El manual de supervivencia de Ayuso o cómo sobrevivir negando, señalando y culpando a los demás

“Yo no tengo ni la menor idea”. Esa fue la respuesta que dio Isabel Díaz Ayuso el pasado miércoles a las preguntas sobre el ático de lujo adquirido por la Comunidad de Madrid. Esa frase resume una de las argucias que más ha utilizado desde que llegó a la Puerta del Sol: desvincular su figura de las decisiones adoptadas por su propio Gobierno y trasladar las explicaciones a otros para salvarse. “No trabajo para mis adversarios que están de vacaciones, estoy centrada en los problemas importantes”, añadía este viernes ante la prensa, a la que cuestionaba— especialmente a TVE— por preguntarle por el ático y no “por la gente afectada” y lo que “están haciendo”, en alusión a los incendios. 

El inmueble, situado en Chamberí, tiene 485 metros cuadrados, de los cuales 200 son de terraza, fue adquirido por la empresa pública Planifica Madrid para, según dijo en un primer momento la Puerta del Sol, alojar provisionalmente a la presidenta y a parte de su equipo durante las obras de la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el piso tiene uso residencial y la normativa urbanística no permite dedicarlo íntegramente a oficinas y tampoco a una residencia oficial de la presidenta madrileña. Apenas un día después de que la compra saliese a la luz, el Ejecutivo autonómico anunció que lo pondría a la venta.

La primera reacción de Ayuso fue denunciar una “campaña de desprestigio” promovida por el Gobierno central y su “prensa afín”. Unos días después, tras comprobar que la polémica no disminuyó, negó que el inmueble fuese para ella pese a que justamente coincidió con la puesta en venta de los inmuebles en los que reside con su pareja, Alberto González Amador. Esta semana, tras las idas y venidas, Ayuso ha decidido remitir cualquier pregunta a la Consejería de Presidencia, que depende de Miguel Ángel García Martín, porque, según afirmó, ella desconoce los inmuebles que la sociedad pública compra o vende. “No es mi competencia”, añadió sobre la polémica operación por la que el Gobierno regional pagó 6,3 millones de euros.

La pelota se situó entonces en el tejado de García Martín, uno de sus hombres de máxima confianza, al menos hasta ahora. El consejero respondió el jueves que las explicaciones estaban “sobradamente dadas” y desplazó de nuevo el foco hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La polémica del ático, sostuvo, había sido sacada de contexto para ocultar las “vergüenzas” de la izquierda, la corrupción del Gobierno central y su gestión de la crisis migratoria de Ceuta. “Lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, sí la tienen muchos presidentes autonómicos y la mitad de los ministros de este país”, añadió después. Unas palabras que la oposición ha interpretado como un reconocimiento implícito de que ese era en realidad el uso que se le quería dar.

Explicaciones que forman parte del ‘manual’ de supervivencia de la presidenta madrileña y de su entorno, que pasa por negar la responsabilidad personal, derivar la explicación a un subordinado y transformar cada polémica—en este caso quién decidió comprar el inmueble, con qué criterios y para qué uso— en una batalla contra Sánchez sin dar más explicaciones.

Avalmadrid: el precedente familiar

Este modus operandi comenzó ya en el verano de 2019, poco después de su investidura, con las exclusivas de infoLibre sobre Avalmadrid. La entidad semipública concedió un aval de 400.000 euros a una empresa participada por los padres de Ayuso. “Yo no he mediado, yo no he presionado, yo no era nadie”, dijo entonces la baronesa del PP. Una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid concluyó, sin embargo, que sí existió un trato “personalizado y preferente” y una gestión negligente en el seguimiento y recobro del préstamo, pero no tuvo ninguna consecuencia para la presidenta madrileña. 

Ayuso utilizó sus contactos en el Gobierno de Esperanza Aguirre para acceder a un directivo de la entidad y conocer qué sucedería con el patrimonio familiar si la empresa no devolvía el dinero. En las semanas posteriores aceptó de sus padres la donación de la “nuda propiedad" de una vivienda y de la mitad de un local. La presidenta sostuvo que no había mediado ni presionado a nadie, negó cualquier trato de favor y denunció que “la izquierda” había llegado demasiado lejos al involucrar a padres y hermanos en el debate público. La denuncia de una supuesta persecución apareció, de nuevo, más tarde con su hermano y su pareja.

