En X, la antigua Twitter, tras el nombre de usuario de @MagistraThor se encuentra el magistrado de la Audiencia de Madrid Luis Sanz. El juez decano de los juzgados de Melilla y presidente de la asociación judicial Foro Judicial Independiente –considerada conservadora, aunque sus directivos lo nieguen– Fernando Portillo, actúa en esa misma red social como @JudgeTheZipper. Estos dos miembros de la judicatura, como otros muchos, expresan continuamente sus opiniones políticas, casi siempre contrarias al Gobierno, en esa red social. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado este lunes esa actividad en una sentencia que restringe, todavía más, las facultades de los Consejos Judiciales de los Estados miembros para investigar a estos y otros jueces que vierten mensajes de gran contenido ideológico en esta red social y, a menudo, provocan sospechas en amplios sectores sociales.

La resolución anula una sanción disciplinaria impuesta por el equivalente rumano al CGPJ a un juez de ese país. El magistrado publicó en Facebook acusaciones contra su Gobierno por sus supuestos "intentos de atacar y desacreditar" a instituciones como las fuerzas de seguridad o la magistratura. También reposteó una entrevista publicada por un medio digital a un fiscal que se quejaba de las dificultades que el Ejecutivo generaba a los representantes del Ministerio Público para desarrollar sus investigaciones. "Este fiscal sí que tiene sangre en las venas", dijo de él. El Consejo rumano lo sancionó por una falta disciplinaria consistente en "dañar el honor, la integridad profesional o la imagen del sistema judicial ejerciendo sus labores profesionales o fuera de ellas". Casi siete años después, la máxima instancia de protección de los derechos humanos ha concluido que esa sanción vulneró la libertad de expresión del juez.

Uno de los pocos motivos que el Convenio Europeo de Derechos Humanos establece en su artículo 10 para limitar a través de la ley el derecho fundamental a la libertad de expresión es que se haga "para garantizar la autoridad y la imparcialidad" de los jueces y magistrados. La sentencia establece los criterios a seguir por las autoridades de los Estados firmantes de ese Convenio a la hora de enjuiciar la actividad de los miembros de la judicatura y del Ministerio Fiscal que publican este tipo de opiniones en sus redes.

En primer lugar, los magistrados se refieren al contenido que los miembros de la magistratura podrían publicar por esta vía. El tribunal de Estrasburgo parte de que los jueces y fiscales, en las materias de interés general, gozan de una mayor protección de su libertad de expresión, especialmente si se refieren al funcionamiento del sistema judicial o a las reformas legales en este campo. En España, han sido múltiples los jueces que han cargado contra el Ejecutivo en redes por las reformas puestas en marcha para democratizar el acceso a la carrera judicial, dejar la instrucción de los delitos en manos de la Fiscalía o reforzar el estatuto de esta última para blindarla en su autonomía. Incluso han utilizado estas plataformas para convocar una huelga ilegal contra ellas.

Esa libertad de expresión especialmente reforzada, tiene mayor importancia, según el TEDH, "cuando la democracia o el Estado de derecho está bajo seria amenaza". "Los jueces deben manifestarse en defensa de la independencia, del orden constitucional y de la restauración de la democracia tanto a nivel nacional como internacional", explica la resolución. Las asociaciones judiciales y fiscales más conservadoras y muchos de los jueces y fiscales tuiteros recurren, precisamente, a esos riesgos sistémicos para atacar al Ejecutivo. Esas han sido las quejas tradicionales en nuestro país cuando el presidente o algún ministro han cuestionado algunas actuaciones judiciales o ante iniciativas como la ley de amnistía: que se estaba atacando la separación de poderes y la independencia judicial pese a que España se encuentra entre los Estados más garantistas, según los principales índices e indicadores internacionales.

Estrasburgo avisa de que expresar esas opiniones, sin embargo, puede comprometer la imparcialidad y la independencia de los jueces que deben estar "en equilibrio" con su libertad de expresión. "La pregunta que hay que hacerse es si en se contexto particular y ante los ojos de un observador razonable e informado, el juez ha podido poner en peligro su imparcialidad o independencia". Otro de los límites al derecho fundamental a expresar sus ideas es el "deber de discreción". "Incluso las apariencias pueden tener cierta importancia", sostiene el tribunal. "En otras palabras, la justicia no solo debe hacerse sino que se debe poder ver cómo se hace".

Ese "deber de discreción", prosiguen los magistrados, implica otro frecuentemente incumplido por algunos de estos jueces en España. "El de ser circunspectos y prudentes en el tono y en el lenguaje y tener en cuenta, respecto a cada una de las publicaciones que se hagan en redes sociales y otra interacción con los usuarios en dichas plataformas, las posibles consecuencias para la dignidad judicial". Es decir, que la libertad de expresión, en principio, no ampararía, expresiones como "psicópata sin límites éticos" para referirse al presidente del Gobierno o "Barbigoña" para hablar sobre su esposa, como hizo en X el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara. Tampoco referirse a una exministra de Igualdad como "cajera del Mercadona", como dijo el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de Irene Montero.

El TEDH asegura, además, que algunos cargos judiciales, como los presidentes de tribunales, el fiscal general del Estado, el portavoz de un tribunal, los representantes de las asociaciones judiciales o los vocales del CGPJ, por ejemplo, "disfrutan de una mayor protección de su libertad de expresión dado que sus manifestaciones públicas muy a menudo buscan preservar el sistema judicial".

La sentencia llama también a la restricción de la actividad en redes sociales cuando se trate de casos sub iudice, es decir, en tramitación. "Esto implica abstenerse de cualquier comentario que razonablemente pueda ser entendido como un intento de influir o comprometer los procedimientos", señala. Varios jueces y fiscales españoles cargaron contra la ley de amnistía en redes sociales como X mientras se encontraban abiertos múltiples procesos judiciales en los que se analizaba si esa norma debía aplicarse o no. Algunos, incluso difundieron formularios para que los diferentes juzgados y tribunales pudieran cuestionar la disposición ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la UE y así dilatar su aplicación. Lo mismo ha ocurrido durante el juicio en el Supremo al fiscal general.

Los jueces de este tribunal dependiente del Consejo de Europa recuerdan que publicar en redes sociales implica determinados riesgos que no tienen las publicaciones en papel y que se derivan de la interacción que puede desarrollar el resto de usuarios. Por eso, cuando las autoridades de un país analicen este tipo de publicaciones por parte de un juez o un fiscal, deben tener en cuenta si se lanzaron en redes abiertas abiertas a todos, otras reservadas un grupo reducido de miembros –"amigos", los llama– o cerradas al público general y solo abiertas a profesionales del derecho.

La sentencia concluye que las críticas en Facebook del juez rumano a su Gobierno y el apoyo al fiscal que denunciaba los obstáculos que el Ejecutivo ponía a sus investigaciones, buscaban "defender el orden constitucional y preservar la independencia de las instituciones del Estado". También consideraba que sus opiniones "estaban relacionadas con asuntos de interés general sobre los que el público en general tenía un derecho interés en ser informado". Sus posts, según Estrasburgo, "no causaron disrupción en el buen funcionamiento de la justicia ni afectaron al honor o la confianza de los ciudadanos en ella". Así que su sanción, vulneró su derecho fundamental a expresarse libremente.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dio la razón este jueves a la justicia española por restringir los derechos políticos de los independentistas catalanes Jordi Sánchez, Jordi Turull y Oriol Junqueras cuando estuvieron en prisión preventiva durante el procés, según informa EFE. 

En los tres casos, el tribunal no observa ningún elemento de "ilegalidad o arbitrariedad" en las decisión jurídicas que motivaron el ingreso provisional de Sánchez, Turrul y Oriol Junqueras en la cárcel. 

Además, la corte constata en su sentencia de 51 páginas, que los tres demandantes eran "objeto de procesamientos penales por delitos graves", por lo que "no podía razonablemente esperar que pudiesen participar en las elecciones sin ninguna restricción".

Los tres demandantes consideraban que los tribunales españoles no protegieron sus derechos al impedirles participar en la campaña de las elecciones autonómicas de diciembre de 2017.

En la sentencia adoptada por unanimidad, la corte, con sede en Estrasburgo, rechaza los argumentos de los demandantes de que la justicia española violase varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos y del protocolo adjunto. 

El Tribunal de Estrasburgo señala que un Estado debe poder impedir la realización de "un proyecto político, incompatible con las normas de la Convención (Europea de Derechos Humanos), antes de que sea puesto en práctica, por actos concretos que comprometan la paz civil y el régimen democrático del país". 

Turull fue puesto en prisión preventiva el 23 de marzo de 2018, un día antes de que en primera votación no obtuviera la mayoría absoluta necesaria para ser investido presidente de la Generalitat y un día antes de que se celebrara la segunda, a la que no pudo asistir.

Unos meses más tarde, el 14 de mayo, Quim Torra fue investido en segunda votación con una mayoría simple.

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha reiterado este jueves que su encarcelamiento en 2018, mientras se sometía al debate de investidura en el Parlament, "respondió a criterios políticos para descabezar al movimiento independentista".

En declaraciones a la prensa en los pasillos del Parlament en respuesta a esta sentencia, Turull ha señalado que el hecho de que lo encarcelasen durante el debate de investidura en el que era candidato a presidente de la Generalitat "respondía a criterios políticos" y "a una estrategia política".

"Esto no me lo quitará nadie", ha subrayado Turull, que ha agregado que, de no haber optado a la presidencia de la Generalitat, "las cosas hubiesen ido de otra manera".

En la sentencia adoptada por unanimidad, la corte, con sede en Estrasburgo, rechaza los argumentos de los demandantes de que la justicia española violase varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos y del protocolo adjunto.

"Lo volvería a hacer, evidentemente. Como haremos lo que sea para plantar cara a esta especie de jueces que hacen de justicieros contra el independentismo. Esto lo batallaremos", ha dicho.

Y es que, a criterio de Turull, la Abogacía del Estado "ha afinado jurídicamente lo que fue una decisión política", si bien ha dicho que "respeta" la sentencia aunque no la comparta.

"Solo espero que esto no le pase a nadie, aunque esté en las antípodas políticas", ha remachado.

ERC ha afirmado este jueves que mantiene la "lucha antirrepresiva en todos los frentes" a pesar de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En un comunicado, ERC ha afirmado que el proceso judicial en el ámbito internacional para defender los derechos políticos de los líderes independentistas "sigue abierto".

"Pese a que el TEDH ha desestimado los motivos de los líderes independentistas, estos mismos motivos sí que han sido aceptados en otras causas del Comité de Derechos Humanos de la ONU y el grupo de detenciones arbitrarias", han remarcado los republicanos.

En este sentido, ERC ha defendido que la discusión judicial sigue pendiente de resolverse y, por tanto, esperará a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Asimismo, ha señalado que seguirá trabajando para conseguir que la ley de amnistía "sea efectiva para todos los represaliados de la causa general contra el movimiento independentista".

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) determinó este lunes que Suiza violó el derecho a la vida y la salud de un grupo de más de 2.000 mujeres mayores que denunciaron a su Gobierno por no cumplir con su compromiso de frenar el cambio climático. Se trata de la primera sentencia de este tipo que fija el alto tribunal y abre la puerta a que casos similares se repitan en los 46 países que forman parte del Consejo de Europa. Tras conocerse la sentencia, la organización Greenpeace afirmó que España podría verse afectado por la sentencia porque la ONG considera que el Gobierno no hace lo suficiente para proteger a los ciudadanos del aumento de las temperaturas.

La organización Climate Seniors, fundada en 2016, lleva más de ocho años luchando en los tribunales contra su Gobierno con el argumento de que las personas de más de 64 años, y especialmente las mujeres, sufren de forma más agresiva el calor extremo. Tras dos derrotas judiciales en su país, la asociación acudió al TEDH en 2020 y ahora los 17 jueces que conforman la Gran Cámara de esta institución les han dado la razón. Confirman que Suiza vulneró el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que protege la vida privada y familiar, al no poner en marcha leyes efectivas contra el impacto del cambio climático.

