Un verano más, las temperaturas del mar Mediterráneo vuelven a situarse en niveles inimaginables hace solo dos décadas. Si 2024 y 2025 fueron los dos años más cálidos jamás registrados en estas aguas, 2026 apunta de nuevo a cifras récord. Este domingo se ha registrado una anomalía térmica de 8 ºC en el sur de Francia, junto al Golfo de León, una cifra que ha desbordado los mapas de calor que monitorizan la situación.

El desfase ha sido visible, por ejemplo, en las cartografías del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM). En ellas se observa cómo se le ha asignado el color blanco al punto más cálido de la región porque la escala cromática terminaba en una anomalía de +8 ºC, una cifra que no se esperaba superar cuando se ideó el sistema.

Francisco Pastor, investigador del Área de Meteorología y Climatología y especialista en olas de calor marinas del CEAM, ratifica que la anomalía ha dejado atónitos incluso aquienes llevan varios años monitorizando el Mediterráneo y han visto cómo se superan récords uno detrás de otro. "Es algo que yo creo que nunca habíamos visto, desde luego yo no lo había visto. Es la primera vez que un dato se sale de nuestra escala de colores", afirma.

Este punto del mar, situado a unos 200 kilómetros al este de la costa de Girona, no es el más cálido del Mediterráneo occidental –el termómetro marca allí alrededor de 26 ºC–, pero sí es el que registra la mayor diferencia entre la temperatura superficial del agua y la media del periodo 1991-2020. En la costa oriental de Italia, el agua está algo más caliente, a unos 28 ºC, mientras que la costa levantina española se mueve entre los 22 ºC del sur y los 26 ºC de la Comunitat Valenciana y Cataluña.

Otro de los mapas de anomalías de temperatura marítima que ha quedado totalmente desfasado es el del Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (Icatmar), que publica diariamente una completa cartografía sobre el estado del Mediterráneo. Su paleta de colores de anomalía térmica va desde los -5 ºC a los + 5ºC, una horquilla que se ha quedado corta para medir este episodio. Como se ve a continuación, el mapa muestra una gran mancha roja triangular que abarca todo el Mediterráneo noroccidental. 

Francisco Pastor explica que esta ola de calor marítima está estrechamente relacionada con la ola de calor atmosférica que sufrió el sur y el centro de Europa la semana pasada, y ambas se retroalimentan. "Una ola de calor marina se intensifica por la ola de calor atmosférica, y viceversa. En la costa, cuando tienes un mar tan caliente, las brisas del Mediterraneo se debilitan porque estas surgen por la diferencia entre la temperatura del mar y del aire, pero la diferencia es menor en estas circunstancias", opina el experto.

Las consecuencias de tener un mar tan caliente podrían sentirse el próximo otoño, cuando comience la temida temporada de danas en España, que suelen castigar especialmente a la costa valenciana. "Se está acumulando mucho calor y energía en las capas superficiales y profundas del mar. Eso no garantiza una lluvia torrencial, pero si se dan otros factores como la inestabilidad atmosférica, sí tendremos unas tormentas más intensas. Es como echar más combustible a la tormenta", añade el investigador del CEAM.

Cientos de bidones de petróleo oxidados, baterías de coche, tuberías desechadas, cables y planchas de amianto hechas añicos yacen en montones a lo largo de la costa, hasta donde alcanza la vista. El contraste con los icebergs de un azul cristalino que se deslizan lentamente al fondo resulta sobrecogedor.

Storch Lund, de 69 años, señala hacia el paisaje. "Todo esto son restos americanos", explica. Estamos en Narsarsuaq, en el sur de Groenlandia, el emplazamiento de la mayor base de Estados Unidos (EEUU) en Groenlandia durante la Segunda Guerra Mundial. Un pequeño aeropuerto con una localidad cercana, donde se trasladaron miles de soldados estadounidenses después de que la base se estableciera en 1941.

Storch Lund ha vivido en el pueblo durante más de 50 años y conoce cada colina y cada camino de la zona. Incluido el llamado "vertedero" cerca del fiordo, a unos pocos cientos de metros de la pista de aterrizaje.

Aquí, toneladas de residuos están esparcidos a lo largo de varias hectáreas en la orilla. Abandonados en el río de un verde claro de agua de deshielo que desemboca en el fiordo. En varios lugares, los bidones de petróleo y los restos se acumulan en capas de metros de altura. En otros sitios, están enterrados.

"Se puede ver que lo han empujado hacia el agua. Si caminas por la playa, ves la cantidad de contaminación que hay", dice Storch Lund. De niño, jugaba entre chatarra, alquitrán solidificado y planchas de amianto. Hoy ve la contaminación de otra manera. "Es un auténtico desastre", afirma.

Teme que el fiordo también se haya contaminado. "Durante muchísimos años, el petróleo se filtró al agua. Varios aviones se han hundido ahí, en el fiordo", dice Storch Lund, mecánico de formación que anteriormente ejerció como director del aeropuerto de Narsarsuaq durante más de 20 años.

El interés de Estados Unidos por Groenlandia ha crecido —y se ha desvanecido después— varias veces a lo largo de la historia. Los estadounidenses abandonaron la base militar de Narsarsuaq en 1958, sin limpiar nada. Ahora quieren volver.

Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, Estados Unidos operó al menos 36 bases e instalaciones militares en Groenlandia. Hoy, los estadounidenses solo conservan la gran base de Pituffik, en el norte de Groenlandia. Pero actualmente se están desarrollando intensas negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, en las que el Gobierno estadounidense pretende reabrir varias bases.

Un portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos ha identificado específicamente Narsarsuaq y Kangerlussuaq como bases a las que Estados Unidos desea regresar.

Como ruido de fondo dramático, el presidente estadounidense Donald Trump lleva mucho tiempo amenazando con apoderarse de la isla más grande del mundo. Esta misma semana, el enviado especial de Trump para Groenlandia, Jeff Landry, publicó un mensaje sobre Groenlandia en el que afirmaba de forma amenazante que Estados Unidos podría tener un estado más el año que viene.

Politiken ha viajado a Groenlandia para investigar cómo Estados Unidos ha dejado atrás sus numerosas antiguas bases y los periodistas han podido ver la contaminación con sus propios ojos.

A lo largo de los años, varios artículos han cubierto los legados estadounidenses en Groenlandia, pero Politiken es el primer medio que cartografía la contaminación de las bases de Estados Unidos a partir de miles de páginas obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información pública sobre estudios y documentos medioambientales de las autoridades danesas y groenlandesas. Varios de esos estudios medioambientales obtenidos al amparo de las leyes de transparencia no se habían hecho públicos hasta ahora.

La investigación de Politiken, que se publica en toda Europa a través de la red European Investigative Collaborations (EIC), de la que es socio infoLibre, revela que la magnitud de la contaminación es considerable: varios miles de toneladas métricas de residuos peligrosos o contaminados han quedado abandonadas en los parajes naturales de Groenlandia. Hasta 100.000 bidones de petróleo oxidados y corroídos. Contaminación por petróleo procedente de más de 400.000 litros de gasóleo. Hasta 24 millones de litros de aguas residuales de baja radiactividad bajo la capa de hielo. Varias toneladas métricas de baterías desechadas. Hallazgos del tóxico ambiental PCB en niveles que superan con creces los límites reglamentarios, así como de metales pesados, como el plomo y el cadmio, en casi todas las, al menos, 36 antiguas bases e instalaciones militares estadounidenses.

La magnitud real de la contaminación es incluso mayor. Muchas antiguas bases y emplazamientos estadounidenses nunca se han investigado a fondo en busca de contaminación medioambiental, incluidos algunas de los más grandes, como Narsarsuaq y Pituffik.

Varios destacados políticos groenlandeses se muestran muy críticos con la contaminación dejada en Groenlandia. "Es una vergüenza. Y se puede ver. Así es como tratan a nuestro país", dice Aleqa Hammond, presidenta del partido Siumut y exjefa del Gobierno groenlandés.

Considera que Estados Unidos ha salido "demasiado bien parado". "No hemos visto absolutamente ninguna implicación estadounidense en limpiar su propio desastre", afirma.

Bentiaraq Ottosen, miembro del Comité de Medio Ambiente y Conservación del parlamento groenlandés, el Inatsisartut, en representación del partido Atassut, está de acuerdo. "Creo que los estadounidenses han eludido su responsabilidad. Simplemente han dejado atrás todo tipo de basura y han tirado coches y muchas otras cosas en el entorno natural", dice.

Naaja Nathanielsen, miembro del parlamento danés, el Folketing, por el partido groenlandés Inuit Ataqatigiit —Comunidad Inuit—, y exministra groenlandesa de Industria, Comercio, Recursos Naturales y Justicia, se hace eco de la crítica y la pone en perspectiva: "Hemos intentado decirles, con mayor o menor éxito, que dejar las cosas atrás es una señal de falta de respeto. "Se os permitió venir y estar ahí". "Os habéis beneficiado de ciertas ventajas por estar en esa posición". Así que también creo que lo mínimo que se puede hacer es limpiar lo que uno ensucia", dice Naaja Nathanielsen.

Para entender cómo se ha llegado a esto, hay que adentrarse en la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial y los primeros días de la Guerra Fría, la gran isla se convirtió en un foco de interés para el ejército estadounidense. Primero, en la guerra contra la Alemania nazi y, más tarde, como depósito de recursos, campo de pruebas para la guerra ártica y avanzadilla frente a la Unión Soviética comunista.

Desde el principio, los términos de la presencia estadounidense se negociaron en un complejo juego de política de defensa en el que los estadounidenses no siempre dijeron al Gobierno danés la verdad sobre sus planes, y el Gobierno danés a menudo actuó por encima de los intereses de los groenlandeses.

El 9 de abril de 1941 —primer aniversario de la ocupación alemana de Dinamarca— el enviado danés a Estados Unidos, Henrik Kauffmann, actuando como representante autoproclamado del Gobierno de Copenhague, suscribió por su cuenta un acuerdo de defensa con Estados Unidos que otorgaba a este el derecho a establecer aeropuertos y puertos como bases militares en Groenlandia.

El Gobierno danés destituyó posteriormente a Henrik Kauffmann, lo acusó de traición y declaró el acuerdo inválido, pero Estados Unidos lo ignoró. Los estadounidenses empezaron a establecer bases por toda Groenlandia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se veía a sí mismo como el protector del mundo libre y consideraba que esto conllevaba claros privilegios.

Inmediatamente después de la guerra, el Gobierno estadounidense intentó —ni por primera ni por última vez— comprar Groenlandia. Ofreció unos 100 millones de dólares. La respuesta desde Copenhague fue un cortés "no, gracias". "Aunque le debemos mucho a Estados Unidos, no siento que les debamos toda la isla de Groenlandia", dijo el entonces ministro de Asuntos Exteriores danés, Gustav Rasmussen.

En 1950, los estadounidenses formularon una estrategia ártica que contemplaba extraer uranio en Groenlandia, instalar misiles teledirigidos con un alcance de 2.000 a 2.500 kilómetros y desarrollar "medios de transporte bajo el hielo". Era una estrategia que los daneses no conocerían al completo hasta décadas después.

Al año siguiente —en 1951— los Gobiernos danés y estadounidense suscribieron un acuerdo de defensa para proteger conjuntamente Groenlandia bajo los auspicios de la OTAN. Estados Unidos quedó autorizado a establecer "zonas de defensa" en Groenlandia mediante acuerdo con Dinamarca. En esas zonas —"así como en el espacio aéreo situado sobre ellas y en las aguas adyacentes"— Estados Unidos podía "adaptar la zona para uso militar".

El artículo XI del acuerdo de defensa de 1951 contenía la redacción que desde entonces ha servido como argumento de Estados Unidos para no tener que limpiar lo que ha ensuciado: "Queda entendido que cualquier zona o instalación puesta a disposición del Gobierno de los Estados Unidos de América en virtud del presente Acuerdo no tiene por qué dejarse en las condiciones en que se encontraba en el momento en que fue así puesta a disposición".

Muchas de las bases estadounidenses en Groenlandia fueron, por tanto, abandonadas con prisas, en el estado en que se encontraran. Esto también se aplica a una de las instalaciones militares más controvertidas de Estados Unidos en Groenlandia.

A unos 225 kilómetros al este de la gran base de Pituffik, en el rincón nororiental de Groenlandia, Estados Unidos estableció en 1959 una estación de investigación digna de la ciencia ficción, con una pequeña central nuclear bajo la capa de hielo. La llamaron Camp Century.

La estación de investigación consistía en un extenso sistema de túneles con una "carretera principal" de 330 metros de longitud y más de 20 túneles adyacentes. El reactor nuclear suministraba electricidad y calor a la base y a su personal de 225 personas. Los estadounidenses iniciaron la construcción sin haber recibido la aprobación final de Copenhague. A los daneses no se les dijo que el campamento estaba concebido como la primera instalación de un revolucionario proyecto de la Guerra Fría diseñado para permitir a los estadounidenses transportar y lanzar misiles con cabeza nuclear desde la base bajo el hielo.

Esa estrategia se abandonó posteriormente. Estados Unidos retiró el reactor nuclear unos años antes de abandonar la base en 1966. Pero, según un informe de 2016 elaborado por un equipo internacional de investigadores, se dejaron atrás bajo el hielo hasta 24 millones de litros de aguas residuales de baja radiactividad, 9.000 toneladas métricas de residuos de construcción y 200.000 litros de gasóleo. Ahí permanecen hasta el día de hoy.

Al igual que otras zonas, Camp Century fue abandonado sin demasiada participación de los groenlandeses. "La construcción de las bases y la forma en que se abandonaron ocurrieron pasando por encima de los intereses de los groenlandeses, que no tuvieron absolutamente ninguna influencia sobre lo que sucedió", dice Mikkel Myrup, responsable de área en el Museo Nacional de Groenlandia.

La contaminación por petróleo, en particular, es un problema enorme en las antiguas bases estadounidenses. Esto es especialmente cierto en la isla de Simiutaq, en el sur de Groenlandia, a la que los estadounidenses dieron el nombre de Bluie West 3 y que utilizaron como estación meteorológica y de radio tripulada. Más de 50 años después de que Estados Unidos abandonara la base, los restos americanos siguen afeando el paisaje natural único de Groenlandia.

A los pocos minutos de llegar al antiguo puerto natural de la isla, nos encontramos con la imagen de bidones de petróleo oxidados, vehículos y restos. Tres lugares de vertido distintos, llenos de bidones y chatarra, están repartidos por el paisaje, despeñados por las laderas y escondidos en los valles. El petróleo y el alquitrán se han solidificado en pequeños arroyos que descienden hacia el fiordo.

También hay basura más reciente. Pero los restos americanos son inconfundibles. También están claramente identificados en el estudio medioambiental que hemos traído con nosotros a la zona.

En muestras tomadas por la ingeniería Niras se ha encontrado una "grave contaminación por petróleo", consistente en el llamado petróleo en fase libre, lo que significa que el petróleo puede desplazarse por el terreno. En total, se estima que hay aproximadamente 10.000 metros cúbicos de suelo contaminado con petróleo, es decir, 10 millones de litros. Eso equivale a cuatro piscinas olímpicas llenas de suelo contaminado con petróleo. Y eso solo en la estación meteorológica de Simiutaq.

Más arriba, en la costa oeste de Groenlandia —a poco menos de 70 kilómetros al sur de Nuuk— los estadounidenses dejaron atrás al menos 8.000 bidones de petróleo en la base de Marraq, o Bluie West 4, como la llamaban los estadounidenses. Aquí, la ingeniería Carl Bro también ha documentado una "grave contaminación por petróleo", según la información obtenida por una solicitud de acceso de Politiken.

"Una estimación conservadora de la cantidad total de gasóleo que ha contaminado el emplazamiento es de aproximadamente 120.000 litros de gasóleo o más", señala el informe. La contaminación era "tan grave que aún podía detectarse un fuerte olor a petróleo en el lugar", a pesar de que la contaminación se había producido aproximadamente 50 años antes.

La contaminación por petróleo es más grave en la base de Ikkatteq, en la costa oriental de Groenlandia, en gran parte inaccesible. Aquí, los estadounidenses han dejado decenas de miles de bidones de petróleo y vehículos viejos esparcidos por una zona de más de 25.000 metros cuadrados. En varios lugares, los bidones se han apilado en dos o tres capas. Hace siete años, las autoridades danesas pusieron en marcha una limpieza del lugar. Como parte de ese esfuerzo, Mikkel Myrup, del Museo Nacional de Groenlandia, visitó la remota base. "Pudimos ver que de muchos de los barriles se filtraba aceite usado. Se notaba en el suelo que estaba contaminado con petróleo", dice.

La base de Ikkatteq, que servía como pista de aterrizaje para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, almacenaba miles de litros de combustible para vuelos de escala. "Más de 100.000 bidones estaban esparcidos por el paisaje. Vehículos y edificios que contenían amianto se han derrumbado. La base fue abandonada sin ningún tipo de limpieza", dice Mikkel Myrup.

