Sabemos que siempre está ahí, que aparece con frecuencia en los periódicos, que compra influencia política sin ambages desde el primer plano de su palco central (no le hace falta esconderse en el patio trasero), hasta el punto de recibir indemnizaciones multimillonarias con el dinero de las españoles y las españolas por proyectos fallidos; que es una de las personas más ricas del país… y que está enfadado, muy enfadado.

Por sorpresa, parecía que Marlon Brando regresara este 12 de mayo a las principales radios y cadenas del país. Sorprendente, sí, pues el personaje no daba una rueda de prensa desde hacía 11 años, el 3 de diciembre de 2015. Tal vez no fuera una ida de olla, sino una oda a la IDA (Isabel Díaz Ayuso), una de esas devoluciones de favores que mantiene con las instituciones madrileñas, necesitadas de un vaivén en la balanza mediática, en este caso para quitar peso a las audiencias del viaje provocativo de la presidenta a México, que ha concluido con una estancia sin agenda de trabajo en Riviera Maya. Pagado con dinero de los contribuyentes, sí.

La realidad vuelve a superar a la ficción. Las fricciones internas del ente empresarial del Real Madrid han dado lugar a la salida al ruedo ibérico de Florentino Pérez, con unas dotes interpretativas propias de la dirección y el guion de Francis Ford Coppola, como si el presidente madridista hubiera visto y revisto, pausado y estudiado, las técnicas de Vito Corleone en el Padrino I. A falta de esa voz aguardentosa que caracteriza al capo, cuando el negocio no funciona, este enuncia al dictado la soberbia, la amenaza y la exculpación como métodos para enderezar esos renglones que se le han torcido a su dios, “el mejor presidente de la historia”.

Siguiendo la estela de la filmografía de la familia siciliana y el uso de la violencia para la resolución de conflictos, Florentino justifica la pelea entre Tchouameni y Valverde, que acabó con el uruguayo en el hospital: “No es la primera vez que dos jugadores se pegan, lo han hecho casi todas las temporadas, como jóvenes que son”.

Como si se tratara de acabar con el traidor, al estilo de Vito con su hermano Fredo, los audios de Flo —apenas destacados por la prensa nacional en su momento— no dudan de su valía e intencionalidad para matar, metafóricamente hablando, y dañar profesionalmente a sus adversarios o antiguos compañeros: “Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo, Casillas”. Ah, mientras, en paralelo, el presidente de su eterno rival, el FC Barcelona, Sandro Rosell, pasaba casi dos años en prisión sin que se probaran sus delitos de blanqueo y organización criminal. En 2025, la Audiencia Nacional reconoció una indemnización de 232.500 euros por los daños morales y económicos causados.

Siguiendo el hilo de dos años consecutivos sin títulos, el dedo índice ha salido a pasear para señalar y buscar culpables de los propios fracasos, como si siguiera los consejos expeditivos de un Tom Hagen siempre preciso: caso Negreira y siete ligas robadas.

Al estilo de los encuentros entre la famiglia para hablar sobre la seguridad del patrón Corleone al no colaborar estrechamente con los negocios de otras facciones del hampa, Florentino retó a sus críticos: “A mí me tendrán que echar a tiros porque tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid”, como si quisiera emular al personaje cinematográfico de Vito. Claro que no creo que esto sucediera en un mercado de Aluche mientras compra unas naranjas, sino más bien a la salida de un despacho de contratación de obra pública o algo por el estilo.

Ante el atentado periodístico que el mandatario dice sufrir, se defiende convocando elecciones para que el socio o la socia madridista decida libremente, en el caso de que tenga alguna opción real de elección: para ser candidato son necesarios 20 años de socio y un aval de, al menos, 187 millones de euros. ¿Estamos hablando de democracia con candidato único o de la teocracia de Florentino?

Por último, y en lo que se refiere al papel de la mujer en El padrino, esta guarda un respeto profundo al oficio de sus protectores, que cuidan de la familia y, a pesar de sus dudas respecto a sus acciones fuera de la ética, siempre tragan con las decisiones de sus hombres. Parece que a Florentino le molesta, también, que la mujer salga del hogar: “Fíjense qué dos artículos. Uno la escribe una mujer que no sé ni si sabe de fútbol, pero bueno…”; “A ver, esa niña, que también tiene derecho a hablar...”, fueron sus palabras en la rueda de prensa.

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Paco Ochoa es socio de infoLibre.

Después de todo lo ocurrido en el entrenamiento y del significado que guarda, la respuesta del club ha sido destacar que el problema está en la filtración que ha permitido que se conozca lo ocurrido, y se ha señalado hacia quien lo ha hecho para intentar adoptar medidas contra él, una iniciativa que refleja muy bien cuál es el sistema impuesto por el modelo androcéntrico, y cómo su exigencia es mayor conforme el ambiente donde se presenta el conflicto es más masculino.

Un sistema de poder se sostiene sobre la injusticia, y para que pueda perpetuarse necesita de dos elementos esenciales. Por un lado, la capacidad de someter para que todo se ajuste a lo establecido por las jerarquías, a sabiendas de que cada pieza tiene que realizar su función a cambio de la recompensa correspondiente, y por otro, el silencio para que no se descubran las dinámicas, elementos y relaciones que se llevan a cabo dentro de él como parte de la injusticia. No basta con que cada uno haga su parte, sino que además debe guardar silencio sobre todos los demás.

Gracias a ese mutismo el sistema de poder se mantiene sobre la injusticia, y nadie cuestiona nada por ese silencio que invisibiliza, y por esa complicidad que obliga para que el todo y las partes obtengan su recompensa.

De ese modo, entre el silencio y la ceguera resulta difícil conocer y tomar conciencia de nada.

La desigualdad y la sumisión de las mujeres a lo que el modelo androcéntrico ha establecido se basan en esa injusticia de tomar lo masculino como superior, y en el silencio para cuestionar lo que sucede como parte de sus dinámicas y relaciones. Esa idea hace que cualquier situación que se presente sea integrada dentro de la normalidad definida por el sistema, de ahí que la violencia de género se aceptada, como manifiesta el 22% de los jóvenes al afirmar que “si es de poca intensidad no es un problema para la pareja” (CRS 2025).

Por lo tanto, no hay desigualdad ni injusticia en que las niñas no fueran a la escuela ni las mujeres a la universidad, tampoco en que no pudieran votar o trabajar sin el permiso del marido, ni en que cobren menos por el mismo trabajo, ni en que no tengan las mismas oportunidades para ocupar puestos de responsabilidad ni de representación política, todo es parte de esa organización creada por la cultura androcéntrica y su normalidad.

El problema está en quien rompe el silencio, en el chivato que muestra la injusticia y denuncia los hechos. Y quienes han roto el silencio masculino han sido las mujeres y el feminismo, de ahí toba la violencia desatada contra ellas, contra las “chivatas”.

Y como ocurre en otras situaciones, cuanto más masculinizado sea el contexto, más necesario es el silencio para que la invisibilidad se mantenga. Y nada más masculino en su definición y configuración que las relaciones familiares y de pareja, tanto que el sistema todavía hoy, en pleno siglo XXI, se sustenta en las labores domésticas que realizan las mujeres en todo el planeta. 

Por eso el silencio es esencial sobre lo que ocurre en casa, y por esa razón siempre se ha dicho que la violencia que sufren las mujeres en las relaciones de pareja es un tema privado en el que no se debe entrar, salvo que el resultado sea grave. Recuerdo cómo en los años 2000 se decía desde algunas posiciones jurídicas que desarrollar una ley contra la violencia de género era “criminalizar las relaciones de pareja”, algo que no es muy diferente a lo que hoy critican muchos cuando dicen que “ahora todo es violencia”, para cuestionar que muchas conductas que antes ejercían con impunidad ahora son denunciadas y condenadas. 

De manera que para el machismo el problema de la violencia de género son las “chivatas” que denuncian lo que pasa en casa y, como el Real Madrid o cualquier otra persona, entidad o empresa, lo que hay que hacer es actuar con quien rompe el silencio con independencia de que una vez conocido lo ocurrido se tenga que actuar sobre el responsable.

Esa imposición del silencio, una vez que la sociedad es lo suficientemente consciente del problema de la violencia de género, es lo que lleva a hablar de denuncias falsas para que se mantenga la normalidad impuesta que cada agresor establece en su casa y en su relación. Ya no pueden imponer el silencio a las mujeres, pero tratan de taparles la boca con sus críticas y amenazas, y presentando sus palabras como falsas. 

La realidad de la violencia de género es muy clara, como recoge la Macroencuesta del 2024. Más de 2,4 millones de mujeres maltratadas cada año, de ellas más de 141.000 mujeres violadas al año por sus parejas, y solo un 9% de denuncias. El silencio predomina, pero cada vez es menor y el eco del conocimiento mayor. Y eso para el machismo es inaceptable, de ahí su violencia en las redes y su guerra cultural, y su estrategia de cuestionar a las mujeres que sufren la violencia de los hombres, en lugar de criticar a los agresores. En definitiva, es la misma “estrategia del chivato” que se mantiene como parte de su modelo para conseguir dos objetivos: uno, criticar todo lo relacionado con la violencia de género, y el otro, desviar la mirada del problema real para situarlo en temas secundarios, con el objeto de que la gente se mantenga lejos de su realidad y acepte que todo es un “invento ideológico”, como tanto repiten.

No lo conseguirán porque hoy sabemos que quien actúa contra una violencia estructural, como es la violencia de género, está defendiendo los Derechos Humanos y la democracia, y ante eso nunca nos van a callar.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Florentino Pérez organizó este martes una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva del Real Madrid para, entre otras cosas, convocar elecciones a la presidencia del club tras los fracasos deportivos de las últimas dos temporadas. Lo que no estaba en el guión —o sí— es que Pérez terminó amenazando con darse de baja de ABC “en honor a su padre”, asegurando en repetidas ocasiones que no tiene cáncer terminal, y describiendo a su posible rival en las elecciones como “ese señor que habla con acento sudamericano... bueno, mexicano, que no me salía la palabra”. 

