El Tribunal Constitucional ha rechazado este martes dos cuestiones de inconstitucionalidad sobre algunos preceptos de la ley de amnistía planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Audiencia Provincial de Madrid, informa EFE.

Fuentes jurídicas han informado de que la corte de garantías ha desestimado ambas cuestiones por unanimidad de sus miembros.

Por un lado, ha inadmitido la cuestión promovida por el TSJ de Cataluña en el marco de la causa contra los republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, responsables de la organización del 1-O, y contra la exconsellera Natàlia Garriga, acusada por desobediencia.

Lo ha hecho en aplicación de la doctrina sobre la indebida simultaneidad en el reenvío prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.

Por otro lado, también ha inadmitido la cuestión planteada por la Audiencia de Madrid en relación a las condenas impuestas a unas personas por desórdenes públicos tras una concentración en apoyo de los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo.

En este segundo caso, el tribunal rechaza la cuestión al alegar pérdida de objeto, puesto que en la sentencia que sustanció y sentó la doctrina sobre la Ley de Amnistía ya declaró inconstitucional el artículo 1.1 de la norma por la diferenciación que establecía entre quienes apoyaron y quienes se opusieron al procés.

El alcalde de un municipio de la llanura oriental recibe amenazas telefónicas, visitas a su domicilio y descubre a sus vacas abatidas por varios disparos en la cabeza. El dueño de un bar del centro de Ajaccio ve llegar a tres desconocidos que vienen a “instalar máquinas tragaperras” en el sótano de su local y acaba escribiendo en la entrada: “Bar en venta por extorsión”. Una mujer víctima de intimidación tras un simple conflicto con sus vecinos.

Son historias particulares, recopiladas por el periodista Jean-Michel Verne en el libro Résister en Corse (Resistir en Córcega, edit. Robert Laffont, 2021), pero hay cientos de casos más. En conjunto, dibujan un panorama insular muy alejado de las postales y las novelas sobre la mafia. Un panorama desgraciadamente habitual, en el que la vida cotidiana de decenas de miles de personas se ve lastrada por “el insoportable peso de lo que hay que llamar el ‘dominio mafioso’, con su corolario, la famosa omertà”.

“Se descubre el fenómeno por lo que está pasando en Marsella [donde el hermano pequeño del activista Amine Kessaci fue asesinado a tiros el 13 de noviembre, ndr], pero aquí lleva años ocurriendo...”, afirma David Brugioni, exalcalde de Centuri y referente de la asociación Anticor en Córcega. “El sistema mafioso corrompe la vida de la gente aquí”, confirma Léo Battesti, cofundador del colectivo Maffia Nò, a Vita Ié (No a la mafia, sí a la vida). “Nos enfrentamos a una lacra de la que podemos curarnos colectivamente”.

Una docena de asociaciones se han coordinado este año para unir sus fuerzas. Entre ellas se encuentran el colectivo Massimu Susini, que lleva el nombre de un joven comprometido con la lucha contra el tráfico de drogas, asesinado en septiembre de 2019; el sindicato agrícola Via Campagnola, cuyo líder, Pierre Alessandri, conocido por su compromiso contra el fraude en las ayudas agrícolas, fue asesinado con dos tiros por la espalda en marzo de 2025; o la asociación de defensa del medio ambiente U Levante.

Creada en septiembre, la coordinación organizó dos meses más tarde unas manifestaciones en Ajaccio y Bastia para expresar la “necesidad de justicia y seguridad”. El 15 de noviembre, entre 1.800 y 3.000 personas se manifestaron bajo el lema Assassini, maffiosi, fora (Asesinos, mafiosos, fuera). Varios políticos de todos los partidos se unieron a las manifestaciones, entre ellos Gilles Simeoni, presidente autonomista del Consejo Ejecutivo de Córcega, pero otros brillaron por su ausencia.

Aunque algunos han destacado la debilidad de esta movilización en una isla de 360.000 habitantes, el simple hecho de ver a tanta gente salir a la calle para denunciar abiertamente el dominio de la mafia ya es, en sí mismo, una proeza. “¡Es un éxito, teniendo en cuenta la presión y las intimidaciones!”, afirma todo contento David Brugioni. “Es el comienzo de la lucha, hay que tejer los hilos de la conciencia. Será largo, pero soy optimista”, añade Séverin Medori, alcalde autonomista de Linguizzetta.

El edil de este municipio rural se dio a conocer en 2015 cuando denunció públicamente los vínculos ocultos entre la política, el bandolerismo y el afán de lucro. Fueron sus vacas las que murieron de varios disparos en la cabeza. Entonces decidió romper el silencio y presentar una denuncia, algo muy poco habitual en la isla. “Hablar ha sido la mejor defensa”, confiesa a Mediapart, aunque reconoce que “a veces hay cosas que no se pueden decir”.

Séverin Medori, candidato a la reelección en marzo de 2026, sigue apoyando la lucha contra la mafia, pero no tiene intención de convertirla en tema de campaña. “Quiero que se me reconozca por lo que he hecho como alcalde”, explica. Al igual que él, todas las personas entrevistadas por Mediapart, ya sean cargos electos o miembros de la coordinación, coinciden en este punto: por mucho que la influencia de la mafia afecte a la vida cotidiana de los corsos, esta cuestión seguramente no tendrá repercusión en las elecciones municipales.

“La lucha contra la mafia no va a influir en absoluto en las elecciones municipales”, afirma Jean-Toussaint Plasenzotti, del colectivo Massimu Susini. “Por varias razones, la más importante de las cuales es que no tiene los medios y, por lo tanto, tampoco la voluntad. La antimafia es una idea que atraviesa la sociedad corsa sin distinción de partidos”. “No queremos intervenir en el ámbito político porque no queremos elegir entre uno u otro”, añade Dominique Yvon, miembro fundador de la Plataforma Ciudadana de Córcega.

Léo Battesti, del colectivo Maffia Nò, a Vita Ié, tampoco se imagina “que haya muchos que hagan de la lucha antimafia un tema de campaña”. “Están atrapados en un sistema en el que todo está distorsionado”, dice el exlíder del Frente de Liberación Nacional de Córcega (FLNC). “Aislarse es peligroso.” Para muchos, el ámbito municipal se percibe más bien como el primer nivel de gestión de los asuntos corrientes. Por lo tanto, hay que mirar más arriba, hacia la administración regional y el Estado.

Tras solo seis años de lucha, las asociaciones están satisfechas con los avances que ya han conseguido. Mencionan, en particular, la votación unánime, el 28 de febrero de 2025 en la Asamblea de Córcega, de una deliberación contra las “prácticas mafiosas”, comprometiéndose a “considerar el rechazo de estas prácticas [...] como una prioridad de la acción pública de la colectividad de Córcega”. A continuación, se creó una comisión de lucha contra la mafia, compuesta por representantes locales y miembros de la sociedad civil.

Gilles Simeoni también celebra esos avances. “Es una iniciativa única en Europa”, subraya el presidente del Consejo Ejecutivo de Córcega a Mediapart, al tiempo que menciona su “compromiso político, institucional y personal” con este “importante reto social”. “Hay múltiples formas de presión en el día a día”, añade. “Las derivas mafiosas son peligrosas para el funcionamiento de la sociedad. Se percibe una gran inquietud, la gente pide garantías, perspectivas, y hay que dar una respuesta”.

Gilles Simeoni, candidato a la alcaldía de Bastia, no cree que la lucha contra la mafia vaya a ocupar un lugar central en los debates municipales: “Evidentemente, se abordará en relación con la cuestión de la transparencia, las normas de contratación pública o el urbanismo, pero no creo que constituya un programa en sí mismo”, afirma. “Todos los programas mencionarán la transparencia en la contratación pública, pero no irán más allá”, coincide el diputado de Horizontes Laurent Marcangeli, exalcalde de Ajaccio y exministro.

Dominique Yvon, de la Plataforma Ciudadana de Córcega, también considera “absolutamente imposible que un candidato haga de la lucha contra la mafia su prioridad”. “No se ha medido el mitridatismo de la sociedad con respecto al sistema mafioso”, añade, aunque se alegra de que los políticos se hayan sumado a las manifestaciones del 15 de noviembre, lo que no ocurrió en la primera concentración en marzo de 2025: “Esto nos reafirma en nuestro enfoque, han recorrido parte del camino.”

A pesar de este paso adelante, las relaciones entre los colectivos y los políticos siguen estando teñidas de desconfianza mutua. “Creo que hay un malentendido entre las asociaciones que acusan a los alcaldes y los alcaldes que no soportan ser acusados”, afirma Séverin Medori, alcalde de Linguizzetta. “Es una lástima para todos, porque favorece la presión mafiosa”. “Los colectivos nacieron de una reacción ciudadana beneficiosa”, añade Gilles Simeoni. “Puede haber desacuerdos, pero hay que saber superarlos”.

Un episodio reciente ha materializado esta desconfianza: la difusión de un “informe falso” sobre las bandas criminales activas en la isla, atribuido falsamente a la “fiscalía anti crimen corsa”. Este documento, que ahora es objeto de una investigación preliminar abierta por el fiscal de Bastia, en particular por falsificación, uso de documentos falsos y denuncia calumniosa, ha sido ampliamente comentado en Córcega, donde algunos lo han utilizado para atacar a la coordinación.

Es el caso, por ejemplo, de Alexandre Farina, primer teniente de alcalde de Ajaccio, que arremetió contra los colectivos anti mafia para justificar su ausencia en la manifestación del 15 de noviembre: “La lucha [de estos] colectivos es noble, legítima y respetable. [...] Lo que me desagrada es el discurso agresivo y suspicaz que han elegido”, señaló, para a continuación añadir: “Detesto ese discurso maniqueo que pretende culpar a los políticos de ser cómplices de connivencia con una supuesta mafia.”

Unas declaraciones “tan falsas como exageradas”, según Jean-Toussaint Plasenzotti, del colectivo Massimu Susini, que las corrigió inmediatamente: “17 políticos asesinados en los últimos veinte años, 12 empresarios asesinados en los últimos diez años, cientos de personas asesinadas, la mayoría de las cuales no han obtenido justicia... Tenemos motivos para ser un poco suspicaces, ya que vemos una larga deriva de la sociedad corsa. El Sr. Farina no parece ser consciente de ello. Peor aún, la toma con quienes lo denuncian”.

La mayoría de los políticos de la isla entrevistados por Mediapart no ocultan su irritación. “Decir que no hay ningún político que no haya sufrido presiones mafiosas es muy exagerado. Este tema no influye en absoluto en nuestro modo de funcionamiento”, asegura el alcalde autonomista de Bastia, Pierre Savelli. “Concienciar a la gente está muy bien, pero luego hay que matizar, sobre todo en Córcega”. Los colectivos, por su parte, ven en estos argumentos una forma de desacreditar su acción.

