El novio de Ayuso siguió buscando un pacto para evitar la cárcel tras la publicación de su confesión

Uno de los objetivos del proceso penal por revelación de secretos que se sigue contra el fiscal general del Estado en el Supremo es la supuesta vulneración del derecho de defensa de Alberto González Amador que provocó la filtración de un correo con su confesión de dos delitos fiscales. A tenor de lo declarado esta mañana por el fiscal que sustituyó a Julián Salto en el caso del novio de Ayuso, Diego Lucas, ese derecho de defensa no sufrió ningún daño. Sus abogados siguieron intentando alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para reconocer los hechos y que su cliente no entrara en prisión. Las negociaciones, que llegaron a términos concretos, se frustraron después de que la Audiencia de Madrid avalara la apertura de una nueva pieza separada en el caso para investigar una supuesta comisión fraudulenta de González Amador a un directivo de Quirón.

El fiscal Lucas explicó que se hizo cargo del caso en abril de 2024, después de que González Amador se querellara contra su compañero Salto, el representante inicial del Ministerio Público obligándolo a abstenerse en el caso. El novio de Ayuso lo acusaba de revelar su estrategia de defensa a través de la nota de prensa que envió la Fiscalía para desmentir el bulo que estaba transmitiendo el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a los medios. El proceso contra Salto, iniciado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es el que ha terminado con el fiscal general del Estado sentado en el banquillo.

Pese a que el caso contra la Fiscalía y la posterior implicación del fiscal general del Estado ya estaba en marcha, la defensa de González Amador, ejercida por los abogados Gabriel Rodríguez Ramos (el que actúa en el juicio que se sigue estos días en el Supremo) y Carlos Neira (el autor de la primera confesión del novio de Ayuso), siguió buscando un pacto con la Fiscalía. La primera vez que se lo plantearon fue el 20 de mayo de 2024, fecha en la que la pareja de Ayuso tenía previsto declarar ante el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid. "Cuando le pregunté a Rodríguez Ramos si seguían queriendo alcanzar una conformidad [el pacto para evitar la cárcel], recuerdo que se sorprendió", ha explicado Lucas. "Le dije que no teníamos problemas en alcanzarla", añadió.

Desde entonces, el fiscal Lucas entabló contactos con Neira a través del correo electrónico. "Tuvimos una relación cordial en todo el procedimiento", relató el fiscal. "Neira me hizo llegar una propuesta de unas hipotéticas conclusiones [escrito de acusación pactado para evitar la cárcel], un borrador de escrito de acusación y luego le envié otro escrito de calificación, este ya hecho por mí", añadió. "La propuesta era cuatro meses de prisión por cada uno de los delitos fiscales y una multa del 40% de la cuota defraudada". Las condiciones pactadas suponían que González Amador no habría entrado en prisión y habría pagado una multa menor que la inicialmente prevista.

La intención de los abogados del novio de Ayuso durante esas fechas era que Amador declarara cuanto antes para alcanzar rápidamente el acuerdo. Rodríguez Ramos, además, transmitió a Lucas las prisas por alcanzarlo. Pero los sucesivos intentos de que Amador declarara se frustraron porque las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid pidieron nuevas diligencias. "La acusación popular entendió que no era oportuno", ha explicado Lucas. "Se volvió a intentar el 24 de junio, pero tampoco se cerró [el pacto] porque la pareja de la presidenta tampoco llegó a declarar". Para anunciar un acuerdo de conformidad entre acusado y fiscal es necesario que, al menos, la instrucción del caso eche a andar, pero el primer trámite, la declaración de González Amador, no se había producido todavía.

Según ha afirmado Lucas, en ningún momento ha recibido a lo largo del procedimiento contra Amador que se sigue en Plaza de Castilla ninguna instrucción para que no alcanzara el acuerdo. Los contactos siguieron hasta el 20 de julio de 2024, cuatro meses después del desmentido del infundio difundido por Miguel Ángel Rodríguez. Desde entonces, los abogados intentaron retrasar al máximo la declaración de su cliente a la espera de que la Audiencia Provincial resolviera el recurso presentado contra la pieza separada en la que, además de los delitos fiscales y de falsedad documental de la pieza principal, se investigan los de corrupción en los negocios y administración desleal.