Todo un símbolo francés. Un orgullo patrio. Una “magdalena de Proust” colectiva. Dieciocho centímetros, una carita de mejillas sonrosadas y un sonido inconfundible al morderla o apretarla. La jirafa Sofía es el juguete imprescindible en el ajuar de todo recién nacido. Hasta tal punto que Vulli, la empresa francesa que la comercializa, se jacta de vender tantas como nacimientos hay cada año en Francia: entre 700.000 y 800.000 ejemplares. Y varios cientos de miles más de jirafas vendidas en el resto del mundo. Desde su creación, en 1961, se habrían vendido 70 millones de ejemplares en 85 países.

¿Una historia de éxito del Made in France? Ese es el relato que construyen Vulli y su director general, Alain Thirion, en torno a su producto estrella. ¿Un gran engaño? Según la información de Mediapart, hace años —al menos desde 2013— que un gran número de jirafas Sofía viene de fábricas chinas. Y, según numerosos relatos y documentos, desde al menos 2019, la producción realizada en Francia es insignificante, y sirve de escaparate para ocultar la realidad.

Sin embargo, a mediados de 2025, cuando la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) inspeccionó la empresa, descubrió que las jirafas Sofía seguían empaquetadas con la etiqueta Made in France. Lo mismo ocurre en numerosas webs de comercio electrónico, que presentan el producto como fabricado en Francia. Un argumento comercial esgrimido durante muchos años.

Se está llevando a cabo una investigación, en particular por prácticas comerciales engañosas. Recientemente, el lugar de producción ha desaparecido de los envases, dejando paso, discretamente, a la mención “Nacida en París”. En Amazon, a 30 de abril de 2026 todavía se puede leer que “la famosa jirafa […] se fabrica a mano en Rumilly, Francia, mediante un proceso que incluye 14 operaciones manuales”.

Tras contactar con ellos en varias ocasiones para que respondieran con precisión a las preguntas de Mediapart, ni la empresa ni su director general han querido responder. Al indicar que no estaba “a [nuestras] órdenes”, Alain Thirion consideró que las preguntas de este medio estaban “orientadas por mentiras” y eran “noticias falsas”. Acusó a Mediapart de difundir las declaraciones de “unas pocas personas” que quieren “perjudicar a Vulli a toda costa”.

Sin embargo, en un correo interno de mediados de 2025 al que este medio ha tenido acceso, el director general reconoce que “se ha detenido toda la producción de la jirafa Sofía en [la] sede histórica [de la empresa]”. Subraya que esta parada, sin precisar desde cuándo, debía ser “solo temporal”. De hecho, la empresa invirtió en una nueva planta de producción ya en 2016 en Los Vosgos, en Saint-Nabord. Pero esa fábrica nunca logró producir, a escala industrial, el juguete estrella.

Durante años, Vulli ha contado la historia de un éxito francés, ampliamente difundida en los medios de comunicación y la sociedad. “La empresa Delacoste, ‘mamá’ de Sofía, fue adquirida en 1982 por la sociedad saboyana Vulli, que unos años más tarde trasladó la producción a su fábrica de Rumilly, cerca de Annecy, y convirtió a la jirafa Sofía en una estrella mundial del juguete francés”, escribía, por ejemplo, BFM Business en febrero de 2021, con motivo del 60º aniversario del juguete.

Ese mismo año, la jirafa Sofía entró en el museo Grévin, símbolo de su éxito, mientras que numerosas estrellas estadounidenses convirtieron el juguete en el estandarte de un “arte de vivir típicamente frenchy”, por retomar los elementos del discurso de la empresa.

Tras la adquisición de Delacoste por parte de Vulli, la producción de la jirafa Sofía se instaló en Rumilly, en Alta Saboya. A principios de la década de 2000, llega un nuevo director general, Serge Jacquemier. Según el testimonio de muchos empleados (actuales y antiguos) que han trabajado con él, “comprendió rápidamente el potencial de Sofía”.

Para impulsar la empresa, Jacquemier decide desarrollar la marca, especialmente a nivel internacional, con el fin de convertir este juguete en el emblema de “la creación y el saber hacer francés”, según Éric Rossi, quien asumió la dirección general tras la salida de Serge Jacquemier en 2018. Ninguno de los dos exresponsables ha respondido a las preguntas de Mediapart.

Pero para exportar hay que producir más. Mucho más. Y la línea de producción de Rumilly, pequeña y artesanal, no puede hacer frente a tal ambición. “No teníamos los medios, así que nos dirigimos a China”, cuenta un exdirectivo. Más sencillo, más barato. Según nuestra información, producir una Sofía china cuesta entre cuatro y cinco veces menos que en Francia.

Poco a poco, la producción se subcontrató, con la mayor confidencialidad. Unas fotos que Mediapart ha conseguido, de 2013, ya muestran talleres chinos funcionando a pleno rendimiento. En las imágenes, se observa que los equipos de seguridad de los trabajadores y trabajadoras son, por su parte, casi inexistentes.

Costes más bajos y capacidades de producción multiplicadas por diez. Lógicamente, la facturación se dispara. En 2020, supera los 30 millones de euros. Sobre todo porque, con su estandarte Made in France, Vulli se permite vender a precio de oro la jirafa Sofía, en particular en Estados Unidos, donde el juguete supera holgadamente los 20 dólares (17 euros al tipo de cambio actual). En Francia, hoy cuesta unos 15 euros.

“Es un lujo accesible”, se jacta Éric Rossi en 2021, en las ondas de la radio pública. Cuando se le pregunta por su margen, elude la pregunta: “El margen no se puede medir por unidad, lo que se recompensa es el saber hacer, el dominio de la herramienta tecnológica”.

En el momento en que Éric Rossi da esa respuesta, “la herramienta tecnológica” de Rumilly está parada, o casi. Las Sofías llegan a la Alta Saboya a granel, en grandes cajas apiladas en contenedores procedentes de China. A continuación, se empaquetan y se distribuyen por Francia y por todo el mundo.

Pero, oficialmente, Sofía se sigue fabricando en Francia. Algo que cada vez suscita más dudas entre los empleados. “No nos decían nada. Pero mi oficina daba al taller. Y veía claramente que allí no trabajaba nadie. Nunca vi las máquinas en marcha”, cuenta una empleada que luego dejó la empresa.

Un taller vacío, pero una línea de producción que permanece, como un escaparate. Según numerosos testimonios coincidentes de empleados y exdirectivos, esta línea solo funciona durante las “visitas externas”. Cuando un periodista o unos clientes se desplazan a Rumilly, la maquinaria de producción se pone de repente en marcha.

“Era un poco teatral presenciar aquello”, confiesa Lucie*, una exempleada. “La fábrica se había convertido en una herramienta de demostración para los clientes o las inspecciones”, añade otro exempleado. Un directivo cuenta: “Colocaban a cuatro o cinco personas en el taller, la materia prima estaba caducada. Todo era falso”.

La empresa no ha dado ninguna respuesta a las preguntas de Mediapart sobre estos hechos. Pero en Vulli, la mentira se ha institucionalizado. Hasta el punto de que se producen situaciones de lo más chuscas. Como cuando, a mediados de la década de 2010, la empresa quiso exportar su producto estrella a China.

Para ello, debía obtener una certificación china. Miembros de la administración del gigante asiático, encargados de la inspección de productos, se desplazaron entonces a Francia para analizar la conformidad de la jirafa Sofía. Se pusieron a disposición de los inspectores algunos ejemplares franceses. Y listo. El primer certificado se obtuvo a principios de la década de 2010 y luego se renovó periódicamente con, siempre, la misma mención: “Taller de fabricación: Rumilly, Francia”.

A pesar del engaño, a Sofía le cuesta hacerse un hueco en el mercado chino. Pero Vulli persiste y vuelve a intentarlo en 2020. Esta vez, con la ayuda de las autoridades públicas francesas. El banco público de inversiones Bpifrance concede así a la empresa un “seguro de prospección para la financiación de un fondo dedicado” a la implantación en el mercado chino. “Tener a Bpifrance a nuestro lado nos supone una ayuda inestimable”, destaca entonces la responsable de exportación de Vulli en un publirreportaje de Bpifrance publicado en La Tribune. Un artículo que ensalza los méritos de la jirafa Sofía como un “éxito del Made in France en la exportación”.

Al ser preguntado por Mediapart sobre esta ayuda, Bpifrance se niega a comunicar la cantidad concedida a Vulli, amparándose en el “secreto bancario”. Subraya que “para beneficiarse de un seguro de prospección, la empresa debe acreditar una parte francesa superior al 20%”, asegurando que “ese era precisamente el caso de Vulli”.

“Algunos productos se fabrican hoy en día en Asia, pero otros gozan de la denominación Made in France y siguen fabricándose en los talleres de origen”, declara el banco, sin dar más detalles sobre los productos en cuestión. En realidad, ya casi no se produce ninguna jirafa Sofía en “los talleres de origen”. Pero en las cajas destinadas al mercado chino que Mediapart ha conseguido sigue apareciendo la mención Origine France.

Ante una mentira que se convierte en norma, empiezan a soltarse algunas lenguas. A finales de 2020 aparece una denuncia anónima en la plataforma SignalConso. Según la información consultada por este medio, procede de un colaborador de la empresa. “En el embalaje se indica que es Made in France. Pero este producto no es de fabricación francesa, sino china”, se lee en la denuncia a la que Mediapart ha tenido acceso.

Dos meses más tarde, Vulli responde a la denuncia: “El contenido de las declaraciones recogidas no refleja en absoluto la realidad del trabajo diario de todos nuestros empleados que diseñan y producen nuestras creaciones marca jirafa Sofía […] en Rumilly.” En aquel momento, la denuncia no tuvo más repercusión. La empresa se benefició entonces plenamente del efecto covid. El crecimiento de su facturación es espectacular, superando los 35 millones de euros en 2022.

Pero a nivel interno, la tensión empieza a hacerse palpable. Sobre todo tras un comienzo de año 2023 menos bueno de lo esperado. Alain Thirion busca reducir costes. En el departamento encargado de los envíos, el accionista único decide, por ejemplo, dejar de recurrir a personal temporal, con consecuencias inmediatas. “La plantilla es demasiado reducida, estamos al límite cada semana. […] Ahora el departamento funciona peor que nunca”, se lee en un correo interno redactado por los trabajadores del departamento. Respuesta de la dirección al comité de empresa: “Las primeras señales de alerta no han hecho cambiar de opinión al Sr. Thirion.”

El ambiente se tensa, varias bajas no se cubren y, al volver de las vacaciones de verano de 2023, el comité de empresa emite una alerta “por atentar contra la salud y la seguridad de varios trabajadores”. Esto enfurece a Alain Thirion, que decide entonces, de la noche a la mañana, cambiar las condiciones laborales de los servicios administrativos, especialmente en lo que respecta a horarios y teletrabajo. Las actas del comité de empresa posteriores a esta decisión dan cuenta de un clima social tóxico: “La Dirección deja que el comité ‘retome su letanía, llena de tonterías’. El comité se siente ofendido por estas palabras, el Sr. Thirion reitera y afirma que el comité solo dice tonterías”.

Tras una reunión con el conjunto de trabajadores, descrita por numerosos testigos como especialmente violenta, varias personas se dan de baja por enfermedad y, unos meses más tarde, son despedidas por incapacidad. A nivel interno, muchos describen al jefe como partidario de un tono brutal, fácilmente acusador y, a veces, contradictorio.

A principios de 2024, el director general, Éric Rossi, también abandona su cargo. Se acabó la época dorada de Vulli. La facturación se reduce en 10 millones de euros en tres años. No queda más que engaño. Para varias personas, en un contexto social así, seguir mintiendo es ya imposible. Se envían alertas a la DGCCRF, que abre una investigación. Se llevan a cabo varias inspecciones, la última de ellas hace solo unas semanas.

Según la información recabada, podrían iniciarse acciones judiciales por prácticas comerciales engañosas. Esto supondría para Vulli una multa que podría ascender al 80% “de los gastos incurridos para la realización […] de la práctica que constituye este delito”.

Dada la importancia de las ventas de la jirafa Sofía en la facturación de Vulli, esto supondría varios millones de euros. ¿Siente Alain Thirion que el viento está cambiando? A pesar de que 2024 y 2025 son los dos peores años de Vulli desde hace al menos cinco años, Thirion, accionista único, decidió pagarse 1,5 millones de euros en dividendos el 26 de junio de 2025. Apenas un mes después de la inspección de la DGCCRF.

Es muy fácil comprobar dónde se ha fabricado el ejemplar de la jirafa Sofía que tienes en casa o que piensas regalar a un ser querido. Cada juguete tiene un número de lote, discretamente grabado en el interior de una de sus patas. Este número consta de seis dígitos. Los dos primeros indican el fabricante. Si el número de lote de tu Sofía empieza por 30, se ha fabricado en Francia. Si su número empieza por 32 o 33, se ha fabricado en uno de los talleres chinos de los subcontratistas de Vulli.

* Nombre ficticio. Los numerosos trabajadores de Vulli, actuales o antiguos, que testifican en este artículo han deseado mantener el anonimato.

Traducción de Miguel López

El 8 de julio de 2025, un nuevo escándalo salpicaba al partido francés Agrupación Nacional (RN) y a sus socios en la Unión Europea (UE). La Fiscalía Europea abrió una investigación sobre posibles desvíos de fondos comunitarios, por un importe de 4,3 millones de euros, por parte del grupo de extrema derecha Identidad y Democracia (ID), predecesor de Patriotas por Europa. La Fiscalía se basó en una investigación interna llevada a cabo por los servicios del Parlamento, que fue revelada por varios medios de comunicación europeos, entre ellos Le Monde y Die Zeit. 

Esta auditoría interna se llevó a cabo con motivo del cese de actividades del grupo ID, disuelto al final de la última legislatura. Fue por tanto un poco por casualidad, al término de una operación de control, a partir de algunas muestras de los gastos del grupo político incurridos entre 2019 y 2024, cuando la Dirección General de Finanzas del Parlamento (DG Fins) se topó con contratos dudosos, donaciones descabelladas, licitaciones sesgadas y otras facturas aparentemente muy infladas. 

La DG Fins había concluido que existían “irregularidades sustanciales” en la gestión de su presupuesto por parte de ID. Jordan Bardella, presidente del nuevo grupo Patriotas por Europa, se había quejado de una supuesta “operación de acoso”. 

“Pero los 4,3 millones no son más que la punta del iceberg”, denuncia Jonas Sjöstedt, eurodiputado del grupo La Gauche y miembro de la Comisión de Control Presupuestario. “Por eso pedimos a la administración que compruebe cada céntimo gastado por ID y luego por Patriotas, para revelar el verdadero alcance de este asunto”. 

Diez meses después de las revelaciones, el Parlamento contiene la respiración, sin causar revuelo, a la espera del resultado de la investigación de la Fiscalía Europea. Pero esta situación de estancamiento no es del agrado de Transparencia Internacional ternational. La organización internacional contra la corrupción remitió el 24 de abril una denuncia a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), a la que Mediapart ha podido acceder. 

La denuncia de la ONG apunta en particular a Philip Claeys, miembro del Vlaams Belang, partido flamenco de extrema derecha, y secretario general del grupo Patriotas por Europa, cargo que ya desempeñaba en Identidad y Democracia. Según la organización, en los grupos parlamentarios el secretario general es el principal responsable en materia presupuestaria y el el gestor con capacidad para autorizar el pago de los gastos. Por ello, sostiene que los 4,3 millones de euros “sospechosos” no pudieron ser abonados sin su visto bueno.

Fue el mismo Philip Claeys quien firmó, el 8 de mayo de 2025, una carta en respuesta a las observaciones de la DG Fins, sin lograr convencer a los funcionarios de que retiraran sus constataciones de “incumplimiento” en los gastos del grupo. En este asunto, la mayoría de los pagos sospechosos se refieren a las actividades de la delegación francesa del grupo, es decir, Agrupación Nacional.

Al recurrir a la OLAF, Transparencia Internacional pretende que se lleve a cabo una investigación administrativa en paralelo a la investigación penal. Esta solicitud contrarrestaría así “la inacción de la administración del Parlamento Europeo”, tal y como lo expresa Nick Aïossa, director de la oficina europea de la ONG. Y es que Philip Claeys, que sigue siendo secretario general de su grupo político, continúa ejerciendo sus funciones como si nada hubiera pasado.

Es él mismo quien da su visto bueno a los gastos de su grupo Patriotas, sobre los que precisamente pesan nuevas sospechas de fraude. El medio Table.Briefings reveló así, el 4 de noviembre de 2025, que se habían detectado 171.000 euros de fondos potencialmente irregulares en las cuentas de miembros de Patriotas, siguiendo el mismo patrón.

Para Nick Aïossa, el Parlamento Europeo no debe condicionar sus acciones al resultado de la investigación penal y podría actuar, al menos con carácter cautelar. “El Parlamento ha puesto en marcha su propia auditoría y ha concluido que se han producido gastos irregulares. Así, podría iniciar un procedimiento disciplinario o retirar toda autoridad presupuestaria a Philip Claeys. Con esta idea hemos recurrimos a la OLAF, cuya actuación, en el ámbito administrativo y disciplinario, puede resultar complementaria a la de la Fiscalía Europea”.

En el seno de la Asamblea, el tema genera un curioso guirigay. Algunas fuentes estiman que la administración es, de hecho, impotente en este ámbito, pues el contrato de Philip Claeys lo vincularía únicamente a su grupo político y no al Parlamento, que queda fuera de juego en materia disciplinaria. Otras fuentes, más numerosas y que cuentan entre sus filas con empleados de los grupos políticos, afirman categóricamente que todo empleado de un grupo político depende, en última instancia, de la secretaría del Parlamento y, por tanto, de la administración.

El asunto es delicado y jurídicamente complejo, ya que afecta a la autonomía de los grupos políticos. Y para Nick Aïossa, “el Parlamento no puede eximirse por completo de sus responsabilidades, ni siquiera cuando se trata de empleados de grupos políticos”.

Esas cuestiones jurídicas no pueden, en ningún caso, justificar la inacción. Eso piensa Daniel Freund, eurodiputado ecologista alemán: “El Parlamento no debe esperar a que concluyan las investigaciones de la fiscalía para proteger el dinero de los contribuyentes, sino que debería actuar de forma proactiva para garantizar que esto no vuelva a suceder. En este sentido, la iniciativa de Transparencia está muy bien. Pero el problema de fondo persiste: el Parlamento no ejerce suficiente control sobre los gastos de los grupos políticos”.

En septiembre, la Comisión de Control Presupuestario transmitió a la presidenta del Parlamento Europeo su opinión tras el escándalo. Sus miembros enumeraron las medidas que deben adoptarse para que el Parlamento recupere lo que le corresponde, por ejemplo, imputando a Patriotas las irregularidades de su predecesor. Destacaron la continuidad entre el grupo ID y el de Patriotas, con la esperanza de que algún día se exija al grupo político actual el reembolso de las sumas “irregulares” del pasado.

En este documento, los eurodiputados incluso sugerían que la reorganización del grupo político parecía formar parte de un intento premeditado de impedir la “recuperación de los fondos europeos”. Entonces se añadió a la lista la idea de imponer sanciones disciplinarias. Los eurodiputados tampoco descartaban modificar el reglamento del Parlamento para que dichas sanciones permitieran recuperar los fondos.

