El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha llevado a los juzgados a la exconsellera del Govern Joana Ortega al considerar que presuntamente ha incumplido su pena de nueve meses de inhabilitación por impulsar el 9N al fichar como asesora de la Conselleria de Empresa y Conocimiento de la Generalitat el 17 de mayo.

Según ha informado el TSJC este martes, el tribunal ha acordado librar testimonio al Decanato de Barcelona para su reparto entre los Juzgados de Instrucción del partido judicial de que Ortega ha podido incumplir la pena de inhabilitación, que finalizaba el 19 de octubre de 2019, al constatar la "incompatibilidad" del cargo con la condena.

Ortega fichó en mayo para asesorar a la titular del departamento, Àngels Chacón, en proyectos transversales en materia de fomento de la economía productiva, y también para preparar la documentación que la Conselleria tramita al Consejo Técnico sobre este tipo de proyectos y elaborará informes sobre los resultados de su aplicación. Por la asesoría en la Conselleria Empresa percibió un importe bruto de 32.110,84 euros entre mayo y octubre de 2019, según recoge el auto del TSJC.

Al conocer estas informaciones laborales que podían "colisionar" con la pena impuesta, el TSJC pidió opinión a la Fiscalía, que solicitó que no se diera por cumplida la pena y se hiciera la deducción de particulares por un presunto delito de quebrantamiento de condena. Por su parte, la defensa de Ortega defendió dar por cumplida la pena alegando que dichas actividades no estaban prohibidas en la pena de inhabilitación especial impuesta.

Sin control de méritos

El tribunal considera que este puesto de trabajo como asesora del Govern presenta "todas las trazas requeridas para ser tenida como actividad o cargo análogo al desempeño de funciones de gobierno autonómico", impedidas por la pena de inhabilitación.

Entre otros motivos, cita que es un cargo que participa en lo público, se retribuye –"y generosamente"– con dinero público, el nombramiento es discrecional, escapa de todo control sobre mérito y capacidad, y además el gobierno autonómico al que asesora Ortega, según dice textualmente el tribunal, es el mismo aprovechado para cometer el delito por el que fue condenada.

En el caso de la exconsellera Irene Rigau, condenada a seis meses de inhabilitación por su papel en el 9N, el tribunal da por cumplida la pena al no constar que haya "desempeñado cargo o empleo alguno ni haber recibido retribuciones públicas durante el período informado".

Por su parte, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, condenado a una inhabilitación de un año y un mes para ejercer cargos públicos en el ámbito local, autonómico estatal y a ejercer funciones de gobierno en el ámbito autonómico o estatal, estará inhabilitado hasta finales de febrero de 2020.

El Tribunal Supremo ha rebajado este lunes hasta un año y un mes la condena de dos años de inhabilitación que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al expresidente de la Generalitat Artur Mas por desobedecer al Tribunal Constitucional con la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014. La iguala así a la que se impuso al exconsejero Francesc Homs.

Asimismo, la Sala de lo Penal ha rebajado el tiempo de inhabilitación inicialmente impuesto la exvicepresidenta, Joana Ortega, quitándoles un año a cada una. Así, Ortega es inhabilitada a nueve meses y la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau, a seis meses.

Los magistrados desatienden así la petición de la Fiscalía, que pidió confirmar las condenas. El fiscal Jaime Moreno afirmó durante la vista que tuvo lugar en el alto tribunal el pasado 7 de noviembre que lo que ocurrió hace cuatro años "fue un desafío a la legalidad".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo integrada por los magistrados Luciano Valera, Alberto Jorge Barreiro, Antonio del Moral, Vicente Magro y Eduardo de Porres celebró la vista de los recursos de los exdirigentes de la Generalitat el pasado 7 de noviembre. Durante la vista, el fiscal recordó que fue el propio Mas quien afirmó en su día ante los medios de comunicación que el "responsable" de la consulta eran él y su gobierno. Aún así, Moreno ha argumentado que la "desobediencia no hace falta que sea expresa, no hace falta que dijeran: 'vamos a desobedecer'".

Por su parte, los abogados de Mas, Ortega y Rigau solicitaron al Tribunal Supremo que deje al margen la causa que próximamente juzgará por el proceso independentista en Cataluña y que revise sus recursos por los hechos ocurrido en noviembre de 2014. De hecho, han señalado que han acudido a esta vista "melancólicos" porque esta misma sala juzgó por el 9N al exconsejero de Presidencia Franscesc Homs, que fue condenado a un año y un mes de inhabilitación, y sobre el que manifestaron que "no es el mismo caso".

Desobedecieron 'consciente y deliberadamente'

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) concluyó en su sentencia que Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau desobedecieron "consciente y deliberadamente" el mandato del Tribunal Constitucional (TC) al mantener la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014 pese a la orden de suspenderla. Tras la suspensión cautelar del TC del 4 de noviembre se mantuvo activa la web institucional, la campaña de publicidad, el reparto masivo de correspondencia oficial, se repartió el material para la votación, se instalaron los programas informáticos y se acondicionó un centro de prensa para dar los resultados, señalaba la resolución del tribunal catalán.

El Tribunal de Cuentas ha ordenado este lunes el embargo preventivo de inmuebles del expresidente de la Generalitat Artur Mas y de las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau después de que concluyera el plazo que les dio para hacer frente a una fianza de 5,25 millones que debían depositar mientras se estudia su presunta responsabilidad contable por los gastos generados en la consulta popular del 9 de noviembre de 2014.

Según han señalado a Europa Press fuentes de la defensa de los exmandatarios, los bienes embargados se designaron y pusieron voluntariamente a disposición del tribunal como garantía por Mas, Ortega, Rigau, el exconsejero Francesc Homs y el exsenador Vilajoana.

El Tribunal de Cuentas ha ordenado concretamente el embargo del domicilio de Mas en el calle Tuset de Barcelona, de la mitad de un inmueble de Homs en Taradell (Barcelona) y de las fincas de Joana Ortega en Barcelona y de Rigau en Ribes de Fresser (Girona), según las mismas fuentes. También se ha embargado una propiedad de Vilajoana.

La defensa afirma que Mas y sus excolaboradores están "absolutamente disconformes" con la liquidación fijada por entender que no ha habido infracción contable.

Ordenadores que siguen en la Generalitat

En este punto, los abogados aluden a un total de 3,1 millones de euros que se les reclaman por el valor de unos ordenadores que están en poder del Departament d'Ensenyament y siguen por lo tanto afectos a un servicio público.

El último pago, por valor de 144.588 euros lo realizaron los exdirigentes catalanes el pasado 23 de noviembre. Con éste depósito el expresidente de la Generalitat de Cataluña y sus exconsellers ya habrían abonado 2.944.588 euros de la totalidad de la fianza aunque aún les restaba una parte que ha sido asegurada este martes mediante el embargo preventivo de los inmuebles antes señalados.

Inicialmente, el órgano fiscalizador había dado de plazo hasta el pasado 16 de noviembre para la realización del depósito si bien los abogados de los exmandatarios solicitaron una prórroga que finalmente no se ha concedido, procediendo el Tribunal de Cuentas a embargar los inmuebles señalados como garantía.

El Tribunal de Cuentas tiene fijado el 16 de noviembre como fecha tope para que el expresident de la Generalitat Artur Mas y sus colaboradores depositen los tres millones de euros que aún faltanaún faltan de la fianza impuesta por la supuesta utilización de fondos públicos para la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

El pasado 25 de septiembre, el Tribunal de Cuentas impuso una fianza total de 5.251.948,17 euros para garantizar que se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado en aquella consulta declarada ilegal, en caso de que sean finalmente condenados.

Esa cifra responde a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de la imposición de la fianza, que suponen alrededor de 400.000 euros.

Artur Mas, responsable solidario por ser el presidente de la Generalitat en aquel tiempo, aportó casi 2,2 millones junto con los demás investigados: sus exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y cinco funcionarios del Govern de entonces.

Pero la defensa de los investigados pidió 15 días más de plazo para reunir el resto de la fianza atendiendo a "los medios económicos de los presuntos responsables" y subrayando que con el adelanto se demuestra la voluntad de depositar la totalidad.

Su letrado también aclaró en su escrito que la cantidad ingresada tiene únicamente "la estricta finalidad de responder al requerimiento de garantizar la responsabilidad establecida provisionalmente", y no tiene el carácter de reintegro, ya que todavía no hay sentencia.

