La plataforma Alianza contra el Odio, presentada recientemente en Albacete, ha convocado para este jueves 5 de marzo, a las 18.00 horas, en el Salón de Actos de la Diputación de Albacete, un acto bajo el título "Contra el odio, más democracia", en el que participarán la presidenta de la Asociación de Periodistas de Albacete, Loli Ríos Defez, y el director editorial de infoLibre y analista político en televisión y radio, Jesús Maraña. Ambos conversarán –también con la participación del público asistente– sobre la realidad de las campañas de incitación al odio, quiénes son sus autores y víctimas, qué instrumentos utilizan, cómo usan la inteligencia artificial para expandir sus mensajes y bulos, cómo combatirlos…

Intervendrán también Paco Gómez Tornero, secretario general de CCOO de Albacete, y Marta Escribano Carrasco, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Alianza contra el Odio es una iniciativa constituida en Albacete con el objetivo de enfrentarse a los discursos y actos de odio, ya sean de naturaleza racista y xenófoba, contra la mujer y la igualdad o alentando el enfrentamiento intergeneracional, que se producen a todos los niveles y en todos los formatos, desde centros educativos, medios de comunicación, redes sociales e instituciones.

A esta iniciativa se han sumado en la ciudad de Albacete CCOO, PSOE, IU, Podemos, PCE, Juventudes Socialistas, Albacete con Palestina, el Colectivo de Apoyo al Inmigrante y la Asociación por el Desarrollo Sostenible.

La plataforma pone el foco en la juventud, a la cual "no se debe abandonar" y que, en muchas ocasiones, según los promotores, desconoce de dónde provienen los derechos básicos del Estado de bienestar.

Para Alianza contra el Odio, los jóvenes están "expuestos y seducidos por estrategias diseñadas por la extrema derecha, atrayéndola con consignas antisistema, para provocar su desconfianza en el sistema democrático y las instituciones sobre las que se sustenta, con el único fin de destruirlas para volver a regímenes absolutistas o autoritarios".

"No dejaremos sin denunciar, desde la información, la calma y la argumentación basada en datos contrastados, cada acto de odio. Lucharemos con nuestro ejemplo conjunto de contrafuerza frente a los extremismos, contribuyendo a construir un espacio público más justo, seguro, informado y humano. Contra el ruido del odio, la fuerza tranquila de la razón y los argumentos inspirados en la justicia, la equidad y la humanidad", se lee en la carta fundacional de Alianza contra el Odio.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha detallado este miércoles la cronología de los avisos emitidos ante la dana, de la alerta roja decretada por la Agencia Española de Meteorología (Aemet) a las 7.31 del martes al mensaje a los móviles enviado por los servicios de Emergencias de la Comunidad Valenciana a las 20 horas.

En rueda de prensa en la Moncloa tras reunirse el comité de crisis presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, Torres ha rechazado hablar de responsabilidades ante la tragedia y ha pedido estar en estos momentos junto a las víctimas y sus familiares. El ministro ha recordado que desde el jueves 24 de octubre la Aemet había dictado varios alertas.

El martes 29, a las 7.31 de la mañana, la agencia decretó alerta roja para toda la provincia de Valencia. A las 15.00 horas la Generalitat Valenciana subió la alerta a nivel dos en tres comarcas: Utiel, Requena y La Plana. A las 19.17, la Generalitat, que es la competente para elevar el nivel, ha recordado Torres, decretó el nivel dos para toda la provincia de Valencia. A las 20 horas la comunidad emitió el mensaje de alerta a los dispositivos móviles de la población. Y a las 20.36 se recibió su petición para que la Unidad Militar de Emergencias actuara en la provincia.

Preguntado en varias ocasiones por la celebración del pleno del Congreso para convalidar la reforma de RTVE tras suspenderse la sesión de control al Gobierno, se ha limitado a señalar que ha sido una decisión de la Junta de Portavoces.

Ante las críticas del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha denunciado la "bajeza moral" y "actitud despreciable", sin "ningún tipo de escrúpulo", del Gobierno, Torres ha pedido al líder de la oposición colocarse "al lado de la solución" ante una tragedia que afecta a miles de personas, con decenas de muertos.

Al menos 95 personas han muerto, varias se encuentran desaparecidas y hay daños incalculables por las inundaciones torrenciales que la dana ha dejado a su paso por la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha, un temporal que ahora podría descargar de manera violenta en la provincia de Barcelona, según fuentes del Gobierno. El número de fallecimientos es aún provisional y serían al menos 62 en Valencia y dos en Castilla-La Mancha, según los datos facilitados por los Ejecutivos autonómicos y recoge EFE.

No obstante, en la Comunitat Valenciana, la más afectada por la dana, las autoridades han confirmado 62 víctimas en varias localidades y una hay una cifra no precisada de desaparecidos. Las mismas fuentes han precisado que se trata de un balance efectuado con la información recibida de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias que están participando en atender los efectos de esta catástrofe.

Esta cifra provisional de fallecidos supera a la que ocasionó la rotura de la presa de Tous (Valencia) en 1982, cuando hubo 38 fallecidos, mientras que los servicios de emergencias se afanan para poder llegar a las zonas más afectadas, que permanecen incomunicadas desde el martes. 

El desbordamiento del barranco del Poyo a su paso por Aldaia ha causado la muerte de tres personas que residían en viviendas de planta baja colindantes al barranco, según ha explicado al alcalde, Enrique Luján, que ha afirmado que la avenida de agua fue como "un tsunami".

La alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, ha asegurado que podrían tener "decenas" de personas fallecidas a consecuencia de la dana y ha indicado que la localidad, ubicada a diez kilómetros de València, está totalmente incomunicada y no funciona nada.

En Castilla-La Mancha se han encontrado dos cadáveres, una en Mira (Cuenca) y otra en Letur (Albacete), y hay al menos cinco personas sin localizar.

Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) por los efectos de la lluvia en la provincia de Cuenca. En una nota de prensa, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha informado de que ha activado, a las 4:40 horas de este miércoles, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM), en Fase de Emergencia Situación Operativa 2 en la provincia de Cuenca.

Esta escalada de nivel del plan viene motivada por la evolución desfavorable de los episodios de lluvias y tormentas previstos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que han afectado de manera intensa a la localidad conquense de Mira, con precipitaciones acumuladas de 40 litros por metro cuadrado en una hora y hasta de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, con el fin de poner a disposición de los recursos intervinientes todos los medios adscritos al METEOCAM, así como para solicitar recursos extraordinarios.

Además, las inundaciones mantienen a decenas de personas atrapadas por el agua en distintas localidades de la provincia de Valencia, y hay cortes del servicio de energía eléctrica.

Los barrancos desbordados, principalmente el del Poyo, que une a los crecidos ríos Túria y Xúquer, y los puentes arrastrados, como el de Paiporta, han dejado cientos de trabajadores atrapados en sus fábricas, como en el polígono de Ribarroja, otros tantos conductores atascados durante horas en carreteras como la A3 o la circunvalación de València, la V30, y un elevado número de personas que tuvieron que refugiarse en alturas, desde techos de edificios a camiones, ante el riesgo de ser arrastrados.