Pero, por ahora, todo está paralizado a la espera de la investigación de la fiscalía. Esta semana, la sesión plenaria votará la “aprobación de la gestión presupuestaria” del Parlamento Europeo para sus gastos del año 2024. Se mencionarán los fondos sospechosos del grupo ID, solo como un pequeño recordatorio en medio del letargo. Mediapart se ha puesto en contacto, por escrito, con Philip Claeys y con la oficina de Jordan Bardella, presidente de Patriotas por Europa, pero por el momento no ha obtenido ¡respuesta.

Traducción de Miguel López

En 2021, la mayor empresa cárnica del mundo, la brasileña JBS, anunció un plan de cero emisiones para 2040, con un gran anuncio a toda página en The New York Times. La empresa, que contaminaba más que países como Italia y casi tanto como Francia, acabó en los tribunales por "marketing falso y engañoso" y sus directivos terminaron diciendo que ese eslógan era simplemente "una aspiración", pero nunca fue un compromiso legal.

Este es solo uno de los casos que recoge una investigación internacional sobre greenwashing, el nombre que recibe la práctica empresarial que consiste en hacer promesas ambientales sin fundamento o lanzar mensajes ecologistas para ganarse al público basándose en afirmaciones dudosas o falsas. El estudio, publicado este miércoles en la revista PLOS Climate, analiza 1.233 afirmaciones ambientales de compañías ganaderas y lácteas, y concluye que el 98% cumplen con las condiciones del greenwashing.

Se califican así porque se consideran promesas inverificables, que no están acompañadas de estudios científicos, que se basan en falsas soluciones o que son insignificantes en comparación con el volumen total de emisiones de las compañías. El 38% de esos reclamos (467) consisten en compromisos a futuro imposibles de corroborar, como "garantizar la recuperación de 600.000 millones de litros de agua en regiones con escasez hídrica para 2030", que era una de las promesas analizadas por los autores.

La lista está formada por todas las afirmaciones verdes realizadas por las 33 mayores empresas del mundo en lácteos y carne entre 2021 y 2024, y Danone y Nestlé están en el puesto uno y dos de las compañías que más afirmaciones han hecho con greenwashing. Aunque estas empresas son industriales –compran la leche y otros productos a los ganaderos–, las emisiones de los animales forman parte de su cadena de valor y son su responsabilidad. 

De la lista de empresas analizada, la francesa Danone es la que más compromisos ambientales ha adquirido en sus informes públicos y páginas web (106), pero prácticamente todos se catalogan como greenwashing, según este estudio. La siguiente es la suiza Nestlé, seguida de CP Group (Tailandia), Danish Crown (Dinamarca) y Hormel Foods (EEUU).

"Las empresas cárnicas y lácteas hacen muchas promesas y aportan muy pocas pruebas que las respalden. Al igual que la industria de los combustibles fósiles, que ha utilizado el greenwashing durante las últimas décadas para retrasar la adopción de medidas climáticas significativas, la industria cárnica y láctea podría estar engañando a los consumidores y a los inversores", escriben los autores, liderados por Maya Bach, del departamento de Ciencia y Política Ambiental de la Universidad de Miami.

La investigación se ha centrado en el sector de producción de alimentos porque representa el 16,5% de los gases de efecto invernadero, siendo uno de los más agresivos con el planeta, principalmente debido a las emisiones de metano de los rumiantes, de los gases de efecto invernadero provocados por el estiércol, por las emisiones de óxido nitroso derivadas de los fertilizantes y por la tala derivada de la producción de piensos.

Marina San Martín Calvo, profesora titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Burgos, opina que estos resultados son importantes en países como España, donde la ganadería láctea y cárnica tiene un peso muy importante. "Estos datos evidencian una brecha significativa entre el discurso corporativo y la evidencia real. Sería recomendable exigir mayor transparencia y evidencia científica en las afirmaciones climáticas porque contribuirían a una transición más creíble y efectiva hacia sistemas alimentarios realmente sostenibles”, dice en un comentario publicado en la agencia Science Media Centre.

Una de las fórmulas de greenwashing más repetidas en este sector –a la que recurren 17 de las 33 empresas analizadas– es la promesa del net zero, las cero emisiones netas de CO2, generalmente para 2050. Este mensaje se encuadra dentro del llamado future-washing, basado en publicar compromisos para las próximas décadas de ayudar al planeta pero con ninguna intencionalidad real de cumplirlos.

Un informe de Foodrise, una ONG europea, se pregunta cómo Danone cumplirá su compromiso net zero en 2050 si en ningún plan de negocio recoge reducir la cabaña ganadera de la que se provee, la principal fuente de contaminación. Por ahora, la compañía francesa solo dice que para hacerlo introducirá prácticas de agricultura ecológica, soja libre de deforestación y estiércol gestionado de manera eficiente de aquí a 2030, medidas insuficientes para lograr su meta de 2050.

Tras analizar los 1.233 mensajes verdes de estas compañías, solo tres de ellos (de las empresas Fonterra, California Dairies y Perdue) estaban amparados en estudios científicos, y dos de ellos ligados a "revistas científicas estrechamente alineadas con la industria agrícolas". Solo el 29% (356 promesas) se apoyaba en algún tipo de evidencia, mientras que "más de dos tercios de las afirmaciones medioambientales carecían de pruebas, lo que dificultó evaluar su credibilidad", según los autores. 

Aunque más de 300 mensajes analizados estuvieran apoyados en información, no significa que fueran legítimos ya que la inmensa mayoría de ellos no superaron la prueba de greenwashing, basada en un test de Noémi Nemes, de la Universidad de Viena, y otros autores, creado en 2022. Solo 20 de los enunciados verdes analizados estaban libres de indicadores greenwashing, aunque el estudio aclara que no consistían en promesas, sino en argumentos genéricos, como que "en Estados Unidos, entre el 30% y el 40% de los alimentos que se producen nunca llegan a consumirse", uno de los mensajes que han superado el examen.

Los autores recogen en el estudio algunos de los eslóganes vacíos que se han encontrado, donde se publicitan acciones limpias que representan una parte ínfima de las emisiones de estas compañías. Como la británica ABP Group, que publicó que iba a iniciar un proyecto para "buscar maneras de implantar un modelo de producción sostenible" de carne en una granja de 100 hectáreas, sin aclarar qué medidas iba a implementar. O como el gigante francés Lactalis, que publicitó el cambio de una caldera de una de sus plantas.

"En lugar de buscar un cambio transformador, muchas empresas parecen dar prioridad a pequeñas mejoras en la eficiencia y promocionan ampliamente iniciativas a pequeña escala o piloto que apenas repercuten en la huella medioambiental global de la ganadería", se lee en el estudio.

Los investigadores también dan a entender que esta corriente de publicidad verde ha desatado en el último lustro una carrera empresarial por lanzar mensajes aparentemente ecologistas. En septiembre de 2020 solo cuatro de las 35 mayores cárnicas y lácteas del mundo tenían compromisos cero emisiones, y hoy son 17.

Un juzgado de Madrid investigará por un delito fiscal de cerca de un millón de euros del IRPF al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro Romillo, que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez "Alvise" y al que investiga la Audiencia Nacional por una estafa piramidal de 185 millones, según informa EFE. 

En un auto fechado el pasado 30 de marzo al que ha tenido acceso EFE, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordena la apertura de una pieza separada por fraude fiscal tras analizar un informe de la Agencia Tributaria que implica a Romillo en un fraude durante el año 2022.

El 15 de diciembre de 2025, Calama procesó a Romillo y a otras nueve personas por la presunta estafa de más 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024 a instancias de afectados por esta operativa, muchos de ellos representados por el bufete Zaballos Abogados.

En su auto de apertura de pieza separada, el magistrado explica que está "constatado" que en 2022 Romillo promociona en su página web mecanismos para la elusión de impuestos, tales como "poner bienes a nombre de familiares y amigos; ocultar la residencia fiscal en España, para evitar tributar; simular la residencia fiscal en otro país; utilizar, torticeramente, sociedades extranjeras; distraer ingresos para que no tributen, e inflar los gastos de una empresa". Al tiempo, añade el auto, Romillo siguió sus propias "estrategias" para consumar un fraude fiscal durante el ejercicio 2022.

A través de un "embrollo societario", Romillo quiso opacar "los verdaderos ingresos generados por el que, en definitiva, era el único motor que daba origen a sus ingresos", que era su éxito en redes sociales.

En 2022 ingresó a través de sus numerosas sociedades cerca de 3 millones de euros, por lo que Hacienda le atribuye un delito de fraude fiscal del IRPF que ronda el millón de euros (906.919,31 euros), además de defraudar más de medio millón en concepto de IVA.

En paralelo, la Audiencia Nacional investiga el fraude piramidal ideado por Romillo, conocido como Criptospain, que ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo, movido por "un ánimo de lucro ilícito". 

El objeto de esta organización criminal consistía en la apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable. 

A través de dicha web, se ofrecían productos financieros ficticios con la finalidad de atraer a potenciales inversores, entre los que figuraban relojes, vehículos, propiedades inmobiliarias, oro y otros metales preciosos.

Los inversores, confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmitía la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades mínimas del 20%, realizaron aportaciones económicas que fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión.

De este modo, 3.062 inversores de Madeira Invest Club resultaron perjudicados, sufriendo pérdidas económicas derivadas de la conducta fraudulenta desplegada por Romillo y los demás miembros de la organización criminal y que han sido cuantificadas en 185.511.947,76 euros.

Calama investigará por un fraude fiscal de más de 88 millones en 2023 y 2024 a Álvaro Romillo. En un auto fechado el pasado 1 de abril al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado central nº 4 amplía el procesamiento que decretó el pasado 15 de diciembre contra Romillo y otras nueve personas.

Ahora, Calama amplia la pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales al encontrar "indicios racionales" de fraude del IRPF y del impuesto de patrimonio de 2023 y 2024. Mediante "la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica", Romillo habría defraudado 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en concepto de IRPF, así como 2.247.336,80 euros para el ejercicio 2023 y 6.068.774,76 euros para 2024 del impuesto de patrimonio.

En su auto, Calama mantiene a Romillo en prisión provisional, donde permanece desde el pasado 7 de noviembre, al haber detectado que el procesado se encuentra "en una privilegiada situación en orden a eludir la acción de la Justicia, pues dispone de una ingente cantidad económica con la que sufragar el acceso a medios ilícitos que le permitan abandonar el territorio nacional". 

Dicha organización criminal, destaca el auto, cuenta, "al menos, con 52 sociedades instrumentales, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones, repartidos en, al menos, en 15 jurisdicciones diferentes (Portugal, Bélgica, Lituania, Estonia, Bulgaria, Rumania, Malta, Reino Unido, Albania, Estados Unidos, República Dominicana, Malasia, Singapur, Hong Kong y Tailandia)". 

“No hay ningún tipo de contaminación”, ha vuelto a afirmar Christophe Michaud, uno de los cuatro abogados de Nestlé ante el tribunal correccional de Nancy (Meurthe-et-Moselle), denunciando “un ambiente extraño, en el que se respira un veneno de sospecha por todas partes” hacia su cliente.

La multinacional comparece ante la justicia desde el 23 de marzo por haber abandonado y almacenado entre 2016 y 2024, y “de manera oculta y encubierta”, toneladas de residuos, es decir, 470.000 metros cúbicos, compuestos principalmente por botellas de plástico y vidrio, pero también por placas de amianto. El mismo día de la apertura del juicio, Nestlé difundió un comunicado en el que insistía en la ausencia de contaminación por microplásticos en sus aguas.

Pero eso no es lo que revela una nota confidencial de junio de 2022, que Nestlé se ha cuidado muy bien de no entregar a la justicia, pero que Mediapart ha podido conseguir. En ella, bajo el título “Vertido de PVC en las zonas de Vittel”, Nestlé precisa que, debido a la presencia de estas toneladas de residuos en sus instalaciones desde la década de 1960, existen varios riesgos. El primero es judicial, ya que la nota reconoce una “infracción de la legislación francesa”. El segundo es el de su reputación, que podría verse empañada. Y el tercero se refiere “a la calidad de las aguas subterráneas”.

Un peligro que, sin embargo, la multinacional refuta ante la justicia. A ello añade las consecuencias financieras de la limpieza de las instalaciones, estimadas en más de 60 millones de euros. Una solución cuyo importe parece insignificante en comparación con sus beneficios, pero a la que se opone con una alternativa de menor coste: el “confinamiento de las instalaciones”.

En 2022, cuando Nestlé redactó esa nota, la Fiscalía de Nancy llevaba seis meses con una investigación preliminar abierta sobre sus vertidos ilegales. Se encargaban de ella los agentes de la Oficina Francesa de Biodiversidad (OFB) y los gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra los Delitos contra el Medio Ambiente y la Salud Pública (Oclaesp).

Durante sus tres años de investigaciones, Nestlé no les informó en ningún momento de esa nota, ni de las constataciones que en ella se recogen. Por el contrario, la multinacional ha negado cualquier riesgo de contaminación ambiental que pudieran provocar esos vertidos de plásticos, en particular sobre la calidad de las aguas.

Así, en septiembre de 2024, Luc Desbrun, entonces director de operaciones de las fábricas de Nestlé en Los Vosgos y destinatario de la nota, es interrogado por la gendarmería en el marco de las investigaciones. Sobre los residuos, considera que “la naturaleza ha recuperado sus derechos. Caminamos sobre la última capa de botellas”. Recuerda que Nestlé “heredó” esos vertederos cuando la empresa compró las fábricas en 1992, y considera que no tiene ninguna “responsabilidad por los vertidos históricos”. Afirma “no reconocer la infracción”, aunque sí se haya admitido internamente.

El responsable del laboratorio central de Nestlé, Nizar Benismail, también interrogado por los investigadores, no muestra mayor transparencia. Al ser preguntado sobre la presencia de microplásticos en el interior de las botellas de Contrex, Hépar y Vittel comercializadas en Los Vosgos, asegura que los “resultados son, en general, muy buenos”.

Debido a la propia composición del envase, las aguas embotelladas pueden estar contaminadas con partículas de microplásticos. En el caso de Nestlé, teniendo en cuenta los vertidos, los investigadores trataron de averiguar si estos habían contaminado las aguas subterráneas incluso antes de que fueran embotelladas con la etiqueta de “minerales naturales”.

Como ya revelamos, el laboratorio encargado por la Fiscalía de Nancy había detectado elevadas concentraciones de microplásticos, especialmente a la salida de los pozos de agua de las marcas Contrex y Hépar. Esos informes fueron luego anulados por el tribunal.

Durante su interrogatorio por parte de la gendarmería, en julio de 2024, el director del laboratorio central de Nestlé se muestra categórico. La contaminación detectada en el marco de la investigación es el resultado de errores cometidos durante la toma de muestras. Por el contrario, los análisis de su laboratorio, el “primero acreditado en Francia” en este ámbito, no habrían revelado la más mínima contaminación. Los niveles de microplásticos encontrados en las aguas comercializadas por Nestlé están, según él, cerca del límite de cuantificación, un límite decidido internamente y fijado en 8 microplásticos por litro (mp/L). Es decir, insignificantes.

Por debajo de ese umbral, Nestlé considera que la contaminación es “procedente del laboratorio” que realiza las muestras. Y, ligeramente por encima, las concentraciones de microplásticos pueden entonces “proceder del tapón o del cuerpo de la botella, y no del agua que contiene”, explica el director del laboratorio de Nestlé Waters a los gendarmes.

Con toda seguridad, afirma que Nestlé no tiene microplásticos en sus aguas. Como mucho, los niveles pueden “en ocasiones, ser superiores a 8, [rozando los] 10-15 microplásticos por litro”. Nada que ver, pues, según él, con los niveles de 515 y 2.096 mp/L encontrados en el marco de la investigación.

Pero, aun así, las declaraciones del representante legal de Nestlé son incompletas. Al contrario de lo que afirma, las concentraciones de microplásticos que se han constatado en las botellas no son de 10 o 15, como él sostiene, sino de 70, e incluso 106 mp/L. Son, por tanto, entre 8 y 13 veces superiores al umbral límite.

Así lo atestiguan los informes de análisis de su propio laboratorio de febrero y diciembre de 2020, correspondientes a las aguas de marca Vittel, resultados a los que Mediapart ha podido acceder. Nestlé se negó a responder a nuestras preguntas cuando les contactamos. A estas alturas, el origen de esos microplásticos sigue siendo incierto. No obstante, los documentos que hemos obtenido, algunos de los cuales no han sido entregados a la justicia por Nestlé, sugieren nuevos encubrimientos por parte de la multinacional.

Esa falta de transparencia por parte de Nestlé resulta bastante problemática ya que el juicio que se celebra en Nancy hasta el 27 de marzo se basa esencialmente en los elementos y declaraciones proporcionados por la propia empresa. Como señaló el fiscal durante la segunda jornada de la vista, la ausencia de peritajes independientes sobre la contaminación por microplásticos crea “un profundo desequilibrio” en este juicio.

También se mostró sorprendido “de que los vertederos de plástico abandonados desde hace décadas no hayan provocado contaminación”.  Le parece indispensable “recurrir a un perito independiente”, tanto “para el esclarecimiento de la verdad” como para “la sociedad y los habitantes que viven cerca de estos vertederos”.

El abogado de las asociaciones de defensa del medio ambiente, François Zind, recordó las prácticas fraudulentas imputadas a la empresa, en particular el uso de tratamientos prohibidos para la desinfección de sus aguas minerales naturales, frecuentemente sujetas a contaminación bacteriana o química.

Sin embargo, estas solicitudes de información complementaria fueron rechazadas de nuevo por el juez el 24 de marzo, que decidió continuar con el juicio. El miércoles 25 de marzo declararán los representantes legales de Nestlé, entre los que se encuentran el exdirector de operaciones Luc Desbrun y el responsable de laboratorio, Nizar Benismail.

Traducción de Miguel López

La ex alta representante de la Política Exterior de la UE, antigua vicepresidenta de la Comisión Europea y actual rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, ha sido detenida en el marco de la investigación por un presunto fraude relacionado con una formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos, informó el diario belga Le Soir y recogió EFE.

La política italiana fue alta representante de la Unión Europea entre 2014 y 2019, antes de ser reemplazada en el cargo por el español Josep Borrell. Según Le Soir, Mogherini se encuentra bajo custodia policial.

El mismo medio dice que los otros dos detenidos para ser interrogados son el diplomático italiano Stefano Sannino, exsecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), cargo que ocupó entre 2021 y 2025, y un directivo del Colegio de Europa.

La Fiscalía Europea anunció este martes registros en el Colegio de Europa en Brujas (Bélgica) y el SEAE en Bruselas, así como la detención de tres personas de las que no se han facilitado detalles.

La portavoz comunitaria Anitta Hipper confirmó en la rueda de prensa diaria de la Comisión los registros llevados a cabo en el edificio del SEAE y precisó que la investigación tiene que ver con "actividades" llevadas a cabo en el "mandato previo", en referencia a la etapa en que estaba al frente de ese organismo el español Josep Borrell. "No podemos dar más información porque estamos en fase de investigación", dijo la misma portavoz.

Los hechos investigados "podrían constituir fraude en la contratación pública, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional", según la fiscalía, que pidió llevar a cabo los registros y las detenciones, con la aprobación de un juez de instrucción.