La rueda de prensa, convocada formalmente para denunciar una campaña mediática organizada contra el club y su presidente, será recordada como una de las comparecencias más peculiares de, como mínimo, la historia del fútbol español. 

El principal blanco de sus ataques fue la prensa —llegó a protagonizar un enfrentamiento con un redactor de ABC al que señaló con nombre y apellidos— pero tampoco se libró el sector de las empresas eléctricas, al que acusó de querer apropiarse del club. 

Pero el verdadero detonante de la comparecencia, el hombre de “las eléctricas” y el “acento mexicano” —al que no llegó a referirse por el nombre como sí hizo con varios periodistas— es Enrique Riquelme Vives, empresario de 37 años. Un hombre que, en los vídeos disponibles, habla con acento perfectamente castellano.

Enrique Riquelme nació el 9 de enero de 1989 en Cox —el municipio alicantino que da nombre a su empresa—, y desde joven estuvo vinculado al mundo empresarial por los negocios familiares en la construcción y el sector inmobiliario. El vínculo familiar con el Real Madrid viene de atrás: su padre fue miembro de la junta directiva que presidió el club con Ramón Calderón a la cabeza entre 2006 y 2009.

Su carrera tomó un rumbo internacional cuando en 2010 se trasladó a Panamá para fundar el Grupo El Sol, de energía fotovoltaica. Años después, en 2014, de vuelta en España, fundó Cox Energy en Madrid. El crecimiento fue meteórico: Forbes lo incluyó en 2020 en la lista de los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios, y posteriormente en la de mejores CEO de 2024. El Mundo estimaba su patrimonio, a fecha de 2025, en 460 millones de euros en acciones de su empresa. Cox Energy cotiza en la Bolsa de Madrid y la Bolsa Institucional de Valores de México, y mantiene proyectos en África, Sudamérica y el Golfo Pérsico.

En 2023, un juzgado mercantil de Sevilla adjudicó a Cox Energy los activos de Abengoa —una de las mayores quiebras de la historia empresarial española, con una deuda de aproximadamente 6.000 millones de euros—. El último gran movimiento llegó hace apenas unas semanas, cuando Cox Energy anunció la compra del 100% de los activos de Iberdrola en México por 4.200 millones de dólares.

Riquelme no es un nombre nuevo en los pasillos de Concha Espina. Ya en 2021 anunció su intención de presentarse a la presidencia del Real Madrid, aunque finalmente no formalizó su candidatura, alegando que los plazos establecidos por la Junta Directiva y la Junta Electoral hacían imposible presentar en tiempo una candidatura completa. Dejó, eso sí, una promesa en pie: volvería. 

Cinco años después, el escenario ha cambiado. A su lado aparece ahora David Mesonero, director de Desarrollo Corporativo de Iberdrola y yerno de Ignacio Sánchez Galán, presidente de la compañía desde 2006. Los dos perfiles, según diversas informaciones, habrían estado explorando una candidatura conjunta. Riquelme —que el pasado enero se dejó ver con varios pesados pesados históricos del Real Madrid en su fiesta de cumpleaños— tendría incluso un local ya alquilado en las inmediaciones del Bernabéu para usar como base de su campaña, según publica El Confidencial.

El eje Cox-Iberdrola coloca sobre la mesa una alternativa a la histórica influencia del sector constructor en el club: si Florentino Pérez ha gobernado el Real Madrid desde el poder de ACS, el mayor grupo de construcción de España, sus rivales llegan, como el propio Pérez dejó claro en su rueda de prensa, desde el sector energético. 

La candidatura exige, en todo caso, superar barreras altas. El presupuesto del Real Madrid para la temporada 2025-2026 asciende a 1.248 millones de euros, y los estatutos aprobados por Florentino obligan a cualquier candidato a avalar personalmente el 15% de esa cifra, una cantidad cercana a los 200 millones de euros, además de acreditar una antigüedad de al menos 20 años como socio del club. Está por ver si Riquelme tiene capacidad financiera para hacer frente a ese aval o si recurrirá, como denunciaba Pérez —“que se presenten a las elecciones y no vayan preguntando a los bancos si el presidente de una empresa eléctrica puede puede avalar la candidatura”, dejó caer el presidente— a los fondos de Iberdrola.  

Que Florentino Pérez y Sánchez Galán se detestan no es ningún secreto en el Ibex 35. El enfrentamiento entre ambos se remonta a cuando Florentino Pérez intentó hacerse con Iberdrola e incluso manejó planes para fusionarla con Unión Fenosa Gas, de la que controlaba un porcentaje. 

En febrero de 2006, ACS entró en el accionariado de Iberdrola en lo que se presentó inicialmente como una operación amistosa y pactada. La sorpresa llegó cuando ACS se encontró con que Galán les negaba la entrada en el consejo de administración, con el argumento de que eran competencia. ACS llegó a invertir 8.500 millones de euros para hacerse con el 20% de Iberdrola entre 2006 y 2012, sin lograr ningún asiento en el consejo. 

La guerra no terminó ahí. El caso Villarejo revivió el enfrentamiento: los papeles del comisario jubilado apuntaron a que ejecutivos de Iberdrola habrían operado para desacreditar a Florentino Pérez, algo que derivó en una cascada de demandas cruzadas. Un juzgado mercantil de Madrid acabó condenando a ACS por competencia desleal frente a Iberdrola, ordenándose cesar en sus actos de “denigración” hacia la eléctrica. 

Ahora este pulso parece trasladarse a un nuevo escenario, tan estratégico o más que la bolsa de valores o la CNMV: el palco del estadio Santiago Bernabéu.

La Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto que Real Madrid Estadio SLU y el director general del club, José Ángel Sánchez, no son responsables de ningún delito por exceso de ruido en los conciertos en el estadio Santiago Bernabéu y que son las promotoras de estos las que no deben sobrepasar los límites de la ordenanza municipal.

La sección tercera de la Audiencia ha estimado íntegramente los recursos del club y de su director general, a los que se adhirió el Ministerio Fiscal, para el sobreseimiento libre de las actuaciones y poner fin al proceso penal que llevaba a cabo el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid.

El auto, fechado el 12 de mayo y al que ha tenido acceso EFE, revoca la decisión previa del juzgado de Instrucción, que había acordado continuar el procedimiento abreviado por un posible delito medioambiental, tras la denuncia de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu (AVPB).

Para la Audiencia Provincial, la acción cometida por Real Madrid Estadio SLU y su director general se limita a la cesión del estadio Bernabéu a cada promotor de un espectáculo musical, a cambio de un precio o alquiler, pero no promueven, ni organizan, ni desarrollan cada evento musical.

El auto afirma que son las empresas promotoras las que generan el ruido y es suya la responsabilidad de no sobrepasar los límites de decibelios, de acuerdo a la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica y térmica de 25 de febrero de 2011, según establece la legislación autonómica.

También precisa que si el Bernabéu carece aislamiento suficiente para impedir que el elevado volumen de la música genere en sus alrededores ruido superior al máximo de decibelios permitidos, son los promotores de los eventos los que deben adecuar sus espectáculos a los requerimientos legales en ese aspecto.

Señala que tampoco cabe imputar delito por omisión a Real Madrid Estadio SLU ni a José Ángel Sánchez, que no están obligados legalmente, ni por contrato, a controlar la emisión de ruido al exterior del estadio.

La resolución recuerda que el delito medioambiental por contaminación acústica exige acreditar una conducta idónea para generar un riesgo grave para la salud o el medio ambiente, así como la responsabilidad directa o indirecta de quienes controlan la actividad contaminante.

La Audiencia concluye por tanto que no son autores del delito previsto por el artículo 325.1 del Código Penal pues la acción perpetrada, la cesión del estadio Santiago Bernabéu a los promotores de los espectáculos musicales, no integra la tipicidad del delito y procede el sobreseimiento del procedimiento.

Contra esta decisión cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo dentro de los cinco días siguientes a su notificación

La causa se abrió a raíz de una querella planteada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu (AVPB), que denunciaba la superación de los límites sonoros establecidos por la normativa municipal en un total de dieciocho conciertos y eventos celebrados en el Santiago Bernabéu entre el 26 de abril y el 8 de septiembre del año anterior.

La asociación querellante presentó como prueba unas 150 mediciones de ruido, tanto efectuadas por agentes del Ayuntamiento de Madrid como encargadas a empresas de ingeniería, y alegó que el propio Consistorio había incoado varios expedientes sancionadores a los promotores de los conciertos, imponiendo multas de entre 16.000 y 148.000 euros.

El juzgado ya rechazó investigar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o al concejal delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, contra quienes también se dirigía la querella.

La Asociación de Promotores Musicales (APM) ha mostrado su preocupación por la inseguridad jurídica que se genera tras esta resolución de la Audiencia Provincial.

"Los promotores asumen el mayor riesgo económico, operativo y reputacional en la celebración de espectáculos de gran formato", explica en un comunicado esta organización, que defiende la necesidad de avanzar hacia un marco equilibrado que garantice convivencia, sostenibilidad y seguridad jurídica para la música en vivo.

La asociación advierte del "impacto" que se puede generar en el conjunto de la música en vivo y, especialmente, sobre quienes hacen posible la celebración de grandes conciertos y eventos, que son las promotoras musicales.

Defiende que "detrás de cada gran concierto existe un enorme trabajo de planificación, producción y coordinación técnica que convierte estos eventos en proyectos culturales de gran valor".

Pero reconoce también "derecho de los vecinos al descanso y la importancia de encontrar soluciones que permitan compatibilizar la actividad cultural con la convivencia y el bienestar de quienes residen en las zonas donde se celebran estos eventos".

Por ello, y tras subrayar el impacto económico, turístico y social de la música en vivo, la APM apuesta por avanzar en un "marco claro y equilibrado" con garantías para todas las partes implicadas porque "los promotores no pueden seguir soportando en solitario todo el peso y el riesgo que implica traer grandes artistas y organizar eventos de esta magnitud".

Por último, señala que España se ha consolidado como un referente en música y cultura en vivo.