La zona es popular entre los recolectores locales de mejillones. En un solo día, la consultora Cowi observó "15 pequeñas embarcaciones" frente a Ikkatteq. Y esto podría ser problemático, según un informe de Cowi obtenido por Politiken. "Las sustancias detectadas en las muestras de suelo y agua pueden suponer un riesgo para la vida marina cercana a la costa, en particular para los mejillones del fiordo donde el arroyo procedente del lago desemboca en el agua. Los mejillones son recolectados y consumidos por los habitantes locales que navegan hasta Ikkatteq", señala el informe.

El hecho de que la contaminación se haya extendido al medio marino cerca de las bases es un problema confirmado en varios lugares, tanto en Marraq como en la base de Simiutaq, que Politiken ha visitado. Aquí, la ingeniería Niras también concluye que la contaminación por petróleo ha causado un "impacto significativo en la zona marina", ya que "se han encontrado altos niveles de petróleo en mejillones y sedimentos". Sin embargo, no se advierte a los pescadores locales groenlandeses sobre la contaminación.

"El Ministerio no ha emitido recientemente directrices para la recolección de animales cerca de las bases estadounidenses en Groenlandia", escribe Anna Jespersen, veterinaria jefa del Ministerio groenlandés de Pesca, Caza, Agricultura y Autosuficiencia. Explica que el departamento no "dispone del conocimiento ni de los recursos necesarios para hacer recomendaciones".

Otro gran problema medioambiental es la cantidad de amianto dejada atrás por los estadounidenses. Los estudios medioambientales de las bases estadounidenses muestran que el amianto está presente en edificios abandonados en casi todas las bases que se han estudiado.

Esto es especialmente evidente en Narsarsuaq, la base principal de los estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. A pocos kilómetros de la pista de aterrizaje, Estados Unidos construyó un hospital militar de 250 camas. El hospital permaneció relativamente intacto hasta 1972, cuando se incendió, y durante años después quedó como un montón de escombros en el paisaje.

"Lo recuerdo yo mismo. Vi los edificios cuando era un niño pequeño", dice Ole Guldager, que creció en Narsarsuaq en los años 70, es licenciado en arqueología por la Universidad de Copenhague y dirige el pequeño Museo de Narsarsuaq.

En los años 80, los restos del hospital militar fueron arrasados con excavadoras, pero las planchas de amianto se dejaron atrás. Hoy, pequeñas planchas blancas de amianto yacen esparcidas por todo el valle.

Varios habitantes locales describen cómo han dejado que sus hijos jugaran en la zona durante años, sin tener conocimiento del amianto del viejo hospital durante décadas. "Tal como está ahora, la zona está completamente cubierta de planchas de amianto. No se ha limpiado en absoluto", dice el exdirector del aeropuerto Storch Lund.

Un documento obtenido por Politiken mediante una solicitud de acceso a la información muestra que tanto las autoridades danesas como las groenlandesas son conscientes de la contaminación.

En 2019, un pequeño grupo de investigadores de la Universidad de Aarhus realizaba trabajo de campo en Narsarsuaq. Allí observaron cómo había planchas de amianto hechas añicos esparcidas por toda la zona. Los investigadores se llevaron muestras y determinaron poco después que el material era amianto.

A Ole Guldager se le permitió revisar los resultados de las pruebas. "Eran tan graves que la universidad se planteó si era seguro tener a sus estudiantes paseando por la zona", dice. Los investigadores daneses también informaron al médico jefe de Groenlandia sobre los graves hallazgos. "El médico jefe ha pedido a las autoridades groenlandesas que tomen medidas para reducir el riesgo para la salud", según las actas de la reunión revisadas por Politiken.

Pero desde entonces, no parece que haya pasado gran cosa. Un memorando del Mando de Patrimonio (ETK) de la Defensa danesa señala que "deberían haberse colocado carteles en la zona advirtiendo de la presencia de materiales de amianto". Pero no había ningún cartel cuando Politiken atravesó las pequeñas planchas de amianto rotas.

El caso del amianto en Narsarsuaq ilustra cómo la responsabilidad se pierde en el trasiego entre autoridades. Los estadounidenses dejaron el amianto en la zona. El Ministerio de Medio Ambiente de Copenhague deja claro que la responsabilidad de Narsarsuaq se ha transferido a las autoridades groenlandesas. El Departamento groenlandés de Medio Ambiente, Energía, Naturaleza e Investigación afirma en una respuesta a Politiken que el principio básico es que "quienes han dejado atrás los residuos deben pagar para que se retiren". Es responsabilidad del municipio local "intentar encontrar al propietario", ya que los municipios son la autoridad principal en materia de gestión de residuos.

Ole Guldager contactó con el municipio local de Kujalleq. Informó a un concejal del problema y solicitó "una investigación exhaustiva sobre la contaminación por amianto en todo Narsarsuaq". Pero nunca recibió respuesta del municipio. Hemos preguntado al municipio de Kujalleq qué medidas ha tomado en respuesta a la consulta de uno de sus residentes, pero el municipio no ha respondido.

Hoy, varios residentes de Narsarsuaq temen que los fuertes vientos que bajan de las montañas estén arrastrando amianto desde Hospitalsdalen sobre el pueblo. "Estamos justo en la trayectoria del viento. ¿Ha afectado esto a personas que han vivido aquí durante 50 o 60 años? No hay forma de saberlo. Pero creo que se lo debemos a la gente de Narsarsuaq —y también a todos los que han vivido aquí en el pasado— al menos investigar esto. Sería inaceptable no hacerlo", dice Ole Guldager.

En la década de 1990, los estadounidenses habían perdido temporalmente el foco sobre Groenlandia. La mayoría de las bases habían sido abandonadas. Solo la base aérea de Thule —que pasó a llamarse Pituffik Space Base en abril de 2023— permanecía bajo control estadounidense.

Los políticos groenlandeses expresaron su preocupación por las enormes cantidades de residuos que los estadounidenses habían dejado atrás, con la aprobación tácita de Dinamarca.

El 13 de marzo de 1991, el entonces ministro de Asuntos Exteriores Uffe Ellemann-Jensen y su homólogo estadounidense firmaron un acuerdo en el que Estados Unidos prometía "retirar o neutralizar de otro modo" todas las sustancias peligrosas conocidas —incluidos aceite usado, disolventes químicos, amianto y PCB— de las instalaciones militares que los estadounidenses estaban desalojando.

Al parecer, los estadounidenses incumplieron esa promesa 11 años después. Cuando Estados Unidos se preparaba para marcharse y devolver la zona de Dundas, estrechamente ligada a la base de Pituffik en el extremo norte de Groenlandia, se negaron, según el entonces ministro de Medio Ambiente Svend Auken, a limpiar lo que habían ensuciado, porque entonces se verían obligados a hacer lo mismo en sus otras bases por todo el mundo.

Mikaela Engell, del Ministerio danés de Asuntos Exteriores, que más tarde se convirtió en Alta Comisionada de Dinamarca en Nuuk, fue citada diciendo que había habido "una inversión completa de la posición de Estados Unidos sobre el medio ambiente entre 1991 y 2003".

Un portavoz del Pentágono lo describió en la misma publicación como un reparto de la carga: con sus instalaciones militares, Estados Unidos había proporcionado una defensa para el mundo libre, así que otros tenían que poner de su parte ocupándose de la limpieza.

La situación jurídica era ambigua. El acuerdo de 1991 dejaba claro que no sustituía al acuerdo de defensa de 1951, que estipulaba que Estados Unidos no tenía obligación de dejar las zonas de Groenlandia en las mismas condiciones que cuando las recibió. Por tanto, se convirtió en gran medida en una cuestión política de con cuánta firmeza insistiría Dinamarca en que Estados Unidos limpiara el lugar. Cuando finalmente se cerró el Acuerdo de Dundas en 2002, bajo el entonces primer ministro Anders Fogh Rasmussen, Dinamarca acabó asumiendo toda la responsabilidad por las enormes cantidades de residuos estadounidenses en Dundas.

Politiken ha preguntado al Departamento de Defensa de Estados Unidos y al Ministerio danés de Medio Ambiente si consideran que el acuerdo de 1991 es válido y se está cumpliendo. Ni las autoridades danesas ni las estadounidenses han respondido.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos tampoco ha respondido a las preguntas sobre por qué Estados Unidos no contribuirá al coste de la limpieza en Groenlandia, ni a ninguna de las demás preguntas de Politiken.

En la década de 2010, destacados políticos groenlandeses intensificaron su crítica al legado del ejército estadounidense. Esta crítica contribuyó al acuerdo del Gobierno danés de 2012 con el Autogobierno groenlandés para limpiar lo que había dejado el ejército danés en Groenlandia. Pero el acuerdo no mencionaba los residuos militares estadounidenses.

En 2017, el entonces ministro groenlandés de Asuntos Exteriores, Vittus Qujaukitsoq, se hartó. Sin el respaldo del presidente del Autogobierno, presentó una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, argumentando que, en su opinión, Dinamarca no asumía suficiente responsabilidad para garantizar la limpieza de las instalaciones militares estadounidenses.

Era la primera vez que Groenlandia presentaba una denuncia contra Dinamarca ante la ONU. El relator especial de la ONU sobre residuos peligrosos, Baskut Tuncak, se tomó en serio la denuncia y posteriormente concluyó que "Dinamarca debe identificar y retirar todos los residuos militares dejados atrás en Groenlandia" que el pueblo groenlandés desee que se retiren.

En la misma carta, se instaba "encarecidamente" a Estados Unidos a participar y contribuir al esfuerzo. Esto no cambió la posición de Estados Unidos, pero al año siguiente el Gobierno danés decidió destinar 180 millones de coronas danesas a lo largo de seis años para limpiar bases estadounidenses seleccionadas.

Un comité de dirección dano-groenlandés, encabezado por el Ministerio de Medio Ambiente, ha quedado a cargo del trabajo, al que Estados Unidos no está contribuyendo. Los fondos de 2018 están lejos de haberse gastado, y hasta ahora solo se ha limpiado una pequeña parte de las bases.

Politiken ha planteado una serie de preguntas a la ministra danesa de Medio Ambiente, Maria Reumert Gjerding, sobre la contaminación estadounidense y los esfuerzos de limpieza daneses. No respondió a todas ellas.

En un correo electrónico a Politiken, Maria Reumert Gjerding escribe: "Es importante que cumplamos el acuerdo político para limpiar lo que dejó la antigua presencia militar estadounidense en Groenlandia, y que lo hagamos bien. Se lo debemos a la naturaleza y al pueblo groenlandés. El trabajo está en marcha, pero las condiciones son difíciles y lleva tiempo. Estoy haciendo un seguimiento de los avances, y hemos destinado fondos para continuar la tarea en estrecha cooperación con Groenlandia".

Pero, en retrospectiva, parece "tanto erróneo como inapropiado" que Dinamarca durante tanto tiempo no implicara a Groenlandia ni asumiera la responsabilidad por el legado de los estadounidenses, según Kristian Hvidtfelt Nielsen, que dirige el Centro de Estudios sobre la Ciencia de la Universidad de Aarhus y es coautor de un libro sobre Camp Century.

Esto ha dejado una desconfianza fundamental en Groenlandia que ahora se interpone en el camino, en un momento en que Groenlandia y Dinamarca deben abordar conjuntamente las amenazas que plantea Donald Trump, señala. "Es difícil decir si esto podría haberse evitado, pero desde luego no ayuda en la situación actual que hayamos creado ese tipo de conflicto y hayamos creado estereotipos del enemigo", dice Kristian Hvidtfelt Nielsen.

Ahora que Estados Unidos quiere regresar a varias de sus antiguas bases y ampliar su presencia militar en Groenlandia, muchas voces en Groenlandia reclaman medidas para garantizar que no se repitan los errores del pasado.

"Dado lo que sabemos hoy sobre el pasado, sería prudente considerar si hay una forma más adecuada de proceder al cerrar nuevos acuerdos, de modo que no acabemos enfrentándonos de nuevo a los mismos problemas", dice Mikkel Myrup, del Museo Nacional de Groenlandia.

"Al fin y al cabo, tenemos el principio de "quien contamina, paga" en Groenlandia. Eso debería aplicarse a todos, incluido Estados Unidos", dice Naaja Nathanielsen, miembro del Parlamento groenlandés. El Departamento de Defensa de Estados Unidos no ha respondido a las críticas de los políticos groenlandeses.

En Narsarsuaq, Storch Lund todavía sueña con ver limpias las zonas contaminadas, que solían ser su lugar de juegos cuando era niño. "Sería maravilloso que se retirara todo. Pero es una tarea descomunal. Hay muchísimo suelo contaminado", dice.

Varios habitantes locales cuentan a Politiken que representantes del ejército estadounidense han visitado Narsarsuaq en los últimos seis meses para inspeccionar la pista de aterrizaje, el hotel del pueblo y el viejo aeropuerto.

Cuando se le pregunta si el personal militar estadounidense visitó también la gran zona que contiene los residuos americanos, Storch Lund responde: "No, no fueron hasta allí".

El único visor nacional online para consultar la contaminación atmosférica en España lleva caído desde el 2 de febrero y por ahora no tiene fecha de regreso. Un ciberataque al servidor dejó fuera de servicio la aplicación de Calidad del Aire del Ministerio de Transición Ecológica y, casi cinco meses después, la herramienta sigue sin estar operativa. Ecologistas en Acción denuncia que esta caída ha provocado un "vacío informativo" sin precedentes que deja desprotegidas a personas con problemas respiratorios o cardiovasculares, vulnerables a los picos de polución.

No ha dejado de medirse la contaminación; lo que ha dejado de existir es una ventana única para verla. Las estaciones autonómicas y municipales siguen registrando datos y estos continúan almacenándose y remitiéndose a la Comisión Europea, pero el ciudadano ya no puede consultarlos en un mapa estatal común. Desde febrero, quien quiera conocer la situación debe acudir por separado a los portales de comunidades autónomas y ayuntamientos, cada uno con formatos, indicadores y criterios de visualización distintos.

El ejemplo más reciente ha ocurrido esta misma semana, coincidiendo con la ola de calor. Está ampliamente demostrado que los episodios de calor extremo van acompañados de niveles muy altos de contaminación por ozono, un gas relacionado directamente con la radiación solar y uno de los contaminantes más agresivos para la salud. Los registros de algunas comunidades autónomas y ayuntamientos muestran que esta semana ha habido concentraciones de riesgo en la península pero, como el portal oficial está caído, este problema ha pasado desapercibido. 

Miguel Ángel Ceballos, encargado de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción, insiste en que es “inaceptable” que casi cinco meses después todavía no se haya solventado. "Es una situación totalmente negligente porque deja desasistidas a millones de personas vulnerables a la contaminación que ya no pueden acceder de manera fácil y visual a esta información", denuncia.

La ONG ha trasladado varios avisos al ministerio y su respuesta siempre es que la reparación del sistema es inminente. Transición Ecológica ha confirmado a infoLibre que están trabajando para solucionarlo, aunque precisa que el hackeo no afectó a sus sistemas, sino a los servidores del Ministerio de Agricultura, donde está alojada la información. La avería, según el departamento, es limitada porque los datos históricos no se han perdido, cada día se siguen almacenando las nuevas mediciones y se envían a la Comisión Europea. El problema es que no se muestran en la web.

Es cierto que la información no es completamente inaccesible porque las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos –quienes tienen las competencias sobre la calidad del aire– tienen sus propios portales online de contaminación. Pero cada administración muestra los datos a su manera y es realmente difícil obtener una visión general de la situación en España. Lo que es imposible ahora es acceder a los datos concretos de todas las estaciones de medición del país, como sí se podía hasta el 2 de febrero. 

Muchas autonomías, como Andalucía, País Vasco o Comunidad de Madrid, utilizan un mapa de avisos de polución mediante una paleta semáforo que resume la situación general a partir de una media calculada con todos los gases y partículas analizados. Sin embargo, este formato está completamente obsoleto científicamente, según los expertos. El caso más sangrante es el de Extremadura, que tiene el portal AireExtremadura caído al menos desde hace un año.

La mayoría de regiones y algunos ayuntamientos permiten la posibilidad de descargar los datos de cada estación por día o por horas, pero hacerlo a gran escala para construir un mapa nacional supone un trabajo inasumible. "Si para nosotros, que llevamos haciéndolo años, es imposible, imagínate para el ciudadano medio", opina Ceballos. De hecho, este es el primer verano que Ecologistas en Acción deja de monitorizar los niveles de ozono en España y de avisar de las superaciones peligrosas por este problema.

Aunque la información disponible ahora es limitada, hay evidencias de que en los últimos días se han superado niveles de ozono peligrosos, como suele ocurrir durante una ola de calor. También se registró un episodio similar de ozono elevado a finales de mayo, coincidiendo con otro pico en los termómetros. 

Por ejemplo, en la red de Cataluña ya se ha superado el umbral de información a la población por ozono en 40 ocasiones este año, lo que supone superar los 180 µg/m3 por hora. También hay evidencias de niveles muy altos de ozono estos días en estaciones de País Vasco, Comunidad de Madrid o Comunitat Valenciana, pero hace falta procesar las mediciones para conocer su media octohoraria, la que se usa como referencia en la directiva europea de Calidad del Aire.