Portavoces de organizaciones civiles de toda Europa celebraron la noticia y subrayaron que se trata de un precedente clave para sentar en el banquillo a otros Gobiernos que no se toman en serio la crisis climática. "Ahora tenemos una directriz clara de que los Estados tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos del cambio climático y salvaguardar su bienestar, incluso mediante el establecimiento de un marco normativo vinculante y nacional", señaló en un comunicado Catherine Higham, experta en Cambio Climático de la London School of Economics.

Desde España, Greenpeace publicó un comunicado en el que acusa al Ministerio de Transición Ecológica de no proteger de forma eficaz a los ciudadanos ante los picos de temperatura, y la organización confirma que la nueva sentencia les da un argumento de peso para acudir al TEDH una vez que agote la vía legal española. Esta ONG, junto con Oxfam y Ecologistas en Acción, llevó el año pasado al Gobierno ante el Tribunal Supremo porque consideró que la reducción de emisiones contaminantes es insuficiente en el país, pero perdió el litigio. Ahora, las tres organizaciones acudirán al Constitucional, y si vuelve a desestimar el caso, lo elevarán a Estrasburgo. "Lo que viene a decir el TEDH es que la falta de ambición climática de un Gobierno es una violación de los derechos humanos, y nosotros creemos que el Plan Nacional de Energía y Clima es insuficiente", aclara  Inés Díez, responsable del Área Jurídica de Greenpeace. Solo durante el verano de 2023, fallecieron en España 11.163 personas por calor, según una investigación de la Fundación para la Investigación del Clima.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, también aplaudió este lunes el dictamen de los 17 magistrados por tratarse de una sentencia pionera que acelera la acción climática en Europa, pero no contempló que ese precedente pueda afectar a España. "Es capital tomar nota de esto y seguir trabajando y acelerando la adaptación al cambio climático. [...] Nosotros cumplimos en 2020 y seguiremos haciéndolo", apuntó Ribera.

Ana Barreira, fundadora del Instituto Internacional de Medioambiente, valora que la sentencia firmada este lunes es un gran paso en la lucha ambiental porque los tribunales nacionales "podrán tenerla en cuenta ante futuras demandas, aunque no tienen por qué hacerlo", sino que dependerá de la voluntad de cada juez. "Desde luego, tendrá un impacto porque los gobiernos tendrán que hacer políticas verdes sin vulnerar el artículo 8", añade la experta en derecho climático.

Barreira también destaca del veredicto que se haya dado la razón a una organización formada por más de 2.000 personas, pese a que "una vulneración de los derechos humanos se produce sobre un individuo, no sobre una asociación". El TEDH emitió un comunicado en el que explica que en este caso los jueces han dado la razón a un grupo de personas "pese a que la amenaza del cambio climático no afecte a los demandantes" de forma directa debido a que "el cambio climático es una cuestión de interés común para la humanidad y es necesario promover el reparto intergeneracional de ese trabajo [jurídico]". 

De hecho, en la nota el TEDH deja claro que otras organizaciones ecologistas puedan elevar demandas a este tribunal, siempre que puedan demostrar que "su propósito es defender los derechos humanos de sus miembros u otras personas afectadas" en casos donde el cambio climático afecte a "su vida, su salud o su bienestar, protegidos por la Convención". 

Además del caso suizo, este lunes la Gran Cámara del TEDH emitió otras dos sentencias sobre denuncias de ciudadanos europeos por el impacto del cambio climático. Uno era el esperado pronunciamiento sobre la demanda de seis niños y adolescentes portugueses contra Portugal y otros 32 gobiernos. El caso fue desestimado por cuestiones de procedimiento sin que los jueces llegasen a valorar la propia demanda, ya que no habían agotado las vías legales dentro de su propio país y tampoco tenían justificación para extender la acusación al resto de miembros del Consejo de Europa. La segunda sentencia era sobre una demanda del exalcalde de Grande-Synthe, un municipio francés, contra su país, pero también fue desestimada porque el hombre ya no vive en Francia.

Corría el año 1983 y a muchos kilómetros de la Unión Europea, en las Islas Fiyi, un activista climático necesitaba una toalla. Estaba de paso en este idílico paraje natural y aprovechó su estancia para hacer surf, uno de sus pasatiempos favoritos. Al terminar, quiso secarse con una toalla limpia y, para conseguirla, se adentra en el lujoso hotel Beachcomber, uno de los más solicitados de la región. Cuando la encontró, vio algo que le escandalizó. En el lugar donde el hotel dejaba las toallas limpias había un cartel que rezaba: “Salva nuestro planeta. Cada día se utilizan miles de litros de agua para lavar toallas usadas solo una vez”. Un mensaje aparentemente perfecto que mostraba el compromiso del hotel con el medio ambiente pero que omitía un detalle: el Beachcomber estaba realizando en ese momento unas obras de ampliación que iban a provocar un impacto tremendo en el ecosistema de la zona, uno mucho mayor que el de lavar unas cuantas toallas de más.

Ese activista era el investigador Jay Westerveld que, años más tarde e inspirado por ese suceso, sería el padre del término greenwashing. Una palabra que ilustra una práctica habitual en las empresas de todo el mundo que consiste en vender productos o servicios como verdes o ecosostenibles cuando o no lo son realmente u ocultan alguna práctica perjudicial para el medio ambiente llevada a cabo por la empresa. Una técnica de lavado de imagen muy rentable, pero a la vez muy dañina para los consumidores a la que ahora la Unión Europea se quiere enfrentar y, en última instancia, prohibir.

“Hay muchos tipos de greenwashing: la más básica es directamente mentir sobre el producto, indicando que tiene unas características que después no tiene, pero no es la única. Una de las más empleadas es el maquillaje, que se produce cuando las empresas usan palabras como ‘bio’ o ‘eco’ para vender productos que no son tan sostenibles como dicen. De hecho, muchas empresas muy comprometidas son reticentes a utilizar este tipo de palabras como ‘economía circular’ porque ahora mismo están vacías de contenido”, apunta Pedro Turro, cofundador de la agencia de marketing especializada en comunicación sostenible, Verdes Digitales. 

Turro pone de ejemplo clásico de greenwashing las toallitas biodegradables, cuyos fabricantes presumen de que se pueden tirar por el retrete mientras ocultan como esos productos necesitan realmente mucho tiempo para poder descomponerse. Sobre este tipo de de prácticas ha puesto el foco el Parlamento Europeo y con su Directiva para el empoderamiento de los consumidores en la transición verde, la cual fue aprobada este pasado miércoles con una mayoría abrumadora, 593 votos a favor, 21 en contra y 14 abstenciones

“Vamos a poner orden en esta jungla”, adelantaba al presentar la iniciativa en Estrasburgo la eurodiputada Biljana Borzan, ponente de la directiva y miembro del grupo de los socialdemócratas en el Europarlamento. La elección de la palabra para calificar el mercado de productos supuestamente verdes no era casual, y describe perfectamente una situación que, como reflejó un informe elaborado por la propia Unión Europea, se parece mucho a la ley de la selva. “Ahora mismo sí que existen organismos públicos que pueden sancionar este tipo de prácticas, pero tienen muy pocos recursos, así que en la mayoría de los casos se acaban quedando en meras reprimendas que no llegan a las sanciones económicas”, explica Turro. De hecho, el ambientólogo Jaume Enciso ya apuntaba en el libro Alerta: Greenwashing que, precisamente, el factor que más animaba a las empresas a usar este tipo de prácticas era la legislación laxa y permisiva que existía con respecto al greenwashing.

En ese documento, la Comisión y las diferentes autoridades nacionales analizaron centenares de afirmaciones relacionadas con la ecología realizadas por diferentes empresas en su publicidad. De ellas, el 42 % de estas resultaron ser “exageradas, falsas o engañosas, y podían considerarse prácticas comerciales desleales” . Además, en el 60% de los casos, las empresas que publicitaban sus proyectos como verdes no facilitaban ningún tipo de prueba accesible para respaldar sus etiquetas.

¿Y cómo poner orden en la jungla? La respuesta que ha dado Bruselas a esta pregunta tiene muchas aristas. Lo más básico será prohibir todo tipo de etiquetas o afirmaciones que se basen en alegaciones generales difíciles de comprobar. Así, calificaciones como 'verdes', 'natural', 'ecológico' o '0 emisiones' desaparecerán de las etiquetas de los mercados europeos si no están sujetos a sistemas de certificación medioambiental. “Si no se prueba, no se podrá usar”, afirmó la eurodiputada Borzan durante su declaración en rueda de prensa tras la aprobación de la directiva.

Otra de las prohibiciones de la Unión Europea vendrá en los sistemas de compensación de emisiones. “En un sector tan contaminante como el de las aerolíneas nos encontramos muchas veces con etiquetas como ‘paga un euro más y plantaremos un árbol para compensar nuestras emisiones’. Este tipo de prácticas ya han sido muy criticadas por la comunidad científica, que ha dicho muchas veces que si las aerolíneas quieren cuidar el medio ambiente, no tienen que plantar árboles, sino contaminar menos”, explica Sara Bourehiyi, activista de Ecologistas en Acción. Igualmente, estas empresas no podrán usar publicidad que incluya anuncios como “vuelos neutros para el clima”, afirmaciones que Europa considera directamente falsas y que van contra la evidencia científica. 

Otro aspecto en el cual pone el foco la directiva son en etiquetas tales como 'climáticamente neutro para 2025' o, 'sin emisiones en 2030', las cuales tendrán que ser auditadas y deberán basarse en objetivos visibles y un plan de ejecución claro. “Muchas veces, las empresas presumen de haber reducido sus emisiones un 20%, pero no indican con respecto a qué se calcula o a qué momento. Además, en la mayoría de los casos, ese decrecimiento en las emisiones no significa que el producto se transforme en verde o ecológico. Ahora, la Unión Europea va a obligar a tener un sistema de referencia para poder comparar ese producto”, indica el cofundador de Verdes Digitales. 

La Directiva para el empoderamiento de los consumidores también recoge, además del greenwashing, importantes avances en materia de obsolescencia programada. En este sentido, incluye la prohibición de publicitar un producto con una vida útil mayor de la que es en realidad, como reparable cuando no lo es o, directamente, incluir en él piezas que favorezcan una durabilidad menor.

Aunque la legislación ya ha sido aprobada, hará que esta nueva norma funcione a pleno rendimiento, debe ser complementada con otra directiva, llamada Sobre alegaciones ecológicas, que aún se está debatiendo. Esta última desarrollará aspectos más específicos sobre el marco general que ya ha establecido lo aprobado este miércoles en el parlamento.

Sin embargo, la ratificación de la Directiva sobre alegaciones ecológicas podría demorarse hasta después de las elecciones europeas de junio, y, por tanto, dependería de la nueva composición del Parlamento para salir adelante. “Nosotros hemos hecho todo lo posible, la otra directiva aún se está negociando y no se ha llegado aún a un acuerdo concreto, pero confiamos en que venga a reafirmar el trabajo que hemos hecho”, explicaba la eurodiputada socialdemócrata a preguntas de los periodistas.

Pese a ese hecho, la directiva es, para Ecologistas en Acción, un paso adelante en el combate del greenwashing: “Nos da más herramientas a los consumidores para identificar estas prácticas y así ser capaces de elegir. El greenwashing está en todas partes y es bueno que se comience a legislar para que las empresas se contengan un poco más. Que toda la Unión Europea se haya puesto de acuerdo en algo así es muy positivo”, comenta Bourehiyi. Sin embargo, también temen que las empresas puedan usar mecanismos para eludir estas nuevas normas comunitarias.

