia de Zapatero y ha recordado que se sienten víctimas histórica de la falta de presunción de inocencia. Quien sí ha subido el tono es el PNV. El propio Aitor Esteban afirmó este domingo que sería "irresponsable" que Sánchez siguiera más allá de 2026 "sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada" y dijo que el caso Zapatero "lo complica aún más".

Génova no ha tardado ni 24 horas en responder al presidente del PNV. “Si cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también lo es. Las palabras solo no valen”, señaló el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, este lunes tras el comité de dirección del partido. Con todo, Sémper descartó que Feijóo dé el paso de presentar la moción de censura si no tiene los apoyos y dejó la decisión en manos de los socios.

Hasta la fecha, la dirección de Feijóo ha presentado a PNV y Junts como rehenes del PSOE y ha pronosticado su debacle en próximos comicios autonómicos, pero ambas formaciones entienden que el coste sería mayor si apoyarán al PP de la mano de Vox. Para el PNV, implicaría dinamitar su relación con el PSE en Euskadi e incluso la posibilidad de perder  Ajuria Enea. Para Junts, sería regalar a sus rivales independentistas la acusación de haber salvado a la derecha española de la mano de la ultraderecha, un escenario que se complica todavía más con la amenaza de Aliança Catalana a las puertas.

Así, aunque incluso ellos mismos dan por perdida la legislatura, eso no convierte automáticamente a Feijóo en alternativa. Y el líder del PP sabe que si se vuelve a repetir el escenario de 2023, no tendrá posibilidades de alcanzar La Moncloa porque necesita a Abascal para cualquier operación de derribo, pero su presencia impediría que los nacionalistas entrasen en la operación. Lo único que le queda  al PP es seguir presionando a los socios e incluso amagar con la citada moción instrumental, pero de ahí a presentarla hay un paso que, en estos momentos, no están dispuestos a dar. Por ahora, asumen que les toca esperar porque, como mucho, queda un año y no pueden ni quieren cambiar de socio preferente.

La situación de acoso judicial que vive el PSOE está íntimamente ligada a la rivalidad y la desconfianza personal entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, así como a su incapacidad para construir una alianza duradera y verdaderamente genuina. Me explico. Sánchez e Iglesias siempre se han mirado de reojo y se han tratado con una rivalidad indisimulada. Sánchez no apoyó a Podemos cuando esta formación fue atacada de manera inmisericorde por parte de la ultraderecha mediática y judicial. Miró para otro lado suponiendo que la ofensiva ultra jamás alcanzaría al PSOE. La creación de un gobierno de coalición progresista en la primera legislatura de Sánchez fue el resultado de una absoluta necesidad más que de un convencimiento real. Solo la repetición de elecciones y la imposibilidad de un acuerdo con Ciudadanos posibilitó un acuerdo con Podemos como segunda opción. En aquella primera legislatura el PSOE se embarcó en una negociación con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), e incapaz de llegar a un acuerdo, rechazó el ofrecimiento de Podemos para consensuar una mayoría de vocales progresistas. El acuerdo de renovación tuvo que esperar a la segunda legislatura en la que ya era mucho más difícil un consenso de mayoría progresista. El PSOE, da la impresión que por agotamiento más que otra cosa, entregó el control real del CGPJ al PP.

Ese error estratégico ha sido el mayor error del PSOE en estos ocho años y la causa de que ahora el partido del Gobierno esté contra las cuerdas. Sin un control real de la labor de los jueces por parte del Consejo, estos tuvieron y tienen las manos libres para actuar con total impunidad, pues nadie va a fiscalizar sus actuaciones. El CGPJ ya ha dado muestras más que suficientes de que se va a mantener al margen y va a dejar a los jueces vía libre para instruir y juzgar a su aire, independientemente de que su actuación sea claramente prevaricadora. ¡Y anda que no lo están haciendo! ¿O alguien cree que, si hubiera un CGPJ progresista, se seguiría instruyendo la causa contra Begoña Gómez o contra el hermano del presidente? ¿Se hubiera condenado al fiscal general si el CGPJ hubiera controlado la labor del señor Marchena y su mafia judicial? ¿Se estaría ahora instruyendo una causa contra Zapatero? Todos sabemos que ninguno de estos dislates estaría ocurriendo. Y todo ello deriva de un hecho muy sencillo: la rivalidad y la falta de confianza entre dos líderes de partidos “hermanos”, incapaces de poner por delante los intereses del país a los suyos propios.

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Víctor González Laria es socio de infoLibre.

Cataluña ya tiene atados sus presupuestos. En mitad de la tormenta política a nivel nacional desatada por el caso Plus Ultra y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha amarrado las cuentas públicas, lo que garantiza la estabilidad de su Govern y tiene efectos también para la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa.

En los últimos tres días, se han sucedido una serie de noticias que no han copado las portadas, que se han volcado con la decisión del juez José Luis Calama de citar como investigado al expresidente del Gobierno. Pero tienen una gran trascendencia política los acuerdos a los que ha llegado Illa con ERC y los comunes para aprobar los presupuestos, además de los pactos alcanzados entre Moncloa y el Govern en la Comisión Bilateral celebrada en Madrid.

Este viernes, el Consell se reúne de manera extraordinaria para aprobar las cuentas públicas y enviarlas al Parlament, donde se prevé que se ratifiquen de manera definitiva en el mes de julio. Al final, luz verde. Pero las alarmas saltaron cuando ERC, hace un mes, evitó respaldarlos y el presidente Illa tuvo que retirar el proyecto. En el Palau se contemplaron todos los escenarios en ese momento. Incluso la decisión de adelantar las elecciones si no había cuentas.

Unas elecciones anticipadas en Cataluña hubieran supuesto un seísmo en el panorama político, ya que es una comunidad clave y, además, abrían la posibilidad de que también se hubieran convocado a la vez las generales ante la tentación de utilizar la movilización de Cataluña frente a un Gobierno del PP y Vox. Pero también tenían un riesgo enorme: el PSOE podría perder la comunidad más poblada en la que gobierna. 

Unas cuentas que miran a 2028

Este acuerdo de presupuestos supone dar estabilidad a Cataluña y muchos socialistas, según fuentes consultadas, sostienen que sirve para asegurar acabar la legislatura en esa comunidad al frente del Palau. También fuentes de los comunes indican que, con estas cuentas, se puede llegar hasta 2028. 

Pero Illa necesitaba unas cuentas que fueran suyas propias, con su marca, adecuadas al contexto económico y con posibilidad de acometer políticas sociales expansivas, especialmente en temas como la vivienda. Y lanzar también la imagen de que tiene una mayoría detrás y que su liderazgo no es endeble.

Ahí todos miraban a Esquerra Republicana. Este pacto se produce en mitad del ruido que hay en Madrid por la investigación sobre Rodríguez Zapatero. Es muy importante para el socialismo tener ahora este acuerdo con los republicanos, que son socios clave para que Sánchez siga en la Moncloa. Hay mucha presión sobre los socios en estos momentos respecto a su apoyo a Ferraz. El PP les torpedea todo el día con el “hasta cuánta corrupción van a aguantar”. 

“Se ha demostrado el carácter agricultor, al hacer política, de Salvador Illa. Ahora está recogiendo. Él apoyó los presupuestos de Pere Aragonès cuando era el líder de la oposición. Entonces no hizo una oposición destructiva, como Alberto Núñez Feijóo, ni se movió por la amargura y el rencor a pesar de haber sido el más votado en las elecciones de 2021. Esto tiene luego consecuencias. Él ha decidido buscar acuerdos, no juega a la testosterona”, diseccionan en el núcleo duro del PSC.

Sello progresista y mensaje nacional

Para el PSC, es muy importante contar con presupuestos porque “permiten cambiar el enfoque a las cuentas actuales, en un momento de crecimiento”. Con este análisis de los socialistas: “Cataluña se presenta ahora mismo como un factor de estabilidad frente al fallido ciclo electoral impulsado por Feijóo, que ha hecho que su partido acabe en manos de la ultraderecha”.

Además, creen que también es beneficioso para el PSOE a nivel general en estos momentos: “Todo lo que es bueno para Illa es bueno para Sánchez, y todo lo que es bueno para Sánchez es bueno para Illa”. Y las cuentas han provocado el reencuentro entre el PSC y ERC después de semanas de tira y afloja: “También se da la señal de que los partidos que se entienden también en Madrid logran otro pacto de carácter progresista”.

En el otro lado está Junts. ¿Puede provocar el acuerdo con ERC una reacción airada de los posconvergentes en el Congreso? Desde el PSC reflexionan: “Ellos han optado por la oposición en Cataluña, no han querido ni negociar. Les pesa mucho la competencia con Aliança Catalana. Pero no va a afectar en Madrid. Ahí dominan los impulsos de Puigdemont”.

Desde Ferraz, en estos días tumultuosos, hacen esta lectura sobre el pacto de Illa con ERC y los comunes: “Es positivo para toda la ciudadanía de Cataluña porque genera estabilidad, es el triunfo del diálogo y es también la constatación de que los acuerdos se cumplen. Se demuestra que cuando hay voluntad política somos capaces de alcanzar consensos favorables a la mayoría social”.

“Ponemos Cataluña en marcha”, trasladan desde el entorno del president, en el que destacan asimismo que es muy importante tener cuentas en un momento de total incertidumbre mundial por la situación en Oriente Medio y sus repercusiones económicas en todo el mundo. Asimismo, subrayan tres factores clave para el Govern: estabilidad, refuerzo del autogobierno y mejora de los servicios públicos.

Este miércoles por la tarde, además, se produjo una muy importante reunión de la Comisión Bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, que permitirá, gracias a una trasferencia del Estado, que la plantilla de Mossos llegue a 25.000 agentes en 2030 (ahora mismo tiene 22.000). Este es un tema de vital importancia en una comunidad donde el debate de la seguridad está en primera línea. 

“Lloro con lo de Zapatero. No me lo puedo creer. He colgado una foto con él para apoyarlo. ¿Se sabe algo más?”. Esta confesión la hace un cargo territorial del PSOE. Y resume el estado de ánimo que comparten miles de socialistas a lo largo y ancho de España. La mayoría del partido digiere la imputación del expresidente por parte de la Audiencia Nacional, cruzando los dedos para que se despejen las dudas en su declaración del 2 de junio.

Rodríguez Zapatero es el gran bastión moral para la mayoría de socialistas, un expresidente cuyo Gobierno no tuvo ningún caso de corrupción. El hombre que aprobó la ley de igualdad, que impulsó el histórico matrimonio igualitario y que puso punto final a la dolorosa historia del terrorismo etarra. Llena los mítines, lo escuchan, lo aplauden, comparten sus cortes en redes. 