El ozono es considerado el contaminante atmosférico del verano porque se dispara entre los meses de abril y septiembre. No lo generan los coches o las chimeneas de las fábricas, sino que se produce por la interacción de otros contaminantes, llamados precursores, con la luz solar. Por eso, su presencia se multiplica durante los días de más calor.

Como el ozono es altamente oxidante, a corto plazo genera irritación e inflamación en los pulmones y los ojos, incrementa el estrés y la ansiedad y puede agravar otras enfermedades previas. A largo plazo, puede producir problemas crónicos en el sistema respiratorio, cardiovascular y endocrino. La Agencia Europea de Medioambiente atribuye al ozono 6.527 muertes en España en 2023.

Julio Díaz, investigador del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) especializado en salud y cambio climático, advierte de que durante las olas de calor hay que estar muy pendientes también de la contaminación atmosférica, y recuerda que estos gases y partículas son responsables del 18% de la mortalidad adicional que se produce en los días más calurosos del verano.

"Cuando hay una ola de calor no solo suben las temperaturas, también el dióxido de nitrógeno (NO2), las micropartículas (PM10 y PM2,5) y el ozono. Y tanto el calor como la contaminación golpean a los mismos grupos vulnerables. Sin embargo, solo vemos consejos enfocados al calor, como hidratarse o buscar la sombra, pero no se habla de usar mascarillas ni de limitar el tráfico", explica..

El uso de falsos reclamos ecologistas para atraer clientes, una práctica habitual de las grandes compañías energéticas, ha saltado al sector de las telecomunicaciones. En la última década las operadoras de telefonía móvil han comenzado a vender electricidad y gas (que compran a terceros) aprovechando su gran base de clientes de telefonía, y para hacerlo han copiado las técnicas y eslóganes del sector: pintar su web de color verde y prometer replantar bosques para compensar lo que contamina su producto.

La organización de consumidores CECU considera que algunas de estas prácticas se pueden considerar greenwashing, o publicidad ambiental engañosa, y ha denunciado a Jazztel, Yoigo y Pepeenergy (de Pepephone) ante el Ministerio de Consumo para que fuerce a estas empresas –todas del grupo MásOrange– a retirar estos reclamos. También ha pedido que investigue por este mismo motivo a las energéticas TotalEnergies, Naturgy y Audax Renovables.

La denuncia forma parte de una campaña europea más grande en la que CECU y otras 11 organizaciones han pedido a la Comisión Europea que investigue a los gigantes TotalEnergies, Engie, Eni Plenitude y Shell por llevar a cabo campañas de greenwashing a nivel europeo. Básicamente, las ONG acusan a estas compañías de sacar pecho de luchar contra el cambio climático cuando son algunas de las grandes responsables del calentamiento global.

En todo caso, ni la denuncia interpuesta en Bruselas ni la de Madrid serán canalizadas por la vía jurídica, sino que solo pondrán sobre alerta a las autoridades nacionales y europeas para que tomen medidas. "Nosotros lo que hacemos es señalar", aclara Soledad Montero, encargada de energía en CECU. "Ahora son las autoridades las que tienen que investigar y llamar la atención, y si no toman medidas, multar. Si la ley no se cumple es papel mojado", añade.

Las tres 'telecos' españolas denunciadas ante la Dirección General de Consumo comparten una misma campaña en la que aseguran que las emisiones de CO2 de sus clientes de electricidad y gas natural se compensan con la plantación de árboles. Esta práctica es internacionalmente considerada como greenwashing porque numerosos estudios de ONG han certificado que la reforestación es nunca o casi nunca verificable, y sirve para justificar negocios extremadamente contaminantes.

De hecho, la nueva directiva europea de empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, la conocida como directiva contra el greenwashing, aprobada en 2024, prohíbe la publicidad que promete compensar el carbono emitido por el usuario mediante acciones como plantar árboles o instalar tecnología de captura del CO2 del aire, "ya que dan a los consumidores la falsa impresión de que el consumo de ese producto no tiene ningún impacto medioambiental". El problema es que esta directiva no entra en vigor hasta el próximo 27 de septiembre y debe ser además traspuesta a la normativa española para que sea vinculante en este país, de manera que la ley por ahora no impide claramente las prácticas de estas empresas de telefonía.

Tanto la web de Yoigo como de Pepeenergy recogen que las compañías calculan las emisiones de CO2 de sus clientes de gas natural y plantan árboles para compensar esa contaminación. Como ejemplo de éxito ambas citan el mismo proyecto: la repoblación de la Playa de Torimbia, en Llanes (Asturias), una zona que en teoría ha sufrido diferentes incendios en la última década. Sin embargo, no aclaran cuántos ejemplares se han plantado ni su equivalencia en toneladas de CO2. 

Este anuncio, de hecho, podría estar solapándose con otra campaña de publicidad de este mismo grupo empresarial. El informe de sostenibilidad de de 2025 de MásOrange, la matriz, también hace referencia a "un terreno reforestado de Asturias", pero para otra campaña diferente: “Quien tiene un amigo tiene un árbol, con la que se planta un árbol cada vez que el amigo de un cliente se da de alta en Pepephone".

En el caso de las energéticas españolas denunciadas a Consumo, lo que persigue la organización española es retirar diferentes afirmaciones falsas que confunden al ciudadano. Por ejemplo, Audax promociona sus tarifas señalando en la web que el gas natural "tiene un reducido impacto ambiental en comparación con otras fuentes energéticas", cuando en este momento el gas es la fuente más contaminante de entre las principales del sistema eléctrico español. En el caso de Naturgy, piden que retire reclamos como "¿Por qué contratar la luz y el gas con Naturgy? La tranquilidad de cuidar el planeta", pese a que es año tras año una de las empresas en el top cinco más contaminantes de España.

La principal base legal que ha servido para poner sobreaviso a las autoridades es la directiva de prácticas comerciales desleales de 2005, que prohíbe publicitarse con "información falsa o carente de veracidad (...) que pueda "inducir a error o engañe al consumidor medio". El problema es que esta legislación es antigua y no es específica para el greenwashing, de manera que en los últimos años no ha sido suficiente para denunciar a las empresas por promesas falsas ambientales porque está ampliamente abierta a la interpretación del juez.

La segunda directiva que citan es la antigreenwashing de 2024, que fue precisamente impulsada por la Comisión Europea para aclarar y corregir ese vacío legal de la publicidad verde. En ella se prohíben, entre otras cosas, que las compañías utilicen afirmaciones ambientales genéricas, como usar la etiqueta eco o bio en un producto sin una argumentación científica, o decir que un producto "ayuda al consumidor a cumplir con sus compromisos ambientales", una coletilla que recoge la francesa Engie en su web.

Otro de los cambios que incluirá esta directiva, cuando entre por completo en vigor en tres meses, será el veto de los llamados reclamos 'halo', que suponen engrandecer un pequeño hito ambiental de una empresa para simular que todos sus productos y la compañía, en general, es verde. Por ejemplo, que un fabricante de petróleo se anuncie como una empresa comprometida con el medioambiente solo porque uno de sus combustibles tiene un pequeño contenido de biocarburante, otro ejemplo clásico del sector del transporte.

La Fiscalía europea ha abierto una investigación por posible fraude en un contrato entre el Gobierno de Murcia y la consultora vasca IDOM para la elaboración de un informe en 2020 en el que se retrata la contaminación de los suelos en el Campo de Cartagena. El estudio sigue guardado en un cajón, pese a las docenas de peticiones de acceso de las organizaciones vecinales, preocupadas por los metales pesados a los que se exponen cada día. Además, hay evidencias de que el trabajo podría haberse entregado de forma incompleta. Como fue financiado en un 80% con fondos europeos Feder, los investigadores indagan ahora en si se cometió un delito de fraude comunitario por valor de 200.932,60 euros.

Según ha podido saber infoLibre, la Fiscalía quiere averiguar si el encargo fue efectivamente entregado en tiempo y forma, porque la Consejería de Medioambiente ha ignorado sistemáticamente todas las peticiones de acceso de la organización vecinal Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena, que terminó denunciando en Luxemburgo. El Consejo de Transparencia de la Región de Murcia también envió dos reclamaciones a la Dirección General de Medio Ambiente para que publicase en internet el estudio íntegro, pero fueron ignoradas.

Cuando la asociación tuvo finalmente acceso al documento el pasado mes de febrero a través de terceras personas –la Consejería sigue desoyendo las peticiones de transparencia–, pudo comprobar que el estudio encargado hace seis años estaba en realidad incompleto. infoLibre tuvo acceso al trabajo y pudo comprobar que la ausencia más clara es la de la creación de una app móvil en la que se debería poder ver sobre un mapa el nivel de riesgo por contaminación, pero que nadie ha visto todavía.

Esa aplicación formaba, de hecho, parte del título del encargo, y su elaboración era una prioridad. El trabajo se titula Determinación de niveles de fondo y Niveles Genéricos de Referencia (NGR) de metales y elementos traza en suelos, elaboración del inventario de suelos contaminados y desarrollo de una aplicación web (con visor SIG) para la gestión de la información de la calidad de los suelos.

Según los denunciantes, en el informe que fue filtrado tampoco había rastro de otros contenidos que sí estaban recogidos en el pliegue del contrato: la cartografía de suelos contaminados, la memoria final, nueve informes de seguimiento y un material divulgativo para dar publicidad a los resultados. En la versión que vio infoLibre, el informe estaba además recortado y no contenía los anexos II y III, donde supuestamente están las actas de laboratorio y los resultados analíticos, y donde debería verse cada muestra tomada con su referencia geográfica y el nivel de contaminación de ese punto.

"Existen indicios de que el contrato pudo ser certificado y/o pagado total o parcialmente sin evidencia verificable de ejecución real y entrega de entregables esenciales", se lee en la denuncia de la organización de vecinos. Tras recibir el escrito, la Fiscalía europea decidió la semana pasada abrir una investigación por "un posible delito de malversación de caudales públicos, un delito de fraudes y exacciones ilegales y un delito de prevaricación". Los tres delitos están recogidos en el Código Penal y conllevan pena de prisión.

El contrato fue adjudicado el 1 de junio de 2020 a IDOM Consulting y se daban diez meses para su realización, pero no se volvió a saber más de él. No obstante, en el informe filtrado hace cuatro meses sí que figura que fue finalizado en noviembre de 2020. El proyecto fue presupuestado en 251.165,75 euros (IVA incluído) y 200.932,60 euros fue la cantidad que aportó la Unión Europea. El resto se costeó con los presupuestos de la Consejería de Agricultura.

Sara Rubira, la consejera a cargo de esta cartera, fue precisamente cesada la semana pasada, junto con el consejero de Sanidad, en lo que el barón del PP Fernando López Miras calificó de renovación del Gobierno murciano. Rubira fue aupada a ese puesto en 2023, cuando, en teoría, el informe de IDOM ya había sido entregado. Sin embargo, sí fue bajo su cargo cuando ignoró las exigencias de publicación del Consejo de Transparencia. No es tampoco el primer informe de este tipo que Rubira mantiene en un cajón.

La denuncia fue interpuesta por la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena, que lleva años reclamando que el Gobierno regional se tome en serio los altísimos niveles de contaminación por metales pesados en los suelos de los municipios que rodean la Sierra Minera de Cartagena-La Unión.

Las minas que se explotaron en esa zona hasta la década de 1990 quedaron abandonadas y docenas de balsas de residuos permanecen abiertas, de manera que el viento y el agua dispersan metales pesados por toda la región. Un informe sobre incidencia y la mortalidad por cáncer con datos de 1996 a 2007 ya demostró que la comarca era un punto negro. En las últimas dos décadas apenas ha cambiado nada.

Pedro Gálvez, portavoz de esa asociación, denuncia que él mismo se ha sometido en los últimos años a tres análisis de plomo y cadmio en sangre, y ha dado positivo en ambos casos. "Que la contaminación minera sea la causa no lo podemos saber, porque nadie lo ha investigado, pero hay mucha gente enfermando de cáncer aquí", explica. "Cuando hace viento, ese polvo tóxico llega a mi casa, porque lo hemos comprobado con análisis. Y cuando llueve, se generan unos lixiviados, que es un cóctel de arsénico, cadmio y plomo, que se arrastran hasta el puerto de Cartagena", añade.

Lo que sí figura en el informe de IDOM, fechado en noviembre de 2020, es un resumen de los resultados de 550 muestras de suelo tomadas por los autores y que demuestran una vez más que la región que rodea la Sierra Minera de Cartagena-La Unión está contaminada por metales pesados, suelos que incluyen tierras agrícolas y municipios como Cartagena, La Unión, El Algar o El Llano del Beal. Según se lee, todo el área tiene concentraciones de plomo superiores a 1.000 mg/kg de tierra, casi diez veces por encima del máximo legal para una tierra de cultivo. El plomo es un metal considerado potencialmente cancerígeno.

El estudio también encuentra niveles muy por encima del máximo legal en cadmio, un metal considerado cancerígeno, en Cartagena, "donde se alcanzan valores que pueden llegar a los 6 mg/kg". El límite legal en suelo agrícola es de 1,5 mg/kg. También se supera el tope en zinc en esa misma zona, "donde los valores pueden llegar a superar los 600 mg/kg". El límite de zinc es 200 mg/kg.

España ya llega tarde al plazo de dos años que dio la Unión Europea para trasponer a su legislación la nueva Directiva Penal Ambiental, que facilita que los delitos sobre la naturaleza se procesen por la vía penal para que los castigos sean proporcionales a los daños, incluyendo multas cuantiosas, penas de cárcel para casos graves y la obligación de costear la restauración del ecosistema.

Bruselas reconoce que la justicia europea no tenía hasta ahora herramientas para disuadir a empresas y administraciones de contaminar o destruir el medioambiente, y que era necesario dotar a los tribunales de herramientas más duras. Las ONG advierten de que el Ministerio de Justicia no solo llega tarde, sino que es probable que la directiva no se trasponga esta legislatura, alargando el proceso durante años.

Según explica David de la Bodega, responsable jurídico de SEO BirdLife, su organización no tiene constancia de que Justicia haya avanzado en el trabajo previo para sacar adelante la adaptación normativa ni hay un borrador. En los últimos meses han enviado dos cartas al ministerio para recordar la importancia de avanzar con este problema que no han sido contestadas. Fuentes de Justicia señalan a infoLibre que su intención es llevar el asunto "pronto al Consejo de Ministros".

"La verdad es que no tenemos esperanzas de que se vaya a trasponer durante esta legislatura. Para empezar, parece que no se ha empezado a trabajar en ello, y además necesita después el apoyo de una mayoría cualificada en el Congreso porque hace falta reformar el Código Penal, y con la situación política actual no creo que pueda lograrse", opina el activista.

Las organizaciones ecologistas llevan meses presionando para que se importe la directiva   porque afirman que España sufre un grave problema de impunidad en lo que respecta a los delitos ambientales. Están reconocidos en la ley, pero como las penas son muy bajas, casi siempre en forma de pequeñas multas, son casos de baja prioridad en los juzgados. Y si hay una condena, en muchas ocasiones merece la pena cometer la infracción y pagar.

Esta sensación se detecta a diario en casos de robo de aguas para regadío, en la contaminación de lagunas y acuíferos, en la caza furtiva de especies protegidas, en la exportación ilegal de basuras o en casos de contaminación del aire. Los que luchan cada día contra estos abusos piden también formar a jueces y fiscales en legislación ambiental.

Los estados miembros tenían hasta el jueves 21 de mayo para trasponer la normativa europea al Código Penal, cosa que no ha hecho el Gobierno. El principal cambio que introduce la directiva europea es establecer una lista de infracciones para que sean claramente reconocidas como delitos penales contra el medioambiente, puesto que en los 27 países hay discrepancias debido a la falta de claridad de la anterior directiva comunitaria de 2008. El segundo cambio clave de la nueva versión es que aclara que las personas jurídicas –las empresas– pueden ser responsables de pleno de un crimen ambiental si se benefician de él, no solo las personas que han dado la orden.

Según describen los expertos, en España, por lo general, ya se recogen como delitos la gran mayoría de casos que aparecen en la nueva directiva, pero esta también incorpora las sanciones concretas que deben pagar los acusados. Muchas de las infracciones, sobre todo las que tienen daños a largo plazo sobre un ecosistema, tendrán penas de cárcel concretas, y no habrá margen para resolverlas con una multa, como ocurre ahora.

Por ejemplo, un vertido contaminante que cause daños sustanciales en el ecosistema, si tiene el agravante de realizarse sobre un suelo protegido y con un impacto a gran escala y duradero, tiene en la directiva una pena máxima de al menos ocho años de prisión, en función de lo que decida cada Estado a la hora de la trasposición.

La normativa europea resume el cambio en que los gobiernos nacionales deben garantizar que todos los delitos ambientales recogidos "puedan ser castigados con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias".

La organización WWF es otra de las que ha hecho campaña ante el Gobierno para que cumpla con su compromiso con Europa porque consideran que muy pocos delitos contra la naturaleza terminan siendo perseguidos en España. Hace tres años publicaron un análisis en el que concluyeron que de 4.902 casos de crímenes contra la fauna protegida registrados entre 2015 y 2020 en el país, solo 327 tuvieron una sentencia judicial, el 7%.