Lo hicieron a la espera de rescates que en muchos casos tardaron horas en llegar. Según explicó el presidente Mazón, no por falta de medios sino por la imposibilidad de actuar. A los bomberos y las policías locales se unieron además efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Ni los cuerpos de seguridad pudieron escapar en algunos casos del agua y en el cuartel de la Guardia Civil de Paiporta estuvieron toda la noche pendiente de dos de sus agentes, desaparecidos en el garaje del cuartel.

Los videos de torrentes de agua desplazando coches y también de personas arrastradas corrieron por las aplicaciones de mensajería y por las redes sociales, aunque estas también sirvieron para ayudar a localizar a personas atrapadas y facilitaron así la labor de las fuerzas de seguridad.

Ante la situación de desastre, con varias infraestructuras afectadas por la fuerza del agua, varias localidades de la capital valenciana y otros municipios han suspendido las clases este miércoles. Se han suspendido los servicios de transporte por carretera al estar cortadas varias vías, de tren y varios vuelos de avión han sido desviados y otros cancelados por la inundación del aeropuerto de Valencia. En su cuenta X, el ministerio de Transportes informó la pasada madrugada la suspensión este miércoles del servicio de Cercanías en Valencia hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan, así como la línea Madrid-Valencia, al igual que el Corredor Mediterráneo.

En la peor gota fría del siglo, según el primer balance realizado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la crecida de los ríos y las inundaciones están dejando imágenes de desastre total en muchas localidades sobre todo de la Comunitat Valenciana, la más afectada, pero también en Castilla-La Mancha y Andalucía. Este martes cayeron 445,4 litros por metro cuadrado, según los registros de la estación de Valencia, la mayor registrada en 24 horas en esta región desde el 11 de septiembre de 1966, cuando se acumularon 520 lm/2 en Tavernes de la Val.

La Aemet ha alertado para este miércoles que se registrarán chubascos muy fuertes y tormentas en la mitad norte, que remitirán de sur a norte durante la tarde. La agencia no descartó que alcancen intensidad torrencial, acompañado de granizo y fuerte viento, aunque sin alcanzar la intensificación registrada en Valencia.

De hecho, la Generalitat catalana ha lanzado un aviso de tiempo violento en la corona de Barcelona, en concreto en las comarcas del Baix Llobregat, el Garraf, el Barcelonès, el Vallès Occidental y el Alt Penedès, ante la previsión de rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora y granizo de más de dos centímetros de diámetro

El rey Felipe ha pedido prudencia ante las consecuencias de las inundaciones y ha enviado un mensaje de pésame y tristeza por la pérdida de vidas humanas y ha expresado su solidaridad con los damnificados y por los destrozos causados. En una declaración institucional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la pérdida de vidas humanas que ha dejado la dana y ha pedido "prudencia" ante el impacto de las inundaciones y riadas en las zonas inundadas.

Mientras, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha suspendido sus actividades en Madrid, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido por su parte a todos los gobiernos la activación de "todos los protocoles para que no quede ni un solo efectivo de ayuda sin responder". Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado que hay "una responsabilidad política" en la gestión y respuesta que se ha hecho ante el temporal.

Desde la UE se han producido varios mensajes de solidaridad con España y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha manifestado que "Europa está lista para ayudar". A esos mensajes se han unido la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Los Verdes han pedido un debate en el Parlamento Europeo un debate sobre las consecuencias de estos fenómenos.

Cuando el Grupo Sanchiz abrió su macroexplotación porcina en Balsa de Ves, un pueblo de 150 habitantes en Albacete, los responsables de la empresa preguntaron cuántos parados había en el municipio. “Diecisiete”, le contestaron. “Pues me comprometo por escrito a contratarlos a todos”, fue la oferta que quedó negro sobre blanco en las actas de un pleno municipal. Trece años después, del pueblo sólo trabajan allí cinco personas, asegura su alcaldesa, Natividad Pérez García.

Uno de los argumentos más utilizados para defender la apertura de macrogranjas es el empleo que crean en zonas deshabitadas y con escasas oportunidades laborales. Pero en Balsa de Ves las expectativas quedaron lejos de cumplirse. Granja de Ves abrió sus puertas en 2008 y tiene una producción de 100.000 lechones al año, según consta en la página web de Grupo Sanchiz. Sin embargo, su presencia no ha servido como dinamizador del empleo o para fijar población, se queja la regidora socialista. Por el contrario, el pueblo ha perdido al 40% de sus habitantes, resalta. Natividad Pérez no culpa a la explotación porcina de la huida de sus convecinos, pero deja claro que tampoco les ha ayudado en nada. En 2008 no había escuela, y sigue sin haberla; entonces tenían un restaurante, un hostal y una tienda que ya han desaparecido. Ni empleos directos, ni indirectos.

“Los técnicos, el ingeniero, el veterinario, vienen de fuera, y el resto de los que trabajan allí vienen de otros pueblos más grandes”, protesta la alcaldesa. Además, esos trabajadores “se traen el bocadillo de casa, aquí no pagan ni un café”, continúa. Y ello pese a que, además de las propias naves donde nacen, crecen y engordan los cerdos, la instalación cuenta con una planta de biogás e incluso un centro de formación. De esa actividad nada repercute en el municipio, advierte Pérez García, porque la empresa “no paga nada”, ni siquiera la recogida de residuos. “Antes pagaban 55 euros al año, y ahora ni eso”, lamenta.

Según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Agricultura, a fecha de diciembre de 2021 había en España un total de 2.179 explotaciones de ganado porcino de gran tamaño, con hasta 7.200 cerdos de cebo, el máximo permitido. Su número ha aumentado casi un 30% desde 2013, mientras que el número de las más pequeñas –menos de 1.000 cerdos de cebo– ha caído casi un 40% desde 2007. Al mismo tiempo, la producción de carne porcina ha crecido hasta alcanzar en 2020 los 56,4 millones de animales sacrificados y los cinco millones de toneladas de carne. De forma que desde 2015 España supera a Alemania en número de cerdos y se ha convertido en el tercer exportador mundial sólo detrás de China y Estados Unidos.

Otro tipo de macrogranja es la avícola, aunque el Ministerio de Agricultura no publica datos de las explotaciones por su tamaño. España cuenta con 20.754 instalaciones avícolas, lo que la convierte en el tercer productor europeo de huevos, sólo superada por Alemania y Francia. Según explica el coordinador del sindicato agrario COAG en Castilla y León, Lorenzo Rivera, apenas un centenar de explotaciones tienen más de 40.000 pollos.

Por lo que respecta al vacuno, un portavoz de la interprofesional que agrupa a productores e industria de la carne, Provacuno, niega que existan macroexplotaciones. A tenor de los datos del Ministerio de Agricultura, el tamaño medio de las ganaderías era de 26,46 nodrizas por explotación en agosto de 2020. De las 87.274 explotaciones de vacuno de carne existentes, el 66% tiene menos de 25 nodrizas y sólo el 5,4% supera las 100.

Con las explotaciones lácteas, de las que hay 13.697, sólo 113 poseen más de 626 vacas. La mayoría están en el tramo de 26 a 65 vacas.

En cualquier caso, Agricultura ha elaborado un proyecto de ordenación de las granjas bovinas que se encuentra en fase consulta pública y que por primera vez establecerá un límite máximo de capacidad productiva en este sector: 850 UGM (Unidad Ganadera Mayor, que equivale a una vaca lechera o a un macho de dos o más años). Es decir, 850 animales.