Y en el PSOE no lo reconocen en el perfil que señala el auto como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”. 

La orden de Sánchez: respaldo a Zapatero

Los ministros y los dirigentes del partido ya han leído durante estas horas el duro auto. Lo están reposando, analizando, masticando. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha marcado la directriz política: total respaldo a Rodríguez Zapatero, remarcando el respeto a la presunción de inocencia y mostrando total colaboración con la Justicia. Se abandonan las expresiones que apuntan al lawfare, como abrazó en un primer momento la dirección socialista cuando aún no se conocía el auto de manera íntegra.

Y, en la esfera pública, se detectan dos caminos diferentes: en la dirección del PSOE y en Moncloa trasladan tranquilidad después de leer las 85 páginas del auto, mientras que entre los socios que apoyan a los socialistas el ánimo se ha revertido, pasando de criticar a los jueces a pedir cautela. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, definió así su ánimo: “Jodido”. Para el republicano catalán: “Si es verdad, es una mierda. Y si es mentira, es una mierda aún mayor".

En Moncloa defienden que no hay pruebas concluyentes

En el Palacio de la Moncloa siguen defendiendo de manera cerrada al expresidente. ¿En qué se basan? Fuentes gubernamentales analizan que se trata de un “auto serio”, lejos de los que redacta el juez Peinado, pero remarcan que no hay ninguna prueba concluyente y que no existe ninguna conversación en primera persona del propio Rodríguez Zapatero. Por eso, en estos momentos de convulsión, apelan a la “máxima cautela”.

El modo de proceder del propio Sánchez es diferente respecto a su ex secretario de Organización Santos Cerdán, al que señaló la puerta de salida de manera inmediata cuando se hizo público el informe de la UCO sobre sus supuestas actividades para cobrar mordidas. Entonces sí había conversaciones del dirigente socialista en primera persona, algo que no pasa en el caso del expresidente.

“No creemos que sea como el caso Cerdán”, subrayan fuentes de Moncloa, que, en todo momento, inciden en que es un “auto serio, pero no tiene pruebas”. De esta manera, siguen creyendo en la inocencia del expresidente. ¿Puede ser contraproducente esa defensa si posteriormente se demuestra algún acto delictivo? En el entorno del presidente no quieren hacer especulaciones, pero hacen esta reflexión: “La vida es complicada”.

El PSOE se prepara para una larga travesía judicial

Algunos miembros del Consejo de Ministros se aferran también a que no hay conversaciones directas del expresidente en el auto del juez José Luis Calama y emplazan a conocer la declaración de Zapatero el próximo día 2 de junio. También recuerdan en el Ejecutivo que el exlíder del PSOE ya dio explicaciones en el Senado cuando fue convocado por el Partido Popular para comparecer en la comisión de investigación sobre el caso Koldo.

En el partido, según varios dirigentes consultados, se espera una larga travesía judicial de este caso y sostienen que ahora mismo se trata de un auto embrionario. Pero, a la vez, la idea extendida es que hay que apoyar al expresidente y dejar que dé todas las explicaciones.

Es un momento “duro”, como reconoció el propio presidente del Gobierno en un chat con la Ejecutiva del PSOE después desconocerse la citación de Zapatero como investigado por parte del juez de la Audiencia Nacional. Y, aunque se evita hablar ahora de lawfare, muchos socialistas siguen comentando en privado la operación que llevan sufriendo desde hace años, que se ha materializado en el ex fiscal general del Estado y la esposa y el hermano del presidente del Gobierno.

A pesar de estos días complicados, el mensaje que sale desde el Palacio de la Moncloa es que se mantiene intacta la hoja de ruta de agotar la legislatura en verano del año que viene. Algo que comparten también en la dirección socialista después de que las andaluzas hayan concluido el anterior miniciclo electoral. 

Asimismo, fuentes socialistas remarcan que el PSOE también levanta ahora esa defensa de Rodríguez Zapatero porque representa la dignidad del partido, además de ser cultura de la formación, que también arropó a Felipe González en los momentos más complicados. Todo el mundo coincide, además, en que Zapatero fue uno de los pilares básicos para que la izquierda pudiera aguantar en las elecciones del 23 de julio de 2023.

Los socialistas mantienen su apoyo a Zapatero. Todos siguen minuto a minuto el devenir del caso. Con el gran valor sentimental que representa. Esperan, cruzando los dedos, que el expresidente tenga bien atadas las respuestas para el 2 de junio.

Sesión de alto voltaje en el Congreso. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado este mensaje tras la imputación por parte de la Audiencia Nacional del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: “Toda colaboración con la Justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo a Zapatero”.

Sánchez se ha pronunciado de esta manera por primera vez en público tras la decisión de la Audiencia Nacional al ser preguntado en la Cámara Baja por Alberto Núñez Feijóo (PP), que le ha acusado de manchar “un día más” la Presidencia del Gobierno y ha manifestado que el Gobierno “nos roba a manos llenas”.

Ante estas palabras, el presidente del Gobierno ha hecho una defensa cerrada de Zapatero, sobre el que ha comentado: “No nos metió en una guerra ilegal, no mintió a los españoles sobre el peor atentado terrorista, extendió derechos y libertades, nos sacó de la guerra ilegal de Irak y acabó con ETA”.

“Al Gobierno se llega con votos, no con atajos”, ha subrayado Sánchez en su réplica, además de repetir su intención de que las elecciones sean el año que viene: “Y si los españoles quieren, seguiremos cuatro años más”.

Asimismo, ha verbalizado ante Feijóo: “ Lecciones de quienes tanto tiene que tapar y tanas vergüenzas que ocultar, ninguna”.

Las palabras de Sánchez son de vital importancia porque se producen una vez se ha conocido la integridad del duro auto del juez José Luis Calama sobre Zapatero. El Gobierno y el PSOE habían mostrado su apoyo de su exlíder durante todo el día, pero no había trascendido la integridad del escrito judicial.

Durante la sesión, Feijóo ha recriminado a Sánchez que la Audiencia Nacional ha imputado a “su faro moral”. Le ha preguntado al presidente del Gobierno si hablaba el expresidente directamente con él para ejercer influencia en el Ejecutivo y si va a arremeter contras los jueces.

"Solo hay que leer el auto para darse cuenta de que sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir", ha proseguido Núñez Feijóo, que ha criticado que, en su opinión, el entorno de Sánchez responde a esta máxima: “El que pueda robar, que robe”. 

La política española se adentra en un terreno desconocido. Por primera vez un expresidente del Gobierno ha sido imputado por la Audiencia Nacional por un caso de corrupción. La decisión sobre José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado un shock en el socialismo por lo que supone su figura, y desde el Palacio de la Moncloa y la sede de Ferraz se hace una defensa cerrada del que fuera su líder.

A pesar de haber dejado el Gobierno hace casi 15 años, Rodríguez Zapatero es un expresidente con mucha presencia pública y se ha convertido en uno de los principales activos de su partido. Es ovacionado en cada mitin, se implica de lleno en las campañas, tiene hilo directo con Pedro Sánchez y fue uno de los pilares para que la izquierda pudiera resistir en las elecciones del 23 de julio de 2023.

Pero ese fervor que despierta en todo el espectro progresista tiene el efecto contrario en la derecha mediática y política, que lo detesta desde aquella victoria contra pronóstico en las elecciones de 2004. El PP y Vox tienen una especial obsesión con él y lo han puesto en el centro de su cacería política, como se pudo ver en su reciente citación en la comisión del Senado para estudiar el caso Koldo.

El juez José Luis Calama ha llamado a Zapatero a declarar el próximo 2 de junio a través de un duro auto en el que sitúa al expresidente del Gobierno como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.

El propio Zapatero negó, tras conocerse la decisión del juez, tener una sociedad mercantil “ni en España, ni en el extranjero, ni participada por terceros”. “Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad”, recalcó en un vídeo, en el que proclamó: “Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra ni ante ninguna otra administración”.

El movimiento judicial respecto a Zapatero ha causado conmoción dentro de todo el partido, en un momento en el que se intentaba pasar página del mal resultado cosechado el domingo en Andalucía. Pero, por el momento, el apoyo es generalizado en Moncloa y en Ferraz. De hecho, el propio presidente del Gobierno envió un mensaje en el chat de la Ejecutiva, según reveló la Cadena Ser, en el que le decía a la cúpula del partido que “son momentos duros” pero que hay que sacar “orgullo y entereza”: "Hoy más que nunca, debemos reafirmarnos en nuestra tarea de seguir luchando por hacer avanzar a nuestro país y defender el buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista".

En el Palacio de la Moncloa, según fuentes del Gobierno, están convencidos de la inocencia del expresidente y ponen el énfasis en que Zapatero ha sido objeto de una campaña de la derecha desde hace años, además de subrayar que la denuncia viene de la asociación ultra Hazte Oír, con apenas unos enlaces y citando a youtubers. Desde el Ejecutivo lo que sí se trata de evitar es un choque con los jueces y se rehuye la expresión lawfare.

Pero en Ferraz sí se revuelven en público y en privado contra esa operación de las derechas para tratar de tumbar al PSOE ahora a través del expresidente. La número tres del partido, Rebeca Torró, afirmó: “‘El que pueda hacer, que haga” llevado a su máxima expresión. El presidente Zapatero tiene todo mi apoyo. Respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la Justicia”.

El mensaje que emiten en Ferraz pasa por estos argumentos: “José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno durante dos legislaturas marcadas por un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social. Muchas de esas medidas fueron pioneras en Europa y hoy forman parte del consenso social de nuestro país. La derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado esos avances. El que pueda hacer, que haga”.

Esa sensación recorre a todo el socialismo en estos momentos: defensa del expresidente, pero un duro golpe al ver las imágenes del registro y la sensación de vivir en una continua operación contra ellos. Todo ello justo casi un año después del terremoto político que supuso el informe de la UDEFsobre las actividades de Santos Cerdán, ex secretario de Organización.

No obstante, en la Moncloa insisten en el mensaje de tranquilidad y de confianza en Zapatero. Por todo ello, fuentes gubernamentales descartan que el presidente pueda convocar elecciones anticipadas y tampoco ven que se pueda dar el escenario de una moción de censura.

Cuando se zarandea el tablero político, tanto en el Gobierno como en el Partido Popular miran a los socios de investidura, que son los que tienen la llave para hacer caer a la coalición. Sumar rechazó cualquier posibilidad de ruptura con el PSOE y apuntó de hecho a los jueces, a través de las declaraciones de su portavoz en el Congreso, Verónica Barbero, en las que indicó que tiene “dudas” sobre la propia imputación.