Favorecer al Real Madrid con la construcción de túneles y aparcamientos en los alrededores del Santiago Bernabéu, un feudo histórico del PP en pleno distrito de Chamartín. Aprobar una tasa de basuras impuesta por la normativa europea, pero sin adaptar la correspondiente cuota al número de ocupantes de cada vivienda o sin explicar la incidencia de los residuos procedentes del comercio, la hostelería o el turismo en cada uno de los distritos de la capital. Se trata de dos de las apuestas en las que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida (PP), ha chocado más directamente con parte de sus ciudadanos y potenciales votantes.

El enfrentamiento con una asociación vecinal –la Asociación Perjudicados por el Bernabéu– por la conversión del estadio del Real Madrid en un enorme centro comercial y de espectáculos con la construcción de dos enormes aparcamientos bajo la Castellana y en Padre Damián pasó de los despachos municipales a la discusión de los grupos políticos en el Pleno y de ahí a los juzgados. La implantación de la tasa de basuras, por su parte, provocó más de 130.000 reclamaciones tributarias de contribuyentes, según adelantó El País el pasado febrero. Ambos contenciosos han acabado con dos importantes varapalos judiciales contra el equipo de Almeida en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y el principal motivo en ambos casos es el mismo: la falta de transparencia en la gestión de sus iniciativas.

El último se produjo el pasado lunes, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal regional madrileño estimó el recurso administrativo de varias organizaciones, entre ellas la Asociación Española de Asesores Fiscales y Más Madrid, y anuló la nueva tasa municipal. La sentencia explicó que la creación de la tasa era imperativa por obligación del derecho europeo y su traslación a la ley estatal de residuos, pero consideró ilegal el procedimiento por el que se aprobó la ordenanza en la que se recogía. La resolución, que en esencia reprocha al Ayuntamiento la falta de publicidad de los informes que justificaron la configuración de la tasa, puede ser ahora recurrida ante el Tribunal Supremo.

La vulneración se produjo en el trámite de información pública del proyecto, en el que se omitió una parte esencial del informe técnico-económico que servía para la determinación de la cuantía de la tasa para cada contribuyente. Entre lo no publicado se encontraba aquello que precisamente criticó la oposición municipal: el estudio de generación de residuos por las distintas actividades económicas –turismo, hostelería, comercio...– unos datos que, según el tribunal "resultan imprescindibles para comprender y fiscalizar la cuantificación del tributo". Sin esa información no se podía conocer la relación entre cada actividad económica y la carga tributaria, lo que impidió a los ciudadanos y asociaciones afectadas presentar alegaciones fundadas y cuestionar el tributo.

La anulación de la tasa de residuos se produce solo cuatro meses después de que esa misma Sala tumbara los dos aparcamientos y el túnel cuya construcción adjudicó el equipo municipal de Almeida a una sociedad creada al efecto por el Real Madrid. El problema en este caso también estuvo relacionado con la transparencia y la información suministrada a los ciudadanos. Según el tribunal, el Ayuntamiento no dio publicidad al estudio de viabilidad económico-financiera del proyecto, "máxime cuando se trataba de una concesión tan mediática y polémica".

La sentencia también consideró incompatibles los dos parkings con el planeamiento urbanístico y de movilidad del Bernabéu y su entorno, aprobado en 2017, tal y como determinaron los propios órganos técnicos de Urbanismo. Por último, la resolución reprochó la previsión en esas obras de la construcción de un túnel de 650 metros para dar acceso al aparcamiento del estadio, al considerar que solo respondía a los intereses del club de fútbol que preside Florentino Pérez y no a los generales de la ciudadanía.

El Juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha acordado abrir juicio oral contra el defensa del Real Madrid Raúl Asencio y los exjugadores de la cadena de filiales del club Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, acusados de haber difundido sin permiso vídeos de contenido sexual que afectan a dos jóvenes, una de ellas menor.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el juez exige a Ruiz, Rodríguez y García que depositen sendas fianzas de 20.000 euros, mientras que requiere a Raúl Asencio que aporte una de 15.000 euros.

La diferencia estriba en que a los tres primeros no solo se les acusa de haber difundido los vídeos, sino de ser los autores de esas grabaciones, sin contar con permiso de las afectadas.

Contra el auto hecho público este jueves –aunque lleva fecha del 2 de septiembre– ya no cabe recurso alguno. Ahora, el caso será remitido a un Juzgado de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria para que fije la fecha en la que se celebrará la vista pública.

Los hechos por los que van a ser juzgados ocurrieron el 15 de junio de 2023, cuando los cuatro futbolistas pasaban el día en un club de playa de la localidad de Amadores, en el sur de Gran Canaria.

Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García conocieron a dos chicas, una de las cuales tenía entonces 16 años, con las que mantuvieron una relación sexual consentida en una cabaña privada del club, a la que no entró Raúl Asencio, que se mantuvo en todo momento al margen de lo que allí sucedía y siguió en la piscina común.

Las denunciantes aseguran que, sin su permiso, los tres jugadores, que ya no pertenecen al Real Madrid, las grabaron manteniendo sexo y difundieron esos vídeos en grupos de WhatsApp, a pesar de que ellas les habían pedido expresamente que los borraran de sus móviles.

La implicación de Asencio en el caso llegó días más tarde, cuando uno de los procesados le envió uno de los vídeos a su teléfono móvil y él se lo enseñó a un amigo, supuestamente a sabiendas de que se habían tomado contra la voluntad de las jóvenes que aparecían en ellas.

Es algo que él mismo reconocía en un mensaje de WhatsApp recuperado por la Guardia Civil de su teléfono, en el que decía: "Oye, hermano, yo a ti te lo enseñé porque me lo pasó Juan (Rodríguez)", como recogía el auto que puso fin a la instrucción.

En este procedimiento, la Fiscalía pide penas de cuatro años y siete meses de cárcel para Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García y de dos años y seis meses de prisión para Raúl Asencio.

A los tres primeros, les imputa un delito de distribución de pornografía infantil en concurso dos delitos contra la intimidad, por haber grabado y distribuido las imágenes, mientras que a Asencio le atribuye dos delitos contra la intimidad (por haber mostrado las imágenes sabiendo las circunstancias en las que se grabaron).

En el caso, también están personadas como acusaciones particulares las dos jóvenes denunciantes. La que era menor en la fecha de los hechos formula cargos contra los cuatro futbolistas, mientras que su compañera ha retirado la acusación contra Raúl Asencio. Lo ha hecho, según confirmó a EFE su letrada, tras haber sido indemnizada por el jugador en una cantidad que no se ha hecho pública y haber recibido una carta formal de disculpas del futbolista, en la que este admite expresamente "el error" de haber mostrado a una tercera persona las imágenes que recibió en el móvil. 

El exentrenador italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti ha sido condenado a un año de prisión por un delito contra la Hacienda Pública relacionado con el ejercicio fiscal 2014, mientras que ha sido absuelto de otro igual relativo a 2015, según recoge EFE. 

La sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid le condena a la pena mínima prevista en la ley por el fraude de 2014 y le impone una multa 386.361,93 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas o subvenciones públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.

En lo que respecta al ejercicio 2015, el tribunal absuelve al acusado por no haber probado que viviese en España al menos los 183 días que exige la ley para estar obligado a tributar, dado que estableció legalmente su residencia en Londres en abril de ese año, cuando fue cesado por el Real Madrid, aunque mantuviese una vivienda en la capital española.

Antes del proceso penal, Ancelotti consignó 1.400.000 euros para pagar su deuda fiscal, el recargo de apremio y los intereses, por lo que ahora se le devolverá parte de esa cantidad.

La Fiscalía pedía 4 años de prisión para el extécnico del Real Madrid y actual seleccionador de Brasil al acusarle de haber defraudado al erario público 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros) durante la primera etapa en la que el italiano entrenó al Real Madrid.

El tribunal considera probado que el entrenador se valió de una estructura societaria domiciliada en Islas Vírgenes y en Londres para el cobro acordado por sus derechos de imagen, cedidos en un 50% al Real Madrid, club que se comprometió a pagarle por ese concepto 1.409.645 euros en la temporada 2013/2014 y 1.795.575 por cada una de las dos siguientes.

Durante el juicio, celebrado los pasados 2 y 3 de abril en la Audiencia madrileña, Ancelotti dijo que nunca pensó en defraudar a Hacienda y que él hizo lo que le dijeron el club y sus asesores, pidió su absolución y, en caso de ser condenado, solicitó que se le aplicara las circunstancias atenuantes de reparación del daño, al haber saldado la deuda con fecha de diciembre de 2021, y de dilaciones indebidas. 

El tribunal acuerda notificar la sentencia a la Agencia Tributaria para que haga los ajustes correspondientes sobre las cantidades abonadas por el entrenador.

Fuentes de la defensa del técnico han indicado a EFE que, además de devolverle buena parte de los 1,4 millones de euros que él ingreso a finales de 2021 por corresponder al ejercicio de 2015, la sentencia confirma que ese año su residencia fiscal estuvo en Londres.

Por ello, calcula que en lugar de tributar al 49% por sus ingresos totales (unos 18 millones de euros) debió hacerlo al 20%, con lo que la devolución de Hacienda podría rozar los 5 millones de euros.

Los cuatro miembros del grupo ultra Frente Atlético que colgaron un muñeco con la camiseta de Vinicius han pactado con las acusaciones condenas que implican multas, inhabilitación y alejamiento tanto del jugador como de los estadios de fútbol, si bien no entrarán en prisión, informa EFE.

Con este pacto entre la Fiscalía, los acusados y las acusaciones -ejercidas por el Real Madrid, La Liga y la Federación Española de Fútbol- los cuatro ultras han reconocido los hechos, constitutivos de un delito de odio y otro de amenazas y han sido condenados a penas que van desde los 14 meses de cárcel hasta los 22.

Al tratarse de una condena inferior a los dos años de prisión y carecer de antecedentes, sumado al hecho de que los acusados han remitido una carta al tribunal en la que piden disculpas al futbolista, todas las partes han acordado suspender la entrada en prisión con la condición de que no vuelvan a delinquir en un periodo de cuatro años para el primer acusado y tres para los otros tres.

