La prueba de que el fiscal general filtró la confesión de Amador sigue sin aparecer tras tres jornadas de juicio

Sigue sin haber un cuchillo con la sangre de la víctima y las huellas dactilares del presunto asesino. La pistola humeante que demostraría quién cometió el crimen tampoco ha aparecido. Tras las tres primeras sesiones del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de filtrar un correo con la confesión de dos delitos fiscales redactado por el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, la pobreza probatoria con la que la Sala de lo Penal del Supremo decidió sentar en el banquillo al máximo representante de todo un órgano constitucional como la Fiscalía, por un delito de revelación de secretos sigue vigente.

Han sido 20 los testigos que han pasado ya por la sala de juicios en los tres primeros días, aunque los medios no han podido retransmitir en directo ni un solo minuto. Los primeros en hacerlo fueron los fiscales Julián Salto (autor de la denuncia contra Amador y el que recibió su confesión a través de su abogado) y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que, tras difundirse en varios medios el infundio distribuido por el máximo colaborador de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), colaboró con el fiscal general para recabar de Salto toda la información intercambiada con el abogado de su pareja para desmentirlo. También declaró la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, enemistada personalmente con García Ortiz y que asimismo tuvo acceso a toda la información recopilada por él, y Diego Villafañe, máximo colaborador del jefe del Ministerio Público en la Fiscalía General.

De esas cuatro declaraciones, la que en principio era más favorable a las tesis de las acusaciones, la de Almudena Lastra, no dio los resultados pretendidos por el letrado de Amador. La fiscal superior madrileña volvió a pintar a García Ortiz –como hizo durante la instrucción– como un filtrador compulsivo. Lastra relató de nuevo sus sospechas de que había sido el fiscal general del Estado el que, el día 12 de marzo de 2024, había filtrado a eldiario.es la exclusiva sobre la denuncia presentada contra el novio de Ayuso. También que cuando García Ortiz contactó con ella para elaborar el desmentido ella le habría dicho "lo habéis filtrado", a lo que el jefe de la fiscalía, según Lastra, habría respondido: "Eso ya no importa". Además, animó a Salto y a Rodríguez a desobedecer al jefe máximo del Ministerio Público y no enviarle la información que reclamaba avisándoles de que "lo van a filtrar".

La fiscal superior también detalló los desencuentros que tuvo con su superior sobre el contenido de la nota a elaborar y cómo, tanto ella como su jefe de prensa, se opusieron a la redacción y se negaron a difundir el comunicado bajo el membrete de su fiscalía. Lo hicieron con el de la fiscalía provincial. Lastra también aseguró que, desde que recibió la denuncia contra Amador el 7 de marzo y sabiendo que se trataba del novio de Ayuso, decidió –en consonancia con las tesis que Ayuso estaba difundiendo– abordar el caso como el de "un ciudadano particular" y ordenó no dar ninguna información porque no lo consideró "un personaje público". Esto a pesar de que desde la presidencia de la Comunidad de Madrid estaban dibujando públicamente el caso, por tierra, mar y aire, como una operación de Estado contra la dirigente del PP y poniendo en duda la imparcialidad de la fiscalía y de Hacienda.

La tercera planta y 1.300 personas

Sin embargo, todas esas afirmaciones de la que es, probablemente, la testigo más valiosa para las acusaciones –tiene un cargo importante en el Ministerio Público y no ha dudado en cargar contra su superior– quedaron en conjeturas sin ningún sustento probatorio. Para subrayar que lo que decía Lastra no eran más que meras suposiciones, tanto la Fiscalía como una de las abogadas del Estado que defiende a García Ortiz recordaron lo que había dicho la testigo que la había precedido, la fiscal jefa provincial de Madrid: que todos los correos intercambiados entre el fiscal Julián Salto y el abogado de Amador los envió simultáneamente al fiscal general del Estado y a Lastra, así que la filtración también pudo salir de la fiscalía superior. La defensora de García Ortiz, Consuelo Castro, llegó a recordarle que uno de los periodistas citados como testigos declararon en la instrucción que habían obtenido el correo cuya filtración se está juzgando en una tercera planta. Y preguntó: "¿En qué planta se encuentra su despacho?". Lastra torció el gesto y respondió: "En la tercera".

Previamente habían declarado Salto y Rodríguez. El testimonio de esta última, además de para confirmar que el correo de marras también lo tenía Lastra, sirvió para acreditar que desde su recepción en una cuenta genérica de la fiscalía de delitos económicos de la capital, el 2 de febrero, el mensaje había pasado por centenares de manos. A la cuenta genérica que se envió tienen acceso 12 fiscales y cuatro funcionarios. También se colocó en la carpeta compartida de las guardias, a la que tienen acceso 499 personas; en otra carpeta que la jefa provincial comparte con otros diez funcionarios, y en una tercera compartida con Lastra a la que tienen acceso, además de esta última, otros tres funcionarios de la fiscalía superior y todos los fiscales delegados y decanos de la provincia. También se colgó en las dos aplicaciones informáticas de la fiscalía madrileña, en las que pueden entrar 524 y 176 personas, respectivamente, entre fiscales y funcionarios. La suma supera la cifra de 1.300.