Desde ERC, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, afirmó que los jueces “están yendo” contra el PSOE, además de referirse así acerca del expresidente: "Es un activo electoral, todo el mundo lo sabe y, como dijo aquel, quien pueda hacer que haga”. El PNV, otra de las piezas clave de la legislatura, pidió “cautela” ante esta fase inicial de la investigación. Otro foco que puede provocar inestabilidad es Junts, que pidió esclarecer los hechos “respetando la presunción de inocencia”.

Leía este fin de semana un ejemplar de marzo de El País. Fue en el News Café de Miami, uno de los lugares favoritos de mi querido Miguel. Llamó mi atención una columna escrita por Torres Mora al alimón con un filósofo vasco, del que no recuerdo su nombre. Espero me disculpe. Una buena aproximación a la polarización asimétrica. Acabarla me dejó esa sensación punzante. Lanza unos dardos demasiado sibilinos. ¡Claro! Es de José Andrés. Él rezuma diplomacia por todas partes. Pero a mí su lectura no dejaba de generarme un pálpito agudo. De esos que duelen en las venas de las sienes. Sensación de un gusto metálico en la lengua. Dejo que fluyan las palabras.

Hay una forma de traicionar a un país que no requiere vender secretos a una potencia extranjera, ni desfilar con uniforme enemigo, ni esconder dinero en una cuenta en Suiza. Basta con algo mucho más sencillo y más rentable: convencer a millones de ciudadanos de que su democracia ya no merece respeto cuando no gobiernan los tuyos.

Eso es exactamente lo que está ocurriendo en España.

Llevamos años escuchando que Pedro Sánchez no es un adversario político, sino una anomalía moral. Un usurpador. Un peligro público. Un okupa con Falcon. Un presidente ilegítimo pese a haber ganado una moción de censura parlamentaria, unas elecciones generales y varias investiduras conforme a la Constitución que quienes lo insultan dicen defender con una mano mientras la desgarran con la otra. Y claro, uno acaba acostumbrándose al ruido. España tiene esa capacidad mediterránea para convivir con el incendio mientras se comenta el partido del domingo.

Pero hay incendios que dejan humo en las paredes incluso cuando parece que ya se han apagado.

La pérdida de amistades de más de veinte años de antigüedad ha representado para mí uno de los grandes signos de alarma. Pero no quiero que parezca un simple ejemplo personal.

Los datos del CIS son demoledores. Dos de cada tres votantes del PP le ponen un 1 a Pedro Sánchez. La nota más baja posible. No es discrepancia política. No es “prefiero otro modelo económico”. No es “no comparto sus pactos”. Es otra cosa. Es el rechazo moral absoluto. El deseo de expulsión simbólica del adversario de la comunidad democrática. Mientras tanto, entre los votantes socialistas, ese rechazo existe, sí, pero en una proporción muy inferior. La diferencia importa porque desmonta una de las grandes mentiras contemporáneas: que todos polarizan igual.

No. No todos incendian igual el edificio.

Aquí hay una maquinaria perfectamente engrasada. Primero se deslegitima al Gobierno. Después se convierte al adversario en enemigo moral. Y finalmente se normaliza la alianza con quienes directamente consideran sospechosa la propia democracia liberal. El proceso es tan viejo como eficaz. Cambian los trajes, los platós y los algoritmos. El mecanismo sigue siendo idéntico.

Lo verdaderamente inquietante no es Vox. Vox hace exactamente lo que vino a hacer. Lo inquietante es ver a un partido que se autodenomina “de Estado” comportarse como si el Estado fuese un obstáculo molesto en su carrera hacia La Moncloa.

Porque un partido de Estado no es el que más veces pronuncia la palabra España con voz engolada y bandera de fondo. Eso lo hace cualquiera después de dos cafés y un puro. Un partido de Estado es el que entiende que las instituciones valen más que una legislatura. El que acepta perder sin dinamitar el tablero. El que sabe que erosionar la confianza en el Parlamento, en la justicia, en los medios y en el sistema entero puede darle votos hoy y destruir el país mañana.

Y aquí aparece la pregunta incómoda.

¿Qué clase de patriotismo es ese que necesita que España vaya mal para tener opciones electorales?

Porque llevamos demasiado tiempo viendo a dirigentes del PP actuar no como una alternativa de gobierno, sino como accionistas nerviosos esperando una OPA hostil sobre el Estado. Cada dato económico positivo se recibe con decepción apenas disimulada. Cada acuerdo internacional molesta. Cada avance institucional se interpreta como una tragedia estratégica. Como si hubiera un miedo secreto a que las cosas funcionen.

Las prisas por llegar al poder empiezan a parecer otra cosa. Y cuando un partido transmite la sensación de que necesita gobernar con urgencia no para mejorar la vida de la gente sino para volver a ocupar determinadas ventanillas, determinados despachos y determinados consejos de administración, entonces el problema deja de ser ideológico y empieza a ser moral.

España ya ha conocido esto antes: élites políticas que confundían el país con su cortijo y el Gobierno con un mecanismo de reparto. La diferencia es que ahora todo se retransmite en directo, con tertulianos asalariados haciendo de claque emocional y con una industria entera viviendo de fabricar indignación en serie. Hay demasiada gente ganando demasiado dinero con el odio.

Y el odio, como el tabaco barato, termina impregnándolo todo.

Lo más triste es que ni siquiera hace falta ganar unas elecciones para deteriorar una democracia. Basta con convencer a la mitad del país de que el otro medio país no es legítimo. Basta con erosionar lentamente la idea de convivencia. Basta con convertir cada sesión parlamentaria en una mezcla de linchamiento moral y programa de entretenimiento.

Después llegan los sorprendidos profesionales. Los que dirán dentro de diez años que no vieron venir nada. Los expertos en cara de inocencia retrospectiva. Los mismos que hoy siguen hablando de “polarización de ambos lados” mientras uno lanza piedras y el otro intenta proteger las ventanas con cinta adhesiva. Hace poco volvía a recordar el “Ich wusste es nicht”.

La historia europea está llena de gente elegantemente equivocada.

Y sin embargo, todavía hay salida. La democracia sigue dependiendo de una idea muy simple: aceptar que quien piensa distinto no es un enemigo a destruir. Parece poca cosa, pero es la diferencia entre una nación adulta y una comunidad histérica administrada por pirómanos con corbata.

Gobernar exige pactar. Ceder. Tragar saliva. Rectificar. Todo lo contrario de la masculinidad tóxica de gimnasio emocional que domina hoy la derecha española. Esa épica testosterónica donde cualquier acuerdo se considera una humillación y cualquier moderación una traición.

La política seria nunca fue eso. La política seria consiste en mejorar la vida de la gente aunque no haya aplausos inmediatos. Lo otro es merchandising patriótico.

Y un país no se destruye solo por culpa de quienes gritan. También se destruye por culpa de quienes, pudiendo frenarlos, decidieron que el poder era más importante que España.

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José Manuel Nevado es director de Comunicación Institucional de la Secretaría de Estado de Comunicación.

De las páginas de Le Monde y de The New York Times a conexiones en directo en la BBC y en la CNN. El operativo para evacuar a los pasajeros del crucero MV Hondius en Canarias ha sido seguido en todo el mundo, con especial atención por parte de organizaciones supranacionales y diferentes gobiernos. Y se ha convertido en un sistema pionero y en un ejemplo para el futuro.

España está recibiendo durante estos días felicitaciones de instituciones como la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea, además del Vaticano. Una actitud que choca directamente con la política interior, donde la oposición sigue lanzándose al cuello contra el Ejecutivo.

El Gobierno ha trabajado en el operativo de la mano de la OMS, una organización multilateral que está en el punto de mira de la ultraderecha, especialmente por la actitud de Donald Trump (Estados Unidos), que decidió sacar a su país del organismo. Precisamente, esta entidad ha remarcado el papel de España no solo por obligación legal internacional, sino también por su solidaridad en estos tiempos.

La imagen de esa colaboración se dio este mismo martes en el Palacio de la Moncloa, donde el presidente, Pedro Sánchez, se reunió con el director general de la OMS, Tedros Adhanom. Precisamente este último subrayó el “liderazgo remarcable” de España durante el operativo, calificando incluso de “hermana” a la titular de Sanidad, Mónica García.

La OMS agradeció también a Sánchez por “ejercer el deber moral de mostrar solidaridad con los pasajeros del barco en un momento tan difícil”: “El mundo necesita este tipo de amabilidad y de compasión. Apoyarnos los unos a los otros, además de cumplir las obligaciones jurídicas”. “Me reconforta que haya gente en el mundo que hace las cosas porque están bien. Lo ha demostrado la gente de España”, añadió el director general de la Organización Mundial de la Salud. Todo bajo la filosofía española de “vamos, vamos”, como decían los ministros durante todo el operativo.

España ha caminado también de la mano de la Unión Europea, que pidió a Sánchez que se hiciera cargo de la situación. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, felicitó al Ejecutivo por el desembarco “rápido y eficiente”: “Mi agradecimiento al Gobierno español y a todas las autoridades involucradas sobre el terreno. Trabajamos mano a mano con España, la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades”.

Desde el Consejo Europeo, António Costa, además, se pronunció sobre el operativo, mostrando su "pleno apoyo y gratitud al Gobierno de España y a los socios internacionales por su respuesta al hantavirus en estrecha coordinación”. "Un excelente ejemplo de cooperación multilateral para enfrentarnos con eficacia a emergencias sanitarias. Nuestra máxima prioridad es proteger a los pasajeros y la tripulación”, apostilló.

En pleno desembarco el lunes, la ONU también mostró su agradecimiento a España. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, respaldó al Gobierno y trasladó: "Aunque el riesgo actual para la salud pública que plantea el virus sigue siendo bajo, es importante que las medidas sanitarias internacionales garanticen la seguridad de todos, incluidos los pasajeros y la tripulación del MV Hondius".

El apoyo a España ha llegado estos días incluso desde el propio papa. "¡Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius!", manifestó León XIV en español tras el rezo del Regina Coeli. Para añadir: "¡Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas!". El pontífice cerrará su viaje a España con una parada en el archipiélago los días 11 y 12 del mes próximo.

Esas palabras a España también han llegado por parte de Rob Jetten, primer ministro de los Países Bajos, bajo cuya bandera navega el crucero. El nuevo líder de este país expresó su más sincero agradecimiento a España y al presidente Sánchez “por haber hecho esto posible”, además de destacar la “constructiva” colaboración entre los dos gobiernos durante esta compleja operación.