En la vista de este lunes en la Audiencia de Madrid, uno de los cuatro acusados ha ejercido de portavoz y ha leído ante el tribunal de la sala la carta en la que pidieron públicamente disculpas y mostraron su "total arrepentimiento": "Pedimos perdón al jugador (...) Lamentamos sinceramente haber colgado el muñeco", llegó a decir uno de los ultras encausados.

El pacto ha sido posible porque Vinicius ha renunciado "expresamente" a una indemnización por estos hechos, según ha destacado la magistrada presidenta del tribunal. En total, el primer acusado asume hasta 22 meses de pena mientras que los otros tres tendrán una de 14 meses por los mismo hechos, ya que actuaron en calidad de coautores, según la sentencia condenatoria que fue leída a viva voz.

El acuerdo de conformidad llega en una sesión previa a la celebración del juicio, que no tendrá que celebrarse, y tras la declaración del propio Vinicius hace unos meses, en la que explicó por videoconferencia que se sintió ofendido al saber lo que habían hecho los acusados, ya que se hizo "por racismo y por odio" a su persona y al Real Madrid, y que se planteó si él o su familia "estaban en peligro".

Los hechos ocurrieron el 26 de enero de 2023, antes de que se disputara el partido de fútbol de Copa del Rey en el estadio Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, cuando los acusados colgaron el mencionado muñeco junto a una pancarta con la leyenda "Madrid odia al Real" cerca de la ciudad deportiva del conjunto blanco.

El fallo subraya que los acusados, a los que vincula con el grupo ultra Frente Atlético, identificado ideológicamente con la extrema derecha, actuaron "movidos por el menosprecio y el rechazo hacia el color de la piel de la víctima", el jugador brasileño Vinicius. Además se les impone una inhabilitación de usar redes sociales el tiempo que dure la condena porque la imagen del muñeco colgado fue publicada por uno de los ultras en la red social X (la antigua Twitter). También tienen prohibido acercarse a menos de 1.000 metros de la ciudad deportiva del Real Madrid, así como de los estadios cuando acojan partidos, incluso los de fútbol femenino o equipos filiales.

Al primero de ellos se le ha impuesto, además, una multa de 1.084 euros (nueve meses y un día a razón de 4 euros diarios), y a los tres restantes una multa de 720 euros (seis meses a razón de 4 euros diarios) Todo ello se sumará a un curso obligatorio de diversidad y no discriminación que tendrán que realizar a petición del fiscal y que depende de Instituciones Penitenciarias.

La defensa de la menor que aparece en el vídeo sexual que tres canteranos del Real Madrid grabaron en el 2023 en un club de playa de Gran Canaria pide cuatro años de cárcel para el futbolista Raúl Asencio, al que acusa de haberlo compartido a sabiendas de que fue tomado sin permiso.

El letrado que la representa ha confirmado a EFE que, como acusación particular, han pedido ya la apertura de juicio por delitos de revelación de secretos y pornografía infantil contra los jugadores Juan Rodríguez, Ferran Ruiz y Andrés García, que ya no pertenecen al Real Madrid, y también contra Raúl Asencio, que en la actualidad milita en el primer equipo del club blanco.

A los tres primeros les acusa de un delito de revelación de secretos consistente en la grabación de un vídeo sexual sin permiso, con el agravante de haberlo difundido, y de otro de pornografía infantil, ya que en las imágenes aparece una menor, por lo que solicita que sean condenados a cuatros años y diez meses de cárcel.

Raúl Asencio no estuvo durante la agresión sexual de sus hacia las dos jóvenes afectadas, pero se le imputa un delito de revelación de secretos en concurso con otro de pornografía infantil, porque supuestamente recibió el vídeo y lo enseñó a una tercera persona siendo consciente de tres circunstancias: que se había grabado sin permiso, que las afectadas habían pedido que se borrara y que una de las chicas era menor.

La segunda acusación particular, ejercida por la otra joven que aparece en las imágenes, todavía no ha presentado escrito de cargos, pero la letrada que la dirige ha precisado a EFE que formulará una calificación jurídica muy similar a la propuesta por su compañero.

La Guardia Civil no logró recuperar de los teléfonos móviles de los cuatro procesados los vídeos del encuentro sexual (en la instrucción se alude a cinco), pero sí varios chats colectivos en los que supuestamente se compartieron, así como los mensajes con los que reaccionaron a esas imágenes las personas que las recibieron. Por ello, la acusación ejercida por la denunciante, que tenía 16 años cuando ocurrieron los hechos, pedirá que varias de esas personas que los recibieron y los comentaron sean citadas a declarar en el juicio en calidad de testigos.

Los hechos que se examinan en este caso sucedieron el 15 de junio de 2023 en el Beach Club de la playa de Amadores, en sur de Gran Canaria, cuando los cuatro futbolistas, que entonces tenían 20 y 21 años, conocieron a tres chicas, con las que pasaron parte del día.

En el auto por el que se puso fin a la instrucción, el juez de San Bartolomé de Tirajana al cargo del caso subraya que, mientras todos se bañaban en la piscina y tomaban el sol juntos, una de las jóvenes dijo a los cuatro procesados que tenía 16 años, de modo que todos sabían que era menor.

En un momento dado, la menor y otra chica de 18 años accedieron a irse a una cabaña privada del club con Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, con los mantuvieron sexo consentido, mientras que Raúl Asencio prefirió quedarse al margen y pasar el tiempo con otra chica en la piscina general de las instalaciones. Cuando las jóvenes descubrieron que las habían grabado, exigieron que se eliminaran las imágenes y Ferran Ruiz las borró de su móvil en su presencia, relata el auto.

Sin embargo, precisa, "bien porque tenía copias en otras carpetas, bien porque los había enviado ya a otras personas, los vídeos se conservaron" y, al terminar ese día, Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García disponían de esas imágenes y las compartieron con diversas personas mediante aplicaciones de mensajería instantánea, enviándolas a tres grupos de difusión colectivos. Raúl Asencio vuelve a aparecer en este asunto casi una semana después, el 21 de junio, cuando -siempre según el instructor- solicitó a Juan Rodríguez que le enviara uno de los vídeos.

El defensa del Real Madrid lo vio y se lo enseñó a un tercero, algo que él mismo reconoce en un mensaje de voz que envió a esa persona días más tarde, remarca el instructor. "Oye, hermano, yo a ti te lo enseñé porque me lo pasó Juan", dice en ese audio de Whatsapp. Tras conocerse su procesamiento, Asencio emitió un comunicado en el que reitera que él ni grabó ni envió a terceros ninguna imagen de las dos jóvenes afectadas. "No he participado en ningún comportamiento atentatorio contra la libertad sexual de ninguna mujer, y mucho menos de menores de edad", sostiene el defensa.

El jugador del Real Madrid Vinicius ha declarado este lunes que se sintió ofendido al saber que alguien había colgado un muñeco con su imagen junto a la ciudad deportiva de Valdebebas, ya que se hizo "por racismo y por odio" a su persona y al Real Madrid", y que se planteó si él o su familia "estaban en peligro", según informa EFE.

Vinicius Junior ha declarado por videoconferencia como perjudicado en el juicio a cuatro acusados de colgar de un puente cerca de la ciudad deportiva del Real Madrid un muñeco con la camiseta del jugador junto a una pancarta con la leyenda "Madrid odia al Real".

Vinicius, que ha declarado durante unos diez minutos y ha respondido a todas las partes, ha dicho que se enteró de lo ocurrido por las redes sociales: "Fue un día muy triste para mí porque he despertado por la mañana y vi que había colgado un muñeco con mi camiseta", ha narrado.

"Me ha afectado en todo. Era un partido importante contra el Atlético, yo estaba muy tranquilo para jugar y cuando me despierto y veo un muñeco colgado con mi nombre no sabía si yo estaba en peligro y mi familia también", ha añadido.

Preguntado sobre cuál fue el motivo por el que cree que se llevó a cabo esta acción, ha contestado que "por racismo y por odio contra mi persona y sobre todo con el Real Madrid".

"Fue por mi color de piel y por odio hacia mi persona", ha incidido en otra respuesta.

Ha precisado que el muñeco estuvo colgado en una carretera por la que él va a su trabajo, aunque él no lo vio en persona, y a preguntas de las acusaciones ha confirmado que ya ha sido víctima de agresiones racistas en varias ocasiones.

"Sobre todo cuando voy a jugar al Metropolitano, me pasa muchas veces", ha añadido en presencia de los cuatro acusados, presentes en la sala.

Su declaración es una prueba anticipada al resto de la vista oral, que se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid a partir del 23 de junio, una fecha en la que Vinicius no podrá comparecer porque estará en la Copa Mundial de Clubes de fútbol, en Estados Unidos.

Antes, el día 16 de junio, se celebrará una vista previa solicitada por una de las defensas y acordada por la presidenta de la Sala, tras la declaración de Vinicius. Una defensa ha planteado la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Fiscalía y la magistrada ha advertido de que esa conformidad tendría que ser con los cuatro acusados.

Los hechos ocurrieron el 26 de enero de 2023, antes de que se disputara el partido de fútbol de Copa del Rey en el estadio Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Varias personas, que la Fiscalía identifica como integrantes del Frente Atlético, acudieron a un puente cercano a la ciudad deportiva del Real Madrid y colocaron el muñeco.

El Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid abrió juicio oral por estos hechos -a finales de 2023- contra cuatro acusados por un presunto delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas en su modalidad contra la dignidad, en concurso con un delito contra la integridad moral, y por un delito de amenazas no condicionales.

La Fiscalía les imputa un delito de amenazas y otro contra los derechos fundamentales y libertades públicas, y pide para ellos 4 años de cárcel y una indemnización conjunta de 6.000 euros por los daños morales causados al futbolista.

La Audiencia de Madrid juzgará el lunes a los cuatro acusados de colocar, cerca de la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas, un muñeco con la camiseta del jugador Vinicius junto a una pancarta con la leyenda "Madrid odia al Real", para los que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel por un delito de amenazas y otro contra los derechos fundamentales. La Fiscalía tiene fechado este juicio para el lunes día 19 en la Sección 23 de la audiencia madrileña, y está previsto que el jugador comparezca como testigo, según informa EFE.