Si no paga, embargo de bienes

La Unidad de Actuaciones Previstas del Tribunal de Cuentas acreditó el ingreso de esos 2,1 millones de euros y aceptó la prórroga de 15 días hábiles para el resto de la fianza.

Según confirmaron a Europa Press fuentes de la institución, ese plazo acabará definitivamente el jueves 16 de noviembre; si en esa fecha Artur Mas y los demás no aportan el dinero que falta, el Tribunal de Cuentas procederá al embargo de los bienes de los responsables del 9-N.

El expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha depositado este lunes 2,2 millones de euros del total de 5,25 millones que le ha reclamado el Tribunal de Cuentas como fianza por haber usado fondos públicos para la consulta independentista de noviembre de 2014, según el escrito que ha presentado su abogado y al que ha tenido acceso Europa Press.

Además, el letrado ha pedido al Tribunal de Cuentas que se amplíe en 15 días el plazo fijado para abonar el resto de la fianza, en este mismo escrito que ha enviado en nombre también del resto de afectados: los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, y cinco funcionarios del Govern.

El abogado ha solicitado que se le acepte esta ampliación del plano para abonar el resto atendiendo a "los medios económicos de los presuntos responsables" y ha añadido que con la aportación de este lunes considera que se demuestra la voluntad de depositar la totalidad.

En su escrito, ha anunciado además que, como los 2,2 millones sólo cubren parcialmente el importe reclamado, "se presentarán otros medios de garantía encaminados a la cobertura de la totalidad de la liquidación".

El letrado también aclara en su escrito que la cantidad ingresada tiene únicamente "la estricta finalidad de responder al requerimiento de garantizar la responsabilidad establecida provisionalmente", y no tiene el carácter de reintegro, ya que todavía no hay sentencia.

La cifra total reclamada —5.251.948,17 euros— responde a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de la imposición de la fianza, que suponen alrededor de 400.000 euros.

Reintegro a las arcas públicas

El Tribunal de Cuentas impuso el pasado 25 de septiembre esta fianza, con el objetivo de garantizar que se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado, en caso de que sean finalmente condenados.

El tribunal fijó esta semana para que los denunciados afiancen las cantidades impuestas, y de no hacerse, procederían al embargo de los bienes de los responsables del 9N.

El Tribunal de Cuentas ha impuesto una fianza solidaria de 5,25 millones de euros al expresident de la Generalitat Artur Mas y tres de sus consejeros por usar fondos públicos en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

El Tribunal de Cuentas ha comunicado este lunes a los representantes legales del expresident de la Generalitat y su exvicepresidenta Joana Ortega, los exconsellers Irene Rigau (Educación) y Francesc Homs (Presidencia), así como a otras siete personas que participaron en la organización del referéndum del 9N la conclusión de la instrucción de las diligencias abiertas a raíz de la denuncia interpuesta por Sociedad Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes por usar fondos públicos en la consulta soberanista de 2014.

Esta cifra responde a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la celebración de la consulta hasta el momento, que suponen alrededor de 400.000 euros, según han concretado fuentes de SCC, según informa Europa Press.

El Tribunal de Cuentas ha notificado este lunes a todos los denunciados el dinero que deberán afianzar antes de 15 días para garantizar que puedan hacer frente a una eventual condena. La cantidad de 5,25 millones de euros es el total a la que Mas tendrá que responder de forma solidaria si el resto de exdirigentes no consignan sus respectivas fianzas.

Mientras tanto, a Rigau se le ha impuesto un máximo de 3 millones de euros, a Homs hasta 2,1 millones de euros y 800.000 euros para Ortega, han precisado las mismas fuentes. Si bien, estas cifras son provisionales, ya que los denunciados están presentado alegaciones tras conocer estas cuantías.

La lista de los cargos encartados en la causa la completan: Lluís Bertran Saura, Josefina Valls Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo Planas, lgnasi Genovés Avellana, Jordi Serra Catalán y Jordi Vilajoana Rovira.

No acuden a la citación

Ninguno de los exdirigentes catalanes han acudido este lunes a la sede del Tribunal de Cuentas para el trámite que ha tenido lugar este lunes, pues no tienen tal obligación y podían enviar a sus abogados para conocer el acta de liquidación provisional donde se especifica la cantidad reclamada.

Los denunciantes reclamaron la devolución conjunta de más de 5 millones de euros en concepto de responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público y justificaron que, aunque Mas y sus consejeros ya habían sido condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les eximía de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.

En concreto, los denunciantes individualizaron una serie de gastos públicos por un importe global de más de 5 millones de euros: construcción de una página web institucional (14.837.60 euros); material para la votación (70.532,08 euros); adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros); póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26 euros); apoyo informático a la consulta (1.106.185,77 euros) y envío de información (307.962,71 euros).

Inhabilitados por el Supremo

Este procedimiento contable se suma a las condenas de los cuatro políticos catalanes, que ya fueron sentenciados por la vía penal. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a dos años de inhabilitación a Artur Mas y a nueve meses a las consejeras Ortega y Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014. Por su parte, Francesc Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo en calidad de aforado por su condición de diputado e igualmente condenado a un año y un mes de inhabilitación por los mismos hechos.

En su resolución, el Tribunal Supremo precisó que limitaba su ámbito de conocimiento a los delitos por los que se le acusaba y no se cuestionaba si la aplicación económica de los fondos públicos tiene relevancia penal. Por ese motivo no entró a valorar si había existido malversación de fondos públicos con la organización de la consulta, que supuso un desembolso para las arcas públicas de 5 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas tiene en estudio una petición de la Fiscalía para investigar al expresident Artur Mas y otros de sus consejeros y todo apunta a que aceptará el expediente y que en breve nombrará un instructor que se ocupe de dilucidar responsabilidades por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, lo que podría acabar en una reclamación del dinero público que se gastó, informa Europa Press.

Hace un mes, la Fiscalía presentó un informe pidiendo la apertura de una investigación contra Mas, el exconsejero de Presidencia, Francesc Homs, y las también exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau "para determinar sus responsabilidades por el gasto de 5,12 millones de euros en las votaciones del 9N" de 2014.

Con ese informe el ministerio público apoyaba la denuncia que había sido presentada por Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes que consideran que, aunque Mas y sus consejeros ya fueron condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les exime de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.

Según indicaron a Europa Press fuentes del Tribunal de Cuentas, la Sección de Enjuiciamiento está completando las diligencias preliminares y próximamente procederá al nombramiento de un delegado instructor que asumirá el caso. Su labor será contrastar la denuncia de los colectivos catalanes para determinar las responsabilidades contables de Artur Mas y sus consejeros y, en su caso, reclamar su reintegro al Tesoro.

Son más de cinco millones

En concreto, los denunciantes individualizaban una serie de gastos públicos por un importe global de más de 5 millones de euros: construcción de una página web institucional (14.837.60 euros); material para la votación (70.532,08 euros); adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros); póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26 euros); apoyo informático a la consulta (1.106.185,77 euros) y envío de información (307.962,71 euros).

Las asociaciones acusaron a Mas y a sus exmandatarios de facilitar la logística y todoslos medios materiales y presupuestarios necesarios para la realización de la consulta popular, "por lo que destinaron caudales y efectos públicos puestos a su cargo para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas, que aunque amplias, lógicamente, no eran ilimitadas".

También señalaron en su denuncia como objeto de responsabilidad contable el hecho de que los dirigentes denunciados ordenaran a subordinados y entes públicos dependientes, cada uno dentro del ámbito de su ámbito de responsabilidad institucional, "la aplicación económica de fondos públicos por un importe no inferior a 5.129.833 euros para realizar un conjunto de actuaciones en abierta y franca contradicción con la Constitución, desprovistas de soporte presupuestario por desborde competencial, y desobedeciendo la orden de suspensión que había decretado el Tribunal Constitucional".

Ya condenados por la vía penal

Este procedimiento contable se suma a las condenas de los cuatro políticos catalanes, que ya fueron sentenciados por la vía penal. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a dos años de inhabilitación a Artur Mas y a nueve meses a las consejeras Ortega y Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014. Por su parte, Francesc Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo en calidad de aforado por su condición de diputado e igualmente condenado a un año y un mes de inhabilitación por los mismos hechos.

En su resolución el Tribunal Supremo precisó que limitaba su ámbito de conocimiento a los delitos por los que se le acusaba y no se cuestionaba si la aplicación económica de los fondos públicos tiene relevancia penal. Por ese motivo no entró a valorar si había existido malversación de fondos públicos con la organización de la consulta, que supuso un desembolso para las arcas públicas de 5 millones de euros.