Frente a estos agradecimientos, a nivel interno, la oposición sigue confrontando con Moncloa y Sanidad. El propio presidente de Canarias, Fernando Clavijo, compareció este martes en el Parlamento autonómico y lanzó esta acusación: "Se ha faltado a la dignidad del pueblo canario, del Gobierno de Canarias y de las instituciones por ocultar una información que conocían desde el minuto uno". Una alusión en la que denuncia que supuestamente el Ejecutivo central sabía que había contagiados dentro del barco.

"Lo único que pedíamos era respeto, dignidad, lealtad y sinceridad, y del Gobierno de España y del PSOE hemos recibido mentira y ocultación", arremetió Clavijo (Coalición Canaria). Para remachar: “La afrenta y la mentira nunca las olvidaré”.

Sánchez, en cambio, evitó entrar en el choque y no contestó directamente a Clavijo, sino que subrayó esta filosofía: "España es de los pocos países en el mundo que en cuestión de horas es capaz de desplegar un operativo para garantizar una respuesta ejemplar y eficaz ante una crisis de emergencia o de salud global como hemos vivido o estamos viviendo en relación con el hantavirus".

Pero, en privado, fuentes del Palacio de la Moncloa lamentan la falta de lealtad de Clavijo: “No lo podemos entender”. Asimismo, califican de “graves” las acusaciones del presidente canario y recuerdan que el estado de los pasajeros no se sabía hasta que se hicieron las pruebas diagnósticas. 

A la vez, el Partido Popular y Vox siguen su cruzada contra el Ejecutivo de Sánchez a pesar de las palabras a nivel internacional. La portavoz de la ultraderecha en el Congreso, Pepa Millán, acusó a Sánchez de utilizar "cada tragedia para recortar libertad, sacar rédito político y que no se hable de la desbordante corrupción que protagonizan él y su entorno político y familiar más cercano".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que la operación para la repatriación de los pasajeros del crucero afectado por hantavirus "ha sido un éxito" y se ha saldado con "cero incidentes" y ha afirmado que el Ejecutivo "no bajará la guardia".

En una comparecencia tras reunirse con el director general de la OMS, Tedros Adhanom, Sánchez, ha afirmado que seguirá muy de cerca la evolución de los pacientes ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid y la situación a nivel global".

El presidente del gobierno se ha referido también a quienes "se han puesto de perfil" ante la llamada de auxilio y a ellos les ha dicho que "este mundo no necesita más egoísmo ni más miedo, necesita países solidarios".

"Muchos se preguntaban por qué España tenía que acoger el crucero con hantavirus. La pregunta correcta era otra: ¿por qué no vamos a proteger a compatriotas y a quienes lo necesitan?" ha subrayado.

Por su parte, Adhanom ha hecho balance de los casos de hantavirus y ha afirmado que hay 11 casos sospechosos ligados a este brote, nueve de ellos confirmados, y otros dos que “seguramente” también se confirmarán. “Son cifras que no han cambiado mucho a lo largo de la última semana gracias al esfuerzo de muchos gobiernos y no se han producido fallecimientos desde el pasado 2 de mayo”, ha explicado.

"Todos los casos sospechosos y confirmados han sido aislados y se están gestionando bajo una supervisión médica estricta, minimizando así el riesgo de cualquier transmisión ulterior. Ahora mismo no hay nada que apunte a que vaya a haber un brote mayor”, ha dicho, sin descartar que “la situación pueda cambiar”. Ha afirmado que cabe la posibilidad de que haya más casos, debido al prolongado periodo de incubación del hantavirus.

Además, ha querido dar las gracias al jefe del Ejecutivo, "no solo por cumplir con las obligaciones legales de España en virtud del derecho internacional", sino también por ejercer su deber moral de mostrar solidaridad para con los pasajeros del barco".

Los cuatro días que quedan de campaña en Andalucía son esenciales. Lo confiesan tanto en la sevillana calle de San Vicente como en la madrileña de Ferraz. El electorado progresista se activa conforme ve que se acercan las urnas. Y ahora mismo los socialistas se encuentran en una situación complicada, en la que peligran incluso los 30 escaños que tienen ahora mismo en el Parlamento autonómico.

Son varios los flancos que tienen abiertos en el PSOE y en los que se juega el resultado final de María Jesús Montero, la todopoderosa ex vicepresidenta primera de Pedro Sánchez que ahora se enfrenta a su mayor reto electoral y orgánico. Tiene por delante el objetivo de no caer por debajo del mal resultado que obtuvo Juan Espadas hace cuatro años, que marcó el suelo electoral del socialismo andaluz.

Montero y los suyos tienen ahora mismo una obsesión: conseguir despertar a muchos votantes que se mueven entre la abstención y la indecisión. El elector socialista es más difícil de activar para unas autonómicas en el sur, se implica mucho más en las municipales y en las generales.

En el cuartel general del PSOE se analiza que unos 500.000 votantes meten la papeleta en las generales,pero se quedan en casa cuando hay andaluzas. Y es un patrón que se ha repetido en las dos autonómicas más recientes, tanto con Espadas como en la última cita que encabezó Susana Díaz.

Por ejemplo, en las elecciones autonómicas de 2022, el PSOE superó apenas el 24% en una cita en la que la abstención llegó casi al 42%. En cambio, en las generales del 23 de julio de 2023, cuando la participación subió considerablemente en Andalucía (por encima del 66%) y la abstención cayó (33%), los socialistas lograron subir por encima del 33% de los votos. Algo similar ocurrió en las municipales del 28M de ese mismo año: con una participación superior al 60%, los de Pedro Sánchez también tuvieron más del 33% de las papeletas.

Asimismo, se miran con lupa las grietas que puede haber dentro del propio electorado que sí fue al colegio electoral en 2022. Según la encuesta de 40dB. para El País y la Cadena Ser publicada este lunes, el PSOE tiene una fidelidad de voto del 66% (un porcentaje por debajo del PP y de Vox). Su principal problema: el 8,3% de sus electores está ahora mismo indeciso. Y registra fugas de voto hacia Adelante Andalucía (7,1%), Por Andalucía (6,9%) y el PP (6,4%).

En la sala de máquinas del PSOE andaluz recalcan que lo importante es lograr llevar a los colegios a las mismas personas que en unas generales: “Movilización, movilización, movilización”. Y se fijan especialmente en que hay barrios socialistas en toda Andalucía que en unas regionales registran una participación de apenas el 30% cuando en las nacionales se disparan hasta el 65%. 

Fuentes del círculo de Montero señalan que lo importante es que en estos momentos, según sus estudios internos, hay entre un 10% y un 15% por ciento de votantes que no sabe si irá a las urnas. Ahí está la clave y, por eso, están obsesionados con que la participación pueda subir hasta ese número mágico del 65%.

En el PSOE andaluz trasladan que el bloque de la derecha está hipermovilizado, pero que no puede crecer más. Y destierran la idea de que se esté produciendo, como dice el PP, un fuerte trasvase de votantes socialistas hacia Juanma Moreno. El problema para el bloque de la izquierda es la participación, insisten las fuentes. 

Para animar a estos votantes, el PSOE ha diseñado una estrategia de recta final de campaña. En ella se implica de lleno el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien estará el miércoles en un acto en Pulianas (Granada) y también en el cierre de campaña, el viernes por la tarde, en Sevilla. En el equipo de campaña de Montero subrayan: “Él es el mayor movilizador. Y también el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que estará en un mitin el jueves en Cádiz”.

Los socialistas están centrando toda su campaña en la defensa de los servicios públicos y quieren convertir las elecciones de este domingo en un “gran referéndum sobre la sanidad”. Es un tema que provoca una gran preocupación entre los ciudadanos y, además, es el elemento que más ha desgastado a Moreno Bonilla en una legislatura marcada por su plácida mayoría absoluta.

En este sprint final, los socialistas, aparte de los grandes actos, están intensificando el “puerta a puerta”, especialmente en los barrios donde se registra una mayor abstención de los votantes socialistas en las autonómicas. Y comentan las fuentes que parte del resultado se juega en activar a votantes en grandes ciudades como Sevilla, Málaga y Cádiz. Asimismo, se están activando llamadas desde call centers y se reforzarán las campañas digitales. 

En el PSOE andaluz están convencidos de que la campaña se le está haciendo larga a Moreno Bonilla, cuyo principal objetivo es que no se movilicen los progresistas. Dirigentes del PSOE-A deslizan asimismo que las encuestas privadas tienen la intención de crear un clima que favorezca la abstención entre los votantes socialistas. Pero creen en el entorno de Montero que los resultados serán mejores de los que vaticinan los barómetros, como sucedió en Castilla y León. Y dan por descartado que puede producirse el escenario de que Vox los supere en provincias como Almería, Huelva y Cádiz.

A partir de ahora también los socialistas van a ir directamente a por el “voto útil”, como señalan varias fuentes del partido en Andalucía, y se van a presentar como la única alternativa para romper el dominio absoluto de Moreno Bonilla: “La gente tiene que ser consciente de que, por la división y la ley D’Hondt, Adelante Andalucía necesita 80.000 votos para un escaño, mientras que a Vox le bastan 40.000”.

El PSOE echa el resto. Se juega mucho en cuatro días. 

El hantavirus recorre de lleno la política española, aunque para la Organización Mundial de la Salud este brote presenta un riesgo bajo para la población. La oposición ha encontrado en la crisis sanitaria una oportunidad para tratar de desgastar por otro flanco al Ejecutivo de coalición en un momento sensible, con la vista puesta en las elecciones andaluzas del próximo día 17 y a un año, además, de que se celebren las autonómicas y municipales en Canarias.

Detrás de las discusiones técnicas, también hay un potente trasfondo político. Con varios factores sobre la mesa. El presidente canario, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha buscado el choque durante estos dos últimos días con el Ejecutivo central, acusándole incluso de no darle información, aunque posteriormente ha reconocido que sí habló varias veces con la ministra de Sanidad, Mónica García. Y también puso en el punto de mira al titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Este jueves se vieron las caras los tres en la sede del Ministerio de Sanidad en el madrileño paseo del Prado. Y, al terminar, el tono del presidente autonómico se rebajó al vender como un éxito suyo que finalmente el barco no atraque en el puerto, sino que fondee a unas millas de tierra. Una decisión tomada precisamente por Sanidad tras estudiar las diferentes opciones.

El Gobierno canario sigue insistiendo en su rechazo a que el barco llegue al archipiélago, aunque ahí el Ejecutivo central es firme por varias razones de peso: el derecho internacional, la petición de la Organización Mundial de la Salud (de la que España es Estado miembro), la solidaridad y el hecho de que haya 14 españoles a bordo del crucero. Además, España es el país más cercano para poder coordinar este tipo de operación, un extremo que rechaza Clavijo, que cree que debería haberse realizado en Cabo Verde.