A pesar de este contexto, Léo Battesti, cofundador del colectivo Maffia Nò, a Vita Ié, quiere mantenerse optimista y recuerda que, en Córcega, “el 99 % no son delincuentes”. “Lo que hemos conseguido con la iniciativa anti mafia es una revolución”, se congratula. “Nuestro objetivo ahora es sensibilizar al mayor número posible de personas, incluidos los alcaldes. Muchos me dicen en privado que han estado paralizados durante mucho tiempo. Pero la iniciativa ciudadana les demuestra que ya no están solos”.

Traducción de Miguel López

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha decidido reasignar roles en la dirección de Junts per Catalunya, situando a Albert Batet como adjunto a la presidencia del partido, mientras que Mònica Sales lo relevará como presidenta del grupo en el Parlamento de Cataluña.

Diputado en el Parlament desde 2012 y considerado próximo a Puigdemont, Batet pasará a ser orgánicamente la mano derecha del presidente de la formación, con el objetivo de "reforzar la interlocución" con el tejido empresarial, los sectores productivos, las patronales, los sindicatos y el conjunto de agentes económicos, según ha indicado la formación independentista en un comunicado.

Batet se encargará también de "hacer de enlace de la Presidencia con el órgano de coordinación de la acción institucional" y de "gestionar todos los aspectos políticos y de relaciones institucionales que el president Puigdemont considere oportuno".

Ya antes de verse catapultado a la presidencia de la Generalitat en 2016, Puigdemont -entonces alcalde de Girona- mantenía una excelente relación con Batet, exalcalde de Valls (Tarragona).

Hacía tiempo, según señalan fuentes de JxCat a EFE, que Puigdemont sugería aplicar el cambio confirmado este lunes: que Batet dejara la presidencia del grupo parlamentario para dar una oportunidad a una cara emergente y asumiera una nueva función en el partido, tal y como ha decidido la dirección permanente de JxCat, reunida este lunes en Waterloo (Bélgica).

Batet, que presidía el grupo desde septiembre de 2019 y que continuará como diputado en la cámara catalana, será el director de campaña para las próximas elecciones a las Cortes y al Parlament, por lo que fuentes del partido lo describen como nuevo "hombre fuerte".

La nueva distribución de funciones sitúa a Batet en una posición de relieve en la cúpula de un partido que, junto a Puigdemont, hasta ahora comandaba el secretario general de Junts, Jordi Turull, que según las fuentes consultadas se seguirá encargando del "día a día" de la formación, además de preparar las elecciones municipales.

El movimiento de piezas implica que el puesto de portavoz parlamentaria que deja vacante Mònica Sales lo asuma Salvador Vergés, que se incorporará a la dirección permanente de JxCat junto a Jeannine Abella, que continuará ejerciendo de portavoz adjunta en la cámara catalana.

La incertidumbre en torno a la legislatura española y el posible retorno de Puigdemont tras el informe de la semana pasada del abogado general de la Unión Europea ha propiciado esta "reorganización de responsabilidades para reforzar el proyecto político del partido", ha argumentado JxCat en un comunicado.

Por su parte, Sales pasará ahora a ser la máxima responsable de Junts en el Parlamento de Cataluña, donde ha ejercido como portavoz desde junio de 2021.

Considerada como uno de los valores de futuro dentro del partido, Sales (Tortosa, 1983), fue la cabeza de lista de JxCat por Tarragona en las últimas elecciones al Parlament, formación a la que entró a militar procedente del PDeCAT cuando se fundó.

En un mensaje en X tras conocerse su nombramiento, Sales ha agradecido a Puigdemont, Turull y Batet la confianza para ocupar el nuevo cargo.

"Es un honor asumir la presidencia de JxCat en el Parlament. Afronto el reto con responsabilidad y plena voluntad de servicio al país. Trabajaremos por hacer el trabajo bien hecho y en equipo, como hasta ahora", ha agregado Sales en X.

El abogado general de la Unión Europea Dean Spielmann consideró este jueves que la directiva europea de lucha contra el terrorismo no se opone a la ley de amnistía española, ya que esta "meramente" supone desactivar "parcial y temporalmente" los efectos de la norma europea y no afecta a cómo se aplica la directiva de forma general, según informa EFE.

Spielmann ha defendido que la ley de amnistía es aplicable tanto a los delitos de malversación como a los de terrorismo de los que han sido acusados los miembros de los CDR, si bien cuestiona que se dé a los jueces un plazo de dos meses para aplicarla.

El abogado general también ha argumentado que los gastos del proceso independentista de Cataluña de 2017 no afectaron a los intereses financieros de la UE.

Sí advierte del riesgo de que la ley dé a los tribunales un plazo de dos meses para aplicar la amnistía (aunque matiza que el Gobierno español ha apuntado que se trata de un plazo "estrictamente indicativo") y considera que no es conforme con el derecho europeo obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales a dictar una resolución absolutoria y a alzar las medidas cautelares en el plazo máximo de dos meses, aun cuando hayan consultado al TJUE y éste aún no haya resuelto.

Por ello, aprecia que "algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía relativas a la exención de la responsabilidad contable podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva", según las conclusiones que publicó hoy.

En sus conclusiones publicadas este jueves, el letrado asegura que "nada permite calificar a la ley de amnistía de autoamnistía" y argumenta que se trata del "fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista", no impuesto por un poder autoritario, y que "su aplicación no se sustrae al control judicial".

"La ley de amnistía no abarca indistintamente a todos los agentes del Estado o los titulares del poder, sino que se aplica a un conjunto determinado de actos, circunscritos en el tiempo y vinculados a un período de tensión política, sin consideración de la condición pública o privada de las personas interesadas. En una palabra, opera impersonalmente", señala el abogado en sus conclusiones.

Para Spielmann, la amnistía no persigue "proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales", sino "dar respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación".

En la vista de la causa que se celebró en el TJUE el pasado mes de julio, el abogado de la CE, Carlos Urraca, dijo que no parecía que la norma española respondiese a un "objetivo de interés general", porque fue "parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España".

Un argumento que refutó entonces la abogada general del Estado, Andrea Gavela, al recordar que el Tribunal Constitucional español ha avalado la ley de amnistía por considerar que "responde a un fin legítimo, explícito y razonable" de mejorar la situación política y social en Cataluña.

Por otro lado, el abogado general no vio hoy ninguna incompatibilidad entre la directiva antiterrorista de la UE y la ley de amnistía, ya que "meramente conlleva una desactivación parcial y temporal de sus efectos, al extinguir la responsabilidad penal por ciertos hechos determinados, limitados en el tiempo y por su naturaleza".

Según el comunicado remitido por el TJUE, la ley de amnistía "cumple los estándares jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos" y no incluye entre los delitos perdonados aquellos que supongan violaciones graves de derechos humanos, principalmente las infracciones de los derechos a la vida y a la integridad física, que excluye explícitamente".

Respecto al potencial carácter vago o abstracto de la formulación de la ley de amnistía que Bruselas había puesto sobre la mesa, el abogado general comunitario apunta a que, aún con un "ámbito de aplicación material y temporal amplio", la norma abarca "un período determinado y unos hechos que se identifican con precisión, vinculados en su totalidad al proceso independentista de Cataluña".

La opinión del abogado general no es vinculante y sólo sirve para orientar la futura sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que previsiblemente saldrá en unos meses, si bien los jueces suelen coincidir con la valoración de los abogados.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado este jueves que lo que ha hecho el abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, en sus conclusiones sobre la ley de amnistía es aplicar el sentido común porque fue una "salvajada" condenar y meter en la cárcel a gente por un referéndum. 

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso nada más conocerse el escrito del abogado general de la UE, ha señalado que sería una buena noticia "si no fuera porque la justicia española más que justicia para con este tema fue venganza".

Ha pedido además al juez Manuel Marchena, quien presidió el tribunal que dictó la sentencia del juicio del 'procés', que se lea las conclusiones del abogado general. 

Preguntado por si considera que el informe conocido este jueves abre la puerta a la amnistía de Carlos Puigdemont, ha indicado que debería, pero ha insistido en que "hay jueces en este país (...) que están haciendo política y están sobre todo aplicando no la justicia o la legalidad sino la venganza y creo que eso es una mala noticia para la democracia de este país".

Sobre si podría afectar también a la situación actual de la legislatura tras la ruptura de Junts con el PSOE, ha señalado que su formación, que está en "quinto de lawfare", tiene muy claro que si algún día hay una salida a esto será por la vía europea. 

"Aquí hay jueces españoles que dicen que no les da la gana aplicar una ley aprobada aquí por la inmensa mayoría del hemiciclo y punto. Esto es grave, es gravísimo", ha apostillado.

La vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado este jueves que el informe del abogado general de la Unión Europea supone que la ley de amnistía vulneró el Estado de derecho.

Así, aunque "hay que esperar" a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, ha dicho, el escrito ratifica que el Gobierno de España ha podido vulnerar con la aprobación de esta ley "los principios del Estado de derecho" y, por tanto, "la legislación europea".

Gamarra ha insistido, en declaraciones en los pasillos del Congreso, en que la ley de amnistía fue una ley "inmoral" porque ha sido utilizada "única y exclusivamente" con el objetivo de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mantuviera en el poder.

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha celebrado el aval del abogado general de la Unión Europea a la ley de amnistía, una decisión que ha dicho es "un paso significativo" antes del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

"Puedo decir que estoy contento", ha reconocido Illa en un acto en el Liceu. El president ha pedido asimismo que "la ley de amnistía se aplique con agilidad y sin subterfugios" pues "es una ley buena para Cataluña y para España".

Una jueza de Barcelona ha acordado investigar por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje al independentismo con los software Pegasus y Candiru, a raíz de una querella presentada por cinco afectados, entre ellos el empresario y exsenador de Junts Joan Matamala.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la magistrada Miriam de Rosa Palacio, sustituta en el Juzgado de Instrucción número dos de Barcelona, resuelve admitir a trámite la querella, al entender que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.

La querella se dirige contra el exdirector de la Guardia Civil entre 2018 y 2020 Félix Vicente Azón y su sucesora hasta 2023 María Gámez -en la primera vez que la justicia indaga el papel del instituto armado en el espionaje al independentismo-, así como contra la exdirectora del CNI Paz Esteban -ya imputada en otras cuatro causas- y directivos de las empresas israelís NSO y Saito Tech, que comercializan los softwares maliciosos.