Pero, por muy grandes que sean estas explotaciones ganaderas y por muy intensiva que sea su producción, no lo son ni de lejos en creación de empleo. Icpor, una de las principales empresas del porcino español, proveedor de Mercadona, asegura en su página web que sus instalaciones dan trabajo a unas “60 personas entre empleos directos e indirectos”. Tanto COAG como Ecologistas en Acción discuten la cifra. “En este tipo de explotaciones todo está automatizado”, explica Lorenzo Rivera. Las tareas que realizan los operarios se limitan a la limpieza, ocuparse del pienso, eliminar los animales muertos… Como máximo, dice Rivera, hacen falta 10 trabajadores. “Y puede que algunos de ellos roten por varias granjas”, añade. Daniel González, coordinador de la campaña #StopGanaderíaIndustrial de Ecologistas en Acción, apunta que en las granjas avícolas basta a veces con un par de personas.

En el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, deben inscribirse todos los complejos industriales que superen determinados umbrales de emisiones nocivas al aire, agua o suelo y produzcan residuos. Incluidas las explotaciones ganaderas. Entre la información que consta en algunas de ellas se encuentran las plantillas. Avícolas Sales, una instalación con 200.000 gallinas de puesta situada en Les Useres (Castellón), tiene 14 empleados. Pero Granja Boveral, otra explotación avícola de Castellón ubicada en Vinarós y con 73.000 animales, comunica un único operario. También dice tener sólo un trabajador la explotación porcina de Bartolomé Parra Zurano en Huércal-Overa (Almería), para atender a 25.777 cerdos en dos instalaciones. Porcisan, en el mismo municipio, tiene 18 personas contratadas para cuidar de casi 72.000 animales. Granja La Frajana, en Illora (Granada), dice contar con tres empleados para nueve instalaciones y 28.000 cerdos. Granja San Timoteo, de Cheste (Valencia), paga a cuatro personas para atender a 26.000 gallinas ponedoras –22.000 en jaulas y 4.000 en suelo–.

infoLibre también ha preguntado a las interprofesionales Interporc y Avianza por el número medio de empleos necesarios para atender este tipo de instalaciones, pero al cierre de esta edición no han respondido.

En Noviercas, otro pueblo de 150 habitantes pero situado en Soria, apareció un día de hace ya más de cinco años un proyecto de macroexplotación ganadera que prometía crear 253 empleos, 147 directos y 106 indirectos. Más que duplicaría, por tanto, la población actual del municipio. La sociedad Valle de Odieta SL quiere instalar en allí la que sería la mayor explotación láctea de Europa, con 23.500 vacas. “Casi las mismas que hay en toda la provincia de León”, compara Lorenzo Rivera. Pese a que la empresa cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, y ya ha adquirido las 900 hectáreas necesarias para construir las instalaciones, el plan está paralizado desde que el pasado abril la Confederación Hidrográfica del Duero le denegó el permiso para acceder a las aguas subterráneas de la zona. El responsable de COAG cifra en casi cuatro millones de metros cúbicos diarios el agua que necesitaría una explotación del tamaño de la proyectada en Noviercas, lo que equivale al consumo de toda la ciudad de Soria. Rivera explica que Valle de Odieta ha recurrido la decisión de la cuenca hidrográfica. La empresa sitúa en septiembre de este año el plazo límite para poner en marcha el proyecto o abandonarlo.

No obstante, y pese a los obstáculos, el gerente de Valle de Odieta, Alberto Guerendiain, firmó en noviembre un convenio con el alcalde de Noviercas, Pedro José Millán, para rehabilitar y construir 50 viviendas destinadas a los futuros trabajadores de la macrogranja. Según publicó Europa Press, la empresa planea ofrecer las casas a sus operarios “a precios módicos y ventajosos de alquiler social”, lo que permitirá “la fijación de nuevas familias, el establecimiento de más servicios públicos y el impulso a nuevas iniciativas privadas”.

COAG no lo ve tan claro. Según sus cálculos, las 23.500 vacas de Noviercas producirían unos 180 millones de litros de leche al año, que equivalen a la producción de 432 explotaciones, un tercio de la que existen en toda Castilla y León. Y se destruirían 726 puestos de trabajo directos. Lorenzo Rivera destaca, además, que la entrada de semejante volumen de leche en el mercado hundiría los precios. En un sector donde ya de por sí es crónica la depresión de los pagos que hace la industria a los ganaderos.

“Este tipo de iniciativas se acercan a los pueblos contando cuentos”, critica la alcaldesa de Balsa de Ves. Porque la realidad puede terminar resultando muy poco idílica. En otro pueblo de Soria, Garray, abrió en 2016 Aleia Roses, el mayor invernadero de rosas de Europa. Catorce hectáreas que dieron trabajo a 300 personas en un pueblo de sólo 700 habitantes tras recibir 10 millones de euros en subvenciones de la Junta de Castilla y León. Hasta que entró en concurso de acreedores en enero de 2020. La plantilla pasó primero por un ERTE durante la pandemia. En junio la empresa fue adquirida por Full Moon, una firma estadounidense que quiere utilizar los enormes invernaderos para cultivar cannabis de uso medicinal. Finalmente, el pasado noviembre, la nueva empresa, Ondara, anunció el despido de 151 trabajadores a partir del 1 de enero. Según denunció entonces el sindicato CGT, la plantilla llevaba mucho tiempo “con unas pésimas condiciones laborales, despidos continuos y retrasos en el cobro de las nóminas”.

Natividad Pérez García encadena uno tras otro los perjuicios medioambientales que la macrogranja porcina del Grupo Sanchiz ha causado en Balsa de Ves: ni paga por ocupar los montes públicos ni los desocupa pese a haber perdido un contencioso con el ayuntamiento en los tribunales, ni arregla los caminos vecinales que ha destrozado, ni cumple las normas sobre purines –“No fertilizan, abren una zanja y allí tiran la porquería”, denuncia–… “Toda mi relación con ellos es por vía judicial”, se lamenta. La alcaldesa incluso mantiene abiertos varios contenciosos con el Gobierno de Castilla-La Mancha, también gobernado por el PSOE, por culpa de la explotación porcina. No entiende cómo es posible que el ayuntamiento sea sancionado “todos los años” por carecer de depuradora de aguas residuales, pero a la macrogranja no le caiga ni una multa. “¿La mierda de 150 vecinos contamina, pero la de 100.000 cerdos no?”, se pregunta.

La regidora municipal está convencida de que las empresas saben muy bien dónde pueden instalarse. “Vienen a pueblos pequeños donde los ayuntamientos carecen de técnicos que puedan hacer un seguimiento de su actividad y los alcaldes no son expertos en temas medioambientales, donde no existe un tejido asociativo que les pueda presionar y donde no llega el turismo”, enumera. Pero donde dos de los que sí consiguieron un trabajo en la macrogranja, revela, fueron la entonces alcaldesa y su marido.