En el Gobierno central tratan de rebajar el tono y no quieren entrar en la confrontación con Clavijo, aunque en privado el enfado es mayúsculo por la actitud del dirigente de Coalición Canaria, que gobierna junto al Partido Popular. Y recuerdan también la actitud del nacionalista durante la crisis de los menores migrantes en las islas, donde hubo colaboración al principio, pero luego hizo frente común con sus socios populares.

“Más allá del ruido, el operativo saldrá bien”, señalan fuentes del Gobierno. Clavijo, que dirigió durante dos días sus críticas al Gobierno desde Bruselas, también ha marcado perfil durante estos días. Precisamente, el ministro Torres es su gran rival político en las islas. El socialista fue el ganador de las pasadas elecciones autonómicas, pero CC se hizo con la Presidencia al pactar con el PP. 

Ángel Víctor Torres revalidó su cargo como líder del PSOE canario en el último congreso autonómico y tiene la intención de ser el aspirante en las elecciones de mayo del año que viene. En los últimos sondeos publicados, los socialistas serían de nuevo la fuerza más votada para el Parlamento regional, aunque PP y CC pueden conservar el Gobierno de la séptima comunidad más poblada de España. El partido de Pedro Sánchez ha sido la primera fuerza en el archipiélago en las últimas cuatro citas: generales, regionales, municipales y europeas.

Canarias es en estos momentos una de las batallas políticas más abiertas dentro del mapa autonómico. Por ejemplo, en la calle Ferraz creen que es uno de los gobiernos que pueden recuperar tras el batacazo del 28M, aunque siempre pendientes de que haya una lista competitiva a su izquierda. Asimismo, en unas semanas, las islas serán la parada clave de la visita del papa León XIV a España, que lanzará un mensaje a favor de la visión integradora y humanista de la migración en medio del ruidoso rechazo del PP y de Vox a la regularización impulsada por el Ejecutivo.

El Partido Popular se ha lanzado también de lleno contra el Gobierno. El foco principal de sus críticas es la ministra García. La portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, pidió este jueves su comparecencia de manera urgente y extraordinaria; en su opinión, debería celebrarse antes del próximo martes.

Muñoz lamentó "el caos absoluto" y acusó al Gobierno de no tener comunicación con los Ejecutivos autonómicos ni con el PP: "A la ciudadanía no le da ninguna tranquilidad pensar que esta crisis sanitaria puede ser gestionada por los mismos que no le dieron importancia al covid hasta que fue demasiado tarde".

No ha pasado desapercibido, además, que uno de los arietes del Partido Popular para lanzarse contra la ministra haya sido Elías Bendodo, dirigente malagueño. Y es que dentro de diez días se celebrarán elecciones en Andalucía. En el Gobierno son conscientes, como señalan varias fuentes, de que el Partido Popular sube el volumen contra el Ejecutivo y no arrima el hombro por esa cercanía del 17M. Fuentes del espacio progresista señalan: “Estamos en campaña electoral. A pesar del ruido, todo saldrá bien en la gestión”. 

Las críticas contra García por parte del PP se han acrecentado desde hace dos semanas. Y existen dos factores esenciales que las explican. El primero: el principal problema en Andalucía es la sanidad, es el flanco débil de Juanma Moreno, especialmente por la crisis de los cribados de cáncer. Por eso, los populares se vuelcan en criticar a la coalición usando asuntos sanitarios para contrarrestar. Llamó mucho la atención la semana pasada que Alberto Núñez Feijóo centrara su pregunta a Sánchez en el Congreso en la huelga de médicos.

Pero la ofensiva contra García tiene también un punto de inflexión: hace dos semanas oficializó su intención de volver a ser candidata en las elecciones madrileñas del año que viene. Desde ese momento, los populares han redoblado la presión contra ella y han exigido que sea cesada del Ejecutivo por la gestión de la crisis de médicos. Desde el Palacio de la Moncloa, en cambio, el apoyo es total a la ministra de Sanidad: “Es una mujer valiente. Sabemos que te creas muchos enemigos cuando te enfrentas a Quirón”.

Por su parte, Vox ha vuelto también a sus teorías de la conspiración y a deshumanizar a Sánchez, acusándolo de “no tener escrúpulos” y de ser capaz de “provocar una pandemia” con el objetivo de no hablar del caso Koldo. 

La gestión de un brote que no supone una amenaza generalizada, como señalan los expertos y la OMS, vuelve a zarandear, sin embargo, el tablero político español.

Los viajes de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en momentos complicados de su mandato no son una novedad y, en total, lleva más de 20 visitas a países extranjeros desde que ocupa el cargo. En este caso, la declaración de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, en los juzgados ha coincidido con un viaje de diez días de la baronesa del PP por México. Una visita que está tratando de aprovechar para convertir la historia compartida entre España y México en un campo de batalla ideológico, justo cuando Moncloa, Zarzuela y el Gobierno de Claudia Sheinbaum acababan de rebajar la tensión diplomática abierta desde hace tiempo.

La estrategia de Ayuso busca presentar a la Comunidad de Madrid como refugio económico y político frente a la izquierda latinoamericana, tejer alianzas con sectores conservadores mexicanos y reivindicar la Conquista y la Hispanidad como bandera. Se trata de un discurso nacionalista con tintes católicos en el que la madrileña reivindica la evangelización de los indígenas por parte del ilustrado español medieval –un mito ampliamente discutido por los historiadores– y defiende el pasado imperial y colonizador. 

Ayuso, además, ha aterrizado en México después de haber llamado al país "narcoestado" y de haber equiparado el Gobierno de Sheinbaum con la dictadura cubana desde un acto organizado por el universo MAGA en Mar-a-Lago. Ya en Ciudad de México, elevó el simbolismo con un acto en honor al conquistador español Hernán Cortés, en el que defendió que "el mestizaje es el mensaje de la esperanza y de la alegría". Sheinbaum respondió al día siguiente, sin citar a Ayuso directamente, que quienes "buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades" están "destinados a la derrota".

El choque por el papel de España en la conquista de México no es nuevo. En 2019, el entonces presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, pidió a España y al rey Felipe VI una disculpa por los abusos cometidos durante ese periodo histórico. La petición abrió una grieta diplomática que llegó hasta la toma de posesión de Sheinbaum en 2024. Entonces, la presidenta decidió no invitar al rey Felipe VI y, en respuesta, España no envió a ningún representante.

La tensión diplomática continuó hasta que, el pasado mes de marzo, Felipe VI reconoció que durante la colonización hubo "abusos y controversias éticas". Sus palabras fueron entendidas como un gesto de acercamiento hacia el Gobierno de Sheinbaum, pero no se libraron de las críticas de la derecha. "Lejos de pedir perdón, estamos inmensamente orgullosos del legado de España en México y viceversa”, aseguró la líder madrileña al ser preguntada por las manifestaciones del monarca. Vox también mostró su desacuerdo y afirmó que fue la conquista fue la “mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal”.

Hace solo unas semanas, Sheinbaum decidió viajar a última hora a Barcelona para participar en la cumbre progresista organizada por el presidente español, Pedro Sánchez. Allí la presidenta mexicana estuvo junto a otros líderes como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay). En la ciudad condal, Sheinbaum dijo ante los periodistas: "No hay crisis diplomática, nunca la ha habido". La mandataria mexicana constató un "acercamiento”, pero mantuvo la importancia del reconocimiento a los pueblos originarios.

Para el Gobierno, es esencial mantener una relación de máxima fluidez con México porque detrás hay unas relaciones económicas e históricas como pocas para España. Hace solo una semana, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reunió en el país norteamericano con Sheinbaum y le entregó en persona una invitación de Felipe VI para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Madrid. Albares habló de "afinidad", "sintonía" y "buena salud" de la relación bilateral. Fue entonces cuando la presidenta madrileña anunció su viaje.

Pero Ayuso se había metido de lleno en la relación México-España antes siquiera de pisar el país. El pasado mes de febrero equiparó el Gobierno de Sheinbaum con regímenes autoritarios y pidió que "Cuba, Nicaragua y otros países como México" rompieran sus "cadenas" y que se pusiera fin a los "narcoestados" de "dictadores de ultraizquierda". Sheinbaum respondió al día siguiente y calificó esas palabras de "propaganda" y "calumnia", y dijo que era "absolutamente falso" que México copiara modelos como Cuba o Venezuela.

Eso, sin embargo, no le ha impedido planificar un viaje que comenzó con una misa en la Basílica de Guadalupe y que también tendrá parada en la Riviera Maya. Ese primer día estaba previsto el acto "Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés", con la presencia de Nacho Cano, creador del musical Malinche, que aborda la historia entre la traductora indígena Malinche y Hernán Cortés, y que ha sido objeto de polémica por la supuesta contratación ilegal de becarios mexicanos. La denuncia, sin embargo, fue archivada provisionalmente por la Audiencia de Madrid en abril del pasado año. Ahora, la empresa que lo produce está en concurso de acreedores.

El acto, inicialmente previsto en la catedral Metropolitana, tuvo que trasladarse al Frontón México después de que la Arquidiócesis Primada se desmarcara. La cancelación llegó con apenas una hora de antelación y no frenó las protestas de organizaciones indígenas frente a la catedral. Ayuso reivindicó el “mestizaje” y la “evangelización” gracias a Hernán Cortés.

La respuesta de Claudia Sheinbaum llegó horas después en un acto de conmemoración de la Batalla de Puebla. Sin citar expresamente a Ayuso, la presidenta mexicana criticó a quienes "buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades" y sostuvo que quienes reviven la conquista como salvación están "destinados a la derrota”. En el aeropuerto de Aguascalientes, la diputada mexicana Anayeli Muñoz, del partido de centroizquierda Movimiento Ciudadano, se encontró con la presidenta madrileña y le reprochó que hubiera dicho que España tuvo que ir a "civilizar" México y que sus palabras faltaban al respeto a la cultura, al país y a la democracia mexicanas. 

El día anterior, había asegurado que precedía de “ese Madrid en el que hay muchas malinches” en “el metro, en las calles y en los colegios”. Un ejercicio de desconocimiento de las connotaciones que tiene en México lo relacionado con La Malinche, una mujer indígena nahua que actuó como intérprete, mediadora y consejera de Hernán Cortés durante la conquista de México que fue convertida en símbolo de “traición” por haber colaborado con los españoles. 