La investigación se centra en la academia diplomática de la Unión Europea, un programa de formación de nueve meses para diplomáticos jóvenes de los Estados miembros de la UE. Durante el curso académico 2021-2022, el Colegio de Europa se encargó de acreditar el programa de formación licitado.

Las diligencias de investigación también han contado con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

La Policía Federal belga realizó "registros en varios edificios del Colegio de Europa en Brujas, en el Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas y en los domicilios de los sospechosos", indicó.

La investigación se centra en si el Colegio de Europa y/o sus representantes fueron informados de antemano sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación y tenían motivos suficientes para creer que se les adjudicaría la ejecución del proyecto, antes de la publicación oficial por parte del SEAE del anuncio de licitación.

"Existen fuertes sospechas de que, durante el proceso de licitación del programa, se infringió el artículo 169 del Reglamento Financiero relativo a la competencia leal y de que se compartió información confidencial relacionada con la contratación en curso con uno de los candidatos participantes en la licitación", indicó la fiscalía.

Un supuesto defraudador fiscal acusado por dos delitos contra la Hacienda Pública plenamente acreditados por la Agencia Tributaria y otro de falsedad documental, y a la vez imputado por administración desleal y corrupción en los negocios por tratar de ocultar una presunta comisión de 500.000 euros a un directivo de Quirón –la principal contratista sanitaria del Gobierno que dirige su novia–, se presentó el pasado martes en el Tribunal Supremo como una víctima de una operación de Estado. La sobreactuación de Alberto González Amador ante los magistrados –"Me han destrozado la vida; o me voy de España o me suicido", declaró– no solo buscaba la condena del acusado, el fiscal general del Estado. Amador cree que, con una sentencia condenatoria contra García Ortiz, podrá lograr el archivo de la causa por cinco delitos que el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid sigue contra él.

En el relato que trata de imponer su abogado, Gabriel Rodríguez-Ramos, ante el Alto Tribunal, Amador es el perjudicado directo de una supuesta conspiración de al menos tres instituciones del Estado controladas por el PSOE –el Gobierno, la Agencia Tributaria y la Fiscalía– para dañar políticamente a su pareja, Isabel Díaz Ayuso (del PP) a través de él. La resolución de la Sala de lo Penal del Supremo con la que se abrió el caso contra el fiscal general considera que la conducta de la que se le acusa –revelar un correo de unas negociaciones de conformidad en la que Amador confesaba sus delitos para evitar la cárcel– habría afectado a un derecho fundamental de Amador, el derecho de defensa.

"Estimamos que, al menos indiciariamente, en este supuesto, sí existe una carga de lesividad que afecta al posible perjuicio al derecho de defensa del Sr. González Amador, como consecuencia de la revelación de un correo existente entre su letrado y el fiscal de delitos económicos, el día 2 de febrero de 2024", sostenían los magistrados en su auto de admisión a trámite, con el que se inició la instrucción.

La causa que se sigue contra el novio de Ayuso en los juzgados de Plaza de Castilla consta de dos piezas. La primera y principal es la que dio inicio al caso, los dos delitos fiscales y la falsedad documental derivada de las facturas falsas que presentó ante a Hacienda para tratar de ocultar el fraude tributario. Esa pieza ya está totalmente instruida y el juzgado ha dictado auto de apertura de juicio oral. El proceso se iniciará en unos meses ante un Juzgado de lo Penal de Madrid. La segunda pieza, la relativa a la compra de una sociedad inactiva y sin capital ni empleados a la esposa de un directivo de Quirón por medio millón de euros en una operación que trataría de ocultar una comisión irregular –una conducta más difícil de probar– sigue todavía en la fase de investigación.

En caso de que el fiscal sea finalmente condenado en el Supremo, la defensa de Amador en el caso en el que está acusado e imputado por cinco delitos –el mismo equipo que lo representa en el juicio contra García Ortiz– reclamará, con total seguridad, que la causa abierta contra él se anule. El motivo que alegará es vulneración de derechos fundamentales. En concreto, hará valer la sentencia para demostrar que la Fiscalía, a través de su máximo representante, vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24.2 de la Constitución en su vertiente del derecho de defensa. Serán el Juzgado de Instrucción 19, del que es titular Antonio Viejo, el juez de lo Penal al que corresponda el juicio de los delitos fiscales, o la Audiencia de Madrid los órganos que, hipotéticamente, tendrán que decidir si anulan las actuaciones por ese motivo.

Varios magistrados del orden Penal consultados por infoLibre consideran que, aun habiendo condena, en la causa contra Amador no cabría declarar la nulidad. Esos magistrados explican que el derecho de defensa afecta únicamente al proceso en sí, es decir, tanto a las diligencias que hubiera iniciado el fiscal, como a la causa ya abierta en el juzgado o en el propio juicio cuya apertura ya se ha dictado. Esas mismas fuentes aseguran que las negociaciones para una conformidad son externas al proceso, como explica el hecho de que esas conversaciones previas al acuerdo no estén reguladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La reserva o el secreto que establece esa ley para la instrucción no engloba los tratos para establecer los términos del acuerdo entre el fiscal y el acusado, que necesariamente implica la confesión de los delitos que se le achaquen.

Pueda o no lograrlo, que la defensa de Amador trate de conseguir que se le exima de sus delitos mediante la nulidad es algo que solo podría intentar en caso de que, tras el juicio que se celebra estos días, haya sentencia condenatoria. En caso contrario, si el fiscal general sale absuelto, a González Amador solo le quedarán dos vías: las mismas que le indicó su abogado cuando Hacienda le comunicó la existencia de sus delitos. La primera es seguir adelante con el juicio que tiene pendiente por sus dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública y su falsedad documental, y defenderse en la instrucción de los otros dos que se le imputan (corrupción en los negocios y administración desleal) en la pieza separada. La segunda es volver a negociar con el Ministerio Público para reconocer de nuevo los delitos que se le achacan y tratar de lograr evitar la prisión.

Una exfiscal de delitos económicos que ha llevado varias causas de este tipo explica que, en estos casos, lo más razonable para el acusado es tratar de llegar a un acuerdo para conseguir una reducción de la condena y que, en principio, no existirían obstáculos para meter en un mismo paquete todas las infracciones penales que se le achacan en una hipotética negociación. El escenario que afrontará en ese caso, sin embargo, es mucho más complicado que el del primer intento, hecho a toda prisa el 2 de febrero de 2024 –fecha del correo en el que su abogado decía "ciertamente se han cometido dos delitos fiscales"– antes de que ni siquiera hubiera empezado la fase de instrucción y, por supuesto, la pieza separada. En ese momento habría podido salir con una condena muy leve por solo dos delitos, así como el pago de la multa y la cuota defraudada. Si Álvaro García Ortiz sale absuelto, Amador se enfrentará a penas más graves y, si quiere reducirlas o evitar su cumplimiento, tendrá que admitir otra vez los hechos. Por eso, la causa contra el fiscal general es su última bala.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y falsificación documental.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, los jueces de la audiencia madrileña avalan la decisión de la magistrada de instrucción en el proceso principal contra González Amador, en el que está procesado junto a otros cuatro empresarios por defraudar, presuntamente, 350.951 euros entre 2020 y 2021, y utilizar para ello un supuesto entramado de facturas falsas.

Los magistrados rechazan el recurso presentado por González Amador contra la decisión de la magistrada Inmaculada Iglesias -que se jubiló el pasado mes de agosto- de continuar la causa por los trámites del procedimiento abreviado, y en el que la defensa del novio de Díaz Ayuso argumentaba que se habían vulnerado sus derechos fundamentales al no permitirse la práctica de diligencias "interesadas en tiempo y forma".

Destacan los jueces que González Amador se acogió a su derecho a no declarar como investigado el día 24 de febrero de 2025, tras lo que puso de manifiesto verbalmente ante la jueza su disposición a volver a declarar una vez que la Audiencia Provincial resolviese el recurso que interpuso contra la formación de una pieza separada, en la que el juzgado investiga sus negocios con el grupo Quirón.

Pero una vez dictada esta resolución el 3 de marzo de 2025, el empresario "no solicitó declarar nuevamente como investigado en esta causa", aunque sí lo hizo en la pieza separada, subrayan los magistrados.

En este auto, los jueces se refieren a otro dictado a la vez en el que rechazan otro recurso de González Amador y avalan la decisión de la jueza (también de mayo) de rechazar una serie de diligencias solicitadas por su defensa, como la declaración de dos testigos y la presentación de un informe pericial de parte.

Estos autos se conocen después de que la causa haya avanzado y el pasado mes de septiembre la titular que se encarga temporalmente del Juzgado de Instrucción número 19, Carmen Rodríguez Medel, acordara abrir juicio oral contra González Amador y los otros cuatro investigados por los delitos de fraude a Hacienda en 2021 y 2021, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.

Esta jueza, en su argumentación sobre la apertura del juicio oral, se remitió a los fundamentos planteados por el juez del Supremo Ángel Hurtado en el auto en el que abrió juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos precisamente por publicar datos sobre este proceso a González Amador.

Al enumerar esos fundamentos recordó que el auto de apertura de juicio oral "es una resolución que sirve para que el procedimiento avance, todo ello con base en los hechos recogidos en los tres escritos de acusación presentados que, por otra parte, en el presente caso van en consonancia con el auto de procedimiento abreviado dictado en fecha 28 de mayo de 2025". Y es este auto es el que ahora confirma la Audiencia Provincial de Madrid.

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) del delito de fraude procesal, como ya lo había hecho por el de soborno en actuación penal, al fallar la apelación de su defensa por una condena a 12 años de cárcel que le fue impuesta en agosto pasado, informa EFE.

"En conclusión, la ausencia de prueba directa inferencial sobre la falsedad y artificio idóneo impide configurar el tipo penal de fraude procesal. Por ello se ha de revocar la sentencia", dijo el magistrado Manuel Antonio Merchán al leer hoy el fallo que echa por tierra la condena que le impuso a Uribe la jueza Sandra Heredia, de un tribunal penal de Bogotá.

Uribe, de 73 años y fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, había sido condenado a doce años de cárcel, el pago de una millonaria multa y la suspensión de sus derechos políticos en un caso que lo enfrentó al senador de izquierda Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos para que no declararan en su contra sobre sus presuntos vínculos con paramilitares.

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá, contra el cual cabe el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, señala que "la valoración probatoria" de la sentencia de primera instancia "se redujo a apreciaciones subjetivas sobre la queribilidad de los testigos sin aplicar criterios técnicos y principios de lógica formal".

"No se realizó el contraste necesario entre las declaraciones y pruebas que acreditaran su falsedad", agrega el fallo.

Con esos argumentos, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió revocar la sentencia dictada el 1 de agosto del 2025 por la jueza Heredia, "para en su lugar absolver a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, ambos en concurso homogéneo y sucesivo con circunstancias de mayor punibilidad".

El fallo de segunda instancia absolvió inicialmente al expresidente por el delito de soborno en actuación penal a tres exparamilitares cuyo testimonio supuestamente había intentado manipular en contra de Cepeda, pues consideró que "no se acreditó directa o indirectamente que Álvaro Uribe hubiera instigado" dicho delito, y luego lo absolvió del de fraude procesal porque "los hechos para desacreditar son falsos".

Este caso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó al senador Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos, mientras este preparaba una denuncia en el Senado en su contra por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

La Corte no solo decidió no investigar a Cepeda, sino que abrió un proceso contra Uribe al encontrar indicios de que manipuló testigos para evitar que lo relacionaran con los paramilitares.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó la absolución al considerar que el fallo "tapa la historia paramilitar en Colombia" y de quienes "llegaron al poder aliados con el narcotráfico".

Petro cuestionó que el tribunal "repite la historia y contradice a la Corte Suprema de Justicia" al sentenciar que "la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad".

"Ahora (el presidente estadounidense, Donald) Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país", agregó Petro en X, en medio de la nueva crisis diplomática con Estados Unidos por la lucha antidrogas.

La Justicia argentina imputó este martes por lavado de dinero al diputado José Luis Espert, quien renunció este domingo a ser candidato de La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei, en las legislativas del 26 de octubre, tras desencadenarse un escándalo por sus vínculos con un empresario acusado de fraude y narcotráfico en Estados Unidos, según ha informado EFE.

Tras la imputación, el fiscal Fernando Domínguez ha abierto una investigación judicial contra Espert, según confirmaron a EFE fuentes de la causa, a raíz de una denuncia contra el imputado por supuestamente haber recibido 200.000 dólares de una empresa ligada al argentino Federico Andrés 'Fred' Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

El escándalo se desató cuando se hizo público ese vínculo entre Espert y Machado, quien está en arresto domiciliario en Argentina desde abril de 2021. Este martes, además, la Corte Suprema de Argentina resolvió su extradición.

La defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido ante la Audiencia de Madrid su procesamiento por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental, por los que la Fiscalía pide para él 3 años y 9 meses de cárcel.

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, el letrado de González Amador ha presentado un recurso de apelación contra el auto de la titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, que confirmó su procesamiento al apreciar "claros indicios" de que se sirvió de facturas falsas para defraudar, presuntamente, 350.951 euros a Hacienda.

La defensa explica que el recurso "está de forma inescindible vinculado a la denegación de diligencias de instrucción solicitadas en tiempo y forma", que la jueza ya le denegó en mayo y en julio. Dice su letrado que el auto de procesamiento, "sin haberse permitido practicar ni una sola diligencia de instrucción de defensa solicitada en tiempo y forma por Alberto González Amador, constituye la eliminación definitiva de sus derechos fundamentales".

Por eso, su recurso va acompañado de otro escrito en el que solicita la declaración de dos nuevos testigos así como la presentación de un informe pericial tributario, encargado por su defensa, para hacer frente a las acusaciones que le atribuye la jueza y evitar ir a juicio.

El pasado 29 de mayo, la jueza dictó auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento, en el marco de la pieza principal en la que investiga al novio de Díaz Ayuso y a otras cuatro personas por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros y falsedad documental.

González Amador recurrió en reforma ante la jueza pero esta rechazó su recurso al sostener que los indicios contra él se basan en informes de la Agencia Tributaria y en una serie de documentos que "ponen de manifiesto la extensa y pormenorizada investigación llevada a cabo por peritos imparciales".

Además, la instructora consideró "innecesarias" las diligencias solicitadas por la defensa de González Amador, "atendiendo a los indicios de participación del recurrente en los delitos imputados", y le recordó que podrá proponerlas en el juicio.

En esta pieza principal del caso, González Amador está procesado junto a otros cuatro empresarios por defraudar, presuntamente, 350.951 euros entre 2020 y 2021, y utilizar para ello un supuesto entramado de facturas falsas.

A la vez, continúa investigado en una pieza separada por presunta corrupción en los negocios con Quirón Prevención, en la que las acusaciones que ejercen Más Madrid y el PSOE sospechan que pagó a la mujer de un directivo de esta empresa una comisión encubierta de 499.836 euros.

Una corte de apelación de Nueva York invalidó este jueves la multa de 454 millones de dólares impuesta en 2024 al presidente Donald Trump y otros acusados en el caso por fraude civil en su empresa, que impulsó la fiscal estatal Letitia James, según informa EFE.

Un panel de jueces de apelación opinó que la penalización, "que ordena a los acusados pagar casi 500 millones de dólares al estado de Nueva York, es una penalización excesiva que viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos", según recoge CNN.

Los magistrados estuvieron de acuerdo, no obstante, en mantener las medidas cautelares impuestas por el juez Arthur Engoron para "limitar la cultura empresarial" de la Organización Trump, declarada responsable de inflar su patrimonio para obtener préstamos favorables y otros beneficios financieros.

El verano pasado estalló uno de los casos más sonados de la historia reciente de Luxemburgo. Marc Crochet, director general de Cáritas Luxemburgo, denunció el 16 de julio, tras volver de sus vacaciones, que la organización había sufrido un desfalco que había dejado sus cuentas a cero. Seis días después se detuvo como posible responsable a Stéphanie Friob, la directora financiera de la organización, que se presentó ante la policía como víctima de la conocida como 'estafa del CEO'. 

Friob aseguró haber recibido correos electrónicos que suplantaban a Crochet —y a un abogado que supuestamente representaría al director general— en los que se le ordenaba la realización de transferencias bancarias. En total, el fraude ascendió a 61,21 millones de euros, que salieron de las cuentas de Cáritas en más de un centenar de transferencias entre febrero y julio de 2024.

La estafa supuso la paralización de las actividades de Cáritas Luxemburgo. Friob sigue siendo investigada por su posible implicación en la trama, pero hay más detenidos y la justicia de Luxemburgo ha condenado ya a dos ciudadanos búlgaros. Se trata de los primeros sentenciados por este caso que ha sumido a la ONG de la Iglesia católica en Luxemburgo en una crisis financiera absoluta.

Con las transferencias se vació todo el dinero de las cuentas de Cáritas. Incluso decenas de esos millones provenían de préstamos que la ONG había solicitado a bancos de Luxemburgo. Gran parte de ese dinero acabó en cuentas del BBVA pertenecientes a empresas fantasma abiertas por esos dos ciudadanos búlgaros en España.

Tal y como ha adelantado el medio luxemburgués Reporter.lu —socio del consorcio de investigación OCCRP, al igual que infoLibre—, la Séptima Sala Penal del Tribunal de Distrito de Luxemburgo ha declarado culpables a Ivan Teofilov y Rafaelo Iliev, dos ciudadanos búlgaros que ejercieron como los testaferros de menor rango dentro de la trama. Ambos, que llevan en prisión preventiva desde su arresto el pasado mes de enero, han llegado a un acuerdo con la fiscalía y tras cooperar en la investigación, han aceptado el cargo de participación pasiva en una red de fraude. 

El tribunal les ha impuesto una pena de 18 meses de prisión y una multa de 3.000 euros. Debido a su cooperación y a que no tienen antecedentes penales en Luxemburgo ni en Bulgaria, 15 de esos meses han quedado suspendidos. Así que tras la sentencia, y después de haber llegado a un acuerdo, podrían ser puestos en libertad este mismo verano siempre y cuando no incurran en nuevas infracciones.

Entre el resto de detenidos, hay otros supuestos testaferros de la trama. En esos casos, no han llegado a un acuerdo y aún están pendientes de juicio. Todos ellos tenían a su nombre empresas fantasma a las que se les transferían fondos de Cáritas Luxemburgo. Tanto la sentencia contra Ivan como la dictada contra Rafaelo muestran los vínculos de la estafa con España.

El 15 de febrero de 2024, Rafaelo Iliev acudió, acompañado de una mujer, a una notaría en Granada para firmar la constitución de Koselig Partners SL. Cuatro días después hizo lo mismo en Málaga. Allí creó Mondaze Premium SL. Después abrió cuentas bancarias en el BBVA para ambas empresas. Así lo ha explicado el propio Rafaelo a la fiscalía de Luxemburgo. Esas dos sociedades servirían luego como empresas pantalla para desfalcar los fondos de Cáritas en el país europeo.

Aún así, Rafaelo ha asegurado no saber que esas empresas estaban siendo utilizadas para ese fin. Según su declaración, había acudido a España desde Bulgaria con una promesa de trabajo y por ello accedió a firmar los documentos de creación de las empresas y de apertura de las cuentas bancarias. Supuestamente recibió el soplo para ir a España de su amigo Ivan Teofilov, el otro ciudadano búlgaro que ha sido condenado por el caso. 