Laura Moreno, responsable del programa de especies de WWF, opina que si se endurecieran las penas, estos delitos pasarían a ser prioritarios. "Lo importante no es que la gente vaya a la cárcel más años, sino que los jueces darían más prioridad al medioambiente y tendrían más recursos para estos casos, como escuchas telefónicas o la geolocalización, que se reservan para los casos más graves", valora.

Otro cambio primordial es que la norma europea propone poner el foco sobre las empresas que comentan un crimen ambiental, más allá de condenar a sus dueños, con castigos muy fuertes, como una multa equivalente al 5% de su facturación global en los casos de los delitos más graves.

Tanto para personas físicas como jurídicas se propone también que tengan que costear la recuperación del ecosistema dañado o que paguen una indemnización equivalente. Si bien, queda en manos de los estados miembros decidir qué castigos concretos trasponen a su normativa.

David de la Bodega destaca el castigo a las corporaciones como un cambio muy importante en la legislación ambiental porque con la normativa actual, contaminar un acuífero o abatir un animal protegido de valor incalculable para la sociedad, se resuelven con una multa.

"Un ejemplo claro es la rotura de la balsa de Aznalcollar de 1998, que hizo un daño inmenso al Parque de Doñana y a los alrededores. Como no se pudo atribuir una responsabilidad penal ni civil a la minera, terminamos pagando todos la restauración", recuerda.

Que España no incorpore los cambios en el Código Penal también conllevará que el Gobierno no elabore la Estrategia nacional de lucha contra los delitos medioambientales, un documento que forma parte de la directiva europea y que cada Estado debe publicar como tarde en mayo de 2027. Sería una guía muy útil para prevenir los daños sobre el ecosistema porque en ella se recoge qué aspectos hay que mejorar, qué administración es la responsable y cómo se van a corregir los errores. Los expertos también explican que al no trasponerse la normativa, España se expone a que la Unión Europea abra un procedimiento sancionador por incumplimiento.

El subidón de precios de los fertilizantes derivado de la guerra en Irán podría reavivar el uso del estiércol y purines en el campo, una práctica con un pasado sombrío en España porque provocó la contaminación de buena parte de los acuíferos del país. Su uso ahora está regulado por ley y la tecnología actual permitiría evitar los abusos del pasado, pero los expertos subrayan que hace falta un impulso político para que lleguen a emplearse de forma masiva.

En el sector primario hay un consenso en que este año se desplomará el uso de fertilizantes sintéticos después de que su precio se haya casi duplicado desde hace un año. Son tan caros que se han vuelto viables las variedades orgánicas, normalmente más costosas porque son difíciles de transportar y ocupan entre cinco y diez veces más que sus alternativas químicas.

"El abono orgánico puede ser un alivio para la crisis actual y un impulso para la agricultura ecológica en España. No creo que resuelva el problema y cambie el sistema, pero ayudará", opina Tomás García Azcárate, doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid.

Los estiércoles siempre han sido una opción para el sector primario, pero hasta el pico de precios de este momento estaban reservados fundamentalmente para las fincas ecológicas, que por normativa tienen muy acotado el tipo de fertilizantes que pueden utilizar. Son buenos para la planta y además refuerzan la salud del suelo y mejoran su diversidad, pero son más caros, más engorrosos de manejar y son muy sensibles a las propiedades del suelo, por lo que requieren mucho trabajo de medición, prueba y error.

Para empezar, hay muchos tipos de abonos naturales y cada tipo de suelo y cultivo tiene el suyo. Los principales son los excrementos animales (de vacas, cerdos, gallinas…) y se dividen en sólidos (estiércol) y líquidos (purines). Estos son los que se han usado tradicionalmente en las granjas para dar salida a esos residuos, pero al utilizarse sin control, una gran cantidad ha terminado filtrándose a los acuíferos. Según Greenpeace, un 30% de las aguas subterráneas en España están contaminadas de esta manera.

Roberto Ruiz de Arcaute, de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), reconoce que esta práctica tradicional ha traído muchos problemas al campo, pero que ahora hay maneras de reducir ese impacto ambiental. La más destacada es convertir los desechos en digestatos, un fertilizante natural de acción lenta que se absorbe lentamente por la tierra. En ese tanque se genera al mismo tiempo biogás que puede utilizarse como alternativa al gas natural que España tiene ahora que importar, fomentando la economía circular.

La Comisión Europea publicó esta semana su plan de acción contra la crisis de los fertilizantes y entre sus soluciones plantea precisamente incrementar el uso de digestatos, aunque para ello hace falta fomentar la construcción de plantas de biogás, que en España todavía son anecdóticas. El portavoz de SEAE comenta que este es un punto de fricción ahora mismo en la España rural, que está recibiendo una oleada de proyectos de este tipo. "La teoría está muy bien, pero vemos cómo se intentan construir plantas de biogás donde no hay ganado y en forma de macroinstalaciones de purines. Se las llevan a Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León… y eso elimina la idea de la economía cercana y circular", explica.

Otro de los puntos que preocupan a Ruiz de Arcaute, que representa a los agricultores que ya utilizan estos abonos en su día a día, es que este nuevo auge podría convertirse en una burbuja. Asegura que cuando la tonelada de fertilizantes químicos sube de los 500 euros, hay un trasvase hacia las variantes bio, y ahora mismo el precio de los sintéticos está muy por encima de ese límite, rozando los 1.000 euros por tonelada. "Esto ya pasó en la crisis de 2008. Los agricultores fuertes acapararán los fertilizantes orgánicos y subirá el precio. En estas circunstancias siempre hay especulación", valora.

Algunas organizaciones agrarias, como Asaja, reclaman que si de verdad se quiere aumentar el uso de abonos naturales en Europa hay que eliminar las restricciones de uso por motivos ambientales. Algunos cultivos no son rentables salvo que la producción sea artificialmente alta, y para eso necesitan una cantidad de nitrógeno extraordinaria. Sin embargo, el uso de estiércol está topado en algunos lugares donde históricamente se ha abusado de ellos.

En concreto, su empleo está limitado a 170 kilos de nitrógeno por hectárea y año en terrenos sensibles a la contaminación de las aguas subterráneas, que no son pocos: prácticamente toda Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y amplias zonas del centro y el sur de la península. Mientras que el uso de fertilizantes químicos en estas tierras está regulado pero es mucho más laxo, en función del cultivo.

Carlos Baixuli, director del Centro de Experiencias de Cajamar y experto en salud del suelo aboga por eliminar estos máximos. "El problema es que tenemos una normativa que nos limita con unos valores que en mi opinión son un corta-pega de Europa que no tienen sentido para España", opina. El experto aboga por utilizar análisis de suelos y sondas para soltar con precisión estos abonos. "Utilizar materia orgánica no significa hacer mal las cosas, solo hay que saber dosificarla. Hay malos usuarios de abonos orgánicos y hay malos usuarios de minerales, que piensan que por echar más van a recoger más".

Esta semana culmina por fin el plazo para que la Comunidad de Madrid inicie el proceso para implementar en España el nuevo sistema para devolver botellas y latas al supermercado a cambio de recuperar unos céntimos: el conocido como SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno), un mecanismo que en teoría debe estar instaurado en el país antes del mes de noviembre.

Según la ley de residuos, aunque el sistema de retorno de envases será nacional, las organizaciones que lo conformen deben ser avaladas por la comunidad autónoma en la que se encuentre su sede social, y las cuatro están en Madrid, de manera que todos los ojos están ahora puestos en esta administración. A preguntas de infoLibre, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente madrileña no aclaran por ahora si cumplirán con el calendario legal. "Estamos trabajando en el expediente. Está aún en tramitación", responden.

Su equipo ya prorrogó seis meses esta tarea, pero el calendario ha pasado y debe dar una respuesta antes del próximo sábado. Con el retraso que acumula el proceso, todo apunta a que no habrá máquinas para devolver envases antes de 2029, más de dos años después de lo que contempla la ley de residuos.

Tanto empresas como activistas ambientales llevan meses preguntándose por qué la Comunidad de Madrid ha alargado tanto este proceso. En mayo del 2025 comenzó la evaluación de las cuatro asociaciones que se presentaron (Procircular, Ecoembes, Coripet y Asociación SDDR España) y, según fuentes del sector, no fue hasta hace un mes cuando pidió información complementaria a las organizaciones. En noviembre de 2025, todo el sector organizó una jornada en Madrid para pedir a la Consejería de Medio Ambiente que acelerase el proceso.

La semana pasada, más de un centenar de organizaciones civiles volvieron a reclamar a la Comunidad de Madrid, a través de un comunicado y de una carta dirigida a la Puerta del Sol, que cumpla con su parte. Principalmente, preocupa que la Comunidad no cumpla con el plazo legal, que vence este 22 de mayo, y que esta modernización del sistema de recogida de residuos se prorrogue todavía más.

"De no llegar ahora a los objetivos, las entidades lamentan que se puedan tardar varios años más en instaurar un sistema necesario por ley, ya que no cumplimos con los objetivos de reutilización y reciclaje que marca Europa", se lee en el comunicado. Los firmantes recuerdan que cada día en España se quedan sin reciclar 35 millones de latas, botellas y briks, que acaban en la naturaleza, en vertederos o incinerados. 

César Sánchez, portavoz de Retorna, una ONG que defiende la implantación de este sistema de reciclaje, subraya que, un año después de que el equipo de Isabel Díaz Ayuso tenga en sus manos el futuro del SDDR, no tienen ninguna información sobre la situación. "Este viernes vence el plazo y no sabemos nada. Nos ha llegado que las empresas han hecho sus trámites y tienen voluntad de avanzar. La pregunta es por qué la Comunidad ha tardado tanto si recibió la documentación hace un año", opina.

La tarea en la que la Comunidad de Madrid lleva un año atascada consiste en revisar las solicitudes y propuestas de cada una de las cuatro organizaciones para coordinar el SDDR, una documentación en la que cada asociación detalla cómo pretende garantizar que el sistema de devolución de residuos funcione de manera eficiente, cuánto calcula que costará el mecanismo y cómo piensa financiarlo, ya que es obligación de estas empresas costear el reciclaje de las botellas y latas que ponen en el mercado.

Una vez que la Puerta del Sol recopile y compruebe que la documentación es correcta, debe enviarla a la Comisión de Coordinación en materia de residuos, formada por el Ministerio de Transición Ecológica y las comunidades autónomas. El último visto bueno lo dará después, de nuevo, la Comunidad de Madrid. Pero toda esta tarea continúa parada en el primer punto.

El SDDR es importante en España porque la alternativa actual, basada en cubos amarillos, no solo es extremadamente ineficiente y un desastre ambiental, sino que provoca que España incumpla la obligación europea de recoger por separado el 77% de las botellas de plástico. El Ministerio de Transición Ecológica calcula que en 2023, el último dato disponible, solo se recogió por separado el 43,1%. Esto expone a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas a eventuales multas de Bruselas, por mucho que la responsabilidad de recoger estos envases sea de las empresas que los ponen en circulación.

Portavoces del sector de los residuos también han señalado en los últimos meses al Ministerio de Transición Ecológica, que aunque no sea el responsable de avalar a las asociaciones, supuestamente no estaba ayudando a la Comunidad de Madrid a resolver diferentes dudas jurídicas del proceso. Al fin y al cabo, la ley de residuos que estipula las fechas y los pasos a seguir, fue elaborada por el Ministerio dirigido por Sara Aagesen. Fuentes de este organismo, sin embargo, desmienten que Transición Ecológica esté detrás de este retraso, y subrayan que ya resolvieron "en agosto de 2025 las dudas que remitió la Comunidad". 

El pasado mes de noviembre, cuando empresas y consultores de reciclaje se reunieron en Madrid, calcularon que a este ritmo no habrá SDDR en España hasta 2029, más de dos años de retraso frente a lo establecido en la ley de residuos. Si las gestiones administrativas ya van con meses de retraso, después hay que instalar en España miles de máquinas donde depositar las botellas y latas –la mayoría en los supermercados– y organizar un sistema de recogida, tratamiento y valorización de los residuos.

Ignasi Puig, de la consultora ambiental ENT, opina que todo esto es imposible que se logre antes del 22 de noviembre de 2026, la fecha límite estipulada en la ley de residuos. "Ya sea por poco interés por parte del sector de residuos, o poca diligencia de la administración, claramente no se va  a cumplir el plazo de 2026, lo cual dice mucho de la poca seriedad de este país. Mi pronóstico es que tratarán de retrasarlo lo máximo posible, probablemente a 2029", explica.

La principal consecuencia de que el sistema SDDR se retrase mucho más allá de 2026 es medioambiental. Está demostrado que si se devuelven unos céntimos al usuario, la probabilidad de que recicle correctamente los envases crece exponencialmente, con una tasa de recuperación de botellas y latas superior al 90% en los países en los que ya funciona –más de la mitad de los países de la Unión Europea–. Es decir, de cada 100 envases que se tiran a la basura, más de 90 llegan de nuevo al fabricante en condiciones idóneas para ser reutilizadas o recicladas.

La segunda ventaja del SDDR es que en la actualidad, por cómo está diseñado el sistema de reciclaje de residuos en España, las empresas de envases solo se hacen cargo económicamente de las latas y botellas que acaban en los contenedores amarillos, y las que se tiran a las papeleras, al contenedor gris o acaban en la naturaleza, si se recogen, es a cargo del ayuntamiento, incrementándo el gasto municipal de recogida de basuras.

En 2021, la mayor empresa cárnica del mundo, la brasileña JBS, anunció un plan de cero emisiones para 2040, con un gran anuncio a toda página en The New York Times. La empresa, que contaminaba más que países como Italia y casi tanto como Francia, acabó en los tribunales por "marketing falso y engañoso" y sus directivos terminaron diciendo que ese eslógan era simplemente "una aspiración", pero nunca fue un compromiso legal.

Este es solo uno de los casos que recoge una investigación internacional sobre greenwashing, el nombre que recibe la práctica empresarial que consiste en hacer promesas ambientales sin fundamento o lanzar mensajes ecologistas para ganarse al público basándose en afirmaciones dudosas o falsas. El estudio, publicado este miércoles en la revista PLOS Climate, analiza 1.233 afirmaciones ambientales de compañías ganaderas y lácteas, y concluye que el 98% cumplen con las condiciones del greenwashing.

Se califican así porque se consideran promesas inverificables, que no están acompañadas de estudios científicos, que se basan en falsas soluciones o que son insignificantes en comparación con el volumen total de emisiones de las compañías. El 38% de esos reclamos (467) consisten en compromisos a futuro imposibles de corroborar, como "garantizar la recuperación de 600.000 millones de litros de agua en regiones con escasez hídrica para 2030", que era una de las promesas analizadas por los autores.

La lista está formada por todas las afirmaciones verdes realizadas por las 33 mayores empresas del mundo en lácteos y carne entre 2021 y 2024, y Danone y Nestlé están en el puesto uno y dos de las compañías que más afirmaciones han hecho con greenwashing. Aunque estas empresas son industriales –compran la leche y otros productos a los ganaderos–, las emisiones de los animales forman parte de su cadena de valor y son su responsabilidad. 

De la lista de empresas analizada, la francesa Danone es la que más compromisos ambientales ha adquirido en sus informes públicos y páginas web (106), pero prácticamente todos se catalogan como greenwashing, según este estudio. La siguiente es la suiza Nestlé, seguida de CP Group (Tailandia), Danish Crown (Dinamarca) y Hormel Foods (EEUU).

"Las empresas cárnicas y lácteas hacen muchas promesas y aportan muy pocas pruebas que las respalden. Al igual que la industria de los combustibles fósiles, que ha utilizado el greenwashing durante las últimas décadas para retrasar la adopción de medidas climáticas significativas, la industria cárnica y láctea podría estar engañando a los consumidores y a los inversores", escriben los autores, liderados por Maya Bach, del departamento de Ciencia y Política Ambiental de la Universidad de Miami.

La investigación se ha centrado en el sector de producción de alimentos porque representa el 16,5% de los gases de efecto invernadero, siendo uno de los más agresivos con el planeta, principalmente debido a las emisiones de metano de los rumiantes, de los gases de efecto invernadero provocados por el estiércol, por las emisiones de óxido nitroso derivadas de los fertilizantes y por la tala derivada de la producción de piensos.

Marina San Martín Calvo, profesora titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Burgos, opina que estos resultados son importantes en países como España, donde la ganadería láctea y cárnica tiene un peso muy importante. "Estos datos evidencian una brecha significativa entre el discurso corporativo y la evidencia real. Sería recomendable exigir mayor transparencia y evidencia científica en las afirmaciones climáticas porque contribuirían a una transición más creíble y efectiva hacia sistemas alimentarios realmente sostenibles”, dice en un comentario publicado en la agencia Science Media Centre.