De hecho, el Diccionario del español de México define malinchismo como la tendencia de algunos mexicanos a preferir lo extranjero sobre sus compatriotas, productos, valores o tradiciones; y la RAE lo define como apego a lo extranjero “con menosprecio de lo propio”. No obstante, La Malinche como figura histórica es mucho más compleja y hoy también se reinterpreta desde perspectivas feministas, indígenas o poscoloniales, que la analizan como una mujer esclavizada, en un contexto de violencia colonial y alianzas indígenas complejas.

Ante las críticas de la izquierda española y de la mexicana por su visión colonialista, la baronesa del PP defendió que ella no va “a renegar de todo lo que hizo España”. Para la conservadora no se trata solo de defender una lectura concreta del pasado, sino de usarla como marco de confrontación presente.  

Con todo, Sheinbaum ha señalado que “no cree” que las palabras de Ayuso “minen” la relación diplomática entre ambos países. Para el Ejecutivo español, México es un aliado clave y por eso le da la máxima importancia a la cumbre iberoamericana, de la que España será el país anfitrión el próximo mes de noviembre. Una cumbre que ayudará a escenificar la normalización de una relación estratégica, histórica y económica, pero también muy sensible.

Además de México, Portugal y Andorra, están invitados Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que reconsidere la decisión de desplazar a las islas al crucero afectado por un brote de hantavirus, al no ver garantizadas las condiciones de seguridad.

"Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias", ha dicho a EFE Clavijo desde Bruselas, donde hoy tenía programada una reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

Clavijo ha precisado que está dispuesto a desplazarse a Madrid de inmediato si Pedro Sánchez acepta recibirlo y se pregunta por qué no es posible evacuar a los pasajeros del MV Hondius a sus respectivos países de origen desde el aeropuerto internacional de Praia, la capital de Cabo Verde, donde ahora está fondeado el crucero.

El brote de hantavirus declarado a bordo del MV Hondius días después de que partiera desde el puerto de Ushuaia, la ciudad más meridional de Argentina, afecta por ahora a siete personas, tres de las cuales han muerto, según datos difundidos por la propia OMS.

El Gobierno de Canarias entendía hasta última hora de la tarde del martes que Sanidad compartía su criterio: que el MV Hondius podía navegar hasta Países Bajos (país que le da bandera) tras desembarcar en Cabo Verde a los pasajeros que lo necesitaran sin hacer escala en las islas, salvo que durante la navegación se produjera algún nuevo contagio o incidencia que justificara recurrir a Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria como puertos más cercanos.

"El cambio de criterio ha sido muy desleal con Canarias y poco profesional", se ha quejado presidente de esta comunidad.

Fernando Clavijo no entiende por qué los pasajeros del crucero no pueden recibir la atención que se estime precisa en Cabo Verde, donde están ahora, sin someterlos a otros tres días de navegación hasta que lleguen a Canarias.

En su comunicado de la noche del martes, el Ministerio de Sanidad defendía que era su obligación "moral y legal" responder a la petición de la OMS de atender al pasaje del crucero y que el lugar más cercano "con las capacidades necesarias" es Canarias.

El presidente de Canarias sostiene, en cambio, que la OMS puede prestar esa atención médica en Cabo Verde "con todas las garantías necesarias" y con apoyo, si hace falta, de España, de Países Bajos o de los países de origen del pasaje del crucero. Y, en ese supuesto, ha subrayado, "Canarias prestaría el auxilio necesario".

"No entendemos que el crucero tenga que navegar hasta Canarias para hacer exactamente lo mismo se puede hacer en Praia", argumenta.

A su juicio, ha habido "un cambio de criterio radical" que no obedece a ninguna información médica o técnica que el Ministerio de Sanidad o la OMS hayan compartido con el Gobierno de Canarias.

Clavijo asegura que la última información directa que ha recibido de este asunto es un mensaje de WhatsApp de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien le comunicó casi a medianoche que estaban pensando en evacuar de inmediato a una persona a Tenerife.

En su comunicado público del martes por la noche, el Ministerio de Sanidad precisaba que también había aceptado una petición de ayuda del Gobierno de Países Bajos para "acoger al médico del MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será transportado a Canarias en un avión hospitalizado".

En principio, ese ciudadano neerlandés será ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, del Servicio Canario de la Salud, en cuanto llegue a Tenerife.

Desde hace quince años ningún papa ha visitado España. En poco más de un mes aterrizará León XIV en Madrid, primera parada a la que seguirán Barcelona y Canarias. Las administraciones trabajan de manera discreta aunque sin descansar para que todo esté listo. Pero, más allá de las grandes imágenes y ceremonias religiosas, su estancia dejará también varios mensajes de enorme calado tanto en la geopolítica internacional como en el tablero nacional.

El papa ha elegido Canarias como el colofón del viaje y estará en el archipiélago los días 11 y 12 de junio. Esto ilustra de forma clara su preocupación por el fenómeno migratorio y la integración de las personas que cruzan a Europa. Toda una declaración de principios que coincide en el tiempo con el proceso de regularización de migrantes emprendido por el Gobierno, cuya tramitación finaliza el día 30 de ese mes.

Este proceso de regularización en España ha sido defendido por la Iglesia, mientras que, a la vez, los partidos PP y Vox, los más afines al clero, están en pie de guerra contra el Ejecutivo por la reforma del reglamento que podrá afectar a más de 500.000 personas. Para el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, la regularización es “inhumana, injusta, insegura e insostenible”. Desde la ultraderecha, Santiago Abascal habla de “invasión” y de “islamización”, al tiempo que promete dar la batalla jurídica contra la medida y obliga a incluir la “prioridad nacional” a Génova 13 en sus acuerdos en comunidades como Aragón y Extremadura.

Sus palabras chocan con el espíritu de la decisión del papa de visitar Canarias. En la web oficial del viaje, el obispo de Gran Canaria, José Mazuelos, explica: “Nuestras islas viven de cerca una realidad que marca profundamente nuestro presente: la llegada de tantos hombres y mujeres que, empujados por la necesidad, el sufrimiento o la falta de oportunidades, alcanzan nuestras costas buscando un futuro mejor. Esta situación interpela nuestra fe y nos invita a vivir con mayor autenticidad el Evangelio de la acogida, la fraternidad y la dignidad de toda persona”.

“Por eso deseamos que la presencia del santo padre entre nosotros sea también un signo de cercanía y esperanza para quienes atraviesan situaciones de fragilidad y para todos aquellos que trabajan cada día en la acogida, el acompañamiento y la defensa de la vida”, argumenta.

En una línea similar se expresa el obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago, que en su mensaje avanza que la diócesis, con motivo de esa visita, tiene la intención de poner en marcha junto a Cáritas un proyecto de centro de día para personas sin hogar, “entre las que, cada vez más, encontramos a inmigrantes”. Una iniciativa con una entidad que está en el punto de mira ahora mismo de la ultraderecha, que quiere quitarle las ayudas porque dice que vive del “negocio millonario de la migración”.

En este mundo cambiante y agitado, se da la paradoja de que esa visión integradora y humanista de la migración acerca a la Iglesia y al Gobierno de coalición frente a las derechas. Diferentes dirigentes socialistas reconocen en privado que tiene mucha importancia la elección del papa de Canarias como uno de los lugares de su viaje, por encima de las visitas a Madrid y Barcelona. 

Este lunes, por sorpresa, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se vio en la Santa Sede con León XIV, un encuentro que no estaba recogido en las agendas oficiales. La audiencia duró 20 minutos y sirvió, según el jefe de la diplomacia española, para constatar la “enorme sintonía” entre el Vaticano y La Moncloa en temas de política internacional.

Además de la visita, los dos hablaron, según Albares, sobre preocupaciones comunes como "la defensa de la dignidad de todos los seres humanos, también de los derechos humanos de los migrantes, y a favor del derecho internacional". Compartieron su “rechazo a la guerra para resolver conflictos” y “la defensa del multilateralismo”.

Albares también mantuvo un encuentro con monseñor Paul Richard Gallagher, responsable del Vaticano para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales. Él sí le preguntó directamente por el proceso de regularización y trasladó al español que “lo veía como un gesto positivo”, según el propio ministro.

El Gobierno está cuidando hasta el último detalle esta visita. Este lunes también el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidió la reunión para coordinar el plan especial de seguridad. Un dispositivo de gran complejidad en el que están implicadas muchas instituciones, desde el Ejecutivo hasta la Casa Real y la Conferencia Episcopal pasando por las Comunidades de Madrid, Cataluña y Canarias, además de organismos como Renfe y Aena. Fuentes gubernamentales destacan el buen clima que se ha creado entre todos los actores implicados.

El viaje del papa coincide con el proceso de regularización y el debate abierto en el país. Este mismo lunes se publicó una encuesta de 40dB. para El País y la Cadena Ser que refleja la división de los españoles: el 37,6% de los ciudadanos la ve con buenos ojos, mientras que el 33% cree que es mala y el 21,5% la califica de regular. Los votantes de izquierdas son los que se muestran a favor de la iniciativa: Podemos (70%), Sumar (63%) y PSOE (59%). En cambio, el nivel de apoyo se desploma entre los electores de la derecha.

Pero, además, esta visita a España se produce en un momento en el que el pontífice ha alzado la voz claramente contra las políticas de su compatriota y presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tanto por su política migratoria como por su ataque unilateral a Irán, solo de la mano de Benjamin Netanyahu (Israel). En privado, fuentes cercanas a Pedro Sánchez dan una gran importancia a la actitud de León XIV y la contraponen a otros momentos de la historia en los que la Iglesia calló, como durante el ascenso del nazismo.

León XIV, que llegó al poder en el Vaticano en mayo del año pasado tras la muerte de Francisco, tuvo una primera etapa en la que rehuyó enfrentarse a Trump. Pero, desde hace unos meses, se ha convertido en uno de sus grandes antagonistas. Lo que supone un duro golpe para el presidente de EEUU, porque el papa es el otro estadounidense más poderoso del planeta y el máximo responsable de la Iglesia católica, la fe que practica el morador del Despacho Oval. 

Se dice por las redes que le ha salido un competidor apócrifo al presidente de Estados Unidos. El citado personaje se prodiga. Manifiesta vivir en la Casa Blanca II, que ha llenado de pasquines con su foto; en total 8637. Además se ha hecho acuñar varios millones de monedas de 10 dólares con su nombre. Puesto a glorificarse ha decidido celebrar los 250 años de su país con un sello de correos de 1000 dólares con su efigie y la escritura contorneada de la frase: Trump II cumple 250 años. Ha decidido que todas las corbatas que se vendan en ese gran país lleven su foto junto a un lema victorioso: Trump II tenía razón en todo, por más que le quisieran hacer “trumpas”.

