Pronto se cumplirán 40 años desde que en la editorial Ruedo Ibérico publicamos Extremadura Saqueada y ya entonces tratábamos a fondo el problema de la energía nuclear y de las centrales nucleares, y de la de Almaraz en concreto. Toda la historia de corrupción y chapuzas tecnológicas la contamos en dicho libro, desde los primeros fallos hasta el más grave, que se produjo en el circuito primario de refrigeración y que nos hizo traer a un equipo de expertos de EEUU, contratado por la Junta de Extremadura, para analizarlo a fondo (este tema lo explicamos en su día en El País en una entrevista de Félix Monteira).

Los incidentes no han dejado de producirse a lo largo de estos 40 años, y algunos han trascendido, a pesar de las presiones de las eléctricas y de los inversores, los cuales han ido frenando las informaciones que se producían con la opacidad del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Tras algunas paradas no programadas, cuando fue llegando la hora de cancelar esa instalación, diversas estrategias de las compañías propietarias —aliadas con una Administración absolutamente partidaria y gracias a los informes favorables del CSN— se las ingeniaron para prolongar la vida de la central de forma temeraria hasta llevarla a una duración casi del doble de la prevista inicialmente. Ni siquiera han respetado las fechas que se pactaron al principio.

Ahora, después del reciente suceso —también relacionado, al parecer, con el circuito primario de refrigeración— y por el que han tenido que llevar a cabo una parada no programada —del que tampoco han informado debidamente a la opinión pública—, se toma la decisión de prolongar tres años más la vida de Almaraz con el respaldo del Consejo de Seguridad Nuclear, pese a haber algún miembro crítico con dicha decisión.

La historia de sucesos en torno a esta central es tan tenebrosa que invitamos a los ciudadanos a que se informen acerca de lo que estamos diciendo o lean el informe Amanecer sin Almaraz, publicado por ADENEX, en el que se puede encontrar la cronología de todos los hechos que se han ido sucediendo. Así entenderán con detalle las razones por las que esta prórroga no debería concederse.

En el Cuaderno Extremeño fuimos críticos con Guillermo Fernández Vara por el tema de Almaraz, y lo somos ahora con Pedro Sánchez, a pesar del apoyo que le hemos prestado en muchas otras ocasiones por ser el presidente más perseguido por toda la ola reaccionaria. Prorrogar la vida de la central nuclear de Almaraz es una irresponsabilidad absoluta.

Si se produjera algún accidente en ella, los que ahora exigen la prórroga serían los primeros en hacer recaer la responsabilidad en el Gobierno, y no habría un lugar en el mundo donde sus miembros pudieran esconderse. Pregunten o lean las declaraciones del ex primer ministro de Japón tras el accidente de Fukushima para saber cómo mintieron a la población y cómo, hasta hoy mismo, han de seguir luchando contra el agua radiactiva.

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Juan Serna Martín es director de la revista 'Cuaderno Extremeño para el Debate y la Acción' y exconsejero de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.

La importancia y extensión que han adquirido las tecnologías en nuestra época han logrado que nos dotemos, casi sin pretenderlo, de un manual de instrucciones para solucionar muchos problemas cotidianos que antes almacenábamos con más esfuerzo en nuestra memoria. Programar soluciones a problemas complejos se ha vuelto simple, incluso para mentes poco dotadas, como es el caso de Abascal. Las instrucciones algorítmicas del opúsculo, que caben en la cabeza de Abascal, son muy sencillas y fáciles de entender.

Abascal maneja un algoritmo diseñado en un papel tamaño cuartilla que utiliza en todas las crisis por muy complicadas que se adviertan, ya se trate de catástrofes naturales, como la dana; del número y extensión de los incendios; del asesinato de las mujeres por violencia machista; o, en el último caso, de la guerra híbrida provocada por la entrada a Ceuta de 72.000 personas, la mayoría marroquíes, entre adultos y menores. El algoritmo programado por Abascal es el siguiente: España ha tenido muchos enemigos a lo largo de su historia, pero actualmente solo hay uno identificable en el país: Pedro Sánchez.

Sánchez definió la entrada masiva de migrantes a Ceuta como "un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible [...], pues recuerda a la situación vivida también en el año 2021 [...] Y en las interlocuciones que hemos tenido con las autoridades marroquíes lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo”.

En general, estas declaraciones han parecido a analistas, medios de comunicación y articulistas parcas, demasiado concisas y sin profundizar en las causas que provocaron una avalancha de 72.000 marroquíes y otras nacionalidades, entre adultos y menores. Nada más lejos de la realidad. Los flujos migratorios en la UE son y han sido en estos últimos años el campo de batalla entre los Gobiernos porque traspasan muchas fronteras. A mi juicio, Pedro Sánchez ha asumido, después de ocho años en la Presidencia del Gobierno, que las relaciones internacionales y entre Estados son muy complejas; y ha aprendido a decir lo que tiene que decir y a callar lo que debe callar. De todo lo dicho y escrito sobre Pedro Sánchez, me interesa recalcar el mensaje que nos aporta el proverbio latino: intelligenti, pauca.

Este mensaje no se ha captado por analistas y dirigentes políticos. Pero el Gobierno, a través de sus ministros, no se saldrán del guion. Marlaska, al que le tocan todas las crisis, ya ha dado muchas explicaciones, ha sentido la solidaridad de Europa y mantendrá sus tesis de apaciguamiento con Meloni y la danesa Mette Frederiksen, a pesar de que en su carta vinculan la inmigración irregular con la delincuencia, que los datos desmienten. Por su parte, Margarita Robles continuará elogiando al CNI. Y José Manuel Albares reafirmará la cooperación leal y amistosa que España tiene con Marruecos. Otras cosas son las consecuencias a medio plazo de los errores que hayan analizado y advertido tanto el Gobierno español como el marroquí y que puede traducirse posteriormente en alguna dimisión o cese de funciones por motivos personales. Porque ambos Gobiernos sí harán autocrítica interna.

La gran amenaza para los demócratas y progresistas españoles, europeos y mundiales viene de las ultraderechas y el fascismo. ¿Qué pintaba Trump en la crisis migratoria ceutí? Nada, salvo defender sus intereses geopolíticos en la zona desde su posición imperialista y advertir a los norteamericanos del riesgo del gobierno de los demócratas. En España, Abascal ha emprendido una carrera a tumba abierta contra Pedro Sánchez que no tiene comparación con el descarado lenguaje anterior. En lo personal, ha traspasado la barrera de lo soez, del insulto, para convertirse en delictivo; y en el ámbito político, en fascista.

Ante el público que le escuchaba en Ceuta, Abascal declaró que “por la regularización de los residentes irregulares, emprendida por el Gobierno, se ha producido la invasión de Ceuta, un acto de guerra, y por la invasión vienen las puñaladas y las violaciones; todo es culpa del traidor y mafioso Pedro Sánchez”, por lo que la solución para España pasa por acusarlo, llevarlo al banquillo y juzgarlo. “Pedro Sánchez está sometido a Marruecos, porque tiene informaciones de corrupción y mafias que nosotros todavía no conocemos”. El algoritmo con el que sueña Abascal para Pedro Sánchez no es solo la verborrea imprecisa de un dirigente ultraderechista y fascista. Con sus palabras pretende que algún juez o fiscal se haga eco de las mismas para abrir diligencias contra Pedro Sánchez acusándole de traidor al Estado. Esta es mi advertencia.

Con el camino de vuelta a Marruecos de la mayoría de los que entraron, quedan las graves secuelas de la permanencia de los mil quinientos menores. Y los que se proclaman refugiados. En 2021 escribí que Marruecos no era un Estado fallido y, por tanto, el Estado tiene la obligación de hacerse cargo de sus hijos. Son el fruto, todavía no maduro, que las familias ofrecen al Estado marroquí para su permanencia. Los que heredarán y labrarán sus tierras, fabricarán su industria, los que se formarán y regirán sus universidades. De los que saldrán los grandes atletas y deportistas. Antes, el Estado tiene que proporcionar a las familias, como todos los Estados, trabajo para vivir con suficiencia, escuelas para todos y la mejor sanidad para sus hijos sin que los mayores puedan renunciar a su patria potestad. Exige, pues, la máxima y rápida colaboración entre los Estados para su retorno, sin poner trabas a la supresión de las leyes administrativas y judiciales españolas.

Finalizado este artículo, pensando que la política de apaciguamiento y cooperación entre los Gobiernos de España y Marruecos sería la que predominaría en estos próximos meses, Marruecos ha elevado la tensión por las declaraciones del ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, el más beligerante con la pertenencia de Ceuta y Melilla a Marruecos. El Gobierno español ya ha respondido defendiendo la integridad territorial española.

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.

Muchísimos nos hemos hecho esta pregunta ingenua: ¿ni la policía marroquí, ni la española, ni el CNI conocían lo que se preparaba en Ceuta? No se lo cree ni Pésanchez. Y mira que le defendemos siempre, pero aquí hay “gato encerrado”.

¿Y qué hacían los de la inteligencia española, sí, esos del CNI? Marruecos es uno de los lugares que tienen que trabajar de verdad (especialmente en las fronteras, Ceuta y Melilla).

Es primordial que los españoles sepamos por qué no tenían información y, si la tenían, por qué no la dieron y, si la dieron, por qué no se anticiparon a la llegada masiva de migrantes.

Si no tienen ni la más remota idea, debe dimitir el director del CNI, o que lo haga el ministro o su segundo de abordo por no conocerlo; o que dimita el propio Sánchez si estaba “a dos velas” en este tema tan importante. Pero que no nos salga con la estúpida denuncia de la crisis en Ceuta como "una violación de la integridad territorial de España", culpando a las mafias que trafican con personas.

También la oposición PP-Vox capea a sus anchas diciendo disparates y colocándose al límite de lo constitucional. Feijóo y Abascal, a dúo, responsabilizan al Gobierno de la crisis en Ceuta, y apuntan a que se conocía la amenaza "desde principios de semana". Y, ¿si la conocían ellos dos, por qué no dijeron nada?

Feijóo y Abascal han ido a Ceuta a alentar el racismo y el odio. ¡Qué patrioteros son! Allí una mujer les recuerda que los migrantes son personas, que han muerto muchas, y que no se puede tratar a los seres humanos así. Se lo decía en inglés a Feijóo, (pensando que un político que aspira a gobernar España lo entendería). Feijóo no se enteró de nada, como siempre.

Según la Constitución eso es lo mismo que hicieron los golpistas, alta traición al Estado. ¡La derecha de este país no tiene límites!

El Gobierno aclara ahora que no tuvo "ningún tipo de información" de sus servicios de seguridad sobre la avalancha de 60.000 personas a Ceuta (al final más de 72.000). El delegado del Gobierno asegura que no supieron del contingente de personas que se dirigía hacia la frontera hasta que lo vieron acceder. ¡De risa, la información privilegiada del CNI!

Al Gobierno le sorprendió la crisis de Ceuta: "Si hubiéramos tenido información, no entran 50.000", ¡dicen, encima! Que no nos tomen el pelo, por favor…

Y, además, dice Pésanchez que el fallo del Supremo sobre la emigración también influyó en crear más confusión. Pero, si se conocían estas señales, ¿como pudo el Gobierno ignorar lo que iba a ocurrir en Ceuta?