Los días 14 y 13 de agosto han sido el segundo y tercer día más calurosos registrados en el conjunto de España desde 1941 respectivamente, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que añade que la ola de calor que comenzó el 11 de agosto deja récords térmicos en numerosas estaciones meteorológicas, informa Europa Press.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha explicado que cerca de un centenar de estaciones superaron los 25 grados centígrados por la noche y que durante el día, unas 200 estaciones superaron los 40ºC, con récord absoluto de temperatura máxima en más de 20 observatorios.

La ola de calor, que continúa este 16 de agosto en la Península y Baleares y que seguirá en Canarias hasta el miércoles día 18 de agosto, deja "numerosos registros históricos", especialmente en lo que se refiere a récords de temperatura máxima absoluta y temperatura mínima más alta.

En concreto, ha precisado que el viernes, día 13, una docena de localidades alcanzó o superó los 45 grados centígrados (ºC), una cifra que llegó a 26 el día 14 de agosto.

El sábado hubo "nada menos que alrededor de 230 estaciones que midieron o superaron los cuarenta grados de temperatura máxima y el domingo, 15 de agosto, siete estaciones alcanzaron o superaron 45ºC y unas 210 estaciones los 40ºC de temperatura máxima. De ellas, seis en Canarias, que también está afectada por la ola de calor.

Respecto a las mínimas, ha comentado que también han sido muy elevadas, con valores de más de 25ºC en amplias zonas del Mediterráneo, centro y mitad sur de la Península. "Las noches tórridas aquellas cuya temperatura mínima no baja de veinticinco grados han alcanzado en esta ola de calor una gran extensión", ha comentado.

De hecho, ha añadido que unas 85 estaciones de la red de AEMET no bajaron de los 25ºC durante la madrugada del viernes, 13 de agosto, al sábado 14 y durante la madrugada del sábado al domingo, 15 de agosto, cerca de un centenar no bajaron por la noche de 30ºC.

Al mismo tiempo, ha destacado que en algunas zonas del Mediterráneo se produjeron fenómenos locales como los llamados reventones cálidos asociados a tormentas secas, que elevaron las temperaturas de madrugada por encima de los 38ºC o incluso los 40ºC.

Ese fue el caso, según expone Del Campo, de zonas próximas al litoral de la provincia de Castellón durante la madrugada del sábado al domingo, al descender aire muy cálido desde capas medias de la troposfera a nivel del mar y calentarse. En ese descenso se igualaron o batieron récord de temperatura máxima absoluta en una veintena de estaciones de la red principal de AEMET.

El portavoz añade que en algunos casos, los récords se han batido durante dos o incluso tres días consecutivos y ha destacado los 46,9º alcanzados en Córdoba el día 14, lo que iguala su registro del día 13 de julio de 2017.

Se trata, según ha confirmado, del valor alto medido hasta la fecha en la red de AEMET. Ese mismo día, la estación automática de Montoro, en Córdoba, midió 47,4ºC, una temperatura que supera en una décima su anterior récord, al que llegó también el 13 de julio de 2017 y que constituye la "temperatura más alta medida en España de manera confiable con la red principal de Aemet y su red moderna de estaciones automáticas".

Por otro lado, indica que se han igualado o batido récords de temperatura máxima en Albacete Base aérea; Albacete capital, Ávila, Cuenca, Segovia, Soria, Calamocha (Teruel), Teruel capital, Toledo, Granada, Madrid Barajas, Madrid Cuatro Vientos, Madrid Retiro, Getafe, Torrejón, Pamplona, Murcia y la base aérea de Alcantarilla (Murcia).

Asimismo, ha subrayado que las temperaturas mínimas también dejaron récords o igualaron los anteriores, como en Jaén, donde el día 13 no se bajó de 30,2ºC por la noche, igual que en Getafe, Madrid Retiro, Albacete base aérea y Albacete capital.

"Preliminarmente es posible que se trate de una de las olas de calor más intensas vividas en cuanto a temperaturas máximas y extensión afectada por altas temperaturas se refiere", ha resumido Del Campo que apunta que con seis días de duración no es, sin embargo, una de las más largas, ya que ha habido "bastantes" más extensas en cuanto a duración.

 No obstante, ha confirmado que de acuerdo con técnicas estadísticas desarrolladas por el climatólogo de AEMET César Rodríguez Ballesteros, la AEMET pudo "certificar" que los días 14 y 13 de agosto de 2021 respectivamente fueron "el segundo y terceros más cálidos registrados en el conjunto de España desde 1941".

El diario El Mundo publica en su edición de este miércoles una información según la cual el alcalde de Albacete, Vicente Casañ, de Ciudadanos, habría contratado de forma irregular con su propia empresa desde el Ayuntamiento en sus primeros meses de mandato. Según esta información, Casañ podría haber aprobado publicidad institucional para Veo Radio Producciones, de la que poseía el 50% de las acciones.

Tal y como asegura el diario, meses después vendió sus participaciones a un familiar, pero los ingresos municipales de la compañía se multiplicaron casi por cinco en su primer semestre en el consistorio albaceteño, siempre según el citado diario, que apunta que la Alcaldía concedió al menos cinco contratos de publicidad por valor de 6.380 euros hasta el mes de septiembre. Computando el segundo semestre al completo, la empresa pasó de percibir 2.000 euros a 9.580.

Además, Casañ no reflejó en su declaración de bienes la posesión de las acciones de esa empresa, a pesar de que sí había declarado su condición de administrador en otra declaración, la de actividades. Tampoco ha hecho constar en su declaración la posterior venta de esas acciones.

Casañ gobierna en la ciudad más poblada de Castilla-La Mancha en virtud de un pacto de Gobierno con el PSOE, por el cual se repartirían el mandato a razón de dos años cada uno, estando previsto que el próximo mes de junio el bastón de mando pase a manos del socialista Emilio Sáez. El PSOE ganó las elecciones por apenas mil votos de ventaja sobre el Partido Popular, si bien ambas formaciones cosecharon 9 concejales, mientras que Cs cosechó 5 actas. Unidas Podemos consiguió 3 ediles, y Vox entró por primera vez en el arco municipal con un concejal.

El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha confirmado este miércoles que la Junta ya cuenta con la autorización del juzgado para proceder al confinamiento de la localidad de Villamalea (Albacete) por los brotes de coronavirus surgidos. En estos momentos hay 99 positivos en el pueblo, ha informado Europa Press.

En rueda de prensa desde Cuenca para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno, Martínez Guijarro ha explicado que estos datos han motivado el que la Delegación de Sanidad de Albacete haya tomado esta decisión "de carácter preventivo". Ya ha sido comunicado a la alcaldesa, Ana Teresa García.

"Esta decisión supone la absoluta restricción de entradas y salidas del municipio, salvo los casos de emergencia o para el cumplimiento de la actividad laboral", ha apuntado el vicepresidente, quien ha hecho un llamamiento a la tranquilidad a los ciudadanos de Villamalea, al tiempo que ha defendido que "ante la evolución de la situación en esa localidad, lo más oportuno es acordar este confinamiento".

Dicho esto, Martínez Guijarro ha manifestado que la mayor parte de las personas que se están detectando como positivas son asintomáticas, la mayoría jóvenes. De todos ellos, solo una está ingresada en el Hospital de Albacete.