Se trata además de la primera denuncia por el uso del programa espía Candiru, un software que los querellantes aseguran fue utilizado por la Guardia Civil para infectar sus móviles, en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los organizadores de la plataforma anónima Tsunami Democràtic, que convocó las protestas contra la sentencia del 'procés'.

Esa infección, mantienen los querellantes, fue acreditada por análisis llevados a cabo por el laboratorio canadiense Citizen Lab, que destapó el caso del espionaje masivo en el independentismo que ha dado pie a múltiples investigaciones en juzgados de Barcelona.

De hecho, los querellantes -empresarios y desarrolladores tecnológicos agrupados en la asociación internacional Sentinel Alliance- presentaron inicialmente su denuncia ante la Audiencia Nacional, que rechazó investigarla por falta de competencia, lo que motivó que la llevaran ante los juzgados de Barcelona.

Como pruebas periciales, los denunciantes piden que el juzgado encargue analizar sus móviles a los Mossos d'Esquadra -que ya han hallado rastros de espionaje en los teléfonos de otros afectados, entre ellos el expresident Pere Aragonès- y tome declaración, como expertos, a los analistas de Citizen Lab y de Amnistía Internacional que documentaron el llamado 'Catalangate'.

Otra de las diligencias que plantean los querellantes es que el juzgado requiera a la Audiencia Nacional una copia de las causas de Tsunami Democràtic y CDR, en las que asegura fueron espiados bajo secreto de sumario, sin que se les comunicara en ningún momento y sin tener la condición formal de investigados.

En un comunicado, Sentinel Alliance ha celebrado la admisión a trámite de la querella, que en su opinión añade una "dimensión internacional" al caso del espionaje masivo al independentismo, puesto que está acreditado que uno de los denunciantes fue atacado con el software malicioso cuando se encontraba en Suiza.

Además, subrayan, el hallazgo de una infección activa en el móvil de Joan Matamala dio pie a que Microsoft lanzara una actualización de seguridad crítica para proteger a más de 1.300 dispositivos en todo el mundo.

El presidente de Sentinel Alliance Joan Arús, que se cuenta entre los querellantes, ha subrayado que la denuncia "no solo busca una reparación individual, sino que pretende exponer las herramientas con que se degrada la democracia desde dentro. La admisión a trámite abre un debate inaplazable sobre cómo se fiscaliza al Estado", considera.

La lluvia ha deslucido y condicionado este jueves una Diada del 11 de septiembre con menor afluencia de manifestantes independentistas que en años anteriores y con momentos puntuales de tensión por la presencia de seguidores de Aliança Catalana en las convocatorias unitarias, según informa EFE.

Para esta Diada, la ANC y otras entidades convocantes habían diseñado una movilización descentralizada, con tres manifestaciones simultáneas: en Barcelona, Girona y Tortosa (Tarragona).

La lluvia que ha caído en Barcelona durante buena parte de la mañana (ha obligado a cancelar diversos actos), sumada a la progresiva desmovilización en el independentismo (desde hace un año no tiene mayoría en el Parlament ni está al mando de la Generalitat, ahora presidida por el socialista Salvador Illa), ha propiciado que las calles de la capital catalana hayan registrado la cifra más baja de manifestantes desde el inicio del 'procés', a excepción de los tiempos de la pandemia de covid.

Según la Guardia Urbana, han sido unas 28.000 las personas que han participado en la manifestación independentista en Barcelona, que ha arrancado a las 17:14 horas en Pla de Palau y ha recorrido poco más de un kilómetro, hasta el monumento a Colón, con una pancarta en la cabecera con el lema "Más motivos que nunca. Independencia".

La cifra queda muy lejos de los años más intensos del procés y se sitúa incluso por debajo de la mitad de los 60.000 manifestantes del año pasado en Barcelona.

Sumando los asistentes a las manifestaciones en Girona (12.000) y Tortosa (1.500), la cifra total de participantes en la movilización independentista de esta Diada ha sido de 41.500 personas, si bien la estimación de la ANC ha elevado la cifra hasta más de 100.000.

Una de las novedades de esta Diada ha sido la mayor visibilidad de los seguidores de Aliança Catalana, la formación de extrema derecha independentista que lidera Sílvia Orriols, en pleno auge en las encuestas y cuya presencia en las convocatorias unitarias ha provocado momentos de tensión.

La propia Orriols ha participado en la movilización de Barcelona, rodeada de centenares de partidarios con 'estelades' y banderas del partido, que coreaban "Sílvia Orriols es la solución" y "Puigdemont, botifler (traidor)", contestados por otros manifestantes con gritos de "Puigdemont, president".

Con agentes de los Mossos d'Esquadra desplegados para evitar incidentes, los seguidores de Aliança Catalana no se han podido integrar en el cuerpo central de la manifestación y han sido abucheados por otros asistentes a la marcha, al grito de "Fuera fascistas de nuestros barrios".

"Hoy la extrema derecha ha intentado entrar dentro del bloque independentista, y los independentistas no les hemos dejado pasar. Hoy, la mayoría democrática pacífica a favor de la independencia de Cataluña ha dicho no a la extrema derecha, no al identitarismo reduccionista, no a la xenofobia", ha destacado David Minoves, presidente del Ciemen, una de las entidades convocantes.

En declaraciones desde la manifestación, Orriols se ha mostrado decidida a "dar la cara frente a los sectarios que quieren echar a parte del independentismo".

Por otra parte, la defensa del catalán, tras la última la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha centrado el grueso de las ofrendas florales de partidos e instituciones al monumento a Rafael Casanova en Barcelona, en un lluvioso arranque de las celebraciones oficiales de la Diada.

Tanto la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, como el presidente del Parlament, Josep Rull, como representantes de los diferentes partidos que han intervenido en las ofrendas han reivindicado la defensa del catalán, después de que el TSJC haya anulado varios artículos del decreto de régimen lingüístico de la Generalitat que blinda el catalán como lengua vehicular de las escuelas.

Al final de la manifestación independentista, el presidente de la ANC, Lluís Llach, ha puesto voz al manifiesto de los organizadores, que llama a desobedecer la sentencia del TSJC sobre el catalán en las aulas: "Defendamos nuestra lengua", reclamó.

Las celebraciones de la Diada se cierran con la manifestación de la CUP por el centro de Barcelona y el acto institucional organizado por la Generalitat, a las 20:00 horas, en el Teatre Nacional de Catalunya.

Esta Diada es la primera que organiza plenamente el Govern encabezado por Salvador Illa. Una fiesta del 11 de septiembre que no tiene nada que ver con aquellas jornadas multitudinarias de protestas que sacudieron el tablero político durante los años álgidos del procés. Este jueves el Ejecutivo catalán lanza el mensaje de cohesión dentro de la diversidad de la sociedad catalana.

El año pasado Illa ya presidió los actos pero heredó una festividad organizada por el anterior Govern de Pere Aragonès. Y el presidente catalán simboliza en estos momentos la hoja de ruta de reencuentro formulada a la par con el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante estos años a través de arriesgadas medidas a nivel nacional como la concesión de los indultos y la aprobación de la ley de amnistía.

La situación política catalana ha cambiado totalmente y el eje independencia-unionismo ya no marca el ritmo de esa comunidad y de la política española. El debate se centra más en temas de gestión diaria y el PSC se ha afianzado en las encuestas como la formación más arraigada en estos momentos entre los votantes.

El último barómetro del CEO (el CIS catalán) dejó la fotografía de que los socialistas ganarían de nuevo en las elecciones con entre 40 y 42 diputados (ahora tienen 42), seguidos de Junts con 28-30 (el partido de Carles Puigdemont descendería respecto a los 35 actuales). Por detrás estarían: ERC (21-23), PP (14-15), Vox (12-14), Aliança Catalana (10-11), los comuns (5-6) y la CUP (3-4).

El fenómeno que ahora surge con fuerza en Cataluña es el de Aliança, la formación de ultraderecha de carácter catalanista. Si hubiera elecciones, quintuplicaría su representación en el parque de la Ciutadella (ahora sólo cuenta con dos escaños). Los de Sílvia Orriols (alcaldesa de Ripoll) crecen especialmente en las zonas del interior de Cataluña con un claro discurso xenófobo contra los migrantes.

El incremento de los ultras de Aliança Catalana supone un trasvase de voto principalmente desde Junts. Hay una gran preocupación en el espacio posconvergente, especialmente entre alcaldes y cargos medios. Y esto está provocando que el partido de Puigdemont esté endureciendo el discurso sobre la migración y esté apretando al PSOE en el Congreso para aprobar el traspaso de materia migratoria a la Generalitat.

La política catalana tiene una casilla todavía por despejar: la posible vuelta de Puigdemont. El expresidente se encuentra en el limbo por la no aplicación de la ley de amnistía por parte del Tribunal Supremo por el delito de malversación. El líder de Junts está peleando judicialmente en el Tribunal Constitucional para lograr el amparo y la vía libre. Su regreso supondría un cambio en el panorama, aunque algunos rivales del PSC o de ERC dicen que tendría un hándicap: “Volvería a una Cataluña que es totalmente diferente a la de hace siete años”.

Tanto en La Moncloa como en el Palau de la Generalitat se quiere simbolizar con esta Diada el triunfo de la política del reencuentro. Un dato que ponen sobre la mesa tanto en el PSOE como en el PSC es que el apoyo a la independencia hoy se queda en un 40% frente al sentimiento de unidad, que supera el 52% de la sociedad catalana. Los principales problemas en estos momentos para los ciudadanos de esta comunidad son el acceso a la vivienda, la insatisfacción con la política, la migración y la seguridad ciudadana.

Si la celebración de la Diada en la última década era una demostración de la fuerza del independentismo, en estos momentos es un espejo que refleja el enfrentamiento dentro del soberanismo, que no ha logrado superar las heridas causadas por la ruptura del Govern de coalición en 2022. Puigdemont y Oriol Junqueras siguen absolutamente distanciados y los sondeos reflejan esa sensación de desánimo entre el electorado, que por primera vez en las pasadas elecciones, no dio mayoría absoluta a los partidos separatistas.

Pero esto contrasta totalmente con el grado de influencia que tienen tanto Junts como ERC en el Congreso de los Diputados, donde son imprescindibles en cada votación para que el Gobierno del PSOE y de Sumar pueda sacar adelante cada votación. Esta fuerza se refleja, por ejemplo, en la caída del proyecto de reducción de la jornada laboral (la medida estrella de Yolanda Díaz) por la enmienda a la totalidad presentada por los posconvergentes, que unieron su fuerza al Partido Popular y a Vox.

