La defensa de García Ortiz sugiere que la filtración pudo llegar de la fiscal superior de Madrid
Ha sido la última pregunta de Consuelo Castro Rey en un tenso interrogatorio. La abogada del Estado, ex máxima responsable de ese cuerpo y ahora defensora de Álvaro García Ortiz, ha recordado que uno de los periodistas que declararon como testigos durante la instrucción afirmó que había obtenido el correo en una tercera planta. Tras esa introducción ha lanzado a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, la siguiente pregunta: "¿En qué planta se encuentra su despacho?". Lastra, visiblemente molesta, ha respondido: "En la tercera".
La distancia y la enemistad entre Lastra y el fiscal general del Estado es notoria desde hace años. La fiscal superior, pese a ser subordinada de este último, se ha convertido en la principal testigo de cargo de las acusaciones. En la que prestó este lunes en el juicio, las acusaciones le preguntaron una y otra vez sobre el desencuentro entre ella y el máximo responsable de la Fiscalía sobre cómo afrontar las mentiras que estaba distribuyendo el 13 de marzo de 2024 Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. MAR distribuyó la mercancía averiada que ha desembocado en este caso: que la Fiscalía había ofrecido a su novio un pacto pero que lo había retirado por órdenes de arriba. "Todo sucio", añadió.
La realidad es que fue, como siempre en estos casos, la defensa la que ofreció el pacto para que su cliente evitara la cárcel, y el fiscal no recibió una sola instrucción para negarse a firmarlo. La Fiscalía General consideraba que el Ministerio Público debía desmentir ese infundio cuanto antes mediante la elaboración de una nota de prensa, pero la fiscal superior se negó a difundir el borrador que le enviaron sus superiores y terminó publicándola con el membrete de la fiscalía provincial de Madrid, dirigida por Pilar Rodríguez.
Desde que el Supremo se declaró competente para juzgar a García Ortiz y en varias resoluciones posteriores, la Sala de lo Penal ha insistido en que el comunicado que desmintió el bulo no era delito y, por tanto, quedaba fuera del proceso. Que lo único relevante es la filtración de un correo que, según los magistrados, se produjo el día previo a su difusión, el 13 de marzo de 2024. Sin embargo, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, no interrumpió en ningún momento las continuas preguntas sobre ese desmentido oficial.
Lastra, como hizo al iniciarse la causa en el Tribunal Superior de Madrid y durante la instrucción, ya en el Supremo, ante el magistrado Ángel Hurtado, se extendió en explicar sus suposiciones –sin ninguna prueba– de que había sido la Fiscalía General la que había filtrado el día 12 de marzo la querella contra González Amador que publicó elDiario.es. También reparó en el enfado que esto le causó y subrayó cómo advirtió al fiscal del caso, Julián Salto, y a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, de que no enviaran los mensajes a García Ortiz –que había dado la orden de recabarlos– avisándoles de que los iba a filtrar.
Previamente había declarado precisamente Rodríguez, que señaló que, cada vez que la Fiscalía madrileña denunciaba a una persona de relevancia pública, el director de Comunicación de la Fiscalía Superior hacía una nota de prensa. Sin embargo, tras conocer el 7 de marzo Lastra, a través de sus subordinados, la denuncia contra González Amador, no solo no se redactó nota alguna, sino que dio órdenes a su portavoz de no contar nada al respecto.
La abogada del Estado defensora de García Ortiz le preguntó por qué tampoco lo hizo el día 12, cuando ya era de dominio público por la noticia de elDiario.es. También quiso saber por qué tampoco se dijo nada cuando, el día 13, Isabel Díaz Ayuso afirmó en un acto público que su pareja estaba siendo objeto de una persecución política. Ni cuando la presidenta madrileña atacó directamente en X a la fiscal jefa Pilar Rodríguez por haber sido previamente directora general en el Ministerio de Justicia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En el momento que le preguntaron cuándo habría decidido que el caso tenía la suficiente relevancia mediática para dar información a los medios, Lastra respondió que la política de su Fiscalía es que solo se informe sobre la personalidad concreta y no de su pareja. "Si yo conduzco borracha es una noticia; pero si lo hace mi hijo, no", declaró Lastra. La fiscal superior madrileña ha llegado a contar cómo en hasta en cinco ocasiones se había negado a contestar al máximo responsable de su institución el 14 de marzo, cuando García Ortiz le dio instrucciones para publicar la nota.
Previamente, declaró la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, que, también a preguntas de la Abogacía del Estado, ha señalado cómo decenas de personas pudieron tener acceso a las actuaciones contra González Amador. Al correo con la confesión de Amador pudieron acceder, según relató, 12 fiscales y funcionarios de la cuenta genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos a la que se envió, las 499 personas de la carpeta compartida de las guardias, la carpeta compartida que mantiene la propia Rodríguez con otros 10 funcionarios, otra carpeta compartida más entre Rodríguez y Lastra a la que tienen acceso otros tres funcionarios de la Fiscalía Superior y todos los fiscales delegados y decanos. Además, la denuncia se colgó en el programa de gestión procesal de la Fiscalía (Fortuny) a la que entran 524 fiscales y funcionarios, y también en el sistema informático Safi (176 fiscales y funcionarios).
Asimismo, el 7 de marzo, los juzgados de Plaza de Castilla dieron cuenta de la denuncia a la Agencia Tributaria. Otras 26 personas podrían haber accedido a la documentación a través de la cuenta genérica de la Fiscalía General del Estado.