Los brotes detectados en distintos puntos del país no dejan de incrementarse y hacen saltar las alertas de las comunidades autónomas. El último balance apunta a un total de 67 focos activos en quince comunidades distintas. Las autoridades se debaten entre implantar medidas regresivas, similares a las tomadas durante las fases de la desescalada, decretar confinamientos selectivos o acelerar el rastreo de los casos para intentar frenar la transmisión desde su raíz.

El pasado jueves, el director del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, planteaba las distintas medidas que se pueden adoptar para combatir los rebrotes. El doctor explicó entonces que el Gobierno de Pedro Sánchez estudiaba junto a las comunidades autónomas la mejor fórmula para proteger a la población y deslizaba la posibilidad de decretar estado de alarma en territorios concretos, además de medidas específicas para las grandes urbes, donde el virus puede descontrolarse más rápidamente. En este contexto, las autonomías que ya han detectado brotes batallan por contenerlos empleando distintas herramientas.

Los vecinos de la calle Nicolás Salmerón de Santander (Cantabria) celebran por segunda vez el fin del confinamiento. Lo hacen este miércoles, después de permanecer diez días aislados en sus casas. Nada de salir a la calle, ni para ir a comprar, ni para bajar la basura. Más de ochenta personas quedaron recluidas a finales de junio tras detectar varios contagios en cuatro de los domicilios, que sí mantendrán ahora la cuarentena. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, descarta la opción de recuperar el confinamiento para su territorio, pero sí apuesta por actuar "puntualmente para aislar focos que puedan aparecer en un municipio o en una calle".

Un vecino del edificio de la calle Nicolás Salmerón de Santander habla con medios de comunicación. EFE

Una veintena de personas se preparan para seguir los pasos de los cántabros. Se trata de los vecinos de un bloque para quienes el Juzgado de Instrucción número 1 de Albacete ha ratificado el confinamiento, una medida propuesta por la delegada provincial de Sanidad en Albacete. La decisión la toma tras haber detectado dos brotes de coronavirus en el edificio. Durante las dos próximas semanas, la autoridad sanitaria remitirá al juzgado competente comunicación semanal evaluando la evolución de la situación y desarrollando las razones para mantener el confinamiento. Entretanto, los vecinos aguardan en sus casas con el portal vallado y escoltado por una patrulla de policía.

Más allá van las medidas adoptadas en A Mariña (Lugo). En la costa lucense, el confinamiento no es domiciliario, sino perimetral. Las medidas decretadas por la Xunta de Galicia, avaladas este miércoles por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Lugo, se cimientan sobre la prohibición de entrar y salir de la comarca, con la excepción de aquellos desplazamientos debidamente justificados. El cierre bordeará la zona, habitada por más de 70.000 gallegos, pero no afectará a la movilidad interior, donde se permite cualquier tipo de movimiento. Aun sin una prohibición expresa, la Consellería de Sanidade sí recomienda que cada ciudadano se mantenga en sus municipios de residencia y limite la movilidad a lo imprescindible.

La orden impone asimismo algunas medidas concretas en la comarca, similares a las decretadas durante las fases de la desescalada: limitación del espacio al 50% de su capacidad en el caso de determinados establecimientos, reuniones sociales de un máximo de diez personas o incremento de la distancia de seguridad en las playas hasta los cuatro metros. Las restricciones se mantendrán vigentes durante al menos cinco días, hasta este viernes. Este miércoles han sido confirmados otros 23 casos en la comarca, lo que suma 144 activos.

Una dinámica similar se ha adoptado en la comarca de Segrià (Lleida), con más de 200.000 habitantes. Entre su población se han confirmado este miércoles otros nuevos 33 casos de covid-19, elevando a 2.648 el número de positivos. También en el territorio se ha apostado por un confinamiento perimetral, cerrando las fronteras para impedir la movilidad exterior, desde el pasado sábado y durante quince días. Igual que en Galicia, la Consellería de Salut permite la movilidad en la comarca pero "recomienda minimizar los desplazamientos dentro de los municipios de residencia". La Generalitat de Cataluña, en cualquier caso, no descarta combinar el confinamiento perimetral con el aislamiento domiciliario para fortalecer los esfuerzos en la contención del virus.

En Ordizia (Gipuzkoa), un brote que suma ya 48 contagios ha introducido la posibilidad de caminar hacia un confinamiento, pero las autoridades lo descartan por el momento. Sí se han inclinado por promover el uso obligatorio de mascarilla, además de limitar el aforo y horario para los establecimientos de ocio.

Los confinamientos, en sus diferentes versiones, no son exclusivos de suelo español. En Alemania, un gran rebrote con origen en un matadero precipitó en junio el cierre parcial de la vida pública para 640.000 personas durante una semana en dos distritos al oeste del país.

Confinamientos selectivos

Tato Vázquez Lima, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias en Galicia, comienza aclarando las diferencias entre cuarentena y confinamiento. "La cuarentena se realiza con los contactos de los casos confirmados", detalla. Es una de las partes esenciales del conocido rastreo. Se trata de personas que no están necesariamente contagiadas, pero que "durante el periodo de incubación, entre el día dos y el catorce, se someten a un seguimiento de los síntomas" y a la prueba pertinente para confirmarlo o no como positivo. La idea en cuarentena es que cada individuo "guarde relativo aislamiento, se tome la temperatura y se controle", con el objetivo de cortar la transmisión. Si un contacto estrecho de un caso confirmado entra en cuarentena, por más que no presente síntomas, "sabemos con seguridad que durante ese periodo no contactará con nadie más" y el riesgo se minimizará.

Joan Ramón Villalbí, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), recuerda la existencia de un principio general a la hora de decretar confinamiento: el balance entre proporcionalidad y prudencia. El equilibrio está en conseguir que "no se extienda el riesgo y originar un bien superior al que generaría el daño". A partir de ahí, la clave está en calibrar. "Cuando hay pocos casos y se entiende bien el origen, se actúa selectivamente", explica el experto, mientras que cuando se produce un goteo constante de positivos "y no se sabe bien" cuál es el motivo "se actúa más sobre la comarca o municipio".

Vázquez Lima coincide en que si existe un número "muy concentrado de pocos casos y todos los contactos están en la misma zona", se puede plantear un "confinamiento más pequeño". Una medida que entiende "excepcional, porque es muy raro que un caso tenga contacto única y exclusivamente con los vecinos de un mismo edificio". No obstante, reconoce, "se puede dar y se pueden hacer confinamientos selectivos en esas circunstancias".

En el caso de A Mariña, por el contrario, "los casos y sus contactos estaban todos en la misma zona, pero no en un área pequeña", de manera que el confinamiento perimetral de la comarca se propone como la respuesta más acertada. La idea pasa por "intentar evitar un aumento de los contagios intracomarcal e impedir que los casos en cuarentena o los no detectados salgan y se extienda el brote fuera".

En Lleida, agrega Villalbí, "lo que hay es un cierre para que no salga ni entre gente, porque hay mucha transmisión" y a día de hoy "se está haciendo un esfuerzo muy grande por perseguir" el brote y acabar con él. En ese contexto, hace falta tiempo para evaluar el alcance de las medidas dictadas: "Lo que veremos mañana será el resultado de lo que teníamos hace cuatro días". En el caso de la comarca, además, "los trabajadores que se desplazaban tenían un papel importante", de modo que el cierre perimetral encaja como la fórmula más adecuada.