También hay otra serie de factores que ayudan a entender este desbarajuste ocurrido en Ceuta. Uno de ellos sería el apoyo de Estados Unidos e Israel a esas maniobras de Marruecos en el contexto de ese rechazo a España al aumento del gasto en defensa en la OTAN, al rechazo a la guerra en Irán o al apoyo a Palestina o al Sáhara Occidental.

Esta tensión aumentó después de que España negara el uso de las bases de Rota y Morón y de su espacio aéreo para operaciones estadounidenses contra Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió con amenazas y Washington profundizó su cooperación con Marruecos, con concesiones económicas, armamentísticas y otras. Israel también tiene interés en fortalecer a Marruecos dentro de su estrategia regional contra Irán.

El rey de Marruecos, Trump y Netanyahu tienen en común una cosa: no ven con demasiados buenos ojos a España. Y cada uno actúa por su cuenta. “Lo triste es que otros dentro de España actúan también según les interesa a esos tres".

Aunque el Ejecutivo de Pésanchez pide a sus miembros que eviten ataques al gobierno de Marruecos, algunos dirigentes de Sumar acusan a Rabat, y a Mohamed VI, de urdir una "operación de desestabilización".

Y, según el ministro Marlaska, es una combinación de mafias de personas, factores legales internos de España y la postura geopolítica de Marruecos muy intencionada.

La inmigración como arma de presión política: ¿qué se esconde tras la crisis migratoria? Expertos apuntan a que la entrada masiva de migrantes en Ceuta ha ocurrido bajo la planificación del Gobierno marroquí. Y es que el primer ministro de Marruecos, Aziz Akhannouch, pasó unas breves vacaciones en Mallorca en plena crisis migratoria de Ceuta. Después de la bronca que le echó el monarca marroquí, regresó a todo correr, “cagando leches”, a Rabat.

El caso es que ni el rey Felipe VI (descaradamente) ni Pésanchez, claro, se han atrevido a criticar directamente al monarca Mohamed VI. Tímidamente, Feijóo y Abascal sí lo han hecho, pero cargando las culpas principalmente sobre Pésanchez.

“Qué será, será, lo que hay detrás de esos silencios nacionales e internacionales… Lo que tenga que ser, será, será...”, canción de Doris Day, J. Feliciano, Luis Aguilé y otros. ¿Qué será con tanto tonto por ahí suelto…?

Por ejemplo, líderes de Vox predican que hay que “cazar migrantes”. Son unos miserables que cometen un delito de odio tipificado. Espero que sean procesados por ello y acaben en prisión.

Por cierto, cuánto tardó el Gobierno pepero de Aznar en echar a los marroquíes de la isla de Perejil. ¡Se demoró siete días! Y ahora critican a Pésanchez por hacerlo en unas pocas horas con más de 70.000 personas.

El 11 de julio de 2002, una fuerza inicial de 12 miembros de la Gendarmería Real de Marruecos, bajo el mando de un suboficial, invadió la isla (española) de Perejil. Todo, como muestra de reivindicación de los terrenos —para ellos marroquíes— requisados por España. Fueron sustituidos días después por un pequeño grupo de infantes de marina marroquíes, antes de que el ejército español desalojase el islote en la Operación Romeo-Sierra el 17 de julio de 2002. ¿Qué dicen ahora el PP y Vox ante esta gestión “magnífica” de Aznar?

¡Mucho patriota de pacotilla entre tanto tonto!

Y mientras, varios miles de inmigrantes, desesperados, están aún a la espera de una solución.

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Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue evitando dar declaraciones acerca de la compraventa del polémico ático de Chamberí. La mandataria madrileña ha esquivado las preguntas sobre este tema en los últimos días, desviando la atención hacia Ceuta y poniendo en el foco de la crítica –tal y como vienen haciendo las derechas desde el inicio de la crisis migratoria– al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Este lunes, preguntada de nuevo por el ático, Ayuso ha evitado ofrecer nuevos detalles sobre la operación y se ha limitado a señalar que “poco más se puede decir” y que, “a las mismas preguntas, las mismas respuestas”. 

Sobre la posibilidad de que el inmueble estuviera destinado a convertirse en una residencia oficial, la presidenta madrileña ha recordado que lleva ocho años al frente de la Comunidad sin disponer de una y ha asegurado que ni la ha necesitado ni la ha pedido y que tampoco piensa hacerlo a diez meses de las elecciones. También ha criticado que numerosos ministros sí dispongan de residencia oficial y ha denunciado una distinta “vara de medir” que, según ha dicho, le produce “sonrojo”. 

Tras estas declaraciones, Ayuso ha vuelto a desplazar el foco hacia Sánchez y la crisis migratoria. Ha exigido conocer “cuánto están costando las vacaciones” del jefe del Ejecutivo y ha criticado que esté “con sus chanclas en La Mareta, allí tranquilo” mientras Ceuta está “al borde del colapso” tras 16 días de una “invasión tolerada” por el Gobierno de España. 

Ha agregado que Sánchez es el político “con menor credibilidad de toda Europa”, pero también “el que tiene las vacaciones más largas y las mayores crisis, mientras está al borde del banquillo, desnortado y, eso sí, de vacaciones”.

Estas declaraciones han tenido lugar precisamente en el mismo día en el que el presidente del Gobierno se ha reunido telemáticamente con siete de sus ministros para abordar la situación en la ciudad autónoma.

Tras este encuentro, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que este lunes se van a desplegar en Ceuta varios dispositivos de atención humanitaria de carácter extraordinario y temporal, que supondrán la habilitación "inmediata" de 1.500 nuevas plazas para migrantes. 

La estrategia de Ayuso de responder a las preguntas sobre el ático desviando el foco hacia Sánchez y la crisis migratoria ya se había repetido durante el fin de semana. Preguntada el pasado sábado, durante las fiestas de La Paloma, por la adjudicación de la reforma integral de la sede de la Puerta del Sol y la compra del ático, respondió que “España está siendo literalmente invadida por Marruecos” y que el presidente del Gobierno “no está, no soluciona nada”. 

Así se refirió a las “miles de personas” que, en sus palabras, “vagan de forma ilegal” por el país y a los “compatriotas” que “están aterrados”, antes de añadir que “Sánchez no solo es un irresponsable, sino también es un traidor”.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha advertido este lunes de que acudirá al Poder Judicial para trasladar a sus máximos responsables la situación que atraviesa la ciudad tras la entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio, ante la "pasividad" del Gobierno en la respuesta a la crisis.

En una rueda de prensa tras la reunión del Ejecutivo ceutí, Vivas ha explicado que solicitará ser recibido por la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló, y por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para trasladarles que Ceuta "está en peligro".

Vivas ha insistido en que la situación en la ciudad autónoma continúa lejos de la normalidad y que desconoce todavía cuántas de las 80.000 personas que entraron irregularmente permanecen en Ceuta y cuántos expedientes de devolución o expulsión se han iniciado.

El presidente ceutí ha denunciado una "falta de respuesta adecuada" del Gobierno central hacia "una parte de España que se ha visto atacada en su integridad territorial", y ha recordado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó a Ceuta de territorio en situación de "alto riesgo".

Es un partido político sin criterio, sin discurso constructivo, una agrupación destructiva que está preparando el pucherazo contra España con mentiras, bulos y embeleques.

Feijóo fue nombrado por la gracia del “dedo del ayusismo”, sin democracia interna. No tiene programa o proyecto político para la nación española. Solo le queda obedecer las órdenes de los ultraliberales y poderes fácticos, que lo ven como un ignorante y analfabeto político manejable por el poder y el dinero. Entre tanto, llega Aznar rebuznando y le exige que se acabe el flirteo con Junts y da orden de atacar desde todos los frentes antidemocráticos españolistas "del que pueda hacer que haga". Pide que dejen vaguear y nada de romances (tirón de orejas a Feijóo y Tellado) con Puigdemont y mucho amorío con el fascismo del nacionalcatolicismo por dinero y sin problemas. Ya están los amiguísimos íntimos o los colaboracionistas patriotas que llenan el cepillo de la cueva de Alí Babá del PP, como durante los años gloriosos del régimen, de la Gürtel y la Kitchen (ocho años de policía patriota fuera de la ley con M. Rajoy y Feijóo desde Galicia).

Feijóo sigue sesteando, se cree que será un paseo militar alcanzar el poder y que puede prohibir a más de 300.000 españolas y españoles del exterior, descendientes de los represaliados y amenazados de muerte, el derecho universal a votar libremente. Desde la prensa derechas no dicen ni mu y le han ordenado que, cuando hable, no se equivoque con lo que le escriben los plumillas al servicio del PP; que se limite a leer, como hacía en aquella radio de los insultos y los pecados, cuando se le vio leyendo hasta las respuestas, con un discurso hueco y vacío que le habían preparado. A los del PP se los ve derrotados; se los ve perdedores. Así lo expresó Isabel Díaz Ayuso desde el púlpito de la mentira y los bulos, tratando de calmar al rebaño conservador y neoliberal y faltando al respeto a todo el funcionariado y al cuerpo diplomático de las embajadas españolas, como si fueran compinches por reconocer a españolas y españoles la nacionalidad a la que tienen derecho, inscribirlos en el Registro Civil e incorporarlos al censo electoral español conforme a la ley.

Isabel Díaz Ayuso nos adeuda, además, explicaciones sobre su entorno familiar, la Formación Profesional y las residencias de mayores; sobre la Fórmula 1 y sus costes; sobre quién pagó la parranda en la Riviera Maya, y sobre por qué no invierte en climatizar los centros públicos de enseñanza.

Es evidente que los poderes fácticos están muy enfadados. La jugada de cambiar el Gobierno de España desde los tribunales y juzgados no funciona; desde los despachos, menos aún; y tampoco lo consiguen con editoriales incongruentes y repletas de bulos. Esos que pisan moqueta, sin presentarse a las elecciones generales, ven que han fracasado por mucho dinero que tengan. La democracia no se vende, aunque el PP esté vendiendo España a trozos: empezaron en Extremadura y ahora quieren rematar Andalucía, sin decencia.

El Gobierno progresista que lidera Pedro Sánchez y su Consejo de Ministras y Ministros no se rinde ni está derrotado. Está vivo y sigue haciendo política progresista en favor de las españolas y los españoles.

Aznar, Ayuso, Tellado y Feijóo no pudieron descorchar el cava que algunos consejos de administración habían reservado para celebrar la vuelta de las derechas y los ultras al Gobierno central. El Congreso de las Diputadas y los Diputados lo dijo claro: con Feijóo, NO; y NO es NO.

¿Quién manda en el PP, además de Vox? Es evidente que Feijóo no manda solo. El dedo que lo nombró sigue rondando, el viejo camisa azul continúa sermoneando y, mientras tanto, el visto bueno de las fuerzas ocultas se tambalea en privado.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

La operación militar Romeo-Sierra, ordenada por el Gobierno de José María Aznar y ejecutada por miembros de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra y de Infantería de Marina en la madrugada del 17 de julio de 2002, desalojó del islote de Perejil, junto a Ceuta, a un retén de efectivos de la Marina marroquí que habían acampado en ese ínfimo promontorio español seis días antes. Ese mismo día, el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, y la de Exteriores, Ana Palacio, comparecieron a petición propia en una sesión conjunta de sus respectivas comisiones parlamentarias para explicar el operativo militar. El que era el líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), ofreció al Ejecutivo su "apoyo, comprensión y solidaridad" y aseguró que su partido sería "plenamente responsable" en la gestión de esa crisis sistémica con el país vecino.