Una de las fórmulas de greenwashing más repetidas en este sector –a la que recurren 17 de las 33 empresas analizadas– es la promesa del net zero, las cero emisiones netas de CO2, generalmente para 2050. Este mensaje se encuadra dentro del llamado future-washing, basado en publicar compromisos para las próximas décadas de ayudar al planeta pero con ninguna intencionalidad real de cumplirlos.

Un informe de Foodrise, una ONG europea, se pregunta cómo Danone cumplirá su compromiso net zero en 2050 si en ningún plan de negocio recoge reducir la cabaña ganadera de la que se provee, la principal fuente de contaminación. Por ahora, la compañía francesa solo dice que para hacerlo introducirá prácticas de agricultura ecológica, soja libre de deforestación y estiércol gestionado de manera eficiente de aquí a 2030, medidas insuficientes para lograr su meta de 2050.

Tras analizar los 1.233 mensajes verdes de estas compañías, solo tres de ellos (de las empresas Fonterra, California Dairies y Perdue) estaban amparados en estudios científicos, y dos de ellos ligados a "revistas científicas estrechamente alineadas con la industria agrícolas". Solo el 29% (356 promesas) se apoyaba en algún tipo de evidencia, mientras que "más de dos tercios de las afirmaciones medioambientales carecían de pruebas, lo que dificultó evaluar su credibilidad", según los autores. 

Aunque más de 300 mensajes analizados estuvieran apoyados en información, no significa que fueran legítimos ya que la inmensa mayoría de ellos no superaron la prueba de greenwashing, basada en un test de Noémi Nemes, de la Universidad de Viena, y otros autores, creado en 2022. Solo 20 de los enunciados verdes analizados estaban libres de indicadores greenwashing, aunque el estudio aclara que no consistían en promesas, sino en argumentos genéricos, como que "en Estados Unidos, entre el 30% y el 40% de los alimentos que se producen nunca llegan a consumirse", uno de los mensajes que han superado el examen.

Los autores recogen en el estudio algunos de los eslóganes vacíos que se han encontrado, donde se publicitan acciones limpias que representan una parte ínfima de las emisiones de estas compañías. Como la británica ABP Group, que publicó que iba a iniciar un proyecto para "buscar maneras de implantar un modelo de producción sostenible" de carne en una granja de 100 hectáreas, sin aclarar qué medidas iba a implementar. O como el gigante francés Lactalis, que publicitó el cambio de una caldera de una de sus plantas.

"En lugar de buscar un cambio transformador, muchas empresas parecen dar prioridad a pequeñas mejoras en la eficiencia y promocionan ampliamente iniciativas a pequeña escala o piloto que apenas repercuten en la huella medioambiental global de la ganadería", se lee en el estudio.

Los investigadores también dan a entender que esta corriente de publicidad verde ha desatado en el último lustro una carrera empresarial por lanzar mensajes aparentemente ecologistas. En septiembre de 2020 solo cuatro de las 35 mayores cárnicas y lácteas del mundo tenían compromisos cero emisiones, y hoy son 17.

El 96% de los entornos escolares de los núcleos urbanos en España supera los límites de dióxido de nitrógeno (NO2) recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según un análisis llevado a cabo por Ecologistas en Acción en 66 localidades de diez comunidades autónomas.

Tras analizar el entorno de 412 centros educativos, solo 17 de ellos estaban por debajo del máximo aconsejado por la OMS, que sitúa el límite en los 10 microgramos por metro cúbico.

Este baremo no coincide exactamente con el que marca la nueva Directiva de Calidad del Aire, aplicable ya pero que será obligatoria desde enero de 2030 y que tiene como referencia los 20 microgramos. Según este criterio, el 60% de los centros (249) incumple la normativa.

Ocho de las 412 escuelas analizadas, el 2%, están incluso por encima de los 40 µg/m3, el límite legal vigente desde 2010, ha explicado en la presentación del estudio Paco García del Olmo, coordinador de la campaña de ciencia ciudadana de la organización.

Los resultados, "muy alarmantes" según Ecologistas en Acción, son fruto del análisis realizado en los principales entornos urbanos de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Euskadi, Baleares, La Rioja, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

Un dato que la organización considera también preocupante es el de la mala calidad del aire en el interior de los centros escolares: por primera vez se han analizado las mediciones hechas en los patios, los pasillos o las aulas dentro de 34 colegios y el 80% presentó valores superiores a las recomendaciones de la OMS.

García del Olmo ha atribuido este factor a la contaminación de fondo en las ciudades.

"Es tanta, que hay unos límites por debajo de los cuales no se puede bajar. Si en la puerta de una escuela tenemos 30 microgramos, es muy fácil que en el aula haya 15", ha indicado.

Los pediatras Anna Knorr y Ferrán Campillo han explicado que en el caso de los niños cualquier nivel de NO2 es preocupante. Los pequeños, han advertido, sufren más efectos irritantes en las vías respiratorias debido a los porcentajes encontrados.

Esta es la quinta campaña para la medición de NO2 que hace Ecologistas en Acción en entornos escolares, con un total de 985 escuelas analizadas en cerca de 100 núcleos urbanos.

Los resultados agregados de esos cinco periodos hablan de que el 98% de los entornos escolares supera la recomendación de la OMS.

A lo largo de las cinco campañas se han observado "muy pocas mejoras a nivel global" y una constante: por donde pasan más coches, los niveles son más altos. Una calle peatonalizada siempre presenta mejores valores que otra que no lo está.

Ecologistas en Acción ha subrayado que "la contaminación no baja de un día para otro" y que falta poco tiempo para 2030, cuando será obligatorio estar por debajo de los 20 microgramos.

La implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades "no implica una bajada inmediata del NO2", ha indicado García de Olmo.

"Va todo tarde. Las medidas que se ponen en marcha incluyen tantas excepciones, son tan lentas, que no vemos grandes mejoras", ha añadido.

No obstante, la organización ecologista considera que "hay medidas eficaces" para preservar la salud infantil y conseguir entornos educativos saludables y seguros.

Rubén Soussé, de Ecologistes en Acciò Catalunya, ha detallado algunas propuestas para reducir la contaminación en las vías perimetrales de los centros escolares, como restringir el tráfico motorizado en su entorno, limitar la velocidad de circulación a 20 km/h, crear caminos escolares y carriles bici practicables y seguros para las familias y priorizar el transporte público, compartido, en bicicleta y peatonal.

Otras medidas que recomienda la organización pasan por eliminar los aparcamientos dentro de los centros escolares y limitarlos en las calles de alrededor y por penalizar la doble fila en la puerta de las escuelas.

“No hay ningún tipo de contaminación”, ha vuelto a afirmar Christophe Michaud, uno de los cuatro abogados de Nestlé ante el tribunal correccional de Nancy (Meurthe-et-Moselle), denunciando “un ambiente extraño, en el que se respira un veneno de sospecha por todas partes” hacia su cliente.

La multinacional comparece ante la justicia desde el 23 de marzo por haber abandonado y almacenado entre 2016 y 2024, y “de manera oculta y encubierta”, toneladas de residuos, es decir, 470.000 metros cúbicos, compuestos principalmente por botellas de plástico y vidrio, pero también por placas de amianto. El mismo día de la apertura del juicio, Nestlé difundió un comunicado en el que insistía en la ausencia de contaminación por microplásticos en sus aguas.

Pero eso no es lo que revela una nota confidencial de junio de 2022, que Nestlé se ha cuidado muy bien de no entregar a la justicia, pero que Mediapart ha podido conseguir. En ella, bajo el título “Vertido de PVC en las zonas de Vittel”, Nestlé precisa que, debido a la presencia de estas toneladas de residuos en sus instalaciones desde la década de 1960, existen varios riesgos. El primero es judicial, ya que la nota reconoce una “infracción de la legislación francesa”. El segundo es el de su reputación, que podría verse empañada. Y el tercero se refiere “a la calidad de las aguas subterráneas”.

Un peligro que, sin embargo, la multinacional refuta ante la justicia. A ello añade las consecuencias financieras de la limpieza de las instalaciones, estimadas en más de 60 millones de euros. Una solución cuyo importe parece insignificante en comparación con sus beneficios, pero a la que se opone con una alternativa de menor coste: el “confinamiento de las instalaciones”.

En 2022, cuando Nestlé redactó esa nota, la Fiscalía de Nancy llevaba seis meses con una investigación preliminar abierta sobre sus vertidos ilegales. Se encargaban de ella los agentes de la Oficina Francesa de Biodiversidad (OFB) y los gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra los Delitos contra el Medio Ambiente y la Salud Pública (Oclaesp).

Durante sus tres años de investigaciones, Nestlé no les informó en ningún momento de esa nota, ni de las constataciones que en ella se recogen. Por el contrario, la multinacional ha negado cualquier riesgo de contaminación ambiental que pudieran provocar esos vertidos de plásticos, en particular sobre la calidad de las aguas.

Así, en septiembre de 2024, Luc Desbrun, entonces director de operaciones de las fábricas de Nestlé en Los Vosgos y destinatario de la nota, es interrogado por la gendarmería en el marco de las investigaciones. Sobre los residuos, considera que “la naturaleza ha recuperado sus derechos. Caminamos sobre la última capa de botellas”. Recuerda que Nestlé “heredó” esos vertederos cuando la empresa compró las fábricas en 1992, y considera que no tiene ninguna “responsabilidad por los vertidos históricos”. Afirma “no reconocer la infracción”, aunque sí se haya admitido internamente.

El responsable del laboratorio central de Nestlé, Nizar Benismail, también interrogado por los investigadores, no muestra mayor transparencia. Al ser preguntado sobre la presencia de microplásticos en el interior de las botellas de Contrex, Hépar y Vittel comercializadas en Los Vosgos, asegura que los “resultados son, en general, muy buenos”.

Debido a la propia composición del envase, las aguas embotelladas pueden estar contaminadas con partículas de microplásticos. En el caso de Nestlé, teniendo en cuenta los vertidos, los investigadores trataron de averiguar si estos habían contaminado las aguas subterráneas incluso antes de que fueran embotelladas con la etiqueta de “minerales naturales”.

Como ya revelamos, el laboratorio encargado por la Fiscalía de Nancy había detectado elevadas concentraciones de microplásticos, especialmente a la salida de los pozos de agua de las marcas Contrex y Hépar. Esos informes fueron luego anulados por el tribunal.

Durante su interrogatorio por parte de la gendarmería, en julio de 2024, el director del laboratorio central de Nestlé se muestra categórico. La contaminación detectada en el marco de la investigación es el resultado de errores cometidos durante la toma de muestras. Por el contrario, los análisis de su laboratorio, el “primero acreditado en Francia” en este ámbito, no habrían revelado la más mínima contaminación. Los niveles de microplásticos encontrados en las aguas comercializadas por Nestlé están, según él, cerca del límite de cuantificación, un límite decidido internamente y fijado en 8 microplásticos por litro (mp/L). Es decir, insignificantes.

Por debajo de ese umbral, Nestlé considera que la contaminación es “procedente del laboratorio” que realiza las muestras. Y, ligeramente por encima, las concentraciones de microplásticos pueden entonces “proceder del tapón o del cuerpo de la botella, y no del agua que contiene”, explica el director del laboratorio de Nestlé Waters a los gendarmes.

Con toda seguridad, afirma que Nestlé no tiene microplásticos en sus aguas. Como mucho, los niveles pueden “en ocasiones, ser superiores a 8, [rozando los] 10-15 microplásticos por litro”. Nada que ver, pues, según él, con los niveles de 515 y 2.096 mp/L encontrados en el marco de la investigación.

Pero, aun así, las declaraciones del representante legal de Nestlé son incompletas. Al contrario de lo que afirma, las concentraciones de microplásticos que se han constatado en las botellas no son de 10 o 15, como él sostiene, sino de 70, e incluso 106 mp/L. Son, por tanto, entre 8 y 13 veces superiores al umbral límite.

Así lo atestiguan los informes de análisis de su propio laboratorio de febrero y diciembre de 2020, correspondientes a las aguas de marca Vittel, resultados a los que Mediapart ha podido acceder. Nestlé se negó a responder a nuestras preguntas cuando les contactamos. A estas alturas, el origen de esos microplásticos sigue siendo incierto. No obstante, los documentos que hemos obtenido, algunos de los cuales no han sido entregados a la justicia por Nestlé, sugieren nuevos encubrimientos por parte de la multinacional.

Esa falta de transparencia por parte de Nestlé resulta bastante problemática ya que el juicio que se celebra en Nancy hasta el 27 de marzo se basa esencialmente en los elementos y declaraciones proporcionados por la propia empresa. Como señaló el fiscal durante la segunda jornada de la vista, la ausencia de peritajes independientes sobre la contaminación por microplásticos crea “un profundo desequilibrio” en este juicio.

También se mostró sorprendido “de que los vertederos de plástico abandonados desde hace décadas no hayan provocado contaminación”.  Le parece indispensable “recurrir a un perito independiente”, tanto “para el esclarecimiento de la verdad” como para “la sociedad y los habitantes que viven cerca de estos vertederos”.

El abogado de las asociaciones de defensa del medio ambiente, François Zind, recordó las prácticas fraudulentas imputadas a la empresa, en particular el uso de tratamientos prohibidos para la desinfección de sus aguas minerales naturales, frecuentemente sujetas a contaminación bacteriana o química.

Sin embargo, estas solicitudes de información complementaria fueron rechazadas de nuevo por el juez el 24 de marzo, que decidió continuar con el juicio. El miércoles 25 de marzo declararán los representantes legales de Nestlé, entre los que se encuentran el exdirector de operaciones Luc Desbrun y el responsable de laboratorio, Nizar Benismail.

Traducción de Miguel López

Las polémicas zonas de bajas emisiones (ZBE) han sido hasta ahora la principal medida para frenar los elevados niveles de contaminación del aire en las ciudades españolas, pero parece que por sí solas no van a ser suficientes para proteger la salud de los habitantes. Un estudio ha demostrado por primera vez en España que la restricción de la entrada de los coches más contaminantes solo reduce la presencia de uno de los tres principales contaminantes derivados del tráfico urbano, el dióxido de nitrógeno (NO2), pero no afecta a la presencia de las micropartículas PM2,5 y PM10. Estas requieren acabar con todo tipo de tráfico, incluso con el de vehículos eléctricos.

El Instituto de Salud Global de Barcelona ha calculado el impacto que ha tenido la zona de bajas emisiones en el aire de la capital catalana, donde precisamente está implantada desde 2020 la mayor ZBE de todo el país. La conclusión principal es que durante los dos primeros años esas restricciones redujeron hasta en 7,6 µg/m³ (una bajada del 16%) la concentración de NO2, un gas irritante que puede causar inflamación pulmonar. Sin embargo, la concentración de micropartículas apenas se redujo en alrededor de 1 µg/m³, prácticamente nada.

Los resultados coinciden con otros análisis en zonas de bajas emisiones europeas, donde la concentración media de NO2 suele caer entre un 5% y un 25%, mientras que en la mayoría de los casos estudiados en otros países no hay cambios en las PM2,5, otro contaminante muy dañino para la salud. Xavier Basagaña, investigador en ISGlobal y coordinador del estudio, explica a infoLibre que las conclusiones son las esperadas. "Los resultados encontrados están en los rangos que había predicho la agencia Barcelona Regional para el Ayuntamiento de Barcelona en 2019. Aunque había muchas incertidumbres [sobre el resultado], no sorprende", valora el experto.

Las micropartículas que flotan en el aire de las ciudades se diferencian en dos tipos: inferiores a 2,5 micras de diámetro (PM2,5) e inferiores a 10 micras (PM10). Ambas entran en el organismo por la nariz, pero las primeras son especialmente peligrosas porque son tan pequeñas que pueden filtrarse por los tejidos y llegar al torrente sanguíneo, provocando inflamación y daños en diferentes órganos. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2022 murieron de manera prematura en España 18.500 personas por la contaminación del aire.

A diferencia de otros contaminantes –como el NO2 o el ozono–, las partículas PM son una referencia genérica que se da a todo tipo de elementos que flotan en el aire. Pueden estar formadas por carboncillo, metales, restos vegetales, rocas… y llegan al aire de la ciudad desde múltiples orígenes. Uno de ellos es el tubo de escape de los vehículos de combustión antiguos, principalmente los diésel sin filtros modernos, pero también proceden de las obras urbanas, del rozamiento de los coches contra el asfalto, de las estufas antiguas o del polvo africano que arrastra el viento.

Es por ello que prohibir en Barcelona la entrada de coches muy contaminantes –no se permite el acceso a vehículos sin etiqueta durante los días laborables, de 7:00 a 20:00 horas– solo ataja uno de los muchos orígenes de estas emisiones. Incluso si se fomenta la entrada de coches eléctricos, estos siguen emitiendo virutas microscópicas a través del rozamiento de las ruedas con el asfalto y el que ocurre en los discos de los frenos.

Miguel Ángel Ceballos, experto de Ecologistas en Acción, subraya que la única manera de alcanzar realmente una buena salud atmosférica es reduciendo drásticamente el tránsito de vehículos. "El factor esencial es el número total de vehículos y los kilómetros recorridos. Hay que recortar la circulación, ya sea de eléctricos, híbridos o de motor de explosión, y fomentar el transporte público eléctrico y el peatón", resume el experto.