Todos los partidos coinciden en lo mismo: las europeas de 2024 serán unas elecciones importantes, de las que dependerá el futuro de la UE y también el de España. Sin embargo es la política nacional la que acapara la mayor parte de los debates e incluso hay formaciones como el Partido Popular que quieren convertirlas en el preludio de unas generales —pese a que el Gobierno de coalición se acaba de constituir y no tendrían por qué celebrarse hasta 2027—. El objetivo no parece ser tanto ganar la Presidencia de la Comisión Europea o la del Parlamento, tampoco tener voz en debates como la ampliación de la UE o los retos medioambientales, sino obtener mejor resultado que el oponente.

Podemos quiere que la candidatura de la exministra Irene Montero para las europeas sirva para medir sus fuerzas con Sumar. Con el anuncio del pasado sábado, la número dos de la formación tiene medio año de margen para construir una buena candidatura y hacer una campaña potente a través de los medios de comunicación y las diferentes iniciativas del partido. Los morados creen que la coalición liderada por Yolanda Díaz les ha dado por muertos antes de tiempo y ha minusvalorado su fuerza. Su supervivencia nacional dependerá, en gran medida, de su resultado en Bruselas.

El sistema de elección de las europeas, de circunscripción única y sin barrera electoral, facilita las opciones de los morados, que por el momento evitan hacer cábalas sobre el resultado, pero se muestran convencidos de que con una buena campaña se puede dar la sorpresa . Sin embargo, algunas voces de Sumar no dan por hecho que Podemos vaya a obtener ningún eurodiputado y, aunque conceden que Montero es una "buena candidata", subrayan que la exministra de Igualdad arrastra una "mochila" muy grande, con polémicas como la del sí es sí a sus espaldas.

Aun así, los de Díaz admiten que necesitarán un revulsivo electoral ya que las próximas europeas van a ser "muy políticas" y deberán tratar de activar al votante progresista para advertirle de los peligros que supone el auge de la extrema derecha en Europa. Sumar deberá realizar, a su vez, complejos equilibrios dentro de la coalición, ya que quiere reeditar la alianza del 23J —a excepción de Podemos— pero son varias las formaciones que integran actualmente la coalición y todas ellas, desde Compromís a Más Madrid, los comunes o Izquierda Unida querrán garantizarse, al menos, un acta.

El PP las está planteando como un primer plebiscito contra Pedro Sánchez para calibrar el coste de la ley de amnistía entre el electorado socialista. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo está utilizando la vía europea para darle más protagonismo: no solo a través de la Comisión Europea, también con el debate que se celebró en la Eurocámara el pasado mes de noviembre. Los populares consiguieron meter de lleno a su familia política en la bronca por la ley de amnistía al contar con el apoyo de su jefe de filas, el bávaro Manfred Weber.

El presidente del PPE lleva al menos dos años moviendo hilos para que tras las próximas elecciones europeas la derecha tradicional que dirige en el Parlamento Europeo pacte con la extrema derecha que lideraría la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Una apuesta arriesgada que, sin embargo, podría permitirles gobernar en todas las instituciones. El papel del PP puede ser crucial, ya que España es uno de los países que más actas reparte solo por detrás de Alemania, Francia e Italia, por lo que un buen resultado facilitaría esa alianza.

Los partidos ultras notan que ya ha decaído ese cordón sanitario, pese a que en la última legislatura ha funcionado una especie de triángulo principal para dominar las instituciones a través de los grupos popular, socialista y liberal (Renew). Pero la extrema derecha puja fuerte en el continente y aspira a partir de junio del año que viene a ser el tercer grupo más poderoso en los círculos continentales. El líder de Vox, Santiago Abascal, es consciente de que las elecciones de junio se juegan en Roma y este fin de semana acompañó a Meloni en un acto para afianzar su alianza. Los ultras quieren ser influyentes en el próximo ciclo político en Bruselas y, en el caso de Vox, tratar de ganar terreno tras su mal resultado en los comicios del pasado 23J.

El PSOE quiere aprovechar los éxitos de la presidencia española de turno del Consejo de la Unión Europea de cara al próximo junio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasa el testigo orgulloso de haber logrado cerrar varios hitos: la reforma del mercado eléctrico, la aprobación de una ley pionera para regular la inteligencia artificial, la ley de restauración de la naturaleza y la que regula las materias primas críticas para garantizar el abastecimiento del continente.

Además, la presidencia de Sánchez también acordó un acuerdo de los 26 —todos los países menos Hungría— para abrir formalmente las negociaciones para el ingreso de Ucrania en la Unión. Aunque el éxito no ha sido completo: la oposición de Viktor Orbán, contrario a que la UE siga ayudando a los ucranianos a repeler la invasión rusa, ha hecho imposible aprobar el nuevo marco financiero plurianual. Tampoco ha conseguido cerrar el semestre con un plan claro y compartido para resolver la crisis abierta entre Israel y Palestina, pero Sánchez sí ha mostrado una posición clara en favor de la solución de los dos Estados.

El presidente del Gobierno goza de buena fama a nivel comunitario y, de hecho, es uno de los principales referentes de la familia socialdemócratas junto con el alemán Olaf Scholz, una baza que la formación también prevé jugar. Sánchez ha hecho de la política internacional uno de sus principales ejes y ha jugado un papel clave en debates centrales en Bruselas como la puesta en marcha de los Fondos Next Generation para afrontar la crisis del covid o el establecimiento del mecanismo ibérico para rebajar los precios de la factura eléctrica.

En las elecciones europeas se elegirán a 720 miembros de la Eurocámara, que es el centro del debate político en la UE, que funciona sobre todo en pleno y en comisiones con tres tipos de funciones: legislativa, presupuestaria y supervisora. El número de diputados por país se corresponde con su población, aunque no es un reparto perfecto. España elegirá a 61 representantes. Los diputados no se agrupan por nacionalidades, sino por grupos de afinidad ideológica más plurales que los partidos políticos al uso. Se forman tras las elecciones, con un mínimo de 25 diputados de siete países.

En la actualidad hay siete grupos: el Partido Popular Europeo (PPE) —democristianos y conservadores— , la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) —los socialdemócratas—, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) —conservadores euroescépticos, con elementos de ultraderecha—, Renew Europe—los liberales—, la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica (The Left) —la izquierda radical—, los Verdes / Alianza Libre Europea (Verdes/ALE) —los ecologistas, independentistas...— e Identidad y Democracia (ID) —la extrema derecha—. Además, también hay eurodiputados no adscritos

La legislatura que expira ha sido complicada para la política europea, que arrancó con la negociación final del Brexit y que, principalmente, ha estado marcada por la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, dos fenómenos que en las instituciones europeas no se podían imaginar cuando echó a andar este periodo en 2019.

En el próximo lustro se tendrá que abordar la ampliación de la UE, un tema que se ha ralentizado por estos complicados años. Las miradas están puestas en Moldavia, Georgia y Ucrania. Esos tres países –sumados a Albania, Montenegro, Macedonia del Norte, Kosovo, Serbia y Bosnia-Herzegovina– esperan, desde hace meses o más de una década y con más o menos avances, ser algún día miembros de la Unión Europea.

La legislatura que viene también será crucial en temas medioambientales ya que en este último periodo no se ha producido ningún gran acuerdo en materia verde. Y es que principalmente la derecha europea ha entrado en contradicción, ya que parte del PP continental quiere dar también un giro al ver el avance de la extrema derecha en el mundo agrícola y rural en muchos países.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido contra el líder del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, al que ha acusado de repetir las "proclamas infundadas" del PP sobre la situación en España, esgrimiendo que es una "democracia plena" y que en realidad el verdadero adversario y la amenaza no es él sino la ultraderecha de Vox, según recoge Europa Press.

Sánchez ha dedicado buena parte de su turno de réplica para dirigirse expresamente al líder del PPE, quien en su intervención previa le había echado en cara su cambio de opinión respecto a la ley de amnistía y amenazado con una comisión de investigación en la Eurocámara sobre la situación en España.

En este sentido, ha esgrimido que "la verdadera amenaza en España y en Europa es el avance de la ultraderecha y la irresponsabilidad de las derechas tradicionales que le están abriendo las puertas a los gobiernos de coalición y están haciendo suyas muchas de las ideas ultras".

"Ese tándem reaccionario", le ha dicho a Weber, provocando algunos gritos de rechazo en la cámara, es el que está debilitando el proyecto europeo, erosionando las democracias, ilegalizando partidos políticos, atacando la separación de poderes y silenciando a los medios de comunicación críticos.

Así las cosas, ha preguntado al político alemán si "se siente cómodo siendo cómplice de esta amenaza" y, tras felicitarse de que después de 20 años en la Eurocámara se interese por lo que pasa en España, le ha dicho que si lo que quiere es ayudar entonces debe conocer primero el país y no limitarse "a repetir las proclamas infundadas" que le pasa el PP.

En este sentido, ha querido hacer ver a Weber quiénes son los aliados del PP y "qué representa y qué piensa Vox realmente", repasando algunas de las "declaraciones antieuropeístas" pronunciadas por algunos de sus líderes, entre ellos Santiago Abascal.

También le ha inquirido si es bueno para el Estado de derecho en España la propuesta de Vox de ilegalizar partidos políticos o no permitir que medios críticos acudan a sus actos, y si está al tanto de las políticas que están pactando los de Abascal con el PP en las comunidades autónomas y los ayuntamientos en los que gobiernan juntos. Entre las medidas que están desplegando, Sánchez ha citado expresamente el dar nombres a calles de "personas insignes vinculadas con la dictadura franquista" y ha preguntado a Weber si él querría que en Berlín se bautizaran calles y plazas con nombres de los líderes del Tercer Reich.  "¿Devolverían a Berlín las calles dedicadas al Tercer Reich como hace Vox con los franquistas?", ha preguntado.

"España tiene un Estado de derecho robusto, un Gobierno absolutamente legítimo y capaz, y les invito a no confundirse de adversario. Ese error ya lo cometió la derecha europea en el pasado y Europa lo pagó muy caro", ha rematado su Sánchez, en medio de los aplausos de los eurodiputados socialistas y entre gritos y abucheos de la bancada 'popular'.

El líder del Partido Popular Europeo ha intentado sin éxito dar la réplica a los mensajes que el presidente del Gobierno le ha dirigido directamente en su debate final, pero no se le ha concedido la palabra.

Sí lo ha hecho cuando el presidente abandonaba ya el hemiciclo al serle concedida una moción de orden antes del inicio de la sesión de votos, entonces, Weber ha afeado a Sánchez que le haya "atacado durante cinco minutos" y ha replicado que en Alemania los demócratas se reúnen para buscar consensos teniendo en cuenta a derecha e izquierda, al contrario que él.

63 minutos y 10 segundos, con la máxima: "Es el momento de que Europa responda a la llamada de la historia. Larga vida a Europa". Ursula Von der Leyen protagonizó este miércoles el Debate sobre el Estado de la Unión, con un discurso que tuvo principalmente un mensaje verde, una apuesta por la ampliación del club y la bandera del firme apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa.

La presidenta de la Comisión Europea dio este miércoles en Estrasburgo (Francia) uno de los discursos más importantes de su carrera, orientado hacia el fin de su mandato. Los europeos irán a las urnas del 6 al 9 de junio para elegir al nuevo Parlamento en un momento crucial para la Unión.

Von der Leyen no ha desvelado si quiere repetir al frente de la Comisión y liderar la candidatura del PP Europeo para esa cita electoral, pero en los círculos de Bruselas y Estrasburgo se le sitúa en la condición de favorita, aunque sigue siendo alargada la sombra de su compañero de partido Manfred Weber para optar a ese puesto.