Se juzgan los hechos ocurridos el 26 de enero de 2023, antes de que se disputara el partido de fútbol de Copa del Rey en el estadio Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, cuando varias personas que la Fiscalía identifica como integrantes del Frente Atlético acudieron a un puente cercano a la ciudad deportiva del Real Madrid y colocaron un muñeco con la camiseta de Vinicius Junior y una pancarta con la leyenda "Madrid odia al Real".

El Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid abrió juicio oral por estos hechos -a finales de 2023- contra cuatro acusados por un presunto delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas en su modalidad contra la dignidad, en concurso con un delito contra la integridad moral, y por un delito de amenazas no condicionales. El magistrado dio por formulada la acusación que había planteado la Fiscalía y también la que formularon la Real Federación Española de Fútbol y la Liga Nacional de Fútbol Profesional.

El Ministerio Público, según ha recordado este viernes la Fiscalía de Madrid, les imputa un delito de amenazas y otro contra los derechos fundamentales y libertades públicas, y pide para ellos cuatro años de cárcel y una indemnización conjunta de 6.000 euros por los daños morales causados al futbolista.

La Fiscalía explica en su escrito de acusación que en la madrugada del 25 al 26 de enero de 2023 los cuatro integrantes del grupo "ultra" Frente Atlético, que está "identificado ideológicamente con la extrema derecha", se pusieron de acuerdo en perpetrar una acción antes de que diera comienzo el partido de Copa del Rey que se iba a disputar en estadio Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Así, "puestos de común acuerdo", se dirigieron a un puente de la carretera M-11 cercano a la ciudad deportiva madridista, "lugar que además cuenta con una amplia visibilidad para todas las personas usuarias de esa vía".

Una vez allí, "como muestra inequívoca de menosprecio y rechazo hacia el color de piel de la víctima y movidos por un ánimo de menoscabar su sentimiento de tranquilidad", colgaron con una cuerda un maniquí tipo muñeco hinchable de unos 165 centímetros de altura, de color de piel y pelo negro. El muñeco portaba una camiseta del Real Madrid, con el nombre en la parte posterior del jugador Vinicius y con su dorsal, así como unas piedras a modo de peso atadas con cinta aislante en lo que serían sus tobillos.

Además, colgaron una pancarta de tela roja con letras en blando con el lema "Madrid odia al Real", de 12,90 metros de longitud y 1,70 metros de ancho. Poco después, uno de ellos, A.B.R., "a modo de reivindicación y justificación de la acción", publicó en la red social X (antes Twitter), una primera fotografía del puente donde aparecían la pancarta y el muñeco colgado, que se hizo viral, y más adelante publicó otra.

La Fiscalía recuerda que el juez instructor dejó en libertad provisional a los investigados pero decretó prohibición de aproximarse al jugador y prohibición de aproximarse a menos de 100 metros de los estadios del Real Madrid y del Atlético de Madrid durante la celebración de los partidos de fútbol que disputen según el calendario de la Liga de Fútbol Profesional, y de aproximarse a menos de 1.000 metros de todos los estadios de la Liga.

El juez que ha procesado al defensa del Real Madrid Raúl Asencio por pornografía infantil y revelación de secretos ha emitido este jueves una aclaración del auto de procesamiento en la que matiza que excluye al jugador del delito de grabación de vídeos de índole sexual que también le atribuyó en un primer momento.

En la resolución, a la que ha tenido acceso EFE, el juez reconoce que "no existe ningún indicio de que participara en la captación de las imágenes y, por tanto, no cabe atribuirle, ni siquiera provisionalmente, ninguna participación en el posible delito" de revelación de secretos, en lo que concierne a la grabación de los vídeos.

En el auto por el que puso fin a la instrucción del caso, el juez imputaba a Asencio y sus tres excompañeros en la cantera del Real Madrid Juan Rodríguez, Ferrán Ruiz y Andrés García los mismos tres delitos: revelación de secretos en la modalidad de grabación de vídeos, revelación de secretos por compartir unas imágenes íntimas sin consentimiento de las dos jóvenes afectadas y pornografía infantil dado que una de las denunciantes es menor.

Veinticuatro horas después el instructor ha admitido que cometió un error al relacionar a Asencio con la grabación de las imágenes de índole sexual sin el consentimiento de las afectadas, ya que en el relato de hechos presuntos que él mismo propone a las partes se aprecia que el defensa canario se mantuvo al margen del encuentro sexual en el que se grabaron las imágenes.

No obstante, se mantiene su procesamiento por los delitos de revelación de secretos al exhibir el vídeo a una tercera persona y por el de pornografía infantil por hacerlo a sabiendas que en las imágenes aparecía una menor.

Todo ello parte de unos hechos que sucedieron el 15 de junio de 2023 en un club de playa de Amadores, en el sur de Gran Canaria, cuando los cuatro futbolistas, que entonces tenían 20 y 21 años, conocieron a tres chicas con las que pasaron parte del día.

El auto de procesamiento subraya que mientras todos se bañaban en la piscina y tomaban el sol juntos, una de las jóvenes dijo a los cuatro procesados que tenía 16 años, de modo que todos sabían que era menor.

En un momento dado, la menor y otra joven de 18 años accedieron a irse a una cabaña privada del club con Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, con los que mantuvieron sexo consentido, mientras que Raúl Asencio prefirió quedarse al margen y pasar el tiempo con otra chica en la piscina general de las instalaciones.

Uno de ellos, presuntamente Ferrán Ruiz, se puso a grabar la escena sexual sin pedir permiso a las chicas y sin que estas supieran que lo estaba haciendo; luego le pasó el teléfono a Juan Rodríguez para que siguiera haciéndolo desde otra perspectiva, momento en el que las jóvenes descubrieron lo que estaba pasando aunque no les quedó claro si había quedado registrado o no.

Según el juez, pese a que borraron los vídeos grabados delante de las víctimas, lo cierto es que las grabaciones fueron compartidas por mensajería instantánea, no solo entre personas concretas sino también en grupos de difusión colectivos, quedando almacenadas en los móviles de los destinatarios.

Debido a estos hechos, subraya el juez en el auto, la menor padece "un trastorno por estrés postraumático asociado a sintomatología ansioso-depresiva", que disminuye su "capacidad funcional personal, social y académica", mientras que la otra joven también presenta un cuadro de estrés postraumático y estado ansioso-depresivo.

El juez que ha procesado al defensa del Real Madrid Raúl Asencio por pornografía infantil y revelación de secretos aprecia indicios de que pidió a los otros tres implicados en el caso que le enviaran el vídeo que habían grabado mientras practicaban sexo con dos chicas de 18 y 16 años y lo enseñó a una tercera persona.

El instructor sostiene que Asencio solicitó a otro de los implicados, el excanterano del Real Madrid Juan Rodríguez, que le enviara ese vídeo consciente de que salía una menor (una chica de 16 años) y "sabiendo que se había obtenido sin consentimiento de las posibles víctimas y conservado contra su exigencia de que se borrara", según recoge un auto cuyo contenido ha adelantado Canarias 7 y al que ha tenido acceso EFE.

El segundo hecho que se atribuye al futbolista es que, presuntamente, según recibió el vídeo en su móvil el 21 de junio de 2023 en forma de un mensaje de Whatsapp de un solo visionado, se lo enseñó a una tercera persona que figura en la causa como testigo.

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo miércoles a Carlo Ancelotti por defraudar a Hacienda 1,06 millones de euros en 2014 y 2015. Una década después de haber cometido los supuestos delitos fiscales, el entrenador del Real Madrid se enfrenta a una petición de cuatro años y nueve meses de cárcel y a una multa de 3,18 millones de euros: el fiscal le acusa de no haber tributado por sus derechos de imagen, que cobró a través de dos sociedades pantalla, una registrada en Londres y otra en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

La sentencia proporcionará otra ocasión –y ya habido una veintena de ellas– para ver de qué lado se inclina la balanza de la justicia en la ya larga pugna entre Hacienda y el millonario negocio que rodea al fútbol y los futbolistas. Porque las más recientes decisiones judiciales han dado la razón a los deportistas que cedieron sus derechos de imagen a sociedades en un “negocio simulado” que, según la Agencia Tributaria, forma parte de una estrategia para defraudar al fisco.

Son los casos de Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Xabi Alonso o Dani Alves. En el de Carles Puyol, la Audiencia Nacional anuló en mayo de 2024 sanciones por importe de 2,5 millones de euros, pero validó el argumento de Hacienda de que el contrato que Puyol firmó con su representante era “simulado”, una forma de que el Barça pagara el salario del futbolista de manera encubierta sin abonar el IRPF. Antes, Gerard Piqué y Juanfran Torres fueron absueltos también.

Por el contrario, Marcelo, Luka Modric, Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho, Radamel Falcao, Ángel Di María, Diego Costa y Samuel Eto’o llegaron a acuerdos con la Fiscalía, tras pagar cantidades millonarias a Hacienda, para librarse de la cárcel. Todos ellos reconocieron el delito fiscal que se les imputaba en una sucesión de juicios que comenzaron en 2017 tras la publicación de los Football Leaks. Esa filtración sentó también en el banquillo a Cristiano Ronaldo, José Mourinho y Leo Messi, que reconocieron sus delitos, pagaron sustanciosas multas y no fueron a prisión.

La operativa es siempre la misma y en ella aparecen sociedades pantalla creadas en Panamá, Islas Vírgenes, Belice, Uruguay, Colombia, Hungría, Madeira, Irlanda y Nueva Zelanda, entre otros paraísos fiscales y territorios de baja tributación.

Como ocurrió con los jugadores mencionados, el “complejo y confuso” entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas que Carlo Ancelotti creó para eludir la tributación de los rendimientos de sus derechos de imagen, por utilizar la descripción de la Fiscalía, fue igualmente desvelado en detalle por Football Leaks, una filtración de más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que la revista alemana Der Spiegel compartió desde 2016 con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. Esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales dieron lugar a procedimientos judiciales. Igualmente pusieron al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

Según demuestran los documentos de Football Leaks, Carlo Ancelotti utilizaba una sociedad en Islas Vírgenes como antes lo había hecho con una en Suiza. Para crearlas y gestionarlas empleó una firma especializada en grandes patrimonios, Trident Trust, que apareció después como una de las protagonistas de otra filtración, los Pandora Papers.

