BNG y PSdeG denuncian la exclusión en Galicia de los campamentos municipales del Bono Concilia
La decisión de la Xunta de excluir los campamentos municipales del programa Bono Concilia Familia, ayudas a las familias para sufragar recursos para la conciliación y la atención de sus pequeños, provocó el rechazo de padres y madres y también de la oposición parlamentaria. BNG y PSdeG coinciden en calificar como “privatizadora” y “clasista” esta medida del Gobierno gallego, al que señalan por “perjudicar” a miles de familias, especialmente a las trabajadoras y con menos recursos.
Desde el BNG, su portavoz de Infancia y Familia en el Parlamento, Ariadna Fernández, asegura que el “afán privatizador y excluyente” de la Xunta “no es un secreto para nadie porque hay muchos ejemplos”, pero advierte de que el caso del Bono Concilia Familia “es más indignante” por afectar a “cientos y cientos de familias que van a quedar fuera de las ayudas o quedaron fuera porque no tuvieron la información necesaria”.
Así, la diputada nacionalista acusa al Gobierno gallego de “falta de transparencia y falta de responsabilidad con la conciliación de las familias”. “Que tantas queden fuera de esta ayuda y sean perjudicadas al optar por campamentos municipales dice mucho de la actitud y del plan que tiene Alfonso Rueda para nuestro país”, insiste quien califica la decisión como una nueva muestra del “menosprecio a los servicios públicos frente a lo privado”. “Ya no sorprende pero, en casos como este, aún se agrava”, añade.
Desde el PSdeG, su portavoz de Educación en el Parlamento, Aitor Bouza, manifestó que la decisión de la Consellería de Política Social demuestra “una vez más” que el modelo del PP apuesta “por subvencionar el ámbito privado en detrimento del público” a través de una política “clasista” que va “contra la clase trabajadora”.
Además, advirtió de que la decisión —anunciada por sorpresa y pese a que los campamentos municipales habían sido siempre incluidos en las ayudas— supone un “ataque frontal” a las familias que quedan sin ayudas. Ante ello, Bouza adelantó que la portavoz socialista de Política Social, Silvia Longueira, presentará próximamente iniciativas parlamentarias contra el “modelo privatizador” del Gobierno de Rueda. “Rueda apuesta por la 'Galicia Caridad' para que los gallegos y las gallegas tengan que pedir limosna en vez de tener derechos”, criticó en referencia al modo en el que el PP está gestionando ayudas de carácter social, a base de bonos.
También Sumar Galicia pidió a la Xunta que “rectifique” e “incluya los campamentos y las ludotecas públicas en el Bono Concilia”. “Si la Xunta continúa incentivando únicamente la oferta privada, muchas familias se verán obligadas a abandonar los servicios municipales”, advirtió su secretario general, Paulo Carlos López.
Fue el pasado miércoles cuando la Consellería de Política Social anunció que había decidido excluir los campamentos municipales de estas ayudas, detallando una de las novedades que tendrán las bases del programa, aún no publicadas, y cuyo plazo para solicitar el bono no se abrirá hasta los primeros días de septiembre.
Coincidió, además, en la semana en la que muchos de los campamentos municipales envían a las familias los justificantes de pago y asistencia de sus hijos e hijas durante los meses de junio y julio, documentación necesaria para poder optar al bono. Pero también con publicaciones de muchos concellos que advertían a su vecindad de la posibilidad de acceder a las ayudas para sufragar las actividades organizadas por ellos pero que, en realidad, ya no están incluidas en el programa.
La Consellería de Política Social justifica el cambio en su intento de evitar una doble financiación porque, aclara, “los campamentos municipales también son financiados a través del Plan Corresponsables de la Xunta de Galicia”. Se refiere al plan de subvenciones para iniciativas de conciliación, sufragado en un 75% con fondos del Estado y en un 25% con fondos autonómicos. Además, este plan se centra en los concellos pero abarca también las ANPA y entidades sociales, cuyas actividades sí pueden acogerse a los descuentos del Bono Concilia Familia.