La democristiana alemana, favorable a los grandes pactos en la UE entre su grupo y los socialdemócratas, hizo un discurso de equilbrista para lograr los aplausos en buena parte del grupo socialdemócrata y el respaldo de los diferentes sectores del PPE, preocupados por el avance de la extrema derecha en su caladero de voto en las zonas rurales y dedicadas a la agricultura.

Buena parte del discurso de Von der Leyen se centró en la lucha contra el cambio climático (con referencias incluso a los incendios y las inundaciones en Grecia y España). Sus palabras pasaron por una apuesta clara por las energías limpias y la transición ecológica, incluyendo la necesidad de que hagan ese proceso también las industrias. 

Pero también quiso reflejar la idea de que esto no puede entenderse como una confrontación con el mundo agrícola. De hecho, tuvo palabras muy cariñosas con los agricultores, apelando a la necesidad de la autonomía también de alimentos en el continente. La mirada también estaba puesta en el ascenso de partidos de este corte, como sucedió con la victoria en las provinciales holandesas del Movimiento Campesino-Ciudadano. "Agricultura y conservación de la naturaleza pueden ir de la mano", enfatizó.

Von der Leyen es consciente de que quedan 300 días para esa cita con las urnas, algo que mencionó al principio, y que Europa debe elegir su modelo de futuro y de respuesta los desafíos. Hizo referencia especialmente a los nuevos votantes, preocupados por los efectos del cambio climático pero también por aspectos como el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

Y desgranó sus objetivos para estos meses también con un mensaje feminista, subrayando el "no es no" y apelando a la lucha contra la violencia de género. Además, fijándose en aspectos como la necesidad de la igualdad salarial. Unas expresiones muy aplaudidas principalmente por la bancada socialdemócrata.

Von der Leyen también se detuvo en la situación geopolítica, especialmente en la guerra en Ucrania. Con unas ideas fuerzas: apoyo al pueblo ucraniano y la necesidad de avanzar para que este país sea parte de la Unión en el futuro. Aprovechó su intervención ante los europarlamentarios en Estrasburgo para anunciar que se ampliará la ayuda a los ciudadanos de ese país que vengan a la UE (con apoyo en residencia y trabajo).

Sus palabras sobre Ucrania provocaron los momentos más emotivos durante el Debate sobre el Estado de la Unión. Especialmente cuando recordó a la escritora Victoria Amelina, que murió en un ataque ruso. Dentro del Pleno estaba el escritor colombiano Héctor Abad, que se encontraba en el momento del crimen junto a ella. La consternación se escenificó en la institución a través de un gran aplauso en pie de los parlamentarios mientras él mostraba su foto.

También puso el foco ante el contexto internacional en la relación con China. Quiso anunciar una investigación sobre los coches baratos eléctricos que vienen de Pekín porque hacen desleal la competición en el mercado europeo, algo que será investigado por la propia Comisión.

Y es que Von der Leyen remarcó la idea y necesidad de ese "made in Europe" que se abre en todo el continente especialmente después de la pandemia. Es una coincidencia con la Presidencia Española de la UE durante este semestre, que apuesta decididamente por una autonomía estratégica continental. La presidenta de la Comisión Europea mostró varios puntos en común con Pedro Sánchez en ideas y expresiones como "no dejar a nadie atrás".

El presidente español en funciones tenía previsto acudir a este Pleno del Parlamento, pero la situación política en España ha hecho que lo aplace. El Gobierno español está representado en esta importante cita europea por el titular de Exteriores en funciones, José Manuel Albares.

Von der Leyen también lanzó el mensaje ante el Parlamento de que se debe hacer un esfuerzo final para llegar a un Pacto Migratorio, acentuando que nunca se había estado tan cerca como ahora. 

A la vez puso en pista varios temas internos de la propia Unión. Su apuesta fue clara por la entrada en el espacio Schengen de Rumanía y Bulgaria (países a los que felicitó), a pesar de las reticencias de Austria y los Países Bajos. Además, abordó con especial interés la posible ampliación de la Unión Europea.

Ella es firme partidaria, como subrayó durante su discurso, de que haya una Europa de más de 30 miembros. En su hoja de ruta están los Balcanes Occidentales, Moldavia, Ucrania y Georgia. Para ello, agregó, se debe dejar atrás el dilema binario de ampliación o profundización de la UE.

Von der Leyen dedicó también buena parte a hablar de aspectos empresariales, con mucha atención a las pymes. En ese sentido, avanzó la creación de un departamento dedicado a ellas que dependerá directamente de la Presidencia de la Comisión. Asimismo, ahondó en la necesidad de simplificar trámites administrativos, un tema que gusta mucho y es aplaudido en las filas de su grupo político. En su cartera de anuncios incluyó el encargo a Mario Draghi, ex líder del BCE, de un informe estratégico sobre la competitividad industrial de la UE.

"Es el momento de que Europa responda a la llamada de la historia. Larga vida Europa", proclamó al final de su discurso.

Uno de los momentos más importantes del Pleno fue también el turno de España a través de Albares para hablar de la Presidencia Española. Sus primeras palabras fueron de apoyo precisamente a Ucrania. Y enfantizo la apuesta por una mayor unión y la apuesta por los valores europeos en el contexto internacional.

"Hay grandes expectativas puestas en la presidencia de España, por ser un país tan activo en materia europeísta, y ser un firme defensor del proyecto europeo", así ha iniciado su intervención Iban García del Blanco en el Foro infoLibre sobre los Principales retos de la Presidencia española de la Unión Europea, presentado por el director de infoLibre, Daniel Basteiro.

El evento se ha celebrado este martes 13 de junio en el plató del Parlamento Europeo en Estrasburgo y en él han intervenido Iban García del Blanco y João Alburquerque, eurodiputados del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas; Laura de la Coba, miembro de Junior Female Leaders; y Laura Zorzona, corresponsal de la agencia EFE. Si te lo perdiste, puedes volver a verlo íntegro en nuestro canal de YouTube. 

A partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre España ejercerá por quinta vez la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. Será justo antes de las próximas elecciones a la Eurocámara previstas para el próximo mes de mayo de 2024 y el posterior nombramiento de la nueva Comisión. Por ello, el protagonismo de España será indiscutible. Su responsabilidad pasará por culminar las negociaciones de un gran número de expedientes abiertos sobre temas clave como transición ecológica, transformación digital y agenda social.

Esta presidencia llega en un momento clave para la UE, ya que es el último mandato antes de las elecciones al Parlamento Europeo. Zorzona ha recordado la importancia de saber en qué consiste este papel: “seremos árbitros”, “vamos a presidir, liderar uno de los órganos colegisladores de la Unión”. La presidencia española va a marcar los temas de mayor importancia a tratar durante los próximos seis meses, haciendo de guía de la legislación de la unión. Se espera que se siga con la línea de potenciar la ayuda social.

La crisis de Ucrania y el impacto que ha tenido en la estructura de la UE ha sido otro tema llevado a la mesa. Iban García del Blanco ha señalado que esta crisis ha generado un problema desde el punto de vista humanitario y económico, pero que ha “generado impulsos positivos desde la cohesión, y unidad”, “Al final nos hemos unido más”. Con esta unión, ha afirmado de la Coba, se ha visto la flexibilidad de la Unión. García ha aprovechado para recordar que "estamos reduciendo la deuda a la vez que hay crecimiento en la ayuda social”. Todos los ponentes han coincidido en la importancia del desarrollo de la ayuda social a la población y su compatibilidad con el desarrollo económico. Alburquerque ha mencionado la necesidad de tener un gobierno progresista para llevar adelante este tipo de leyes, mientras se mantiene el estado de derecho y la defensa social.

La relación de la UE con América Latina ha vuelto a ser un punto clave en el panorama exterior europeo con la próxima presidencia. España siempre ha sido considerada como el puente entre estos dos actores, y a consenso de todos los ponentes, esta presidencia es una gran oportunidad para estrechar relaciones. Tanto García como de la Coba han remarcado la necesaria cooperación para el desarrollo de la democracia y el estado de derecho. Zornoza ha introducido el punto de vista económico, principalmente con el acuerdo Mercosur. Con la presidencia de España en el Consejo y el cambio en la presidencia brasileña, se espera llegar a un tratado que lo ratifique y que sería clave para las relaciones bilaterales, a pesar de que hay países que no quieren aplicarlo por diferencias respecto al cambio climático.

El auge de los populismos y nacionalismos es uno de los grandes problemas que está creciendo dentro de la Unión. Iban García ha destacado que los populismos “dan respuestas sencillas a problemas complejos”, y destruyen todos los avances sociales que se han conseguido. Laura Zornoza se ha centrado en las previsiones futuras del Parlamento Europeo con una visión positiva. Se espera que después de las próximas elecciones se siga con la dirección legislativa actual, a pesar de que aumente la derecha y haya la posibilidad de que el Partido Popular Europeo abandone su posición tradicional de aliarse con el Partido Socialista –y por lo tanto, traer de nuevo una política de austeridad–, ya que se seguirá con el apoyo europeísta de los otros órganos de la Unión. Los eurodiputados no han sido tan positivos. João Alburquerque ha remarcado el peligro que puede traer la extrema derecha para los derechos humanos que se han ido consiguiendo poco a poco, sobre todo para los colectivos más vulnerables. 

Para concluir el foro, se ha tratado la importancia de la juventud en el panorama político, y en este caso, también europeo. Laura de la Coba ha remarcado la importancia de los jóvenes a pesar de “ser los grandes olvidados de la política”. La juventud “trae a la mesa de debate y a las instituciones otras perspectivas”, pero también problemáticas que afectan a toda la sociedad. El ejemplo claro que nos da la miembro de Future Leaders es el de la salud mental. 

La lucha y coraje del pueblo ucraniano frente a la invasión rusa ha sido reconocida este miércoles con el premio Sajarov para la Libertad de Conciencia que el Parlamento Europeo entrega cada año para premiar la defensa de los Derechos Humanos, según informa Europa Press. La elección se ha resuelto con el consenso de los grupos políticos, ha confirmado la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, quien en la proclamación del resultado en el pleno del Parlamento Europeo ha señalado que "nadie merece más el premio" que la población ucraniana representada por su presidente, Volodimir Zelenski, los líderes electos y la sociedad civil ucraniana.

"Este premio es para los ucranianos que luchan sobre el terreno. Para los que se han visto obligados a huir. Para los que han perdido familiares y amigos. Para todos los que se levantan y luchan por lo que creen. Sé que el valiente pueblo de Ucrania no se rendirá y nosotros tampoco", ha afirmado la conservadora maltesa.

La candidatura ucraniana partía como principal favorita tras concitar el apoyo de populares, socialdemócratas, liberales y conservadores que confluyeron sus propuestas, todas en líneas de reconocer la lucha del pueblo ucraniano frente a la agresión rusa. Queda por ver si será el propio Zelenski el que recoja en persona el galardón en la tradicional ceremonia en el último pleno del año en Estrasburgo.

"El pueblo ucraniano está luchando para proteger sus hogares, su soberanía, su independencia y su integridad territorial, pero cada día también está luchando por la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los valores europeos en los campos de batalla", reivindica la nominación ganadora. Aparte de destacar la figura de Zelenski, la propuesta ensalza a los Servicios Estatales de Emergencia de Ucrania; la fundadora de la unidad de evaluación médica Ángeles de Taira, Yulia Pajevska; la activista de Derechos Humanos y presidenta del Centro para las Libertades Civiles, Oleksandra Matviychuk; el Movimiento de Resistencia Civil del Lazo Amarillo, y el alcalde de la ciudad ucraniana de Melitopol, ocupada por las fuerzas rusas, Ivan Fedorov.

