PP y Vox se lanzan con todo contra el Gobierno por la llegada masiva de migrantes provocada por el Supremo

PP y Vox huelen sangre. Conscientes de que es un tema sensible y del desgaste que puede suponer para el Gobierno la crisis migratoria desatada por la sentencia del Supremo que, aprovechando un vacío legal, impide la expulsión en caliente de los migrantes que acceden a Ceuta nadando, la derecha se ha lanzado con todas las armas a su alcance contra el Ejecutivo.

Unas 50.000 personas han entrado en Ceuta de forma irregular procedentes de Marruecos en los últimos días, según los cálculos que manejan las fuerzas de seguridad. Más de medio centenar perdieron la vida en el intento. Eso supone aproximadamente un 60% de la población censada en la ciudad autónoma. De ellas, al menos 48.300 ya habían regresado a su país de origen a media tarde del viernes, según el Ministerio del Interior.

Sin mencionar ni la responsabilidad de Marruecos, cuyas autoridades miraron hacia otro lado durante casi toda la jornada del jueves y toleraron, de hecho, el flujo masivo de personas hacia Ceuta, ni el origen del problema —la sentencia del Supremo—, la derecha acusó a Sánchez de ser el causante del problema y de no haber reaccionado adecuadamente para hacerle frente.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reprochó primero al Ejecutivo haber reaccionado con “debilidad” y no hacer “nada suficiente para evitar” la entrada masiva de migrantes irregulares.

Y eso a pesar de que el Gobierno activó el jueves un dispositivo en Ceuta destinado a reforzar la seguridad fronteriza y ciudadana que ha incluido la movilización de militares, carros blindados, guardias civiles, policías nacionales —incluyendo unidades antidisturbios— y un grupo especial de actividades subacuáticas, además de medios aéreos y marítimos.

Pero nada de esto parece relevante para Feijóo, según el cual el Gobierno debía adoptar “instrumentos excepcionales” y solicitar la intervención de Frontex y de sus unidades de intervención rápida —una solución que tardaría días en ser operativa—, además de declarar la situación de interés prevista en la Ley de Seguridad nacional.

Coordinación reforzada

En España, una declaración de este tipo está pensada para atender una crisis que, por su gravedad, alcance, urgencia y necesidad de medidas transversales, exige una coordinación reforzada de las administraciones bajo la dirección del Gobierno. No es un estado de alarma: se afronta con medios y competencias ordinarios y no permite suspender derechos fundamentales.

A través de un comunicado, el líder del PP, Feijóo, subió después el tono adoptando la terminología propia de la extrema derecha: “Un territorio español está siendo ocupado”. Es, dijo, una “crisis de soberanía”. “Quienes han entrado irregularmente tienen que volver”, subrayó, ignorando que miles de ellos ya estaban cruzando en esos momentos la frontera hacia Marruecos.

El PP, no obstante, pese a poner el foco en el Gobierno, no ha tenido más remedio que reconocer que el origen del problema es la sentencia del Supremo, al pedir la tramitación inmediata y en lectura única de la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería para garantizar que la figura del rechazo en frontera se aplique también a las entradas por vía marítima a las ciudades de Ceuta y Melilla y taponar así ela agujero abierto por el Supremo.

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, que no ha dudado en usar el término “invasión”, sobre el que se asientan las políticas xenófobas de la extrema derecha en toda Europa, ha pedido que se convoque al Congreso de los Diputados este fin de semana para aprobar una modificación por la vía de urgencia de la Ley de Extranjería.

Pero la solución a corto plazo mediante una reforma legal es imposible. Desde el punto de vista jurídico y constitucional, es totalmente imposible modificar la Ley de Extranjería en 48 horas. Al afectar a derechos fundamentales, cualquier cambio en esta norma requiere el rango de ley orgánica. Además, la Constitución prohíbe de forma expresa que el Gobierno recurra a un real decreto-ley de urgencia para regular materias que afecten a libertades públicas, por lo que la vía de un Consejo de Ministros exprés queda descartada por inconstitucional.