El fiscal del caso, Julián Salto, también señaló que, tras recibirse el correo en la cuenta de delitos económicos, le dejaron una copia impresa sobre la mesa de su despacho. Se trata de una estancia que comparte con otros tres representantes del Ministerio Público que también pudieron acceder al documento. El correo con la confesión de Amador, además de a la fiscalía de delitos económicos, también se envió a la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria en todos los procesos por delitos contra la Hacienda Pública.

La credibilidad de MAR

Tras los fiscales más directamente implicados en el caso durante las fechas en la que se produjo la filtración, les tocó declarar a los dos jefes de prensa encargados de elaborar y difundir el desmentido del bulo construido por MAR, que se inventó que era la Fiscalía –en lugar del abogado del novio de su jefa– quien ofrecía el pacto, pero que el Ministerio Público había retirado su propuesta "por órdenes de arriba", unas órdenes que jamás existieron. Pese a expresar sus discrepancias durante la elaboración del comunicado oficial de la rectificación, ambos coincidieron en una cosa: que ambos recibieron a lo largo del 13 de marzo llamadas de periodistas que decían que la mano derecha de Ayuso estaba divulgando ese infundio basándolo en un correo posterior a de la confesión, del 12 de marzo.

MAR sostiene sin mucho éxito que solo extendió esa patraña después de que La Sexta la desmintiera a las 22.20 horas del 13 de marzo. Así pretende demostrar que él no fue el primero en filtrar uno de los emails intercambiados entre Salto y la defensa de Amador antes de que el fiscal tuviera acceso a todos ellos, revelando a los medios la existencia de unas negociaciones de conformidad que implicaban necesariamente el reconocimiento de los delitos que se le imputaban. Los jefes de prensa de García Ortiz y de Lastra desmintieron ese extremo.

La credibilidad de MAR no solo quedó hundida por los testimonios de otros testigos. Su propia declaración, prestada un tono sobrado y a veces desafiante, fue un cúmulo de contradicciones, incoherencias e insultos. La mano derecha de Ayuso admitió sin pestañear que supo de primera mano de boca de Amador –que le reenvió un mensaje de su abogado– que las negociaciones de conformidad seguían en pie tras la publicación de la denuncia por eldiario.es el 12 de marzo y que, pese a ello, pocas horas después se inventó sin ningún problema –y sin pruebas, claro– que la Fiscalía había retirado la oferta "por órdenes de arriba". También afirmó que se enteró por sorpresa el mismo 12 de marzo de la denuncia por la noticia de eldiario.es, pese a que le hicieron ver que la noche anterior estuvo chateando –¡una hora!– con el director adjunto de ese medio, que le informó de lo que iban a publicar y le planteó una serie de preguntas. Cuando le dijeron que la noticia iba de un fraude fiscal de la pareja de Ayuso, MAR respondió: "Eso es muy grave; vosotros veréis".

Que el spin doctor de la presidenta madrileña dio mucha importancia a las informaciones de ese medio se deduce de la discusión que mantuvo ese mismo 12 de marzo con la adjunta a la dirección Esther Palomera. MAR dejó por escrito a través de WhatsApp amenazas como "Os vamos a triturar", "Vais a tener que cerrar" e insultos como "Que os den" e "idiotas". Pero delante del tribunal volvió a sacar toda su desfachatez y sostuvo que esa conversación se había producido pensando que actuaba "en confianza" con una periodista que conocía hace tiempo.

Pese a que quedó acreditado que eldiario.es le llamó para contrastar la información y darle la oportunidad de ofrecer la versión de la Comunidad, el jefe de gabinete de Ayuso no dudó en seguir con las descalificaciones sin que el tribunal lo parara. Se refirió a los periodistas de los medios de izquierda como "pesados", "activistas" y "agresivos". "Hay periodistas que no tienen credibilidad para mí", señaló. Suya fue una de las frases de este juicio que quedarán para la historia y que dicen mucho del crédito que se le debe conceder como portavoz. Después de que la abogada del Estado le preguntaran por la fuente de su bulo, dijo: "Era un mensaje sin apoyo en ninguna fuente. Yo soy periodista y trabajo en política. No soy un notario que necesite ninguna compulsa". Como si los periodistas pudieran mentir.

Pero, además, MAR proporcionó pruebas de que fue del entorno de González Amador de donde salió la primera noticia con el texto de uno de los correos intercambiados por el fiscal del caso y su abogado. Ese primer email se difundió antes de que el fiscal se hubiera puesto a recabar todos los que se enviaron entre ellos. La información se publicó en El Mundo y la firmó Esteban Urreiztieta. Fue la mano derecha de Ayuso quien puso en contacto al periodista con el novio de su jefa, que reconoció haber hablado con él. La hipótesis de las acusaciones es que fue García Ortiz quien, a través de la filtración del correo con la confesión de los delitos y mediante el desmentido oficial, reveló la estrategia de defensa de González Amador. Pero en realidad, esa estrategia de defensa, un pacto de conformidad que implica necesariamente reconocer los delitos, la adelantó El Mundo. El propio Urreiztieta afirmó el miércoles ante el tribunal que fue una exclusiva, lo que indica que el secreto de cuya revelación se acusa a García Ortiz ya estaba revelado por la información de El Mundo, elaborada con la colaboración del propio Amador.