A la vez, Cataluña se ha convertido en una de las columnas vertebrales que sustentan al Gobierno central. Su aportación es enorme para Pedro Sánchez, que basó parte de su resistencia en las pasadas elecciones en el buen resultado del PSC. Según el CEO, los socialistas estarían entre 18 y 19 diputados en el Congreso por parte del electorado catalán en las generales, muy por delante de ERC (7-8), Junts (6-7) y PP (5-6).

De hecho, Pedro Sánchez es el político preferido por los catalanes para ser el presidente del Gobierno, con un 27% de respaldo; situándose en segunda posición, y con mucha diferencia, Yolanda Díaz, con un 5%, y Santiago Abascal, con otro 5%. En este sentido, es total la debilidad de Alberto Núñez Feijóo, que queda en cuarta posición, con un 4%. La Diada marca un nuevo curso político donde Cataluña tiene mucho que decir.

Cuando se decide volar la conversación nacional por los aires es difícil hablar de casi nada. La reunión de Salvador Illa y Carles Puigdemont es una de tantas metáforas. Las hay más dolorosas e igualmente deliberadas. Los diez años de la muerte en la orilla del pequeño Aylan quedan sepultados por Vox llamando a hundir el Open Arms, símbolo y salvador de tantos Aylanes. El derecho humanitario de la acogida de menores se discute en términos de devolución cual paquetes de mensajería despojados de toda humanidad y derechos. O salta Feijóo uniendo inseguridad y migraciones. Hay unos incendios salvajes y solo quieren hablar de quién paga la factura del avión que apaga el fuego. La quita de la deuda –“aunque les beneficie”, dice Miguel Tellado sobre las trece comunidades del PP–, más de lo mismo. Se carga contra la ley de Vivienda para no aplicarla. La oposición frontal manda. Aplastar el debate es destruir la convivencia. La irresponsabilidad y la asimetría sabemos de dónde vienen.  

Salvador Illa no es quien ha dado protagonismo a Carles Puigdemont. Ni le pone una alfombra roja, ni rinde pleitesía. Ni humillación al Estado, ni rendición. No es un mandado, ni un indepe. Los términos delatan a quien los usa. Porque de esta cruzada se ha bajado antes el que llaman ‘el prófugo’ que el PP. Hay varios triunfos para los no independentistas en el detalle de la reunión. Primero, el encuentro en sí. Porque si Illa reconoce a Puigdemont con el diálogo, su adversario político y presidente del principal partido de la oposición en el Parlament hace lo mismo. 

En la guerra de banderas, Junts ha pasado de colocar una fotografía de tamaño descomunal del 1-O en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez a quitarlas todas por falta de acuerdo. El 1-O sucedió con Rajoy, la retirada de banderas con Illa. En Catalunya Radio, los procesistas criticaban a Puigdemont por “pasar a formar parte del pesebre español”. Y si repasamos sus mensajes en X, va de las “trincheras y obligación de defender a Cataluña, como ha ocurrido desde los Borbones" (escrito en el verano de 2023) a agradecer la “amabilidad” de una conversación que “habría tenido que producirse hace muchos meses”. Puigdemont en modo Adolfo Suárez. 

El expresident es el elefante en la habitación catalana y nacional desde su fuga. También lo fue en el Europarlamento y lo es en el Supremo. Hay mucho de revancha judicial contra Pedro Sánchez que respira por la herida del procés y sus indultos. En lo político, Puigdemont despierta tan poca sintonía en la izquierda como las consignas de su portavoz Miriam Nogueras. Defensa de la identidad y el independentismo unido a la corriente antimigratoria en su competición con Aliança Catalana. Pero el intercambio de opiniones entre Illa y Puigdemont solo puede mejorar el ambiente político. Junts es un partido de gobierno con dos almas. El rescoldo independentista de quien lideró el procés y el Puigdemont del apretón de manos. 

El líder de Junts paga un precio por el encuentro ante su vertiente independentista. Apuntala al PSOE/PSC a pocos días de la Diada. Y elige escuchar al ala posconvergente de la normalización. Es decir, hace política. Y con esta, sus cesiones. Hay mucho camino hecho para llegar a ese apretón de manos que tanto solivianta. El PP sigue atrapado en el PP del 23 de julio. Aislado en el Congreso y torpedeando toda relación con el otro salvo VOX. No votar ninguna iniciativa del Ejecutivo le ha llevado a triturar su capacidad de diálogo. Han elegido ganar las batallas de los jueces. Cuesta debatir con el PP sobre Cataluña tanto como de inmigración, reparto de menores o cambio climático. Está dejando su papel de oposición y gobierno en manos de los informes de la UCO como dejó el procés en manos de los jueces. 

El presidente de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicado este domingo que Junts per Catalunya es un partido que "incomoda" y "molesta" a los populismos y a quien "sale negociado de casa" y ha remarcado que su voto "nunca se puede dar por descontado". Así lo ha dicho en la celebración del quinto aniversario de la fundación como partido de Junts per Catalunya, en un acto celebrado en Prats de Molló (Francia) al que han asistido unas 1.500 personas, según los organizadores y recoge EFE.

Puigdemont ha querido "sacar pecho" de la trayectoria de la organización que preside, ya que se ha mostrado "orgulloso" de lo hecho y de cómo se ha hecho, si bien ha señalado que "queda mucho" camino por recorrer.

A quienes han querido "matar" a Junts durante este tiempo, les ha dedicado una frase que ya pronunció el candidato de JxCat a la alcaldía de Barcelona Xavier Trias cuando el socialista Jaume Collboni le arrebató el cargo: "Que os den, porque nosotros seguiremos yendo a la nuestra, que significa ir a la catalana".

Puigdemont ha desgranado el "método Junts", que ha afirmado que el partido aplica cada vez que se le requiere su voto, sea en los plenos municipales, el Parlament, el Congreso o el Senado.

Sin "apriorismos partidistas", los dirigentes de Junts se preguntan, por este orden, si la iniciativa en cuestión "es positiva" para Cataluña, si "respeta" las competencias de la Generalitat, si se han aceptado las peticiones de la formación y si es "útil" para avanzar hacia una independencia "efectiva".

El expresidente catalán ha dicho que su formación no se deja seducir por quienes usan "el cepillo y la amabilidad", ya que "a menudo" esto no significa que quieran llegar a acuerdos.

Ha afirmado que Junts "incomoda" a los extremos y a quienes practican populismos, en lo que puede leerse como una referencia a la CUP y sobre todo a la formación de extrema derecha Aliança Catalana, así como a quienes "ya salen negociados de casa", en clara alusión a ERC. A Junts, ha añadido, no le dan miedo los debates "incómodos".

Puigdemont ha dedicado la parte final de su discurso a arremeter contra "la epidemia de arquitectos del caos" que tiene lugar en toda Europa y también en Cataluña, donde las encuestas muestran cómo Aliança Catalana le gana cada vez más terreno a Junts.

Pese a que existe quien tiene "la tentación" de actuar del mismo modo, es decir, de "usar la motosierra para hacer operaciones a corazón abierto", Puigdemont ha reivindicado la tarea de su partido, los "manobreros de la esperanza" que no se limitan a quedarse en el sofá y a lamentarse por redes sociales.

Ha censurado la simpleza con las que desde "los extremos" se encaran debates como los de la vivienda, seguridad, inmigración, turismo o burocracia y su voluntad de "avinagrar" la vida de los catalanes para lograr votos. En contraposición, ha dicho que Junts trabaja para que Cataluña logre "competencias que nunca antes había soñado", en alusión al pacto en materia de inmigración sellado con el PSOE y que debe pasar por el Congreso, o para que el catalán sea oficial en las instituciones europeas.

En el acto también han tomado la palabra el secretario general de Junts, Jordi Turull, la secretaria de organización, Judith Toronjo, y el alcalde de esta localidad francesa, Claude Ferrer. Entre los asistentes se han contado a la expresidenta del Parlament y expresidenta del partido, Laura Borràs, y el que fuera secretario general, Jordi Sànchez, y los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, que siguen, igual que Puigdemont, instalados en el extranjero a la espera de si se les acaba aplicando la amnistía.

El exjefe de los Mossos d'Esquadra Eduard Sallent ha admitido ante la jueza que investiga a tres agentes por facilitar la fuga de Carles Puigdemont tras su fugaz reaparición en agosto pasado que no contemplaron que el expresident regresara para huir y que su "maniobra de distracción" les confundió, según informa EFE.

Sallent, que fue destituido como jefe de los Mossos d'Esquadra pocos días después de la huida de Puigdemont, tras la constitución del nuevo Govern presidido por Salvador Illa, ha comparecido este lunes como testigo ante la titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona, María Antonia Coscollola, que investiga a tres agentes por facilitar la fuga el expresidente catalán.

Según han informado fuentes judiciales, en su declaración, por espacio de una hora y veinte minutos, Sallent se ha ratificado en el informe que elaboró a instancias del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, al no poder cumplir con su orden de arresto vigente en España durante la fugaz reaparición de Puigdemont en Barcelona el pasado 8 de agosto, coincidiendo con la investidura de Illa.

También se ha ratificado en este informe el intendente Ignasi Teixidor, subjefe de los Mossos en la Región Metropolitana de Barcelona, que ha testificado durante unos veinte minutos.

Sallent, que tras ser relevado al frente de los Mossos por Miquel Esquius ejerce como jefe de la Región Policial Metropolitana Sur de Barcelona, subrayaba en el informe que la "maniobra de distracción" de Puigdemont el pasado 8 de agosto, que "escapa a toda lógica racional o política", les sumió en una situación de "confusión" e "incertidumbre" que impidió detenerle.

Además, Sallent admitía en el informe que "en ningún momento" se valoró como "posible o probable" que Puigdemont pudiera regresar a Cataluña "y no tuviera la determinación de acceder al Parlament", como había anunciado, por lo que "no se contempló como una posibilidad" que regresara a Cataluña para después huir".

Según las fuentes, Sallent, que al igual que Teixidor ha logrado esquivar a los periodistas en la Ciudad de la Justicia, ha afirmado también que no hablaron con la Policía sobre el control de las fronteras ante el anunciado regreso de Puigdemont y que no hubo ningún dispositivo el día previo.

Además, según las fuentes, ha subrayado que se dieron instrucciones sobre la detención de Puigdemont, aunque ha admitido que era difícil elegir el momento, y ha afirmado que no podía descartar que los tres agentes investigados -que no estaban de servicio ese día- tuvieran detalles del dispositivo.

El informe al que se ha remitido este lunes Sallent subrayaba que los analistas de información de los Mossos no plantearon en ningún caso el escenario de un retorno de Puigdemont que no acabara asociado con una "detención policial".

También apuntaba que la "rapidez" con la que sucedieron los hechos, ante unas 4.500 personas y con una "perfecta sincronización" por parte de Puigdemont y su entorno, provocaron "confusión" en la sala de coordinación policial.