Ceballos también añade que las partículas PM se forman en las ciudades en grandes cantidades mediante reacciones químicas complejas que derivan del tráfico. Según explica, los filtros de urea que llevan los vehículos modernos para reducir las emisiones de NO2 del tubo de escape, conocidos como AdBlue, emiten amoniaco al aire, y este forma micropartículas PM2,5 al unirse con otras partículas que flotan en el aire.

"Se puede dar la contradicción de que para reducir el NO2 se utilizan sistemas que incrementan la aparición de partículas finas. Seguramente, ahora el amoniaco es el elemento principal en la formación de PM en ambientes urbanos", opina Ceballos.

El experto de Ecologistas subraya también que para cumplir con los nuevos requisitos de calidad del aire europeos que entran en vigor en 2030, hay que repensar el sistema, porque los registros de las grandes ciudades están en las antípodas de las exigencias de la próxima década. "No va a ser suficiente con las zonas de bajas emisiones tal y como las tenemos ahora diseñadas", valora Ceballos.

De hecho, España está tan atrasada en este aspecto que ni siquiera los ayuntamientos cumplen a la hora de establecer esas restricciones. La Ley de Cambio Climático obliga desde hace tres años a que las 153 ciudades que superan los 50.000 habitantes tengan una ZBE, pero solo están aprobadas en 59 urbes, según el portal del Ministerio de Transición Ecológica, y muchas de las que están implementadas ni siquiera son efectivas.

Los peces migratorios de agua dulce son una de las poblaciones de vertebrados más amenazadas debido a la construcción de presas, la pesca furtiva, la sobrepesca, el cambio climático y la degradación de los hábitats. En un informe publicado este martes, Naciones Unidas estima que su población se ha desplomado en un 81% desde la década de 1970 y docenas de especies están en peligro de extinción, entre ellas medio centenar de especies europeas y 13 que habitan en España.

La conclusión principal del análisis es que estos peces migratorios de río, que a lo largo de su vida atraviesan cuencas fluviales de dos o más países, son extremadamente vulnerables a los cambios en el ecosistema porque necesitan recorrer largas distancias para completar su ciclo de vida. Construir una presa, modificar el cauce de un río, un vertido contaminante o atravesar una zona de pesca intensiva es suficiente para reducir drásticamente su población, y recorrer distancias tan grandes, bajo diferentes jurisdicciones, multiplica las posibilidades de que se enfrenten a estos fenómenos y dificulta su protección.

"Muchas de las grandes migraciones de fauna silvestre del mundo tienen lugar bajo el agua. Este estudio pone de manifiesto que los peces migratorios de agua dulce se encuentran en grave peligro, y que para protegerlos será necesario que los países colaboren con el fin de mantener los ríos conectados, productivos y llenos de vida", opina en un comunicado Zeb Hogan, el investigador líder del informe.

El estudio ha sido realizado por el comité de Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS, en inglés) para evaluar si hace falta añadir a su lista de especies en peligro nuevos integrantes, e identifica en total 325 especies, de las que 24 ya estaban hasta ahora incluidas. 50 de ellas habitan en Europa, 205 en Asia, 55 en Sudamérica, 42 en África y 32 en Norteamérica. Para llegar a esta conclusión, han analizado el estado de más de 15.000 especies de peces.

El convenio CMS es vinculante y obliga a los más de 150 países adscritos, entre ellos España, a adoptar medidas de conservación. De las 325 especies que proponen incluir en la lista de protección, 13 viven en ríos y lagos españoles: el sábalo, la lamprea de arroyo, el salmón del Atlántico, el jarabugo, el pejerrey, la lisa dorada, el corcón, el morragute, la lubina, el barbo de Graells, el múgil y la madrilla. La anguila europea también se encuentra en la lista desde la versión anterior de 2011.

La mayoría de las especies en riesgo en España habitan en el Guadiana, el Miño y el Bidasoa, y los tres primeros peces citados –el sábalo, la lamprea y el salmón– figuran además entre 30 especies prioritarias que requieren "una inclusión inmediata" dentro de la lista difundida este martes por la ONU.

Graciela Gómez, profesora en el departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Universidad Complutense de Madrid, opina que la migración de estas especies es esencial para que puedan alimentarse o desovar, y que estas barreras rompen su ciclo y ponen en peligro la alimentación humana, la pesca y la salud de los ecosistemas. "Es una crisis de biodiversidad silenciosa, mucho más grave de lo que la sociedad percibe. Su desaparición amenaza seriamente la salud de nuestros ecosistemas locales y la seguridad alimentaria de muchas comunidades, que dependen históricamente de estas migraciones", escribe Gómez en Science Media Centre.

En función de la situación de urgencia de cada especie, la lista CMS tiene dos rangos de protección. El Apéndice I incluye especies migratorias en peligro de extinción en la totalidad o en una parte significativa de su área de distribución y obliga a los Estados a prohibir su captura –o reducirla al mínimo imprescindible– y a tratar de rehabilitar su hábitat. El Apéndice II supone que una especie necesita de cooperación política entre dos o más países a la hora de protegerla porque las amenazas se suceden a lo largo de toda la cuenca. Algunos animales pueden formar parte de los dos apéndices, si es necesario.

Los autores concluyen también que en el último medio siglo la población de peces migratorios de agua dulce ha caído un 81% en todo el mundo, "lo que los convierte en uno de los grupos de especies silvestres más amenazados del planeta". Los que más han sufrido han sido las variedades de mayor tamaño, conocidas como megapeces, cuya población se ha desplomado en un 94%. Esta última cifra incluye tanto a los migratorios de agua dulce como de agua salada.

Entre los problemas que afectan a estos animales, destacan las barreras fluviales en forma de presas o azudes, que impiden el paso de los peces que remontan el río, o hieren o matan a los ejemplares que se cuelan en las turbinas. La anguila europea es un ejemplo: necesita remontar los ríos para alimentarse antes de regresar al Mar de los Sargazos para desovar. En el caso de las presas hidroeléctricas, alteran drásticamente el caudal de los ríos en función de si descargan o recargan agua, afectando también al movimiento de los peces.

Los análisis realizados por la Región de Murcia sobre la calidad de sus cultivos alejan las sospechas sobre el riesgo de contaminación por metales pesados de su agricultura. Los datos recopilados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, recogen que entre 2021 y 2024 no se detectaron niveles de plomo o cadmio por encima del límite legal en esta comunidad autónoma.

La información se basa en el análisis de 41 muestras tomadas en alimentos frescos a lo largo de estos cuatro años, el equivalente a diez exámenes por temporada. Estas frutas y verduras se recogen aleatoriamente en tiendas o naves industriales de la región. Sin embargo, no hay garantía de que los vegetales estudiados sean cultivados en Murcia, puesto que "no se dispone de información sobre el origen de producción" a la hora de analizar, explica a infoLibre una portavoz de la Aesan. Simplemente, son alimentos que en ese momento se distribuyen en establecimientos de esa comunidad autónoma. Los encargados de hacer esos estudios son los servicios de sanidad vegetal de cada región. Después, la Aesan se encarga de coordinar los muestreos de todas las autonomías.

infoLibre ha realizado esta consulta tras conocerse que en los últimos cinco años el Gobierno de Murcia ha efectuado al menos dos análisis –que mantiene ocultos– sobre los suelos agrícolas de la Región que han dado positivo en metales pesados. Concretamente en el Campo de Cartagena, una zona que se sabe que está profundamente contaminada por los residuos de las balsas de las minas que funcionaron el siglo pasado. Numerosos estudios han demostrado que esos metales pesados se transfieren a las plantas y cultivos, especialmente a las lechugas –el vegetal más exportado de Murcia–, y evaluaciones independientes han encontrado plomo y cadmio en lechugas cultivadas en esa zona.

Sin embargo, hasta ahora no se ha declarado ninguna alerta de consumo ni hay evidencias oficiales de esta transmisión a los cultivos. Según los datos recopilados por la Aesan, entre 2021 y 2024 se realizaron 485 análisis (41 en Murcia) en busca de plomo para frutas y verduras comercializadas en España y ninguno superó el máximo permitido. En este periodo también se analizaron 701 muestras para cadmio (41 en Murcia), que asimismo dieron un resultado negativo. Todavía no hay datos disponibles para 2025.

Tanto el cadmio como el plomo son dos metales considerados como contaminantes alimentarios. Ninguno tiene un umbral de consumo seguro porque siempre dañan la salud –el primero es cancerígeno y el segundo potencialmente cancerígeno–, pero la ley europea sí establece una concentración máxima legal en frutas y verduras. En cadmio es de entre 0,020 y 0,5 mg/kg (en función del cultivo) y en plomo de entre 0,1 y 0,3 mg/kg.

De las muestras estudiadas para plomo en España, el 91% resultó estar por debajo del límite mínimo de cuantificación, y el 9% dio entre 0,0065 mg/kg y 0,3 mg/kg. En plomo, el 80% de los test se encontró por debajo del límite de cuantificación, y 141 muestras (de 701) presentaron valores cuantificados que oscilaron entre 0,001 mg/kg y 0,21 mg/kg.

El sistema de avisos de riesgo alimentario se rige según el programa 11 de control de contaminantes del Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria (PNCOCA), que establece el número de muestras que tiene que llevar a cabo cada región, y son los Gobiernos autonómicos quienes deciden dónde hacer estos controles: en fábricas, envasadoras, almacenes o minoristas. Aun así, bajo alerta, denuncia o sospecha, se pueden realizar análisis no programados.

Según el informe de la Aesan de 2024, el último publicado, ese año Murcia contó con dos trabajadores para realizar controles de calidad en alimentos y seis más para hacer inspecciones, en una Comunidad que produce cada año más de 3.500 toneladas de verduras y frutas. Las regiones que más especialistas en control tienen son Andalucía (71 personas en total) y Galicia (80), aunque la mayoría cuenta con muchos menos. Madrid tiene seis, Cataluña tiene diez, Aragón tiene dos y Baleares tiene 16, por ejemplo.

Ecologistas en Acción Murcia, que lleva años luchando contra la contaminación minera y agrícola en el Campo de Cartagena y el Mar Menor, reclama desde hace un mes –cuando se destapó el caso– que se proteja a los vecinos de la contaminación por plomo, así como a los consumidores.

"Han negado la existencia de un estudio que advierte de niveles preocupantes, algunos ilegales, de metales pesados en suelos agrícolas y, por si eso fuera poco, lo hacen cuatro años después de conocer una tesis doctoral que demuestra la incorporación de estos metales a partes comestibles de lechugas”, recogió Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción Murcia, en un comunicado.

La publicación en las últimas semanas de evidencias sobre los altísimos niveles de plomo y cadmio en el Campo de Cartagena ha creado una calma tensa en el sector agrícola de la Región de Murcia. El Gobierno autonómico todavía no ha explicado por qué continúa sin publicar el informe que encargó a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) sobre la composición del suelo en la región. El PP de Fernando López Miras se ha limitado a decir que los partidos de la oposición están provocando "un gran daño" a los profesionales cada vez que comentan el asunto en la Asamblea murciana y que algunos agricultores están siendo escrutados por sus clientes sobre esta polémica.

Desde el campo, por ahora, prefieren no comentar el asunto. infoLibre ha contactado con las organizaciones agrarias más importantes en la región, con grandes compañías y con las asociaciones de exportadores de verduras y fruta, pero no ha obtenido respuesta. El sector primario, que no es el causante de la contaminación –procede de las balsas mineras que llevan tres décadas abandonadas–, se mantiene al margen de este debate, aunque le afecta de lleno. Los mapas de contaminación del suelo por plomo y otros metaloides abarcan toda la huerta de Cartagena, la segunda región agrícola más importante de Murcia.

"Es un tema espinoso del que nadie quiere hablar, da muy mala imagen. Y te lo digo yo, que llevo más de veinte años en la agricultura murciana", es lo que se limita a señalar un alto cargo del sector. "Nadie gana con esto, solo se pierde", añade.

La consejera de Agricultura de la Región, Sara Rubira, es la cara visible del escándalo en la Comunidad, puesto que ella encargó el estudio de 2025 que ahora se ha destapado de manera parcial. Ese documento confirma –una vez más, porque se sabe desde hace años– la presencia de metales pesados en el suelo agrícola que rodea la sierra minera Cartagena-La Unión. Sin embargo, en su comparecencia de la semana pasada en el Parlamento regional, rehusó responder a qué es lo que contiene ese análisis completo que continúa en un cajón. 

A preguntas del PSOE en el Pleno de la Asamblea murciana, solo contestó que "no es conveniente alarmar, confundir y hacer tanto ruido" sobre la contaminación del suelo porque solo trae problemas, y acusó a la oposición de airear la crisis. "Esto produce un gran daño a los agricultores. Ya hay clientes que les están pidiendo certificados actualizados para poder seguir trabajando. Solo rezo para que sus declaraciones no sean las causantes de un daño que va a ser muy difícil de reparar", declaró la consejera del PP.

Aunque ninguna organización ni empresa agrícola ha querido participar en el artículo, alguna de ellas sí ha trasladado que no tienen constancia de que los profesionales estén siendo escrutados por sus clientes. Es habitual que los intermediarios que compran frutas y verduras para revenderlas realicen sus propios análisis al producto, pero no hay constancia de que se hayan encontrado por ahora resultados preocupantes. "Las propias comercializadoras son las principales interesadas en que no haya contaminación del producto. Estoy convencidísimo de que harán análisis de las partidas para ver si tienen algún rastro de metales pesados. Y cuando llegan a Alemania, lo mismo", opina Miguel Ángel Domene, especialista en fisiología de plantas y suelos en la Fundación Tierra-Cajamar.

Domene reconoce que es "evidente" que hay restos de metales pesados en la zona de Cartagena debido a la minería histórica, aunque no cree que lleguen a las frutas y verduras. "Los suelos del arco Mediterráneo son muy alcalinos, y eso dificulta que las plantas lo puedan absorber. Yo creo que aunque haya una concentración alta de elementos, no llegan a absorberse y acumularse", afirma. "No obstante, depende del tipo de planta", añade, y explica que mientras las verduras tienen una baja absorción de metales, la lechuga tiene mucha más facilidad, y ese es precisamente el producto más exportado de Murcia.

De hecho, hay diferentes estudios que confirman que lechugas y otras plantas de hoja que crecen en esta zona que rodea al Mar Menor contienen restos de plomo por encima de los niveles permitidos. Así lo afirmaba un análisis de la propia UPCT, publicado en 2022. Según el reglamento europeo de contaminantes en alimentos, tanto el cadmio como el plomo no tienen ningún umbral seguro de ingesta porque pueden ser dañinos en cualquier cantidad.

Aunque la consejera Rubira culpó del escándalo a la oposición, en realidad, el caso fue destapado por error gracias a un académico de la UPCT que citó el informe que sigue bajo llave –y que él mismo había elaborado– en un proceso judicial sobre la contaminación de una balsa minera en Cartagena. Lo que hizo la diputada socialista María del Carmen Fernández fue llevar el asunto a la Asamblea regional para pedir la dimisión de la consejera por esconder ese informe y después mentir, puesto que la primera reacción de la dirigente fue asegurar que el trabajo no existía.

"Usted tiene que dar la cara, publicar el informe, verificar los datos y, si hay algo preocupante, proteger a la población", le dijo Fernández a la consejera en el pleno del jueves de la semana pasada. "Consejera, dimita. No le queda otra que dimitir por decir mentiras", exigió también.

El caso está en la actualidad congelado. La Consejería contestó primero que el estudio no existía y reclamó a la universidad la devolución de los 293.000 euros de la subvención que recibió para realizar el trabajo. Cuando la UPCT contestó que se había entregado en tiempo y forma, el Gobierno regional cambió de versión hace tres semanas, declaró que el trabajo "no reunía los requisitos" del contrato, y dio 15 días a los autores para subsanar el problema, un periodo que ya ha finalizado. El caso está también en la Fiscalía, denunciado por Podemos Murcia y Ecologistas en Acción.

Un equipo de científicos de tres universidades andaluzas ha dado este martes la voz de alarma sobre la reapertura de las minas de Aznalcóllar y Las Cruces, en Sevilla, que llevarían al Guadalquivir al colapso por la acumulación de metales pesados. La Junta de Andalucía ha dado luz verde a su puesta en marcha y da por buenos los exámenes ambientales de las compañías, pero el grupo de expertos califica esa decisión de "inaudita" y avisa de que los vertidos de estas instalaciones pondrán en riesgo a los vecinos, al ecosistema, a la ganadería y a la pesca andaluza.

Para estos expertos, los exámenes ambientales aportados por las mineras (Resource Capital Funds y Grupo México) son "demasiado simplistas" y "no tienen una base científica y técnica" porque minimizan o ignoran los impactos que las nuevas minas tendrán sobre el Guadalquivir.