Tras conocerse la noticia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha reconocido que el "espíritu y determinación" del pueblo ucraniano en la lucha de valores compartidos son "una inspiración para todos". "Felicitaciones al pueblo de Ucrania, representado por su presidente Zelenski (...) La Unión Europea apoya al valiente pueblo ucraniano. Ahora y durante el tiempo que sea necesario", ha trasladado Von der Leyen en su perfil de Twitter.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se ha unido a las felicitaciones y ha insistido en que la condecoración con el premio Sajarov es "otro reconocimiento" al "coraje y lucha por la libertad, la democracia y los valores inalienables de la UE".

Asimismo, el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha felicitado a Ucrania por la consecución del premio Sajarov, que es "un tributo a su determinación, coraje y resiliencia". "El valiente pueblo de Ucrania está haciendo sacrificios todos los días para defender su libertad, y la nuestra. Debemos continuar apoyándolos hasta que Ucrania prevalezca", ha remarcado Borrell en una publicación en sus redes sociales.

Esta candidatura ha superado en la ronda final del premio Sajarov a la Comisión de la Verdad de Colombia y al activista Julian Assange. El reconocimiento a la institución que conforma el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado en el marco del acuerdo de paz de Colombia de 2016 fue avalado por La Izquierda, mientras que el fundador de Wikileaks, uno de los activistas digitales más conocidos del mundo y actualmente pendiente de la extradición a Estados Unidos para ser juzgado por cargos de espionaje y uso indebido de ordenadores, fue impulsado por un grupo variado de eurodiputados entre los que se hallan parlamentarios vinculados a la izquierda, independentistas y regionalistas.

El pleno del Parlamento europeo ha votado este martes en contra de dar por buenas las cuentas de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio de 2020 a la luz de la gravedad de las irregularidades en materia de Derechos Fundamentales y gestión opaca que se investigan durante el mandato del ya exdirector del organismo, Fabrice Leggeri, según ha informado Europa Press.

El pleno, reunido en Estrasburgo (Francia), ha adoptado el informe que rechaza la gestión de Frontex con 345 votos a favor del texto, 284 en contra y 8 abstenciones; en un pronunciamiento que además subraya la "magnitud de las serias faltas y otras irregularidades" de la agencia bajo la dirección de Leggeri, que tuvo que dimitir el pasado abril por los casos identificados en un informe de la Oficina de lucha contra el fraude en la UE (OLAF).

La Eurocámara tiene la potestad de conceder, aplazar o denegar la aprobación de la gestión de los distintos organismos de la Unión Europea, si bien se trata de un mensaje simbólico ya que no tiene un efecto directo en las partidas presupuestadas cada año por el bloque para sus distintas instituciones.

En todo caso, los eurodiputados critican que Frontex no tomara las medidas necesarias para proteger los Derechos Fundamentales de los migrantes y solicitantes de asilo en operaciones que se desarrollaron ante el escrutinio de sus agentes, habida cuenta de que según la información filtrada a medios europeos permitieron al menos 957 devoluciones en caliente de refugiados entre marzo de 2020 y septiembre de 2021.

Además, los eurodiputados expresan su "estupor y profunda preocupación" por el caso del suicidio de una persona que trabajaba en la agencia, relacionado con supuestas prácticas de acoso sexual, y destacan que en 2020 se notificaron dentro de Frontex diecisiete casos de acoso sexual, de los que quince fueron archivados sin más seguimiento.

También celebran que tras la salida de Leggeri se designara una directora interina y se pusieran en marcha algunas medidas correctivas y otras se estén diseñando, así como el cambio en el estilo de gestión para garantizar que "las personas no tengan miedo a denunciar las posibles irregularidades".

Sin embargo, advierten de que los problemas de la agencia podrían ser de naturaleza "estructural" más profunda y no limitarse a la mala conducta de algunas personas, como defiende el consejo de administración de la agencia.

En el informe, la Eurocámara insta a Frontex a poner fin de inmediato a su participación en devoluciones de inmigrantes y solicitantes de asilo en Hungría, dada la situación del Estado de derecho en el país y las dudas sobre el respeto de los Derechos fundamentales.

También se hace eco de las últimas filtraciones a medios respecto a que la jerarquía de Frontex tenía conocimiento de devoluciones ilegales desde Grecia y que personal de la agencia participó en ellas, algo por lo que instan a la Comisión a tomar medidas para que no vuelva a suceder.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado este lunes el recurso que presentó España, a través de la Abogacía del Estado, contra la sentencia de Estrasburgo que condenó al Estado español por vulnerar el derecho a un proceso justo del etarra Xavier Atristain. Al no ser atendida la petición, el fallo pasa a ser firme, informa Europa Press.

Estaba previsto que esta mañana un panel de cinco jueces del TEDH decidiera si remitía o no a la Gran Sala del tribunal europeo siete sentencias, entre ellas la de Atristain, que fue recurrida el 13 de abril por parte de España, tal y como le transmitió el Ministerio de Justicia al Tribunal Supremo.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) aseguró el viernes en un comunicado que desde Justicia le ha había trasladado "la dificultad técnica que supone que la Gran Sala lo admita". Según indicaron, sin embargo, el secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu Rodríguez', les explicó que en el caso de que no se admitiera el recurso "esta decisión afectaría solo al etarra Atristain". Se ha pronunciado así después de que la AVT alertara sobre una posible excarcelación masiva por este fallo.

El Ministerio de Justicia anunció que había presentado el recurso contra la decisión del TEDH después de que el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el magistrado Manuel Marchena, pidiera a la ministra Pilar Llop que informara sobre las acciones de la Abogacía del Estado.

El Supremo se dirigió al Ministerio porque debe resolver el recurso de revisión que presentó la defensa de Atristain contra la sentencia que confirmó su condena de 17 años de prisión por delitos de pertenencia a banda armada y tenencia-depósito de armas y municiones. Según explico Marchena, la viabilidad del recurso de revisión planteado por el etarra está condicionada a la firmeza de la sentencia que dictó el TEDH, que depende de si la Abogacía impugna o no la resolución.

La sentencia del TEDH estimó el recurso de Atristain y condenó a España a indemnizarle con la cantidad de 12.000 euros en concepto de daño moral sufrido y 8.000 en concepto de costas y gastos.

Atristain acudió a Estrasburgo para denunciar que mientras estuvo incomunicado en prisión preventiva se le negó el acceso a un letrado de su elección y fue interrogado por la Policía sin la presencia de un abogado, lo que -según dice- le llevó a hacer declaraciones autoincriminatorias que derivaron en la condena de 17 años.

El preso basaba su recurso en el artículo 6.1 y el 6.3.c del Convenio Europeo de Derechos Humanos y preguntaba al TEDH si se puede considerar que la detención en régimen de incomunicación, que sólo ofrece al detenido un abogado de oficio como representante legal y le priva de un abogado de su elección, cumple con los requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Corte.

Cabe recordar que este etarra fue arrestado en Francia en marzo de 2010 y enviado a España, donde cumplió prisión preventiva por delitos de pertenencia a organización terrorista. En septiembre de ese mismo año fue puesto en libertad con la condición de comparecer ante el juzgado una vez por semana.

Pero a los nueve días fue detenido por la Guardia Civil después de que otros acusados declararan ante el juez y se aportaran pruebas en su contra. Atristain fue procesado y se ordenó su incomunicación durante cinco días.

El TEDH consideró que las declaraciones del etarra en comisaría sirvieron significativamente de base para su condena y añadieron que la Audiencia Nacional no abordó las denuncias relativas a que el abogado de oficio no había podido contactar con el demandante en ese momento. Para Estrasburgo no hubo equidad en el procedimiento, ya que se impidió que el abogado de oficio tuviera acceso al acusado y porque no pudo ser asistido por un abogado de su elección.

La defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha explicado que el recurso contra su condena por sedición que presentó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene entre sus principales argumentos que el activista sufre una "limitación abusiva de derechos fundamentales", y lo señala como una vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), según informa Europa Press. 

Lo han explicado en rueda de prensa este martes el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri; el abogado Olivier Peter y la representante internacional de la entidad, Elena Jiménez, junto a miembros de colectivos y ONGs de derechos humanos.

El recurso reprocha varias vulneraciones de derechos, y Peter ha destacado como "la más interesante" la que hace referencia al artículo 18 del CEDH, que regula las restricciones permitidas a derechos y libertades fundamentales.

"Es posible limitar el derecho a manifestación si es por un interés público, como la seguridad. Lo que no se puede hacer es limitar el derecho a manifestación por voluntad política", ha explicado el abogado, que ha afirmado que en el caso de Cuixart se usó para apartarle de las protestas.

El escrito que el también abogado de Cuixart Benet Salellas presentó el martes pasado también alega vulneraciones del derecho a tener un tribunal predeterminado por la ley, del derecho a un juicio justo y una defensa efectiva, y de la prohibición de la detención arbitraria.

Peter confía en que el TEDH falle a su favor en esta causa, "porque si Europa tolera que un defensor de los derechos humanos pase nueve años en prisión por organizar manifestaciones pacíficas, el futuro de todos y todas será muy oscuro".

Afectará a los derechos de "toda la ciudadanía europea"

Mauri ha señalado "evidencias que auguran la derrota internacional" de España en esta causa, y ha nombrado los apoyos internacionales que ha recibido Cuixart y los votos particulares de dos magistrados del TC al resolver su recurso, y los ha tachado de fisuras claras.

Ha asegurado que la condena de Cuixart "afecta a todos los movimientos sociales y toda la ciudadanía no solo de Cataluña y el Estado sino de toda la ciudadanía europea", y ha llamado a seguir trabajando para una amnistía para todos los enjuiciados por el 1-O.

En el mismo sentido, Jiménez ha señalado la importancia del recurso ante el TEDH porque la condena a Cuixart "puede abrir la puerta a criminalizar a los que ejercen el derecho a protesta en otros países".

"Si se permite en una situación así en una democracia, países más autoritarios tendrán una sensación de cierta legitimidad" al restringir libertades, y ha recordado que el grupo de trabajo contra las detenciones arbitrarias de la ONU pidió la liberación de Cuixart, y también ha remarcado los apoyos de Amnistía Internacional, el PEN internacional, Front Line Defenders, la Organización Mundial Contra la Tortura y de International Trial Watch, entre otros.

Se trata de un descubrimiento potencialmente explosivo para el mercado fitosanitario y las autoridades que lo regulan. A finales de noviembre, los biólogos Gilles-Éric Séralini y Jungers Gerald publicaban un estudio en el que estudiaban las moléculas de 14 pesticidas o herbicidas de uso común, certificados como libres de glifosato y autorizados sin restricciones en los mercados francés y europeo.

Estos productos químicos, que se encuentran sin dificultad en viveros y centros de jardinería (Monsanto, Compo, la marca francesa Jade, las marcas polacas Target y Bross, etc.), contienen sustancias tan tóxicas, o más, como el famoso glifosato, cuya venta a particulares está ahora prohibida.

Sin embargo, estas sustancias no se declaran en las etiquetas. Se trata de residuos cancerígenos derivados del petróleo, como el benzo(a)pireno, pero también de metales pesados como el plomo, el níquel, el silicio, el zinc, el titanio y el arsénico. Y todos ellos superan los queumbrales de toxicidad definidos por los organismos sanitarios internacionales. Se han encontrado metales pesados hasta 39 mg/L en el herbicida “Biocontrôle Starnet Jardin d'Eden”, del fabricante francés Jade.

Los resultados de esta investigación, que relativiza en gran medida el enfoque del debate sobre el glifosato, se publicaron en la revista científica Food and Chemical Toxicology. “Estos niveles variables de sustancias químicas tóxicas no declaradas infringen las normas de la Unión Europea sobre pesticidas y pueden tener consecuencias para la salud y el medio ambiente, especialmente en caso de exposición a largo plazo”, escriben los investigadores.

Para un cierto número de parlamentarios, concienciados en la cuestión fitosanitaria, este descubrimiento no ha pasado desapercibido. El pasado 25 de febrero, cerca de 120 eurodiputados y diputados franceses aprovechaban la publicación científica para interpelar a la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria encargada de autorizar la comercialización de todos estos productos químicos.