Room Mate: el error que acabó en la consejería de Ciudadanos

En mayo de 2020, la revista Vanity Fair publicó que Ayuso llevaba semanas alojada en una suite de la cadena Room Mate durante el confinamiento. Tras destaparse el caso, la presidenta madrileña aseguró que pagaría personalmente la estancia y no se acreditó que el alojamiento fuese abonado con fondos públicos. Pero la polémica aumentó cuando en el portal de contratación de la Comunidad apareció Room Mate como adjudicataria de un contrato de 565.749 euros para atender a mayores trasladados de residencias a hoteles y el Ejecutivo regional alegó que se trataba de un error de publicación. 

Ayuso anunció una investigación interna y dirigió la responsabilidad hacia la Consejería de Políticas Sociales, entonces controlada por Ciudadanos, su socio de Gobierno. Horas después, el consejero Alberto Reyero, destituyó a su secretario general técnico, señalado como responsable del error. Reyero ya se había situado en la diana de la dirigente del PP por su posición crítica respecto a la falta de medicalización en las residencias de mayores durante la pandemia. 

La presidenta defendió paralelamente que su estancia era un asunto privado y que cualquier mandatario en sus circunstancias habría buscado un lugar desde el que trabajar sin molestar a sus vecinos. Las versiones sobre la fecha de la reserva, sus condiciones y el precio fueron cambiando, pero el coste inmediato acabó recayendo en un departamento gestionado por el socio minoritario del Gobierno, Ciudadanos, del que Ayuso se desprendió un año después.

Los aviones que no llegaban, el Zendal y la culpa de Moncloa

Durante la primera ola de la pandemia, Ayuso anunció el 22 de marzo de 2020 la llegada inminente de dos aviones con material sanitario procedente de China. Más de una semana después, los cargamentos seguían sin aparecer. Mientras administraciones de todo el mundo competían por los mismos proveedores y afrontaban problemas logísticos, la Comunidad se quejó de que el Gobierno central estaba bloqueando la llegada de material. 

La dirección nacional del PP, entonces liderada por Pablo Casado, amplificó la acusación y habló de proveedores obligados a desviar mascarillas y respiradores por la “inacción” de Moncloa. La secuencia se repitió después con el Hospital Isabel Zendal que fue presentado por Ayuso como el gran símbolo de su gestión de la pandemia. Cuando comenzaron las denuncias sobre falta de personal, traslados forzosos de sanitarios y problemas de funcionamiento, la presidenta madrileña habló de “sabotajes impresentables”, acusó a personas cercanas a la izquierda de boicotear el hospital y sostuvo que medicamentos y objetos desaparecían del centro para terminar en medios afines a sus adversarios

El drama de las residencias, la culpa fue de Iglesias y de Illa

La gestión de las residencias constituye el ejemplo más grave de este desplazamiento de responsabilidades. El Gobierno madrileño distribuyó durante la primera ola protocolos revelados por infoLibre que establecían criterios de exclusión para trasladar a hospitales a residentes en centros de mayores con determinados niveles de dependencia o deterioro cognitivo. En total, 7.291 mayores murieron en los centros sin ser derivados a un hospital.

Desde que este periódico publicó los documentos, la defensa de Ayuso atravesó distintas fases. Su Gobierno sostuvo que los protocolos eran simples borradores o documentos técnicos que no resultaban obligatorios. También señaló que las muertes se produjeron en toda España y responsabilizó a Pablo Iglesias, entonces vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, de la situación de las residencias.

Años después, la acusación se desplazó hacia el presidente catalán Salvador Illa, que durante la pandemia era ministro de Sanidad. Ayuso afirmó que Cataluña y el Ministerio de Sanidad habían ordenado “segregar” a los mayores y prohibir su salida. Los documentos ministeriales citados, sin embargo, eran recomendaciones generales de aislamiento para evitar contagios, no órdenes que prohibieran hospitalizar a los residentes y la decisión final correspondía a las autonomías. 