Finalmente, relata el médico gallego, existe otro concepto y es el "confinamiento estricto por casos confirmados que no cumplen" con las medidas impuestas. Este tipo de confinamiento lo marca un juez, mediante orden judicial, con la idea de fijar "vigilancia a esa persona porque es un problema de salud pública". Este martes, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Santiago de Compostela emitió un auto en el que ratifica el "aislamiento y cuarentena obligatoria de un núcleo familiar" infectado por covid-19 "hasta que deje de representar un riesgo para la salud pública". Vázquez Lima apela, en ese sentido, a la "responsabilidad de la gente: lo hicimos bien cuando fue más duro, pero la memoria es tremendamente frágil".

La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha sancionó al menos en dos ocasiones a la empresa de Juan Francisco Robles Descalzo, el ex número dos de Vox por Albacete, y ordenó también dos veces su cierre, durante dos años en el primer expediente que le abrió y durante un año en el segundo. Los motivos fueron casi idénticos en ambos casos: irregularidades y falsedades en la documentación y los registros de la compañía, que impedían “determinar ni siquiera mínimamente, la trazabilidad” del producto que fabricaba así como “realizar un seguimiento de su actividad”. Así consta en la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre.

La primera sanción, por importe de 165.000 euros, le fue impuesta en 2016 a la empresa CRA Juice SLU, tras inspeccionar las instalaciones, situadas en el polígono de El Villarejo en Madrigueras (Albacete), en 2013. Además, la consejería decretó la clausura de la fábrica durante dos años. Le imputaba siete infracciones graves contra la Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha y contra la Ley de Calidad Agroalimentaria de esa comunidad autónoma. En 2018, Agricultura sancionó con 197.000 euros y el cierre durante un año a CRA Bodegas SLU, que en abril de 2017 había trasladado su domicilio social de Albacete a Alicante. Ambas sociedades tenían el mismo administrador único, Juan Francisco Robles Descalzo, y entre ellas se desarrollaba un tráfico continuo de concentrado de mosto, el producto que compraban, transformaban en zumo de uva y posteriormente vendían a otras empresas de España y el resto de Europa.

Robles Descalzo renunció el pasado 6 de noviembre a su puesto en la listas de Vox por Albacete una vez se hizo público que el 20 de marzo del próximo año será juzgado en esa ciudad por seis delitos contra Hacienda. La Fiscalía pide para él 24 años de cárcel por haber defraudado un total de 1,78 millones de euros en el impuesto sobre sociedades y en el IVA entre 2007 y 2009. Lo hizo creando un entramado de empresas instrumentales a cuyo frente situó a testaferros y que generaban facturas falsas. Tal como ha desvelado infoLibre, al menos dos de ellos eran ciudadanos rumanos: Mihai O. y Cristian L. C.

Según el informe que elaboró en 2013 la Agencia Tributaria, esa red de empresas le servía de “tapadera” para un “rentable negocio” consistente en la venta como “mosto genuino, a precio de tal”, de un producto “adulterado, mucho más barato”, a base de añadir isoglucosas o fructosas al concentrado deshidratado de zumo de uva. La transformación se realizaba en las instalaciones de Bodegas Unidas La Mancha SL. La Fiscalía señala en su escrito de acusación, fechado en 2017, que CRA Bodegas SLU es la “heredera” desde 2009 de Bodegas Unidas La Mancha SL, pues ambas tienen “las mismas operaciones, idénticos clientes, las mismas instalaciones, el mismo negocio, el mismo administrador y el mismo apoderado”.

En los dos expedientes sancionadores, Agricultura revela la operativa que utilizaba Juan Francisco Robles con estas empresas, donde entraban y salían los concentrados de mosto, y otros productos, sin registros fiables de esos movimientos: “No se anota el depósito o depósitos donde entra el producto, ni las manipulaciones que hacen, ni las cantidades utilizadas”, señala el primer informe, donde se describen los transportes de concentrado de mosto entre CRA Juice y CRA Bodegas, entonces con instalaciones en Casillas de Ranera (Cuenca). Los inspectores de Agricultura dictaminaron que la empresa intentaba “ocultar” que manipulaba y vendía productos vitivinícolas –“mosto de uva con destino a vinificación”– no identificándolos “ni en los depósitos de almacenamiento ni en los libros de registro” y “omitiendo toda referencia a las entradas y salidas desde y hacia CRA Bodegas”.

También descubrieron que los documentos donde se consignaban los transportes en camiones cisterna del mosto entre CRA Bodegas y CRA Juice eran falsos: de ser ciertos, algunos de ellos habían hecho en un solo día hasta 11 viajes. La distancia ente Madrigueras y Casillas de Ranera es de 112 kilómetros, una hora y cuarto de trayecto.

En total, los inspectores calculan que entre la contabilidad que presentó la empresa y la cantidad real de producto manipulado la diferencia ascendía a 10,58 millones de litros de mosto.

Juan Francisco Robles Descalzo explica a infoLibre que recurrió la sanción ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que en una sentencia de noviembre de 2017 dio la razón a la Consejería de Agricultura y ratificó la multa. Sin embargo, no se llegó a ejecutar el cierre de las instalaciones. Según el ex número dos de Vox, porque los jueces reconocieron que “la empresa llevaba funcionando cinco o seis años con total normalidad” y la medida era “desproporcionada”. Según fuentes del Gobierno castellanomanchego, se suspendió el cierre porque el empresario pagó la multa.

Segundo expediente

En 2017, la Consejería de Agricultura abrió expediente a la otra empresa de Robles Descalzo, CRA Bodegas SLU, y por idéntico motivo. Le sancionó de nuevo, esta vez por un total de 11 infracciones contra las leyes autonómicas de la Viña y el Vino y de Calidad Agroalimentaria: nueve graves y dos leves. Los inspectores escudriñaron facturas, contratos, libros de registro, documentos de acompañamiento y declaraciones de CRA Bodegas, y encontraron anomalías y falsedades similares a las anteriores. El expediente sancionador, al que ha tenido acceso este periódico, destapa la “total incoherencia de los balances de salida y entrada del producto” y la existencia de “documentación inexacta o falsa”, por lo que resultaba imposible seguir “el origen, la transformación y la manipulación” del mosto que la empresa elaboraba.

En concreto, los inspectores descubrieron una diferencia entre compras y ventas superior a 1,5 millones de litros de concentrado que, una vez transformado, equivalen a 6,17 millones de litros de mosto, con un valor de mercado de 1,6 millones de euros. Los inspectores destacan que de esa cantidad de concentrado “se desconoce de dónde entra, dónde se transforma y adónde sale realmente”.

Los inspectores explican que en los documentos –contratos y facturas– aportados por la empresa, ésta aseguraba que el mosto concentrado adquirido a cooperativas, industrias y bodegas de Castilla-La Mancha lo enviaba a las instalaciones que CRA Bodegas SLU tenía en Beneixama (Alicante), arrendadas a la cooperativa Divina Aurora. Y que allí se transformaban en mosto concentrado, mosto concentrado rectificado ecológico, zumo concentrado rectificado de uva y zumo de uva desionizado. Esos productos se vendían luego al por mayor a otras empresas de Alemania, Francia, Italia, Portugal, Países Bajos, Bulgaria, Grecia, Suiza y Hungría, además de España. CRA Bodegas también compraba, continúan los inspectores, azúcares invertidos –producto de la separación de la sacarosa en fructosa y glucosa– en Bélgica y Valencia, además de mosto de uva de mesa de Vinalopó (Alicante) para convertir en concentrado.