Este grupo de nueve investigadores, liderados por Jesús M. Castillo, catedrático de Biología de la Universidad de Sevilla, ha realizado sus propias estimaciones de vertidos y calcula que Aznalcóllar verterá en 17 años un máximo de 35 toneladas de aluminio, 27 de hierro y de manganeso, 5,6 de cobre, 2,7 de arsénico, 797 kg de plomo, 67 kg de cadmio y 24 kg de mercurio al estuario del río. Las Cruces, por su parte, volcará en el Guadalquivir 1,6 toneladas de zinc, 421 kg de plomo, 211 kg de arsénico, cobre y níquel y 33 kg de mercurio.

La minería histórica en esa región ya ha contaminado la cuenca, asegura Castillo, pero si finalmente se ponen en marcha estas dos, se abriría la puerta al colapso del ecosistema, que afectaría además al Parque Nacional de Doñana, reserva de la biosfera. "El fondo del estuario del Guadalquivir ya está contaminado y hay un efecto ecotóxico ya demostrado. Si se abren las dos minas, el impacto actual se multiplicaría por diez, o más", advierte el investigador.

Aunque Aznalcóllar lleva sin funcionar desde 1998 –después de que colapsara y causara uno de los mayores desastres ambientales de la historia reciente–, y pese a que Las Cruces cesó la extracción de minerales en 2021, la región sigue sufriendo la contaminación de forma continua. Las Cruces lleva desde 2009 vertiendo aguas con metales pesados al Guadalquivir, mientras que las escombreras de la antigua Aznalcóllar se inundan cuando llueve y arrastran aguas ácidas con metales al río.

Las conclusiones de los investigadores han sido publicadas en una de las revistas científicas de Oxford Academic y en el artículo han participado nueve expertos de la Universidad de Sevilla, la Universidad de Cádiz y la Universidad de Granada de diferentes especialidades. Su principal crítica es que las declaraciones de impacto ambiental "no son científicas" porque asumen que los metales pesados llegarán al río, se disolverán y acabarán en el mar.

"No sabemos si es por ignorancia o por mala intención, pero entender así el comportamiento del estuario del Guadalquivir no tiene ni pies ni cabeza", opina Castillo. Explica que este río tiene muchísima turbidez y los metales se adhieren a la arcilla y a otras partículas, se depositan en el fondo y terminan contaminando el suelo, las plantas y los animales. "Es inaudito que no haya un técnico de la Consejería de Medio Ambiente [de la Junta de Andalucía] que no sepa que los metales se unen a estas partículas, es difícil de creer".

Para frenar este daño, los nueve investigadores piden en el estudio una moratoria sobre la apertura de las dos minas hasta que se realicen los análisis necesarios. "Dada la ausencia de estudios de campo exhaustivos sobre las posibles consecuencias de los vertidos mineros en el estuario del Guadalquivir, sumada a la evidencia existente de contaminación por metales en su interior, y de acuerdo con el principio de precaución, recomendamos encarecidamente evitar cualquier vertido minero en el estuario del Guadalquivir", se lee en la publicación científica.

La mina de Aznalcóllar, de hecho, está todavía a tiempo de ser paralizada por el Ministerio de Transición Ecológica. Según Jesús M. Castillo, la mina ya tiene toda la documentación para empezar a funcionar, pero depende de un permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Gobierno central, para vaciar las cortas de la antigua mina y para disponer de agua para su operación durante los próximos 17 años.

Ante la evidencia de que esos metales pesados también acaban en los peces que luego se pescan –y en las plantas que luego se come el ganado–, los autores piden incluso paralizar la venta de la liza ramada en ese estuario, un pescado muy común en la zona en el que se han encontrado altas concentraciones de cadmio, zinc y magnesio.

"La salud humana podría verse amenazada por el consumo de carne y mariscos contaminados. Se han registrado concentraciones relativamente altas de varios metales (cromo, magnesio, plomo y zinc) en el tejido muscular de la liza ramada en el estuario interior. Esta especie de pescado se consume comúnmente en la zona de estudio, y su consumo debe suspenderse hasta que se analice a fondo esta contaminación", se lee en la publicación.

Remedios Cabrera, una de las autoras del estudio y profesora de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz, advirtió en el encuentro con la prensa este martes del riesgo de acabar con toda la pesca en la Bahía de Cádiz. "Todo lo que pasa aguas arriba del Guadalquivir afecta al estuario y afecta a la pesca. Los pescadores de Cádiz ya tienen bastantes restricciones como para que sufran otro castigo, necesitamos una moratoria sobre las dos minas", apuntó la experta. Añadió que esa crisis ecológica ha llegado ya, en realidad, hasta el Golfo de Cádiz y en el Mar de Alborán, puesto que esos contaminantes atraviesan la cuenca, llegan hasta el Atlántico y las corrientes los arrastran por toda la costa andaluza.

Los investigadores proponen también que la Junta de Andalucía constituya un comité de expertos independientes que asesore al Gobierno regional sobre el problema de los metales pesados en el Guadalquivir. El estudio ha sido presentado este martes en Sevilla junto a los alcaldes de Chipiona, Coria del Río, Trebujena y la concejala de Medio Ambiente de Sanlúcar de Barrameda. El de Chipiona, Luis Mario Aparcero, ha denunciado el caso ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Andalucía. La organización de consumidores Facua también se prepara para poner una denuncia similar.

El Gobierno de Murcia, liderado por el barón del PP Fernando López Miras, oculta desde noviembre de 2020 un informe que recoge niveles extremadamente altos de metales pesados en el Campo de Cartagena. El estudio, al que ha accedido infoLibre, destaca que en los suelos agrícolas que rodean la Sierra Minera de Cartagena-La Unión hay concentraciones de plomo superiores a 1.000 mg/kg de tierra, diez veces por encima del máximo legal.

Este informe coincide con otro estudio que se destapó hace unos días de la Universidad Politécnica de Cartagena, que advierte de una contaminación de esa misma envergadura. Ambos trabajos ponen de manifiesto el riesgo constante de intoxicación al que están expuestos agricultores, vecinos y consumidores. Algunos de estos metales pesados, como el plomo o el cadmio, son altamente tóxicos e incluso carcinógenos, y hay numerosas evidencias de que acaban en las verduras cultivadas sobre estos terrenos.

Tanto el estudio publicado ahora por infoLibre como el que salió a la luz a mediados de febrero fueron encargados por la Consejería de Agricultura de la Región. En los dos casos el Gobierno autonómico ha optado por mantenerlos en un cajón, pese a que fueron financiados con fondos públicos y la ley obliga a su publicación, y pese a que políticos y activistas de la región han pedido formalmente una copia en numerosas ocasiones. El trabajo de 2020 fue además financiado en un 80% con dinero de fondos europeos FEDER, lo que abre la puerta a que la Justicia europea intervenga en el caso.

Aquel estudio, encargado a una consultora vasca, ha salido ahora a la luz e incluye un mapa de toda la Comunidad con los niveles de concentración de distintos metaloides en el suelo. Una mancha sobre el Campo de Cartagena muestra que allí hay niveles de riesgo, con el mensaje: "Valores habituales [detectados] entre 100 y 200 mg/kg con una anomalía en la zona de La Unión-Cartagena con valores que pueden exceder los 1.000 mg/kg". Para poner en contexto esos números, el real decreto de nutrición sostenible en suelos agrícolas establece que en terrenos con un pH superior a 7, como es el caso de Murcia, el máximo legal de concentración de plomo es 100 mg/kg si se quiere cultivar sobre esas tierras.

La conclusión principal de los autores es que la zona de Cartagena supera en más de diez veces ese límite, pero es que además en ese estudio se dice que los niveles "habituales" de plomo en toda la Comunidad son de entre 100 y 200 mg/kg, también por encima de ese límite. Esta segunda conclusión es una novedad, puesto que el análisis que salió a la luz en febrero solo analizaba el Campo de Cartagena.

El estudio también encuentra niveles muy por encima del máximo legal en cadmio en Cartagena, "donde se alcanzan valores que pueden llegar a los 6 mg/kg". El límite legal en suelo agrícola es de 1,5 mg/kg. También se supera el tope en zinc en esa misma zona, "donde los valores pueden llegar a superar los 600 mg/kg". El límite de zinc es 200 mg/kg.

No obstante, es imposible saber con precisión cuál es la situación real del suelo, porque no hay información más allá de esos comentarios escuetos y de los mapas a gran escala. Debería haber tablas más precisas, pero el informe está recortado y no tiene los anexos II y III, donde están las Actas de Laboratorio y los Resultados Analíticos, y donde debería verse cada muestra tomada con su referencia geográfica y el nivel de contaminación de ese punto.

De hecho, a simple vista parece que el encargo está incompleto. El título completo de ese trabajo es: "Determinación de niveles de fondos y niveles genéricos de referencia de metales pesados y otros elementos de traza en suelos, elaboración del inventario de suelos contaminados y desarrollo de una aplicación web para la gestión de la información de la calidad de los suelos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia".

Pero en ningún sitio del documento figura ese "inventario de suelos contaminados", más allá de unos mapas en baja resolución, y se desconoce si la aplicación web fue entregada, pero desde luego no se hace referencia a ella. infoLibre ha trasladado una serie de preguntas a la Consejería de Agricultura, pero no ha obtenido respuesta.

El coste del estudio fue de 251.165,75 euros, se adjudicó a la empresa vasca IDOM Consulting y el 80% se financió con fondos FEDER europeos, destinados al desarrollo regional. La adjudicación se formalizó en junio de 2020 y el trabajo fue finalizado en noviembre de ese año. Como la consejería no publicó los resultados, la diputada del PSOE María del Carmen Fernández pidió en julio de 2024 a la Mesa de la Asamblea regional la desclasificación del trabajo. Lo recibió incompleto –sin los dos anexos– en febrero de 2025, aunque hasta ahora no había accedido a su contenido, según explica a infoLibre. 

"El oscurantismo y la falta de información están perjudicando a la región", valora Fernández. "El Gobierno regional sabe que la sierra está contaminada desde hace 30 años y la competencia de solucionarla es regional. Hay que establecer medidas para garantizar la seguridad de los agricultores, los vecinos y los consumidores de los productos", añade la socialista. 

Otro de los que lleva años detrás de leer este trabajo es José Matías, doctor en Medioambiente y Minería Sostenible por la Universidad Politécnica de Cartagena y colaborador de Ecologistas en Acción de Murcia. Ha realizado numerosas peticiones oficiales que han sido ignoradas, y acaba de recibir una resolución de la Comisión de Transparencia que le da la razón y obliga a su publicación, aunque no confía en que vayan a facilitarle el documento íntegro. Matías también ha denunciado la situación ante la Fiscalía Europea por un posible caso de fraude.

Estos informes sobre contaminación se han desenterrado precisamente en un momento dorado de la agricultura murciana, que registró en 2025 un récord histórico de exportaciones hortofrutícolas en valor, con 3.800 millones de euros, según anunció esta semana López Miras, con destino principal a Alemania, Francia y Reino Unido. "Se vuelve a demostrar que cuando hablamos de agricultura, en la Región de Murcia se hacen las cosas mejor que nadie", dijo el barón del PP.

La Consejería de Agricultura del Gobierno de Murcia tiene en sus manos un informe que solo ha salido parcialmente a la luz, y en él se desvela un secreto a voces, que el Campo de Cartagena estaría contaminado por elevados niveles de metales pesados que superan con creces los límites permitidos para cultivar. Además de exponer peligrosamente a los agricultores y vecinos de la zona, está demostrado que estos elementos se transfieren a los vegetales, como las lechugas cultivadas en esa zona, según numerosos estudios elaborados en la última década en esa región.

Uno de ellos, firmado por investigadores del Garsa, el grupo Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), encontró en lechugas cantidades de plomo hasta varias veces por encima del límite legal en la Unión Europea, que es de 0,3 mg/kg de vegetal. De las nueve muestras analizadas, solo dos estaban en el rango permitido, mientras que la mayoría dieron cantidades entre dos y siete veces por encima, e incluso una, 18 veces más. Dos muestras también superaron ligeramente los límites de cadmio.

El cadmio es considerado carcinógeno y tóxico para el riñón, mientras que el plomo es un "probable carcinógeno", según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. Según el reglamento europeo de contaminantes en alimentos, tanto el cadmio como el plomo no tienen ningún umbral seguro de ingesta porque pueden ser dañinos en cualquier cantidad.

Para medir el trasvase de metales a las lechugas, el autor cultivó en 2018 tres variedades en tierras que sacó de un campo agrícola ubicado junto al municipio de La Unión y de otros dos de la zona noreste de la Sierra Minera de Cartagena. "Se puede concluir que se están superando los límites recomendados en los tejidos foliares, por lo que podría existir un riesgo por ingesta continuada de las lechugas cultivadas con estos suelos", escribió el investigador Jacinto Martínez, autor de esta tesis doctoral, coordinada por Ángel Faz, director del Garsa.

Preguntado ahora por sus resultados de aquel estudio, publicado en 2022, Jacinto Martínez contesta que aquellos resultados "no son extrapolables" a lo que ocurre realmente en el campo, puesto que fue un análisis realizado en invernadero. Argumenta que en ese entorno las variables como la temperatura y la humedad "son más constantes y favorables, lo que facilita y magnifica la absorción" de los metales del suelo. "El objeto del estudio era, en condiciones extremas, ver la transferencia de estos elementos a las partes comestibles de las distintas variedades de lechugas, no hacer un diagnóstico de los suelos agrícolas de la zona, por lo que no son representativos", valora el investigador, a preguntas de este diario.

Por mucho que aquel estudio se desarrollase en un entorno controlado, otros análisis arrojan resultados similares. José Matías, doctor en Medioambiente y Minería Sostenible por la UPCT y perito de Ecologistas en Acción en casos de contaminación de suelos, ha elaborado numerosos exámenes sobre transferencia de metales pesados a cultivos en el Campo de Cartagena, y ha encontrado lo mismo.

Entre 2019 y 2020 estudió un campo de lechugas ubicado junto a Los Belones (Cartagena), pegado a las antiguas minas de la sierra de Cartagena, y de las diez lechugas estudiadas, solo dos estaban en el límite legal de la Unión Europea para plomo. El resto lo superaba en varias veces, con una concentración máxima de 1,7 mg/kg, casi seis veces más de lo permitido.

Matías puntualiza que la culpa no es de los agricultores, sino de que el Gobierno de Murcia lleva medio siglo ignorando las consecuencias de tener centenares de depósitos mineros que no se han sellado correctamente. "Hoy quedan todavía en Murcia 1.994 concesiones mineras activas, pero la minería terminó a comienzos de 1990. La obligación de la Comunidad es dar caducidad a un yacimiento cuando lleva un año sin explotarse, y la propietaria tiene la obligación de devolver la zona a sus condiciones seguras para la salud y el medioambiente, pero ahí siguen, soltando lixiviados y polvo diariamente", valora el experto.

Tanto el estudio de Matías como el de Martínez se centran en las lechugas porque sus hojas son especialmente sensibles a la toxicidad de los metales pesados (plomo, zinc, cadmio y cobre), pero el resto de verduras, hierbajos y plantas que crecen en la región también sufren contaminación en mayor o menor medida, según el lugar y la especie vegetal.

La propia Guardia Civil tiene evidencias de que la vegetación de la zona está contaminada con metaloides. Un informe pericial del Seprona, al que ha accedido infoLibre, recoge unos análisis que realizó el instituto armado en abril de 2025 en una rambla de Llano del Beal (Cartagena). Por esa escorrentía pasan lixiviados –líquidos tóxicos que contienen metales pesados– que parten de una corta minera cercana (Los Blancos) y que se van esparciendo por fincas agrícolas hasta terminar cinco kilómetros después en el Mar Menor, un espacio protegido de la Red Natura 2000.

La Guardia Civil analizó hace un año la tierra y las plantas de esa rambla, expuestas al paso de esos lodos, y encontró valores estratosféricos de metales pesados. En este caso, no estudiaron verduras cultivadas allí, sino cuatro muestras de plantas silvestres (trébol, olivarda y alcaparra), con concentraciones de plomo entre 20 y 4.900 veces superiores a las permitidas para consumo humano. Esos análisis se realizaron en tierras pegadas a una finca agrícola, e incluso una de las muestras fue tomada dentro del terreno de cultivo. 

En ese informe, el instituto armado advierte de que los "metales pueden transferirse a los cultivos" y esto es especialmente preocupante porque "posteriormente son ingeridos por el ser humano, y lo que supone, por tanto, una exposición directa, con el consiguiente riesgo significativo para la salud humana".

La tesis doctoral que abordó en 2022 la transferencia de metaloides a lechugas fue coordinada por Ángel Faz, director del Garsa. Se trata precisamente del grupo especialista en suelos de la UPCT que ha elaborado los mapas de contaminación de suelos que la Consejería de Agricultura de Murcia, en manos del PP, mantiene en un cajón. infoLibre se hizo eco este fin de semana del contenido de esas cartografías, que forman parte de un estudio más profundo que el Gobierno autonómico primero dijo que no existía, y que después dijo que estaba incompleto. La Universidad insiste en que fue presentado ante la consejería en mayo de 2025, y el Gobierno autonómico tiene la obligación de publicarlo por haber sido financiado con dinero público.