Según estos parlamentarios, la EFSA ha errado en su misión al no tener en cuenta otras sustancias además del glifosato, ni el “efecto cóctel” producido por la asociación de diferentes moléculas.

Sin embargo, un fallo, conocido en 2019, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que la EFSA no debe limitar su evaluación a las sustancias activas individuales, como el glifosato, sino que debe analizarlas junto con los compuestos con los que se mezclan.

“Los procedimientos que conducen a la autorización de un producto fitosanitario deben incluir obligatoriamente una evaluación no sólo de los efectos individuales de las sustancias activas contenidas en el producto, sino también de los efectos acumulativos de estas sustancias y de sus efectos acumulativos con otros componentes del producto”, recoge la sentencia del Tribunal Europeo de octubre de 2019.

En una carta enviada al organismo europeo, los diputados señalan que este fallo judicial “pone claramente de manifiesto que la EFSA no aplica correctamente el método prescrito por el legislador europeo”. Por lo tanto, piden a la EFSA que “considere los efectos acumulativos de la sustancia activa [...] con todos los demás componentes de los plaguicidas que están presentes en las formulaciones comerciales, ya en el procedimiento de autorización o renovación de una sustancia activa declarada”.

También piden al organismo europeo que “garantice la publicación de los datos brutos, artículos y referencias en los que la EFSA basa sus evaluaciones”.

“Al fijarse sólo en la sustancia activa, la EFSA minimiza los riesgos y no cumple la normativa”, afirma Michèle Rivasi, diputada de Europa Ecológica-Verdes (EELV) en el Parlamento Europeo. “Esta autoridad desempeña un papel fundamental en la evaluación de los plaguicidas. Ahora estamos esperando que justifique no tener en cuenta el efecto cóctelefecto cóctel”.

Para Manuel Bompard, de Francia Insumisa (LFI), “estamos ante un desafío democrático y de transparencia. Con demasiada frecuencia, las empresas de productos fitosanitarios hacen la ley. Nosotros peleamos en contra de esto, pero también por una determinada concepción de la agricultura: la agroecología”.

En total, además de los 29 diputados y 27 senadores franceses, 63 eurodiputados firman el escrito. Los eurodiputados proceden principalmente de los Verdes, GUE/NGL (Izquierda Unitaria Europea) y S&D (Socialdemócratas), que incluye a los socialistas, Place Publique y Nouvelle Donne. Sólo tres eurodiputados de Renew, el grupo macronista de LREM, firmaron el llamamiento y no hay ningún representante de derechas ni de extremaderecha del espectro parlamentario.

La representación francesa es mayoritaria, pero también hay representantes españoles, alemanes, italianos, portugueses, belgas, austriacos... Sin embargo, a excepción de un representante rumano y otro búlgaro, no hay políticos de Europa Central y Oriental entre los firmantes.

Según Gilles-Éric Séralini, coautor de la publicación científica, el hecho de que estos pesticidas e insecticidas se vendan sin ninguna precisión sobre su toxicidad constituye “un fraude”, y la EFSA, que se supone que sigue los avances científicos en la materia, estaría perfectamente al corriente de que “la industria no declara la composición completa de sus productos”. “Es un compromiso científico”, dice.

Desde la publicación de esta investigación, nueve ONG y asociaciones francesas –entre ellas Générations Futures, Campagne Glyphosate y Nature et Progrès– ya han emprendido acciones legales. A principios de diciembre, presentaron una denuncia contra X por “etiquetado fraudulento, poner en peligro la vida de otras personas y perjudicar el medio ambiente” y contra el Estado francés por “deficiencias culpables”.

La EFSA, interpelada por los parlamentarios, no tardó en remitir sus respuestas a la prensa. En un comunicado de prensa, señala que es la legislación europea sobre plaguicidas la que le obliga a evaluar “las sustancias activas tomadas aisladamente y no las fórmulas de los plaguicidas”. Para la evaluación de estas formulaciones, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria devuelve la pelota a los Estados miembros, que tienen la facultad de conceder o denegar la autorización a nivel nacional.

Sin embargo, en Francia, la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, Medioambiental y Salud Laboral (Anses), responsable de estas evaluaciones, no comprueba los efectos a largo plazo de toxicidad o carcinogenicidad de los productos comercializados. La Anses se contenta con realizar un análisis de toxicidad aguda, con lo que falta parte del problema.

A preguntas de Mediapart (socio editorial de infoLibre) sobre la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, la EFSA no ha respondido a nuestras preguntas.

Sin embargo, la cuestión de la normativa europea sobre plaguicidas es crucial en la medida en que determina en gran medida las políticas nacionales en materia de productos fitosanitarios. En Francia, la Anses se basa en los dictámenes de la EFSA para sus autorizaciones de comercialización. Y los debates franceses han eclipsado hasta ahora la cuestión de las sustancias ocultas y los efectos de los cócteles para centrarse en el glifosato –cuya prohibición en todos sus usos se ha pospuesto bajo la Presidencia de Macron–.

La EFSA debe responder en un plazo de dos meses a la carta de los parlamentarios. Sin embargo, para los parlamentarios esto es sólo un primer paso. A esto le seguirá, si es necesario, una interpelación al Parlamento Europeo (que puede considerar una omisión del organismo) y una interpelación legal (por parte del Tribunal de Justicia Europeo).

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

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El abogado Iñigo Iruin ha anunciado la interposición de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre la repetición del juicio por el caso Bateragune, y se ha mostrado convencido de que será "admitido a trámite".

"Una vez admitido, también solicitaremos la suspensión de la ejecución de la sentencia del TS y, por tanto, la no celebración del nuevo juicio oral hasta que se resuelva el amparo", ya que, si se ejecutara, "se haría perder al amparo su finalidad", ha señalado, informa Europa Press.

Además, al amparo del artículo 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, acudirán al Comité de Ministros del Consejo de Europa que es el órgano encargado de la supervisión de la ejecución de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo.

Iruin ha destacado la "escasa calidad jurídica" de la decisión del Tribunal Supremo de repetir el voto por el caso Bateragune, que, a su juicio, muestra la imposibilidad de que la misma sea "jurídicamente defendible, solo importa el fallo, que se haga nuevo juicio" para obtener un pronunciamiento "condenatorio y tratar de evitar la responsabilidad patrimonial del Estado".

El letrado sostiene que la realización de un nuevo juicio "tiene que ser a petición de los demandantes", según la Sentencia del Tribunal Estrasburgo de 6 de noviembre de 2018, un mandato que, en su opinión, ha sido "incumplido" por el Estado español.

En rueda de prensa en San Sebastián, el abogado, acompañado del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y del resto de condenados por el caso Bateragune, ha realizado una valoración jurídica de la citada decisión por el Supremo.

Tras recordar que, según la sentencia de Estrasburgo del 6 de noviembre de 2018, "cuando, como en el presente asunto, una persona es condenada en procedimientos internos que han supuesto una violación de los requisitos del artículo 6 del Convenio, el Tribunal ha declarado que la forma más adecuada de compensación sería en principio celebrar un nuevo juicio o reabrir el caso, a solicitud de la persona en cuestión".

En ese sentido, ha recordado que se opusieron ante el Tribunal Supremo a la realización de un nuevo juicio. "Nosotros no hemos solicitado un nuevo juicio tras la sentencia de Estrasburgo", ha incidido.

Además, ha señalado que, también según el fallo de Estrasburgo, el "artículo 954.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, modificada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre de 2015, parece otorgar la posibilidad de revisar una sentencia firme en la que este Tribunal haya declarado que esa resolución fue dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos".

También ha apuntado que "no existe norma legal en la Ley de enjuiciamiento criminal española que permita la celebración de un nuevo juicio" y ello supondría "una lesión al derecho a no ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho".

Este domingo se ha celebrado la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas, en la que la izquierda ha logrado conservar París y ha recuperado Marsella después de 25 años, informa Europa Press. El primer ministro Edouard Philippe ha ganado en El Havre y los ecologistas se han impuesto en Lyon, Estrasburgo, Tours y Besanzón.

La cita electoral ha estado marcada por la alta abstención que se estima en un 59%, superando así las cifras de los comicios de 2014 en más de 20 puntos porcentuales. Este domingo se decidían los gobiernos de casi 5.000 ayuntamientos.

En el plano estrictamente político, la primera noticia tras el cierre de las urnas ha sido la reelección del primer ministro Edouard Philippe como candidato del partido La República En Marcha en El Havre, la ciudad situada en la desembocadura del río Sena parisino. Philippe ha logrado un 59% de los votos, oponiéndose al candidato del Partido Comunista Jean-Paul Lecoq. "Los resultados son claros. Estamos contentos, celebraremos esta victoria", ha expresado Philippe, mientras saludaba al resto de oponentes.

Esta ha sido la única una victoria política para el presidente, Emmanuel Macron, que ha medido sus fuerzas ante la fuerte subida que se prevé para Los Verdes, que han tomado tomar el control de varias ciudades importantes en el país.

El contraste es el de la victoria de la socialista y gaditana Anne Hidalgo, reelegida alcaldesa de París tras lograr el apoyo de la gran mayoría de los partidos a su izquierda. "Vamos a construir un París más amable, donde se pueda vivir mejor, respirar mejor, un París más solidario, que no deje a nadie en el camino", ha expresado Hidalgo en su discurso frente al Ayuntamiento de París. Hidalgo se ha impuesto claramente (49,5% de votos) a su rival conservadora, Rachida Dati (31,7 %) y a la candidata de Macron, Agnès Buzyn (14,4%), obteniendo así cien escaños para su coalición París en Común, por los cincuenta de la derecha de Los Republicanos, y de la decena para la candidatura presidencial.

También habría ganado la izquierda en Marsella con la candidatura de Michèle Rubirola, cara visible respaldada por los ecologistas, socialistas, La Francia Insumisa y el Partido Comunista. Rubirola habría logrado el 42% de los votos por delante del conservador Martine Vassal, con el 39%, lo que permitirá a la izquierda volver a gobernar Marsella tras 25 años de ausencia.

Por su parte, Los Verdes han confirmado su control de Grenoble, donde el ecologista Eric Piolle, al frente de una amplia coalición de izquierda, habría obtenido más del 50% de los votos. Se han impuesto también en Lyon, Estrasburgo, Tours y Besanzón. El secretario general de Los Verdes, Julien Bayou, ha celebrado los "históricos" resultados cosechados, pues "durante 40 años los ambientalistas nunca han podido influir de tal manera en el curso de los acontecimientos", y ha defendido que el mensaje ecologista debería situarse en el centro del discurso político para las presidenciales de 2022.

Por otra parte, el centrista François Bayrou ha sido reelegido como alcalde de Pau, mientras que en Perpiñán, el candidato del partido ultraderechista Unión Nacional, Louis Aliot, se ha impuesto con más del 50% de los votos al alcalde saliente, Jean-Marc Pujol, de la formación conservadora Los Republicanos. Perpiñán se convierte en la ciudad más poblada e importante gobernada por la extrema derecha.

Por otro lado, el Partido Comunista ha perdido definitivamente uno de los últimos grandes bastiones que le quedaba, Saint-Denis. El socialista Mathieu Hanotin ha derrotado con casi el 60% de los votos al alcalde saliente Laurent Russier, con poco más del 40% de los apoyos. "Tendremos durante este mandato una tarea inmensa, la de lograr demostrar a través de Saint-Denis que los suburbios de nuestro país no son un problema, sino soluciones para Francia", ha manifestado Hanotin, según ha publicado el periódico 'Le Figaro'.