Ivan le puso en contacto con una persona que supuestamente podía conseguirle trabajo en nuestro país, pero según Rafaelo, tras no conseguir empleo, regresó a Bulgaria sin haber cobrado dinero alguno. El testaferro asegura, aunque el tribunal define parte de sus explicaciones como "inverosímiles", que nunca tuvo control de las cuentas abiertas y que le dijeron que las empresas y las cuentas se cerrarían porque finalmente la oferta laboral que le habían prometido no se había materializado.

Pero esto no fue así. El 22 de marzo de 2024 Rafaelo volvió a Bulgaria y entre finales de mayo y principios de junio algunas de las transferencias de Cáritas Luxemburgo se estaban realizando ya con destino a las cuentas de sus empresas españolas, que nunca habían sido cerradas. Parte de ese dinero se transfirió después a otras cuentas de las mismas empresas fantasma en otros bancos españoles y finalmente se le acabó perdiendo la pista. Otra parte del dinero se movió a cuentas de las empresas de otros testaferros.

Ivan hizo lo mismo que Rafaelo pero unos meses antes. En su caso, abrió tres empresas en España en noviembre de 2023 tras viajar a nuestro país procedente de Londres el 7 de ese mes y quedarse hasta el 15 de diciembre. Las sociedades tenían su supuesta sede en Boadilla del Monte, Madrid ciudad y Málaga. 

Tanto esas tres compañías que se registraron con Ivan como socio y administrador único de las mismas como las dos de Rafaelo constan con una sede social radicada en un lugar de coworking. Estos espacios ofrecen habitualmente a las compañías que les contratan la posibilidad de indicar su sede social en las instalaciones del coworking. En los casos de Ivan y Rafaelo las sentencias hablan directamente de "sociedades ficticias", mismo adjetivo con el que definen las sedes de las supuestas empresas.

A través de esas compañías fantasma, registradas a nombre de los dos ciudadanos búlgaros, salieron algo más de 20 millones de euros del desfalco a Cáritas: unos 14 a través de las de Ivan y otros 6,5 millones a través de las de Rafaelo, según las sentencias dictadas en contra de ambos a las que ha tenido acceso infoLibre. Ese dinero supone un tercio del que perdió la ONG de la Iglesia católica en Luxemburgo. 

"El objetivo era apropiarse, al menos parcialmente, de dichos fondos y redistribuirlos a través de innumerables cuentas en todo el mundo", concluye el tribunal luxemburgués, que también asegura que la labor de ambos "facilitó el movimiento de fondos ilícitos, ocultó su origen y blanqueó el dinero".

Aún así, no está claro aún qué ocurrió exactamente. La policía de Luxemburgo recopiló en un primer momento "indicios sólidos que respaldan la hipótesis de la 'estafa del CEO'", según recogen las sentencias. Pero la exdirectora financiera continúa siendo investigada. Se la acusa de fraude, falsificación, robo, fraude informático y abuso de confianza.

En cualquier caso, las consecuencias para la organización han sido totalmente devastadoras. Tras la denuncia del escándalo, el Gobierno luxemburgués cortó inmediatamente toda subvención pública a la organización y esta ha paralizado, al menos por el momento, sus actividades. Cáritas Luxemburgo se ha centrado, de hecho, en una etapa de reestructuración, auditoría y limpieza administrativa con la intención de volver a poder operar en el futuro.

Las actividades esenciales y las labores de servicios sociales que la organización realizaba en el país, como la atención a refugiados o grupos vulnerables, han sido transferidas a una nueva ONG, llamada Hëllef um Terrain (HUT). Organización a la que se le transfirieron la mayoría de empleados de Cáritas Luxemburgo. Otra parte de las actividades de la ONG ha sido asumida por la Fundación Partage Luxembourg, también católica.

Del mismo modo, los proyectos internacionales de la organización —con programas en países como Sudán del Sur, Ucrania, Moldavia, Laos, Turquía o Bangladesh— han sido asumidos por las divisiones de Cáritas en otros países o por otras organizaciones o, incluso, directamente suprimidos.

Al menos 60 programas en el extranjero han sido cancelados, según informó la propia Cáritas Luxemburgo. La organización también ha tenido que despedir a un centenar de trabajadores, entre empleados en Luxemburgo y en otros países en los que desarrollaban su labor.

Cáritas Luxemburgo, al igual que el resto de divisiones de Cáritas, actúa bajo el paraguas de Caritas Internationalis, una organización no gubernamental, perteneciente a la Iglesia católica y con sede en Roma, que sirve como alianza de las organizaciones de Cáritas existentes en más de 160 países. Las ONG a nivel nacional se dedican a labores humanitarias y de asistencia y servicios sociales. Según la propia organización, Cáritas se dedica a combatir la pobreza, la exclusión, la intolerancia y la discriminación.

A pesar de esa alianza global, las organizaciones estatales cuentan con entidad jurídica propia. Actualmente, Cáritas Luxemburgo "se encuentra en un período de reorganización y estabilización", según indica su propia web. La organización explica que están intentando resolver sus deudas y pagar todas las cuentas que tienen pendientes: "La reanudación de las actividades benéficas, el núcleo de nuestra misión, solo podrá tener lugar una vez finalizada esta fase de consolidación". "Cáritas Luxemburgo mantiene su determinación de continuar su compromiso con los más vulnerables, tan pronto como las condiciones operativas y financieras lo permitan", reza la organización.

Thomas había perdido el manual de instrucciones de su lavavajillas. En noviembre de 2024, mientras buscaba por Internet, este francés de 37 años, residente en Aveyron, se topó con un anuncio de una web que le ofrecía enviarle el documento por 50 céntimos. Seis meses después, se dio cuenta de que la web le había cobrado cada mes, hasta un total de 180 euros, por una “suscripción” que él afirma no haber contratado nunca. “Tuve que bloquear mi tarjeta y nunca recibí el manual”, explica.

Thomas ha sido víctima de un sistema bien montado de estafas en Internet, facilitadas durante años por el gigante francés de pagos con tarjeta bancaria Worldline, pero también por otra empresa llamada PayXpert, controlada desde hace dos años por el gran banco francés Société Générale.

Así lo revela una nueva entrega de la investigación de la serie Dirty Payments, realizada por Mediapart, infoLibre y otros diecinueve medios internacionales coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC), y basada en documentos y datos confidenciales obtenidos por la EIC y nuestro socio Der Spiegel.

Controlada por un holding registrado en Londres, PayXpert, creada en 2009, tiene oficinas en varios países, entre ellos Francia. Su director general y cofundador, el francés Nicolas Riegert, lleva 20 años trabajando en el sector de los pagos.

El 30 de septiembre de 2022, Société Générale anunció su intención de tomar el control de PayXpert para convertirse en “un actor de referencia en el ámbito de la aceptación de pagos en Europa”. La operación se cerró en agosto de 2023 con la adquisición del 60% de la empresa por 34 millones de euros.

Pero Société Générale se guardó muy bien de decir que PayXpert tenía como clientes a decenas de empresas especializadas en estafas por Internet. Algunas de ellas practican la “trampa de la suscripción”, una técnica que consiste en hacer creer a los internautas que pagan una sola vez por un servicio (como la compra del manual de instrucciones de un lavavajillas), ocultándoles que se están suscribiendo a algo que les costará varias decenas de euros al mes.

Para llevar a cabo este tipo de estafas, las webs sospechosas utilizan técnicas sofisticadas (ver el último apartado) para atraer a las víctimas a páginas web que suelen ofrecer el mismo tipo de servicio: venta de libros electrónicos para aprender idiomas, geolocalización de teléfonos, convertidores de documentos a formato PDF o incluso suministro de cartas prerredactadas para cancelar suscripciones a operadores de telecomunicaciones o canales de televisión de pago.

Estos comerciantes electrónicos fraudulentos necesitan proveedores para gestionar sus pagos con tarjeta bancaria. Ahí es donde entra en escena PayXpert. No tiene licencia en Europa, por lo que no tiene derecho a iniciar ni gestionar transacciones. PayXpert es un “facilitador de pagos”, es decir, un intermediario entre los comerciantes electrónicos y las empresas de pago con licencia. Se trata, en particular, de convencerlos para que acepten a los clientes de PayXpert.

A finales de la década de 2010, la empresa de Nicolas Riegert trabajaba, entre otros, con Wirecard, una empresa de pagos alemana con licencia que quebró en junio de 2020 tras descubrirse un gigantesco fraude contable.

En abril de 2020, Wirecard inició una investigación interna sobre los diecinueve clientes que le había aportado PayXpert, sospechando de actividades dudosas. Los resultados fueron catastróficos. La mayoría de las empresas operaban páginas web que practicaban la “trampa de la suscripción”, atrayendo a las víctimas mediante anuncios engañosos (“Has ganado un iPhone, paga 1,95 euros por el envío”). La auditoría añadió que algunos clientes de PayXpert también recurrían al phishing (o suplantación de identidad), es decir, envíaban mensajes “suplantando la identidad de marcas conocidas”.

“Algunas webs son totalmente idénticas, tanto en su estructura como en el coste de las suscripciones ofrecidas”, constataba la empresa alemana, añadiendo que algunas no disponían de menciones legales que permitieran identificar a la empresa que explota la página.

Varias de las empresas que PayXpert aportó a Wirecard están vinculadas a Label Platform, un grupo con sede en Ucrania que parece operar numerosas webs comerciales basadas en la técnica de las trampas de suscripción, a través de empresas ficticias dirigidas por testaferros, según una investigación de la serie Dirty Payments realizada por varios de nuestros medios de comunicación asociados, entre ellos el periódico portugués Expresso.

Niels, un jubilado francés, afirmó a Mediapart haber perdido 400 euros a causa de una de las webs de Label Platform, que ofrece un método para aprender idiomas. “Me encontré esta web en la que solo se indicaba que la prueba costaba menos de dos euros. Al cabo de seis meses, me di cuenta de que me habían cobrado 69,90 euros al mes.” Su dinero acabó, a través de PayXpert, en las arcas de una empresa eslovena. Preguntada por el EIC, Label Platform negó cualquier irregularidad, afirmando que “las estafas por suscripción son una ficción”.

Sin embargo, durante su investigación interna, Wirecard examinó los porcentajes de chargeback, el procedimiento que permite a los clientes obtener un reembolso directo de sus bancos cuando consideran que han sido estafados. En el caso de los diecinueve comerciantes electrónicos aportados por PayXpert, ese porcentaje era muy elevado: más del 15 % del importe de las transacciones de media, e incluso más del 30 % en algunas de las webs vinculadas a Label Platform.

PayXpert “trabaja de forma más que sucia”, escribe indignado un directivo de Wirecard en un correo electrónico de abril de 2020. La empresa de pagos decide inmediatamente denunciar a PayXpert ante la Financial Intelligence Unit (FIU), la agencia alemana de lucha contra el blanqueo de capitales. “No podemos descartar que nuestro cliente haya cometido actos ilegales”, indica la denuncia.

Al mismo tiempo, Wirecard también solicitó explicaciones a PayXpert. Pero la empresa dirigida por el francés Nicolas Riegert no las tuvo en cuenta: transfirió nueve de los comerciantes electrónicos considerados poco fiables por Wirecard (seis de ellos vinculados a Label Platform) a otra empresa de pagos alemana, PayOne, filial del gigante francés Worldline.

Nicolas Riegert no respondió a las preguntas que le envió Mediapart.

En total, PayXpert ha aportado a PayOne al menos 25 empresas de comercio electrónico que explotan en total cerca de 100 páginas web sospechosas. Según datos confidenciales de 2023, PayOne ha operado más de 6 millones de euros en transacciones con tarjeta bancaria para esas empresas en los últimos doce meses.

Hay que decir que esos clientes eran muy rentables: la filial alemana de Worldline cobraba una comisión del 8% por cada pago, cuando esa tasa rara vez supera el 5% para los comerciantes electrónicos con actividades legítimas.

Al ser consultado al respecto, el grupo Worldline se negó a responder, alegando que una empresa que cotiza en bolsa “no puede comentar la situación de sus clientes, pasados o actuales”.

En julio de 2023, el regulador alemán, el BaFin, sancionó a PayOne por incumplimiento de sus obligaciones en materia de lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales (ver nuestra investigación aquí). La filial alemana de Worldline se vio obligada a prescindir de más de 450 clientes considerados como los más indeseables por el BaFin, entre los que se encontraban las veinticinco empresas aportadas por PayXpert.

Según documentos internos, estos comerciantes electrónicos fueron expulsados por PayOne el 23 de julio de 2023, es decir, solo once días antes de que Société Générale completara la adquisición del 60% de PayXpert.

Pero el proceso de adquisición había comenzado casi un año antes y, normalmente, incluye verificaciones exhaustivas, las due diligences, realizadas por el comprador.

¿Había detectado Société Générale que PayXpert trabajaba con empresas dedicadas al fraude online? Y, sobre todo, ¿siguen siendo en la actualidad esos comerciantes electrónicos dudosos clientes de PayXpert?

Preguntada por Mediapart, la entidad bancaria se ha negado a responder sobre el fondo, pero afirma actuar “de conformidad con la normativa” en “todas sus actividades”. La Société Générale precisa que “PayXpert Services […] cumple las normas de conformidad del banco” y que no “comenta ninguna situación particular de un cliente” debido al “secreto bancario”.

Las estafas de suscripción son una lacra para los internautas. Desde el 1 de enero de 2025, la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) francesa ha recibido cerca de 2.900 denuncias de víctimas en su plataforma Signal Conso. “Estamos en pleno apogeo, no deja de aumentar”, confirma Anthony Le Gros, cofundador de Signal-Arnaques, la primera plataforma comunitaria de denuncia de estafas en Francia.

Pero, ¿cómo es posible suscribirse a algo sin querer? Los estafadores comienzan comprando anuncios en Google o en las redes sociales. Las víctimas son dirigidas a un interfaz que les ofrece una compra única o una “prueba gratuita”, y en la que la oferta de suscripción está oculta o es difícil de leer. Se trata de los dark patterns, que podríamos traducir como “interfaces deshonestos”. “Es lo contrario de la ergonomía, aplicado al engaño”, explica Anthony Le Gros.

La estafa, a veces, va aún más lejos. Dependiendo de si el usuario llega a web directamente o a través de un anuncio, la interfaz de la página cambia. En el anuncio es casi invisible la mención de la suscripción. “Las condiciones están escritas en blanco sobre un fondo amarillo, por ejemplo, o en la parte inferior derecha, donde el consumidor mira menos, sobre todo en un móvil”, explica Anthony Le Gros. Luego, cuando las víctimas vuelven a la web, se dan cuenta de que las condiciones de suscripción están claramente indicadas y “se sienten como tontos”.

La investigación Dirty Payments, llevada a cabo por 21 medios de comunicación internacionales coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC) y basada en documentos y datos confidenciales obtenidos por la EIC y Der Spiegel, revela un vasto escándalo financiero a escala europea que expone de forma inédita las fallas estructurales y la ley del silencio que imperan en el sector de los pagos.

Durante diez años, el grupo francés Worldline, número dos europeo en pagos, ha operado con total impunidad miles de millones de euros en transacciones fraudulentas o contrarias a la ética, en nombre de los peores actores del comercio electrónico: estafadores online, casinos ilegales, grupos pornográficos controvertidos, páginas web de prostitución.

Además de Mediapart, los medios de comunicación que han participado en la operación Dirty Payments son NRC (Países Bajos), Le Soir y De Standaard (Bélgica), Der Spiegel (Alemania), Reporters United (Grecia), VG (Noruega), Politiken (Dinamarca), Expresso (Portugal), infoLibre (España), todos ellos miembros del EIC, así como TBIJ e ITV News (Reino Unido), SRF y Die Wochenzeitung (Suiza), Dagens Nyheter (Suecia), Snoop.ro (Rumanía), TVN24 (Polonia), 24.hu (Hungría), HlídacíPes.org (República Checa), Drop Site News (Estados Unidos) y Toronto Star (Canadá).

Coordinación: Stefan Candea (EIC) y Yann Philippin (Mediapart)

Análisis de datos: Yann Philippin (Mediapart), Konstantina Maltepioti (Reporters United), Christoph Winterbach (Der Spiegel) y Rik Wassens (NRC)

Diseño gráfico: Lynne Brouwer (NRC), Elsa Hundertmark (Der Spiegel) y Simon Toupet (Mediapart)

Traducción de Miguel López

En junio de 2023, Aurélie, una mujer de Burdeos de 45 años, se encuentra inmovilizada en su casa debido a una lesión en el tobillo. Para combatir el aburrimiento, juega mucho al Candy Crush en el teléfono. “En el juego, veo un anuncio de unos zapatos muy elásticos, casi ortopédicos, por solo 13 euros”, cuenta. “Era justo lo que buscaba debido a mi lesión”. Aurélie hizo clic y pagó. Nunca recibió nada. Cuatro meses más tarde, su banco le avisó de movimientos sospechosos en su cuenta: “Me di cuenta de que me estaban cobrando 15 euros al mes. En total, perdí 60 euros”, afirma.

Aurélie es una de las numerosas víctimas del grupo Aether. Este imperio secreto de la estafa online, cuyos ingresos ascienden a 170 millones de euros al año, lleva diez años prosperando con total impunidad, explotando cientos de webs falsas destinadas a estafar a los internautas. Todo ello gracias a la pasividad, o incluso a la complicidad, del gigante francés de pagos Worldline. Solo en 2023, este gestionó alrededor de 55 millones de euros en transacciones con tarjeta bancaria por cuenta de Aether.

Así lo revela la nueva investigación de la serie Dirty Payments, realizada por Mediapart, infoLibre y otros 19 medios de comunicación internacionales coordinados por la red European Investigative Collaboration (EIC), y basada en documentos y datos confidenciales de Worldline obtenidos por la EIC.

Nuestros socios NRC, Politiken, Der Spiegel, TBIJ e ITV News también han investigado en las entrañas de la web y sobre el terreno, en Dinamarca, los Países Bajos, Dubái y Filipinas, recopilando numerosos documentos y testimonios de exempleados. Esta gran cantidad de información ofrece una visión inédita y sorprendente de los entresijos de una auténtica multinacional del fraude online.

Preguntados por la EIC, Aether y sus directivos afirman que nunca han llevado a cabo actividades ilegales o fraudulentas y que respetan todas las leyes y normativas vigentes (ver sus respuestas completas en los anexos a este artículo).

Inicialmente denominado Linkmedia, el grupo pasó a llamarse Aether en 2023. Se presenta en su página web como una “agencia de marketing global omnicanal” con sede en Dubái y presente en veinte países, con oficinas en Ámsterdam, Copenhague, Nueva York, Hong Kong y Manila. Pero no se indica ninguna dirección ni aparece ningún número de teléfono. Y Aether es solo una marca: no existe ninguna empresa con ese nombre en Dubái.

Los dos hombres clave del grupo son el danés Kristian Møller y el neerlandés Niels Denekamp. Les gusta el lujo, los grandes coches y las joyas de oro, pero han hecho todo lo posible por permanecer en la sombra. No hay prácticamente información sobre ellos en Internet, ni foto alguna.

Kristian Møller, de 40 años, es el fundador. Antes de instalarse en Dubái hacia 2014 y crear Aether, ya tenía en Dinamarca una próspera agencia de marketing digital, activa sobre todo en el sector del porno.