24 años después del que, probablemente, ha sido el principal encontronazo entre Madrid y Rabat –junto con la invasión del Sáhara Occidental por la Marcha Verde– entre 70.000 y 80.000 jóvenes, la mayoría marroquíes, entraron hasta el pasado 31 de julio en Ceuta (83.567 habitantes, según el INE) a nado y a través del espigón fronterizo ante la pasividad de las autoridades del país vecino. Ese mismo día, Pedro Sánchez hizo una declaración solemne en la ciudad autónoma en la que definió lo ocurrido como otra "violación de la integridad territorial española". "Lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena y de consideración como deplorable el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta", añadió sin nombrar a Marruecos pero en claro mensaje a su Gobierno.

Como en el caso del islote Perejil, los ministros más implicados en la gestión del incidente, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la de Defensa, Margarita Robles, y el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidieron comparecer ante sus respectivas comisiones en el Congreso para dar explicaciones a finales de mes. 13 días después, pese al retorno del grueso de los extranjeros a Marruecos, la crisis está aun lejos de solucionarse con una amenaza latente de entrada masiva para este fin de semana y cientos de migrantes durmiendo al raso en las calles y playas. La preocupación y el malestar de la población local se pudo comprobar este miércoles durante la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la ciudad, con decenas de ciudadanos y ciudadanas pidiendo al Ejecutivo que ponga los medios necesarios para que incidentes como este no se vuelvan a repetir.

Pese a ello, y a diferencia del PSOE en 2002, la respuesta del PP ha sido muy diferente. En lugar de ponerse detrás del Gobierno y ofrecerle su apoyo como en su día hizo Zapatero, su reacción ha sido utilizar la Cámara en la que cuenta con mayoría absoluta, el Senado, para azotarlo con una polémica vacía. Su presidente, Pedro Rollán, llegó a amenazar al Ejecutivo con acciones legales en caso de que esos mismos ministros, además del de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se negaran a comparecer ante los senadores. Desde el Gobierno ya han respondido que los cuatro citados acudirán a la Cámara de representación territorial, pero no en las fechas exactas que quiere el PP. Ayer, sin embargo, sus senadores quisieron escenificar la ausencia anunciada de Grande-Marlaska ante la comisión de Interior haciéndose una foto junto a su silla vacía.

La falta de unidad política frente a los embates de Marruecos propiciada por el PP (no solo ahora, también en el anterior incidente diplomático de 2021 en el que Rabat permitió el paso de 10.000 personas en protesta por la hospitalización en Logroño del dirigente saharaui Brahim Ghali) se produce pese a que voces muy cualificadas señalan al país vecino como instigador del incidente. Desde El Confidencial, el excorresponsal de El País en el Magreb Ignacio Cembrero afirmó este miércoles, citando a dos exagentes con mando en los servicios secretos marroquíes, que la entrada masiva fue una respuesta del aparato de los servicios de espionaje y seguridad de ese país en respuesta a la investigación internacional del consorcio Forbidden Stories Pegasus Project, que denunció el recurso masivo al spyware israelí por los agentes marroquíes. También lo usaron contra Sánchez, Grande-Marlaska, Robles y la anterior titular de Exteriores, Arancha González Laya, destituida tras la crisis del dirigente polisario Ghali.

El uso de las tormentosas relaciones con Marruecos por el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo se produce, además, con el reforzamiento por parte de reino alauí de sus relaciones con Washington y, más concretamente, con la Administración Trump que, en su anterior mandato, apoyó la reclamación marroquí del Sáhara Occidental, ocupado desde 1975, y en este ha abierto un consulado general en su segunda ciudad en importancia, Dajla. Ese apoyo entraba en el paquete de la firma de los Acuerdos de Abraham, que supusieron el reconocimiento y la normalización de relaciones diplomáticas de Rabat con Israel. Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se han convertido en los principales adversarios internacionales del Gobierno de Pedro Sánchez. El primero amenaza periódicamente con una guerra arancelaria o con la salida de EE UU de las bases de Rota y Morón a cuenta de las cifras de inversión española en armamento; Netanyahu, por la oposición española al genocidio en Gaza, la personación de Madrid en la causa abierta en el Tribunal Internacional de Justicia y el reconocimiento del Estado palestino.

A diferencia del PSOE, que cuando está en la oposición siempre ofrece su apoyo al Gobierno ante cada crisis sistémica (como hizo, por ejemplo, en la aplicación del 155 de la Constitución durante el proceso independentista catalán), el PP se negó a cerrar filas con el Ejecutivo de Sánchez en asuntos como la lucha contra el covid y se ha puesto de perfil ante las bravuconadas del presidente de EE UU, el principal socio de España en materia estratégica de Defensa que, sin embargo, se muestra cada día más cercano a Rabat. La pregunta es cuál sería la posición del PP en caso de que Trump diera un giro inesperado como el del Sáhara Occidental en apoyo de la reclamación marroquí sobre Ceuta y Melilla, algo que ya ha hecho con otro Estado europeo, Dinamarca, en relación a Groenlandia. Ante los incidentes de Ceuta, Feijóo ha preferido cargar directamente sobre Sánchez. "Yo no creo, honradamente, que le tenga que pedir explicaciones a Marruecos", dijo este lunes en OkDiario alentando la conspiración de que el Gobierno español no hizo nada pese a saber lo que iba a ocurrir.

El sentido de Estado y la colaboración de la izquierda ante situaciones difíciles también se da en otros países. Cuando Trump atacó a la que fuera su principal aliada en Europa, la ultraderechista primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por defender el discurso pacifista del papa León XIV, la líder de la oposición, Elly Schlein, secretaria general del Partido Democrático, expresó en la Cámara de Diputados italiana la "más firme condena" de su formación a los insultos del presidente de EE UU a Meloni. "Italia es un país libre y soberano y repudia la guerra", dijo entre los aplausos de sus correligionarios pero también de sus adversarios. "Ningún jefe de Estado extranjero puede permitirse atacar, amenazar o faltar el respeto a nuestro país y a nuestro Gobierno; somos adversarios en esta cámara, pero somos todos ciudadanos italianos".

Éramos cinco y todos mayores e informados "lo normal", por lo que fue imposible evitar que Ceuta se colara en medio de asuntos menores. Ocurrió cuando alguien preguntó si habíamos escuchado en los medios algún recuerdo de lo que ocurrió el 6 de febrero de 2014 en la misma playa del Tarajal. Solo uno respondió que sí, por lo que toca regresar allí. Pero antes…

Antes debo reconocer que es ahora, diez días después de la “invasión”, cuando me viene la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que de una movilización de 70.000 personas tan cerca de Ceuta no hubieran llegado avisos a ningún medio de comunicación español, esos que tantas veces consiguen filtraciones?

No me cabe la menor duda de que habrían publicado la exclusiva a bombo y platillo… O quizás no. De hecho, no he leído a nadie entonando el mea culpa por no haberse enterado de lo que se estaba preparando desde Marruecos contra España, aunque dediquen toneladas de tinta y tiempo a especular sobre quién filtró qué entre Interior y Defensa.

Volviendo a aquel febrero, tan frío, de los 200 inmigrantes que intentaron llegar a Ceuta, 90 lo hicieron nadando. Según el Centro Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), “mientras estas personas se encontraban en el agua, agentes de la Guardia Civil intentaron evitar que alcanzaran tierra firme mediante el uso excesivo de la fuerza y de material antidisturbios, como pelotas de goma, salvas detonadoras, y botes de humo, como reconocieron posteriormente las autoridades españolas que testificaron sobre el caso Tarajal”.

Murieron 14 personas, es decir, más del 15% de las que nadaban y ningún tribunal español condenó a quien dio la orden de iniciar aquel tiroteo.

En 2014 no gobernaba Pedro Sánchez y me ha parecido tan interesante esta información de CEAR que, por si un día desapareciera Internet para no volver, he decidido imprimirla en papel y, además, en letra grande, por si llega otro día en el que me cueste leer la pequeña, aunque no sea la de la hipoteca.

Igual que no fue M. Rajoy quien dio la orden directa de disparar a indefensos en febrero de 2014, si Pedro Sánchez hubiera enviado fuerzas armadas de cualquier clase a Ceuta, al ver la multitud avanzando por mar y tierra, quien estuviera al mando en ese momento habría ordenado disparar, para no ser menos, y los muertos habrían sido muchos más.

Para hacernos una idea de los resultados de dos maneras distintas de afrontar las crisis migratorias, supongamos que esta vez terminan siendo 200 los muertos, el doble de los que se dicen, y 70.000 el total de inmigrantes que han permanecido en Ceuta entre 48 y 72 horas- El porcentaje de fallecidos habría sido inferior al 0,3%, es decir, 50 veces menos de los que se produjeron en 2014, con M. Rajoy en La Moncloa. Y esta vez sin disparos desde España.

Convertir muertos en porcentajes es despreciable, pero también inevitable, porque los números no se inventaron (solo) con malas intenciones. Y como soy de los que piensan que la vida de cualquier persona vale lo mismo que la de Feijóo, Abascal o Sánchez, por poner tres ejemplos, llego a la conclusión de que las decisiones que los dos primeros reclaman demuestran que el tercero siente mucho más respeto por las vidas de los demás, sean quienes sean.

Lo digo porque no me cabe en la cabeza que Sánchez no tuviera información de lo que podía ocurrir en Ceuta y porque pienso que, si no envió fuerzas armadas fue precisamente para evitar que mataran. La estrategia de disuasión basada en la “prudencia” a la que se refiere Rafael Fraguas en su último artículo ha estado guiada por principios que terminarán triunfando o, como mínimo, convirtiéndose en ejemplo para avergonzar a tantos, tal como ha ocurrido con su oposición a las repetidas exigencias de Trump.

¿Alguien se cree que a Trump le importará ni medio bledo lo que piensen sus admiradores Feijóo, Abascal y Ayuso si un día llega a un acuerdo con Mohamed VI para conseguir pingües beneficios de una campaña de apoyo a “Ceuta y Melilla marroquíes”? Todos sabemos que, ni protegidos con el mejor chaleco antibalas, acudirán cualquiera de esos tres en persona a defender unas fronteras tan “españolas”.

Y si Sánchez se hubiera equivocado, este agosto de 2026 no habríamos visto a los ceutíes sacando de su ciudad, casi “a hostias”, a los fascistas Vito Quiles y similares que, como en Torre-Pacheco, intentaban pescar en río revuelto.

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.

Cualquier argumentación requiere razonamiento; por tanto, señores y señoras de la derecha y asociados, las conjeturas, para después.

La “nueva marcha verde”, la masiva llegada de casi 50.000 migrantes a Ceuta (casi todos regresados sin violencia), ha provocado duras críticas de la patriótica oposición y de algunos países. La acaecida durante la dictadura franquista, nadie alzó la voz; ahora, los valientes de salón atacan con toda la saña posible al Gobierno de nuestro país. Hay miembros de la Unión Europea, como de EEUU, aliado marroquí. Nada nuevo. Sánchez, culpable.

Marruecos dejó de ser protectorado español y francés hace 70 años; Franco todavía subyugaba a los españoles. Argelia se liberó de Francia en 1962. La evidencia colonialista es que dejaban sus posesiones hechas unos zorros y de aquellos polvos estos lodos. Marruecos y Argelia se miran con desconfianza desde hace cinco siglos, y las grandes potencias, ojo avizor, tomaron posiciones, como expertas en fomentar los enfrentamientos lejos de sus países.