Esta segunda vuelta estaba prevista para el pasado 22 de marzo, aunque finalmente fue retrasada debido a los medidas de restricción impuestas por el coronavirus. Para este domingo, están establecidas ciertas precauciones sanitarias como la obligatoriedad de las mascarillas para votantes y funcionarios. En la primera vuelta, hasta tres ministros del Gobierno de Macron lograron su elección, en unos comicios marcados por la baja participación debido al coronavirus.

A la hora de votar el primer texto sobre libre comercio de la legislatura, los eurodiputados salidos de las urnas el pasado mes de mayo no vacilaron: una gran mayoría de los parlamentarios daba este miércoles 12 de febrero, en Estrasburgo, el sí al acuerdo con Vietnam. Con ello se da paso a la inminente aplicación provisional de la mayor parte de este tratado, poco conocido. (La primera de las dos resoluciones sometidas a votación obtuvo 401 votos favorables, 192 en contra y 40 abstenciones).

Esta votación tuvo un mérito; permitió tomar la temperatura en el seno de un Parlamento que podría votar, en los próximos meses, textos con consecuencias económicas y medioambientales más graves, como el tratado de libre comercio UE-Mercosur, o incluso, a tenor de las últimas salidas de Donald Trump, el resultado de las negociaciones exprés que está llevando a cabo Estados Unidos en total opacidad.

En opinión de los que rechazaban el acuerdo con Vietnam, la adopción de este tratado dice mucho de las contradicciones de un hemiciclo que declaraba la “emergencia climática” en noviembre, y en teoría sólo jura por el “pacto verde” defendido por la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. ¿Estamos ya ante el final del “Green Deal” vendido por el Ejecutivo de Bruselas desde el verano pasado, con el apoyo, sobre todo, de Emmanuel Macron?

En los pasillos del Parlamento, diferentes figuras de la izquierda francesa repetían lo que califican de “escándalo incoherente” unido a un “desastre para los derechos humanos”, según Raphaël Glucksmann (PS-Plaza Pública). E insistían en que “es fácil votar el estado de emergencia ecológica. Pero aquí estábamos ante una primera prueba para saber si cambiamos algo. Es un fracaso político y moral”.

“Von der Leyen puede ser sincera cuando habla del Green Deal, pero está claro que con el libre comercio estamos tocando el dogma, la religión, y va a ser necesario hacer un gran esfuerzo para volver a tratar la cuestión”, dice Emmanuel Maurel (Francia Insumisa), también contrario al texto. “El libre comercio sigue anclado en sus mentes como la única respuesta para crear crecimiento en Europa”, añade.

Como suele ocurrir con el libre comercio, los siete grupos políticos que componen el Parlamento se encuentran divididos con respecto al texto. La luz verde la dio una gran mayoría del PPE (excepto una eurodiputada francesa, los parlamentarios belgas y polacos que votaron en contra), los socialdemócratas (a excepción de franceses, belgas u holandeses) y los liberales (incluyendo la abrumadora mayoría de la delegación del Renacimiento - LREM).

Los Verdes y la Izquierda Unida Europea (incluida la LFI) votaron en contra, mientras que el Movimiento Cinco Estrellas, en los no adscritos del Parlamento (en el Gobierno de Roma), votaron a favor del tratado. En la extrema derecha, la mayoría de los parlamentarios de la Agrupación Nacional de Le Pen se opusieron (con la excepción de Thierry Mariani, a favor del texto), al igual que sus aliados de la Liga (generalmente más dispuestos a apoyar el libre comercio, pero preocupados en concreto por las importaciones de arroz). La ultraderecha española de Vox, que da sus primeros pasos en el hemiciclo de Estrasburgo, se dividía: un miembro votaba a favor y otros tres se abstenían.

Los partidarios del texto lo describen como “el más ambicioso jamás negociado con un país en desarrollo”. Sólo ven intereses económicos para la UE, mientras que los mercados vietnamitas permanecen bastante cerrados a los inversores franceses. “Lo defendemos porque hay intereses ofensivos para Europa, especialmente en el acceso a los mercados de contratación pública”, explicaba la eurodiputada Marie-Pierre Vedrenne (LREM). “No creo en este discurso de ganar-ganar. En su estudio de impacto, incluso la Comisión Europea explica que el déficit comercial a favor de Vietnam aumentará a 40-45 mil millones de euros. Algunos sectores saldrán perdiendo, empezando por el textil en Europa”, añade Emmanuel Maurel.

Otros opositores insistieron en la contradicción con los compromisos del “pacto verde”, el pilar de la nueva Comisión. En su comunicado sobre el Green Deal, que se supone que servirá de biblia para el resto del mandato, Ursula von der Leyen prometió que los futuros acuerdos de libre comercio “deberían incluir en todos ellos un compromiso vinculante para que las partes ratifiquen y apliquen los Acuerdos de París de manera concreta”. Sin embargo, el capítulo sobre desarrollo sostenible del texto negociado con Vietnam –finalizado en 2015– no es vinculante.

“Estamos recompensando a un país que practica la pesca ilegal y la deforestación”, explicaba la eurodiputada belga de Los Verdes Saskia Bricmont. Antes de la votación, 68 ONG y sindicatos instaron a los eurodiputados a no ratificar “los acuerdos que contribuyen a aumentar la globalización del comercio y a agravar las emisiones de gases de efecto invernadero y la crisis ecológica”. Está claro que no en Estrasburgo se les escuchó. Arnaud Danjean, eurodiputado francés de Los Republicanos, asume un voto “pragmático” a favor del texto, y pone en perspectiva el argumento de las ONG: “Pacto verde o no, en cualquier caso, ya comerciamos con Vietnam. Creo que hay un poco de mala fe en este argumento”.

La votación sobre Vietnam puso a los defensores del clima aún más tensos, ya que tuvo lugar el mismo día en que una clara mayoría de los diputados aprobaron una lista de proyectos energéticos considerados prioritarios para los próximos años. Entre ellos, los proyectos gasísticos, que de nuevo parecen estar en las antípodas frente a las promesas del Green Deal.

En su estructura, el voluminoso acuerdo entre la UE y Vietnam se asemeja al acuerdo de libre comercio con el Canadá (CETA), con una sección independiente y controvertida dedicada a la “protección de las inversiones” (que ofrece nuevos instrumentos jurídicos a las empresas, en particular las europeas, en caso de que se produzcan cambios en la legislación vietnamita). Pero el CETA había provocado una intensa movilización de la sociedad civil en Bruselas y Estrasburgo, cuando el texto con Vietnam se vio parcialmente ensombrecido por los debates en torno al texto UE-Mercosur en el verano de 2019.

En parte por ello, el eurodiputado francés Emmanuel Maurel (Francia Insumisa) había abogado a principios de la semana –en vano– por un aplazamiento de la votación del texto, al argumentar que “estamos al principio del mandato y hay una falta de información entre muchos diputados, este es el primer acuerdo del mandato”.

“Económicamente, pesa mucho menos que el CETA. Y las ONG y los sindicatos se han movilizado más tarde, mucho después de que se iniciaran los debates en el Parlamento el pasado mes de octubre”, precisa Saskia Bricmont. Para Yannick Jadot, “si a los sindicatos agrícolas franceses no les importa es porque la amenaza agrícola afecta sobre todo a los agricultores vietnamitas. Ellos son los que van a sufrir las consecuencias. La Federación de Sindicatos Agrícolas está con nosotros para bloquear las importaciones de carne de vacuno del Mercosur, pero contra nosotros cuando se trata de exportar ganado industrial a Japón o ahora a Vietnam”.

El acuerdo UE-Mercosur, en el punto de mira

Al frente de la delegación de Los Republicanos (centroderecha), François-Xavier Bellamy reconoce que “la industria francesa de la carne de vacuno, que estaba muy preocupada por el CETA, como lo estaba por el texto UE-Mercosur, con razón, nos ha pedido, esta vez, que firmemos este acuerdo”. Insiste en la dimensión geopolítica de su sí: “Si cerramos la puerta al acuerdo, estamos empujando a este país de nuevo a la zona de influencia de China. Esto no va a mejorar las cosas en lo que respecta a los derechos humanos”. El objetivo es fortalecer la posición de la UE en el sudeste asiático, tras el acuerdo con Singapur el año pasado (que se centró en los servicios financieros), en el contexto del inestable enfrentamiento entre China y Estados Unidos.

En el informe de 2019 sobre la libertad de prensa que realiza Reporteros sin Fronteras, Vietnam se sitúa el puesto 176 de 180. Antes de la votación, la ONG Human Rights Watch instaba a los europeos a obtener cambios en el código penal de Vietnam, que permite al régimen procesar y encarcelar a los activistas de derechos humanos, abogados, periodistas, líderes religiosos y opositores políticos. El caso del periodista Pham Chi Dung, detenido después de aconsejar a los diputados que rechazaran el tratado de libre comercio, es sintomático de los continuos abusos.

“Estamos votando cuando alguien está en prisión porque nos pidió que no votáramos el texto... ¿Estamos firmando acuerdos de libre comercio con dictaduras?”, señala indignado Glucksmann, que habla sin ambages de “indecencia”. El eurodiputado Bernard Guetta insiste: “No había razón para apresurarse. Los europeos reclaman este acuerdo, cierto, pero Vietnam lo pide diez veces más que nosotros. Podríamos haber usado este equilibrio de poder mucho mejor. Esta prisa evidencia una debilidad política que me entristece y preocupa. La reflexión no está a la altura del desafío”. El diputado pidió la retirada del texto de la orden del día para continuar las negociaciones sobre los derechos humanos. Stéphane Séjourné también defendió esta posición durante un tiempo dentro de la delegación, antes de sumarse a la postura oficial de los liberales, a favor del texto.

Bajo presión, Vietnam se ha comprometido, sin embargo, a ratificar varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), uno sobre el trabajo forzoso en 2020 y otro sobre la libertad de asociación en 2023. Por el momento, Hanói sólo ha firmado un convenio adicional de la OIT, sobre las negociaciones colectivas. “¿Por qué es tan difícil firmar una convención de libertades públicas?”, se pregunta Emmanuel Maurel, que también señala que el contenido del código penal vietnamita contradice de todos modos el contenido de algunas de estas convenciones.

Por otra parte, los partidarios del texto sostienen que mediante la firma del acuerdo se podrá influir en el desarrollo político del país. En otras palabras, en palabras del comisario de Comercio Phil Hogan, de Irlanda, durante el debate del martes en Estrasburgo: “La situación de los derechos humanos es motivo de preocupación. Pero estoy convencido de que los canales de comunicación constructivos pueden ayudarnos a superar estas dificultades”. La eurodiputada del LREM Marie-Pierre Vedrenne negó cualquier “traición a las promesas de campaña” y añadió: “Vietnam se ha comprometido. Ha habido progresos. Esta ratificación es un paso más, no es un fin en sí mismo. Hemos creado grupos de vigilancia”.

La votación sobre Vietnam en Estrasburgo tuvo lugar en un contexto muy turbulento, en el frente comercial, en plena la batalla entre Washington y Pekín, y mientras Donald Trump decidió acelerar, como anunció en la Cumbre de Davos a principios de este año, la firma de un acuerdo entre la UE y Estados Unidos lo antes posible, quizás antes de que termine su mandato. Tanto es así que la presidenta de la Comisión desconcertó a todo el mundo a finales de enero al asegurar que las negociaciones relanzadas en la primavera de 2019 –a pesar de la oposición de Francia– podrían concluir ya “en unas pocas semanas”.

A ello se añade una batería de acuerdos de libre comercio más modestos, aún en preparación (Australia, Nueva Zelanda, México, etc.), mientras que el CETA, ya adoptado por el Parlamento Europeo y la Asamblea Nacional francesa, sigue esperando su turno en el Senado. El Elíseo parece estar esperando a que pasen las elecciones municipales (e incluso las del Senado, de otoño) para incluirlo en el orden del día. Por último, queda el acuerdo tremendamente complejo que se negociará con los británicos, en teoría para finales de año. Como apunta un diputado francés del PPE, gran conocedor de los asuntos relativos al libre comercio, “avanzamos hacia debates extremadamente duros sobre el libre comercio” en el Parlamento.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha avalado este jueves en una nueva sentencia la doctrina de los tribunales españoles que rechaza descontar a los terroristas el tiempo de condena cumplido en el extranjero.