Sus correligionarios han decidido ponerse una gorra, roja para más señas, que no se quitarán ni para dormir. Porta serigrafiado el lema: Trump II te desea felices sueños, cuando despiertes nuestro país será más grande. Tanto que llegará hasta Oriente Medio. Habita en un despacho octogonal, repleto de espejos que van de suelo a techo, en donde con mirarse en uno se ve ocho veces; como queriendo recalcar su poderío. Es tan buena persona que se ha hecho una foto en ese lugar con los líderes de todas las religiones dominantes en su país. La han distribuido por la redes, bueno básicamente TikTok, cuyo pie titula: Los salvadores del mundo junto a su jefe. La piensan llevar en el próximo viaje a Marte. Un secreto: va a obligar al New York Times a despedir a todos los periodistas ya que su antecesor Trump I fue un flojo que no se atrevió.

Ha hecho instalar un tiovivo delante de su Casa Blanca II. Invita a montarse en él a todos los mandatarios mundiales que van a rendirle pleitesía, más los muchos que acuden a adorar a Trump I. Tan buena persona es que ha prometido no enfadarse con nadie, excepto con un larguirucho español apellidado Sánchez II, que es como don Quijote pero en moderno. Además tiene un apellido vulgar, como muchos de los latinoamericanos que sobran en EEUU. El citado Sánchez es quien más veces le dice no. Es más, ni siquiera ha pedido visitarlo en la Casa Blanca II; por supuesto que le hubiera negado la entrada.

Su partido, con el nombre todavía en estudio, le pertenece. ¡Qué es eso de la democracia en las elecciones! Lo convertirá en la mayor sociedad socializadora del mundo; a su manera, claro. Quienes quieran salir en la foto de Navidad del año próximo, la harán desde un satélite, ya saben que no pueden contradecirle. Dicha imagen será enviada a todos los hogares de su país para bendecir el año venidero y todos los demás. El nuevo criterio de felicidad o no ya no será el Día de la marmota, sino la llegada del mensaje del almanaque anual. 

Está pensando utilizar un escudo como el jefe galo Vercingetorix. Cada vez que salga habrá nuevos porteadores, previo pago de 10.000 dólares. Lo recaudado servirá para colocar una bandera en un mástil kilométrico, para que se vea desde todo el mundo; incluso desde la Estación Espacial Internacional. En la bandera aparecerá solamente su imagen, no la del Trump I, rodeada de 49 estrellas. Dice que lo de Puerto Rico da más de un quebradero de cabeza y obliga a emplear paracetamol, y no es el caso. Con ocasión de grandes eventos organizará fiestas multitudinarias. Tendrá lugar en ese estadio de beisbol en donde los malos americanos se metieron con Trump I, hasta casi dejarlo en ridículo. Sé de buena tinta que ambos Trump se han peleado espiritualmente alguna vez, si bien no recuerdo si me lo contaron o fue en sueños. Lo que sí leí hace poco es que un tal Eugene recomendó al segundo de la saga que fuese más duro con España y el “ultraizquierdista” Sánchez II. ¿Lo publicó The Wall Street Journal? No estoy seguro.

Abundio no solo significa tontuna, como tal se utiliza en España. En realidad viene de abundante, de latinajo origen, por eso se asocia a extremadamente generoso. Así, el personaje del que hablamos va a repartir los dineros ganados vendiendo armas y petróleo tras su incursión en Irán. Pero solo a los magnates que le subvencionaron la tropelía; al resto de los norteamericanos no, porque eso supondría una crisis económica mayor que la de 1929. De repartir las ganancias sacadas del fracking no ha dicho nada. 

Me lo contó un sabiondo californiano, de cuyo nombre no me acuerdo; lo único que sé es que no hacía cine. Me dijo también que este señor, el número II, era un narcisista. ¡A saber! Ni quito ni pongo. Yo he actuado únicamente de escuchante escribidor. Así que dudo si es cierto o no lo que cuento. Es posible que todo parecido con la realidad sea pura coincidencia. ¿Acaso en una soñada lectura de El Mundo Today?

A pesar de todo, con el debido respeto. San Abundio de Como está pintado en un fresco de la iglesia románica de San Pedro de Gemonio (Italia).

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

Cada vez es más habitual en los plenos del Congreso —en las sesiones de control al Gobierno, pero también en los debates más de fondo— que determinados portavoces conviertan al presidente en un criminal, en un traidor a la patria, en el responsable directo de la muerte de personas o en el agente de una conspiración para islamizar al pueblo español. Los medios hablan entonces de debate "duro" y "tenso". La violencia verbal queda así registrada, distribuida y, sobre todo, normalizada como un fenómeno equidistante.

infoLibre ha analizado los diarios de sesiones de dos plenos de este año —el del 11 de febrero, sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, y el del 25 de marzo, sobre la guerra en Oriente Próximo— para hacer algo que la crónica del directo impide: leer con calma lo que se dijo, identificar quién lo dijo y evaluar si el lenguaje pertenece al debate político o a otra cosa.

Para este análisis hemos manejado cuatro categorías: descalificaciones personales que atribuyen maldad o deshonestidad estructural; metáforas de violencia física o muerte aplicadas a la acción de gobierno; deshumanización del adversario o de grupos sociales; y atribución de intencionalidad criminal sin base factual demostrada. Cada ejemplo citado está extraído literalmente del Diario de Sesiones.

La primera conclusión es que la violencia verbal en el Congreso llega, sobre todo, del lado de la derecha. No es un fenómeno difuso que afecta por igual a todos los portavoces. Se concentra, con una consistencia que va más allá de la calentura del momento, en los discursos de Santiago Abascal y, en menor grado pero con idéntica lógica, en los de Alberto Núñez Feijóo.

Abascal lidera la escala con ventaja. Su lenguaje es el que con más frecuencia convierte la crítica política en imputación moral y, en el tramo final de sus intervenciones, en acusaciones penales directas.

En la categoría de descalificaciones que atribuyen maldad estructural, el 25 de marzo no señaló errores de política exterior: diagnosticó una voluntad activa de daño. “Usted quiere la guerra porque a usted le da igual que sea en Irán o en Ucrania. A usted le gusta la guerra, le gustan las pandemias, le gustan las inundaciones, le gustan las borrascas”. En la misma sesión cierra el argumento: “Como los peores belicistas de la historia, el señor Sánchez quiere la guerra porque el ruido de las explosiones oculta sus corruptelas, sus crímenes, sus traiciones”.

La atribución de intencionalidad criminal sin base factual demostrada alcanza en el líder de Vox su formulación más explícita. El 11 de febrero, con el accidente ferroviario de Adamuz como objeto del debate, su intervención concluye: “Yo afirmo con toda claridad que Adamuz fue un crimen y no solo un accidente, señorías, un crimen que les pesará a ustedes en sus conciencias y del que espero que respondan ante los tribunales”. La frase no es una advertencia: es una condena. Ningún procedimiento judicial había establecido en ese momento —ni lo ha hecho ahora— la existencia de un crimen.

En cuanto a las metáforas de violencia, Abascal afirma que “la corrupción que han traído a España mata” y que “la invasión migratoria a la que nos condenan arruina y mata también”. El verbo “matar” aplicado a políticas públicas sitúa el lenguaje en un espacio donde la metáfora y la acusación se vuelven indistinguibles.

Ese escalado retórico no se detiene en sede parlamentaria. El pasado 24 de abril, en un mitin de precampaña en Cádiz, Abascal llamó “mierda” al presidente del Gobierno y “rata” al ministro del Interior. La secuencia es reveladora: lo que en el hemiciclo adopta la forma de acusación penal, en el mitin se convierte en insulto directo. No hay modulación entre ambos registros; hay escalada.

Lo que hace Feijóo es estructuralmente parecido, aunque ejecutado con una dicción más contenida. El líder del PP acumula un volumen notable de expresiones agresivas a lo largo de sus intervenciones, con una densidad mayor que la de Sánchez, aunque sin alcanzar la intensidad puntual de Abascal.

En la sesión del 25 de marzo, describió a Sánchez como ”un trilero”, lo llamó “perdedor” como categoría permanente y, en la réplica, escaló hasta decir: “No solamente usted es un matón, es que tiene un tic dictatorial peligrosísimo, señoría, peligrosísimo”. El adjetivo “dictatorial” no describe una medida concreta, sino una naturaleza de carácter. Aplicado a un presidente electo en un sistema democrático, no es crítica política: es una caracterización esencial.

Las metáforas de violencia y muerte fueron especialmente abundantes en el debate del 11 de febrero: “Han jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad. Este era un accidente evitable, no una catástrofe imprevisible”. Su cierre fue explícito: “Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte”. En la misma sesión rozó la cuarta categoría cuando advirtió: “Encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta”. La diferencia con Abascal es de matiz: la advertencia frente a la condena. Feijóo predice consecuencias judiciales; Abascal declara el crimen ya cometido.

La complicidad del PP con este clima tampoco se limita al hemiciclo. El partido se sigue oponiendo a retirar la acreditación parlamentaria a Vito Quiles, agitador ultraderechista con múltiples denuncias judiciales activas —entre ellas, una por agresión a la esposa del presidente, Begoña Gómez— y al que el PP invitó a cerrar su campaña en Aragón. Los de Feijóo han manifestado formalmente su oposición a la expulsión de Quiles del Congreso mientras la Mesa estudia posibles modificaciones del reglamento de acreditaciones. La lógica del PP es coherente con lo que ocurre en la tribuna: si el lenguaje de Feijóo es tolerable en el hemiciclo, el hostigamiento físico de Quiles en los pasillos también merece protección.

El caso más explícito de conexión entre retórica y violencia física no ha tenido lugar estos días en el Congreso —más allá del insólito desafío de un representante ultra al presidente de la Cámara—, sino en la Asamblea Regional de Murcia. El 15 de abril, el diputado de Vox Antonio Martínez afirmó en pleno debate parlamentario que existe “el deber de combatir, incluso con violencia”, las leyes que en España protegen el derecho al aborto y a la eutanasia.

Pedro Sánchez ocupa el tercer lugar en esta escala. Su lenguaje agresivo existe, pero se concentra en las réplicas, especialmente cuando responde a ataques directos. En la sesión del 25 de marzo formuló sobre el PP y Vox una de sus frases más cargadas: “Sabemos que no podemos permitir que estos vendepatrias que no tienen más amo que el dinero lleguen al poder”. Sobre la oposición ante el real decreto: “Son los del no a todo, excepto cuando hablan sus amos o sus compañeros de armas: ahí corren como perritos falderos a lamer su mano”. 