Sin embargo, según consta en el expediente, en las instalaciones de Beneixama no entró “ni un solo litro-kilo de mosto azufrado ni mosto concentrado de uva” desde el inicio del contrato de arrendamiento de servicios, con fecha de 11 de agosto de 2015, que CRA Bodegas SLU firmó con la cooperativa Divina Aurora. Los depósitos “están vacíos”, concluyen los inspectores tan comprobarlos. De hecho, resultaron ser falsos los documentos que acreditaban el transporte y la descarga de mosto concentrado en Beneixama. En realidad, donde se enviaba y transformaba el producto era en CRA Juice SLU, situada en el polígono industrial Los Villarejos, en Madrigueras (Albacete), como se ha dicho más arriba, y también administrada por Juan Francisco Robles Descalzo. En esta segunda empresa las anomalías vuelven a ser múltiples y similares a las encontradas en CRU Bodegas SLU: “283.578 litros de mosto azufrado ecológico y 5.388.269 litros de mosto azufrado entran en las instalaciones de Madrigueras sin ninguna anotación en los libros de registro de movimientos de vino, ni entradas ni salidas ni cuál es el tipo de producto”, resalta el informe de Agricultura.

“No es una bodega, sino una fábrica de zumos”

Los inspectores también constataron otras irregularidades: al no poder garantizarse la trazabilidad de los productos que manipula es imposible saber si el mosto que la empresa vende como ecológico realmente lo es; o se menciona la compra de un producto denominado “concentrado rectificado blended”, que resulta ser una categoría “no acorde con ninguna reglamentación”.

Esta segunda sanción también ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia, que aún no ha resuelto. Juan Francisco Robles asegura a infoLibre que toda la argumentación de Agricultura se basa en el hecho de considerar a su empresa “una bodega, cuando no lo es, sino una fábrica de concentrado de zumos de fruta”, y de exigirle, a su juicio equivocadamente, la trazabilidad de la producción vinícola. Por el contrario, los inspectores de la consejería indican en su informe que CRA Bodegas sí “procesa en sus instalaciones productos de origen vitícola”, como es el mosto, y no sólo transforma zumos y concentrados como alega el empresario.

A diferencia de la Agencia Tributaria, que en su informe señaló como un “producto adulterado” el que elabora la empresa, el ex número dos de Vox por Albacete sostiene que la adición de isoglucosas es “totalmente legal”. “A las bodegas no les está permitido hacerlo, pero nosotros somos una fábrica de zumos”, insiste.

Tuberías de vertidos precintadas

El 5 de noviembre, un día antes de que se hiciera pública la acusación contra el ex número dos de Vox por Albacete, el Ayuntamiento de Madrigueras precintó las tuberías de vertidos de la fábrica al detectar en unos análisis rutinarios que las aguas que evacuaba en la red de alcantarillado municipal sobrepasaban los parámetros legales. Según ha confirmado a este diario el alcalde, Juan Carlos Talavera Utiel, es la segunda vez que ordena el precinto. La incidencia, además, ha sido comunicada al Seprona, por si fuera constitutiva de delito.

Preguntado al respecto, Juan Francisco Robles responde que la empresa del polígono de Los Villarejos, que primero figuraba a nombre de Bodegas Unidas de La Mancha, después al de CRA Bodegas y más tarde al de CRA Juice, ya no es suya. Ahora es su mujer, Gema Arribas Palencia la socia y administradora única. “Yo no tengo nada que ver con esa empresa”, repite, “ni la dirijo, ni la administro ni trabajo en ella”.

En efecto, las instalaciones ahora aparecen a nombre de CRA Holding Spain, una sociedad creada en 2010, en la que se presentan Gema Arribas como administradora y socia única, y su padre, José Damián Arribas Aroca, como apoderado. Este último también será juzgado en marzo por el fraude a Hacienda de Bodegas Unidas de Castilla-La Mancha. Gema Arribas es además administradora única de GAP Process in the World, creada en enero de este año y ubicada en el Polígono de Los Villarejos, en la misma parcela de CRA Juice SLU. Aunque consta como objeto social “minorista de alimentos/medicamentos”, en su página web ofrece los mismos productos que antes CRA Juice: zumos concentrados y no concentrados de uva, además de ecológicos. La palabra “mosto” no aparece por ninguna parte.

El número dos de la lista de Vox en Albacete y secretario de la gestora del partido en esa provincia, Juan Francisco Robles Descalzo, renunció a ambos puestos sólo unos días antes de las elecciones del pasado 10 de noviembre, cuando se hizo público que el 20 de marzo de 2020 será juzgado por cuatro delitos contra Hacienda, por los que la Fiscalía pide 24 años de cárcel. La base de la acusación del ministerio público es el informe que la Agencia Tributaria elaboró tras inspeccionar una de las empresas de Robles Descalzo, Bodegas Unidas de La Mancha, que eludió el pago de 1,78 millones de euros en el impuesto de sociedades y el IVA entre 2007 y 2009. Para conseguirlo, el ex número dos de Vox se valió de un entramado de empresas a cuyo frente situó a testaferros, según explican los inspectores.

El informe de la Agencia Tributaria detalla los nombres de algunas de esas empresas, que confeccionaban facturas falsas. El discurso xenófobo de Vox no fue óbice para que uno de sus candidatos electorales utilizara a dos inmigrantes como administradores de al menos dos de ellas, según ha podido averiguar infoLibre. En concreto, a dos ciudadanos rumanos. Se trata de Sinfonía de Inversiones SL, administrada por Mihai O. y Bodegas y Vinos Corinto, SL, administrada por Cristian L.C.

Este periódico ha preguntado a Robles Descalzo por ambas personas y por su relación con ellas, pero ha declinado hacer declaraciones al respecto.

Los inspectores constatan que las relaciones comerciales que Bodegas Unidas La Mancha mantenía a finales de 2009 eran con “entidades aparentemente carentes de medios y estructura empresarial”, que el informe no duda en calificar de “instrumentales” y cuyo único objetivo consistía en “proporcionar gastos falsos a las receptoras de sus facturas”. Es el caso de las dos empresas citadas. La primera fue creada por Ramón Cerdá Sanjuán, un abogado conocido por haber creado hasta 10.000 sociedades –www.sociedadesurgentes.com– que luego vendía a terceros. Algunas de ellas terminaron formando parte de las mayores redes de corrupción de los últimos tiempos, desde Gürtel hasta Nóos. En 2017 fue condenado dos veces por la Audiencia Nacional. La primera sentencia le imponía una pena de 13 años de prisión y la segunda, de 14 años, por dos tramas que utilizaban sus sociedades pantalla para eludir el pago del IVA.

En este caso, Cerdá Sanjuán vendió Sinfonía de Inversiones SL, creada el 9 de diciembre de 2005, con sede en Bilbao y un capital de 3.600 euros, a Mihai O., quien pasó a ser su administrador único, en septiembre de 2006. En ese momento el domicilio social de Sinfonía de Inversiones SL se trasladó a San Sebastián. El 22 de marzo de 2013, a la compañía se le revocó su NIF.