El exministro de Exteriores y diputado del PP en el Congreso, José Manuel García Margallo, ha afirmado este miércoles que el proceso independentista en Catalunya debe abordarse con diálogo entre las partes, "no solo yendo a los tribunales", informa Europa Press.

Lo ha dicho en el ciclo de diálogos España plural, Catalunya plural que organizan la Asociación de Periodistas Europeos y la Fundación Diario de Madrid y que ha acogido el Col·legi de Periodistes de Catalunya, donde ha debatido con la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega, inhabilitada por la consulta del 9N.

Margallo lo ha dicho la misma semana que la Fiscalía prepara una querella contra la Generalitat por comprar urnas para el referéndum, y que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha declarado ante la justicia. "Estamos donde estamos y esto solo se arregla hablando. Esto es un problema político que no se resuelve solo con la brigada Aranzadi, que no se resuelve solo yendo a los tribunales. Hay que hacer política", ha concluido Margallo.

El exministro ha formulado tres ejes sobre los que empezar a abordar la situación: una reforma constitucional que atienda la desafección catalana, entre otras cuestiones; regular los derechos de las lenguas que conviven en España; y un "cambio radical" en el sistema de financiación. 

García Margallo ha explicado que, siendo ministro de Exteriores, propuso a su Gobierno impedir la consulta del 9N requisando y destruyendo las urnas y asumiendo el control de los Mossos d'Esquadra 24 horas, y ahora propondría "exactamente lo mismo" para impedir el referéndum que quiere la Generalitat. "Ese referéndum no se puede celebrar", ha dicho.

Margallo ha explicado que, ante el 9N, propuso un tercer elemento simultáneo a requisar las urnas y controlar a la policía: que el Gobierno impulsara inmediatamente una propuesta de reforma constitucional, algo que el Ejecutivo central también debería proponer en esta ocasión además de prohibir el referéndum. Ha dicho que la receta para frenar el 9N suponía suspender la autonomía de Cataluña en virtud del artículo 155 de la Constitución, pero ha precisado que era por un tiempo limitado ya que su propuesta era que el Ministerio de Interior asumiera el control de los Mossos "24 horas".

Ha explicado que el Gobierno central sabía que las urnas del 9N se estaban haciendo en una cárcel de Lleida, por lo que pudo incautarlas, y ha concluido que, como se vio, sus ideas no hicieron mella en el resto de miembros del Ejecutivo; tampoco en el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha recalcado. Joana Ortega, por su parte, le ha replicado que una acción coercitiva del Gobierno central de esta características contra el 9N hubiera sido una grave irresponsabilidad, a lo que Margallo ha ironizado: "Eso le pareció al Gobierno". El exministro ha defendido hacer todo lo posible para frenar el referéndum porque el Estado de derecho y la unidad territorial son un valor capital a preservar: "La unidad de España es el bien superior a conservar".

Margallo ha insistido en que para resolver la situación no hay que aplicar solo medidas coercitivas y ha propuesto trabajar en tres ejes: la reforma constitucional; blindar los derechos lingüísticos, e impulsar un "cambio radical" en el sistema de financiación. También ha dicho que para entender el momento actual hay que admitir "errores" en sus propias filas, el PP, reconociendo que no actuó de forma acertada, por ejemplo, en la recogida de firmas contra el Estatut que luego, en 2010, recortó el Tribunal Constitucional (TC).

Ha explicado que, durante su mandato en Exteriores, España buscó la complicidad de la comunidad internacional para rechazar el proceso soberanista catalán, pero ha asegurado que en ningún caso de pagaron con favores materiales a otros países: "Con mi presupuesto no podía ni mandar coca-colas". Margallo ha cargado contra el proceso soberanista y su toma de decisiones unilateral y ha asegurado que Cataluña tiene "nulas posibilidades" de ser reconocida por la comunidad internacional, por lo que ve condenado al fracaso cualquier intento de independizarse.

En alusión velada al actual Gobierno central, ha advertido de que la situación no se resuelve solo con querellas en los tribunales: "Estamos donde estamos y esto solo se arregla hablando. Esto es un problema político que no se resuelve solo con la brigada Aranzadi, que no se resuelve solo yendo a los tribunales. Hay que hacer política". Ha insistido en que los soberanistas vehiculen sus iniciativas a través del Congreso y por cauces legales, como hizo en su día el entonces lehendakari Juan José Ibarretxe: "O nos ponemos de acuerdo en que cualquier revisión de la legalidad tiene que ir por el procedimiento establecido o navegamos por aguas ignotas".

Este XI Diálogo de España plural, Catalunya plural se ha desarrollado bajo el título de Itinerario de errores innecesarios. Actuaron como moderadores la periodista Neus Tomàs y Jesús Maraña, director editorial de infoLibre.

La Asociación de Periodistas Europeos y la Fundación del Diario Madrid retoman este miércoles en Barcelona el ciclo de diálogos España plural, Catalunya plural, creado, según sus promototes, para "contribuir a la oxigenación" del debate sobre el problema catalán. Convocado de modo alternativo en Madrid y en Barcelona, en estos encuentros se contrastan puntos de vista de académicos, juristas, filósofos, periodistas y personalidades del mundo de la cultura. Su objetivo es contribuir a "oxigenar un ámbito en ocasiones envenenado por la interferencia de intereses políticos inmediatos y por el empeño de exaltar posturas extremadas y de ningunear las favorecedoras de una mayor comprensión fuera del narcisismo de las pequeñas diferencias".

Este XI Diálogo se desarrolla este miércoles bajo el título de Itinerario de errores innecesarios y tiene lugar en la sede del Col·legi de Periodistes de Catalunya (Rambla de Catalunya, 10) a partir de las 12.00 horas. Participan Joana Ortega, exvicepresidenta de la Generalitat y José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores. Actúan como moderadoresla periodista Neus Tomàs y Jesús Maraña, director editorial de infoLibre.

El 3 de julio de 2013 se celebró en Madrid el primero de estos encuentros, en el que el catedrático de Historia José Álvarez Junco y el articulista y también historiador Joaquím Coll debatieron bajo el título de Lo que nos dice la historia/ La historia por escribir. A partir de entonces, los diálogos se han desarrolado a caballo de Madrid y Barcelona hasta llegar ahora este miércoles a su undécima entrega.

Las defensas del expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau han anunciado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que recurrirán al Tribunal Supremo la condena por la consulta sobre la independencia del 9N al considerar que, entre otras cuestiones, la sentencia vulneró varios artículos de la Constitución.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la defensa, los abogados de los tres acusados –Xavier Melero, Rafael Entrena y Jordi Pina– han entregado al TSJC sus respectivos escritos, prácticamente idénticos, que anuncian el recurso de casación ante el TS al concluir, entre otras cosas, que el fallo supone una "manifiesta vulneración de varios artículos" de la Carta Magna.

El escrito de la defensa de Ortega, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla que la sentencia de la Sala Civil y Penal del TSJC ha vulnerado la libertad ante la ley, la libertad ideológica y de expresión y la libre participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, entre otros preceptos.

También sostiene que se han quebrantado varios artículos del Código Penal; que ha existido un "error grave" en la apreciación de la prueba, y que el tribunal no practicó una serie de diligencias pedidas por la defensa que consideran que eran pertinentes, siempre según el escrito que han presentado.

El fallo que les condena por desobediencia tiene defectos formales, manifiesta contradicciones y "omite cuestiones objeto de debate por la defensa y peca de escasa claridad en algunos efectos esenciales", siempre según el escrito presentado por el abogado de Ortega ante el TSJC.

Recurso de la Fiscalía

El tribunal condenó a Mas a dos años de inhabilitación para cargos públicos por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta sobre la independencia, a Ortega a un año y nueve meses y a Rigau a un año y seis meses, en el caso de las exconselleras como colaboradoras necesarias.

La Fiscalía ya anunció que recurrirá ante el Supremo la sentencia, en su caso por no haberles condenado también por prevaricación, tal y como el Ministerio Público reclamaba en su acusación, y que hubiese supuesto un condena de inhabilitación mucho mayor.

La Fiscalía Superior de Cataluña recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia del 9N contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por haber sido absueltos del delito de prevaricación, pese a que sí fueron condenados por prevaricación.

En un comunicado este viernes, la Fiscalía justifica esta decisión "en coherencia con la pretensión procesal mantenida por la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) en la causa seguida contra el diputado señor Homs" y conforme al principio de unidad de actuación que establece el artículo 124 de la Constitución.