A esto se suman los plazos y trámites parlamentarios obligatorios del sistema bicameral español. Aunque se convocase un Pleno extraordinario de urgencia en el Congreso durante el fin de semana, como pide el PP, la legislación exige garantizar un periodo mínimo para que el resto de grupos presente enmiendas. Posteriormente, el texto debe remitirse obligatoriamente al Senado, cámara que dispone de un plazo legal de hasta 20 días para debatir, enmendar o vetar la norma. Y después, el proyecto tendría que volver al Congreso.

La regularización, según Tellado

En el afán por culpar a Pedro Sánchez se han aplicado especialmente las voces más extremistas del PP y Vox. El secretario general del PP, Miguel Tellado, declaró este viernes que “a nadie puede sorprenderle” que miles de personas quieran entrar en un país que regulariza a más de un millón de inmigrantes irregulares “de un día para otro”. “El responsable de lo que pasa en Ceuta es el presidente del Gobierno”, insistió, pasando por alto que nadie que haya entrado irregularmente en España después del 31 de diciembre del año pasado puede optar siquiera a regularizar su situación.

El problema, en realidad, no ha nacido del Gobierno, sino de la sentencia del Supremo que dificulta la devolución inmediata (“en caliente”) de los migrantes que entren en Ceuta a nado, lo que ha alimentado la falsa creencia de que quienes entrasen así en España podrían quedarse. El tribunal ha establecido que llegar a nuestro país de ese modo no equivale a rebasar una valla o barrera física, que es el requisito que marca la ley para hacer posible la devolución inmediata. 

El fallo judicial obliga al Estado a aplicar el procedimiento administrativo ordinario, lo que no impide las expulsiones, solo exige abrir un expediente individualizado con asistencia letrada, intérprete y el derecho formal a solicitar asilo, un trámite que paraliza cautelarmente la devolución. En la práctica, la resolución no regulariza a la persona ni le otorga residencia, pero sí convierte un rechazo instantáneo en un proceso burocrático mucho más garantista y lento que aplaza la ejecución de las expulsiones mientras se resuelve cada caso.

No obstante, al PP y a Vox no parece importarles esa realidad. En la misma línea, pero en una afirmación todavía con menos fundamento, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sostuvo el jueves por la noche que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha permitido deliberadamente “la invasión” de Ceuta para ocultar “todos sus juicios”.

En un mensaje publicado en la red social X, Ayuso opinó: “Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega”.

La fundación FAES, que preside el expresidente José María Aznar, echó más leña al fuego atribuyendo lo ocurrido a la “actitud claudicante” del Ejecutivo y a su política “servil” hacia Marruecos.

“Hombres en edad militar”

Tampoco ha medido sus palabras el líder de Vox, Santiago Abascal. También en un mensaje publicado en la red social X, propiedad del tecnólogo ultraderechista Elon Musk, Abascal sostuvo que los inmigrantes “no vienen huyendo de ninguna guerra ni de la pobreza”, sino que “son hombres en edad militar llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez para que asalten nuestras fronteras, para que después deambulen por las calles de España diciendo: ‘Viva Pedro Sánchez”. En realidad, los que entraron fueron jóvenes, mujeres y familias enteras, incluidos niños.

Vox se está empleando a fondo en la difusión de mentiras, como afirmar que la llegada de inmigrantes es el resultado “de darles menú halal, construirles mezquitas o gastar millones en mataderos móviles para la fiesta del cordero”. Sin dar nombres, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), amenazó con retirar las ayudas de su comunidad a cualquier ONG que atienda a los migrantes que entraron irregularmente en Ceuta.

De estas posiciones, sin base, se ha distanciado una muy significativa: el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha atribuido la entrada de miles de personas a través de la frontera del Tarajal a una “manipulación de Marruecos de su población con fines partidistas”.

Y es que la entrada masiva fue posible, en gran parte, gracias a la ausencia de medios policiales del lado marroquí desplegados para contener el tránsito de migrantes hacia el espigón que marca los límites entre el reino alauita y España, algo que las autoridades de Rabat corrigieron ya este viernes, utilizando incluso material antidisturbios y permitiendo la apertura de la frontera para facilitar el retorno.