Los rusos son socios —ahora en declive— de Argelia, y los norteamericanos, de Marruecos, cuya posición se reforzó tras el reconocimiento por parte de Rabat del Estado de Israel, país perejil de todas las salsas que se aderezan con sangre. Los judíos, simplemente, evitan las migraciones; las fulminan, como ocurre en Gaza. En su desfachatez, acusan a España de mantener enclaves colonialistas en el norte de África. Sánchez culpable.

Otros, como Francia, Italia o Finlandia, se han llenado la boca criticando el fracaso de las políticas migratorias de nuestro país. La desfachatez, propiciada por la derecha de esos países, y también por la del nuestro, es vergonzante.

Italia tiene una población irregular superior a las 600.000 personas; el modelo Meloni consiste en “empaquetarlas” hacia no se sabe dónde. En Francia se estima que hay unos 700.000 inmigrantes procedentes de países de África, con vínculos históricos con los galos; su modelo es el banlieue deprimida, la frontera interior. En España, según Funcas, se estimaban en torno a 800.000 personas en situación irregular, para las que se pretende articular una política digna: regularizarlas bajo determinadas condiciones. Eso va contra las prácticas de Estados Unidos, Italia y otros países. Estos prefieren lo inhumano; no tienen vergüenza.

Países como Finlandia y Suecia, tradicionalmente acogedores, han cambiado desde que sus gobiernos de derechas y centro necesitan a la ultraderecha y a los nacionalistas para gobernar; obviamente, las dudas se van aclarando y cada cual queda retratado.

El hoy irreconocible Estados Unidos, gobernado por el sátrapa Trump, tacha al Gobierno español de aplicar prácticas políticas de extrema izquierda; es más, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó a ABC y Fox News que España "compromete su propia supervivencia" si no cambia de rumbo. ¿Volverá EEUU a la normalidad? ¿Cuándo recuperará su 14ª enmienda?

Sus desvaríos y delirios muestran que las pruebas aportadas contra Zapatero por el Departamento de Seguridad de EEUU no son casualidad, sino causalidad. Sánchez, culpable.

Quienes abogan por el endurecimiento del control de las fronteras y la suspensión del Tratado de Schengen nos autorizan a soltar una gilipollez, como las que ellos dicen. Ahora que estamos hartos del turismo de borrachera y de medio pelo, es la oportunidad de arreglar el problema con los millones de ciudadanos de esos países que nos visitan con un incivismo superior al de los desgraciados de la nueva marcha verde. ¿Cerrar la frontera?

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 Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

Concluyó julio con la certeza de que las próximas elecciones se celebrarán en 2027 y la incertidumbre de saber cómo se reconstruirá el espacio político que deja Sumar. En septiembre, conviene tener elaborados los primeros números, pergeñar la que será la futura convergencia de una izquierda plurinacional y, sobre todo, saber en torno a qué y en torno a quién se conformará la candidatura. Se acerca la hora de Unai Sordo, aún no descartado pero a quien tampoco le han pedido que encabece una lista para que ocupe ese espacio.

Su figura trasciende el sindicalismo y sus palabras alcanzan a todas las esferas de la vida. Hasta la fecha, Gabriel Rufián sólo ha sido una interferencia que ha impedido clarificar el debate y Bustinduy no está (pero está). Los partidos, como ERC, se reivindican –en palabras de Junqueras– por su utilidad. Habrá que definir si también es útil el pacto al Senado del PSOE con otras izquierdas promovido por las CCOO, o si conduce a otro resultado similar al que propició hace 26 años el acuerdo entre Almunia y Frutos.

Las elecciones serán en 2027. Y se celebrarán dentro de doce meses, según afirmó Pedro Sánchez en su última comparecencia de julio. Sánchez ya empieza a ser Pedro ante su electorado. El humanismo sigue siendo el venero contra el algoritmo judicial, la razón última que explica el sentido de la democracia liberal que impide la fractura política de este país de países.

El armagedón confrontará a los partidos de la España plurinacional, transversal y periférica con los partidos integrados en el Consorcio PP-Vox. El resultado de los últimos cuatro caucus de la derecha nos indica que Feijóo ha comprado definitivamente el marco ideológico de Abascal, aunque el proceso no vaya acompañado de un fortalecimiento de su liderazgo. El presidente popular continúa congelado en el 30,1% de los votos.

En cambio, las elecciones autonómicas, incluidas las andaluzas, sí nos permiten hablar de una izquierda emergente que responde al vacío político dejado por Sumar. La política huye del vacío. Ante el eclipse total de Sumar, surgen izquierdas plurinacionales como Adelante Andalucía, la Chunta Aragonesista, Unidas por Extremadura o Unión del Pueblo Leonés que se suman al prometedor resultado de Compromís en Valencia; al BNG, auténtica oposición al PP, en Galicia; Bildu en Euskadi y Navarra; o ERC en Catalunya.

Todas ellas tienden hacia la confluencia de una izquierda confederal que es capaz de articular alianzas y converger con sus votos en la próxima investidura de Sánchez si Feijóo no es capaz de superar la cota del 46% en las siguientes generales.

A partir de septiembre comenzará a ser prioritario fijar la relación entre los partidos de este espacio, incluido Podemos, y cuál será el reparto de listas y poder al que se llegue. No se trata de crecer, sino de construir un instrumento útil para recoger lo que el PSOE deje. En ese sentido, y hasta que concluya la legislatura, Junqueras ha marcado el camino, reivindicando a ERC como un partido útil para el Gobierno, para el sistema España y su sociedad, frente a la visión de Rufián que se asienta en la convicción que domina entre las izquierdas: su electorado real ha quedado limitado a las clases socioculturales urbanas en Madrid y Barcelona, a lo que IU pueda aportar en Andalucía, Asturias y Extremadura, y a lo que Compromís y Chunta consigan en sus territorios.

En ese contexto, se impone una emoción: hace falta algo más y ese más lo puede aportar Unai Sordo, secretario de las CCOO, cuyas estructuras orgánicas se configuran como condición de posibilidad viable para construir una red que permita al bloque plurinacional crecer en votos y conectar con el millón de indecisos que, por el momento, han depositado su confianza en la abstención.

Ha llegado el momento de hacer números y determinar la capacidad de conexión, persuasión y organización que tiene Sordo, descartado (o no) Pablo Bustinduy y congelada la “reflexión” que alentó Gabriel Rufián a lo largo de los últimos meses. Conviene recordar las recientes palabras de Oriol Junqueras una vez más: la esperanza puede ser abstracta, etérea o simpática pero tiene que ser, necesariamente, concreta. El que concreta gana. La posible confederación nacional deberá ser generosa o no será.

La advertencia sirve también para el entorno sindical de Sordo que promueve listas conjuntas del PSOE con otras fuerzas políticas en el Senado, la fallida Cámara Alta con vocación plurinacional que el Folio Magno previó durante la Santa Transición. La propuesta sindical emerge con tibieza y a paso lento y tiene, desde el punto de vista gramatical, un carácter intransitivo.

Busca antes disimular las debilidades propias que reforzar sus capacidades, obviando tres razones importantes por las que sería posible y razonable llegar a ese acuerdo: el Senado tiene poder para nombrar a cuatro miembros del Tribunal Constitucional, a otros cuatro del Consejo General del Poder Judicial y conserva en exclusiva su capacidad para intervenir en la política territorial a través del artículo 155. Un pacto así no puede caer en el nihilismo intransitivo al que condujo el anterior, firmado en 2000, por Almunia y Frutos y que sólo propició la mayoría absoluta de José María Aznar López.

Más interesante que un acuerdo al Senado es atisbar qué hará el espacio post-Sumar cuando haya que volcar sus votos en la hornacina de la democracia, si conviene o no gobernar o estar, simplemente, vigilantes, en el Parlamento. Si dentro o si fuera. En septiembre, la esperanza ha de tener ya sus números escritos y las razones por las que es útil esta alianza y esta estrategia, pasando definitivamente la página al desastre creado en el que ha desembocado la etapa de Yolanda Díaz.

Lo estamos viendo en los fuegos, en la corrupción de todo tipo y en los mismos comportamientos humanos de ciertos políticos, se autodenominan asi. El hecho de tener comprados todas las instituciones además de los medios que se venden en papel hace imposible la lucha. Trump invade países saltándose cualquier ley y le aplauden los que compran todo, o sea, los fascistas, que durante años se hicieron con el poder económico.

Nos quedan los pocos medios digitales que todavía no se han vendido, como infoLibre, que nos cuentan las verdades, pero esta lucha es muy precaria porque también las RRSS están manejadas en su mayoría por esa derecha económica que todo lo invade y que sabe que los medios digitales tienen menos audición, aún. Pero también llegara a ellos. No hay más que ver ciertos juicios que dan vergüenza ajena con videos que nadie investiga, aunque los hayamos escuchado todos. A Zapatero y a Begoña, poco a poco les investigan hasta las mudas que se puedan poner cada mañana y a Rajoy y Cospedal, los padres de la mayor vergüenza nacional ni se les nombra. La batalla desigual es algo que nadie podrá discutir- Y su ejército civil o lo defenderá o estará en silencio, los que aun les queda algo de vergüenza.

A todo esto, incluso hay jóvenes que no conocen nuestra historia y les votaran porque creen que les mejoraran en algo. Serán los primeros que sufrirán sus delirios. Es el fascismo, amigo. Que podemos esperar de todo esto. Pues la invasión del fascismo de nuevo en España, aunque tengamos un héroe que todo lo soporta, Pedro, pero al que le han llamado de todo, pero todo lo soporta. Cuanto durara en esta lucha no lo sabemos, pero es para quitarse el sombrero, por lo menos el mío.

Lo mas triste para mi es donde ha llegado la Justicia con mayúsculas, aquella que era una profesión maravillosa capaz de juzgar sin el poder del dinero o por personas que no se vendían. Jueces que imponían respeto y lo imposible de vencer, el sentido común. Pero hoy también a esos que pueden ser buenos se les expulsa o se les manda a pueblos en donde nada pueden incordiar a los poderosos. En España se pueden dar nombres de algunos que ya están olvidados.

Solo nos falta ver que al militar que deseaba el fusilamiento de 26 millones de españoles en un WhatsApp Ayuso le condecore con alguna medallita que en este caso será de oro. Pero no dejo de pensar que al final los buenos ganaran a los malos, pero la batalla será muy larga y penosa. Y que la juventud deje de pensar en que todos somos iguales. No es verdad y yo espero que al final ganen los buenos. Será larga la lucha y yo no la veré, pero es que son muchos más los buenos, aunque no se les note.

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.

España lleva 108.000 hectáreas calcinadas este verano. Cuatro veces más que en las mismas fechas de 2025. 1.900 incendios. Cinco focos "de especial relevancia" ardiendo a la vez entre Guadalajara, Toledo, Madrid, León y Ávila. Con ese paisaje detrás, Miguel Tellado ha decidido que el problema no es el fuego. Es que Pedro Sánchez pronuncie las palabras "cambio climático".

Hace unos días, el secretario general del PP acusó al presidente de sacar "el comodín" del "pacto climático" "cuando ve que hay incendios en España". Y remató con una frase que debería quedar en las hemerotecas por su cinismo: "Eso del pacto climático y no sé qué, forma parte de la propaganda del que no hizo los deberes a tiempo". "Y no sé qué." Así se refiere el número dos de Génova a la mayor amenaza medioambiental del siglo. Con un chasquido de dedos y una sonrisa de plató.