A partir de 2008, una de sus empresas compró numerosas direcciones de Internet con nombres explícitos, como Ilikelittlegirls.com (me gustan las niñas) o Abused-teens.com (adolescentes violadas), algunas de las cuales conducían a páginas web que indicaban que los vídeos de actos sexuales habían sido “pirateados” y/o publicados para “vengarse” de las mujeres (revenge porn). El abogado de Kristian Møller nos respondió que su cliente no había creado ninguno de esas webs.

Según varios testimonios, Møller se retiró de la gestión diaria de Aether y ahora vive en Ibiza, donde se ha comprado una villa de más de 3 millones de euros. En 2021, cedió el control del grupo a un experto en publicidad en Internet, Niels Denekamp, de 36 años.

Hemos recopilado en la página web Trustpilot más de 3.400 opiniones de consumidores de todo el mundo, entre ellos docenas de franceses, que han sido víctimas de abusos por parte de webs que nuestra investigación Dirty Payments ha podido relacionar con Aether. “Ladrones sin escrúpulos”, se queja uno de ellos. “Una estafa de primera”, comenta otra víctima, que dice haber perdido 1.500 euros.

Todos afirman haber sido víctimas de un fraude de suscripción. Vieron en Google, Facebook, Instagram o TikTok anuncios de loterías (“Paga 2 euros y gana un iPhone”) u ofertas de todo tipo de productos en promoción por menos de 10 euros: hervidores, sujetadores, chándales, futbolines...

Pero nunca recibieron ningún paquete y se encontraron suscritos, sin saberlo, a todo tipo de webs (streaming de música y películas, videojuegos online, clubes de compras con descuentos, etc.) que les cobraban varias decenas de euros al mes. “La mayoría de la gente no se da cuenta de que en realidad ha ‘firmado’ una suscripción. Es el modelo de negocio. Y cuando lo haces con suficiente gente, se gana mucho dinero”, explica un exempleado.

Hilbert, un contable neerlandés, pagó 7,95 euros por una caja de Lego que normalmente cuesta más de 100 euros. Más tarde descubrió que una página web de consejos de fitness, Privatefitt365.com, le cobraba 90 euros al mes.

En el Reino Unido, las víctimas fueron objeto de otra técnica ingeniosa, que consiste en colocar en los parquímetros códigos QR que indican que hay que pagar el estacionamiento por adelantado. John Oliver, un policía jubilado, fotografió uno de estos códigos QR con su teléfono. Se encontró suscrito a una web de vídeos online, Inn2flix.com.

Esas webs, cuyo diseño es casi siempre el mismo, están destinadas a convencer a los bancos y a las empresas de pago de que el negocio es legítimo. Pero parecen falsos. Nuestra investigación muestra que la mayoría de ellos están diseñados para no ser indexados por Google, por lo que son casi imposibles de encontrar. Y parece poco probable que la gente se suscriba voluntariamente.

Por ejemplo, la web de cine Inn2flix.com ofrece, por 65 euros al mes, películas de serie B desconocidas como Las chicas de la playa y el monstruo o Atlas en el país de los cíclopes. Cuando intentamos suscribirnos a Inn2flix.com de forma convencional, sin ser redirigidos a la web por un anuncio, nuestros intentos de pago con tarjeta fracasaron.

En Dubái, nuestros socios NRC y Der Spiegel han recabado el testimonio de un exempleado de Aether, al que llamaremos John. Ha solicitado el anonimato porque firmó una cláusula de confidencialidad, pero también por vergüenza de haber trabajado para la empresa.

John pensaba que había sido contratado por una agencia de marketing online. Según su testimonio, su jefe de equipo fue muy directo desde el primer día, cuando formaba a los nuevos empleados: “Vamos a trabajar con páginas web fraudulentas”.

Todos los días, John respondía a mensajes de clientes de todo el mundo que se quejaban de que una web de la que nunca habían oído hablar les cobraba cada mes. Su misión era la de convencerles de que se habían suscrito voluntariamente. “A menudo se trataba de suscripciones de varios meses. Si insistían o se mostraban amenazantes, les devolvíamos los dos últimos meses”. John añade que recibía amenazas todos los días: “Algunos decían que nos degollarían si no les devolvíamos el dinero”.

Para ayudar a sus empleados a soportar el estrés y la vergüenza, Aether los cuida bien, con buenos salarios y vacaciones generosas. La suscripción al gimnasio es gratuita. Cada equipo tiene un presupuesto para organizar cenas entre compañeros, excursiones al desierto o sesiones en la famosa pista de esquí indoor de Dubái. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, las empleadas se encuentran una rosa y una tableta de chocolate en su mesa al llegar por la mañana a la oficina.

A excepción de la sesión informativa del primer día, nadie en la empresa menciona nunca que la actividad principal consiste en engañar a los consumidores. Aether hace todo lo posible para que los empleados se sientan como en una empresa normal.

Y, en cierto modo, lo es.

Varias fuentes nos han contado cómo Aether ha logrado industrializar el fraude, racionalizando todos los procesos. Hace unos años, el grupo incluso deslocalizó su centro de llamadas a Filipinas para reducir costes. Como cualquier multinacional.

Los anuncios son realizados por “afiliados”, captadores digitales remunerados por clic o por porcentaje. En la sede de Dubái, un equipo supervisa en tiempo real la eficacia de las campañas. Los internautas que caen en la trampa aterrizan en páginas de pago, que distribuyen los nuevos “suscriptores” entre las cientos de webs del grupo.

Si hay tantas, es para que la facturación de cada empresa sea baja y así pasar desapercibida. Un procedimiento, denominado chargeback, permite a los consumidores obtener el reembolso de su banco denunciando un fraude. Visa y Mastercard establecen límites máximos en este ámbito, que deben respetar las empresas que gestionan los pagos con tarjeta bancaria. En Visa, por ejemplo, no se inicia ninguna investigación sobre un comerciante electrónico que cometa un fraude inferior a 50.000 euros al mes.

En Aether, se sigue de cerca la tasa de fraude de cada web. “Si la proporción de transacciones problemáticas se vuelve demasiado alta, cerramos la página temporalmente”, cuenta un exempleado. “Si realmente no hay otra solución, la cerramos definitivamente”. Y otra le hace el relevo inmediatamente.

Las webs se fabrican en cadena, en particular por un pequeño equipo de desarrolladores con sede en Bishkek, capital de Kirguistán. Hemos podido acceder a algunas de las webs en preparación. En la parte inferior de la página de inicio, donde pronto aparecerá el nombre del operador, se lee “empresa ficticia”.

Las webs pertenecen a cientos de sociedades pantalla, la mayoría registradas en el Reino Unido y Chipre. Las agencias de domiciliación locales se encargan de reclutar a los testaferros que figuran como propietarios. Hay un limpiador de ventanas londinense, un terapeuta británico o el propietario lituano de una perrera.

Esas personas anónimas solo poseen una empresa y no tienen ninguna relación entre sí. Normalmente es imposible descubrir que estos cientos de comerciantes electrónicos están controlados de facto por Aether.

Hemos llegado a esto gracias a documentos confidenciales del grupo francés Worldline. Desde 2016, el número dos europeo en pagos ha gestionado las transacciones con tarjeta bancaria de 290 empresas y más de 1.000 páginas web que figuran en su lista interna como controladas por Linkmedia, el nombre de Aether en aquel momento. Según datos de 2023, Worldline gestionó alrededor de 55 millones de pagos durante el año pasado en nombre de la multinacional dedicada al fraude.

Nuestros documentos demuestran una gran proximidad entre las dos empresas. Una auditoría interna de junio de 2023 indica que Worldline sabía que cientos de empresas, oficialmente independientes, estaban en realidad controladas por “grupos”, entre ellos Linkmedia. Pero los empleados del departamento de “riesgos” recibieron la orden de no decírselo nunca a Visa, Mastercard ni a los reguladores, ya que esos grupos “no tienen existencia legal y Worldline no debe saber que existen”.

En noviembre de 2021, Worldine aceptó como clientes, de golpe, a 131 nuevos comerciantes electrónicos de Linkmedia, sin realizar inmediatamente verificaciones sobre los propietarios de las empresas, incumpliendo así sus obligaciones reglamentarias.

La auditoría interna de 2023 señala que las conversaciones comerciales se llevan a cabo directamente “con Linkmedia, no con las empresas” que operan oficialmente las webs. En febrero de 2022, hubo una reunión de trabajo de directivos de Linkmedia-Aether y Worldline en Bruselas. A partir de octubre, incluso se celebraron reuniones mensuales por videoconferencia. La primera se centró, en particular, en el “hambre de riesgo" de ambos grupos (ver nuestro documento más abajo).

Worldline sabía que el nivel de fraude era elevado: el 10% del importe de las transacciones en un mes de 2023, según nuestros datos confidenciales. Pero el líder francés en pagos esperó hasta marzo de 2024 para poner fin a su relación con Aether, en el contexto de una grave crisis interna que obligó al grupo a prescindir de más de 1.300 clientes, entre los más problemáticos.

Worldline se negó a responder a nuestras preguntas, alegando que una “empresa que cotiza en bolsa [...] no puede comentar la situación de sus clientes, pasados o actuales”.

En el verano de 2022, un informático de 30 años, al que llamaremos Paul, comienza su nuevo trabajo en la HOI Agency, en pleno centro de Ámsterdam. Pensaba que había sido contratado por una empresa de “marketing digital”. Sin embargo, se encuentra inmerso en el segundo negocio de Aether: la estafa del amor.

HOI Agency desarrolla webs falsas de citas, como Searchingforsingles.com para el mercado estadounidense o MyDirtyNeighbour.com en el Reino Unido. Están llenas de perfiles falsos creados con fotos robadas.

Entre las mujeres cuya identidad ha sido usurpada, hemos identificado a una famosa estrella de reality shows belga, una actriz y modelo estadounidense, actrices porno y mujeres anónimas, como Tamzin Burch. “¿Se dan cuenta de las consecuencias de lo que hacen? Solo piensan en el dinero, les da igual todo y viven una vida de lujo en Dubái”, dice indignada esta británica de 25 años.

El modelo económico de estas páginas web es sencillo: hay que pagar por cada mensaje enviado. En Searchingforsingles, cinco mensajes cuestan cinco dólares, y un paquete de 250, hasta 230 dólares. Pero las personas que responden son empleados de una empresa controlada por Aether. Para empujar a las víctimas al consumo, envían rápidamente fotos íntimas.

Cuando Paul expresó a la dirección sus dudas sobre la legalidad de esta práctica, le respondieron que todo era legal, alegando que la existencia de perfiles “ficticios” se indica en las condiciones generales de uso de las páginas web. Pero es evidente que algunos clientes no han leído la letra pequeña, como demuestran las capturas de pantalla de algunos intercambios que hemos obtenido.

Nathan es un estadounidense de 70 años que vive en Virginia. En abril de 2024, ya había intercambiado 800 mensajes en Searchingforsingles con una joven musulmana de 33 años que parece muy cariñosa. A veces, sus respuestas no son muy coherentes o contienen faltas ortográficas. Pero el hombre no se da cuenta. Está loco por ella. Nathan le escribe que quiere vivir con ella, que la espera, que la echa de menos.

En realidad, Nathan habla con varias personas diferentes, cuyos nombres aparecen en nuestros documentos. Forman parte de los cientos de empleados del centro de llamadas de Aether en Filipinas, que se turnan detrás de las pantallas las 24 horas del día.

Nuestro socio Politiken visitó Taguig, una ciudad en las afueras de Manila. El centro de llamadas está ubicado en un edificio de hormigón y cristal, justo enfrente de una atracción local: el Venice Grand Canal Mall, un enorme centro comercial que imita la Serenísima, con góndolas y canales.

Tras numerosas negativas, algunos operadores aceptaron hablar con nosotros bajo condición de anonimato. Un exempleado, al que llamaremos Antonio, cuenta que sus jefes le presionaban para que enviara entre 32 y 35 mensajes por hora.

“Hablábamos mucho de ello en la oficina, muchos empleados tienen problemas con lo que hacemos”, cuenta. “Pero la dirección nos dice que no hacemos nada malo, porque la gente compra créditos voluntariamente para enviar mensajes”.

Se sentía incómodo, pero dice que necesitaba ese trabajo para vivir. “Al cabo de un tiempo, dejé de enviar mensajes de carácter sexual a los clientes, solo para sentirme un poco mejor. En su lugar, les pedía que me contaran cómo les había ido el día. Algunos realmente creen que están hablando con personas reales. Uno de ellos incluso vendió sus pertenencias para poder seguir chateando, mientras que otros decoraban sus casas como si fuéramos a vivir juntos.” Antonio acabó dejando la empresa.

A veces, los empleados de Aether se suben a un avión en Manila, Ámsterdam, Biskek o muchas otras ciudades y vuelan a Dubái a divertirse con los directivos. Eso es lo que ocurrió una semana antes de Navidad de 2023, cuando Linkmedia pasó a llamarse Aether.

Para la ocasión, el grupo privatizó el Kyma Beach, un club de playa de lujo con piscina, en una de las islas artificiales del emirato. Todo el mundo va vestido de blanco, es el código de vestimenta impuesto. El joven director neerlandés de Aether, Niels Denekamp, bebe una cerveza en la barra. Lleva dos pulseras de oro y otra adornada con perlas en la muñeca derecha, y una cadena de oro sobre la camisa abierta.

Hubo tarta blanca con velas. Cuando el DJ subió el volumen, los empleados, acalorados, hacían girar las toallas. Una velada perfecta. Para olvidar el dinero sustraído de las cuentas bancarias de las víctimas de múltiples estafas.

Desde su ventana, Niels Denekamp puede admirar el Burj Khalifa, la torre más alta del mundo, con 828 metros de altura. Vive en la planta 23 de Vida Residence, un rascacielos residencial con jardín, piscina, restaurante y gimnasio. Los apartamentos más baratos se alquilan por 7.000 euros al mes.

Para el grupo Aether, Dubái solo ofrece ventajas. En las numerosas zonas francas del emirato, el impuesto de sociedades es del 0%. No hay que presentar cuentas en el registro mercantil. El nombre de los accionistas es secreto y la cooperación judicial internacional es prácticamente inexistente.

Aether ha creado al menos cuatro sociedades ficticias en Dubái. El centro de llamadas de Manila, por ejemplo, pertenece a una empresa llamada Commenture, ubicada en un edificio que alquila oficinas compartidas. Su sede se reduce precisamente a una sola oficina vacía (ver foto). “Nunca vienen por aquí”, nos dijo el conserje.

La única empresa de Aether en Dubái que tiene empleados reales se llama HelpFuel Services, que es la que alberga la sede del grupo. Cuando preguntamos en recepción si Niels Denekamp está disponible, la secretaria se pone nerviosa: “Niels no está en la oficina hoy y es posible que tampoco venga mañana. Ya sabe cómo es, siempre ocupado”. Aun así, llama a su jefe y nos comunica que, lamentablemente, no puede recibirnos. Ni hoy, ni mañana, ni en un futuro próximo.

Por la noche, nos llama el abogado holandés de Niels Denekamp. Nos ordena que no nos acerquemos al director general de Aether ni a ninguna persona relacionada con él sin haber concertado una cita, y “que no permanezcamos cerca de su oficina”.

A continuación, enviamos una larga lista de preguntas. Solo recibimos respuestas muy breves. “Niego categóricamente cualquier acusación de conducta ilegal o fraudulenta. Siempre he llevado mis negocios respetando todas las leyes aplicables”, nos indicó el fundador de Aether, Kristian Møller.

“Cualquier sugerencia de que estoy involucrado en prácticas ilegales o engañosas es infundada”, afirma el director general Niels Denekamp. Invoca la “presunción de inocencia” y se “reserva el derecho” de emprender acciones legales contra nosotros.

Por su parte, el grupo Aether afirma que no controla ningún sitio de comercio electrónico: “Aether es un proveedor de infraestructura digital y servicios. […] Proporcionamos soluciones de desarrollo web, alojamiento, análisis y marketing a una amplia gama de comerciantes online de todo el mundo. Esos comerciantes operan de forma independiente. Aether no es propietaria de sus empresas. Cualquier afirmación de que Aether Group es el beneficiario efectivo de una red de sociedades ficticias es rotundamente falsa.”

La investigación Dirty Payments, llevada a cabo por 21 medios de comunicación internacionales coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC) y basada en documentos y datos confidenciales obtenidos por la EIC y Der Spiegel, revela un vasto escándalo financiero a escala europea que expone de forma inédita las fallas estructurales y la ley del silencio que imperan en el sector de los pagos.

Durante diez años, el grupo francés Worldline, número dos europeo en pagos, ha operado con total impunidad miles de millones de euros en transacciones fraudulentas o contrarias a la ética, por cuenta de los peores actores del comercio electrónico: estafadores en línea, casinos ilegales, grupos pornográficos controvertidos, páginas web de prostitución.

Además de Mediapart, los medios de comunicación que han participado en la investigación «Dirty Payments» son NRC (Países Bajos), Le Soir y De Standaard (Bélgica), Der Spiegel (Alemania), Reporters United (Grecia), VG (Noruega), Politiken (Dinamarca), Expresso (Portugal), InfoLibre (España), todos ellos miembros del EIC, así como TBIJ e ITV News (Reino Unido), SRF y Die Wochenzeitung (Suiza), Dagens Nyheter (Suecia), Snoop.ro (Rumanía), TVN24 (Polonia), 24.hu (Hungría), HlídacíPes.org (República Checa), Drop Site News (Estados Unidos) y Toronto Star (Canadá).

Coordinación: Stefan Candea (EIC) y Yann Philippin (Mediapart)

Análisis de datos: Yann Philippin (Mediapart), Konstantina Maltepioti (Reporters United), Christoph Winterbach (Der Spiegel) y Rik Wassens (NRC)

Diseño gráfico: Lynne Brouwer (NRC), Elsa Hundertmark (Der Spiegel) y Simon Toupet (Mediapart)

Esta investigación sobre Aether ha sido realizada por NRC, Politiken, Der Spiegel, The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), ITV News y Mediapart. El reportaje en Dubái ha sido realizado por NRC y Der Spiegel, y el de Filipinas por Politiken. 

Traducción de Miguel López

Los aficionados a la pesca, los hipsters tatuados, la gente fit, los fans de los museos o los técnicos de rayos X pueden buscar el amor online y ni siquiera hace falta que usen Tinder o cualquier otra app. Todos ellos pueden encontrar pareja a través de supuestas webs de citas que buscan unir a personas específicamente de estos perfiles. Porque, ¿cómo un técnico de rayos X no querría conocer exclusivamente a otros técnicos de rayos X? Pues para encontrar el amor entre ellos existe una web llamada xraytechsfindaconnection.com.

Aunque, en realidad, tanto este como al menos otros 80 supuestos sitios de citas gestionados por empresas españolas son falsos. Así lo revela la investigación Dirty Payments, llevada a cabo por infoLibre y otros 20 medios de comunicación de todo el mundo coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC) y basada en documentos y datos confidenciales obtenidos por EIC y el medio alemán Der Spiegel.

Las webs, que no funcionan realmente, estarían sirviendo como tapadera a una serie de empresas, radicadas todas ellas en Mallorca, para lo que podría ser una gran operación de blanqueo de capitales. 

Dirty Payments ha revelado que Worldline, un proveedor de pagos francés, ha procesado durante años miles de millones de euros en transacciones fraudulentas o con comercios de dudosa ética —como estafadores, casinos online que incumplen la ley o sitios de prostitución, entre otros—. Entre esos negocios están también las empresas que hay detrás de estas páginas web.