El informe resaltaba que, pese a que los Mossos desplegaron este día a 600 efectivos -también para blindar el Parlament ante el pleno de investidura- y que movilizaron a drones -que no pudieron seguir al expresident-, "únicamente un policía" observó a Puigdemont acceder a una carpa y subirse al coche para huir.

Sin embargo, el agente, que fue increpado por varios seguidores de Puigdemont, no pudo avisar por la emisora, y se tuvo que limitar a advertir por teléfono a su mando y además se equivocó, al confundir la marca del vehículo con el que el expresidente se dio a la fuga y al que perdió el rastro cuando un semáforo se puso en verde.

Los Mossos reconocían en su informe que, si bien lograron garantizar el normal desarrollo del debate de investidura, no se "alcanzó" el objetivo de arrestar al expresidente porque "no se dispuso de la oportunidad policial" para hacerlo sin un uso "excesivo" o "desproporcionado" de la fuerza.

La Audiencia de Barcelona ha amnistiado a los cerca de 40 empresarios y ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont procesados por los preparativos del 1-O, así como al exconseller de Exteriores Raül Romeva en la causa en que estaba investigado por la promoción exterior del procés.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la sección 21ª acuerda aplicar la amnistía a todos los investigados, tal y como solicitó la Fiscalía, y revoca la resolución de la jueza instructora que acordaba dejarlos a un paso de juicio por su papel en la planificación del referéndum unilateral del 1-O.

Tres magistrados conservadores del Tribunal Constitucional, el PP y el Senado han pedido a través de distintas vías que el órgano de garantías no resuelva el recurso de inconstitucionalidad de ese partido contra la ley de amnistía hasta que se pronuncie sobre ella el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo. La petición, según fuentes del máximo intérprete de la Constitución, no tiene visos de prosperar y el fallo definitivo se dará a conocer, previsiblemente, en tres semanas. Pero el TJUE sí se pronunciará sobre la ley clave de la presente legislatura antes de que el Constitucional analice los recursos de amparo de los líderes procesados y condenados a los que el Supremo ha rechazado aplicar el perdón, entre ellos el propio expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Lo hará aunque no se dé curso a las peticiones de la derecha.

En el calendario del tribunal de garantías está señalada la semana del próximo 24 de junio. Se trata de la fecha fijada para la deliberación y el fallo sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la ley. La ponencia, elaborada por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán (progresista), propone estimar parcialmente el recurso del PP para ampliar el ámbito de aplicación de la ley a los delitos e infracciones relacionados con las consultas soberanistas de 2014 y 2017 que hubieran podido cometer personas, no solo del ámbito independentista, sino también otras guiadas por impedir la secesión de Cataluña de España que propugnaba el procés. El borrador, que avala la constitucionalidad de la ley en un 95%, también impide tajantemente amnistiar cualquier comportamiento ilegal posterior a la fecha del inicio de la tramitación de la ley, el 23 de noviembre de 2023.

Sin embargo, tras esa primera sentencia —la "sentencia de cabecera", como la denominó el pasado abril el presidente del tribunal, el progresista Cándido Conde-Pumpido—, el organismo no volverá a abordar hasta final de año el resto de recursos registrados en su sede. Ni las cuestiones de inconstitucionalidad (planteadas por el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) ni los recursos de amparo de los exconsellers condenados o los eventuales que presenten los procesados huidos de España —entre ellos Puigdemnont— una vez que agoten sus recursos ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.

La razón, según fuentes del Constitucional, es que el órgano se ocupará de la organización de la Sexta Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, que se celebrará por primera vez en Madrid a finales de octubre (la inauguración está prevista para la última semana ese mes). Al acto asistirán miembros de tribunales, cortes y consejos constitucionales de más de 100 países. El órgano de garantías español será el encargado de prepararla junto con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa bajo el lema Los derechos humanos de las generaciones futuras.

Esas mismas fuentes explican que se prevé que, antes de ese evento internacional, el TJUE dé a conocer su primer pronunciamiento sobre el encaje de la ley de amnistía en el derecho de la Unión Europea, que creen que llegará a lo largo de septiembre u octubre. Se trata de la resolución sobre la cuestión prejudicial planteada sobre la norma por el Tribunal de Cuentas. El auto que la formaliza, firmado por la consejera Elena Hernáez considera que la ley que le obliga a archivar los casos contables abiertos contra los responsables de las dos consultas independentistas celebradas en Cataluña (en 2014 y 2017) podría afectar a la normativa antifraude contenida en los tratados y normas comunitarias así como afectar a los intereses financieros de la UE protegidos por los tratados.

Si el tribunal europeo inadmite las cuestiones prejudiciales por considerar que se basan en meras hipótesis o, entrando en el fondo, las desestima, el asunto quedará zanjado y el camino expedito para que el Constitucional se pronuncie sobre lo que queda por resolver. Además del Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también ha llevado a Luxemburgo la norma. Sea cual sea el sentido de las resoluciones europeas y su alcance, el Constitucional quedará vinculado por su criterio en el análisis del resto de recursos, los más sensibles políticamente, ya que afectan a los casos concretos de aplicación de la ley a los principales implicados en el proceso independentista. En estos últimos, que llevarán los nombres concretos de Puigdemont o Junqueras, entre otros, el órgano de garantías español tendrá que ir de la mano de la máxima instancia judicial europea.

Antes de la decisión final sobre el recurso del PP, la última semana de este mes, el Pleno analizará las peticiones de ese partido y del Senado, donde tiene mayoría absoluta, para que el Constitucional plantee su propia cuestión prejudicial. Esas solicitudes, con toda probabilidad, no saldrán adelante, gracias al voto en contra de los seis magistrados progresistas que, junto a cuatro conservadores, forman el tribunal (el progresista Juan Carlos Campo se ha abstenido y el conservador José María Macías ha sido recusado). Pero esa decisión no supone que no se vaya a tener en cuenta la doctrina del tribunal de Luxemburgo, como reclama la derecha. Tras el verano, el TJUE irrumpirá de lleno en las siguientes decisiones que el órgano de garantías español pueda tomar sobre la ley del perdón.

Esther Vera (Badalona, 1967) dirige el diario catalán Ara. Periodista de amplia trayectoria, ha sido corresponsal en París y Washington para el periódico Avui. Ha editado y presentado los informativos de TV3, ha sido delegada en Cataluña de la cadena CNN+ y ha trabajado para Cuatro y para El País. Como docente, ha impartido clases en la Universidad de Barcelona y en la de Columbia, en Nueva York. Además, fue colaboradora de Andreu Mas-Colell durante la etapa de este como consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña. Afirma que “el periodismo se salva con más periodismo” y aporta su profundo conocimiento de la situación catalana para analizar el momento que vive actualmente.

“Este es un proceso muy largo. La noticia de que es constitucional más o menos se daba por descontada. Se creía que sería así después de los cambios en el Constitucional y de las sensibilidades actuales. Para el mundo independentista y no independentista, para todos aquellos que creen que la ley de amnistía aprobada políticamente debe culminar, es una buena noticia. De todas formas, este proceso no se ha acabado porque quedan todavía muchos temas pendientes antes de que las personas que están en el exilio desde el año 2017, recordémoslo, puedan volver a Cataluña. Por lo tanto, todavía tenemos pendientes algunos temas sobre la malversación, de los cuales depende, por ejemplo, que el expresidente Puigdemont pueda volver a Cataluña”.

“Lo que me parece es que responden a las sensibilidades no solo jurídicas, sino también políticas, acerca de lo que está pasando y de lo que fue el procés en Cataluña. Creo que la justicia ha actuado con argumentos jurídicos, pero también en algunos momentos con argumentos políticos. Y que el poder Ejecutivo tiene suficientes valores e importancia como para poder aprobar una ley de amnistía que, evidentemente, es constitucional, tal y como dice la ponencia del Tribunal Constitucional. Y lo que se debería hacer es aplicarla. Lo que hemos vivido hasta el momento es una cierta acción-reacción a las decisiones políticas para no acabar aplicando esa ley de amnistía”.

“Carles Puigdemont vive una situación muy complicada. Está en el exilio desde el año 2017 y creo que en este momento no tiene prisa. Evidentemente, querría volver a Cataluña, lo ha expresado en múltiples ocasiones, y normalizar su vida política y personal, pero yo no creo que venga en uno, dos, tres, cuatro o cinco meses. Lo que no quiere Puigdemont es volver a ingresar en prisión. Y en este momento se daría la posibilidad por el delito de malversación, que todavía está pendiente de dilucidar. Por lo tanto, yo creo que no se va a arriesgar a ser detenido, aunque sea por poco tiempo. Así que no tiene mucha prisa, lo que quiere es que la ley se aplique, que el delito de malversación salga de la ecuación y que por lo tanto pueda volver sin tener que ingresar en la cárcel. Mientras, es un político que está muy encapsulado, que se fía de pocas personas de su entorno. Hay un núcleo que es quien toma las decisiones políticas en Junts per Catalunya. En este momento los alcaldes están ganando peso políticamente porque las próximas elecciones son las municipales”.

“No creo que se dé exactamente por amortizado, porque continúa el tema de la malversación y por lo tanto la amnistía no está completamente en vigor. Pero sí que es verdad que les preocupa menos y creo que en este momento la estrategia del Partido Popular es conseguir que el ambiente sea muy difícil, que sea irrespirable y que los casos de corrupción o que un ambiente de corrupción acabe impactando sobre el prestigio y sobre la fortaleza del Partido Socialista y sobre todo del Gobierno. Por lo tanto, estamos en otro nivel, estamos en el nivel en este momento del "váyase, señor Sánchez", de las manifestaciones en la calle y también de esta especie de circo mediático en el que se convierten las filtraciones sobre temas que judicialmente no están aclarados”.

“Para que haya un acercamiento entre Junts per Catalunya y el Partido Popular tiene que haber antes una amnistía. Sin amnistía, sin la aplicación política de la amnistía, no puede haber un acercamiento. Que ese acercamiento se dé en el futuro, cuando se normalicen las relaciones, y en un futuro en el que Carles Puigdemont pudiera hacer política con cierta normalidad en Cataluña, eso no lo descarto. En otras ocasiones, Convergència tuvo relaciones con el Partido Popular y se pactaron algunas ventajas para Cataluña que fueron muy importantes y que marcaron una época. Nos tenemos que acordar de los pactos del Majestic entre José María Aznar y Jordi Pujol. Junts per Catalunya no es exactamente la Convergència de entonces, pero sí que representa a una parte de su electorado. Por lo tanto, no podemos decir que Junts per Catalunya no va a hacer nunca acuerdos con el Partido Popular. Esos acuerdos pueden llegar en el futuro, pero antes se tiene que normalizar la situación. Y normalizar la situación pasa por que Carles Puigdemont pueda hacer política de manera natural o de manera normal en Cataluña, habiendo sido amnistiado”.