Es la tercera vez que Estrasburgo resuelve sobre la acumulación de penas, siempre de forma favorable al Estado español, a raíz de los recursos presentados por presos de ETA, aunque esta vez también había recurrido un exdirigente del grupo terrorista Grapo, Fernando Silva Sande.

En concreto, concluye en su sentencia que la queja --que presentaron Silva Sande, condenado por el secuestro de Publio Cordón y otros crímenes, y los históricos etarras Juan Luis Aguirre Lete Isuntza y Julián Achurra Egurola, Pototo, ambos condenados por su participación en el secuestro de José Antonio Ortega Lara; Iñaki Bilbao e Idoia Martínez García-- "debe ser rechazada por ser manifiestamente infundada".

Al igual que los dos grupos de etarras sobre los que se había pronunciado ya el TEDH, en este caso alegaban vulneración de los artículos 7 y 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos, relativos a la imposibilidad de aplicar la ley con carácter retroactivo cuando sea perjudicial para el reo y sobre la detención ilegal, que los demandantes relacionan con el hecho de que van a superar el máximo de 30 años en prisión si se tienen en cuenta los años cumplidos en Francia.

Ninguna razón para apartarse de la jurisprudencia

Pero aparte de recordar que en España ningún tribunal se ha pronunciado a favor de los recurrentes con respecto a la acumulación de penas, ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo, el TEDH también se fija en esta y en su propia jurisprudencia para no ver "ninguna razón para apartarse de esta jurisprudencia en este caso".

Además, los magistrados de Estrasburgo consideran que las negativas a la acumulación de las condenas que dieron en estos casos los tribunales españoles "no alteraron la duración máxima de las penas en España, que siempre se fijó en 30 años de prisión para cada uno de los solicitantes".

La sentencia dice que, en cualquier caso, "en el momento en que cometieron los delitos penales y en el momento de la adopción de las decisiones de acumulación y/o límite de las penas, la legislación nacional no preveía, en un grado razonable, la acumulación de sentencias ya cumplidas en otro Estado".

"Los solicitantes no podrían haber creído razonablemente mientras cumplían sus penas de prisión y en el momento de la adopción de la acumulación y el límite máximo de las condenas (la reforma legislativa de 2014), que se tendría en cuenta la duración de las sentencias cumplidas en Francia en este límite de 30 años previsto por la Ley penal española", apunta.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha reclamado este martes a la nueva presidencia que este miércoles escogerá el Parlamento Europeo "corregir la deriva de represión y regresión" anterior, ha dicho en un discurso grabado y dirigido a los miles de independentistas que se manifiestan en Estrasburgo convocados por el Consell de la República.

En un vídeo grabado horas antes en la ciudad alemana de Kehl, a pocos kilómetros de la frontera con Francia, el líder catalán ha lanzado un mensaje a la nueva presidencia: "Que corrijan la deriva de represión, de regresión y de limitación democrática de la presidencia antecesora".

"Están a tiempo de demostrar que ésta es la cámara donde los europeos quieren verse representados ante cualquier tendencia de los estados y los poderes", ha resaltado Puigdemont.

A los presentes a la marcha para reclamar que el expresidente Puigdemont, el exconseller Toni Comín y el exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, puedan ejercer de eurodiputados, les ha dicho: "Sabéis que estamos luchando, y que lucharemos hasta el final para poder ser vuestros representantes".

"Esto es lo que decidisteis 2,2 millones de personas en las elecciones del 27 de mayo", ha observado Puigdemont, que ha subrayado que los líderes soberanistas han iniciado un trayecto que debe llevar a la resolución de este conflicto.

"No pararemos de luchar hasta conseguirlo, sabemos que no es fácil pero lo haremos por vosotros y todos los ciudadanos europeos que tienen derecho a ver respetado su derecho al sufragio, que creen en la democracia y que creen que los votos de los catalanes son tan válidos como otro ciudadano europeo", ha dicho.

"Todos los votos emitidos en las urnas son válidos", ha defendido Puigdemont, que ha subrayado el trabajo de los tres representantes para internacionalizar la cuestión soberanista, que ha subrayado que ya no es solo un asunto interno.

Esperando para entrar en Estrasburgo

El abogado del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado este martes que éste y el exconseller Toni Comín están fuera de Francia pero cerca del Parlamento Europeo, por lo que estarían esperando la posibilidad de ir a Estrasburgo (Francia) si se dan las circunstancias adecuadas.

"Están en un territorio donde los alemanes y franceses siempre han discutido de quién es", ha precisado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, insinuando así que pudieran estar en Alsacia.

Aunque aún no han tomado una decisión al respecto, ha dejado claro que tomarán la decisión más adecuada para garantizar la seguridad de ambos, tras advertir de que en Estrasburgo habría "una presencia muy fuerte de policía española" preparada para deternerlos en caso de que crucen la frontera.

"La presencia de policía española en Estrasburgo es muy detectable, solo les ha faltado el tricornio", ha asegurado Boye. En su opinión, es absurdo pensar que la estrategia que planteen sea la detención de Puigdemont y Comín: "Si pasan por un juzgado europeo, tenemos claro qué pasará. Pero si los ponen en un avión hacia Soto del Real, no sabemos qué puede pasar".

Puigdemont agradece la manifestación en Estrasburgo

Puigdemont ha agradecido la presencia a la gente que participará en la manifestación independentista de este martes en Estrasburgo, y ha advertido: "Luchamos. Que lo tengan claro nuestros ilusos perseguidores".

Lo ha escrito en una publicación de Twitter recogida por Europa Press este martes, donde ha escrito que mientras algunos querrían calles vacías y resignadas, "nosotros llenamos, hablamos, luchamos".

4.000 independentistas se concentran frente al Parlamento Europeo

Unos 4.000 manifestantes independentistas catalanes estaban concentrados alrededor de las 10.00 horas de la mañana frente a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, según las estimaciones de la Policía francesa consultadas por Europa Press. Estas fuentes explicaron que el número de manifestantes podría llegar a los 8.000 a lo largo de la mañana.

La Policía gala ha habilitado un paseo, que ha sido cerrado al tráfico, para que los manifestantes puedan realizar su concentración, que a la hora citada se desarrollaba con normalidad en un ambiente festivo. Los manifestantes portaban numerosas banderas independentistas, así como banderas europeas, y pancartas en las que se podían leer mensajes como "Cataluña libre" o "Los queremos en casa". También hay pancartas de libertad para los presos. Enfrente de los manifestantes había una persona con una bandera española.

Asimismo, sobre un puente de acceso a la Eurocámara han sido colgadas pancartas en las que se alude a Carles Puigdemont, en inglés y catalán. En una de ellas sobre la cara del expresidente catalán se dice "No rendirse nunca" y en otra "Dejen a Puigdemont unirse al Parlamento Europeo".

El movimiento #MeToo en la Eurocámara se sumará con una acción fuera del Hemiciclo a las movilizaciones de los colectivos feministas en España tras denunciar que "Vox ha declarado la guerra a las mujeres" y ante la necesidad de dejar "claro" que los derechos de las mujeres "son intocables" y que no hay "ningún acuerdo posible" con quienes "defienden a los autores de la violencia contra las mujeres". Informa Europa Press.

"Vox, un partido de extrema derecha español, ha declarado la guerra contra las mujeres", ha denunciado el movimiento #MeToo en la Eurocámara, que nació hace meses a través de un blog para denunciar los casos de acoso a las mujeres en la institución. "Es hora de dejar claro que nuestros derechos son intocables y que no hay ningún acuerdo posible con los que defienden a los autores de la violencia contra las mujeres y contra la igualdad en la UE", ha agregado.

Desde el movimiento han convocado una fotografía a las 17.00 horas al lado del Hemiciclo, en sesión plenaria en Estrasburgo, en "solidaridad" con las mujeres y el movimiento feminista y para demostrar "apoyo" a las movilizaciones de este martes en España. El movimiento ha recordado que Vox pretende "revertir" la ley para proteger a las mujeres aprobado por "todos" los grupos parlamentarios en España en 2004 o al menos "neutralizarla" con otra para proteger "específicamente" a los hombres de la violencia de las mujeres, "que existe únicamente en casos limitados" según muestran las estadísticas.

"Vox ha puesto la lucha contra la violencia de género a la luz pública", ha subrayado el movimiento, que ha dejado claro que "ya no es aceptable" que Vox "se enorgullezca" de querer "imponer" la "regresión en los derechos de las mujeres".

Movilizaciones en España

Colectivos feministas han convocado movilizaciones en casi un centenar de ciudades y localidad de toda España bajo el lema "Ni un paso atrás en igualdad. No Negociamos" en solidaridad con las mujeres de Andalucía y contra los postulados de Vox.

Las manifestaciones se producen el mismo día del debate de investidura del candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien previsiblemente saldrá elegido líder del Ejecutivo con los apoyos de Ciudadanos y Vox.

La agencia Amaq, órgano de propaganda de Estado Islámico, ha identificado al supuesto responsable del ataque  como un "soldado" del grupo yihadista, según ha recogido SITE Intelligence Group, un organismo especializado en hacer seguimiento de los grupos terroristas.

"A las 21.00 horas, un equipo de la brigada especializada integrada por tres funcionarios de la Policía ha visto a un individuo sospechoso deambulando en la vía pública a la altura del número 74 de la calle Lazaret", ha dicho el ministro del Interior, Christophe Castaner, en rueda de prensa.

"Este individuo correspondía a la descripción de la persona buscada desde la noche del martes. Le han llamado para arrestarle. Se ha dado la vuelta y, encarando a los funcionarios, ha abierto fuego. Los agentes han respondido y neutralizado al asaltante", ha agregado, antes de mostrarse "orgulloso".

Por su parte, el alcalde de Estrasburgo, Roland Ries, ha confirmado la muerte de Chekatt y ha felicitado a las fuerzas de seguridad en unas declaraciones a la prensa dadas minutos después de las de Castaner.

El propio Castaner había ofrecido minutos antes unas declaraciones a la prensa en las que recalcó que "el terrorista será detenido". "Las operaciones están en marcha para detener al autor de este cruel ataque", dijo.

Asimismo, desveló que tres de los seis heridos en el ataque –que se saldó con tres muertos– han sido dados de alta, mientras que los otros tres se encuentran "entre la vida y la muerte".

Castaner anunció además que el mercado navideño de la ciudad será reabierto este viernes con "un dispositivo de seguridad adaptado", al tiempo que recalcó que "no se va a ceder al miedo y el oscurantismo".

Más de 700 agentes participaban en la operación, que ha llevado a imponer controles en el paso fronterizo entre Estrasburgo con la ciudad alemana de Kehl, lo que está originando fuertes atascos.

El portavoz del Gobierno, Benjamin Griveaux, al ser preguntado en una entrevista en CNews si se ha dado orden de atrapar vivo o muerto a Chekatt ha replicado: "No importa. Lo mejor sería encontrarle lo más rápido posible".

La Policía Nacional publicó a última hora su fotografía y descripción para solicitar la colaboración ciudadana. En ella se detalla que Chekatt tiene 29 años, mide 1,80 metros y tiene "corpulencia normal, cabello corto, barba ocasional, tono de piel moreno y una marca en la frente".

Según la Fiscalía, el sospechoso se ha "radicalizado" tras arrastrar un largo historial por delitos comunes, con hasta 27 condenas a sus espaldas en Francia, Alemania y Suiza. Según un testigo, gritó "Alá es el más grande" durante el ataque.