Uno de los rasgos más llamativos de esta crisis, a diferencia de la que tuvo lugar hace cinco años, es que, en sintonía con la derecha española, son numerosas las voces de la derecha y la extrema derecha de Europa y de Estados Unidos que se han sumado a las críticas a Pedro Sánchez. Algunas de forma sorprendente —teniendo en cuenta que la crisis migratoria ha tenido lugar en África, al otro lado del Mediterráneo—, como las que llegaron de Finlandia o Italia, al pedir el cierre de la libre circulación con España.

La ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, representante en su gobierno de la formación ultra Partido de los Finlandeses, acusó a España de haber “fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la migración irregular. Esto no puede continuar. Todos los países europeos deben apoyar la propuesta de Meloni. Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen”.

El presidente español, Pedro Sánchez, les respondió a través de redes sociales recordando que las entradas irregulares registradas por Frontex en países como Italia entre 2021 y 2026 duplicaron las de España. Y añadió: “La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no”.

Mensajes coordinados

En lo que parece una declaración coordinada con el PP Europeo, Antonio Tajani, el ministro de Exteriores del Gobierno italiano —liderado también por la formación de ultraderecha Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni— , que además es el interlocutor de Feijóo en ese país, relacionó la llegada de migrantes con la reciente regularización de migrantes en España. El canciller alemán, Friedrich Merz, del mismo partido, se pronunció también contra nuestro país.

También a miles de kilómetros de distancia, Francia reforzó los controles en la frontera con España. E incluso Dinamarca, situada a 2.500 kilómetros en línea recta de Ceuta, con un Gobierno socialdemócrata pero que practica duras políticas antiinmigración, se sumó a las críticas hablando de la posibilidad de cerrar fronteras con España.

Hasta la Casa Blanca atribuyó este jueves a las “políticas globalistas de extrema izquierda” de España la situación en Ceuta. “El presidente Trump lleva tiempo advirtiendo a Europa de las consecuencias de seguir implementando políticas globalistas de extrema izquierda, como facilitar la migración masiva. España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición”, dijo a EFE Ana Kelly, portavoz de la Casa Blanca.

El propio presidente Trump se refirió a este asunto: “Ayer vi lo de España y observé la catástrofe que tuvo lugar. Pareció una invasión de un país por cientos de miles de personas, y eso mismo nos va a pasar a nosotros si no ganan los republicanos (las elecciones), pero mucho peor”, declaró durante una reunión con su gabinete celebrada en el retiro presidencial de Camp David.

La desinformación es tal que el comisario europeo de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, tuvo que negar este viernes que se estén produciendo desplazamientos de personas desde Ceuta hacia el continente europeo.

De hecho, Brunner acogió “con satisfacción” la “estrecha cooperación entre España y Marruecos para gestionar la situación y garantizar los retornos rápidos” y recordó que Marruecos figura en la lista de la UE de países de origen seguros.

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La Comisión Europea añadió que sigue considerando a “Marruecos un socio clave y de confianza de la UE. En los últimos años, hemos intensificado la cooperación en materia de migración y gestión de fronteras, así como en la lucha contra el tráfico ilícito. Ahora estamos trabajando para elevar nuestra relación a una asociación global y estratégica”, aseguró un portavoz comunitario.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desplazado a la ciudad de Ceuta para conocer de primera mano la situación, se mostró dispuesto a abordar la reforma de la Ley de Extranjería para corregir el agujero abierto por el Supremo, cuya difusión en Marruecos a través de las redes sociales atribuyó a las mafias que trafican con personas.

No obstante, y en tanto no se reforme la ley, el Ejecutivo ha ordenado a la empresa Sasemar, encargada de Salvamento Marítimo, que despliegue una barrera de separación apoyada en boyas para prolongar el espigón que separa la frontera y hacer mucho más difícil la entrada irregular en Ceuta desde territorio marroquí.