Concretamente, interpondrá ante el Supremo un recurso de casación por infracción de ley contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) –que se comunicó el lunes a los acusados– "para que se pronuncie sobre la concurrencia del delito de prevaricación por el que han sido absueltos".

El TSJC condenó por un delito de desobediencia a Mas a dos años de inhabilitación para cargos públicos electivos locales, autonómicos o estatales por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) con la consulta sobre la independencia de Cataluña del 9 de noviembre de 2014, y a una multa de 36.500 euros.

También impuso a la exvicepresidenta Ortega a un año y nueve meses de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros; y a la exconsellera de Enseñanza Rigau a un año y seis meses y a una multa de 24.000 euros, ambas también por desobediencia, pero en su caso como colaboradoras necesarias; los tres quedaron absueltos de prevaricación administrativa, según informa Europa Press.

La Fiscalía solicitaba para Mas diez años de inhabilitación como autor de los delitos de desobediencia y prevaricación, y nueve años para Ortega y para Rigau como cooperadoras necesarias, y el juicio quedó visto para sentencia el 10 de febrero.

Desobediencia "clara y caprichosa"

El fiscal Emilio Sánchez Ulled consideró que en el juicio había dejado claro que los acusados desobedecieron de forma "patente, clara y caprichosa" la suspensión del TC y que no sólo siguieron con los preparativos –como los tres defendieron en el juicio– sino que los intensificaron de forma determinante tras el veto.

Por los mismos delitos está pendiente de sentencia del TS el diputado de PDeCAT en el Congreso y entonces conseller de Presidencia, Francesc Homs, ya juzgado la semana del 27 de febrero por el alto tribunal y para quien la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación.

Este lunes, el proceso independentista catalán sumó un nuevo capítulo con la condena al expresident de la Generalitat, Artur Mas, y a dos de sus exconsejeras, Irene Rigau y Joana Ortega, por desobedecer la resolución en la que el Tribunal Constitucional prohibía celebrar la consulta del 9 de noviembre de 2014, en la que se preguntó por la independencia de Cataluña. Mas fue condenado a dos años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos, mientras la inhabilitación de Ortega es de un año y nueve meses y la de Rigau, de año y medio. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) les impuso multas que van desde los 24.000 euros que tendrá que pagar Rigau hasta los 36.500 a los que ha sido condenado Mas.

La sentencia no es firme, puesto que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, por lo que la inhabilitación no se aplicará por el momento a Rigau, la única que en la actualidad ejerce un cargo público –es diputada de Junts pel Sí en el Parlament catalán–. El expresident Mas, de hecho, ya ha anunciado que recurrirá la sentencia, aunque en su caso sí que podría tener efectos en el medio plazo, ya que le inhabilita para presentar una eventual candidatura a las elecciones catalanas, una posibilidad que se ha barajado en los últimos meses. Y es que la ley electoral establece que son inelegibles "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado", y la desobediencia está recogida en el Código Penal como un delito contra la administración.

Por el contrario, Mas, Rigau y Ortega han sido absueltos del segundo delito al que se enfrentaban, el que les exponía a penas más graves: el de prevaricación, que pedían tanto la Fiscalía como la acusación popular, ejercida por organizaciones como el Sindicato Profesional de Policía, la Unión Federal de Policía, la asociación Arca Ibérica o el pseudosindicato Manos Limpias. Por este delito, el Ministerio Público pedía ocho años de inhabilitación para Mas y siete años y medio para Ortega y Rigau, mientras la acusación popular pidió diez años de inhabilitación para los tres acusados.

  La desobediencia

De esta manera, el TSJC ha determinado que Mas, Ortega y Rigau cometieron sendos delitos de desobediencia y que decidieron no cumplir conscientemente la resolución del TC en la que se prohibía la celebración del referéndum del 9N. La sentencia hace especial hincapié en que la decisión "no se proyecta sobre la convocatoria del 14 de octubre, ni tampoco sobre la colocación de urnas, como interesadamente se ha querido hacer ver", pese a lo que Mas afirmó horas después de conocerse la resolución que "España es una democracia amputada que persigue a la gente por sus ideas".

De Mas, especialmente, la sentencia afirma que "omitió toda decisión o actividad encaminada a suspender o paralizar las actuaciones que conocía ya emprendidas", es decir, que "nada hizo" para paralizar los preparativos de la consulta pese al "conocimiento profundo" que tenía de la prohibición del TC, que a juicio del tribunal queda probada por el hecho de que el Gobierno catalán decidiera recurrirla porque sabía que "impedía que pudiera celebrarse el proceso participativo convocado". Además, apunta la sentencia, en ningún momento la Generalitat planteó al TC que la consulta "estuviera entonces en las exclusivas manos de los llamados 'voluntarios'", sino que sus servicios jurídicos plantearon en un escrito al Constitucional que "no pueden 'suspenderse' aquellas disposiciones, actos o actuaciones que todavía no se han adoptado o llevado a cabo".

Además de desestimar la alegación de Mas de que la resolución del TC era poco clara, la sentencia tampoco tiene en cuenta las alegaciones de los acusados con respecto a la supuesta no intervención de las autoridades catalanas en la celebración de la consulta, que según ellos se dejó en manos de voluntarios. Para llegar a la conclusión de que Mas, Ortega y Rigau no dieron las órdenes pertinentes para que la administración catalana no participase en esta consulta y, a su vez, para descartar su argumento de que el referéndum fue llevado a cabo únicamente por voluntarios, el tribunal ha tenido en cuenta ocho claves:

La web participa2014.catparticipa2014.cat

"Con ser cierto que los voluntarios tuvieron una participación decisiva en el desarrollo de la jornada de votación, no lo es menos que esos voluntarios estuvieron siempre bajo el control organizativo del Govern de la Generalitat, más concretamente del Departament de Governació, quien les cursó la convocatoria y les hizo asignación de mesas electorales a efectos colaborativos a través de la página web oficial institucional participa2014.cat, dominio creado, registrado y administrado por el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat", plantea la sentencia.

Pese a la resolución del TC, sostiene el tribunal, el Ejecutivo catalán no hizo nada por desactivar esta página web pese a que "se habría podido eliminar en todo caso", según apunta la sentencia citando la declaración como testigo de Jordi Escalé, director gerente del Centre de Telecomunicaciones i Tecnologies de la Informació, un organismo público dependiente de la Generalitat que fue el encargado de "la construcción y elaboración de los aplicativos llevados a la página web institucional".

La campaña de publicidad institucional

Tal y como hizo con la web, la Generalitat mantuvo activa la campaña de publicidad institucional dedicada a difundir la convocatoria de la consulta. Mas, Rigau y Ortega "diseñaron y ejecutaron una campaña de publicidad institucional, que resultó contratada el 24 de octubre por el Departament de Presidència de la Generalitat", sostiene la sentencia, que señala que "esta campaña continuó desarrollándose durante el mes de noviembre y hasta el mismo día 9 de noviembre de 2014, día de la votación [...] como si entre medias no hubiere mediado una resolución suspensiva del proceso participativo emanada del TC".

La campaña de correspondencia oficial

De la misma manera que ocurrió con la campaña de publicidad en medios de comunicación, el TSJC considera como prueba de que el Gobierno autonómico no hizo nada por cumplir la prohibición del TC el hecho de que mantuviese "el reparto masivo a domicilio de correspondencia oficial con información de la convocatoria". El reparto, señala la sentencia, fue iniciado el 3 de noviembre y se mantuvo "al menos hasta el día 8 del mismo mes de noviembre [...], sin que conste que la EADOP [la Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, el organismo público que encargó el reparto] hubiere determinado nada que viniera a interferir en ese marco temporal de la actividad propagandística en la que aparecía el membrete oficial de la Generalitat".

Los sobres, las papeletas y las urnas

El material para votar fue fabricado y suministrado por el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE, la empresa pública que se encarga de proveer de ciertos empleos a personas condenadas a prisión) "a encargo del Departament de Governació i Relacions Institucionals", recuerda la sentencia. El escrito cita la declaración como testigo de Elisabeth Abad, entonces directora de CIRE, que afirmó que recibió el encargo de fabricar sobres, papeletas y urnas "el día 14 de octubre de 2014". También se cita a Cristina Fernández en representación de Sertrans, la empresa de distribución que repartió el material, que afirmó haber realizado su trabajo "entre los días 7 y 8 de noviembre", ya después de la prohibición del TC.