En la cuarta categoría, Sánchez es más cauteloso, pero en algunas réplicas de marzo roza el límite: “Igual está embolsándose el tercer sueldo o haciendo chanchullos para obtener el cuarto o el quinto“. La palabra “igual” disimula, pero no oculta, la dureza de la frase.

Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar, ocupa el cuarto lugar. Sus expresiones más extremas se dirigen a actores externos —el ejecutivo israelí, la administración Trump— y rara vez a sus adversarios parlamentarios directos. En toda la muestra, es la única portavoz que no formula ninguna descalificación personal sobre ningún parlamentario presente, no emplea metáforas animales sobre sus adversarios y no atribuye a nadie presente en el hemiciclo una intencionalidad criminal.

Sostener que “todos hacen lo mismo” se ha convertido en una posición por defecto en gran parte de la cobertura periodística española. Tiene la ventaja de parecer ecuánime. Y tiene el inconveniente no solo de ser falsa, sino de legitimar y validar a quien de verdad practica la violencia verbal más intensa.

El fenómeno no es exclusivamente español, ni sus consecuencias son solo retóricas. En Estados Unidos, el debate sobre si la violencia verbal impulsa violencia física ha adquirido urgencia empírica, en particular tras el tercer intento de asesinato que afronta su presidente. 

Un análisis reciente publicado por CNN examina lo que revelan las encuestas más recientes sobre la actitud de republicanos y demócratas ante la violencia política. Los datos muestran un amplio consenso bipartidista en que la violencia por motivos políticos va en aumento —hasta el 85% de los estadounidenses lo cree, según el centro Pew—, aunque una mayoría mayor culpa de ello a la retórica incendiaria republicana (el 69% según Gallup dice que han ido demasiado lejos) que a la demócrata. 

Sin embargo, la percepción de quién es más responsable de la violencia real se ha igualado notablemente: datos de PRRI y Pew sitúan a grupos de derecha e izquierda casi en empate (44% vs. 41%, o 52% vs. 53%), una tendencia de “ambos lados” que se acentuó tras atentados como el que costó la vida al activista ultra Charlie Kirk. Lo más llamativo es que la disposición a justificar la violencia para lograr objetivos políticos ha convergido entre simpatizantes de ambos partidos —en torno al 17-19% según PRRI—, cuando antes los republicanos triplicaban a los demócratas en esa respuesta. 

La pregunta relevante no es si el debate político español es duro —siempre lo ha sido—, sino si ha cruzado un umbral a partir del cual el lenguaje ya no describe la realidad política sino que la fabrica. Un lenguaje que convierte las políticas en crímenes y a los rivales en asesinos no sólo polariza el debate, acaba destruyéndolo.

La Comunidad de Madrid se engalana este sábado para celebrar su festivo regional con los focos puestos en su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y en qué palabras utilizará esta vez para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Como ya avisaba el año pasado en infoLibre el presidente de la FRAVM Jorge Nacarino, el acto institucional por el Dos de Mayo ha pasado de ser un homenaje al levantamiento del pueblo madrileño en el año 1808 a escenificar por todo lo alto la ruptura entre el Gobierno regional y el central.

El acto de este año llega marcado, igual que en 2025, por el enfado de Ayuso ante la negativa del Ministerio de Defensa de autorizar un desfile militar en el ‘Kilómetro Cero’. ¿La respuesta? Excluir –de nuevo– de la celebración a cualquier miembro del Ejecutivo central y definir como “sectaria” la postura del Gobierno central. 

Repasamos cuáles han sido las polémicas que han marcado a lo largo de los años el Dos de Mayo y cómo esta fiesta ha servido a Díaz Ayuso para afianzar su cruzada contra Pedro Sánchez y el Ejecutivo. 

La inquina contra el Ministerio de Defensa por dejar a Madrid sin desfile en 2025 dista mucho de la estampa en plena pandemia, cuando el 2 de mayo de 2020, guardando todas las medidas de seguridad por el covid-19, Díaz Ayuso bautizaba a la ministra Margarita Robles como “la nueva Manuela Malasaña” por su labor durante lo peor de la crisis sanitaria que asoló el mundo ese año.

“Algunas veces, durante esta batalla contra el virus, os ha faltado con qué protegeros y habéis salido a luchar con lo que teníais: os digo que no volverá a pasar; con imaginación e iniciativa hemos hecho frente a lo peor, colaborando juntos, sin colores, ideologías, ni prejuicios”, aseguró a los presentes.

Un año después, la misma fiesta coincidió con el fin de una campaña electoral en la que la palabra más repetida fue “libertad” y en la que dedicó a Sánchez declaraciones como esta: “Necesitan Madrid para seguir con su hoja de ruta, que es romper España, dividirla territorialmente y crear ciudadanos de primera y de segunda”.

Tras estas declaraciones durante la campaña, el Dos de Mayo adquirió un tono conciliador, deseando que ese día sirviese “de paréntesis en la disputa”, pero dejando claro que dos siglos atrás "el pueblo de Madrid se echó a la calle para demostrarle al mundo que no hay bien más preciado que la libertad", y lo hizo "por la nación entera, y no sólo por Madrid". Dos días después, Díaz Ayuso salió victoriosa al balcón de Génova tras conseguir una mayoría absoluta para gobernar la región.

Después de un año gobernando en solitario, en 2022 Isabel Díaz Ayuso llegó a la fiesta regional con toda la artillería pesada, dejando claro que Madrid es la España necesaria “frente a las ideologías totalitarias que enfrentan a unos contra otros; es la realidad abierta de unos junto a otros y que niega la confrontación ideológica en la Educación, en la familia, entre sexos, el campo y las ciudades o nuestra intimidad, que no fabrica clases sociales”. 

“El verdadero fracaso viene cuando se cede ante el terror, la mentira, el totalitarismo, o la injusticia, hasta que la confrontación o la ruptura de la convivencia se hacen inevitables”, destacó la dirigente madrileña, agregando que no iba a “perder tiempo, ni malgastar energías en batallas estériles, en confrontaciones absurdas, en iniciativas fracasadas, en gasto inútil que despilfarra el esfuerzo de los ciudadanos”. “Madrid se respeta a sí misma y por eso respeta a todos”, sentenció.

El discurso de 2022 sentó un precedente para todos los Dos de Mayo que estaban por llegar, siendo el del año 2023 la fiesta de la polémica con un gran protagonista: el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

La foto del día no fue ni Ayuso durante su discurso ni ninguna sobre el homenaje a los héroes de Madrid. La foto del Dos de Mayo de 2023 fue una en la que se ve a la responsable de protocolo de la Comunidad de Madrid impidiendo el paso a Bolaños a la tribuna de honor, lugar al que sí se le dio acceso en 2022.

Que el foco se pusiera en este hecho fue algo que enfureció a Ayuso, cuyas declaraciones sobre Madrid, la libertad y la “inmensa responsabilidad” que tiene la capital –“porque lo que pase aquí resonará en toda España”–, quedaron diluidas en la controversia.

Con más calma, pero todavía con rencor, al día siguiente la popular acusó a Bolaños en la Cadena Ser de presentarse allí para “provocar” e intentar “reventar este evento y crear mal ambiente” para que no se hablase de un “día magnífico” como es el 2 de mayo. 

“Cada casa tiene sus normas y, sobre todo, es que estamos dando por normal que la presencia de un ministro sea de obligado cumplimiento porque así lo decide el Gobierno”, indicó. También advirtió que las autonomías son “contrapesos” y “no todo es el Gobierno, y no todo es (Pedro) Sánchez”. 

“Al señor Bolaños se lo dijimos amablemente, que no estaba invitado, y luego fue, a mi juicio, en calidad de provocación”, reiteró Ayuso. Quien sí subió a la tribuna de autoridades fue Alberto Núñez Feijóo, invitado personalmente por Ayuso, la cual subrayó que el Gobierno ya estaba representado en la tribuna con la presencia de Margarita Robles, que sí fue invitada –junto a Isabel Rodríguez, que no acudió–. Desde este incidente, Bolaños no se ha atrevido a acercarse a la Real Casa de Correos un Dos de Mayo.

El Dos de Mayo de 2024 llegó cargado de tensión por los diversos ataques entre el Ejecutivo regional y el Gobierno central. Tras lo ocurrido con Bolaños el año anterior, el “desplante” a Díaz Ayuso en la inauguración de un tramo del AVE y la “cacería política” orquestada –según Ayuso– desde Moncloa contra su persona y Alberto González Amador, la presidenta decidió que al Dos de Mayo no iba a ir nadie del Gobierno, excepto el Delegado en Madrid, Francisco Martín, con el que la relación en los últimos años también ha ido de mal en peor.

Finalmente se instauró la tregua para celebrar la fiesta de los madrileños, y en representación del Gobierno central acudieron tanto Martín como Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. 

Torres señaló su voluntad de “tender la mano” a la Comunidad de Madrid para “caminar juntos en la convivencia y la democracia” y hablar de temas como “la vivienda o el empleo”. Por su parte, Ayuso reiteró que en la región madrileña no triunfan “ni los abusos, ni las injusticias”, afirmando que su Comunidad es “la región al servicio de España” como ”siempre” ha sido porque es “la plaza mayor de todos”.

A pesar de la tregua, las críticas entre PP y PSOE se dejaron ver igualmente. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no quiso perder la ocasión de opinar que los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno “consisten en la persecución a todo aquel que disiente de Pedro Sánchez”, que “no acata los deseos del amado líder”. 

Por su parte, fuentes socialistas hicieron hincapié en la ausencia de Núñez Feijóo, incidiendo en que “los grandes nombres del Partido Popular” han dejado “sola a Isabel Díaz Ayuso en uno de sus días grandes por excelencia”. “Tiene un aluvión de preguntas sin responder, una pareja delincuente confeso por delito fiscal y una casa en la que reside que no sabemos si se está pagando con dinero del fraude fiscal”, agregaron.  

Esta calma tensa volvió a romperse en 2025, cuando desde Defensa decidieron suprimir el desfile militar, habitualmente desplegado el día de la fiesta de la comunidad, y Ayuso, sin echarse atrás como el año anterior, denegó la invitación a cualquier ministro y no se quedó corta con las “puyitas” en su discurso.

"A nosotros nadie nos encierra, nos apaga, ni nos deja en evidencia ante el mundo. (...) Si alguien duda de que España es así, que se venga a Madrid, y escuche por sus calles esta misma forma de ver la vida, en todas sus formas", espetó. 

Todo hace presagiar que, este sábado, Díaz Ayuso volverá a valerse del acto institucional del Dos de Mayo para ejercer una crítica mordaz contra el Gobierno central disfrazándola de la gran fiesta de los madrileños.