Un irregular minuto de gloria

Lo más llamativo de la declaración de la pareja de Isabel Díaz Ayuso fue el especial dramatismo que imprimió al supuesto daño irreparable que le habían causado la filtración de su confesión y el desmentido oficial de la Fiscalía, con frases ya míticas como "pasé a ser el delincuente confeso del reino de España". En una actuación irregular y muy criticada, el tribunal le concedió un minuto de gloria al final de su testimonio, una especie de trámite de última palabra que solo está establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el acusado –nunca para el denunciante– al final del juicio. Y González Amador lo aprovechó, aunque pasándose de rosca y provocando las risas y rumores del público, para volver a subrayar que le habían "destrozado la vida". "O me voy de España o me suicido", añadió. "No le recomiendo ninguna de las dos cosas", le dijo el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta. "Hable con su abogado, que es quien mejor le puede asesorar en esa duda", añadió.

Pese a que se presentó poco más o menos como un perjudicado del Estado profundo, la realidad es que Hacienda investigó durante meses a su empresa Maxwell Cremona, por una defraudación en el Impuesto de Sociedades. Tras llegar a la conclusión de que la cuota defraudada superaba los 120.000 euros en dos ejercicios consecutivos (2020 y 2021), el límite entre la infracción administrativa y el delito fiscal, intentó arreglarlo ingresando a Hacienda la cantidad que le correspondía pagar. Pero la Agencia Tributaria le devolvió la cantidad ingresada porque la regularización que pretendía solo puede hacerse, según la ley, con anterioridad a la apertura de la inspección. Una vez descubiertos los delitos, la única vía que le quedaba para regularizar era un pacto de conformidad. La existencia de unas negociaciones para alcanzarlo fue lo que dio en exclusiva El Mundo el 13 de marzo y aclaró después el comunicado oficial de la Fiscalía del día siguiente.

Amador, sin embargo, volvió a presentarse como una víctima. Una víctima inocente de los delitos con pena de cárcel por los que será juzgado en los próximos meses –a los que se han sumado la imputación de otros dos, corrupción en los negocios y administración desleal, por una supuesta comisión encubierta pagada a un directivo de Quirón, principal contratista sanitario de la Comunidad que preside su pareja–. Una víctima del aparato del Estado solo por ser el novio de una rival política del partido del Gobierno. Fuentes jurídicas que han seguido estos días el juicio y conocen bien el caso interpretan que, con esa sobreactuación, lo que González Amador busca es una última bala para anular las causas abiertas contra él. La condena del fiscal general le permitiría plantear la nulidad por la vulneración de su derecho de defensa y sus garantías procesales. Si no lo consigue, no le quedará más remedio que pactar, esta vez sí, con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para evitar la cárcel.

Después de la querella buscó el acuerdo

Una de las declaraciones más interesantes de estas tres primeras sesiones fue la del fiscal que sustituyó a Julián Salto en el caso de Amador una vez que este se querelló contra él. Diego Lucas explicó que, el mismo abogado que representa al novio de Ayuso en el juicio, Gabriel Rodríguez-Ramos, intentó alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público después de querellarse contra su compañero y la jefa provincial, Pilar Rodríguez, por el comunicado oficial a los medios, querella que ha acabado con el fiscal general en el banquillo. Lo buscó durante tres meses más pero el pacto, que llegó a términos concretos, siempre se frustraba porque la acusación popular del PSOE y Más Madrid pedía nuevas diligencias. Fue tras la apertura de una nueva pieza separada por la supuesta comisión encubierta a Quirón que la negociación se quebró por iniciativa de la defensa de Amador.

Uno de los momentos memorables de la vista se produjo durante el testimonio de José Precedo, ex director adjunto de eldiario.es, el medio que publicó la querella contra el novio de la presidenta con los detalles del expediente tributario. El periodista, que asegura que tuvo el correo por cuya filtración se juzga al fiscal general mucho antes que este último, se acogió a su derecho constitucional de no revelar su fuente. Sí dijo que García Ortiz no había sido quien se lo había facilitado, pero el tribunal no se lo tomó bien. "Una cosa es que no revele su fuente y otra cosa es que se nos amenace", le dijo Martínez Arrieta. Precedo le respondió: "Solo digo que es un dilema moral. No amenazo". El redactor declaraba, como todos los testigos, con obligación de decir verdad y apercibido de que, de no hacerlo, podría abrírsele una causa por falso testimonio con penas de hasta tres años de cárcel.