La Xunta destina 2,6 millones de euros a este programa y la cuantía de las aportaciones a las familias, que puede llegar a cubrir el 75% del coste, “puede ser de hasta 500 euros para las que contraten un servicio de cuidado a domicilio o de hasta 200 euros para aquellas que lleven a sus hijos a recursos y actividades de conciliación”. “Como campamentos o ludotecas, excluidos los financiados por administraciones públicas”, añade Política Social en un punto que es la clave.
Hasta ahora, tal y como se puede leer en la orden de las bases del programa Bono Concilia Familia del pasado año, la subvención cubría la “asistencia a campamentos u otros recursos de conciliación colectivos específicamente organizados por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, para la atención de los niños y niñas en los periodos de vacaciones escolares”. Y solo incluía una excepción: los campamentos de verano organizados por la Xunta, que abarcan juventud de entre 9 y 18 años con 12.000 plazas para actividades entre junio y septiembre.
La noticia llega, además, después de que las familias formalizasen ya hace muchas semanas la matriculación en estos campamentos de verano y muchos meses después de que contratasen los servicios de otras actividades municipales para la conciliación que también estaban incluidas hasta ahora en el Bono Concilia. Las destinadas a las vacaciones de Navidad, Semana Santa o a otros periodos sin actividad lectiva.
La Consellería, consultada por este diario sobre los plazos, se limita a recordar que “la fecha de la convocatoria para solicitar la ayuda del Bono Concilia Familia es la misma que el año pasado: septiembre”. Con la diferencia de que muchas familias que contaban con la posibilidad de la ayuda de otros años acaban de enterarse de que ya no la tendrán.
Porque con esta medida, el Gobierno gallego deja fuera de la subvención a miles de familias que optan por los campamentos municipales, que suelen ser mucho más económicos —e incluso en algún caso gratuitos— que los organizados por empresas, instituciones o colegios privados, pero que también pueden suponer un desembolso importante, especialmente en familias con varios hijos.
Basta el ejemplo de varias familias que suelen optar por las actividades que ofrecen sus concellos en una urbe gallega. Sumando los campamentos de Navidad y de verano, el coste por cada hijo o hija puede ascender a entre 130 y 200 euros dependiendo de las necesidades, a las que muchas veces hay que sumar otras alternativas para periodos lectivos sin actividades extraescolares, como el mes de septiembre.
El acceso a la ayuda permitía un ahorro a estos padres y madres de hasta un máximo de entre 97 y 150 euros en estos casos, una aportación con la que muchas contaban al optar por los campamentos municipales, bien por una mayor preferencia hacia estas actividades impulsadas desde lo público, bien por la imposibilidad de abonar de una vez cantidades que en otros campamentos son mucho mayores. De entre 75 euros y hasta 200 euros a la semana, tomando como ejemplo opciones en centros educativos concertados y entidades que ofrecen cursos de hípica o surf, todas ellas incluidas en el Bono Concilia Familia.
“Sospechas de fraude y de información privilegiada”
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Así, como advierten varias familias, la concesión del bono permite que el coste de algunos campamentos para muchas familias pase de esos 75 o 200 euros semanales a algo menos de 20 o 50, cantidades menores que las de muchas opciones impulsadas por administraciones públicas.
La polémica, que se agudizó con esta nueva medida de la Xunta, viene de lejos. Ya el pasado mes de marzo, el PSdeG demandó un cambio en la adjudicación del Bono Concilia para “evitar las sospechas de fraude y de información privilegiada”. Silvia Longueira había denunciado que el programa de 2025 agotó los 2,6 millones de euros cinco días antes de que terminase el plazo de solicitud. “Funciona como un bingo de sobremesa, donde solo ganan los que llegan primero”, advertía.
Longueira defendió una proposición no de ley para reformular el sistema de concesión de estas ayudas instando a la Xunta a implantar, junto a los concellos, “un programa estable con baremos que garantice la concurrencia competitiva, frente al actual modelo donde el dinero se reparte por orden de llegada”.