“El balance del procés se ha hecho de manera muy intensa en Cataluña. En la sociedad catalana se ha reflexionado mucho, sobre todo en la opinión pública, sobre cuáles fueron los errores, qué es lo que no se calculó, si había suficiente apoyo social o no, si se fue muy lejos o no y si se tendría que haber convocado elecciones. Yo creo que la sociedad catalana ha hecho una reflexión muy profunda de lo que pasó en los años del procés y hay temas de fondo que continúan existiendo. Para mí los temas de fondo eran dos: el reconocimiento nacional y lingüístico y, por otra parte, la situación económica y, por tanto, la financiación. Si esos temas no se resuelven bien, yo no descarto que, en algún momento, en otro ciclo político pueda haber un resurgimiento de esas demandas políticas.

Pero, en este momento, la sociedad catalana ha hecho una lectura muy clara de lo que pasó en el año 2017, de por qué fracasó el procés y en este momento está en una pantalla de cosas prácticas, en avanzar económicamente, socialmente y en las competencias actuales que tiene Cataluña. También tengo la sensación de una cierta calma en la opinión pública, de una cierta calma política, y esa quizás ha sido la habilidad del presidente Illa. Los independentistas dirían que adormece a la opinión pública, pero los que están a favor de la situación como está en este momento en Cataluña, lo que dirían es que ha tranquilizado, normalizado o calmado a la opinión pública en Cataluña”.

“Illa ha sido muy hábil tejiendo complicidades a derecha e izquierda y con su lema del gobierno de todos, el Govern de todos. De la misma forma que se ha visto muy a menudo con el rey, también recibió en el Palacio de la Generalitat a Jordi Pujol, por ejemplo, a Òmnium Cultural o a la Asamblea Nacional. Por lo tanto, lo que ha intentado es tender la mano a derecha y a izquierda, al independentismo y al nacionalismo español. Que eso se pueda mantener a largo plazo dependerá del éxito que tenga en las políticas clave que pide la sociedad catalana y que fueron el motor del procés. Son el reconocimiento nacional, el respeto a la lengua y la situación económica. Esa situación económica quiere decir también la financiación de la Generalitat de Cataluña. En función de los éxitos que tenga en esos temas fundamentales para el autogobierno de Cataluña, la sociedad le seguirá o no. Pero, de momento, lo que ha conseguido es calmar la tensión política en Cataluña. Y eso también se ha visto reflejado en las elecciones”.

“Ellos te dirían que sí, pero las relaciones no son buenas porque hay algunos traumas que vienen del año 2017. Mantienen las formas, pero las conexiones están muy viciadas por las relaciones personales. Especialmente por los últimos días antes de la Declaración de Independencia y concretamente por la noche en la que Carles Puigdemont iba a convocar elecciones al día siguiente y acabó no convocando elecciones y promoviendo una declaración de independencia. En ese momento, unos y otros se acusan de traiciones y de ese momento surge una relación personal muy difícil entre los líderes de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, y de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. No se puede pensar que actúen de manera coordinada ni en política española ni en política catalana”.

“Desde la perspectiva de un catalán o de una catalana que ha seguido de cerca el procés y también la operación Cataluña, que las cloacas del Estado o que la fuerza interna del Estado actúa es algo de lo que no tengo ninguna duda. Del caso concreto de la señora Díez y el señor Dolset tendríamos que saber exactamente si la señora Díez actúa por iniciativa propia o actúa por encargo. Eso sería muy diferente y hasta el momento no lo sabemos y no tenemos ninguna prueba de que actúe por encargo. Ahora, que hay cloacas, que hay intereses contrapuestos y también que hay personas que pactan con algunos medios y publicaciones de alguna manera orientadas, eso también es así. Por lo tanto, lo que deberíamos es discriminar de dónde viene la información, explicar muy bien a nuestros lectores si nuestras fuentes son más o menos honestas o de dónde sacamos nosotros la información. Lo otro forma parte de la guerra sucia entre los grandes partidos políticos. Sobre todo, hay una oposición muy dura del Partido Popular, que lo que quiere es que salte por los aires una legislatura que se aguanta con pinzas, con una mayoría de la investidura que es muy difícil de reproducir. Está imposibilitando prácticamente que se aprueben leyes en el Congreso de los Diputados. Y me temo que la política está pasando a una especie de ciénaga en la que lo que hay son corrupciones, corruptelas, escándalos e intervenciones públicas que parecen casi de una telenovela”.

“Los platos rotos los pagarán todos aquellos países que en estos momentos estamos esperando por la arbitrariedad de Donald Trump en las decisiones comerciales y en las de política exterior. Lo que temo es que incluso los países que van bien en este momento, como es el caso de España, van a retroceder económicamente dada la situación de guerra comercial de Estados Unidos. Y, entre Trump y Musk, continuará [la batalla] porque ninguno de los dos es capaz de pensar antes de hablar ni de pensar que el otro puede ser más listo que él. Pero eso formará parte del espectáculo. El problema es todo lo que va por detrás. Todas esas medidas en política exterior que no están funcionando para acabar con las guerras que había dicho que acabaría inmediatamente, porque la realidad es mucho más compleja de lo que puede parecer en un reality show y todos los países tendrán dificultades comerciales. Serán las personas de a pie quienes tendrán dificultades en sus vidas. Porque aranceles comerciales quiere decir también inflación, por ejemplo. Y eso es el coste de la vida de muchos trabajadores y de muchas personas que en este momento están muy lejos de esa batalla de egos que podría haber entre Elon Musk y Donald Trump”.

La ponencia elaborada por la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, propone avalar el grueso de la ley de amnistía, pero, como era previsible, sigue sin despejar el regreso del expresidente catalán Carles Puigdemont, cuyo futuro continuará en manos del Supremo, encargado de aplicar la norma.

El texto del que saldrá la futura sentencia de la corte de garantías plantea respaldar la constitucionalidad de la ley de amnistía, si bien propone estimar parcialmente el recurso que presentó el PP en tres aspectos menores de la norma, según las fuentes consultadas por EFE.

En concreto, aboga por acotar más la aplicación de la ley al decretar que no son amnistiables los hechos posteriores al 13 de noviembre de 2023. También establece que el perdón debe abarcar también a las protestas en contra del procés y no solo a las actuaciones en favor de la independencia. Y, por último, para proceder al archivo de un procedimiento en el Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable en el procés, la ponencia obliga a recabar el informe de todas las partes, no solo de la Fiscalía y las entidades del sector público perjudicadas, como dice la ley, sino también de las acusaciones populares.

Lo que no entra a valorar la ponencia son los aspectos más políticos denunciados por el PP, como que la norma posibilitó, con los siete votos de Junts, la investidura de Pedro Sánchez en 2023.

De salir adelante la propuesta de la vicepresidenta Montalbán, el aval de la amnistía en principio no despejaría la vuelta a España de Puigdemont, fugado del país desde 2017, porque lo que hace el TC es decir si la norma es o no constitucional, pero no entra en el ámbito de su aplicación ni aborda casos concretos.

Ni Puigdemont ni quien fuese su vicepresidente en el Govern, Oriol Junqueras, fueron beneficiados por el perdón porque el Tribunal Supremo consideró que la malversación que se les atribuye no tiene encaje en la amnistía al concurrir dos circunstancias que la ley dejó fuera de la medida de gracia: los implicados obtuvieron un beneficio personal al sufragar el referéndum con dinero público y eso afectó "potencialmente" a los intereses financieros de la UE.

Por tanto, la situación de los líderes independentistas no estaría afectada por la constitucionalidad de la norma sino por su aplicabilidad al caso en concreto, según explican otras fuentes jurídicas a EFE. Es decir, a priori habrá que esperar a que el Constitucional aborde los recursos de amparo de cada implicado y en el caso de Puigdemont ni siquiera ha llegado al TC puesto que aún tiene pendiente de resolver un incidente de nulidad en el Supremo, requisito imprescindible para acudir a la corte de garantías.

La vicepresidenta del TC expondrá formalmente el texto base, ya repartido este lunes entre los magistrados, en el pleno de la próxima semana y no será hasta dos semanas siguientes, a partir del 24 de junio, cuando se debata y previsiblemente vote en un pleno monográfico.

Son diez los magistrados que formarán parte del mismo -seis encuadrados en el sector progresista y cuatro en el conservador- después de que el exministro de Justicia y también juez Juan Carlos Campo se abstuviese del debate por haberse pronunciado sobre la amnistía en su época en política, y el magistrado José María Macías fuese recusado por hacerlo cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial.

La sentencia que salga de esta ponencia marcará previsiblemente el camino de la veintena de recursos que, hasta ahora, han llegado a la corte de garantías contra la norma.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha presentado una querella contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal por la conocida como Operación Cataluña y por el espionaje que sufrió con el software Pegasus, recoge EFE.

La querella de Mas, presentada el pasado viernes, también va dirigida contra el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, altos cargos de la Policía Nacional y contra responsables de la empresa del software, según ha explicado el expresident este miércoles en una rueda de prensa en los jardines del Palau Robert de Barcelona.

La semana pasada, durante su comparecencia en la comisión de investigación en el Congreso por la denominada Operación Cataluña, Mas ya anunció la presentación de la querella, después de conocerse un informe pericial de Citizen Lab, una entidad vinculada a la Universidad de Toronto (Canadá), que desvela que su móvil fue espiado una treintena de veces entre 2015 y 2020 con el software Pegasus, la primera de ellas el 7 de julio de 2015.

En concreto, Mas se querella por los delitos de organización criminal continuada, falsedad de funcionario público en documento oficial, malversación de recursos públicos, revelación de secretos y por lesión de derechos fundamentales. Tanto los hechos de la Operación Cataluña como el espionaje con Pegasus forman parte de la misma querella.

En la rueda de prensa, Mas ha abierto la puerta a hacer extensiva esta querella a otras personas, ya que se ha mostrado "convencido" de que "altos cargos de Moncloa, de la presidencia del Gobierno, también estaban directamente implicados", en referencia a Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría.

Mas ha lamentado la "pereza inmensa" que ha tenido hasta ahora el sistema judicial para investigar hechos relacionados con el espionaje político a dirigentes independentistas: "Espero que ahora, con tantas y tantas evidencias, esta pereza deje de existir un poco y el sistema cumpla con su función ante unas evidencias que afectan a mucha gente", ha expresado.