Tellado exigió además que el Gobierno "abandone" la "propaganda" y ponga "todos los medios necesarios del Estado para colaborar con las comunidades autónomas". Repásese la frase: colaborar. Como si Moncloa fuera la responsable principal y las autonomías un socio de refuerzo al que hay que echarle una mano. Es mentira, y Tellado lo sabe.

El artículo 148 de la Constitución y la Ley de Montes no dejan margen de interpretación: la prevención y extinción de incendios forestales es competencia autonómica. Diseño del dispositivo, contratación de bomberos forestales, presupuesto de prevención: todo depende de cada comunidad. El Estado refuerza con la UME y medios aéreos. No sustituye a quien tiene la obligación legal.

Y aquí está el dato que Tellado convenientemente omite: la mayoría de las comunidades autónomas de España las gobierna el PP. Y no cualquier PP: el de los territorios que hoy arden con más saña. Castropodame (León) y Borgohondo (Ávila), en Castilla y León. Villa del Prado, en la Comunidad de Madrid. Los grandes fuegos de Soria, Segovia y Huelva. Todos, feudos populares.

¿Y los deberes de esos gobiernos? Castilla y León ha recortado su presupuesto de prevención de incendios un 90% en trece años. A escala nacional, más de 4.000 bomberos forestales despedidos y operativos desmantelados, con Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Madrid entre las regiones más golpeadas. En Andalucía, bajo Moreno Bonilla, sube el presupuesto sobre el papel pero baja el número de efectivos sobre el terreno. Esos son los deberes que nadie hizo. Y no los firmó Sánchez: los firmaron sus propios presidentes autonómicos.

Mientras Tellado despachaba el cambio climático en un plató, Sánchez visitaba el incendio de La Mierla, en Guadalajara, ya el mayor de la historia de Castilla-La Mancha con más de 32.000 hectáreas arrasadas. Allí pidió "un pacto de Estado entre las distintas instituciones y en las Cortes Generales" para "concienciar a la ciudadanía" y no "acordarnos de los incendios solo cuando se producen".

Ninguna lectura honesta de esas palabras encuentra ahí un "comodín" partidista. Hay una propuesta de acuerdo transversal, abierta también al PP, frente a un fenómeno que la ciencia ya no discute. La respuesta del PP no ha sido sentarse a negociar: ha sido ridiculizarla como "propaganda" y "eso... y no sé qué", sin una palabra de autocrítica sobre sus propios recortes.

Exigir coordinación estatal, medios aéreos y anticipación al Gobierno es legítimo y necesario. Hacerlo mientras se oculta que el grueso del dispositivo, del presupuesto y de la responsabilidad política recae en comunidades gobernadas por el propio PP no es fiscalización: es una cortina de humo con nombre y apellidos.

Que quede claro, entonces, quién enciende qué. Tellado no fiscaliza al Gobierno, blanquea a sus propios barones. Cada hectárea calcinada en Castilla y León, en Madrid, en Ávila, en Soria, en Huelva, lleva la firma de trece años de recortes que el PP ejecutó, votó y defendió en sus autonomías, y que ahora pretende que nadie recuerde mientras señala con el dedo a Moncloa. Es la vieja coartada de quien prende la mecha y luego corre a denunciar el incendio. No hay comodín en pedir un pacto de Estado frente a la emergencia climática; el comodín, el único, es el de un partido que gobierna el país en llamas y solo sabe usar el fuego como arma electoral. Mientras Génova pule titulares para la próxima entrevista, España sigue ardiendo a un ritmo cuatro veces superior al del año pasado. Esa es la única cuenta pendiente, y no la paga Sánchez: la deben Tellado y los suyos.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

El domingo 2 de agosto, Radio France Internationale dedicó su programa semanal de geopolítica al 90º aniversario del estallido de la Guerra Civil española. Lo que se emitió, sin embargo, tuvo poco de conmemoración histórica: durante casi 50 minutos, un aristócrata español que lleva cuatro años organizando manifestaciones para exigir la dimisión del presidente del Gobierno dispuso de la emisora pública exterior francesa para desarrollar su discurso político, presentado ante los oyentes como un simple representante de la sociedad civil.

Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, noveno conde de Ripalda, fue introducido en antena por Marie-France Chatin, la conductora del programa, únicamente como “coordinador de Español a Español por la Constitución y de la Asociación Española de Mujeres Juristas y de 32 asociaciones de la sociedad civil de toda España”. Esa presentación es formalmente cierta, pero engañosa. Omite algo esencial: que la plataforma que coordina tiene un objetivo político declarado y singular, que es la salida del Gobierno de Pedro Sánchez.

Marichalar ha organizado concentraciones, según él mismo afirmó, en Madrid, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Granada, Alicante, Burgos, Santander y Marbella, algunas junto a los movimientos de protesta de la calle Ferraz y ha contado en ocasiones con la participación de figuras como la del exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto. Además, ha remitido cartas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en las que sostiene que el Ejecutivo accedió al poder “corruptamente” y que la ley de amnistía constituye un “golpe institucional”. Incluso, llegó a afirmar en febrero, en el diario El Debate, que a Sánchez “se le ha ido la cabeza”. Es hermano de Jaime de Marichalar, exmarido de la infanta Elena, y de Álvaro de Marichalar. Por lo tanto, es el tío de las personas que ocupan el cuarto y quinto puesto en la línea de sucesión al trono en España: Juan Froilán y Victoria Federica de Borbón.

Nada de este perfil se le explicó al oyente al inicio del programa. Y sobre esa presentación aséptica se construyeron 48 minutos de discurso sin contradicción efectiva.

Marichalar sostuvo en antena que Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero ejecutan “una estrategia muy bien pensada” para “volver a enfrentar a las partes de España”, y que lo hacen “porque quieren cambiar el régimen español”: “Quieren cambiarlo por cinco repúblicas o por una república”. 

Afirmó que la Segunda República “llegó por la vía de un golpe de Estado”, que Francisco Largo Caballero “hizo un golpe de Estado en 1934” y que Franco “fue designado por la República para detener ese golpe de Estado”. Añadió que “hay que bajar mucho a la realidad de las cuestiones”.

Además, durante una de sus intervenciones, sostuvo que España "está muy sola", que las instituciones europeas "no responden" pese a seis años de cartas, y equiparó su situación a la de Venezuela: “Tenemos un presidente del Gobierno y un antiguo presidente del Gobierno europeo [sic], Zapatero, que ayuda al régimen narcodictatorial de Venezuela, y eso es un problema como España”.

Y cerró con una petición explícita: "Queremos recuperar la dignidad y queremos recuperar la democracia, y queremos que dimita el presidente del Gobierno".

La mayor parte de estas afirmaciones no fue objeto de réplica o matización por parte del resto de contertulios o la conductora.

Varias de las afirmaciones que Marichalar difundió en la radio pública francesa no resisten la comprobación.

La jornada de ocho horas. Es el caso más claro, y no es la primera vez que hace esta declaración sin que se le contradiga. Marichalar afirmó en antena: "Los grandes avances sociales de España se hicieron después de Gran Bretaña, en 1917, 18 y 19. Y fue mi abuelo quien hizo la jornada de ocho horas". Y remató: "No es la izquierda, que ahora dice que la jornada de ocho horas la hizo el señor Largo Caballero".

A pesar de sus palabras, el real decreto que estableció la jornada de ocho horas se firmó el 3 de abril de 1919, bajo el Gobierno del conde de Romanones, tras la huelga de La Canadiense. Luis de Marichalar y Monreal, vizconde de Eza —abuelo paterno de Amalio— fue ministro de Fomento entre junio y noviembre de 1917 y ministro de Guerra entre mayo de 1920 y agosto de 1921. No formaba parte del Gobierno en abril de 1919.

Es cierto que el vizconde de Eza fue una figura relevante del reformismo social católico: consejero del Instituto Nacional de Previsión, director de las Semanas Sociales de España y académico de Ciencias Morales y Políticas. Existe literatura académica específica sobre su papel en el conservadurismo social del primer tercio del siglo XX. Pero eso es una cosa y atribuirle la autoría de la jornada de ocho horas es otra.

No es la primera vez que Marichalar difunde esta versión. La sostuvo también en agosto de 2025 en una entrevista en El Español, cuyo titular la reprodujo sin contraste ni explicación alguna. De hecho, en aquella ocasión, el aristócrata achacaba a una operación del PSOE que se ocultara ese supuesto hito de su abuelo.

El "muro" contra el 50% de los españoles. Marichalar afirmó que Sánchez "lo dijo en el Parlamento: 'quiero hacer un muro contra la mitad de los españoles'". La expresión existe, pero su significado es otro: en el debate de investidura de noviembre de 2023, Sánchez planteó "alzar un muro" frente a lo que definió como los ataques de la derecha reaccionaria a los valores democráticos, no contra el 50% de la ciudadanía.

"La prensa internacional señala casi todos los días la gran corrupción de un primer ministro europeo" y "150 personas de su Gobierno han acabado ante la justicia". No consta ninguna fuente que sustente estas afirmaciones.

Pero más allá de estas frases, Marichalar aseguró en antena que habla “siempre con gente muy importante del Partido Socialista, por ejemplo, José María Múgica, quiero decir el nombre. Hablo con él, le envío todos los días la manifestación que hacemos cada día”. Sin embargo, deliberadamente omitió que Múgica lleva tiempo alejado del PSOE y que, de hecho, pidió la baja del partido hace casi ocho años.

Sería inexacto decir que nadie le rebatió. Hubo dos correcciones. Por un lado, el historiador Benoît Pellistrandi, hispanista francés y autor de Les fractures de l'Espagne (Gallimard, 2022), que también participaba en el programa, rechazó de forma tajante la tesis del golpe de Estado republicano: "No puedo admitir que se diga que el 14 de abril de 1931 se trate de un golpe de Estado. El golpe de Estado es el del 17 de julio de 1936", dijo, recordando además el precedente de Primo de Rivera en 1923. Fue el único momento del programa en que un invitado desmintió a otro en directo.

Por su parte, Miguel Ángel García Carrasco, investigador de la Fondation pour la Recherche Stratégique, tercer invitado en la conversación,  matizó la tesis del cambio de régimen a manos de Sánchez y Zapatero: no es "una estrategia firme", replicó, sino negociaciones sostenidas con socios minoritarios dentro de una coalición con sensibilidades regionalistas e independentistas.

Pero ninguno de los dos discutió el marco general. Pellistrandi habló por su cuenta de "catástrofe democrática", atribuyó a Sánchez "una falta de moral" y comparó su situación con la del ex primer ministro húngaro Viktor Orbán: “Si Viktor Orbán hubiera actuado de esta manera, les puedo asegurar que se hablaría de ello en los medios franceses. Así que sí, hay en España un problema de funcionamiento de las instituciones”. 

García Carrasco coincidió en el diagnóstico de parálisis y pronosticó que las elecciones de 2027 desalojarán al PSOE: “Cada vez [Sánchez] lo tiene más difícil para dar continuidad a la legislatura, de cara a unas elecciones en 2027 que probablemente desalojarán al Partido Socialista del poder”. 

Pero ninguno corrigió el dato de la jornada de ocho horas, ni la cifra de las 150 personas ante la justicia, ni la tergiversación de la frase del muro. Resulta sorprendente que en un programa en el que se quería analizar “qué revela aún 1936 sobre la España de hoy” solo se invitara a participar a contertulios abiertamente críticos con el Gobierno.