Las supuestas webs no se pueden encontrar a través de buscadores como Google porque no están indexadas, lo que significa que no han sido registradas en los buscadores ni en sus bases de datos y, por lo tanto, no aparecen en sus resultados. Así, es complicado pensar que alguien vaya a poder encontrarlas para hacer uso de ellas. Además, los sitios tampoco permiten a los usuarios pagar para acceder al servicio premium una vez ya son miembros de la página, según ha podido comprobar este medio tras registrarse en varios de ellos. 

Sin embargo, esto no impide que las sociedades que hay detrás muevan grandes cantidades de dinero. La red existe también en otros países y en España está formada por, al menos, 25 empresas. Todas procesaban sus pagos a través de la multinacional francesa Worldline. Entre las 25 sociedades de la trama española que seguían operando en 2023 con esta empresa cargaron unos 14,5 millones de euros en transacciones, según los datos internos de Worldline de 2023, que abarcan un período de un año, y que han sido obtenidos por Dirty Payments. 

La incógnita es de dónde procede exactamente ese dinero. Lo que sí se sabe es que se estaría estafando a personas, según demuestran las quejas de usuarios publicadas en internet y un caso de phishing que se utilizó para conseguir datos de tarjetas para una empresa inglesa de la misma trama. El dueño de una de las sociedades mallorquinas asegura a infoLibre que ni siquiera sabe el origen de las transacciones que llegan a su supuesto negocio.

infoLibre le preguntó cómo llegan los clientes a esas supuestas webs de citas. "No tengo ni idea. Yo solo pongo mi pasarela para facturar. Esto está en Estados Unidos. Me lo llevan directamente desde allí. La empresa me llega a partir de un contacto que tengo desde hace muchos años, otra persona que tiene una empresa similar. No sé qué es el dinero que me llega exactamente. Yo solo cobro la comisión. Un cero coma cero, cero, cero… por ciento de las transacciones de tarjetas. La sociedad es mía pero no tengo ni idea de qué se publica. El negocio son comisiones de tarjetas", explica.

Quien habla es Sebastián Ribot Thomas, socio único y administrador único de Colonial Productions SL, una de las empresas de la trama. La empresa de Ribot ha sido dueña de, al menos, buildyourlovelife.com, findalovelifetoday.com, heartsopentolove.com y rapfansfindlove.com. Ya no están operativas, pero las webs funcionaron hasta, al menos, 2022 y la empresa siguió facturando a través de Worldline hasta, al menos, principios de 2024. 

De las 81 páginas de citas localizadas por Dirty Payments en la trama mallorquina, 57 seguían activas y operativas este 12 de junio. Aun así, es habitual que estas sociedades dejen de operar con determinadas webs y abran otras nuevas para complicar así la posibilidad de ser rastreadas.

Las empresas mallorquinas dependen de un grupo norteamericano llamado iMerchant - Eureka, que procesaba sus pagos a través de Worldline. iMerchant - Eureka tiene una red de sociedades distribuida por distintos países y es uno de los oscuros negocios que llegó a la multinacional francesa a través de Emerchantpay (EMP), una compañía británica que ha actuado durante años como agente de Worldline proporcionándole muchos de los clientes de dudosa reputación. 

El entramado está dirigido por Andrew Garroni, un productor estadounidense de películas eróticas y de terror devenido en estafador online. iMerchant es una empresa canadiense propiedad de Garroni, actualmente inactiva. Eureka hace referencia a Eureka Multimedia Group, una empresa californiana de marketing digital propiedad también de Garroni.

El grupo operaba más de 150 empresas fantasma dueñas de, sobre todo, webs falsas de citas. Entre ellas están las 25 mallorquinas, pero también, al menos, otras 92 de Reino Unido, 40 de Chipre y dos de Países Bajos, según los datos internos del proveedor de pagos Worldline obtenidos por EIC. 

Los fraudes de Garroni no son nuevos. En 2007, sus socios y él tuvieron que pagar una indemnización de 550.000 dólares en Estados Unidos por un fraude digital. Ofrecían a usuarios de internet instalar un software en sus ordenadores que les permitía ver películas. Pero se trataba de un software malicioso que, alegando que había expirado un supuesto "periodo de prueba", mostraba continuamente mensajes de gran tamaño en las pantallas de los ordenadores para obligar a las víctimas a pagar para deshacerse de ellos.

De todos modos, las empresas de la red de Andrew Garroni no solo han trabajado con Worldline. Lo hicieron también, al menos, con la extinta alemana Wirecard, otra empresa que operaba como proveedor de pagos y en la que surgieron problemas con numerosas transacciones de las empresas asociadas a Garroni y su grupo. 

En el verano de 2020, Wirecard quebró tras protagonizar el mayor escándalo financiero de la historia de Alemania. Además de descubrirse un agujero de 1.900 millones de euros en las cuentas manipuladas de la hasta entonces elogiada empresa, se hizo pública su connivencia con múltiples clientes poco recomendables. Entre ellos, varios esquemas de empresas fantasma. Los máximos ejecutivos de Wirecard acabaron en la cárcel.

Gracias a documentos obtenidos por Der Spiegel, se ha comprobado cómo Wirecard registró al menos 87 empresas como propiedad de Garroni a pesar de no estar inscritas como suyas en sus respectivos países. Entre ellas constan 12 de las mallorquinas.

Una de esas 12 es Colonial Productions SL, la compañía registrada a nombre de Sebastián Ribot. Aun así, Ribot, que es gerente de una inmobiliaria en Palma, asegura a infoLibre no saber quién es Garroni. Al ser preguntado por si tiene algún tipo de contrato o acuerdo comercial firmado con esas personas o empresas que asegura que le llevan el asunto de la sociedad, responde de manera afirmativa. No obstante, Ribot no ha querido contestar a más preguntas de este medio: "Es información confidencial". Antes de finalizar la conversación, aseguró que si infoLibre quería saber más, debía hablar con su asesor fiscal y se ofreció a que este realizara una llamada a este medio. El supuesto asesor nunca contactó.

El asunto parece no solo confidencial, también familiar. Sebastián Ribot es, como se ha mencionado, dueño de Colonial Productions SL. A su vez, su pareja, Tamara Morell, es propietaria de Smores Marketing SL, la empresa que gestiona, entre otras, la web supuestamente destinada a técnicos de rayos X. Su hermana, Bárbara Ribot Thomas, tiene registrada South Pointe Advertising SL y su cuñado, José 'Pepe' Nájera-Aleson Serrada, Coco Plum Technologies SL. También dos primos de Sebastián y Bárbara, Antonio 'Toni' Thomas Caldentey y Juan Miguel 'Juanmi' Thomas Caldentey, tienen dos empresas de la trama: Toffee Marketing SL y Liberty Networking SL, respectivamente.

Entre la familia administran seis de las 25 empresas de la trama. La cosa no queda ahí. Bárbara Ribot tiene varios negocios en Mallorca. Una clínica dental donde trabaja la dentista Ledya Salamanca Villazón, propietaria de Captain Jack Investments SL. También coincide con Eneisy Pérez Gutiérrez en la sociedad de un restaurante de la isla, de la que ambas son apoderadas. Eneisy Pérez es la dueña de Milano Productions SL. Además, el hermano de esta, Ramón Pérez Gutiérrez, es el socio único de Russel Trading SL.

Tanto Captain Jack Investments como Milano Productions y Russel Trading constan en los documentos y datos de Worldline como empresas parte de iMerchant - Eureka. Además, las dos últimas aparecen como propiedad de Garroni en la documentación de Wirecard.

infoLibre ha logrado hablar por teléfono con varios de los propietarios de estas sociedades, como es el caso de Toni Thomas, Ledya Salamanca o Eneisy Pérez. Los tres colgaron cuando este medio comenzó a preguntarles por sus compañías y la red mallorquina.

No son las únicas personas relacionadas entre sí que forman parte de la trama. Es algo habitual entre las 25 empresas. Por ejemplo, Jorge Daniel von Ledebur y Sabine Morgen son pareja y cada uno de ellos es dueño de una sociedad de la red. Von Ledebur es otro de los que ha accedido a atender, al menos en parte, a infoLibre.

En la llamada, la primera pregunta de infoLibre fue a qué se dedicaba Pop Corn Technologies SL, la sociedad que administra. "Servicios de internet" fue su respuesta. La mayoría de empresas de la trama declaran ante el Registro Mercantil dedicarse a una de estas dos actividades económicas: o bien al "comercio al por menor por correspondencia o internet" o bien a los "servicios administrativos combinados". Otras cuantas declaran realizar "actividades de las agencias de cobros y de información comercial".

La empresa de Von Ledebur declara la opción del comercio al por menor. Este medio, en la llamada, le comenta que la sociedad gestiona webs como artistfindlove.com o singleteachersfindlove.com. "Es trabajo común de internet, son páginas de citas, no hay un gran qué detrás", responde él. infoLibre le pregunta entonces cómo consiguen clientes si no están indexadas en Google. "No es necesario indexarlas. La gente entra. Ya está. Más no hay que decir. No puedo decir cómo llegan, sería revelar trucos".

Von Ledebur, al igual que Sebastián Ribot, negó conocer el grupo iMerchant y a Andrew Garroni. También se le preguntó por la gran presencia de este tipo de empresas y webs en Mallorca. "A la creación de estas webs se llega hablando con amigos, tips por aquí, tips por allá…". 

Tras esa respuesta, infoLibre le pregunta de forma clara: "Hemos intentado suscribirnos en las webs y no dejan pagar, ¿son webs de citas reales o no existen?". Tras siete segundos en silencio, responde: "Esto ya no te lo sé decir concretamente. Son servicios que compramos y ya está". Von Ledebur, que gestiona la empresa desde su creación en enero de 2019, se negó a aclarar a quién compraba estos servicios y a responder a más preguntas de infoLibre.

Las empresas pantalla mallorquinas, como Pop Corn Technologies SL, son sociedades limitadas creadas con el mínimo capital exigido por la ley española, 3.000 euros, entre los años 2012 y 2019, y carecen de trabajadores. 

De acuerdo con la información que de ellas posee el Registro Mercantil, sus administradores y accionistas únicos —para cada empresa se trata siempre de una sola persona— acostumbran a estar relacionados entre sí. Hay familiares, amigos, parientes y también socios en otros negocios. Otras dos de ellas, por ejemplo, son Andrea Arregui y Noemí Valera. Las dos trabajan en el Bar Havanna, que se encuentra en Palma.

Las 25 empresas se dedican todas a las falsas webs de citas. El patrón se repite con las empresas de iMerchant en otros países. La gran mayoría tienen supuestos sitios de dating, aunque también hay algunas destinadas al sector de los videojuegos con un modus operandi similar al de las webs falsas de citas. 

La mayoría de las sociedades mallorquinas poseen exactamente cuatro páginas web de citas. Todas están en inglés y presentan diseños muy similares. En muchos casos se trata de réplicas basadas en una misma plantilla, con fotos de catálogo de gente joven, guapa y sonriente de diferentes etnias. 

También cuentan con un centro de atención al cliente asociado a cada página web de citas. Los textos que informan a los supuestos clientes en estas páginas web secundarias son idénticos. Estos centros son direcciones webs más cortas que la página de citas pero replicando un nombre similar. En estas se incluye un número de teléfono (muchas veces comenzando con el prefijo 877 o 866, gratuitos en Estados Unidos y Canadá) y un correo electrónico, a veces hasta un chat. 

Estas webs secundarias son habituales en este tipo de negocios. Si, por ejemplo, hablamos de una página web real de citas, pornografía o prostitución, es común que luego tengan una segunda dirección creada únicamente con iniciales o con un nombre poco claro. Así, los cargos a sus clientes se realizan desde esta segunda dirección y no dejan el mismo rastro que si se hicieran desde la página web con el nombre completo del sitio.

Por ejemplo, el centro de atención al cliente asociado a la web xraytechsfindaconnection.com es xrutchfnd.com. De hecho, al intentar suscribirse a la supuesta página para ligar, la web ya avisa de que el pago llegará asociado a xrutchfnd.com. infoLibre ha intentado pagar una suscripción a esta web, entre otras, pero la pasarela de pagos da error al rellenar la información. El sitio devuelve un aviso asegurando que la tarjeta ha sido denegada, a pesar de que toda la información indicada para el pago era correcta.

Las empresas en ocasiones también tienen su propia web corporativa, que se hace pasar por una empresa de servicios de internet o de marketing, donde consta una dirección de correo electrónico y un teléfono español. infoLibre ha llamado a varios de esos números. En ninguno hemos conseguido que nos llegue a atender un operador. Siempre aparece una grabación, en inglés, que anuncia que en ese momento la empresa está ocupada y que se puede dejar un mensaje de voz cuando suene la señal. También se ha contactado por correo electrónico a las empresas que disponían de ese tipo de página web con distintas preguntas al respecto de esta investigación. Ninguna ha respondido.

Muchas de las webs de las empresas mallorquinas están activas. Pero si las empresas siguen operando con su sistema de transacciones, deben hacerlo con un proveedor de pagos distinto. Worldline decidió expulsar a las sociedades vinculadas a iMerchant, incluidas las mallorquinas, en junio de 2024. La decisión se tomó tras las sospechas que tenía la propia multinacional francesa de que se pudiera estar blanqueando dinero.

Algunas de ellas operaban con Worldline desde 2017. En 2023 el equipo de antifraude del proveedor de pagos realizó una investigación interna sobre varios negocios que trabajaban con ellos y les resultaban sospechosos. Entre esos había 14 empresas de iMerchant - Eureka y tres de esas eran de la trama mallorquina: Chili Pepper Systems SL, Columbus Creations SL y Milano Productions SL.

Worldline decidió cesar inmediatamente cualquier relación con nueve de las 14. Entre ellas, Chili Pepper Systems y Columbus Creations. Con las otras seis se decidió contactar primero con los propietarios para que se pudieran explicar. Una de ellas era Milano Productions SL, propiedad de Eneisy Pérez.

En junio de 2023, una nueva auditoría interna recabó más pruebas. Aunque los numerosos operadores de sitios de citas falsos se consideraban oficialmente independientes, Worldline sabía que estas empresas estaban controladas en realidad por el grupo iMerchant - Eureka. Pero los empleados tenían instrucciones de no comunicárselo nunca a Visa, Mastercard o a los organismos reguladores, porque estos grupos "no existen legalmente y Worldline no debería saber que existen".

La misma auditoría informó de una presunta operación masiva de "blanqueo de dinero" llevada a cabo en Estados Unidos. Tras las alertas de los bancos, Worldline descubrió que 3.369 tarjetas de crédito estadounidenses habían efectuado pagos por valor de 17,8 millones de euros a cerca de 275 negocios de supuestas webs de citas. Las transacciones se consideraron muy sospechosas: gran parte de las tarjetas pertenecían a empresas, algo no habitual en una supuesta suscripción a una web para ligar. Desde algunas de ellas se realizaron más de 2.000 pagos a diversas webs. Por ello, las tarjetas, según los auditores de Worldline, podrían estar controladas por los propios comercios y las transacciones, destinadas a blanquear dinero.

Los investigadores no indicaban en la auditoría el nombre de los comercios implicados en ese sistema. Sin embargo, las características de las empresas mencionadas pueden corresponder a las empresas del grupo de Andrew Garroni, según el análisis realizado por la investigación Dirty Payments.

El supervisor financiero alemán, BaFin, también abrió una investigación. El regulador cree que el fraude era tan "obvio" de detectar que Payone, la filial alemana de Worldline, es una "potencial cómplice". BaFin estima que las sociedades que llegaron a Payone a través de EMP —entre las que estarían las de Garroni— eran, en realidad, empresas fantasma involucradas en "actividades fraudulentas". Tras todas las sospechas, Payone rescindió sus contratos con seis compañías españolas, aunque no les supuso mucho problema porque también operaban con la filial sueca de Worldline y tras la decisión de Payone siguieron varios meses haciéndolo con esa otra subsidiaria.

El negocio para iMerchant, aunque en ocasiones saltando de una filial a otra de Worldline, ha operado durante años y ha sido sumamente lucrativo. Según los datos internos de Worldline de 2023, que abarcan un período de un año, las empresas de los distintos países asociadas al grupo facturaron cerca de 90 millones de euros entre las transacciones de todas ellas. 

De esa suma total, unos 14,5 millones de euros correspondían a las transacciones dirigidas a las 25 empresas de la red mallorquina. Cada una de ellas facturó casi 600.000 euros de media en solo un año. Cuatro incluso superaron el millón. Es el caso de Anvil Networking SL, Ezequiel Networking SL, Amber Development SL y Colonial Productions SL. 

Las cuatro fueron creadas entre 2014 y 2015 y son, por tanto, de las más antiguas de la red. Colonial Productions SL es la de Sebastián Ribot y fue puesta en marcha por él directamente. Amber Development SL y Ezequiel Networking SL fueron constituidas por María Pilar Peña Domenech el 19 de enero de 2015, junto a otras tres. Ninguna le pertenece ya. Amber Development es ahora de Leordanés García González, y Ezequiel Networking, de Leodanis Néstor Valdés.

María Pilar Peña Domenech es esposa de Joan Miquel Roselló Vilanova. Ambos han sido los administradores de Boquer Management SL en distintos momentos, una asesoría contable y fiscal de Pollença. En su perfil de LinkedIn, Joan Miquel Rosselló se presenta como experto en "gestión de e-commerce, como gateway e intermediario entre merchants [clientes] y procesadores. Soluciones globales para procesar high risk [alto riesgo] a nivel mundial". Los hijos de ambos, Joan Rosselló Peña y Marina Rosselló Peña, también han administrado en determinados momentos empresas de la trama pero ya no constan entre los cargos de ninguna de ellas.

Por último, la otra compañía que alcanzó el millón de euros en transacciones, Anvil Networking SL, es la que administra Thelys Milán Suárez. Thelys Milán es una entrenadora de natación artística de origen cubano afincada en Mallorca. 

Su caso, de nuevo, repite un patrón en la trama. Al menos ocho de los 25 propietarios actuales de las empresas de la red son de origen cubano. Muchos están relacionados entre sí por conexiones personales, comparten apellidos o son amigos en redes sociales. Del mismo modo, muchos de los administradores de las empresas son originarios, residen o están vinculados a la parte noreste de la isla. De hecho, esa zona y Palma y sus alrededores es donde se concentran la mayoría de domicilios sociales de las empresas, según consta en el Registro Mercantil.

Las cuentas de las empresas depositadas en el registro, consultadas por infoLibre, también permiten ver el volumen de dinero que estas han ingresado año tras año; o al menos el de algunas de ellas, ya que seis nunca han presentado cuentas. 

De las cuatro sociedades que superaron el millón de euros, una entregó sus cuentas por última vez en 2019, otra en 2020 y las dos restantes en 2022. Esos cuatro ejemplos representan el patrón común a casi todas las empresas de la red. Unos ingresos declarados de un determinado valor —indicados como "importe neto de negocios" pero sin especificar de dónde vienen— y unos gastos muy similares pero que se engloban casi exclusivamente en la partida de "otros gastos de explotación" —de nuevo, no se especifica nada, por tanto, sobre a qué se ha destinado esa partida concretamente—.