Esta situación de incertidumbre ha provocado una ola de indignación entre las organizaciones ecologistas y vecinales. Como desconocen el riesgo que implica para la salud de los trabajadores del campo y de los consumidores, reclaman que "se establezca una moratoria al cultivo de tales tierras y sobre todo a la comercialización de sus productos" mientras no se sepa el alcance del problema. Al mismo tiempo, piden a la Consejería de Salud "un estudio analítico riguroso y con transparencia de los contenidos en metales de los productos agrícolas cultivados en la zona Arco Sur del Mar Menor".

Un investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena ha destapado sin querer la existencia de un estudio que demuestra que la agricultura del Campo de Cartagena se asienta sobre terrenos altamente contaminados por metales pesados, entre ellos por plomo, un probable carcinógeno. El área abarca miles de campos de cultivo y además a decenas de miles de habitantes en Cartagena, La Unión y docenas de poblaciones de la zona.

El informe que certifica la presencia de estos contaminantes no ha salido todavía a la luz –el Gobierno de Murcia dijo primero que no existía, y ahora que está incompleto–, pero sí unos mapas que formarían parte de ese documento y que acreditan la presencia de cantidades peligrosas de plomo, zinc, cadmio y cobre en la tierra. infoLibre ha solicitado información a la Consejería de Agricultura de esta Comunidad, pero no ha recibido respuesta.

Esas cartografías que muestran el área contaminada, publicadas primero por RR Noticias y a las que ha tenido acceso infoLibre, son de escasa calidad, pero permiten ver el problema que sufre la región. Buena parte del suelo tiene, por cada kilo de tierra, concentraciones de más de 1.000 miligramos de plomo, más de 500 miligramos de zinc, más de 50 miligramos de cobre y más de 5 miligramos de cadmio. Estos metales han salido de los depósitos de antiguas minas de la sierra de Cartagena, y el aire y el agua los han dispersado por la cuenca durante décadas.

Todas estas cantidades superan por mucho los límites legales, fijados en el real decreto de nutrición sostenible en suelos agrícolas. Para terrenos con un pH superior a 7, como es el caso de Murcia, el máximo legal de concentración de plomo es 100 mg/kg, diez veces menos que el mínimo registrado en la zona pintada de rojo. También se supera en varias veces el máximo permitido de zinc (200 mg/kg), de cobre (100 mg/kg) y de cadmio (1,5 mg/kg). El cadmio es considerado carcinógeno y es tóxico para el riñón, mientras que el plomo es un "probable carcinógeno", según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer.

Grupos de vecinos y ecologistas están muy preocupados por lo que esta revelación supone para la salud de toda la región, debido a que la tierra contaminada se respira, se toca y se ingiere. Un estudio sobre la incidencia de cáncer en la Región de Murcia con datos de 1996 a 2007 muestra una mayor prevalencia en el Campo de Cartagena en mesotelioma, en cáncer de próstata y en cáncer de tráquea, bronquios y pulmón.

Los mapas ahora descubiertos también destapan una posible crisis agrícola en la región –considerada una de las huertas de Europa– porque está demostrado que cuando se cultiva sobre una tierra con metales pesados, una parte del residuo acaba en las frutas y verduras. Estas organizaciones reclaman que el Gobierno regional, en manos del PP de Fernando López Miras, libere el estudio completo para valorar cuál es el nivel de riesgo real al que está expuesta la población. 

"Que se esconda el informe y no se aclare desde el minuto uno las analíticas que se hayan podido hacer antes y después de recibir el informe, no da tranquilidad. Más bien alimenta las sospechas de que el problema es más gordo de lo que se quiere admitir", afirma Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción de Murcia. Si una concentración de plomo de 1.000 miligramos por kilo ya es extremadamente grave, las organizaciones temen que en algunos puntos la contaminación pueda ser incluso varias veces superior a esa cifra, puesto que el mapa no ofrece una paleta de color superior a 1.000 mg/kg.

Activistas y vecinos denuncian también que la Región ha tapado el informe porque confabula con la industria agrícola murciana, que se juega cientos de millones de euros ante una eventual paralización del sector por metales pesados. La agricultura en esta Comunidad tiene un peso directo e indirecto sobre el 11% del PIB regional y sobre el 14% de todo el empleo, según la consultora PwC.

El experto en suelos José Matías, doctor en Medioambiente y Minería Sostenible por la Universidad Politécnica de Cartagena, colabora en el caso con Ecologistas, y reclama que se tomen medidas ya para evitar un daño aún mayor. "Desde el punto de vista científico, los niveles encontrados son alarmantes y exigen actuaciones inmediatas", opina Matías. "La ley 7/2022 obliga a que en esas tierras no se puede cultivar, pero es que además todos los trabajadores de esa zona, muchos inmigrantes indocumentados, están en permanente riesgo de toxicidad", añade el experto.

El escándalo salió a la luz hace una semana, cuando se publicó en la prensa la existencia de esos mapas de metales pesados, pero la historia viene de lejos. La consejera de Agricultura de la Región, Sara Rubira, dio en noviembre de 2023 una subvención de 293.035 euros a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) para elaborar un Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del campo de Cartagena: uso y manejo sostenible para su conservación y pautas para su recuperación, un estudio que pretendía conocer el estado de la tierra de una zona que se sabe de sobra que está contaminada.

El Gobierno autonómico justificó el trabajo porque era importante para "ayudar a la posterior toma de decisiones en el avance de la protección del entorno y de la prevención de la contaminación debida a las actividades agrarias". Sin embargo, la consejería no volvió a dar cuenta de ese estudio.

El coordinador de aquel informe, Ángel Faz, responsable del Grupo de Investigación Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas (Garsa) de la UPCT, fue contratado junto a su equipo por Tragsa para elaborar en 2025 un análisis del depósito minero El Lirio (Cartagena), que se demostró que había sido sellado por esta compañía pública con tierras contaminadas. En ese segundo informe, el grupo de investigadores de la UPCT se citó a sí mismo incorporando los mapas de contaminación de la región que había elaborado previamente para la Consejería de Agricultura, argumentando que toda la cuenca minera sufría un grave problema de metales pesados, no solo la zona trabajada por Tragsa.

Como el caso de El Lirio estaba siendo investigado por el Juzgado nº1 de Cartagena, diferentes personas tuvieron acceso a esas cartografías, levantando la liebre sobre el informe tapado por el Gobierno de Murcia. Ecologistas en Acción, denunciante del caso de El Lirio, pidió el pasado octubre a la Consejería de Agricultura su desclasificación, pero esta contestó que el estudio no se había entregado y que iba a exigir la devolución de los 293.000 euros a la UPCT. Sin embargo, la semana pasada la universidad confirmó su existencia y que fue entregado en mayo de 2025 al Gobierno autonómico, y la Consejería ha cambiado ahora su versión y dice que "no se ajusta, por ahora, a algunos aspectos, características, metodología o plazos que reflejaba la memoria", dando 15 días a los investigadores de la UPCT para resolver el supuesto problema.

Las versiones contradictorias de la consejera Rubira han aumentado todavía más sospechas sobre lo que habría en ese informe, y Podemos y Ecologistas en Acción han presentado dos denuncias por la ocultación del documento. "Aquí hay un grave problema que puede afectar a nuestra seguridad alimentaria, a la seguridad de los trabajadores del campo y a la salud pública", dijo la semana pasada la diputada morada en la Asamblea Regional, María Marín.

Además de que este estudio es relevante para la ciudadanía y los agricultores que trabajan en la zona, su publicación es obligatoria según el artículo 37 de la Ley de Ciencia Abierta. Según esa norma, todas las investigaciones financiadas con dinero público que se traduzcan en una publicación científica tienen que ser accesibles para todo el mundo "de forma simultánea a la fecha de publicación".

No es la primera vez que la Consejería de Agricultura oculta la existencia de un informe de caracterización de suelos que puede comprometer a la agroindustria murciana. En 2020, la misma consejería contrató a IDOM Consulting un análisis de suelos contaminados por metales pesados y la elaboración de un mapa de riesgo, pero no solo para el Campo de Cartagena, sino de toda la Región de Murcia. El presupuesto de ese proyecto fue de 251.165,75 euros.

En teoría se dieron diez meses para su elaboración, pero nada más se ha vuelto a saber de él. Ecologistas en Acción también presentó múltiples solicitudes formales de acceso a esa documentación, que han sido ignoradas. En este caso, el informe fue además financiado con fondos europeos Feder en un 80%, lo que ha permitido al grupo ecologista denunciar el caso ante la Fiscalía Europea.

Por ahora no está claro qué podría suponer jurídicamente la publicación de este estudio para la agricultura murciana porque no se conoce el informe completo, pero lo que se deduce con los mapas conocidos es que se superan por mucho los límites máximos de metales pesados del real decreto de nutrición sostenible en suelos agrícolas. Cuando esto ocurre, la normativa recoge que se debe prohibir el empleo de fertilizantes con alto contenido en metales pesados y que el agricultor –en este caso cientos de ellos– debe implantar un protocolo de vigilancia, aunque no hay constancia de que haya ocurrido.

Un paso más allá es la declaración del suelo como contaminado, lo que prohibiría toda actividad agraria. La Ley de declaración de suelos contaminados de 2005 solo contempla la declaración inmediata de un suelo como contaminado cuando se supera en cien veces los niveles genéricos de referencia establecidos para una sustancia, pero en este caso no se llega a esas cantidades. La alternativa, según esa ley, es que la comunidad autónoma realice en la zona un análisis de valoración de riesgos para la salud y el medioambiente, pero solo si se superan los niveles genéricos de referencia para una sustancia de riesgo.

El problema es que la normativa estatal de 2005 no incluye valores de referencia para los cuatro metales analizados en este caso, sino que se emplaza a las comunidades autónomas a que establezcan sus propios niveles máximos a partir de las particularidades geológicas de cada región.

El Gobierno de Murcia inició hace un año la tramitación para aprobar los niveles genéricos de referencia para estos metales, pero todavía no están aprobados en sede parlamentaria. En todo caso, el borrador de ese proyecto demuestra que los valores se superarían en todos los casos: plomo (115 mg/kg), cobre (225 mg/kg), zinc (705 mg/kg) y cadmio (4 mg/kg).

Una vez que entren en vigor esos valores máximos, se deberían comparar con los resultados del informe de la UPCT e iniciar por tanto un estudio de valoración de riesgos en el Campo de Cartagena. A continuación, según la ley de 2005, si se demuestra que hay riesgo para la salud humana, el suelo se debe declarar "contaminado". Otro real decreto, el 9/2005, subraya que un suelo contaminado no es apto para producción agrícola.

Los fabricantes de automóviles consiguieron en diciembre enfriar la principal normativa ambiental de su sector para la próxima década, salvando así el motor de combustión a partir de 2035. Ahora es el resto de la industria europea la que busca desmontar la regulación verde que más perjudica su negocio, el sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), que obliga a las empresas a pagar por cada tonelada de CO₂ que emiten. La coyuntura política actual, marcada por un giro a la derecha en el continente, da vía libre a las compañías para cambiar lo que estaba hasta ahora tallado en piedra.

El sistema ETS lleva dos décadas funcionando en la UE y hasta este momento ha logrado reducir un 50% la contaminación de los sectores adscritos a él, demostrando su eficacia. Sin embargo, el mecanismo tiene que someterse este año a una revisión y en los últimos días ha quedado patente que la gran industria quiere aprovechar la ocasión para descafeinar la normativa con apoyo de gobiernos como el alemán, el francés y el holandés.

El objetivo del ETS es limitar cada año la contaminación de la industria europea y fomentar la producción limpia. En ese mecanismo participan las fábricas, centrales de generación eléctrica, aerolíneas y navieras. La Comisión Europea pone un tope cada año al número de toneladas de CO₂ que pueden emitir estas compañías –solo las más grandes, más de 12.000 empresas– y para poder contaminar deben adquirir en subastas permisos de emisión, que cuestan de media entre 70 y 80 euros por tonelada. Quien contamine al margen del sistema se enfrenta a grandes multas. 

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este miércoles en una cumbre en Amberes, donde estuvo presente toda la industria del continente, que Europa "debería estar muy abierta a revisar o al menos posponer" el endurecimiento del sistema de comercio de emisiones. "Debemos evitar todo aquello que ponga en peligro la competitividad de nuestra industria", añadió. La líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, contestó que hasta ahora el ETS ha funcionado y que revertirlo incentivaría el consumo de gas natural importado de terceros países.

Realmente no está claro hasta qué punto pretenden las potencias industriales desmontar el mercado de emisiones, pero el debate sobre el motor de combustión demostró el año pasado que lo que pretendían ser unos pequeños cambios superficiales se convirtieron en un giro histórico que reducirá hasta un tercio la venta de eléctricos en 2035.

Riccardo Nigro, experto en industria de la Oficina Europea de Medioambiente (EEB, en inglés), una red de organizaciones ambientales, opina que lo que hoy se vende como una revisión temporal del ETS puede terminar siendo un desmantelamiento. "Desde el punto de vista jurídico, una revisión puede dar lugar a cualquier cosa que acuerden los colegisladores. Una vez que la Comisión presenta una propuesta, el Consejo y el Parlamento Europeo pueden modificarla; y si existe suficiente impulso político, los cambios pueden ir mucho más allá de los ajustes técnicos", valora Nigro.

El argumento de Alemania y de otros países altamente industrializados es que el mercado de emisiones ha encarecido enormemente la fabricación dentro de Europa y no es posible competir con la producción en China o Estados Unidos. No solo porque las fábricas contaminantes son más caras de mantener, sino porque el ETS también aumenta el precio de la electricidad –las centrales de gas son grandes emisores de CO₂–, y una parte de la industria es muy intensiva en energía. "Los pagos por carbono son exclusivos de Europa y el sistema está diseñado para aumentar los costes año tras año", advirtió este miércoles la industria europea tras reunirse en Amberes con Von der Leyen.

Hay que tener en cuenta también que el dinero que se recauda con la subasta de esos permisos de emisión también ayuda a los ciudadanos europeos, y que rebajar la ambición del sistema reducirá esas contribuciones. Según la Agencia Europea de Medioambiente, los Estados miembros ingresaron 24.000 millones de euros en 2024 a través de este mecanismo, y se recaudaron 13.000 millones que fueron a parar a diferentes programas de apoyo industrial y energético. España ingresó 1.121 millones ese año a través de este sistema.

Más allá del giro de 180 grados que proponen algunas naciones para el sistema de permisos de emisiones, la Comisión Europea debe lanzar en primavera su propuesta para revisar los llamados permisos gratuitos de emisiones para el periodo 2026-2030, una de las patas de la regulación ETS.

En 2025, casi el 40% de estos permisos se entregó de manera gratuita para que quien invierta en descarbonizar su fábrica pueda venderlos y reciba un incentivo por hacer las cosas bien. Asimismo, cada año el número total de bonos en el mercado se recorta para forzar a las empresas a reducir su contaminación.

En los próximos meses se decide si los permisos gratuitos se reducen a mayor o menor velocidad hasta el final de la década, y la industria europea realiza estos días una intensa campaña de presión para que se mantengan como están. Su argumento es que retirar bonos de CO₂ gratuitos encarecerá la energía y también los costes de producción de algunas industrias. 

Juan Antonio Labat, director general de Feique, la patronal química española, propone "parar el reloj" durante unos años y dejar los permisos como están hasta 2030. "No pedimos reducir la ambición ambiental, pero con estos costes no somos competitivos. Y perder industria significa que se mude a China, donde emiten el doble, y luego importar desde allí los productos", opina el portavoz del sector. Según sus cálculos, añade, reducir cada año los bonos gratuitos costará 1.400 millones de euros a la industria española en los próximos cinco años.

Desde Unesid, la patronal española de la siderurgia, piden que antes de recortar los derechos gratuitos se implemente de manera eficaz el conocido como Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, en inglés), una normativa que lleva años puliéndose en Bruselas que pretende cobrar a las importaciones industriales de terceros por lo que emiten en sus países de origen. Una manera de equiparar los costes de la producción interna y externa para que el ETS no reste competitividad a las compañías europeas.

Aunque la reforma del ETS sea parcial y solo suponga un parón temporal, como proponen algunos, los expertos valoran que esa decisión no solo frenaría la descontaminación industrial, sino que lanzaría el mensaje de que no merece la pena continuar invirtiendo en modernizar las fábricas porque se abre la puerta a que en 2030 se vuelva a posponer su endurecimiento. 

"El ETS funciona no solo porque fija un precio al carbono hoy, sino porque las empresas creen que el límite de emisiones del ETS seguirá estrechándose. Una gestión cuidadosa de las expectativas es esencial para preservar la credibilidad del sistema", publicaron en enero los expertos de Bruegel, un importante centro de estudios europeos.

Riccardo Nigro, del EEB, apunta en la misma línea. "La fortaleza del ETS reside en su previsibilidad. Los inversores, los innovadores y los pioneros confían en una trayectoria clara y estable del precio del carbono para justificar las inversiones en tecnologías bajas en carbono. Reabrir elementos fundamentales del sistema pone en peligro esa certeza, penaliza a las empresas que ya han invertido en la descarbonización y ralentiza la transición en general", opina el analista industrial.