Un consejero de Ayuso desenmascara a la presidenta y pone en duda la legalidad de la actuación de Sanidad en las residencias

"Considero que no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia y de discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal. Por eso, en mis comunicaciones al consejero de Sanidad he insistido siempre en que si no era posible la derivación al hospital, era imprescindible la medicalización, porque si no dejábamos indefensos a nuestros residentes. O lo que es lo mismo y para que se me entienda: o el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia". La cita supone una completa desautorización de la política seguida por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) en las residencias de Madrid. Y el autor de esas palabras no es ningún portavoz de la oposición, sino el consejero de Políticas Sociales del propio Gobierno Ayuso. Que no las improvisó en alguna entrevista, sino que las leyó este lunes durante una intervención en la Asamblea de Madrid.

Alberto Reyero, el consejero de Ciudadanos, fue tan contundente en su explicación que dejó sin palabras a la portavoz del PP, María Dolores Navarro. Esta apenas fue capaz de balbucear lo siguiente dirigiéndose a Reyero: "Dice usted: 'no es ético y no es legal'. ¿Sabe qué le digo? Que usted hablaba antes de errores humanos. Claro que ha habido algún error humano. Que un señor hizo un borrador, claro. Pero, por favor, aplique, apliquemos a todos esos errores humanos. Y no elevemos a categoría un documento que en modo alguno podemos elevar a categoría del modo de actuación de la Comunidad de Madrid".

La teoría del "borrador", a la que recurrió la diputada del PP, la acababa de hacer trizas Reyero. Recapitulemos: infoLibre desveló la semana pasada la existencia de un Protocolo de la Consejería de Sanidad que ordenaba no trasladar a determinados pacientes de las residencias a los hospitales. Entre los criterios que utiliza el documento para condenar a determinados enfermos a permanecer en la residencia figuran algunos relacionados con la discapacidad física o mental del residente. Y en todo momento plantea la cuestión como una orden, no como una recomendación o sugerencia. Entre otras, se utilizan las siguientes expresiones literales: “NO se derivarán al hospital a los pacientes que cumplan con los siguientes criterios”,"Se procederá a derivar al hospital a los pacientes que NO tengan las siguientes características, serían CRITERIOS DE EXCLUSIÓN" [las mayúsculas son del original]. También explica cómo medicar en los geriátricos a los pacientes que tienen "criterios de exclusión de derivación". Y la instrucción afectó tanto a enfermos con "infección respiratoria" como a los que tenían "otra patología".

Ese Protocolo fue firmado digitalmente a las 16:37 horas del 20 de marzo por Carlos Mur, entonces director de Coordinación Socio-sanitaria de la Comunidad de Madrid. infoLibre tiene pruebas documentales de que fue enviado a hospitales y residencias. Dos días después de la publicación de la noticia y del contenido íntegro del documento, el pasado jueves Unidas Podemos le preguntó a Ayuso en el Pleno de la Asamblea su opinión sobre el Protocolo. "No hay tal orden. Hay una filtración de un borrador. Eso es todo", respondió la presidenta madrileña. Como demostró este periódico, esa explicación era mentira. Se trataba de un documento oficial, con el sello de la Comunidad, firmado digitalmente por un alto cargo de la Consejería de Sanidad y que fue enviado a los centros socio-sanitarios para su aplicación en residencias y hospitales.

En su intervención en la Asamblea, al consejero Reyero en ningún momento se le ocurrió acudir a la teoría del "borrador". Muy al contrario, habló sobre el contenido del Protocolo –del que se conocen tres versiones– y dejó clara su frontal oposición: "No estoy de acuerdo con lo que dicen esos Protocolos. Es más, estoy radicalmente en contra. Y así se lo hemos hecho saber al consejero de Sanidad, de palabra y por escrito en reiteradas ocasiones. En concreto, se lo comuniqué personalmente por escrito el 22 de marzo, el 31 de marzo y el 11 de abril. Y lo mismo han hecho en muchas ocasiones miembros de mi equipo, por escrito y en reuniones celebradas con la Consejería de Sanidad".

La diputada del PP quedó aparentemente tan noqueada con la respuesta del consejero de su Gobierno que, apenas un par de minutos después de repetir la ocurrencia de que un Protocolo firmado digitalmente es un "borrador", pidió que "conste en acta" lo siguiente: "Que se envió el primero el día 18, otro el día 20 y el definitivo el 25. El protocolo final y el que valía es el que se envió el 25 de marzo, en el que se establece que es el geriatra de enlace y el criterio clínico el que determina la derivación. Todo lo demás es querer enredar". En otras palabras: según la portavoz del PP, en la Consejería de Sanidad se pasaron varios días enviando a hospitales y residencias "borradores", justo en una de las semanas que más personas fallecieron en los geriátricos madrileños. 

Las palabras de Alberto Reyero, al cuestionar claramente la legalidad de los documentos enviados por la Consejería de Sanidad para que se aplicasen en hospitales y residencias, ponen en un claro aprieto a los altos cargos de Sanidad, empezando por el consejero Enrique Ruiz Escudero (PP). Especialmente, en caso de que se termine admitiendo a trámite alguna de las iniciativas judiciales planteadas por familiares afectados por lo ocurrido en los geriátricos madrileños. Marea de Residencias, por ejemplo, ya aportó el documento desvelado por infoLibre en la querella presentada contra Ayuso, Ruiz Escudero y diez directores de residencias. Y Reyero acaba de explicar públicamente que advirtió por escrito al consejero de Sanidad hasta en tres ocasiones de los problemas que tenía ese Protocolo.