Marie-France Chatin, que dirige Géopolitique desde septiembre de 2008, no interrumpió ni verificó ninguna de las afirmaciones. Su única intervención correctiva consistió en pasar el micrófono a Pellistrandi cuando Marichalar sostuvo lo del golpe de Estado de 1931.

Sin embargo, tampoco asumió el papel neutral de conductora del programa. En varios momentos adoptó el marco de Marichalar. De hecho, llegó a elogiar las acciones que lleva el aristócrata contra el Gobierno: "Ese hastío de la política da finalmente todo su valor a lo que usted hace, con esas manifestaciones; imagino que tendría usted otras preocupaciones que organizar todo eso. En todo caso, da esperanza sobre el futuro. Es importante movilizar a esa sociedad civil".

No es una pregunta ni una síntesis: es un aval editorial a una campaña política en curso en un país extranjero, emitido por una radio pública financiada con recursos públicos franceses.

RFI forma parte de France Médias Monde, el grupo público del sector audiovisual exterior francés, y difunde a través de una amplia red de repetidores en todo el mundo, con especial implantación en África y América Latina.

El grupo se financia en un 95% mediante una fracción de la recaudación del IVA —una fórmula elegida precisamente para que no se le perciba como medio de Estado— y su presidencia la designa la autoridad reguladora independiente ARCOM. France Médias Monde dispone de una carta deontológica y de un comité interno específico "relativo a la honestidad, la independencia y el pluralismo de la información y de los programas", y exhibe la certificación Journalism Trust Initiative.

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Esta información ha sido posible gracias al aviso de una socia de infoLibre, que puso a la redacción sobre la pista de este programa. Es un buen ejemplo de una de las mayores fortalezas de este medio: una comunidad que no solo lee, sino que también colabora para sacar a la luz informaciones de interés público.

Si tienes una pista, un documento o una historia que crees que merece ser investigada, puedes escribirnos. Y si se trata de un asunto especialmente complejo o que requiera una investigación en profundidad, puedes contactar con nuestro equipo en investigacion@infolibre.es

En la foto de Cañellas aparecida el 16 de julio de 2026 en la prensa mallorquina hay una joven y un guardia civil. Ella es una activista acusada de pedir menos turismo por escrito en varias paredes del pueblo donde vive, Santa María del Camí. Por lo que se refiere al uniformado, su mano derecha y desnuda sujeta el brazo izquierdo y desnudo de ella, que camina con las muñecas esposadas y también desnudas. No está huyendo ni tropezando, por lo que ese tocamiento me sigue molestando.

En la noche del décimo día después de la foto citada se produjeron montones de tocamientos muy violentos, ejecutados por policías nacionales armados con porras contra personas que también pedían menos turismo, aunque esta vez de palabra. Participaban en una de las manifestaciones más importantes de la historia de Mallorca y, tras la violencia soportada, decidieron convocar una concentración para pedir la dimisión del delegado del Gobierno en Illes Balears. Las víctimas, por su parte, han anunciado denuncias.

Hace mucho tiempo tuve que soportar tocamientos similares pero, aunque mi abogado lo reclamó, tales actos de violencia personal contra quien no podía defenderse no figuran en ninguno de los 136 documentos que, tras solicitarlos aquí, me han enviado desde el Centro Documental de la Memoria Histórica, un organismo que depende del Ministerio de Cultura y al que aconsejo acudan quienes terminaron pasando por el Tribunal de Orden Público (TOP), especialmente si quieren recordar de sí mismos algunos detalles que quizás han olvidado. En el expediente están, entre otros, todos los papeles que la policía envió al citado TOP para intentar que me declararan culpable tras la detención que sufrí el 10 de diciembre de 1970 en la Universidad Complutense de Madrid.

“El franquismo se ha camuflado porque nos mira toda Europa, pero cuando Europa vuelva a ser reaccionaria, el franquismo regresará y entonces recordaremos como confundimos el perdón con la justicia”. Javier Krahe nos dijo esto hace 40 años, unos tiempos en los que Felipe González tomaba decisiones para que perdiéramos la memoria porque contra Adolfo Suárez se lo debía todo a Juan Carlos I, alguien a quien le molestaba que, en su presencia, se hablara mal de un dictador tan cruel como Franco, pero que para él siempre será quien le coronó.

No todos los tocamientos pretenden satisfacer un deseo sexual aderezado, en tantos casos, con el placer indecente que proporciona el abuso tantas veces impune derivado de una posición dominante, pero se trata de un peligro que debe vigilarse mucho para conseguir que no suceda nunca.

Presidente Sánchez, qué prefiere usted, ¿derogar la ley mordaza desde la autoridad democrática, o que aumenten los tocamientos que allanarán el camino hacia otra dictadura?

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.

Resulta imposible creer que la entrada de 60.000 personas en Ceuta se haya producido sin la permisividad de las autoridades marroquíes, en lo que supone la mayor crisis migratoria de la historia de España. El balance de muertos asciende ya a 87, entre ellos varios menores, de manera que esto es también una crisis humanitaria de primer orden. Aunque Pedro Sánchez habla de “una violación de la integridad territorial de España” y atribuye lo ocurrido a la actividad de las mafias dedicadas al tráfico de personas, todo indica que estamos ante un episodio de guerra híbrida, la forma contemporánea en que algunos Estados atacan sin declarar formalmente la guerra, combinando flujos migratorios, ciberataques, desinformación, uso coercitivo de la energía y otros métodos para desestabilizar un país. ¿Dónde estaba el CNI, teniendo en cuenta la dilatada trayectoria del régimen de Rabat y la importancia de Marruecos para España?

Este evento guarda enormes similitudes con el que tuvo lugar en el verano de 2021: tras las fraudulentas elecciones de 2020 en Bielorrusia y la posterior represión contra la oposición, el régimen de Lukashenko vio cómo Europa congelaba sus activos, imponía prohibiciones de entrada en la Unión Europea a dirigentes bielorrusos y bloqueaba los fondos europeos con destino a las entidades y personas sancionadas. La respuesta de Bielorrusia fue facilitar la llegada de entre 8.000 y 10.000 migrantes procedentes de Irak y Siria a las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia. Tras este intento de intimidación, Europa amplió las sanciones a militares, jueces, funcionarios, aerolíneas, empresas estatales y operadores logísticos implicados. La firmeza es la única respuesta posible a los gobernantes autoritarios. La operación de Lukashenko fue documentada por la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos y el Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas.

Miembros de la Guardia Civil describieron el pasado viernes la actitud de la gendarmería marroquí durante la noche del jueves, y lo hicieron sin matices: “permanecieron de brazos cruzados”, dejando a las fuerzas españolas indefensas ante la avalancha. Estas conductas suelen obedecer a decisiones políticas. La propia agencia EFE constató la práctica desaparición de controles en la frontera durante la madrugada, mientras que el viernes los gendarmes actuaron lanzando gases lacrimógenos. No resulta verosímil que una guardia de fronteras pase, en apenas unas horas, de la inacción al ataque con material antidisturbios. Este es precisamente uno de los patrones de la guerra híbrida: un Estado activa o desactiva la presión a conveniencia, sin declarar sus intenciones y dejando al país objeto de la agresión la gestión del caos y el coste político.

España no puede determinar su política exterior en función de los intereses de una monarquía autoritaria como la marroquí. Disponemos de fuerza diplomática y económica más que suficiente para imponer nuestros criterios, que siempre deben ser los principios propios del Estado de derecho y el derecho internacional. Denunciar la instrumentalización de los flujos migratorios no supone ignorar la obligación ética y jurídica de los Estados de proteger a quienes arriesgan sus vidas cruzando las fronteras, especialmente a los menores.

El comportamiento de Marruecos no constituye una anomalía aislada, sino el mismo patrón que España ya sufrió hace cinco años. Durante la pandemia, en abril de 2021, nuestro país acogió al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por razones humanitarias. Rabat interpretó este gesto como una hostilidad manifiesta, suspendió la colaboración fronteriza y dejó a España expuesta en su punto más vulnerable. Tan solo un mes después, los días 17 y 18 de mayo, la relajación de los controles en el lado marroquí permitió la entrada de 10.000 personas en Ceuta en cuestión de horas, desestabilizando nuestro flanco sur.

Entre mayo y junio de 2021, los teléfonos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de Pedro Sánchez fueron intervenidos mediante Pegasus, un programa de espionaje informático extremadamente sofisticado, desarrollado por la empresa israelí NSO Group y comercializado exclusivamente para gobiernos y organismos estatales. Según publicaciones de El País y El Confidencial, el teléfono de la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, también habría sido infectado, aunque el Gobierno lo niega. Los ataques fueron confirmados por el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI. Durante los meses siguientes, Marruecos bloqueó todo contacto diplomático, suspendió la colaboración antiterrorista y dejó a España sin interlocución política en un área crítica para nuestra seguridad.

En marzo de 2022, Madrid modificó su tradicional postura sobre el Sáhara y restableció la cooperación con Marruecos a costa de los saharauis y de la relación con Argelia —nuestro principal proveedor de gas—, algo nunca explicado en sede parlamentaria. Esa cesión, que Rabat interpretó como debilidad, abrió un segundo frente diplomático: Argelia suspendió el Tratado de Amistad de 20 años, retiró a su embajador y bloqueó parte del comercio bilateral. Solo ahora, en 2026, España ha intentado recomponer la relación con Argel, chocando con los intereses de Rabat de convertirse en el actor dominante del norte de África.

Históricamente, las políticas de apaciguamiento no han servido para contener las aspiraciones de los Estados autoritarios. En la cosmovisión de algunos sectores del nacionalismo marroquí, herederos de las ideas de Allal el Fassi y del partido Istiqlal, persiste la idea del Gran Marruecos, que incluye Ceuta y Melilla —ignorando la historia y el derecho internacional—, el Sáhara Occidental, el oeste de Argelia, gran parte de Mauritania, los islotes y peñones españoles, el norte de Malí y Canarias. Las posturas de debilidad no frenarán esas ansias expansionistas.

En el ámbito político estadounidense, ha comenzado a penetrar esta narrativa nacionalista marroquí, que presenta a España como potencia colonial en Ceuta y Melilla. Un informe del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes describió ambas ciudades como territorios marroquíes “bajo administración española” y propuso que el secretario de Estado, Marco Rubio, promoviera una solución diplomática sobre su futuro. El principal impulsor de ese lenguaje fue el congresista republicano Mario Díaz-Balart, estrecho aliado de Rubio y Trump. Esta posición no forma parte de la política exterior de Estados Unidos, pero refleja una creciente corriente que cuestiona la soberanía española sobre ambas ciudades.

Por si fuera poco, todo se integra en las actuales dinámicas de la ultraderecha mundial, que buscan fortalecer los regímenes autoritarios en detrimento de las democracias. Estados Unidos, por boca de su vicepresidente, J. D. Vance, se ha apresurado a decir: “Estas imágenes de España son un recordatorio desafortunado de las consecuencias de la migración masiva y las políticas globalistas de la izquierda radical que han permitido la invasión de Occidente”. Dinamarca, Finlandia e Italia, por su parte, ya han planteado —en un movimiento coral— la suspensión del Acuerdo de Schengen con Madrid.

No es posible afirmar que Washington o Tel Aviv tengan algo que ver en esta crisis, pero sus reacciones favorables a Rabat y contrarias a un país miembro de la OTAN como España sí pueden interpretarse como una hostilidad provocada por la inequívoca condena de Pedro Sánchez al genocidio en Gaza.