Así, las empresas van nivelando año tras año lo que se supone que gastan con lo que ingresan, pero no se pueden fiscalizar esos supuestos desembolsos. De hecho, en otras partidas de gastos habitualmente más comunes no especifican nada, como sucede con la de personal al no tener plantilla. 

En "otros gastos de explotación" se puede incluir casi cualquier tipo de desembolso y ese es el gran truco en las cuentas de estas empresas. Incluso, si ese dinero lo están transfiriendo a un tercero o a alguien con quien tengan una relación comercial o de propiedad, pueden especificarlo simplemente como "otros gastos de explotación" sin mayor explicación. 

En la partida en la que las empresas año tras año sí tienen un monto que indicar es en la de "diferencias de cambio". Ese campo se utiliza para especificar las ganancias o pérdidas por las fluctuaciones de cambio entre la moneda local y moneda extranjera. Esto se debe a que la mayoría de las transacciones que reciben las empresas de la trama vienen de tarjetas de fuera de Europa. Eso y las altas comisiones que se quedaba Worldline por los pagos, muy por encima de las habituales en el sector, son otros dos de los indicios más relevantes sobre el carácter más que dudoso de las actividades de estas compañías.

Andrew Garroni, de 70 años, es un veterano de Hollywood. Tuvo su momento de gloria en 1980, como productor de Maniac, una película de terror (que se convirtió luego en film de culto) proyectada en el Festival de Cannes. Pero hasta finales de la década de 1990, el resto de sus producciones, principalmente thrillers eróticos, no han dejado recuerdos. Hoy, entre un partido en el elegante club de tenis de Mulholland Drive, en Los Ángeles, y una foto suya en el New York Times con motivo de la boda de su hija, el exproductor se ha reconvertido oficialmente al marketing digital.

Pero, en realidad, Garroni dirige una enorme red de páginas web ficticias que estafan a internautas de todo el mundo decenas de millones de euros al año, gracias a la pasividad, o incluso complicidad, del grupo francés Worldline, el número dos europeo del sector de pagos. Esta red de páginas web también podría estar implicada en una amplia operación de blanqueo de capitales.

Así lo revela la investigación Dirty Payments, realizada por Mediapart, infoLibre y otros 19 medios de comunicación internacionales coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC). Worldline, líder francés del sector y protagonista de las revelaciones de Dirty Payments, gestionó entre 2014 y 2024 las transacciones con tarjeta bancaria de más de 150 empresas controladas por Andrew Garroni, que administraban más de 1.500 sitios web, en su mayoría de citas (dating, en inglés), pero también de videojuegos online.

Las maniobras fraudulentas de estas webs se basan en una práctica habitual de los sitios pornográficos y de citas: para proteger a sus clientes, una web principal —por ejemplo, rencontrescoquinescesoir.com (encuentrospícarosestanoche, en español)— crea un segundo sitio con una dirección abreviada y discreta —por ejemplo, rccs.com—. Es este sitio secundario, utilizado para la facturación y el servicio posventa, el que aparece en los extractos bancarios.

Pero Garroni ha desviado este sistema. Sus cientos de páginas web de citas son una farsa: todas tienen el mismo diseño, están llenas de perfiles falsos y ordenan a los motores de búsqueda como Google que no las indexen, lo que hace imposible encontrarlas si no se conoce su dirección. Y una vez que se crea una cuenta, es imposible suscribirse: la página de pago no carga.

La única función de estas webs de citas es justificar ante los bancos, las empresas de pago como Worldline y los gigantes de las tarjetas bancarias (Visa y Mastercard) el hecho de que los pagos con tarjeta lleguen a las páginas de "atención al cliente" asociadas a ellas.

En Internet, decenas de víctimas cuentan que les han cobrado sin entender por qué. Por ejemplo, Fatima ignora claramente que dvsdtdng.com, que le "cobra dinero todos los meses", es oficialmente el servicio de atención al cliente de deviousadultdating.com.

"Son unos ladrones", "he perdido 600 dólares", se quejan otras víctimas. Todas esas personas afirman haber recibido cargos en sus cuentas desde direcciones abreviadas e incomprensibles, sin haberse suscrito nunca a las webs de citas con las que, en teoría, están asociadas.

Se desconoce el modus operandi, es decir, cómo consigue la red activar los pagos. Pero una de las técnicas utilizadas sería el phishing, o suplantación de identidad, según una denuncia presentada en Estados Unidos en 2017 por Seeking Arrangement, una web de contactos amorosos que fomenta las relaciones, en ocasiones remuneradas, entre mujeres jóvenes y hombres mayores y ricos.

La denuncia indica que se enviaron correos electrónicos en nombre del director general de Seeking Arrangement a los suscriptores de la web, indicándoles que, debido a un problema técnico, debían volver a introducir los datos de su tarjeta de crédito. Sin embargo, el enlace que aparecía al final del correo electrónico no conducía a Seeking Arrangement, sino a fndrtsmt.com, el servicio de atención al cliente de findyourtruesoulmate.com, una de las web de citas ficticias de la red de Garroni.

Los implicados han hecho todo lo posible para ocultar la existencia de la red. Las 150 empresas, registradas en Chipre, el Reino Unido, España y los Países Bajos, pertenecen a "afiliados", es decir, a personas sin relación con la dirección de la red. Pero hemos conseguido desenmascarar a Andrew Garroni gracias a documentos de Wirecard, una empresa de pagos alemana, obtenidos por nuestro socio Der Spiegel. Estos documentos enumeran 87 empresas cuyo propietario es el exproductor de Hollywood.

Varias decenas de esas empresas también son clientes de Worldline, que las presenta en documentos internos como parte de un grupo denominado iMerchant - Eureka. Hemos podido comprobar que iMerchant es una empresa canadiense de Garroni, actualmente inactiva. En cuanto a Eureka, se trata de Eureka Multimedia Group, la empresa californiana de marketing digital del mismo Garroni.

El fraude orquestado es muy lucrativo: según datos internos de Worldline de 2023, que abarcan un periodo de un año, el grupo francés gestionó unos 90 millones de euros en pagos a favor del grupo de Garroni. El importe total es, por lo tanto mucho mayor, ya que la relación comercial se inició nueve años antes.

Puede parecer muy sorprendente que Worldline aceptara en 2014 a un cliente con semejante historial. En 2007, Garroni y sus socios de entonces tuvieron que pagar una indemnización de 550.000 dólares en Estados Unidos por otro fraude. Ofrecían a los internautas instalar en sus ordenadores un programa que permitía ver películas. Pero se trataba de un programa malicioso que, con el pretexto de que había expirado un supuesto periodo de prueba, mostraba constantemente mensajes de gran tamaño para obligar a las víctimas a pagar para deshacerse de él.

Worldline siguió gestionando durante una década las transacciones de las falsas web de citas de la red Garroni, a pesar de que el grupo sabía que muchos clientes solicitaban reembolsos a sus bancos por fraude. Los reembolsos afectaban a cerca del 12% de los importes facturados en 2023 por estas empresas, según nuestros datos.

Hubo que esperar hasta mediados de 2023 para que los departamentos antifraude de Worldline llevaran a cabo una investigación interna sobre varias decenas de clientes sospechosos, entre ellos 14 sociedades del grupo Garroni. Los auditores concluyeron que Worldline debía poner fin inmediatamente a toda relación con nueve de estas empresas.

El organismo regulador del sector financiero alemán, BaFin, también abrió una investigación. La institución considera que el fraude era tan "evidente" que Payone, la filial alemana de Worldline, es considerada como "cómplice potencial".

Otra auditoría interna, realizada en junio de 2023, reveló nuevos elementos contundentes. Aunque los numerosos operadores de falsas páginas web de citas se consideraban oficialmente independientes, Worldline sabía que esas empresas estaban en realidad controladas por el grupo iMerchant - Eureka. Sin embargo, los empleados del departamento de riesgos recibieron la orden de no comunicarlo nunca a Visa, Mastercard ni a los reguladores, ya que este grupo "no tiene existencia legal" y Worldline "no debería saber" que existe.

La misma auditoría hace referencia a una amplia operación de presunto "blanqueo de capitales" llevada a cabo en Estados Unidos. Tras ser alertada por varios bancos, Worldline descubrió que 3.369 tarjetas bancarias estadounidenses habían realizado pagos por valor de 17,8 millones de euros a 293 páginas web de citas.

Las operaciones se consideran altamente sospechosas: gran parte de las tarjetas pertenecían a empresas, a priori poco propensas a suscribirse a páginas web de citas, y desde algunas se realizaron más de 2.000 pagos a diferentes web por un importe superior a 77.000 euros. Es muy probable, por tanto, que las tarjetas estuvieran controladas por las propias sociedades y que la operación estuviera claramente destinada a blanquear capitales.

Los investigadores de Worldline no revelaron los nombres de los clientes implicados. Pero, según la investigación Dirty Payments, las características de las empresas mencionadas en la auditoría podrían corresponder a las sociedades del grupo de Andrew Garroni.

A pesar de esas auditorías demoledoras, Worldline siguió gestionando los pagos de las páginas web falsas de citas durante un año más, hasta junio de 2024. Preguntada por el EIC, Worldline afirma que "se compromete a respetar los mejores estándares en materia de cumplimiento y prevención de la delincuencia financiera" y que "ha reforzado sus recursos en ese sentido". "Como empresa que cotiza en bolsa", indica el grupo, "no puede comunicar [...] información confidencial de forma selectiva" y "no puede comentar la situación de sus clientes, pasados o actuales".

En cuanto al exproductor de cine, es difícil, si no imposible, localizarlo. La dirección de email y el número de teléfono que figuran en la página web de su empresa Eureka no funcionan. Cuando nos dirigimos a la sede, un edificio de oficinas en el noroeste de Los Ángeles, el empleado que nos abrió la puerta se negó a darnos ninguna vía de enlace con él. También nos hemos puesto en contacto con Andrew Garroni en varias ocasiones por email y por teléfono. Nunca ha respondido.

Traducción de Miguel López.

“La Presidencia de la República sabía, al menos desde 2022, que Nestlé llevaba años haciendo trampas”. Es decir, tenía conocimiento de las prácticas prohibidas que Nestlé utilizaba para desinfectar sus aguas minerales llamadas naturales, contaminadas regularmente por bacterias de origen fecal y pesticidas. En definitiva, los senadores constatan que el poder ejecutivo prefirió cambiar la legislación vigente a favor de Nestlé, dando preferencia a los intereses privados en detrimento de los intereses sanitarios y ecológicos.

Tal y como señalan, el Gobierno optó por permitir que Nestlé siguiera “fuera de norma”, llegando incluso a cambiar la reglamentación a su favor. Y, dada la negativa del antiguo secretario general del Elíseo, Alexis Kohler, a comparecer el 8 de abril en el marco de esta comisión presidida por el senador de Les Républicains (LR) Laurent Burgoa, los parlamentarios insistieron, en las conclusiones de su informe hecho público el 19 de mayo, en volver a preguntar al Elíseo:

“¿Por qué se ha dado tanto protagonismo a Nestlé?”. Y también: “¿Por qué nadie en el Ejecutivo, y menos aún la Presidencia, aborda este asunto para poner de relieve lo que realmente está en juego, la protección de nuestros recursos de aguas minerales naturales?”.

Los documentos transmitidos por el Elíseo (sede de la presidencia de la República, ndt) y hechos públicos por los senadores en su informe muestran que Alexis Kohler y los asesores de presidencia se pusieron al servicio de la multinacional, no solo adoptando sus argumentos, sino también buscando todas las lagunas en el arsenal normativo, sobre todo europeo, para autorizar los tratamientos prohibidos de microfiltración (por debajo de 0,8 micrómetros), tal como exigía Nestlé.

Ya en agosto de 2021, durante una reunión confidencial con el gabinete de la exministra de Industria Agnès Pannier-Runacher, Nestlé reconoció haber recurrido a prácticas ilegales y exhortó al poder ejecutivo a modificar la normativa a su favor.

Según los documentos transmitidos a los senadores, el 11 de julio de 2022, Alexis Kohler y Victor Blonde, asesores de Matignon (sede del primer ministro, ndt) y del Elíseo, se reunieron con Mark Schneider, director general de Nestlé, en el marco de la cumbre Choose France en Versalles. Además del caso Buitoni, abordaron la contaminación del agua y los tratamientos ilegales a los que recurre Nestlé, así como las investigaciones en curso sobre la empresa, en particular las de la Inspección General de Asuntos Sociales (Igas) y la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGGCRF).

Con vistas a preparar una reunión prevista entre la presidencia y Nestlé el 29 de septiembre, una nota redactada por los ministerios de Industria y Sanidad propone autorizar a Nestlé a recurrir a tratamientos ilegales y a explotar una fuente, Essar, a menudo contaminada por bacterias fecales y utilizada para el agua de marca Hépar.

En la nota se minimiza el fraude de la multinacional, presentado como “incumplimientos menores de la normativa” y se descarta cualquier riesgo para la salud, aunque solo lo garantizan las declaraciones de Nestlé. Tal y como habíamos documentado, los asesores de los gabinetes ministeriales repiten palabra por palabra los argumentos de la multinacional, afirmando que “los tratamientos refuerzan la seguridad sanitaria”.

Incluso se afirma que Nestlé fue informada por el ejecutivo de la denuncia que la agencia regional de salud Grand Est se disponía a presentar ante la justicia, un procedimiento del que la agencia “no podía prescindir”.

Así, al apoyar a la empresa, el Estado intenta salvar las apariencias y se entrega a una comunicación engañosa. En una nota fechada el 1 de febrero de 2024, Victor Blonde transmite al Elíseo los argumentos que deben adoptarse en respuesta a las revelaciones del escándalo por parte de los medios de comunicación. Recuerda la remisión del caso a la justicia por parte de la agencia regional de sanidad (ARS) Grand Est, un paraguas para afirmar que “el Estado no ha encubierto en modo alguno las prácticas de la empresa, como lo demuestran la sucesión de hechos y controles, así como la remisión del caso a la justicia”.

Las reuniones y conversaciones entre el Elíseo y Nestlé continuaron al menos hasta enero de 2025. En ellas, Alexis Kohler incluso proporcionó al nuevo director general de Nestlé, Laurent Freixe, “los contactos adecuados” en los ministerios, mientras que, más recientemente, surgió el problema del agua contaminada de Perrier en el departamento de Gard y la presencia de virus en algunas fuentes. Pero, una vez más, los intereses económicos se imponen a las cuestiones sanitarias.

Esta intervención del Elíseo en apoyo de Nestlé no ha quedado, evidentemente, sin consecuencias. Como ya revelamos, en Los Vosgos, donde se embotellan las aguas Contrex, Hépar y Vittel, la agencia regional de sanidad descartó rápidamente y sin pruebas cualquier riesgo para la salud. En un informe fechado el 1 de julio de 2022, la ARS, que acaba de descubrir el alcance del fraude, parece sin embargo preocuparse principalmente por los deseos de la multinacional: “Para cada tratamiento, se precisará lo deseado por el fabricante: cese del uso y fecha efectiva de dicho cese o mantenimiento”.

Entre las medidas previstas, ninguna se refiere al cese inmediato de la explotación de los manantiales, dejando así la ARS un plazo, negociado por Nestlé, para poner fin al fraude. Unos meses más tarde, la ARS denunciará el fraude ante la justicia, en una denuncia en la que, sin pruebas, se cuidará de descartar cualquier riesgo sanitario.

En el departamento de Gard, donde se producen las aguas Perrier, el director de la ARS, Didier Jaffre, y el prefecto, Jérôme Bonet, también participaron en “la estrategia de encubrimiento” del fraude, tal y como han documentado los senadores en su informe bajo el elocuente título de “relaciones peligrosas” entre el Estado y Nestlé, o cómo edulcorar un informe oficial a petición de una empresa.

Los hechos se remontan a mediados de diciembre de 2023. Dado el estado de dos de sus fuentes, Nestlé no puede prescindir de varios tratamientos para desinfectarlas y, por lo tanto, solicita su reconversión en “aguas aromatizadas”, para las que están autorizados esos procesos, a diferencia de las aguas minerales naturales.

Su solicitud debe presentarse al consejo departamental de medio ambiente y riesgos sanitarios y tecnológicos (Coderst), presidido por el prefecto y compuesto por representantes de las corporaciones territoriales y miembros de asociaciones, en particular de defensa del medio ambiente.

Las opiniones deben emitirse sobre la base de un informe de la ARS. La presidenta de Nestlé Waters, Muriel Lienau, solicita el 29 de noviembre de 2023 una reunión con el director general de la ARS Occitania, Didier Jaffre, quien, en un primer momento, se niega a acceder.

La empresa recurre entonces al gabinete de la ministra delegada de Industria, así como al de la ministra de Sanidad, quien, a través de uno de sus asesores, Pierre Breton, explica a Didier Jaffre “que hay un tema en un documento que debe comunicarse al Coderst”. En otras palabras, el informe recoge resultados de contaminación que la empresa no desea que figuren en él.

A esto, el director de la ARS responde que está “analizando la solicitud de modificación” formulada indirectamente por la directora de Nestlé Waters. Tras varios intercambios de correos, la ARS tranquiliza al gabinete de la ministra: el proyecto de informe va a ser modificado.

En otro correo electrónico, el director de la ARS del Gard, Guillaume Dubois, informa a su superior Didier Jaffre, responsable a nivel regional, de que “ha hablado por teléfono con el prefecto”. “El punto en el que ha insistido mucho”, precisa, “es el último, es decir, los elementos anteriores que perjudican la imagen de Perrier. […] Si [la nueva versión] no le convence al prefecto, tendrás que llamarle, porque debe de haber hablado por teléfono con los dirigentes del grupo y me temo que ha tomado compromisos un poco precipitados”.

El director industrial de Nestlé Waters, Ronan le Fanic, también transmitirá una serie de modificaciones a las autoridades, ocultando todas las contaminaciones del agua. Ya no se encuentra ningún rastro de la presencia de bacterias de origen fecal, pesticidas o herbicidas (algunos prohibidos desde hace años).

En lugar de los índices de contaminación, se presentan los porcentajes de “conformidad” del agua. Una lectura totalmente diferente de los resultados, mucho más positiva y engañosa, que uno de los funcionarios encargados de redactar el informe se negó a firmar. En una carta dirigida el 4 de diciembre de 2023 a la dirección de la ARS, este funcionario lamenta que ese dictamen “ya no se corresponda realmente con los elementos recogidos en el expediente”. Por ello, “desea retirar su firma del informe”.

No obstante, el informe modificado se presentará al Coderst, para satisfacción de los representantes del Estado. El director de la ARS de Occitania, Didier Jaffre, se felicitará por ello ante el consejero Pierre Breton tras la reunión: “Otro paso más para Perrier”.

“En este informe están presentes todas las disfunciones descritas”, concluyen los senadores: “presión de la empresa, permeabilidad del gabinete ministerial a sus exigencias, debilidad de la dirección del gabinete, que, como mínimo, deja hacer, y ausencia de resistencia de la administración local del Estado”.

Pero la comisión formula pocas recomendaciones para evitar que se repita en el futuro tal desvío de las instituciones. Entre las veintiocho sugerencias que formulan los senadores, proponen que se controlen los 104 yacimientos minerales para verificar la ausencia de tratamientos prohibidos. También recomiendan que se preserven mejor los recursos imponiendo restricciones de uso, en particular de pesticidas, en torno a las perforaciones. Y piden que se vigilen más los PFAS y los microplásticos en las aguas. Los senadores también anuncian una propuesta de ley en fase de elaboración para reforzar las competencias de la comisión de investigación, de modo que nadie pueda eludir su comparecencia cuando sea convocado.