Los sanitarios: del agotamiento al “boicot” de sus profesionales

Ayuso no siempre acude a Moncloa o a la izquierda cuando quiere desentenderse de un asunto polémico. En ocasiones, el responsable elegido es el mismo colectivo que denuncia el deterioro de un servicio público. En diciembre de 2021, en plena sexta ola de la pandemia, Ayuso aseguró que en algunos centros de salud no se cogían los teléfonos, se colgaban las llamadas y que no todos querían “trabajar y arrimar el hombro”. Los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad exigieron una rectificación y recordaron que las diferencias entre centros dependían, entre otros factores, de la falta de profesionales.

El patrón se repitió con la reapertura de las urgencias extrahospitalarias en otoño de 2022. El nuevo modelo arrancó con decenas de centros sin médicos y otros que ni siquiera pudieron abrir. Los trabajadores hablaron de caos organizativo pero desde la Comunidad de Madrid volvieron a presentar las protestas y las dificultades como un “boicot” impulsado políticamente en contra de su presidenta. 

El desplazamiento de la responsabilidad tampoco se limita a adversarios institucionales. En septiembre de 2020, durante el debate sobre el aumento de contagios en los distritos del sur de Madrid, Ayuso los atribuyó al “modo de vida” de la inmigración y a la densidad de población. Posteriormente precisó que se refería a familias numerosas que vivían en viviendas pequeñas, pero rechazó retirar sus palabras y acusó a la izquierda de intentar presentarla como racista. Una situación similar a lo que ocurrió con los cortes de electricidad en la Cañada Real. Ayuso concentró su respuesta en las mafias dedicadas al cultivo de marihuana y en los enganches ilegales a la red de los vecinos.

Aguado, el socio convertido en conspirador

El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, pasó de gobernar con Ayuso a convertirse en otro de los responsables de los obstáculos que, según la presidenta, encontraba su gestión. En marzo de 2021, después de la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos en Murcia, Ayuso rompió unilateralmente la coalición madrileña, destituyó a los consejeros de Cs y convocó elecciones anticipadas. Justificó la decisión afirmando que había vivido “situaciones inenarrables” con Aguado y que no tenía ninguna duda de que Ciudadanos “venía a por Madrid”.

Aguado negó que existiera una moción de censura inminente y acusó a la presidenta de utilizar una “excusa peregrina” para satisfacer su ambición personal. Pero el marco de la ruptura ya estaba construido y la operación salió bien. Ayuso arrasó en las elecciones del 4 de mayo y Ciudadanos desapareció de la Asamblea. El dirigente al que había responsabilizado de las dificultades de la coalición acabó abandonando la política institucional.

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Casado: de padrino a verdugo

El caso más exitoso de esta estrategia se produjo en febrero de 2022. Casado había sido el íntimo amigo de la presidenta madrileña y fue él quien decidió que fuera ella la candidata del PP para la Comunidad de Madrid en 2019, pese a la oposición interna. La dirección nacional del PP pidió explicaciones sobre un contrato de emergencia de 1,5 millones de euros adjudicado por la Comunidad a una empresa vinculada comercialmente con Tomás Díaz Ayuso, tras tensiones internas por la presidencia del PP de Madrid.

La presidenta reconoció que su hermano había mantenido una relación comercial con la empresa y que había cobrado por sus gestiones, pero el centro de la controversia se desplazó rápidamente desde el contrato hacia Pablo Casado y Teodoro García Egea. Ayuso acusó a la dirección del PP de intentar destruirla, actuar con crueldad contra ella y promover una operación de espionaje contra su familia. La petición interna de explicaciones quedó convertida en una conspiración de Génova contra la dirigente más popular del partido. Casado perdió el liderazgo del PP pocas semanas después, mientras Ayuso emergía reforzada como víctima de un supuesto espionaje y traición interna.