La Fiscalía, que denunció a Ancelotti en junio de 2020, necesitó casi cuatro años para presentar el escrito de acusación. La instrucción de la causa estuvo en manos del Juzgado número 35 de Madrid, que sólo consideró al entrenador como residente fiscal en 2014, pero no en 2015, ya que había sido despedido en mayo de ese último año. La Fiscalía recurrió alegando que el italiano había mantenido su residencia en España al menos hasta octubre, que era la fecha de fin del contrato de alquiler de su ático en la Plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá de Madrid.

Por todos sus problemas fiscales, Ancelotti figuró en la lista de morosos de Hacienda entre junio de 2021 y junio de 2022, con una deuda de 1,46 millones de euros. De hecho, la Agencia Tributaria embargó su sueldo para cobrársela. En esa última fecha, su nombre desapareció, bien porque había cancelado total o parcialmente esa deuda, al menos por debajo de 600.000 euros, o porque había obtenido un aplazamiento o suspensión. “Si me dicen que he defraudado, me molesta”, declaró este viernes el italiano cuando los periodistas le preguntaron por el inminente juicio, antes de manifestar su confianza “ciega en la ley y la justicia”.

Pero la gestión supuestamente fraudulenta de sus derechos de imagen no fue la única trampa fiscal de Ancelotti en España que se hizo pública gracias a Football Leaks. El entrenador y el Real Madrid pactaron en 2015 un despido improcedente que permitió a Ancelotti rebajar en 180.000 euros la factura a Hacienda por la cuantiosa indemnización que le pagó el club. Como se sabe, el italiano fue destituido el 25 de mayo de ese año y recontratado seis años después por Florentino Pérez, quien le renovó en diciembre de 2023 hasta 2026.

En su escrito de acusación la Fiscalía describe con detalle el esquema que el entrenador utilizó para “simular” la cesión de sus derechos de imagen a unas sociedades “carentes de actividad real” y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas en Londres y las Islas Vírgenes Británicas. Se trataba de ocultar el beneficiario real de los ingresos por derechos de imagen, de manera que ni el propio Ancelotti ni esas sociedades tributaran por ese concepto a la Hacienda española.

Para empezar, Ancelotti y el Real Madrid dataron el 4 de julio de 2013 tanto su primer contrato laboral como su primer contrato de imagen con el club. Pero según los documentos de Football Leaks, el italiano había firmado aparentemente su contrato el 26 de junio de 2013. Ese mismo día, la entidad presidida por Florentino Pérez presentó a su nuevo entrenador en el estadio.

El baile de fechas es relevante: unos pocos días pueden suponer una gran diferencia económica. Cualquier persona que resida en España más de 183 días es considerada a efectos fiscales como “residente” y paga el IRPF, con un tipo máximo del 47%, mientras que si permanece aquí menos tiempo tributa ese año como “no residente”, cuyo tipo marginal en el impuesto sobre la renta es el 24%. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre transcurren exactamente 184 días, así que para Ancelotti datar el contrato después del 1 de julio le permitía tributar como no residente. Eso fue lo que ocurrió en 2013, cuando el entrenador abonó el 24,75% –era el tipo máximo ese año–. La Agencia Tributaria ingresó así cerca de un millón de euros menos que si hubiera el italiano hubiera pagado el IRPF como residente.

En virtud de su contrato laboral, el entrenador debía cobrar 7,9 millones de euros brutos la primera temporada y 10,17 millones cada una de las dos siguientes. De acuerdo con lo firmado en el contrato de imagen, percibiría 1,4 millones brutos el primer año y 1,79 millones cada uno de los dos años siguientes. Las cantidades antes mencionadas deberían abonarse al técnico cada temporada en dos pagos iguales, uno el 10 de enero y otro el 10 de julio, menos el primer año, cuando tenía que hacerse el ingreso el 28 de diciembre de 2013.

Sin embargo, en esa última fecha, el Real Madrid tuvo que incluir el primer pago a Ancelotti por los derechos de imagen añadiéndolos a su nómina, como si fuera parte de su salario, en lugar de a la sociedad que figuraba –sin nombre– en el contrato. Por entonces, el entrenador gestionaba sus derechos de imagen a través de una empresa domiciliada en Suiza. Ingresarle de esta forma esas cantidades suponía para el club un sobrecoste, porque tenía que aumentar el importe bruto del pago para garantizar al técnico la cantidad neta inicialmente comprometida. Así que, según los correos electrónicos que se cruzan en enero y marzo de 2014 los ejecutivos del Real Madrid, éstos piden que “quien corresponda” hable con Ancelotti y le convenza de que debe constituir una sociedad en otro país que no sea la Confederación Helvética.

De hecho, el contrato entre el entrenador, el club y una firma coreana de videojuegos, Nexon, no se pudo firmar hasta que el 18 de julio de 2014 llegó el documento, con el conforme del propio Ancelotti, donde se dejaba constancia de que una sociedad británica, Vapia LLP, era la propietaria de los derechos de imagen del entrenador hasta el 30 de junio de 2023. También informaba de que los derechos habían sido adquiridos con anterioridad por otra empresa, Vapia Limited, socia al 99% de Vapia LLP. El papel lo firma Jack [Michael] French, quien además ofrece a Greg [Charles Williams] MacRae para atender cualquier consulta al respecto. Ambos son los directores de Appledore, una firma de gestión de grandes patrimonios con sede en Londres. Lo que no dice el documento es que Vapia Limited es una sociedad registrada en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, al igual que Ditomac Limited, propietaria del 1% restante de Vapia LLP. Así consta en la Companies House, el registro mercantil de Reino Unido.

Y según informa el Registro Mercantil de Islas Vírgenes, tras Ditomac Limited y Vapia Limited figuran como representantes autorizados dos firmas de servicios financieros, Corporate Registrations Limited y Trident Trust Company Limited. Esta última es la delegación en Islas Vírgenes de Trident Trust, una empresa de gestión de patrimonios y fondos con 25 oficinas repartidas en 18 jurisdicciones distintas, entre ellas los mayores paraísos fiscales del planeta, desde las Islas Caimán hasta Nevis, las islas de Jersey y Guernsey, Singapur, Seychelles o Dubai. Resulta que también es la firma que más veces aparece en los Pandora Papers, la filtración que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con periódicos como The Washington Post, The Guardian, Le Monde o El País.

En su escrito, la Fiscalía explica que el entrenador había firmado el 1 de julio de 2013 un contrato privado donde “aparentemente” cedía durante 10 años sus derechos de imagen a Vapia Limited, la sociedad de las Islas Vírgenes, a cambio de 25 millones de euros. Sólo un día más tarde esa empresa nombró apoderado al propio Ancelotti, con capacidad para gestionar los derechos de imagen cedidos. Un anexo modificó después el contrato inicial para reducir la cesión a tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen a un millón de euros anuales, “sin que Carlo Ancelotti reciba indemnización alguna por dichos cambios sustanciales”, resalta el acusador público. Es decir, el fiscal considera que se trató de una cesión simulada.

El acuerdo con Vapia Limited se firmó, por tanto, sólo tres días antes de la fecha en que Ancelotti dató su contrato con el Real Madrid. Pero en este último documento no se menciona el nombre del propietario de los derechos de imagen del italiano. Sólo se establece que el entrenador debería comunicar al Real Madrid en un plazo de tres meses –a principios de octubre de 2013, por tanto– qué sociedad se los gestionaba. Y hay que recordar que en diciembre el club le abonó el primer pago por esos derechos en su nómina, como parte de su salario, para no hacerlo en la cuenta de una sociedad suiza. El caso es que no fue hasta julio de 2014, un año después de su contrato con la sociedad de Islas Vírgenes, cuando el técnico comunicó al Real Madrid que la británica Vapia LLP –ni Vapia Limited ni la sociedad suiza– era la propietaria de sus derechos de imagen.

infoLibre preguntó en 2021, cuando desveló este esquema fiscal, tanto al club blanco como a Carlo Ancelotti, por estas sociedades y por la operativa que siguieron respecto a los derechos de imagen del entrenador, sin obtener una respuesta.

Vapia LLP, además, figura en el Registro Mercantil británico como sociedad “durmiente”. No tuvo actividad alguna desde que fue creada, el 4 de octubre de 2013, y hasta que fue disuelta, el 16 de marzo de 2021. En las cuentas enviadas a la Companies House, sus administradores aseguran que funciona únicamente como nominee –sociedad interpuesta–, por lo que no tiene ni ingresos ni gastos, ni beneficios ni pérdidas, y hacen constar únicamente 200 libras –234 euros– en activos durante todos esos años.

Sin embargo, el Real Madrid hizo al menos tres transferencias a esta empresa en 2014 y 2015 con los pagos por derechos de imagen de Ancelotti. Todos ellas, a una cuenta del Barclays Bank ubicada en una sucursal de la isla de Man, uno de los territorios dependientes de la Corona británica considerado un paraíso fiscal por España.

En total, el Real Madrid pagó a Vapia LLP en concepto de derechos de imagen 3,6 millones de euros en 2014 y 2015, según consta en las facturas que remitía la sociedad al club y las transferencias que éste realizaba a continuación tras haber practicado una retención del 24%. Todas ellas forman parte de los documentos de Football Leaks.

Esos ingresos, sin embargo, no fueron declarados ni por Vapia LLP en Reino Unido ni por Ancelotti en España, por lo que no tributaron, según denuncia la Fiscalía. Por el contrato antes mencionado con el videojuego coreano Nexon, Ancelotti cobró 100.000 euros brutos en 2014; por otro para promocionar los relojes Cecil Purnell, 306.007 euros en 2014 y 2015. Con Nike, 101.586 euros en esos dos años. De Perform Media Sales –la plataforma DZN–, recibió 55.250 euros; de Imagosport, su agencia de relaciones públicas, 24.545 euros, y de su agente, CAA Sports, 9.204 euros también en 2015. Hay una diferencia entre estos ingresos: Nexon pagó a Vapia LLP (Londres), pero Cecil Purnell, Nike, Perform Media Sales, Imagosport y CAA facturaron a Vapia Limited (Islas Vírgenes).