Las herramientas informáticas y el apoyo técnico

Para el TSJC, también está probado que Mas, Ortega y Rigau decidieron mantener la prestación de los servicios informáticos necesarios para desarrollar la votación. El encargo de 7.000 ordenadores "se realizó en fecha 23 de octubre" y todo el material informático quedó entregado "el 4 de noviembre", mientras que los programas necesarios para llevar a cabo la consulta fueron distribuidos y entregados hasta el día inmediatamente anterior al referéndum. "Asimismo, y como se ha anticipado ya, durante todo el día de la votación los contratistas T-Systems y FUJITSU ofrecieron servicios de apoyo remoto y presencial para garantizar que toda la logística relacionada con las tecnologías de la comunicación y la información funcionara adecuadamente", y por ellos "se giraron las correspondientes facturas atendidas por la Generalitat", señala la sentencia.

El seguro

Además de las herramientas logísticas, la Generalitat también contrató un seguro para proteger a los voluntarios que desarrollaron la consulta. La sentencia afirma, en este sentido, que "el mismo día 4 de noviembre" –la fecha en la que el TC hizo pública su resolución–, Ortega "concertó con la compañía aseguradora Axa un suplemento a la póliza de seguro de accidentes que tenía contratada respecto del personal de la Generalitat, para incluir entre la cobertura a 1.317 voluntarios del proceso participativo 'con funciones asignadas los días 9 y 10 de noviembre', y a otros 25.800 funcionarios con cobertura para el día 9 de noviembre". Ese seguro, señala el TSJC, continuó en vigor tras la providencia del TC.

Los puntos de votación en colegios e institutos públicos

"Del total de los 1.317 centros de votación que abrieron sus puertas en la jornada del 9 de noviembre para recibir a los votantes, un número relevante de ellos, inferior en todo caso a los 556 institutos de enseñanza superior de titularidad pública de la Generalitat de Catalunya (según resulta de la relación aportada en la fase previa al juicio oral por la defensa de la acusada Sra. Rigau) se correspondían precisamente con esos centros públicos de enseñanza, cuya cesión y puesta a disposición del proceso participativo fue decidida por los acusados y hecha efectiva" por Rigau, apunta la sentencia.

De igual forma, el tribunal considera probado que Rigau "se sirvió de los directores de los servicios territoriales de su departamento para conseguir que los directores de cada uno de los centros cediesen el uso e hiciesen entrega a terceros particulares (voluntarios) de las llaves de acceso a sus dependencias" durante el día de la consulta y los dos días anteriores.

La instalación de un centro de prensa

Por último, el TSJC considera una prueba más de la implicación de la Generalitat en la celebración de la consulta la instalación de un centro de prensa "a través del Departament de Presidència de la Generalitat". "Las evidencias aportadas a la causa apuntan a que toda la instalación del centro de prensa hubo de hacerse a partir del día 7 de noviembre", tres días después de la prohibición del TC, señala la sentencia.

  La prevaricación

A diferencia de la acusación de desobediencia, el tribunal no ha considerado probado que Mas, Rigau y Ortega hubieran cometido un delito de prevaricación, la infracción más grave a la que se enfrentaban. El razonamiento del TSJC para tomar esta decisión se apoya, fundamentalmente, en el hecho de que ya se pena como desobediencia que la conducta de los tres acusados demuestre que no tuvieron intención de frenar la celebración de la consulta. Según la sentencia, si se condenase a Mas, Rigau y Ortega por prevaricación con los mismos argumentos que se les condena por desobediencia, se incurriría "en la prohibición del bis in idem"bis in idem, el precepto que impide que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez.

Tanto la Fiscalía como la acusación popular sostenían que los tres acusados habían incurrido en un delito de prevaricación por "haber omitido consciente y deliberadamente las acciones que les incumbían y que les eran exigidas" para hacer efectiva la prohibición de la consulta, según señala la sentencia. En este sentido, la sentencia reconoce que existe "una determinación firme de inobservancia de lo resuelto por el Tribunal Constitucional", es decir, que Mas, Ortega y Rigau decidieron conscientemente ignorar la orden del TC.

Pero, sin embargo, el tribunal no advierte que exista "arbitrariedad" –el segundo requisito de la prevaricación– en la conducta de los tres dirigentes. Y es que el TSJC no cree que se cumpla ninguno de los dos criterios de análisis que sirven para determinar si existe arbitrariedad: a su juicio, las decisiones de Mas, Rigau y Ortega no fueron "esperpénticas" ni cayeron en "la ilegalidad grosera y clamorosa, visible a cualquier observador externo", y los dirigentes tampoco actuaron a su antojo ignorando cualquier tipo de interpretación o previsión legal y convirtiendo "su voluntad en irrazonable fuente de normatividad". 

A juicio del tribunal, "no puede descartarse un juicio interpretativo" de la ley por parte de Mas, Ortega y Rigau que, a su juicio, hubiera amparado su conducta. Aunque esta interpretación fuera "en todo caso errónea", señala el TSJC, "en la conducta de los aquí acusados no podemos afirmar una arbitrariedad que desborde la inherente al hecho desobediente".

El expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau no podrán presentarse a elecciones con la sentencia del 9N que les ha inhabilitado temporalmente, aunque aún no se hayan resuelto los recursos que prevén presentar, ha declarado a los periodistas el abogado de Rigau, Jordi Pina.

Según ha informado Europa Press, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a Mas a dos años de inhabilitación para cargos públicos electivos locales, autonómicos o estatales por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC), a Ortega a un año y nueve meses de inhabilitación y a Rigau a un año y seis meses.

Según la ley electoral general, son inelegibles los condenados por sentencia –aunque no sea firme– por delitos contra la Administración Pública como el delito de desobediencia.

En el caso de que la sentencia sea firme si el Tribunal Supremo la mantiene, deberán cumplir las sentencias de inhabilitación antes de poder volver a ser escogidos como cargos públicos.

Además, Pina ha puntualizado que, como mínimo, hasta que la sentencia sea firme Rigau podrá seguir en el cargo de diputada en el Parlament, es decir, hasta que el Supremo resuelva el recurso de casación que las defensas han anunciado que presentarán tras conocerse el fallo del TSJC.

Ha confiado en que el Supremo pueda revocar la sentencia del TSJC: "Los abogados hemos de confiar siempre en que las segundas instancias puedan revocar las sentencias de primera instancia. Es la fe que los tres abogados de la defensa no perdemos".

El abogado de Joana Ortega, Rafael Entrena, ha valorado que se está ante "una cosa insólita", ya que el mismo tribunal al que presentarán el recurso de casación es el que dictará sentencia por el mismo tema para el acusado Francesc Homs, diputado en el Congreso de los Diputados por el PDeCAT.

"La sentencia es revocable"

"Esta sentencia es atacable, es impugnable y es revocable y nosotros tenemos fe de que el Supremo, diga lo que diga con la sentencia de Homs, pueda revocarla", ha confiado Entrena.

"Los tres letrados consideramos que esta sentencia es claramente impugnable desde el punto de vista técnico y jurídico. Hay discordancias que no se han resuelto en los términos que se plantearon", ha valorado.

En este sentido, ha considerado que la decisión rompe los requisitos para la condena por desobediencia, además de que "no se desarrolla y no justifica por qué condena pese a no darse estos requisitos".

Pina ha recordado "la pacífica jurisprudencia durante muchos años del Supremo sobre los requisitos de este delito: no cualquier desobediencia integra el tipo penal por el que se ha condenado".

"Traje a medida"

"Tenemos ganas de ver si el TS varía o no su jurisprudencia pacíficamente consolidada o si, como sospechan nuestros clientes, se hace un traje a medida para ellos", ha añadido.

Además, ha avanzado: "Si la jurisprudencia del TS queda apartada, evidentemente este es un motivo muy firme para ir al tribunal europeo", y ha lamentado que la sentencia del TSJC no argumenta por qué condena por desobediencia.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado este lunes que la sentencia por la consulta del 9N es "la culminación de un despropósito" y ha advertido de que "ninguna inhabilitación impedirá la demanda del pueblo catalán de poder decidir su futuro". Asimismo, ha reiterado que el Estado debe tomar "conciencia de su propia realidad plurinacional" y ha urgido a "habilitar un acercamiento institucional y político que propicie el diálogo y la negociación como herramienta", ha informado Europa Press.

El presidente vasco se ha manifestado de este modo en un artículo publicado en Twitter y Facebook, en relación con la sentencia que ha hecho pública este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y que condena al expresidente de la Generalitat Artur Mas a dos años de inhabilitación para cargos públicos, y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau a un año y nueve meses y a un año y seis meses, respectivamente.