Los residentes, "indefensos"

Pero el consejero de Políticas Sociales no se quedó en la denuncia del Protocolo, sino que cerró por completo el círculo sobre Ayuso y su consejero de Sanidad con esta frase: "En mis comunicaciones al consejero de Sanidad he insistido siempre en que si no era posible la derivación al hospital, era imprescindible la medicalización, porque si no dejábamos indefensos a nuestros residentes. O lo que es lo mismo y para que se me entienda: o el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia". El Gobierno de Ayuso, bajo el mando único de Sanidad, se negó a medicalizar las residencias en contra del criterio de Reyero. Ni los mayores pudieron ir a los hospitales, ni los médicos fueron a las residencias. Se dejó "indefensos a nuestros residentes".

La indefensión lleva los nombres y apellidos de más de 5.950 residentes fallecidos en Madrid con covid-19 confirmado o con sintomatología compatible con el virus. Son el 31% del total de muertes por la enfermedad en geriátricos de España (algo más de 19.000). Y ello a pesar de que en la región sólo están el 13,5% de las plazas residenciales –51.582 de un total de 381.158–, según los últimos datos del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) correspondientes a 2018 y elaborados con la información que facilitan las propias comunidades.

Por si quedaba alguna duda sobre la enmienda a la totalidad de la política de Ayuso y Escudero que acababa de hacer el consejero de Políticas Sociales, Reyero añadió lo siguiente:  "La posición de la Consejería [de Políticas Sociales] es contraria a la existencia de esos criterios de exclusión, que en este caso concreto, el de la discapacidad, además va en contra de los derechos de las personas con discapacidad establecidos internacionalmente. Hay una cosa que no debemos olvidar nunca: todos, por nuestra condición de ciudadanos, tenemos derecho a la atención sanitaria pública, ya sea en el centro de salud o en el hospital. Hay veces que hay que recordar lo obvio: por vivir en una residencia, tenga o no médico, no se pierde ese derecho".

En su última réplica, el titular de Políticas Sociales respondió a los portavoces de la oposición que le habían preguntado por su posición respecto a la comisión de investigación sobre las residencias solicitada por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos en la Asamblea. "Mi posición es absolutamente a favor de que haya una comisión de investigación. ¿Por qué no? Que tengamos la oportunidad de saber qué es lo que ha pasado para sacar conclusiones acerca de qué debemos hacer para cambiar en el futuro", anunció Reyero.

De nuevo, un discurso político que se sitúa en las antípodas de Ayuso. Y es que el jueves pasado, en la Asamblea, la presidenta madrileña ya se adelantó a demonizar las comisiones de investigación parlamentarias y a descalificar cualquiera de sus conclusiones. Estas fueron sus palabras cuando estaba respondiendo a Jacinto Morano, portavoz de Unidas Podemos: "Si ustedes quieren usar su fuerza parlamentaria para imponernos aquí algún tipo de comisión, háganlo, politícenlo ustedes, pero estarán faltando también a la verdad y al respeto a todas las personas que han estado trabajando en este mando único gracias al criterio que ha puesto este Gobierno en marcha y que también ha salvado muchas vidas. Algo que seguramente no querrán escuchar en esa comisión, donde ya le digo que están escritas las conclusiones, como en todas las comisiones de supuesta investigación que ustedes imponen aquí". Una referencia nada velada, esta última frase, a la comisión de investigación de Avalmadrid en la que, entre otros asuntos, se investiga si dicha entidad otorgó trato de favor a los padres de Ayuso concediéndoles un préstamo de 400.000 euros y permitiendo luego que no lo devolvieran. En esa operación, Ayuso se apropió de un piso que sigue siendo suyo, al aceptar en 2011 que sus padres se lo donasen y evitar así que fuese embargado para responder de la deuda que tenía su familia con Avalmadrid. [Puedes consultar aquí todas las informaciones relevantes desveladas por infoLibre sobre Ayuso y Avalmadrid].

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La oposición agradeció de forma unánime al consejero la claridad de su postura. Purificación Causapié, del Grupo Socialista, insistió en que "es muy importante de verdad aclarar no solo cuándo se han firmado [las diferentes versiones del Protocolo], sino dónde se han aplicado, a cuántas personas han afectado y en qué lugares. Quizá lleguemos a la conclusión de que están bien hechos, pero por si acaso ni es ético ni es legal, creo que es importante que sepamos la realidad y que se informe de la realidad de lo que ha sucedido". Por ello, también consideró "imprescindible" la creación de la comisión de investigación.

Emilio Delgado, de Más Madrid, criticó que en una reciente entrevista en Telemadrid Ayuso haya tenido "la desfachatez de salir deslizando la idea de que eran los médicos los que elegían a quién se atendía y a quién no. Ya no se puede ser más cobarde. Le preguntaron cuatro veces si existía un Protocolo y se negó a contestar". Delgado destacó que el resultado de la aplicación del Protocolo y de la falta de medicalización de los centros fue que "se condenó a personas a morir en soledad sin darle la más mínima alternativa. Y ahora Ayuso dice que es un borrador. Oiga, deje de mentir. Esto no era un borrador, esto se ha enviado a residencias y hospitales. Todo esto tendremos que aclararlo en la comisión de investigación".

Paloma García, de Unidas Podemos, denunció que el Protocolo de Sanidad "intentaba practicar la eugenesia con las personas con discapacidad, se quitaba la atención sanitaria a las personas mayores residentes, lo que no es ético y yo creo igual que el señor consejero que tampoco es legal”. La diputada entiende que a estas alturas ya hay dos cosas claras: "Que pese a los mandatos judiciales que le han hecho a la señora Ayuso para medicalizar residencias, ella se ha negado. Y que estaban al corriente de unos Protocolos donde se ordenaba expresamente que las personas mayores y las personas con discapacidad no fueran atendidas en hospitales".