Magnolia TV, la productora de Supervivientes, entre otros reality shows, pagó directamente al entrenador 70.000 euros por participar en Hay una cosa que te quiero decir, y Academy for Excellence, 13.709 euros por asistir a una cena de gala en Londres. Son sólo algunos de los ingresos enumerados por la Fiscalía por los que el entrenador italiano no abonó impuestos. Ancelotti solicitó la residencia fiscal en España en septiembre de 2014, por lo que pasó de tributar en el IRPF con un tipo del 24,75% como no residente a hacerlo por el tipo marginal del 47%.

De esta forma presentó unas declaraciones a Hacienda que, al incluir sólo sus nóminas del Real Madrid pero omitiendo los derechos de imagen, le salían a devolver: 39.575 euros en 2014 y 529.076 euros en 2015, desvela la Fiscalía. Por derechos de imagen había ingresado 1,25 millones de euros en 2014 y 2,96 millones en 2015. No tributó por esas cantidades ni un euro. Tampoco pagó impuestos, añade el escrito de acusación, por dos inmuebles que posee en el extranjero.

Cuando el Real Madrid despidió a Ancelotti en 2015, aún le quedaba un año de contrato. Como queda dicho más arriba, el que había firmado dos años antes le aseguraba un salario de 7,98 millones de euros brutos la primera temporada y de 10,17 millones las dos siguientes. La indemnización que le correspondió ascendió a 9,78 millones de euros brutos, según consta en los documentos de Football Leaks.

Pero de esa sustanciosa cantidad también quisieron el italiano y el club rebajar el obligado pago a Hacienda. Así que llegaron a un acuerdo previo al despido que le permitió a Ancelotti no tributar por 180.000 euros y al Real Madrid no hacer la retención a la que está obligado por esa misma cantidad, exenta de tributar en el IRPF desde la reforma fiscal de 2014.

Con la misma fecha de su destitución, el 25 de mayo de 2015, Ancelotti firmó un documento privado donde el Real Madrid reconoce que el despido es improcedente. Tanto el club como el entrenador se obligan a acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), donde el primero accederá a pagar la indemnización al segundo y éste la aceptará y se declarará “plenamente indemnizado, liquidado, saldado y finiquitado”, de manera que renunciará a “interponer cualesquiera acciones contra el Real Madrid”. Porque, en teoría –al menos–, el italiano tenía intención de presentar una demanda por despido improcedente contra el club.

Sin embargo, en ese mismo documento, Ancelotti “delega en la empresa”, el Real Madrid, la presentación de la papeleta de conciliación, ya adjunta al escrito y con la misma fecha, 25 de mayo de 2015. Tal es así que el abogado que representó los intereses del entrenador ante los mediadores del SMAC un mes más tarde era Gonzalo Gallardo, letrado de Garrigues, el despacho habitual del club blanco. Y fue el Real Madrid el que gestionó con Garrigues y con un notario la redacción y firma de un poder notarial para que Gallardo representara al italiano ese día. Ancelotti se iba de vacaciones y no podía acudir al acto en el SMAC, le explicó un ejecutivo del Real Madrid al notario en el mismo correo electrónico donde le pedía que acudiera a la Ciudad Deportiva del club para que el entrenador firme el poder. Por lo que ha podido saber infoLibre, el italiano en realidad iba a volar a Vancouver (Canadá), donde posee una casa.

La misma operación ante el SMAC, con abogados y notario pagados por el club, se siguió con los siete miembros del equipo técnico de Ancelotti que fueron despedidos el mismo día: Paul Clement, William Vecchi, Jack William Wyler, Giovanni Mauri, Francesco Mauri y el hijo de Ancelotti, Davide. Poco después, el 11 de junio, también fue despedido Juan Garrido Canales, segundo entrenador de porteros que había sido contratado en agosto de 2014 y también presentó su papeleta de conciliación ante el SMAC. 

Según consta en el acta de conciliación de Carlo Ancelotti, de los 9,78 millones de euros brutos de indemnización, 4,89 millones corresponden a la liquidación, saldo y finiquito por los seis meses de salarios entre enero y junio de 2015, 4,71 millones a una indemnización “adicional” y 180.000 euros a la “indemnización legal”.

Como tributó con un tipo del 47%, el neto cobrado por Ancelotti se quedó en 5,091 millones de euros. Además, fue resarcido con otros 1,31 millones de euros por sus derechos de imagen. Es decir, el total cobrado se elevó a 6,4 millones.

En el informe elevado al comité económico del club del 3 de julio, otro documento de Football Leaks, el Real Madrid calculó que la cancelación anticipada del contrato del italiano y del resto de su cuerpo técnico le habían supuesto un desembolso de ocho millones de euros a 30 de junio y un “impacto en el valor neto contable” de otros 4,1 millones. En total, una “desviación negativa” de 11,4 millones de euros.

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el miércoles próximo el juicio al entrenador del Real Madrid Club de Fútbol, Carlo Ancelotti, para quien la Fiscalía pide cuatro años y nueve meses de prisión al acusarle de defraudar algo más de un millón de euros a Hacienda. En concreto, está acusado de haber defraudado al erario público 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros) durante la primera etapa en la que entrenó al Real Madrid, recoge EFE.

Según informa la Fiscalía, la deuda tributaria tuvo que ser cobrada por la Agencia Tributaria mediante embargo al igual que el recargo de apremio de 243.593 euros y otros 47.298 por intereses, y además de la referida pena el fiscal reclama a Ancelotti el pago de multas por un total de 3.186.237 euros.

El fiscal imputa al entrenador de fútbol italiano dos delitos contra Hacienda porque a pesar de su condición de residente en España a efectos fiscales y su domicilio en la capital solo consignó en sus declaraciones de la renta retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid y omitió el rendimiento de sus derechos de imagen "que ficticiamente pretendía haber cedido a otras entidades".

En su escrito de acusación recuerda que Carlo Ancelotti firmó el 4 de julio de 2013 un contrato de trabajo de deportista profesional como entrenador del Real Madrid para el periodo comprendido entre el 5 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2016, "fijándose y especificándose en su remuneración además de unos rendimientos del trabajo otros derivados de la cesión de los derechos de imagen al club".

Añade que a partir del mes de julio de 2013 el acusado pasó a trabajar y residir en España fijando su residencia habitual en Madrid si bien cesó de forma anticipada su relación profesional con el club el 25 de mayo de 2015. "No obstante desde su llegada a España hasta aproximadamente el mes de octubre de 2015 dispuso de dicha vivienda arrendada, siendo ese mismo año España su centro principal de relaciones personales e intereses económicos y profesionales", destaca la Fiscalía.

Apunta que "de hecho obtuvo 14.867.622 euros del Real Madrid solo en concepto de rendimientos del trabajo, debiendo por tanto tributar por su renta universal en España en este ejercicio 2015". La Fiscalía sostiene que "con el fin de eludir la tributación por los rendimientos de dichos derechos de imagen que recibía del club o de otras marcas por participar en algunos eventos Ancelotti acudió para canalizar el cobro de los mismos a un complejo y confuso entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas".

Explica que "simuló la cesión de sus derechos de imagen a entidades carentes de actividad real y de capacidad de explotación domiciliadas fuera de España, persiguiendo así la opacidad de cara a la Hacienda Pública española y la ocultación del beneficio real". Añade que "la cesión de los derechos de imagen se inicia con un contrato de 1 de julio de 2013 en el que Carlo Ancelotti aparentemente cedía sus derechos de imagen a la entidad Vapia Limited por diez años y un precio de 25 millones de euros".

El fiscal agrega que "posteriormente se formalizó un anexo al acuerdo de venta en el que la duración de la relación contractual pasaba a ser de tres años frente a los diez iniciales y el precio de compraventa de los derechos de imagen se reducía a un millón de euros anuales frente a los 25 millones anteriores para una década". Por otra parte, expone que en su contrato con el Real Madrid acordó la cesión del 50% de dichos derechos de imagen a la entidad deportiva entre el 5 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2015.

El fiscal señala que un año después de comunicó al Real Madrid que Vapia LLP, no Vapia Limited, era la titular de los derechos de explotación de imagen Ancelotti hasta el 30 de junio de 2023. "De esta forma el acusado se valió de Vapia LLP para que se presentara formalmente ante el club como titular de los derechos de imagen a pesar de que ni siquiera formalmente los tenía atribuidos ya que el contrato de cesión lo era con Vapia Limited".

La Fiscalía precisa que los rendimientos derivados de la cesión de los derechos de imagen supusieron unos ingresos de 1.249.590 euros en 2014 y 2.959.768 en 2015 "sin que Carlo Ancelotti ni las entidades Vapia Limited ni Vapia LLD hayan tributado por estas cantidades. Y añade que además el técnico también omitió en su declaraciones la titularidad en propiedad de dos inmuebles situados en el extranjero.

La liga de fútbol está adulterada por la injerencia del dinero y la manipulación de la justicia (el arbitraje) a manos del bipartidismo Barça/Madrid, como en la política hacen PP, PSOE y el Ibex 35. Al margen del campeonato, la Copa del Rey de España y la Supercopa del Rey de Arabia, el negocio distrae a la ciudadanía de sus pesares cotidianos con minucias como los puestos europeos, el máximo goleador o el descenso. En política sucede algo parecido. Al margen del gobierno de España, los autonómicos, el senado, las diputaciones y los ayuntamientos, existen otras distracciones para los pesares, como los pactos, las alianzas, la corrupción, la crispación, los bulos o la manipulación.

Son detestables en el fútbol el juego sucio y los rompepiernas, faceta en la que nadie reconoce desear competir. En política, golpes bajos, zancadillas y codazos son tradición y hay un club (un partido) de palmarés sin parangón en estos menesteres y de ubérrima cantera. A diferencia del futbolista, el político aspirante a destacar en esta modalidad, lo hace de manera voluntaria y ostentosa, en la creencia de que su labor es la más relevante del equipo. A figuras legendarias como Pons, Floriano o Hernando, le han seguido virtuosos marrulleros como Montserrat, Semper, Gamarra o Tellado.