Urkullu ha expresado su solidaridad con Artur Mas, "una persona que merece todo mi respeto y consideración como responsable político e institucional de referencia del pueblo catalán", con Joana Ortega e Irene Rigau, así como "al Govern y al conjunto de las instituciones catalanas". "La sentencia de inhabilitación es la culminación de un despropósito", ha advertido el lehendakari.

En este sentido, ha insistido en que "la judicialización de la política ni ha propiciado ni va a propiciar una solución en una cuestión de naturaleza política". "En Cataluña se está planteando una cuestión de naturaleza política y es a los representantes políticos e institucionales a quienes corresponde dar cauce de solución a las demandas de la ciudadanía", ha añadido.

De este modo, ha asegurado que "ninguna inhabilitación va a impedir que el pueblo catalán pueda seguir expresando, en libertad y de forma mayoritaria, sus ideas y aspiraciones políticas, ni tampoco impedirá la demanda del pueblo catalán de poder decidir su futuro".

Tras subrayar que "todas las ideas políticas deben poder ser defendidas por las vías democráticas", ha reiterado la necesidad de que "el Estado tome conciencia de su propia realidad plurinacional" y ha apelado a que "actúe en consecuencia". Según ha advertido, "la vía de la negación, la imposición y el recurso judicial permanente, está alejando cualquier vía de solución".

Por ello, ha urgido a "habilitar un acercamiento institucional y político que propicie el diálogo y la negociación como herramienta para resolver este problema desde las vías que ofrece la democracia".

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado al expresidente de la Generalitat Artur Mas a dos años de inhabilitación para cargos públicos electivos locales, autonómicos o estatales por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) con la consulta sobre la independencia de Cataluña del 9 de noviembre de 2014, y a una multa de 36.500 euros. Le ha absuelto del delito de prevaricación, así como a las otras dos acusadas, según recoge Europa Press.

El tribunal condena a la exvicepresidenta Joana Ortega a un año y nueve meses de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros; y a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau a un año y seis meses y a una multa de 24.000 euros, ambas también por desobediencia, pero en su caso como colaboradoras necesarias; y los tres quedan absueltos de prevaricación administrativa.

El presidente del TSJC y ponente de la sentencia, Jesús María Barrientos, ha procedido a la lectura del fallo en presencia de los abogados de los tres en la sala civil y penal este lunes a las 13 horas.

El juicio quedó visto para sentencia el 10 de febrero tras una semana. Mas aseguró en el turno de última palabra que no desobedecieron al Tribunal Constitucional (TC) con la consulta sobre la independencia, sino que "plantaron cara" al Gobierno español.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled pidió diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos electos y funciones de gobierno en el caso de Artur Mas y nueve de inhabilitación para la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y para la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau, por organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014, en el que votaron 2.340.000 catalanes. La acusación del fiscal se basó en los delitos de desobediencia grave al Tribunal Constitucional, ya que la sala suspendió el 4 de noviembre el proceso, y de prevaricación. Consideró a Rigau y Ortega "cooperadoras necesarias" de Mas a la hora de articular "una estrategia de desafío completo y efectivo" a la decisión del organismo.

Con respecto al delito de prevaricación, el fiscal consideró que el expresidente de la Generalitat, "intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad", desatendió el mandato del TC, y que Ortega fue la "impulsora directa" de las actuaciones administrativas del 9N, así como Rigau puso a disposición de la consulta los medios de la Conselleria de Enseñanza. 

La defensa de los acusados se basó en asegurar que el Govern dejó en manos de voluntarios el "proceso participativo", una consulta con "unas raíces profundas claras, y estrictamente democráticas", según Mas, que asumió toda la responsabilidad de lo ocurrido el 9N. Tanto Mas como Rigau y Ortega, además, aseguraron en el juicio que la suspensión del Constitucional se caracterizaba por su "indefinición" y que el deber del Gobierno regional era celebrar la jornada en condiciones de "normalidad". la exconsellera de Enseñanza afirmó que en ningún momento recibió requerimiento alguno del TC que le advirtiera de las consecuencias si se abrían los colegios. Por último, argumentaron que el tribunal no "hizo nada" para hacer cumplir la notificación, por lo que se dieron cuenta durante la jornada de que actuaban "correctamente". 

Por los mismos delitos está pendiente de sentencia del Tribunal Supremo (TS) el diputado de PDeCAT en el Congreso y entonces conseller de Presidencia, Francesc Homs, ya juzgado la semana del 27 de febrero por el alto tribunal y para quien la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas utilizó su derecho a la última palabra en el juicio del 9N para asegurar que no desobedecieron al Tribunal Constitucional (TC) con la consulta independentista, sino que "plantaron cara" al Gobierno español.

"El Gobierno español utilizó al Tribunal Constitucional para hacer el trabajo que no se atrevía a hacer desde el punto de vista político", defendió este viernes en una intervención que se alargó 23 minutos, algo inusual en un juicio.

El entonces presidente de la Generalitat insistó en que la convocatoria del 9 de noviembre de 2014 fue un éxito: "Y este éxito no gustó nada a determinadas instancias del Estado".

"Dar voz a la gente no es delito"

Por su parte, la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega usó su turno para afirmar que "dar voz al pueblo no es ningún delito. Dar voz a la gente no es ningún acto criminal".

Dijo que el Gobierno central se esconde tras el TC, lo cual "niega la capacidad de diálogo, entendimiento y mediación e incrementa el descredito de la política".

También aseguró que se les juzga por dar respuesta a un sentimiento democrático, y añadió: "Nunca nos hemos escondido tras los voluntarios".

"Involución democrática"

La exconsellera de Enseñanza de la Generalitat Irene Rigau alertóde la "involución democrática" que podría suponer una sentencia condenatoria por la consulta sobre la independencia.

Rigau aseguró que no se podría imaginar que, tras 46 años como servidora pública, en el tramo final de su carrera tuviese "un momento tan triste" como este juicio por dar la opción a los ciudadanos de pronunciarse sobre el futuro político de Catalunya, dijo.

También hizo mención al papel de los directores de los institutos de Secundaria que el 9 de noviembre de 2014 acogieron las votaciones del proceso participativo. Sostuvo que nunca se le habría ocurrido hacer nada que pudiese perjudicar a los directores, y que durante su mandato como consellera de Enseñanza trabajó para fortalecer su papel como "autoridad pública".

El 9 de noviembre del 2014 (9N) un total de 2.340.000 catalanes –el 33% del censo previsto– votaron en un proceso participativo, sin ningún tipo de validez jurídica, sobre la independencia de Cataluña. Con el referéndum escocés en el punto de mira –que ese mismo otoño votó no a separarse de Reino Unido–, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, lo planteó como alternativa legal ante la imposibilidad de obtener el permiso del Gobierno central de celebrar un referéndum de autodeterminación.

Más de dos años después del 9N, los principales impulsores del mismo –Artur Mas y sus dos exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega– se han tenido que enfrentar a un juicio que empezó el pasado lunes y que acaba este viernes para dar explicaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El fiscal Emilio Sánchez Ulled, en en la cuarta y penúltima sesión del juicio en la sala civil y penal, ha ratificado íntegramente sus conclusiones y las ha elevado a definitivas, con lo que sigue pidiendo diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos electos y funciones de gobierno en el caso de Artur Mas y nueve de inhabilitación para la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y para la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau.

El Ministerio Público considera que, si el tribunal optase por imponer por separado las penas de ambos delitos, las condenas totales deben ser de nueve años y seis meses para Mas, y de ocho años y siete meses tanto para Ortega como para Rigau, además de multas de 36.000 y 30.000 euros, respectivamente.

Con todo, ninguno irá a prisión en caso de condena porque el delito de malversación –el único que prevé penas de ese tipo– quedó finalmente excluido del juicio.

Estos son los dos delitos por los que están acusados:

1. Desobediencia grave al TC

Es el principal delito por el que están acusados Mas, Rigau y Ortega –sus “cooperadoras necesarias” de los dos delitos, según la fiscalía–. El escrito de acusación del fiscal acusa a Mas de articular “una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión” acordada por el Tribunal Constitucional (TC), y de hacerlo amparándose solo en su voluntad y continuando los trabajos, aunque con la conveniente discreción, y para eso supuestamente se concertó con las otras dos acusadas.