Al final, esta crisis quedará subsumida en la geopolítica y el problema humanitario será lo último en ser atendido; no hay más que ver la reacción de algunos socios europeos, para quienes la solidaridad no parece ser una prioridad. La frontera entre Marruecos y España es una de las más desiguales del planeta: la renta per cápita anual española es de alrededor de 40.600 dólares, mientras que la marroquí es de 5.100, según el Fondo Monetario Internacional. Esto supone una cuestión estructural de máxima gravedad porque esa diferencia, unida al hecho de que Marruecos dispone de millones de jóvenes dispuestos a cruzar la frontera, garantiza la persistencia de este problema.

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor.

La crisis fronteriza de Ceuta ha dejado en evidencia el escaso apoyo que ha recibido el Gobierno de España tanto por parte de la oposición –que ha aprovechado esta tragedia humanitaria, en la que ha fallecido casi un centenar de personas, para tratar de erosionar a Pedro Sánchez– como desde Europa.

Este lunes, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado en rueda de prensa al presidente del Gobierno como el “responsable principal” de la “gran invasión” ocurrida en la Ciudad Autónoma. Asimismo, ha exigido que se esclarezca “qué ha fallado en la cooperación con Marruecos”.

Ha criticado, además, que los servicios de inteligencia españoles “no tuvieran información de que una marea humana” se dirigía a Ceuta, una idea en la que también ha incidido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en Telecinco: “No me creo que una masa de 60.000 o 70.000 personas haya pasado desapercibida”.

Tras afear la “respuesta acomplejada y pusilánime” de España y criticar que Sánchez esté de vacaciones, Tellado ha terminado su intervención poniendo el dedo en la llaga al mencionar la carta de varios países de la Unión Europea en la que reclamaron una reunión de los ministros de Interior –que se celebrará este martes–. Según ha dicho, Sánchez está ya “tan solo” en España como fuera de ella.

Y es que la respuesta por parte de Europa ante la llegada de unas 60.000 personas a Ceuta no ha sido la que cabría esperar de una Unión Europea solidaria y unida ante una crisis humanitaria de estas características.

Nada más conocerse los hechos, varios países, entre ellos Italia, Finlandia y Dinamarca, solicitaron la exclusión de España del espacio Schengen y cuestionaron la capacidad del país de proteger la frontera exterior de la Unión.

Por su parte, Francia expresó su “solidaridad con España, con su Gobierno y con su pueblo” a través de su presidente, Emmanuel Macron. Sin embargo, también trató de convencer a Sánchez de recurrir a la agencia europea Frontex para reforzar la vigilancia fronteriza, alineándose parcialmente con quienes cuestionaban la gestión española de la crisis. 

Ante la avalancha de críticas a España, Pedro Sánchez envió el pasado sábado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la que denunciaba la reacción “egoísta, polarizadora e ilegal” de varios gobiernos: “La mayoría nos ha mostrado su apoyo y solidaridad, y nos ha ofrecido su ayuda. Otros, sin embargo, han optado por atacar a España y pedir su exclusión temporal del espacio Schengen”.

Recordó además que “Ceuta no forma parte del Espacio Schengen, porque ya casi no quedan migrantes irregulares sin repatriar y porque España es, según Frontex, una de las fronteras exteriores menos porosas de la Unión Europea, con un número de entradas irregulares que es la mitad del registrado, por ejemplo, en Italia en los últimos años (2021-2026)”.

En ninguna de las declaraciones que llegaron desde distintos países europeos hubo reproches a Marruecos por su actuación durante esta crisis. Mientras el foco sigue puesto sobre España por su proceso de regularización –criticado dentro y fuera del país–, los servicios de inteligencia consideran que, aunque esta oleada migratoria no fue planificada, las autoridades marroquíes tampoco pusieron obstáculos para que decenas de miles de personas cruzaran la frontera.

Pese a conocerse esta información, Europa sigue sin cuestionar la actuación de Marruecos durante la crisis. Este mismo lunes, Von der Leyen alabó por igual la gestión de España y de Marruecos.

“Quiero elogiar la rápida gestión de las devoluciones de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos. Tanto las autoridades españolas como las marroquíes han gestionado esta situación de forma eficiente y eficaz, logrando impedir con éxito el traslado ilegal hacia la España peninsular y Europa”, ha comentado en una carta dirigida al presidente del Gobierno español.

Quien sí ha pedido explicaciones a Marruecos y ha reclamado una investigación sobre lo ocurrido ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles. Desde Zaragoza, se ha mostrado tajante: “Ceuta y Melilla no se tocan”.

“Le pido al Gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final” para esclarecer lo sucedido al considerar que “quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afronta este martes una tensa reunión con sus homólogos de la Unión Europea, con escasos apoyos y obligado a defender la actuación de España durante la crisis. En ese encuentro se comprobará si Bruselas mantiene el foco sobre el Gobierno español o si, por el contrario, también exige responsabilidades a Marruecos por lo sucedido en Ceuta.

Ceuta trata de recuperar este lunes la normalidad después de la entrada sin precedentes de más de 50.000 personas desde Marruecos, pero la ciudad sigue marcada por la dimensión de la tragedia. El balance provisional se eleva a 72 fallecidos en el lado español y más de un millar de personas atendidas por los servicios sanitarios. Además, Marruecos reconoce otras once muertes en sus costas. Más de 48.000 migrantes habían regresado al país vecino durante las primeras 48 horas y otros lo hicieron a lo largo del fin de semana.

Mientras las autoridades reforzaban la frontera, buscaban cuerpos en el mar y trataban de localizar y devolver a quienes permanecían en la ciudad, la crisis humanitaria y de seguridad pasó rápidamente al terreno de la confrontación política. Pedro Sánchez viajó el viernes a Ceuta; Alberto Núñez Feijóo hizo lo mismo el sábado y Santiago Abascal, el domingo. PP y Vox aprovecharon sus visitas para responsabilizar directamente al presidente del Gobierno y endurecer su discurso sobre inmigración y soberanía nacional.

El choque se ha extendido también a Europa. Italia, Dinamarca y Finlandia acusaron a España de no proteger adecuadamente la frontera exterior de la Unión, mientras 22 Estados miembros reclamaron una respuesta coordinada. Sánchez respondió con una carta a los responsables de las instituciones comunitarias en la que reprochó las críticas, defendió la actuación española y solicitó una reunión urgente de los ministros de Interior, prevista para este martes.

Sánchez había viajado el viernes a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para visitar la frontera del Tarajal y reunirse con las autoridades locales y los responsables del operativo. Tras el encuentro, calificó lo ocurrido como una “violación” y un “ataque a la integridad territorial” de España y aseguró que el Gobierno emplearía “todos los resortes” y “todos los recursos del Estado” para garantizar la seguridad y recuperar cuanto antes la normalidad. “Toda España está con” los ceutíes, afirmó.

El presidente atribuyó la entrada masiva a la interpretación que las redes de tráfico de personas habrían hecho de una reciente sentencia sobre las devoluciones de quienes acceden a nado. Entre las medidas anunciadas citó el refuerzo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el despliegue de las Fuerzas Armadas, la colocación de una barrera de boyas en el espigón y la agilización de las repatriaciones, para las que agradeció la cooperación de Marruecos.

El líder del PP viajó el sábado a Ceuta y compareció junto a Vivas en la plaza de África. Feijóo sostuvo que lo ocurrido no había sido una crisis imprevisible, sino una “ocupación premeditada y sin precedentes”, y aseguró que el Gobierno conocía desde principios de semana la posibilidad de una entrada masiva y “nada hizo” para impedirla.

El dirigente popular no presentó durante su intervención pruebas de que Sánchez hubiera recibido una alerta concreta sobre la movilización. Marlaska sostuvo posteriormente que el Centro Nacional de Inteligencia no había avisado de una operación de esa magnitud, mientras fuentes del Ejecutivo reconocieron que el Gobierno no vio venir la crisis.

Feijóo vinculó además lo ocurrido con la política migratoria del Ejecutivo y la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno. También exigió esclarecer qué había fallado en la cooperación con Marruecos, reforzar permanentemente la frontera y evitar que quienes habían entrado en Ceuta pudieran desplazarse a la Península o a otros países europeos.

La presión continuó el domingo por medio del secretario general del PP, Miguel Tellado. El número dos de los populares rechazó la versión gubernamental de que la situación estuviera prácticamente revertida y reclamó que se pusieran todos los medios para devolver a quienes permanecieran en la ciudad: “Que no quede ni uno”.

Tellado calificó al Gobierno de “indolente” e “incompetente”, sostuvo que Ceuta seguía desprotegida y evitó definir lo ocurrido como una crisis migratoria. En su lugar, habló de “ocupación” y de “auténtica invasión”, términos con los que el PP se aproximó durante el fin de semana al marco discursivo utilizado habitualmente por Vox.

Vox elevó todavía más el tono. Abascal viajó el domingo a Ceuta y acusó a Sánchez de estar “sometido” a Marruecos. El líder de la extrema derecha exigió militarizar permanentemente la frontera, cerrar el paso cuando sea necesario y pedir a la Unión Europea que suspenda su acuerdo de asociación con Rabat.

El líder ultraderechista calificó la entrada masiva como una “invasión” y aseguró, sin aportar datos que respaldaran su cálculo, que todavía quedaban unas 10.000 personas que debían ser expulsadas de inmediato. Interior situaba en más de 48.000 las personas que ya habían regresado a Marruecos, mientras el Gobierno ceutí hablaba de varios miles todavía presentes en la ciudad.

El presidente de Vox llegó incluso llegó a insinuar que Marruecos podía disponer de información comprometedora sobre Sánchez y afirmó que el presidente debía sentarse en el banquillo y acabar en prisión. 

El desembarco de dirigentes y agitadores de extrema derecha provocó protestas de vecinos. Alvise Pérez y Vito Quiles fueron increpados y el eurodiputado tuvo que ser evacuado por la Policía, mientras una veintena de integrantes de Núcleo Nacional fueron escoltados hasta el puerto entre gritos contra su presencia. Parte de la población ceutí denunció que trataban de aprovechar la crisis para sembrar odio y poner en riesgo la convivencia.

La dimensión europea de la crisis también se hizo evidente desde el viernes. Giorgia Meloni planteó suspender a España del espacio Schengen y su Gobierno reintrodujo durante un mes controles para determinados viajeros procedentes de territorio español. La propuesta italiana recibió el respaldo de Dinamarca y Finlandia, que cuestionaron la capacidad de España para proteger la frontera exterior comunitaria.

Las críticas se apoyaron en la regularización extraordinaria aprobada por el Ejecutivo español, a la que varios dirigentes europeos atribuyeron un supuesto efecto llamada. España rechaza esa relación y recuerda que Ceuta tiene un régimen especial: quienes entran irregularmente en la ciudad no pueden desplazarse libremente a la Península ni circular por el espacio Schengen.

Sánchez remitió el sábado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa. En ella denunció que algunos gobiernos habían reaccionado guiados por prejuicios, desinformación o intereses políticos y calificó sus posiciones de egoístas y polarizadoras.

El presidente defendió que, según Frontex, la frontera exterior española se encuentra entre las menos permeables de la Unión y registra aproximadamente la mitad de entradas irregulares que Italia desde 2021. También recordó que prácticamente todas las personas que habían cruzado fueron retornadas sin que se produjera un desplazamiento hacia la Europa continental.

