La Fiscalía se opone a excarcelar a Rull, Turull, Sánchez y Forcadell porque existe riesgo de fuga

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado este lunes en contra de la puesta en libertad, mientras esperan sentencia, de los líderes independentistas juzgados por rebelión en la causa del procés en Cataluña Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez y Carmen Forcadell. Alega entre otras razones que persiste el riesgo de fuga, mientras esperan que el alto tribunal dicte sentencia.

En escrito, de seis páginas, señala que también subsiste el riesgo de reiteración delictiva en todos ellos lo que "podría convertir en imposible la ejecución de la sentencia". "La apariencia de buen derecho se ha incrementado tras el juicio oral" que concluyó el pasado 12 de junio, por lo que el "ambivalente dato del transcurso del tiempo" que llevan en prisión preventiva debe valorarse, a juicio de la Fiscalía, "como aumento razonable de la posibilidad de una efectiva condena".

Las defensas de los exconsejeros, de la expresidenta del Parlament y del expresidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC) alegaban que una vez el juicio ha quedado visto para sentencia ya no es necesario asegurar la presencia de los encausados en la vista, no existe riesgo de fuga dado su arraigo familiar y es posible aplicarles medidas menos gravosas.

A lo largo de su informe, firmado por los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena, se defiende que los presupuestos de mantenimiento de la medida cautelar de prisión preventiva descansan sobre "la extraordinaria gravedad de los hechos", así como en el hecho de que otros siete procesados que se organizaron para el mismo fin hayan demostrado "su capacidad para huir de la acción de la justicia" escapándose "a diferentes países de Europa".

Existe a juicio del Ministerio Público peligro de "conexión" de los juzgados con los procesados huidos "cuyos pasos podrían seguir".

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A ello se une la "posibilidad de contar con una estructura organizada con reconocida capacidad económica para soportar el coste por extendido que en el tiempo fuera de la aventura fugitiva", así como el riesgo de reiteración delictiva "que se concreta en la actitud permanente de resistencia civil e institucional frente al orden constitucional" acreditada según el Ministerio Público de forma especial "con la intervención de los acusados al ejercer el derecho a la última palabra.

"Los acusados, lejos de cualquier sentimiento de contrición o de arrepentimiento por la grave agresión al orden constitucional que protagonizaron, han insistido hasta el final (*) en el rechazo frontal a la restauración del orden jurídico por parte del Estado y en la absoluta convicción de que volverían a cometer los hechos delictivos que son objeto del procedimiento".

Recuerdan también los fiscales que, "una vez dictada sentencia condenatoria" la prisión preventiva puede ser prorrogada "hasta la mitad de la pena" que efectivamente se imponga, dada cuenta de que la sentencia "en los albores de su gestación o redacción".