Para este delito el fiscal se basa en algunos testimonios que desmontarían la tesis de que el proceso participativo quedó en manos exclusivamente de voluntarios. Por ejemplo, el responsable de la empresa T-Systems Bernat Rigau aseguró que la Generalitat les comunicó que “podían continuar” con sus trabajos aunque el Constitucional había ordenado suspender la consulta –el Govern les encargó elaborar programas informáticos para el 9N–.

Según dijo, T-Systems envió una carta al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) para que le confirmase si los encargos que tenían quedaban afectados por la resolución judicial.

Este representante de la empresa aseguró al tribunal que el 7 de noviembre de 2014 –tres días después de la suspensión del TC y dos días antes del 9N– el CTTI les contestó que podían continuar con los trabajos.

La CUP (principal socio de gobierno de Junts Pel Sí) manifestó no compartir la línea de defensa de Mas –que asegura que no era consciente de estar desobedeciendo al Constitucional– y lo instó a “asumir que no se acató una orden injusta”.

2. Prevaricación administrativa

Mas, Ortega y Rigau también están acusados de adoptar disposiciones sabiendo que no estaban cumpliendo el sometimiento a la ley. Según el fiscal, “eran plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento a las decisiones del TC” y les acusa de aparentar que la gestión del 9N quedaba exclusivamente en manos de los voluntarios sin participación del Govern.

La Fiscalía concluye que Mas, “intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad”, desatendió el mandato del TC e incumplió la obligación que, como convocante, tenía de dejar sin efecto la consulta del 9N, según el escrito de acusación.

Joana Ortega –entonces, vicepresidenta del Govern–, dice el fiscal, siguió ejerciendo el control público y la coordinación de toda la preparación de las votaciones, inmediatamente por debajo de Mas, y fue la “impulsora directa de las principales actuaciones administrativas” para el 9N, siempre según el fiscal.

En el caso de Rigau, la Fiscalía cree que puso a disposición de la consulta los medios de la Conselleria de Enseñanza y se sirvió de los jefes de los servicios territoriales de este departamento para garantizar que los directores de los centros de Secundaria prestaran el apoyo necesario.

Un inspector de la Conselleria de Enseñanza, en su declaración como testigo y a preguntas de la Fiscalía, explicó que el inspector jefe les instó a no intervenir ante la petición de la Dirección de Servicios Territoriales de Barcelona Comarcas de la Conselleria de Enseñanza a los directores de institutos para que cedieran los centros para el proceso participativo. Dijo que le “inquietó” que los Servicios Territoriales pidieran a los directores que cedieran los centros oralmente y no por escrito.

“Se nos instó a los inspectores a no intervenir en cuestiones del 9N (…). Había un interés de que los directores colaborasen con lo que decían sus superiores y que entregaran las llaves. Esto es atípico con el derecho administrativo”, indicó.

Final del juicio

Este juicio, conocido popularmente como 6-F –ya que comenzó el pasado lunes 6 de febrero–, está previsto que concluya este viernes con la utilización del derecho a la última palabra de los tres acusados.

La jornada arrancará a las 9 horas con la lectura del informe final del fiscal, que tratará de demostrar que los testigos, peritos y la documentación evidencian que Mas, Ortega y Rigau continuaron con la organización de la consulta después de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenase suspenderla cinco días antes.

Previsiblemente, la acusación popular (encabezada por el Sindicato Profesional de Policía) defenderá una tesis similar después de haber desistido de seguir acusándoles de malversación de fondos.

Por su parte, los abogados de Mas, Ortega y Rigau tratarán de demostrar que el Govern se apartó de la organización del 9N después de la suspensión dejándola en manos de los voluntarios y que la orden del TC no era suficientemente clara ni expresa sobre cómo debían de actuar.

Una vez acabe el juicio, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, recibirá en la Generalitat a los tres acusados y al diputado del PDECat en el Congreso Francesc Homs, quien también está siendo investigado por el 9N como exconseller de la Presidencia, pero de su caso se encarga el Tribunal Supremo (TS) por ser aforado (su juicio empezará el 27 de febrero).

La Fiscalía mantiene su petición de diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos electos y funciones de gobierno para el expresidente de la Generalitat Artur Mas por los supuestos delitos de desobediencia grave en calidad de autor y de prevaricación por la organización de la consulta del 9N, en la recta final del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), según ha informado Europa Press.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled, en sus conclusiones en la cuarta y penúltima sesión del juicio en la sala civil y penal, ha ratificado íntegramente sus conclusiones y las ha elevado a definitivas, con lo que sigue pidiendo nueve años de inhabilitación para la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y para la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau –en ambos casos por desobediencia grave cometido por autoridad pública como cooperadoras necesarias y prevaricación administrativa–.

El Ministerio Público considera que, si el tribunal optase por imponer por separado las penas de ambos delitos, las condenas totales deben ser de nueve años y seis meses para Mas, y de ocho años y siete meses tanto para Ortega como para Rigau, además de una multa.

El que fue jefe de prensa de la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega, Carles Fernández, ha asegurado este jueves en la cuarta sesión del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que después de la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) de la consulta se le transmitió que debía comunicar que el Govern "dejaba de tomar participación activa", según ha informado Europa Press.

En su declaración como testigo en el juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, Fernández –que se encargaba de las comparecencias y mensajes de prensa– ha detallado que recibió instrucciones para dejar de actuar respecto a los preparativos de la consulta: "Yo dejé de dar instrucciones a trabajadores públicos y les requerí que no hicieran gestiones".

Fernández, que comparece a petición de Ortega, ha expresado que los dos mensajes que siempre le hicieron vehicular respecto a la consulta sobre la independencia de Cataluña antes de las dos suspensiones del TC –la del 29 de septiembre en base a la ley de consultas y la del 4 de noviembre– fue que la consulta "se haría bien" y con respeto a la legalidad.

"En todas sus comparecencias era uno de los mensajes en los que más insistía", ha puntualizado Fernández, que ha explicado que el día de la consulta los datos que ofreció la vicepresidenta se los proporcionaron los voluntarios.

El abogado de Ortega, Rafael Entrena, le ha preguntado si es habitual que ella diera ruedas de prensa sobre ámbitos externos a las competencias estrictas de su departamento, a lo que Fernández ha dicho que sí en el caso de que fuera un hecho "de relevancia o podía afectar a la sociedad catalana".

Para ilustrarlo, se ha referido a cuando Ortega viajó a Francia tras el accidente de Germanwings para informar sobre la búsqueda de víctimas en los Alpes. 

Con esta pregunta, Entrena trata de demostrar que el hecho de que Ortega ofreciera ruedas de prensa sobre los resultados del 9N no fue excepcional.

Por su parte, la alcaldesa de Vilanant (Girona), Anna Palet, ha explicado que ella misma "como voluntaria" se encargó de abrir un local propiedad del ayuntamiento para acoger la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014, después de ponerse de acuerdo con los concejales pero sin que se votase en el pleno municipal.

Según ha explicado este jueves como testigo , la alcaldesa ha relatado que este municipio, de unos 400 habitantes, no tiene instituto de secundaria y por eso fue este local el que pusieron a disposición del 9N: "Lo cedemos a cualquiera que nos lo pide".

Palet –testigo que ha declarado a petición de la defensa de Ortega– ha explicado que ella misma recogió el portátil que se utilizaría para la consulta que "pocos días antes" había dejado en el municipio una empresa de transporte.

Ha relatado que ella aceptó la cesión del local y colaborar con la consulta en una reunión en el consejo comarcal con voluntarios y que, en ningún momento recibieron notificación de la Conselleria de Gobernación requiriendo que se pusiera el local a disposición del 9N.

El juicio con el que, según el president de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, comienza la “cuenta atrás” para la celebración de un referéndum en Cataluña ha arrancado este lunes y durará toda la semana. El expresident Artur Mas y sus exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau se han sentado este 6 de febrero en el banquillo de los acusados y han tenido que dar explicaciones al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acerca de la consulta popular sobre la independencia celebrada el 9 de noviembre del 2014 (9N).

Los tres están acusados de delitos de desobediencia grave y de prevaricación, y se enfrentan a penas de nueve años y seis meses de inhabilitación del cargo público (en el caso de Artur Mas) y de ocho años y siete meses (Joana Ortega e Irene Rigau). La Fiscalía también les reclama sanciones de 30.000 euros y 36.000 euros respectivamente. A su llegada a los juzgados, los acusados estuvieron arropados por decenas de miles de catalanes que fueron movilizados desde las bases secesionistas bajo el lema “El 6-F somos todos”. Estas son las principales líneas de la defensa de Mas, Ortega y Rigau desveladas en las respuestas a sus abogados:

1. Sustitución de la consulta por un proceso participativo

Artur Mas, que fue president de la Generalitat de Cataluña desde diciembre del 2010 a enero del 2016, comenzó el juicio asumiendo la responsabilidad “de todo” el proceso participativo sobre la independencia del 9N.