En el apartado del juego sucio, destaca alguien que supera a cualquier tuercebotas de cualquier época, un personaje capaz de retirar a los rivales de por vida de los terrenos de juego, capaz de manejar a su antojo a los árbitros y a los medios, capaz de rajar el balón con una navaja, capaz de insultar al público, capaz de incendiar estadios y de adulterar quinielas. Va camino Miguel Ángel Rodríguez, si no lo ha conseguido ya, de desbancar a Rasputín como manipulador y conspirador cortesano, siempre desde la sombra. Profesional de la bronca, especialista en grescas y amigo de trifulcas, no rehuye la pendencia y el altercado.

Con su boba apariencia, ya era de extrema derecha cuando Aznar parecía de centro. En su propio partido lo acusaron de sectario, por lo que dimitió de la Secretaría de Estado de Comunicación y de la portavocía del gobierno de Aznar y pasó a un segundo plano, a la sombra de la FAES y de la empresa privada, sin dejar de perfeccionar su estilo portuario y barriobajero en el fango tertuliano como difusor de bulos y desinformación. No dejó de acumular dinero y polémicas. Suya es la mayor mentira de la historia reciente de España: la atribución a ETA del 11M.

En 2006, su Web de contenido televisivo con mínima audiencia recibió 600.000 € en publicidad del Canal de Isabel II. En 2008, fue investigado por la Fiscalía Anticorrupción por haber sido beneficiada su empresa Carat S.A. "a dedo, sin concurso y trámite previo" con campañas publicitarias del ministro Zaplana. En 2013, fue detenido por embestir borracho a varios coches cuadruplicando la tasa de alcohol permitida. La Unión Europea, en 2024, lo citó en un documento como un peligro para el estado de derecho en España, e instó a las autoridades españolas a "investigar de forma inmediata y transparente las amenazas y falsas acusaciones proferidas contra periodistas [...] y garantizar que se haga justicia", asignándole el nivel dos de alerta como amenaza a la libertad de prensa.

Si alguien pensaba que no se podía superar su nivel de agresividad y mala fe, no conoce a M. Á. Rodríguez. Alumno aventajado de Goebbels, es habitual que mienta, que señale, que acuse, que manipule, que maneje a otros a su conveniencia, como hace con Ayuso, contando siempre con el incondicional apoyo mediático y judicial. Su sadismo no tiene límites y lo coloca en otro nivel, muy por encima de Álvarez de Toledo o el séquito de mastuerzos de Abascal. Sus insultos y desprecios a las 7.291 “mierdas” que “se iban a morir igual” en las residencias sitúan a este matón en otra liga, en la liga de los infames, donde puede competir de tú a tú con mitos de la talla de Queipo de Llano, Millán–Astray o Blas Piñar.

P. S.: También ha hecho negocios con Florentino (el del Madrid).

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Verónica Barcina Téllez es socia de infoLibre.

El Ayuntamiento de Madrid ha tramitado desde el 26 de abril de 2024 un total de 24 sanciones por valor de 2,6 millones de euros a los promotores de los distintos conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu por superar los decibelios establecidos en la ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica, según informa EFE.

El último dato que había trascendido sobre las multas en el Bernabéu, donde se han suspendido los conciertos hasta garantizar su mejor insonorización, era de 11 sanciones -equivalentes a 801.000 euros- tramitadas desde que el renovado estadio del Real Madrid comenzara a albergar actuaciones musicales el pasado 26 de abril. 

Según trasladan a EFE fuentes municipales, la cifra se ha elevado: el Ayuntamiento de Madrid ha tramitado 24 sanciones en virtud de la ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica, que prevé multas que van desde los 600 hasta los 300.000 euros.  Las mismas fuentes señalan que las multas tramitadas ascienden a 2,6 millones de euros, si bien las sanciones reales impuestas van de 16.000 euros a 148.000 la más elevada. 

También subrayan desde el Consistorio de la capital que el Ayuntamiento ha sido “diligente en todo momento respecto al cumplimiento de la normativa y el requerimiento al Real Madrid para que tome todas las medidas correctoras necesarias que permitan minimizar las molestias ocasionadas por los conciertos”. 

Las multas por el exceso de ruido en el Bernabéu han vuelto a salir a la palestra desde que el cantante Manuel Carrasco, que ofreció un recital en el estadio de la Castellana el pasado 29 de junio, diera a conocer esta semana en La revuelta, el programa que David Broncano presenta en La 1 de TVE, que va a recurrir las tres sanciones que le han llegado por aquel concierto. 

Según los papeles que compartió con el presentador de La revuelta y el resto del equipo del programa, eran tres multas -de 126.000 euros, 144.000 y 129.000, es decir, 399.000 euros en total- que, “evidentemente”, se van a “recurrir”, subrayó el cantante. 

Aunque puso por delante el “respeto” a los vecinos de la zona, que han llevado el exceso de ruido del Bernabéu a la justicia, Manuel Carrasco arguyó que “nunca” le han multado por exceso de ruido en los cientos de conciertos que ha dado durante su dilatada carrera.  “Aquí culpa creo que no tenemos”, sentenció Manuel Carrasco.

LaLiga anunció este domingo que denunciará de forma inmediata los insultos y gestos racistas recibidos por jugadores del Barcelona en el clásico contra el Real Madrid, jugado anoche en el estadio Santiago Bernabéu, ante la Policía Nacional y la unidad de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía General del Estado, según informa EFE.

A la conclusión del partido, en el que el Barcelona se impuso 0-4, se viralizaron en redes sociales vídeos de la celebración del gol de Lamine Yamal junto a Alejandro Balde en el que se escuchan insultos como "puto negro", "puto moro" o "a vender pañuelos al semáforo".

Los insultos hacia los jugadores azulgrana no fueron recogidos en el acta por el árbitro Sánchez Martínez, a pesar de que uno de sus asistentes se encontraba en el córner cuando Lamine y Raphinha fueron increpados. Fueron las redes sociales quienes hicieron público los insultos racistas hacia los jugadores.

En un comunicado, LaLiga señaló que durante el partido se observaron "intolerables conductas racistas" y condenó "enérgicamente estos hechos". "LaLiga continúa firme en su compromiso de erradicar cualquier tipo de conducta racista y odio dentro y fuera de los estadios. En el deporte no hay lugar para esta lacra", añadió.

Una denuncia a la que también se ha sumado el Real Madrid, el cual confirmó que "ha abierto una investigación" para "localizar e identificar" a "unos pocos aficionados" del conjunto blanco que profirieron insultos racistas tras el gol de Lamine Yamal con el fin de "adoptar las medidas disciplinarias y judiciales pertinentes".

El club "condena de manera rotunda cualquier tipo de comportamiento que implique racismo, xenofobia o violencia en el fútbol y en el deporte, y lamenta profundamente los insultos que unos pocos aficionados profirieron anoche en uno de los córners del estadio".

La Policía Nacional ha detenido a cuatro supuestos aficionados del Atlético de Madrid por lanzar una campaña de odio en redes sociales en la que animaban a proferir insultos racistas contra el jugador del Real Madrid Vinicius Jr, días antes del derbi madrileño del estadio Metropolitano del pasado 29 de septiembre, según informa EFE.

A los arrestados se les imputa un presunto delito de incitación al odio y no se descartan más detenciones puesto que la investigación continúa abierta, según informa este jueves la Jefatura Superior de Policía de Madrid en una nota de prensa.

La campaña, que logró ser tendencia en la red social X con un impacto de 1.700 millones de visualizaciones, 7.000 republicaciones y casi 56.000 interacciones, animaba a acudir al Metropolitano con mascarilla para evitar ser identificado y poder lanzar así mensajes vejatorios y discriminatorios contra el delantero del Real Madrid.

El encuentro, que terminó con empate a uno, será recordado por la suspensión temporal del partido en la segunda parte por el lanzamiento de mecheros de aficionados ultras del Frente Atlético hacia el portero del Real Madrid Thibaut Courtois, lo que supuso a la postre el cierre de esa grada durante un partido y una multa económica de 3.000 euros.

La investigación que ha derivado en estas tres detenciones comenzó el pasado 1 de octubre después de que la Liga Profesional de Fútbol presentara cuatro denuncias ante la Policía sobre la campaña, que fue recogida por medios de comunicación nacionales e internacionales y generó “una importante alarma social”, según la Policía. Los agentes llevaron a cabo un rastreo y análisis pormenorizado de la información obtenida y lograron identificar a los autores de las publicaciones, que fueron detenidos entre los días 14 y 15 de octubre y puestos a disposición de la autoridad judicial.

El Ayuntamiento de Madrid ha tramitado, desde el pasado 26 de abril hasta este lunes, once sanciones a los promotores de distintos conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu, donde se han suspendido estos eventos por la imposibilidad de cumplir con los límites de nivel sonoro.

Fuentes municipales señalan que las once sanciones, impuestas a promotores musicales desde que los conciertos comenzaran en el renovado Bernabéu el 26 de abril con el festival 'Locos por la música', se han interpuesto por superar los decibelios establecidos en la ordenanza de Protección contra Contaminación Acústica y Térmica.

Las multas tramitadas “por el momento” en el Santiago Bernabéu van desde los 17.000 euros hasta los 148.000, sumando hasta la fecha un total de 801.000 euros, añaden desde el Ayuntamiento.

“El Ayuntamiento de Madrid ha sido diligente en todo momento respecto al cumplimiento de la normativa y el requerimiento al Real Madrid para que tome todas las medidas correctoras necesarias que permitan minimizar las molestias ocasionadas por los conciertos”, subrayan las mismas fuentes sobre este asunto judicializado por los vecinos afectados.

Desde el Consistorio explican, asimismo, que las sanciones establecidas en la ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica van desde los 600 hasta los 300.000 euros.

Las sanciones están tipificadas como muy graves al incumplir el artículo 59.3 a (superar los límites de niveles sonoros máximos permitidos en más de 7 dBA en periodo nocturno o de 10 en periodo diurno o vespertino).