Fue el espionaje con Pegasus, ha explicado Mas, lo que le animó "definitivamente" a tomar la decisión de querellarse, al ser una de las personas más afectadas.

"La presenta una persona que fue presidente de Cataluña, que no era empresario ni un presidente de una entidad social, sino presidente de la Generalitat, la presento con esta condición. Por eso confío en que nuestro sistema judicial, como mínimo, investigará estos hechos", ha dicho.

El expresident también ha lamentado que todas las personas al frente del proyecto independentista hayan sufrido "castigos durísimos" y la otra parte, "que era agresora, que hacía informes falsos -ha dicho-, salga completamente ilesa".

Según ha revelado en la rueda de prensa, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha ofrecido "desde el primer momento" a Mas la colaboración del Govern en temas de asesoría legal, aunque han abordado más el espionaje político que la operación catalana, ha afirmado.

EH Bildu ha reivindicado una "república vasca de iguales" y en "libertad" este domingo con motivo del Aberri Eguna (día de la patria vasca) en una manifestación por las calles de Pamplona, según informa EFE. Encabezados por su secretario general, Arnaldo Otegi, que ha estado acompañado por cargos de la Mesa Política de la coalición y el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, miles de personas (más de 15.000, según la organización, y 9.000 según la Delegación del Gobierno) han recorrido las calles de la capital navarra bajo el lema "Askatasunaren nazioa (la nación de la libertad)". 

La marcha ha salido desde los Cines Golem en Yamaguchi y ha terminado, pasada por agua, en el parque de Antoniutti, donde el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha dado la bienvenida a los asistentes a la "capital de todos los euskaldunes", y el secretario general, Arnaldo Otegi, ha tomado la palabra. 

Otegi ha explicado que el Aberri Eguna "no es un día para criticar a otros abertzales, sean de la ideología que sean. Es para celebrar con ellos. Los que lo hacen, quizás lo hagan porque tienen que hablar de otros porque tienen dificultades para hablar de sí mismos. Nosotros nunca utilizaremos el Aberri Eguna para criticar a nadie que defienda que somos una nación y que tenemos derecho a decidir. Eso se lo dejamos a quienes hacen del barro y del insulto su práctica política". 

El líder de la izquierda abertzale ha señalado que la nación vasca se encuentra ante una oportunidad. "En el pasado no supimos aprovechar todas las ocasiones. No consiste ahora, ni debemos hacer un repaso sobre quién tuvo esa responsabilidad, pero somos un país a escala pequeña que ha hecho grandes cosas. Necesitamos saber jugar con inteligencia política para avanzar en el camino de construir una soberanía nacional". 

Por ello, ha tendido la mano a quien considere que "este país se merece mayor reconocimiento nacional, la defensa de su lengua o una sociedad diferente", para construir juntos ese camino. 

"Desde el punto de vista nacional y, a nuestro juicio, ese camino lo tenemos que hacer desde la unión. Frente a los insultos, más mano tendida, frente a los desprecios, aquí está la izquierda independentista dispuesta a jugar una partida en términos estratégicos, no en el cortoplacismo, sino mirando al horizonte, que se llama República Vasca de Iguales", ha indicado.

El partido fundado y liderado por Sílvia Orriols, la alcaldesa de Ripoll, entró por primera vez en el Parlament catalán tras las elecciones de 2024, con dos escaños y algo menos del 4% de los votos. Desde entonces, la visibilidad mediática de Aliança Catalana (AC) se ha multiplicado y las últimas encuestas muestran un claro crecimiento. Según el sondeo del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO, el ‘CIS’ catalán) del pasado mes de marzo, la formación ultraderechista podría multiplicar por cinco sus resultados, llegando a los 8-10 escaños, con el 6,2% de los votos. La duda es cuánto puede crecer la nueva ultraderecha independentista.

Oriol Bartomeus es director del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) y profesor asociado en la Universidad Autònoma de Barcelona. Considera que el crecimiento de AC responde a dos factores fundamentales: “un cambio de época, un repliegue identitario que comporta un incremento de los discursos xenófobos y, en el caso específico catalán, el fin del procés deja huérfano parte del voto [independentista], que se vehicula hacia nuevas problemáticas. Lo que motiva al electorado de AC es la oposición a la inmigración”.

“AC nace de la frustración del procés”, coincide Joan Serra, que investigó en profundidad el mundo de Aliança Catalana durante su etapa como redactor en jefe del diario Nació. Serra también subraya la influencia del “crecimiento de los populistas de extrema derecha en Europa y Estados Unidos. Aliança celebró la victoria de Trump”, recuerda.

El 62% de los votantes de AC defienden que Cataluña sea un Estado independiente y el partido de Sílvia Orriols apoya un “ultranacionalismo etnicista”, en palabras de Serra. Sin embargo, considera que la principal motivación de sus votantes es “el odio al inmigrante, especialmente a los de confesión musulmana”. Aliança Catalana ha conectado el rechazo a la inmigración con el odio a ‘Castilla’. “Orriols tenía una web, Els intransigents, con un discurso xenófobo contra los castellanos. Hace un cambio de chip de los castellanos a los inmigrantes”, relata Xavier Rius Sants, autor de Aliança Catalana: els nostres ultres (Icaria). 

Otros temas, como la economía, son secundarios para Orriols y sus electores. “Se presentaron al Parlamento sin un programa electoral, solo tenían un guion. Tienen aportaciones poco trabajadas sobre reindustrialización, su programa económico es difuso pero no les supondrá un problema en las elecciones municipales de 2027; estarán en debates locales”, prevé Serra.

Saber más sobre el electorado de AC da pistas sobre sus posibilidades de crecimiento. “Es claramente un voto masculino, de personas nacidas en Cataluña, sobre todo mayores, situadas en el centro o centroderecha”, explica Bartomeus, “su electorado está muy situado en capitales de comarca y pueblos medianos del territorio histórico de Convergència i Unió, del conservadurismo nacionalista”. “Están haciendo dos congresos comarcales cada fin de semana”, revela Rius Sants, “se centrarán en los municipios de la Cataluña interior donde tuvieron buenos resultados”.

La subida de los ultras se alimenta en gran medida del electorado de Junts, que según la última encuesta del CEO bajaría de los 35 escaños obtenidos en 2024 a una horquilla de 27 a 29. Hasta 1 de cada 10 votantes de Junts se decantaría por Aliança Catalana, una cifra que ha crecido en los últimos meses. La respuesta del partido de Carles Puigdemont ha sido “frenar el pacto de gobierno que estaba hecho en Ripoll [para arrebatar la alcaldía a Orriols], pedir la delegación de las competencias de inmigración y vender como victoria política la limitación de migrantes no acompañados en Cataluña”, explica Serra. 

Todos los expertos consultados dudan del éxito de la estrategia. “Mientras se mantenga el tema de la inmigración, AC ganará terreno. Quien lo mantiene en agenda es Junts, parece un suicidio inexplicable”, alerta Bartomeus, “lo hemos visto en otros países: la derecha y hasta la socialdemocracia han hecho de la inmigración un tema”. “Que Junts diga que hay demasiados inmigrantes, que colapsan la sanidad… es un discurso peligroso, legitima la ultraderecha”, coincide Sants Rius.

¿Hasta dónde puede llegar el crecimiento de AC? “Hay partidos de extrema derecha que suben como la espuma y hay un momento de inflexión: o dan el salto o comienzan las divisiones internas; esto se verá en las municipales de 2027”, explica Serra. “Estamos en un momento de rearticulación del sistema de partidos post-procés, no sabemos qué margen de crecimiento tiene AC”, precisa Bartomeus.

Es difícil saber cuánto crecerá, pero quienes mejor conocen el partido de Sílvia Orriols están convencidos de que ultraderecha independentista ha venido a la política catalana para quedarse.

Aunque del desenlace que ha tenido el denominado procés catalán cabe extraer múltiples lecciones, se me permitirá que, a efectos del asunto que pretendo plantear a continuación, destaque únicamente dos. Una primera, que parece haber sido asumida –si bien con la boca pequeña– por los propios votantes procesistas, es que la independencia de Cataluña, tal como se planteó la década pasada, esto es, como un objetivo político susceptible de ser alcanzado a fecha fija, se ha acreditado inviable por completo. 

No me refiero ahora a la inapelable derrota que sufrió el govern de la Generalitat en 2017 al pretender echarle un pulso al Estado, o la inequívoca reacción de los poderes económicos catalanes –grandes empresas y entidades financieras– trasladando sus sedes sociales fuera de la comunidad autónoma. Pienso más bien en el rotundo mensaje que, ante la efímera declaración de independencia de Cataluña por parte de Carles Puigdemont, lanzó el mundo –ese mismo mundo que según el independentismo en su conocido eslogan “el mon ens mira” [el mundo nos mira] tenía clavada su mirada en el procés–. El mensaje del mundo, y muy en especial de Europa, fue el más clamoroso de los silencios. Exactamente lo contrario de lo que no dejaban de anunciar los dirigentes secesionistas y la inmensa mayoría de sus palmeros mediáticos. 

Si eso pasó entonces, no parece demasiado aventurado suponer la reacción que tendría lugar hoy en el caso de que se intentara repetir una intentona parecida. En efecto, si en la coyuntura europea de aquel momento, profundamente sobresaltada por episodios como el del referéndum escocés y el posterior Brexit, la secesión de una parte de uno de los Estados europeos existente para constituirse en un nuevo Estado –con la más que previsible consecuencia del efecto-llamada que podría tener sobre otros territorios del continente con parecidas aspiraciones– generaba una profunda inquietud, la misma solo podría ir en aumento en caso del anuncio de una hipotética repetición de una intentona semejante. Porque si para algo no está la situación geoestratégica de Europa en nuestros días, amenazada como se encuentra por la pinza que contra ella parecen haber formado Trump y Putin, es para aventuras independentistas que no harían otra cosa que debilitarla (debilidad que, por cierto, Moscú olfateó desde el primer momento).

Una segunda lección, de signo diferente, es la de que aquellas propuestas que en la sentencia del Tribunal Supremo que juzgaba a los líderes del procès se denominaban “ensoñaciones” (con una benevolencia valorativa de la que siempre he discrepado), no solo fueron capaces de movilizar a la práctica mitad de la ciudadanía catalana, sino que la persistencia en las mismas no les ha significado a las formaciones que las continúan defendiendo la pérdida absoluta de respaldo electoral, ni siquiera en sus momentos más bajos. Como se sabe, ello es debido al intenso componente emotivo que ponen en juego los votantes de dichas opciones, incapaces el grueso de ellos de aceptar que ha sido la propia realidad la que se ha encargado de certificar no solo la inconsistencia, sino también la rotunda falsedad de muchas de las promesas que les hacían los líderes independentistas. 