Durante un interrogatorio en el que se ha negado a contestar a la Fiscalía y a la acusación popular (al igual que Ortega y Rigau), Mas ha afirmado a preguntas de su abogado que es “el máximo responsable de la idea del proceso de participación” y de cambiar una consulta sobre la independencia suspendida por el TC por un proceso participativo en el que votaron 2.340.000 millones de personas, el 33% del censo previsto.

Este proceso participativo también fue suspendido, pero en este caso el Govern no lo desconvocó y lo dejó supuestamente en manos de voluntarios (participaron 42.000, frente a los 20.000 que la Generalitat dijo inicialmente que se necesitaban).

Mas argumentó que, después de que el TC suspendiera el 29 de septiembre varios preceptos de la Ley autonómica de consultas y la convocatoria de la consulta popular, hubo un cambio de formato en el que la administración “ya no tenía capacidad por ella misma de llevar a cabo el proceso participativo”. Fue en este punto donde destacó el papel jugado por los voluntarios. Según ha dicho, querían hacer “algo serio y que se entendiera en todo el mundo”, y que, ante un proceso de alta complejidad organizativa y logística, o se apuntaba mucha gente o no se hubiera podido hacer.

El expresident catalán ha insistido en que la iniciativa de impulsar el 9N tenía “unas raíces profundas claras, y estrictamente democráticas”, y ha hecho un repaso a los acontecimientos políticos desde que avanzó las elecciones en noviembre de 2012 y que se tradujeron en dos tercios de los diputados del Parlament partidarios del derecho a decidir.

2. Sin respuesta del TC

Según Artur Mas, el Govern quería “canalizar bien desde el punto de vista institucional un clamor popular” y ha añadido que después de la primera suspensión del TC los dejaron solos, sin mencionar explícitamente a qué formación se refería.

Ante la suspensión del TC, Mas ha explicado que tuvo que contraponer “dos deberes”. Por un lado, escuchar la petición de la ciudadanía y de un proceso que estaba en marcha. Por el otro, atender una resolución del TC.

“Entendí que, ante la imposibilidad de suspender, de la indefinición de la suspensión del TC y ante lo que pasaba en el país, mi deber era que esa jornada se pudiera celebrar en condiciones de normalidad democrática”, ha subrayado.

También en este punto se posicionó la exconsellera de Enseñanza de la Generalitat Irene Rigau, quien ha asegurado que en ningún momento tuvo “conciencia de desobedecer al TC” con la continuación del proceso participativo, especialmente después de que el Govern presentara un recurso de súplica y una solicitud de aclarar información sobre la suspensión, lo que a su entender afectaba a aplicar la resolución.

Rigau ha asegurado que en ningún momento recibió requerimiento alguno del TC que le advirtiera de las consecuencias si se abrían los colegios.

Ha dicho que el 8 de noviembre a las 23.43 recibió un correo de la Fiscalía en el buzón corporativo de la Conselleria en el que le preguntaban si había dictado alguna instrucción por escrito, pero que en ningún caso se le hacía ningún requerimiento sobre la resolución del TC: “Era solo petición de información”.

3. El TC no actuó para frenar la consulta

Sobre si supo de las denuncias presentadas el día de la consulta en los juzgados de guardia, Mas ha declarado que, al ver cómo se desarrollaba el proceso participativo, se dieron cuenta de que actuaban “correctamente”. “El TC en ningún momento hizo nada para hacer cumplir la notificación”, afirmó.

El expresident también ha insistido en que la Fiscalía de guardia no actuó para frenar la consulta ni hizo ninguna actuación: “Ninguna actuación quiere decir ninguna”.

Mas ha puntualizado que desde un principio se dijo que la consulta no iba a ser vinculante ni tener consecuencias jurídicas, por lo que después se convocaron unas elecciones autonómicas (el 27 de septiembre del 2015) para saber la posición de los catalanes, lo que supuso en el Parlament “una mayoría a favor de la independencia de Catalunya”.

Respecto a las valoraciones de la consulta, ha resaltado que la junta de fiscales de Catalunya consideró que no había indicios de delito y que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, declaró públicamente el 8 de noviembre que lo que se iba a celebrar al día siguiente no era un referéndum ni nada que se le pareciese y no tenía ningún efecto.

Por eso, el abogado de Mas insistió en pedir que Rajoy y el ministro de Justicia declaren en este juicio y que se sume a la causa este informe de los fiscales catalanes, pero el tribunal ha rechazado esta pretensión después de oponerse también la Fiscalía.

4. La consulta fue llevada a cabo por voluntarios

Una de las líneas más defendidas por los tres acusados es que el proceso participativo del 9N fue llevado a cabo por voluntarios y no por funcionarios de la Generalitat. Irene Rigau ha negado que desde su departamento se coaccionara a directores de instituto para colaborar con la consulta y abrir los centros educativos: “Hubiera sido una contradicción. De ninguna manera”.

Rigau ha subrayado que Catalunya tiene una gran tradición de voluntarios y que “son muchas las cosas que se hacen en Catalunya a través del voluntariado, y se hacen muy bien”, en referencia a los que se encargaron de impulsar el proceso participativo.

“Ellos [los voluntarios] fueron el alma y quienes lo hicieron posible”, ha asegurado por su parte la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega, quien ha defendido que, cuando el TC suspendió la consulta sobre la independencia, su departamento había acabado su trabajo y se dejó en manos de los voluntarios.

A preguntas de su abogado, ha dicho que “ya estaba todo listo” cuando llegó la suspensión el 4 de noviembre del 2014, cinco días antes de las votaciones.

La Fiscalía, en cambio, no se cree que el Govern se hubiese apartado de la organización de la consulta, sino que considera que únicamente disimuló que se dejaba en manos de los ciudadanos, y por eso la acusa de delitos de desobediencia y prevaricación como colaboradora de Artur Mas.

Ortega ha reconocido ser la máxima responsable del diseño del dispositivo del 9N y su coordinación, y ha defendido que no podían paralizar la consulta porque hubiera sido temerario ya que “podía tener consecuencias no deseables”, aunque no ha especificado cuáles.

Por eso dejaron la organización en manos de los 42.000 voluntarios, según ella, y ha insistido en que “ningún funcionario” participó en organizar las votaciones en las mesas electorales ni tampoco en gestionar la página web del proceso participativo.

También el recuento y volcado de los resultados fue obra de los voluntarios: “No hubo ningún funcionario que estuviese implicado en la ejecución del 9N”. De hecho, continuó la exconsejera, “se colgaron los resultados, y también lo hicieron voluntarios, como un acto de información del desarrollo de la jornada”.

Joana Ortega justificó así que desde el Gobierno de la Generalitat se actualizara con los resultados de la consulta la web del 9N. A su entender, “es obligación del Goevrn poder informar de una manera clara de un hecho importante para la ciudadanía”.

5. No se utilizaron datos del censo

Paralelamente, Joana Ortega negó haber usado en la consulta datos protegidos del censo electoral.

Según explicó Ortega al tribunal, “la fundamentación legal” de la consulta que se convocó “era diferente” a la que sustentaba la celebración de un referéndum. Tanto es así, que “el proceso participativo se apoyaba en una ley no suspendida”.

La exconsejera, como Mas y Rigau, aseguró que no recibió “ningún requerimiento por parte del Tribunal Constitucional durante el proceso participativo, del 9 al 25 de noviembre”, ni tampoco se le remitió a “ningún miembro de mi departamento”. “Ni yo ni el Govern teníamos claro el alcance de la providencia del TC”, aseveró.

A partir del momento en que se reformuló la consulta, su organización quedó en manos de los voluntarios y en ningún momento se usaron los datos del censo, uno de los aspectos capitales de la celebración de la consulta.

“La gente se inscribía voluntariamente en un registro. No se utilizaron datos protegidos”, dijo Ortega, quien explicó que fueron voluntarios los que publicitaron la consulta, editaron las papeletas, organizaron los colegios electorales, cuidaron del desarrollo “pacífico y democrático” de la votación, constituyeron las mesas electorales y se encargaron, en suma, de todo el proceso.