Traducción de Miguel López

El fraude es conocido y encubierto por el Elíseo desde 2021: Nestlé vende aguas minerales que ya no tienen nada de natural. Ayer, 7 de mayo, el prefecto del Gard, Jérôme Bonet, puso fin a estas prácticas prohibiendo a Nestlé seguir explotando las aguas Perrier, producidas en la planta de Vergèze. No obstante, le ha concedido un aplazamiento de dos meses.

Para obtener la denominación tan codiciada de agua “mineral natural”, el agua debe estar libre de cualquier contaminación en el manantial y no debe someterse a ningún tratamiento de desinfección. Sin embargo, las cinco fuentes de las que proviene el agua Perrier suelen estar contaminadas, en particular por bacterias de origen fecal. Y las técnicas que utiliza la multinacional para desinfectarlas son “contrarias a la normativa”, ya que modifican su composición microbiológica, según las conclusiones de la prefectura dirigidas a la multinacional.

Según un comunicado de la prefectura de Gard, Nestlé ha recibido un requerimiento para retirar esos tratamientos (microfiltros de 0,2 micras) en un plazo de dos meses. Porque, sin estos procesos, sus aguas no son lo suficientemente puras, tal y como indican los análisis de las autoridades sanitarias y el reciente dictamen de los hidrogeólogos designados por el prefecto de Gard, emitido en abril. Estos concluyen que "el criterio de pureza original del agua no parece haber sido respetado ni lo sigue siendo”. En resumen, no parece posible que la actividad continúe.

Queda por saber qué destino se dará a los lotes de botellas Perrier ya producidas y que ya no pueden venderse con la etiqueta “agua mineral natural”. Ni la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) ni la prefectura del departamento de Gard han respondido a nuestras preguntas.

Desde hace más de un año, la multiplicación de los controles realizados por la Agencia Regional de Sanidad (ARS) de Occitania y la prefectura revela frecuentes contaminaciones del agua Perrier. Todavía en marzo, la ARS fue informada por Nestlé, con retraso, de una nueva “no conformidad relacionada con una detección bacteriológica”. Después de ocultarlos durante años, la multinacional tarda ahora en transmitir a las autoridades los informes no conformes.

Sin esos tratamientos, ¿cómo van a garantizar la prefectura y la ARS que el agua embotellada esté libre de contaminación? Al ser interrogada, la prefectura precisó que ya se habían “reforzado” los controles sanitarios. Se seguirán realizando análisis periódicos del agua para garantizar la ausencia de contaminación. En caso contrario, se interrumpirá la explotación de la fuente.

La decisión del prefecto de poner fin a estas prácticas se tomó tras una inspección iniciada en mayo de 2024. La contaminación del agua por bacterias de origen fecal (del tipo Escherichia coli) durante varios días llevó al representante del Estado a exigir no solo el cese inmediato de la captación de agua contaminada, sino también, habida cuenta de los riesgos para la salud (en aplicación del Código de Salud Pública), la destrucción de todas las botellas de agua afectadas, cerca de dos millones.

A raíz de ello, el prefecto ordenó una inspección de la agencia regional de sanidad, que en agosto de 2024 presentó un informe demoledor sobre las aguas Perrier, cuya calidad ya no cumple los “criterios de pureza original” exigidos por la ley para las “aguas minerales naturales”.

A menos que se modifique la normativa y se autoricen los procesos de desinfección, “no es posible”, según los inspectores, “continuar con la producción de agua mineral natural”.

Nestlé se benefició entonces de una moratoria de dos meses para cumplir con la normativa y demostrar, en particular, que sus aguas eran puras y que los tratamientos no consistían en desinfectarlas. Una demostración imposible, habida cuenta de las frecuentes contaminaciones de sus fuentes.

Esas disfunciones, que no son nuevas, habían sido ocultadas hasta ahora por Nestlé, que sabe desde hace varios años que estaría amenazada la producción de sus aguas Perrier .

En efecto, tal y como revelaron Mediacités, Le Monde y Radio France, Nestlé ha recurrido a tratamientos ilegales (lámparas UV, filtros de carbón y microfiltración) para desinfectar todas sus aguas minerales naturales, a saber, Contrex, Hépar y Vittel en los Vosgos y Perrier.

El fraude es conocido por el ejecutivo desde el 31 de agosto de 2021. Durante una reunión confidencial con el gabinete de la entonces ministra de Industria, Agnès Pannier-Runacher (actualmente ministra de Ecología), en presencia de la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF), el grupo Nestlé, investigado desde hacía varios meses por esta última, no tuvo más remedio que reconocer el uso de esas prácticas prohibidas. Un fraude que, solo en la planta de Los Vosgos, duró al menos quince años y le reportó más de 3.000 millones de euros.

Pero, lejos de poner fin a la situación, se hará todo lo posible para proteger a la empresa, que cuenta con el apoyo del Elíseo. Muy pronto, el “palacio” interviene en el asunto y ordena a Matignon (sede del ejecutivo, ndt), entonces dirigido por Élisabeth Borne, que modifique la normativa en febrero de 2023, autorizando los procesos de desinfección (en este caso, microfiltros de 0,2 micras en lugar de 0,8). De este modo, se legaliza el fraude, a pesar de los riesgos sanitarios que conllevan estas prácticas. Pero, al no haber obtenido satisfacción ante la Comisión Europea, el gobierno tuvo que dar marcha atrás sin dar nuevas instrucciones, dejando que los prefectos se las arreglaran en esta caótica situación.

El entonces secretario general del Elíseo, Alexis Kohler, que mantuvo frecuentes contactos con los dirigentes de Nestlé, sabía perfectamente que no debían seguir produciéndose las aguas Perrier. El 18 de diciembre de 2024, recibió un mensaje de la asesora de industria del Elíseo, en el que le recordaba que “en los pozos de Vergèze, en el departamento de Gard (marca Perrier), se producen contaminaciones bacterianas y/o virológicas esporádicas. Por lo tanto, Nestlé debe recurrir a filtros, lo que tiene una función desinfectante que contradice la directiva de la UE de 2009 [...], y un informe [...] estima que la empresa debe plantearse el cese de la producción de agua mineral en la planta de Vergèze”.

La mala calidad del agua Perrier es, por tanto, un secreto a voces, pero hasta ahora ningún responsable político ha querido tomar una decisión, a pesar de los riesgos para la salud, en particular de contaminación virológica que los tratamientos no pueden contener.

El último dictamen científico emitido en abril reitera la misma conclusión. En esta ocasión, se trata de tres hidrogeólogos independientes, designados por el prefecto en el marco de la solicitud de autorización presentada en octubre de 2023 por la multinacional para seguir extrayendo agua de cinco pozos de la fábrica Perrier y venderla con la etiqueta “agua mineral natural” (EMN).

En un informe de 143 páginas, justifican su “dictamen sanitario desfavorable” por la frecuente contaminación microbiológica del agua en el manantial y la “vulnerabilidad” del acuífero, y concluyen que “la calidad microbiológica permanente y, por lo tanto, el criterio de ‘pureza original’ del agua parece no haber sido ni ser respetado”. El prefecto debe pronunciarse sobre esta solicitud de autorización antes del 7 de agosto. Pero la decisión que acaba de tomar el 7 de mayo es un presagio de lo que vendrá.

A día de hoy, tal y como había previsto la ARS en una nota fechada el 27 de diciembre de 2024, en caso de “denegación de la autorización para explotar estos cinco pozos como EMN [...], Nestlé Waters, si lo desea, podría utilizar estos pozos para fabricar bebidas alimenticias”.

Cuando el agua se utiliza para “bebidas alimenticias”, puede ser sometida a tratamientos. Esto es lo que ya ha hecho Nestlé con otros dos pozos cuyo agua estaba demasiado contaminada. En diciembre de 2024, la multinacional obtuvo la autorización para tratar estas aguas con el fin de fabricar bebidas alimenticias, vendidas bajo la marca Maison Perrier y destinadas inicialmente a la exportación.

“Al solicitar seguir explotando las aguas Perrier como aguas minerales naturales, Nestlé ha optado por anteponer sus intereses económicos, pensando que pueden imponerse a la fuerza, a pesar de conocer el estado catastrófico de su fuente. La actitud de Nestlé revela el desprecio que siente por los recursos hídricos y la poca consideración que tiene por sus propios empleados” [que son 1.000 en la planta de Vergèze, ndr], lamenta una fuente cercana al caso. “Esto dice mucho de la sensación de impunidad de Nestlé. Pero al apoyarla, el poder político también ha contribuido a crear la situación en la que se va a encontrar la fábrica”. Si Nestlé quiere ahora transformar algunas de sus fuentes en bebidas alimenticias, tendrá que volver a solicitar una autorización a la ARS y a la prefectura. Esto requerirá nuevos plazos de tramitación.

Marc (nombre ficticio), empleado de Nestlé, “sigue enfadado” con la estrategia de su empresa, “que es la peor para los empleados”. “Nestlé podría al menos haber preservado más la actividad de la fábrica solicitando inmediatamente la reconversión de algunos pozos. Después de tantos escándalos, esperaba más respeto y franqueza por parte de Nestlé. Pero debo de ser muy ingenuo”, ironiza, añadiendo: “Incluso los accionistas están enfadados”, en referencia a la última junta general del grupo.

En los Vosgos, las aguas Hépar también corren el riesgo de perder su etiqueta de “agua mineral natural” por las mismas razones que Perrier.

La Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) aún no se ha pronunciado oficialmente sobre los lotes de botellas de Perrier vendidas fraudulentamente por Nestlé, cien veces más caras que el agua del grifo, a pesar de que son exactamente lo mismo y de que debería retirárseles la etiqueta de “agua mineral natural”. La DGCCRF está al corriente de este fraude, que también afecta a las aguas Contrex, Hépar y Vittel desde 2020:

· A raíz de una denuncia presentada en octubre de 2019, el Servicio Nacional de Investigaciones (SNE) de la DGCCRF inició una investigación en 2020 y presentó un informe sobre las prácticas fraudulentas de algunas empresas de agua mineral, entre ellas Nestlé.

· 31 de agosto de 2021: Nestlé se reúne en Bercy con la DGCCRF, el director de gabinete y la asesora de salud de la entonces ministra de Industria, Agnès Pannier-Runacher. La multinacional reconoce y detalla el fraude. Sin embargo, al término de la reunión, la DGCCRF no presenta ninguna denuncia ni propone que se destruyan los lotes de botellas.

· En octubre de 2022, la fiscalía de Épinal remite al SNE de la DGCCRF un nuevo caso para que investigue los tratos fraudulentos de Nestlé en Los Vosgos.

En sus conclusiones, presentadas en abril de 2024 y publicadas por Mediapart, la DGCCRF estima que el fraude asciende a más de 3.000 millones de euros durante un periodo mínimo de quince años. A pesar de todas estas conclusiones, no ha remitido el caso a la justicia ni ha solicitado que se retiren del mercado las botellas producidas de forma fraudulenta.

No fue hasta el 25 de febrero, más de cuatro años después, cuando la dirección de fraudes presentó una denuncia ante la fiscalía de Nimes por “prácticas que podrían constituir delitos penales” en relación con la comercialización de las aguas Perrier. En su informe, al que ha tenido acceso Mediapart, la DGCCRF precisa que su denuncia está motivada, en particular, por “el revuelo mediático” y “la investigación abierta por la comisión del Senado”.

Traducción de Miguel López

El 19 de marzo de 2025, Muriel Lienau, directora general de Nestlé Waters, que hasta diciembre de 2024 dirigió Nestlé Francia, compareció ante la comisión de investigación del Senado sobre las prácticas de la industria del agua y las responsabilidades de los poderes públicos. Le hicieron la siguiente pregunta: “¿Se han contaminado sus aguas con materia fecal, PFAS o pesticidas y han necesitado tratamiento para poder ponerse a la venta?”.

Muriel Lienau respondió: “Todas nuestras aguas son puras en manantial”. Solo hubo, matizó, “una desviación esporádica en 2024” en uno de los manantiales de Perrier, que ya ha sido suspendido. Sin embargo, no dice ni una palabra sobre las aguas de los Vosgos.

Sin embargo, Mediapart ha tenido acceso a una nota “confidencial” de junio de 2022 que dice precisamente lo contrario. Nestlé tendrá dificultades para impugnar su contenido, pues los autores son sus propios ingenieros. Y tampoco podrá alegar ignorancia porque la nota se envió a los principales directivos del grupo. En particular, al vicepresidente de la multinacional, Marco Settembri, a la responsable jurídica internacional, Leanne Geale, y a la jefa de calidad de productos, Natasa Matyasova. En Francia,  también son destinatarias la presidenta del grupo, Muriel Lienau, y la directora de Nestlé Waters en ese momento, Sophie Dubois.

Tres meses después de esta nota que detallaba la contaminación fecal del manantial Essar que abastece a las aguas Hépar, el Elíseo autorizó a Nestlé, el 29 de septiembre de 2022, a seguir utilizando ese mismo manantial.

¿Tendrá el director general de Nestlé, Laurent Freixe, que comparecerá ante los senadores este miércoles 9 de abril, algo que aportar sobre esta nota? Cuatro de sus agentes (dos hidrogeólogos, el responsable de tratamiento de aguas y un ingeniero encargado de recursos hídricos) escriben que, en vista de la inspección que realizaron del 13 al 17 de junio de 2022 en la planta de los Vosgos, donde se embotellan las aguas Contrex, Hépar y Vittel, “la calidad microbiológica del agua bruta (Hépar y Contrex) y los procesos implementados no cumplen con la normativa francesa sobre EMN [aguas minerales naturales, ndr] que indica que el manantial debe estar libre de patógenos […] y que el tratamiento no puede modificar las características microbiológicas y químicas del agua”.

Teniendo en cuenta la “no conformidad” con la normativa francesa y el nivel de contaminación del agua, el riesgo se califica de “crítico” (el grado más alto en el sistema de calificación de peligros de la empresa). Sin embargo, Nestlé ocultará estos datos a las autoridades de control.

En junio de 2022, justo cuando se envió la nota alarmista a sus directivos, la fábrica de Nestlé acababa de ser objeto de una inspección de la Agencia Regional de Sanidad (ARS) en el marco de una investigación llevada a cabo por la Inspección General de Asuntos Sociales (IGAS) sobre las prácticas fraudulentas de las empresas de aguas minerales. Pero la multinacional se guarda muy bien de transmitir este embarazoso documento a los órganos de control, ocultando así el alcance de la contaminación.

Un año después, en julio de 2023, cuando la Dirección General de Sanidad (DGS) se puso en contacto con la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, el Medio Ambiente y el Trabajo (ANSES) para verificar el riesgo sanitario, y en particular virológico, que plantean las prácticas de Nestlé, sus conclusiones resultaron incompletas, a la luz de esta nota confidencial y los análisis que figuran en ella. La ANSES califica entonces las contaminaciones microbiológicas de origen fecal de “a priori transitorias”, cuando en realidad son muy frecuentes según la nota.

De hecho, este documento recopila dos años de exámenes exhaustivos y análisis semanales. De enero de 2020 a marzo de 2022, los análisis revelan la presencia regular de bacterias coliformes, Escherichia coli, enterococos o Pseudomonas aeruginosa en numerosas perforaciones.

Más de siete veces al año, el agua que abastece al 50 % de las botellas de Hépar contiene materia fecal, lo que debería haber llevado a la empresa a suspender el embotellado de esta agua. Cerca de 98 de 116 muestras semanales (el 85,8 % de los resultados) muestran otras bacterias patógenas que también hacen que el agua de Hépar no sea potable. Una de las principales fuentes de Contrex también está contaminada 85 semanas de 116.

Pero Nestlé dice que debe seguir vendiendo como si nada. Para ello, debe desinfectar su agua, aunque la normativa vigente prohíbe aplicar una filtración de 0,2 micras, que podría eliminar los rastros de contaminación.

Con este tipo de filtración, el agua ya no sería “pura”. A priori, ya no podría calificarse de agua mineral, perdiendo todas las ventajas de su composición natural (en minerales y oligoelementos) y, de facto, debería venderse al mismo precio que el agua del grifo, es decir, cien veces más barata.

En su nota, los ingenieros de Nestlé son muy claros: explican que para “proteger” la fuente más contaminada de Hépar, se instaló una microfiltración (a 0,2 micras) desde junio de 2022. Y les preocupa además que el filtro de 0,2 micras que van a generalizar para las fuentes más contaminadas “todavía no está autorizado”.

Estos escritos constituyen, por tanto, un desmentido formal a las alegaciones de Nestlé, que lleva meses asegurando que los tratamientos de microfiltración no pueden asimilarse a una desinfección.

Lejos de poner fin al fraude, Nestlé prefiere contar con un aliado de peso,  el Elíseo, a pesar de estar perfectamente informado de las “vulnerabilidades” de Nestlé, como demostró el martes 8 de abril el ponente de la comisión de investigación, el senador socialista Alexandre Ouizille.

De hecho, el 11 de julio de 2022, Alexis Kohler, secretario general del Elíseo, acompañado por Victor Blonde, asesor en Matignon (sede del primer ministro, ndt) y en el Elíseo, se reunió con Ulf Mark Schneider, director general de Nestlé, en el marco de la cumbre Choose France. En ella se aborda el uso de filtros para “corregir la calidad de las aguas Vittel, Contrex y Hépar con posibles impactos en las plantas afectadas y un desafío de comunicación para gestionar bien la secuencia”.

El 26 de septiembre, el Elíseo, de acuerdo con los ministerios de Industria y Sanidad, propone autorizar la producción de Hépar “de forma transitoria”, en “todas las perforaciones”, a pesar de que algunas de ellas presentan “vulnerabilidades”, y recurrir, en contra de la normativa vigente, a una filtración de 0,2 micras.

Este proyecto será aprobado el 23 de febrero de 2023 por el gobierno tras la validación del Elíseo. Las botellas seguirán vendiéndose... Nestlé no cambiará su sistema y seguirá cometiendo fraude durante más de diez meses, extrayendo agua especialmente contaminada de uno de los manantiales de Hépar (cuya perforación, Essar, fue suspendida en mayo de 2023).

Contactado por Mediapart, Nestlé sigue ofreciendo los mismos elementos de comunicación: “la microfiltración no es un tratamiento no conforme” y “la seguridad alimentaria siempre ha estado garantizada”. Cuando se le preguntó sobre la frecuencia de contaminación de sus aguas explotadas ininterrumpidamente desde al menos 2020, precisó que había suspendido algunas perforaciones “debido a su sensibilidad a los imprevistos climáticos”.

Esta nota también revela otra disfunción que tampoco se comunicó a las autoridades: la falta de limpieza frecuente de los elementos de desinfección, ocultados hasta 2022, para evitar que los inspectores de la ARS los descubrieran: “El tratamiento del agua (microfiltros) de Hépar se encuentra en un edificio aislado. […] Los microfiltros se han instalado en una habitación separada, las tuberías de alimentación y retorno de esta unidad de tratamiento están ocultas en una habitación subterránea […]. Son muy difíciles de limpiar”.

A eso se refieren los ingenieros cuando hablan de una “situación muy crítica”.

Nota confidencial de Nestlé de junio de 2022, en su totalidad y en su versión original en inglés. Nestlé

Traducción de Miguel López