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Ortega fichó en mayo para asesorar a la Conselleria de Empresa y Conocimiento, actividades que el TSJC entiende que pueden "colisionar" con la pena impuesta.
La defensa afirma que el expresident y sus excolaboradores están "absolutamente disconformes" con la liquidación fijada por entender que no ha habido infracción contable.
La institución ha accedido a prorrogar el plazo para que el expresident y varios exconsellers ingresen la cantidad, tras lo que se procederá a embargar sus bienes si no cumplen.
A Irene Rigau se le fija una fianza de tres millones, a Francesc Homs de 2,2 millones y a Joana Ortega de 800.000 euros. Los afectados disponen de 15 días para depositar las cantidades y, de no poder ejecutarla, se les embargarán bienes y cuentas bancarias.
El tribunal condenó a Mas a dos años de inhabilitación para cargos públicos por desobedecer al Tribunal Constitucional, a Ortega a un año y nueve meses y a Rigau a un año y seis meses.
El tribunal entiende que está probada la participación de la Generalitat en la consulta y afirma que la sentencia no juzga "la colocación de urnas, como se ha querido hacer ver".
El tribunal absuelve al expresident de prevaricación y le condena por desobediencia, al igual que a la exvicepresidenta Joana Ortega, condenada a un año y nueve meses de inhabilitación y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, que ha sido sentenciada a un año y seis meses de inhabilitación.
Al acto acudieron, entre otros, Artur Mas, los exconsellers encausados por el 9N Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el conseller Oriol Junqueras.
El magistrado descarta la malversación, el único delito que implica cárcel. El expresidente se enfrenta, por los delitos de desobediencia y prevaricación, a diez años de inhabilitación.
Sobre las declaraciones de Sáenz de Santamaría valorando las decisiones de la Fiscalía, el expresident dice que "esto lo hubiera podido decir un ministro de Franco".