EL FUTURO DE LA LEGISLATURA

Sánchez rearma su mayoría, Junts vuelve a la mesa de negociación y Feijóo se queda solo con Abascal

Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Complejo de la Moncloa, a 28 de enero de 2025.

De manera muy discreta. Sigilosa. Despistando hasta los medios de comunicación. El Gobierno salvó la bola de partido. Cuando todo el mundo daba por perdido un nuevo decreto del escudo social, Moncloa y Junts sellaron un acuerdo in extremis. Se aplazó incluso la reunión del Consejo de Ministros del martes. Y María Jesús Montero, Félix Bolaños y Santos Cerdán lograron el sí final de Carles Puigdemont. 

El Gobierno tiene ya atados los votos en el Congreso para sacar un nuevo decreto, que incluye el grueso de las medidas sociales que se tumbaron la semana pasada. A cambio, hace Sánchez unos gestos políticos hacia los posconvergentes. Y, sobre todo, se rearma la mayoría parlamentaria de la investidura, que había quedado tocada tras la votación de la semana pasada en la Carrera de San Jerónimo y hacía nadar entre aguas pantanosas a la legislatura.

El decreto del escudo social es esencial para el Gobierno, una coalición progresista que pone en el centro sus políticas de protección el bienestar. El rechazo del decreto ómnibus por parte de PP, Vox y Junts siete días antes no era sólo una cuestión numérica, sino que afectaba al propio corazón del funcionamiento del PSOE y de Sumar. 

Pero el acuerdo del Gobierno y Junts vuelve a recobrar el pulso del proyecto a pesar de ser dos espacios con diferencias ideológicas. El decreto aprobado incluye las medidas más potentes: revalorización de las pensiones, incremento del salario mínimo y del ingreso mínimo vital, subvenciones para los transportes urbanos, ayudas para la dana y los afectados por el volcán de La Palma, el escudo antiopas, la prórroga del bono social y el freno antidesahucios para los más vulnerables.

El decreto que salió del Consejo de Ministros deja fuera lo que se ha llamado el “paquete económico”, que ahora tendrá que negociar de nuevo el Ejecutivo con sus socios. No han entrado en el acuerdo por ahora los anticipos a cuenta a las autonomías (que Junts quiere vincular a la negociación sobre la senda de déficit), las modificaciones técnicas sobre el impacto contable del impuesto a la banca y las deducciones fiscales por las obras con eficiencia energética y para la compra de coches eléctricos. 

La cuadratura del círculo

Los negociadores del Gobierno decidieron aceptar estas condiciones de Junts para salvar toda la parte social del decreto, que era imprescindible para contar también con el voto del resto de socios (Sumar, ERC, Bildu y Podemos tenían como línea roja las medidas antidesahucios). Y en la negociación se incluyó para atraer a Junts el ya prometido sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos.

Además, los socialistas han aceptado tramitar la proposición no de ley de Junts por la que se solicita al presidente del Gobierno a que se someta a una moción de confianza. Esa iniciativa se encuentra ahora mismo varada en la Mesa del Congreso, que podría ya dar luz verde la semana que viene a su debate. Pero no llegará al Pleno (al ser cuota de los posconvergentes en la Cámara) hasta finales de febrero o marzo.

El texto registrado por los de Carles Puigdemont será sometido a una serie de modificaciones técnicas. En virtud del pacto, se fijará claramente que la moción de confianza se trata de una prerrogativa constitucional del presidente del Gobierno. El propio Sánchez remarcó que no ve la necesidad de activar este mecanismo. Se trata más bien de un gesto simbólico que se hace a Junts, pues la Cámara no tiene competencia sobre el asunto ni la proposición tiene efectos vinculantes o legales para el jefe del Ejecutivo.

La importancia política del acuerdo entre el Gobierno y Junts es mayúscula para Sánchez, que decidió incluso comparecer ante la prensa después del Consejo de Ministros. "Un Gobierno cualquiera puede perder una votación parlamentaria, pero no nos resignamos a que pierda la mayoría social de nuestro país. Hemos negociado hasta la extenuación, hemos buscado el apoyo en todas partes para seguir avanzando en el bienestar frente al negacionismo de los de siempre", subrayó, para indicar: “Al final las cosas salen”.

"Carpeta a carpeta"

Y es que, como sucede en la política española reciente, se pasa de un horizonte grisáceo a que salgan rayos de sol en unos minutos. La orden de Sánchez a los suyos había sido clara: sacar votos de debajo de las piedras para un conjunto de medidas clave para la mayoría social y para los votantes progresistas. La revalorización de las pensiones conforme al IPC ha sido una de las grandes banderas de Sánchez desde que llegó a La Moncloa tras la moción de censura de 2018. 

Esta negociación, además, es trascendental para enderezar la relación con Junts, que ha pasado unas semanas en el precipicio. De hecho, desde Junts se ha levantado “la congelación de las negociaciones sectoriales” con los socialistas. Los posconvergentes han puesto en valor que ha sido el Gobierno el que ha rectificado y el que ha aprendido cómo hay que relacionarse. Ahora, señalan, irán “carpeta a carpeta”. Sobre la mesa está el traspaso en materia de migración y la futura negociación sobre la senda de déficit y el proyecto de Presupuestos Generales.

Comparecencia de Pedro Sánchez para explicar el acuerdo sobre el escudo social

Comparecencia de Pedro Sánchez para explicar el acuerdo sobre el escudo social

La negociación sobre el decreto también contentó al resto de socios de investidura, que habían apremiado al PSOE a aprobar ya el decreto del escudo social. Podemos, pieza clave para aguantar la legislatura, respaldó el texto: “Consideramos que los anuncios realizados garantizan las medidas de protección social que habíamos acordado con el Gobierno, que se pusieron en marcha durante la pasada legislatura de coalición gracias a nuestro esfuerzo y que el actual Ejecutivo quería desmantelar”. 

El PNV también celebró el pacto y concretó que el decreto incluye nuevamente “el articulado que ha permitido completar la devolución del edificio de la Avenida Marceau de París con el objetivo de remarcar, aunque no sea necesaria, la seguridad jurídica de esta justa restitución”. “Es trabajo del Gobierno español atar sus apoyos antes de llevar votaciones relevantes al Congreso y todos los grupos parlamentarios que apoyan al Ejecutivo tienen que entender que hay que llegar a acuerdos mínimos comunes, por lo que el Grupo Vasco confía que en esta ocasión el llamado Decreto-ley ómnibus se convalide”, trasladaron fuentes de los nacionalistas.

El rearme de la mayoría de la investidura deja, además, a Alberto Núñez Feijoo en soledad junto a Vox, después de que diera por acabada la estabilidad parlamentaria de Sánchez. Los populares no adelantaron su voto, pero criticaron al Gobierno por “humillarse” ante Puigdemont. El portavoz de los populares, Borja Sémper, dijo en rueda de prensa: "Se podía aprobar todo esto sin mayor problema, pero ha sido nuevamente a la manera de Sánchez: con chantajes, mentiras, cesiones y en definitiva, con trampas".

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