La Comisión Europea rechazó excluir a España de Schengen, recordó el régimen particular de Ceuta y pidió una respuesta europea unida. Francia descartó apoyar la suspensión, aunque reforzó sus controles fronterizos, y Alemania reclamó acelerar la aplicación de las normas europeas sobre retornos.

La reunión extraordinaria de ministros de Interior convocada para este martes deberá abordar esas divisiones. 22 Estados miembros han reclamado reforzar la protección de las fronteras exteriores, mientras España pide que Ceuta reciba la misma solidaridad que la UE ofreció a Polonia o Finlandia cuando otros países facilitaron movimientos migratorios hacia sus fronteras.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto este viernes la posibilidad de una reforma legal tras el "ataque a la integridad territorial de España" que considera que ha supuesto la entrada masiva de personas en Ceuta procedentes de Marruecos.

Sánchez ha hecho estas consideraciones en una declaración con motivo de su visita a Ceuta ante la situación que se vive en la ciudad autónoma y en la que ha estado acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El jefe del Ejecutivo, que ha destacado la cooperación que ha habido con el gobierno local encabezado por Juan Jesús Vivas, ha lanzado un mensaje de apoyo a los ceutíes y ha afirmado que se hace cargo de su situación emocional.

"Ceuta es una ciudad española", ha enfatizado antes de considerar que lo sucedido estos días, especialmente el jueves, es "un ataque, una violación de la integridad territorial de España".

Ante ello ha asegurado que el Gobierno utilizará todos los resortes y recursos del Estado para garantizar la seguridad de los ceutíes y la convivencia en la ciudad.

Para Sánchez, el origen de la situación es una lectura interesada por parte de las mafias que trafican con seres humanos de la sentencia del Tribunal Supremo que impide las devoluciones en caliente de las personas que lleguen a nado a territorio español al considerar que no existe una frontera física como sí la hay en una frontera terrestre.

Por ello, es por lo que ha señalado que el Gobierno analizará si hay que hacer alguna modificación legal, en referencia a la ley de Extranjería, para poder garantizar las repatriaciones en frontera de la manera más eficiente posible.

Además, ha informado de que ha pedido a Salvamento Marítimo que, en colaboración con la Armada y la Guardia Civil, se desplieguen boyas en el mar que permitan visualizar la frontera entre España y Marruecos y desde el punto de vista administrativo se dé cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo a la vez que se facilita la repatriación de quienes llegan a nado.

Sánchez ha explicado igualmente que este viernes se ha reunido con carácter de urgencia la Comisión de Asilo para agilizar los expedientes de expulsión que faciliten esa repatriación.

En todo momento ha destacado la colaboración de Marruecos, a cuyas autoridades ha agradecido su voluntad para que se materialicen cuanto antes esas repatriaciones, y el dialogo "fluido y muy razonable" que ha habido en esta ocasión a diferencia de lo sucedido en la crisis migratoria de 2021.

No obstante, ha señalado que el Gobierno ha trasladado a su "aliado" marroquí que hay que agilizar los trámites para las repatriaciones y dar una respuesta mucho más contundente a lo sucedido.

Sánchez ha explicado que se ha pedido a la policía local y a las autoridades de la ciudad que informen a los migrantes que continúen en ella que se ha abierto la frontera para que puedan regresar voluntariamente a Marruecos "cuanto antes".

Respecto a la situación de los menores que han llegado a Ceuta ha señalado que hay un marco legal seguro y certero para gestionar esta realidad y ha recordado que en la crisis de 2021, muchos padres y madres de menores marroquíes pidieron su regreso.

Se trata de un elemento que ha dicho que hay que incorporar en la interlocución con Marruecos.

Para estar al tanto sobre el terreno de todo ese proceso Marlaska permanecerá durante unos días en Ceuta.

El presidente del Gobierno ha recalcado que ha habido durante este año una reducción de los flujos migratorios irregulares hacia España de un 36%, y que lo sucedido en Ceuta es una situación "inédita", un "repunte" que rompe esa dinámica.

Ha lamentado la pérdida de vidas humanas que ha habido en esta crisis migratoria y ha destacado que la política migratoria es central para su Ejecutivo y se ha desarrollado durante ocho años "con muchos esfuerzo, con recursos económicos y con mucha cooperación con los países de origen y tránsito".

También ha puesto en valor las inversiones del Estado en Ceuta desde que está al frente del Ejecutivo, y ha avanzado que el Gobierno analizará las ayudas que puede facilitar a los dueños de pequeños comercios de Ceuta que están cerrando a consecuencia de esta situación. 

El paso fronterizo de Beni-Enzar, el único operativo entre España y Marruecos en Melilla y que fue cerrado la noche de este jueves por la presión migratoria sobre la ciudad autónoma, aún no tiene fecha para su reapertura, que se llevará a cabo cuando se pueda garantizar la seguridad en el tránsito.

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha informado en rueda de prensa de que la reapertura “depende de cuestiones meramente vinculadas a la seguridad”, en concreto a que el perímetro fronterizo “pueda estar completamente despejado” para no poner en riesgo a los usuarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las fuerzas marroquíes.

Esta cuestión ha estado sobre la mesa en una reunión de coordinación con la ciudad autónoma y otros organismos implicados para hacer balance, organizar servicios y prever cómo reaccionar en cuanto se pueda abrir el paso.

Según Moh, han buscado recursos alternativos “por si no se abriera la frontera en un periodo corto de tiempo”, ya que en estos momentos hay más de 500 vehículos y un millar de personas, fundamentalmente viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE), esperando en las inmediaciones su reapertura.

Se trata, en muchos casos, de familias magrebíes residentes en la península y otros países de Europa que han llegado a Melilla en barco entre la noche del jueves y la mañana de este viernes con la idea de pasar la frontera para pasar las vacaciones en su país de origen y que se han visto atrapadas en la ciudad por el cierre del paso de Beni-Enzar.

Por el momento, según la delegada, “no está cerrado” qué medidas se van a adoptar y se están viendo diferentes alternativas para el problema del embolsamiento que no ha querido avanzar al no tener una previsión sobre cuándo se podría producir la reapertura de la frontera, por que ha instado a esperar a tener nueva información para adoptar decisiones.

También se está analizando a posibilidad de buscar posibles acuerdos con la naviera que opera en Melilla, Baleària, si bien ha recordado que esto afecta también al puerto de origen o de destino, lo que requiere una coordinación “y buscar una respuesta que al final sea acorde a las necesidades de cada uno de los territorios implicados”.

Otra opción que también se baraja es la puesta en marcha de “algún recurso” para atender a las personas que esperan la reapertura de la frontera.

Unas 49.000 personas han entrado en Ceuta de forma irregular procedentes de Marruecos en los últimos días, según los primeros cálculos que manejan las fuerzas de seguridad.

Esa es la estimación que se ha hecho de forma provisional, ya que fuentes del Gobierno han señalado a EFE que, por el momento, no hay cifra oficial.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este viernes a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación que se vive en la ciudad autónoma después de que miles de personas hayan llegado a ella a nado o por el espigón que le separa de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que la llegada de miles de personas desde Marruecos haya provocado una situación de máxima tensión en la ciudad autónoma y dejado al menos 24 fallecidos. Todos ellos habrían muerto ahogados cuando intentaban alcanzar a nado la costa española.

Sánchez se desplazará a la frontera del Tarajal, donde mantendrá un encuentro con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Posteriormente, participará en una reunión de coordinación en el Palacio de la Asamblea de Ceuta junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez; los responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil; el director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y representantes de Cruz Roja.

La visita se produce después de que el jefe del Ejecutivo asegurara este jueves que el Gobierno está “volcado” en dar una respuesta inmediata y que ha movilizado los recursos necesarios para recuperar la normalidad. España y Marruecos también han acordado reforzar la coordinación ante la presión migratoria y acelerar las devoluciones de las personas que hayan entrado de forma irregular.

La dimensión humanitaria de la crisis se ha agravado con la recuperación de 24 cadáveres en el mar. Salvamento Marítimo localizó el primer cuerpo a primera hora de la mañana del jueves y, posteriormente, la Guardia Civil ha encontrado el resto en las inmediaciones de la frontera del Tarajal.

Según las primeras hipótesis, las víctimas fallecieron ahogadas mientras trataban de alcanzar Ceuta a nado. Los hallazgos se produjeron después de varios días de llegadas continuadas, que han llevado al Gobierno a reforzar el dispositivo de seguridad y a desplegar a las Fuerzas Armadas en apoyo de la Guardia Civil.

Con estos fallecidos se eleva a 54 el número de migrantes que han muerto este año intentando entrar a nado en Ceuta. Sólo en el mes de julio han sido 35 las personas que han perdido la vida ahogadas cuando trataban de acceder a la ciudad. La cantidad de fallecidos supera las 46 víctimas mortales registradas en todo 2025, que fue el más dramático en este tipo de sucesos. 

La presión sobre la frontera sur se ha extendido también a Melilla, donde se han registrado intentos de entrada por varios puntos del perímetro. La frontera de Beni Enzar, la única que permanece habitualmente operativa entre la ciudad autónoma y Marruecos, continúa cerrada, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Las autoridades han pedido a la ciudadanía que no se acerque al perímetro para evitar que la presencia de curiosos dificulte el trabajo de los servicios de seguridad y emergencia. Hasta la zona se ha desplazado la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh.

Los intentos de entrada no se han limitado a Beni Enzar. También se han producido movimientos en el antiguo paso de Barrio Chino, cerrado desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia. Fue en este mismo lugar donde tuvo lugar el salto masivo del 24 de junio de 2022, en el que murieron al menos 23 migrantes según las cifras oficiales de Marruecos, aunque distintas organizaciones elevaron considerablemente el número de víctimas.

Durante la noche, varios migrantes consiguieron encaramarse a la valla del antiguo puesto fronterizo. En la zona se escucharon detonaciones y gritos en medio de un amplio despliegue policial, mientras las fuerzas de seguridad trataban de contener el intento de entrada.

También se han registrado llegadas por el dique sur, que funciona como frontera terrestre y marítima en el extremo meridional de Melilla y cuyo tránsito había sido cerrado como medida preventiva. En el dispositivo han participado la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y vehículos de la Policía Militar.

Parte de las personas que consiguieron alcanzar la costa a nado se internaron a la carrera en el casco urbano por el barrio del Hipódromo. La Policía Local ha cortado los accesos por carretera a las zonas afectadas, mientras drones y helicópteros han supervisado diferentes puntos del perímetro fronterizo.

Los primeros momentos de tensión se produjeron en Beni Enzar, donde las fuerzas de seguridad intervinieron ante un intento de entrada a la carrera. Varias ambulancias se desplazaron hasta el paso fronterizo y los agentes condujeron a diferentes grupos de personas desde el perímetro hacia el interior de la ciudad.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, cifró en “unos 300, 400 como mucho” las personas que habrían conseguido entrar durante la noche por vía terrestre y marítima. Según explicó en declaraciones a la Cadena COPE, se registraron intentos de acceso por dos puestos fronterizos y también por el dique sur.

Imbroda subrayó, no obstante, que lo sucedido en Melilla “no tiene comparación” con la situación de Ceuta. El dirigente popular calificó de “ejemplar” la actuación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, que, según defendió, permitió contener las entradas. También aseguró que la gendarmería marroquí colaboró en el dispositivo desplegado al otro lado de la frontera.