No se está cuestionando, como es obvio, que determinadas formaciones políticas puedan llevan en su programa de máximos la aspiración a la independencia del territorio en el que están implantadas, sino las estrategias y procedimientos que proponen para alcanzar dicho objetivo. De la misma forma que nada más comprensible que el hecho de que, a la vista del nivel de apoyo electoral que consiguieron alcanzar en los momentos más álgidos del procés, no quieran que se apague el fuego sagrado de la independencia “a tocar” [al alcance de la mano], que tan buenos dividendos les llegó a reportar en su momento. Menos comprensible, en cambio, es que la izquierda que acepta el marco constitucional, lejos de dar la batalla de ideas a un horizonte de país con el que se supone que se encuentra en radical desacuerdo, haya renunciado al debate con el mismo, contribuyendo de esta manera, por defecto, a legitimar unos comportamientos y unas prácticas que, desde su perspectiva, se supone que solo deberían recibir una rotunda condena. 

Llama la atención que quienes, en determinados ámbitos, tanta importancia le conceden a las batallas culturales, le estén concediendo tan poca a un debate de ideas cuya repercusión inmediata sobre la política es, sin la menor duda, grande.  Así, por ser bien concretos, no deja de sorprender que en los medios de comunicación públicos de Cataluña permanezca intacta, como si fuera la única existente, la cosmovisión de matriz nacionalista. Apenas nada parece haber cambiado en su discurso a la hora de hablar de prácticamente cualquier tema, con la dicotomía ellos/nosotros siempre en primer plano, como si, fuera del abstracto “Estado español”, no hubiera un ámbito común de pertenencia ni con los ciudadanos del resto de España ni con los catalanes desafectos del independentismo. De ser todo esto como efectivamente lo estamos describiendo, nos encontraríamos con una insólita refutación en toda regla de las tesis de Walter Benjamin según la cual la historia la escriben los vencedores. Porque ahora resulta que quienes más insisten en que el procés está definitivamente derrotado parecen ser los mismos que están permitiendo que la historia la escriban los presuntos perdedores (¿para que no se sientan tales?). 

La conclusión que se sigue de ambas lecciones no es, ni mucho menos, el optimismo bobo al que algunos parecen querer conducirnos. Sin querer ser ave del mal agüero, creo que, si bien no parece haber motivos de preocupación en el corto plazo –esto es, con la actual presidencia de la Generalitat–, no estoy en absoluto seguro de que ocurriera lo mismo a poco que el poder catalán cambiara de manos, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas herramientas que no le cesan de traspasar como consecuencia del chantaje inmisericorde de Junts al gobierno central. 

En primer lugar, respecto a la primera lección que planteábamos, no es descartable que, si el futuro de la Unión Europea fuera el de un debilitamiento y consiguiente repliegue sobre los viejos Estados-nación, el nuevo escenario, desaparecido el paraguas supranacional, pudiera ser más favorable de nuevo a la reedición de las intentonas secesionistas. Con el agravante, en segundo lugar y en relación con la otra lección, de que en el mientras tanto, lejos de haberse librado en Cataluña un combate de ideas a favor del modelo de España que se supone que históricamente ha defendido la izquierda mayoritaria, esto es, el federal, dicho modelo se habría ido desdibujando, hasta casi desvanecerse por incomparecencia de quien lo debería defender. En su lugar, habría ido ganando terreno, de manera tan sorda como inexorable, un modelo alternativo, al que prácticamente nunca se hace referencia de manera explícita, pero que parece ser el que tienen en la cabeza algunos. 

Se trataría de clonar el diseño político e institucional del País Vasco, de forma que, como allí, la presencia del Estado fuera por completo residual, cuando no de hecho nula. La cuestión entonces ya no sería, como diversas voces han venido advirtiendo de un tiempo a esta parte, que Cataluña saliera de España, sino que España saliera de Cataluña. Por este nuevo modelo es por el que parece haber optado el independentismo catalán en el presente momento –tal vez como confortable etapa intermedia, con el Estado siempre disponible en última instancia para acudir a remediar los problemas más graves–, con la complicidad de determinados sectores de la izquierda, que silban y miran al techo cuando se les pregunta por su posición al respecto. Un modelo cuyo horizonte último bien podría quedar resumido así: una España federal con dos cuñas confederales. 

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Manuel Cruz es catedrático de Filosofía y expresidente del Senado. Fundador y primer presidente de la asociación Federalistes d´Esquerres.

La IX Asamblea General del PNV ha designado por unanimidad a Aitor Esteban como nuevo presidente del partido, en sustitución de Andoni Ortuzar, según informa EFE.

Los cien integrantes de la Asamblea Nacional han respaldado a Esteban, quien será el líder de la formación nacionalista los próximos cuatro años.

El portavoz del PNV en el Congreso hasta esta misma semana toma el relevo de Andoni Ortuzar, líder de los nacionalistas vascos en los últimos 13 años.

Aitor Esteban, ha inaugurado su liderazgo con un mensaje de unidad interna del partido y por una apuesta por la defensa de la democracia "en un momento en el que las autocracias ponen en cuestión los principios democráticos".

El nuevo presidente ha asegurado en su primer discurso que para su partido "lo primero siempre serán la democracia y los derechos humanos, incluso por encima de su ideal nacionalista", "no hay patria que valga la negación de derechos humanos", ha manifestado.

"Nuestra gente siempre lo entendió así y se comportó en consecuencia, a diferencia de otros. Una patria es más que un nombre o un territorio. Son los valores y principios que la rigen. Y si así entendemos nuestro país, también entendemos así el mundo", ha indicado un Esteban que ha mostrado su preocupación por la deriva de "algunas democracias occidentales hacia el autoritarismo".

En esa Europa que el PNV apuesta por fortalecer para hacer frente a estos nuevos autoritarismos sitúa el partido el marco para lograr su objetivo de que el País Vasco se vea reconocido como nación, tal y como detalla la ponencia política aprobada este sábado por la Asamblea.

El líder nacionalista ha explicado que el "objetivo principal" de su partido consiste en asegurarse de que el pueblo vasco "siga existiendo, siga reconociéndose mayoritariamente como nación diferenciada y se vea como uno solo más allá de las 'mugas'".

Ha recordado que el PNV es un único partido y "no cinco". "Somos de Gipuzkoa, Bizkaia, Nafarroa, Araba, Lapurdi, Zuberoa... pero, por encima de todo, somos vascos y vascas y trabajamos pensando en el conjunto del país", ha advertido.

Ha señalado que la honradez "es, ha sido y será la seña de identidad" de la política del PNV, por lo que ha advertido de que el nuevo EBB "será absolutamente estricto en ello".

El tercer llamamiento interno ha sido el de la "humildad" para escuchar las críticas "y las desaprobaciones" de los ciudadanos, "merecidas o no".

El PNV, ha dicho, seguirá liderando Euskadi para que "prospere, sea cada vez más libre y encaje en el marco internacional que se avecina".

Además de elegir a Esteban, los asambleístas reunidos en el frontón Atano III de San Sebastián han designado a ocho miembros natos del Euskadi Buru Batzar (EBB), la ejecutiva nacionalista.

Formarán parte de la nueva dirección jeltzale Markel Olano, Ion Gambra, Maitane Ipiñazar, Manu Tejada, Miren Martiarena, Joseba Díez Antxustegi y Javier Ollo, todos ellos burukides del EBB por primera vez.

La ejecutiva se completa con los presientes de cada organización territorial, elegidos el pasado otoño: María Eugenia Arrizabalaga (Gipuzkoa), Iñigo Ansola (Bizkaia), Jone Berriozabal (Álava), Unai Hualde (Navarra) y Pantxoa Bimboire (País Vasco francés). 

Tras la designación del presidente y la nueva ejecutiva, la Asamblea culminará con un acto político en el que intervendrán el nuevo presiente, Aitor Esteban, y su antecesor, Andoni Ortuzar.

El PNV ha aprobado este sábado la ponencia política que guiará su actuación en los próximos años bajo el liderazgo de Aitor Esteban, un documento en el que defiende acordar un nuevo estatus para Euskadi que establezca una relación bilateral con el Estado y que se integre en el ordenamiento europeo.

La exparlamentaria europea Izaskun Bilbao, coordinadora del equipo redactor de la ponencia, ha explicado, tras la aprobación del texto, que actualmente "es a nivel europeo donde se produce la discusión más rica y completa sobre los conceptos e identidad, soberanía, nación o Estado".

La ponencia, titulada 'Euskadi, nación en Europa', defiende desde su introducción el reconocimiento del derecho a decidir y reivindica la propuesta de reglamento europeo que defendió en la Eurocámara "como su hoja de ruta para ejercer a nivel europeo el derecho de autodeterminación". 

El documento jeltzale aboga por "no clonar miméticamente modelos del pasado y sostiene que el reconocimiento a nivel europeo del Concierto Económico y el Convenio, así como mecanismos de cooperación como las macrorregiones, abren interesantes vías para innovar en estas materias".

En el ejercicio de este derecho el PNV apuesta por un nuevo estatus para Euskadi, pactado con el Estado, que garantice la bilateralidad en las relaciones y que se integre en el ordenamiento europeo.

"Nuestra estrategia para lograrlo se basa en la negociación, el pacto y la inclusión (en la UE) de protocolos que reconozcan nuestra realidad nacional y el impulso de la reforma de sus tratados a la luz de las aportaciones en favor de la proximidad y el reconocimiento de las estructuras subestatales", sostiene la ponencia.

El texto apuesta por acometer la renovación de una identidad vasca "que impulse el euskera y la cultura como elementos de integración en una sociedad cada vez más diversa" pero que "apoya mayoritariamente el reconocimiento de Euskadi como sujeto político".

Rechaza la polarización, reivindica el pragmatismo, la negociación y el respeto, al tiempo que se compromete a combatir la desinformación e impulsar la "escucha activa".

Se refiere también a la situación geopolítica para señalar la amenaza que significa "la pugna entre viejos y nuevos actores por los recursos naturales y para mantener posiciones o ser desplazados de las mismas".

Se trata de una "amenaza para las relaciones internacionales basadas en el modelo clásico de normas que hemos conocido", señala.

Este fenómeno, sostiene la ponencia aprobada este sábado, "propicia invasiones de Rusia contra Ucrania o la creciente inestabilidad en Oriente Medio con múltiples frentes abiertos".

Entre ellos destaca, "la injustificable situación de violaciones de derechos humanos que sufre el pueblo palestino en la franja de Gaza, la del pueblo kurdo, Siria o Líbano", que "generan movimientos de personas de una dimensión desconocida desde que concluyó la Segunda Guerra Mundial".