Bodegas e inmobiliaria

Bodegas y Vinos Corinto SL ni siquiera llegó a poseer un NIF definitivo. El provisional lo concede la Agencia Tributaria hasta el momento en que la sociedad aporta copia de la escritura pública de constitución y de los Estatutos sociales, así como certificación de su inscripción en el Registro. Tiene un mes para cumplir con este requisito desde que se le adjudica el NIF provisional. La sociedad de Cristian L.C. no lo hizo.

La fecha de constitución de Bodegas y Vinos Corinto SL es el 20 de agosto de 2007, la misma en que Cristian L.C. creó Bodegas Agazos SL y Bodegas y Vinos El Hollejo SL. Aunque tampoco llegaron a tener NIF definitivo, sí que contaban con una cuenta bancaria abierta, en la que estaba autorizado a operar Robles Descalzo, según la información a la que ha tenido acceso infoLibre.

El mismo Cristian L.C. había creado un año antes una cuarta empresa: Bodegas Oraza SL, con domicilio social en Pinoso (Alicante). También en 2006 aparece en el Registro Mercantil como fundador de una empresa dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia que anuncia “financiación inmobiliaria” en Coslada, una ciudad dormitorio del Este de Madrid. Su dirección es la misma que Mihai O. facilitó ante el notario cuando fue nombrado administrador único de Sinfonía de Inversiones, la otra sociedad pantalla, en septiembre de 2006.

Bodegas Unidas La Mancha se dedicaba a la compra de concentrado de mosto de uva a distintos proveedores, que luego hidrataba y vendía como mosto a otras empresas. La Agencia Tributaria asegura en su informe que vendía como mosto genuino un “producto adulterado” que resultaba de la adicción de isoglucosas –jarabe de maíz– al concentrado. 

El número dos de la lista de Vox en Albacete, Juan Francisco Robles Descalzo, deberá comparecer el próximo 2 de marzo en el Juzgado de lo Penal número 3 de esa ciudad manchega, donde se le va a juzgar por seis delitos contra la Hacienda Pública por los que la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden un total de 24 años de cárcel y el pago de una multa de 3,56 millones de euros. Por los mismos delitos tendrán que responder también su esposa y su suegro. A los tres se les acusa de haber creado un entramado de empresas instrumentales con testaferros para confeccionar facturas falsas, con las que defraudaron 1,78 millones de euros entre 2007 y 2009, tanto en el impuesto sobre sociedades como en el IVA, como ha adelantado la Cadena Ser.

En 2013, la Agencia Tributaria inspeccionó las cuentas de Bodegas Unidas de La Mancha SL, una empresa radicada en Madrigueras (Albacete) de la que era administrador único Juan Francisco Robles. Descubrió que sus responsables habían creado, por un parte, una red de empresas instrumentales “con testaferros como socios y administradores”, cuya “única finalidad” era “proporcionar papel”, y por otra, “un rentable negocio consistente en vender, principalmente en el mercado comunitario, como mosto genuino (supuestamente a un precio competitivo) un producto adulterado, mucho más barato de producir, resultante de la adición de isoglucosas”, también llamado jarabe de maíz.

El número dos de Vox por Albacete no ha querido contestar a infoLibre cuando le ha llamado para preguntarle por su próximo juicio.

Según el informe elaborado por los inspectores, al que ha tenido acceso este periódico, Bodegas Unidas de La Mancha era emisora y receptora de facturas falsas. El entramado de empresas “carentes de medios y estructura” y administradas por testaferros de nacionalidad rumana, como han explicado a este periódico fuentes conocedoras del caso, funcionaba como “tapadera”, en palabras de la Agencia Tributaria, de un “rentable negocio” que consistía en la venta como mosto genuino y a precio de tal de un “producto adulterado”. Ese supuesto mosto lo vendía la bodega en Bélgica, a cuyas autoridades reclamó la Agencia Tributaria información sobre la empresa investigada.

La operativa de Bodegas Unidas de La Mancha, tal y como la describen los inspectores de Hacienda en su informe, incluía a las empresas que declaraban –cuando lo hacían– liquidaciones negativas o de muy pequeño importe en el impuesto sobre sociedades, y las del IVA siempre eran a compensar. “Esto último es especialmente revelador porque, aunque sus cantidades a compensar sean elevadas, nunca se arriesgan a pedir devoluciones”, destaca la Agencia Tributaria.

Empresa heredera

La Fiscalía pide cuatro años de prisión por cada uno de los seis delitos fiscales de los que acusa a Juan Francisco Robles, el máximo posible: es delito contra la Hacienda Pública cuando la cantidad defraudada supera los 120.000 euros. Y el número dos de la lista de Vox por Albacete dejó de pagar 266.334 euros en el impuesto sobre sociedades y 253.165 euros del IVA en 2007, 492.618 euros en sociedades y 315.975 euros del IVA en 2008, así como 228.249 euros en sociedades y 226.638 euros del IVA en 2009. Las multas reclamadas, por importe de 3,56 millones, corresponden al doble de esas cantidades defraudadas. La Abogacía del Estado pide que esa multa equivalga al cuádruple.

En 2009, además, Juan Francisco Robles constituyó una nueva sociedad, CRA Bodegas SL, que la Fiscalía considera “heredera” de Bodegas Unidas de La Mancha SL. Una vez creada la primera, asegura en su informe, la actividad de la segunda “fue disminuyendo progresivamente de manera paralela al aumento realizado” por esta última. CRA Bodegas realizaba las mismas operaciones que la anterior, “con idénticos clientes”, el mismo objeto, el mismo negocio en las mismas instalaciones, aun cuando tenían distinto domicilio fiscal y con el mismo administrador, el número dos de Vox por Albacete, y el mismo apoderado.

El historiador Fernando Paz, cabeza de lista al Congreso de Vox por Albacete, y acusado de ser un negacionista del Holocausto judío, ha presentado este jueves su "renuncia irrevocable" a los órganos de la formación liderada por Santiago Abascal, informa Europa Press.

"Los manipuladores no llegan a todas partes. Que mi intención solo es servir a España allá donde pueda ser más útil, y no voy a permitir que, en una hora tan decisiva, se malgasten en la defensa de mi persona", ha escrito Paz en un mensaje en su cuenta de Twitter. En la misma, Paz ha publicado un hilo en el que ha justificado su decisión argumentando una "cacería mediática, inspirada por la izquierda y apoyada por otros medios, todos ellos preocupados por el auge imparable de Vox".

En esa serie de mensajes, el hasta hoy cabeza de lista de la formación ha avisado a las personas que le han "linchado manipulando declaraciones" y atribuyéndole "toda suerte de barbaridades". "Tendrán que responder de ello ante los tribunales". La renuncia de Paz llega después de la publicación de su intervención en el año 2016 en un acto organizado por Falange en el que atribuía los asesinatos de judíos en Europa al "estado caótico, la falta de alimentación y a la extensión de tifus" en los campos de concentración.

Los judíos mostraron su "preocupación" por esta candidatura 

Sus declaraciones provocaron este pasado miércoles la reacción de la Federación de Comunidades Judías de España, la institución que representa oficialmente a los judíos españoles, que mostró su "preocupación" ante la decisión de Vox de presentar a Paz como número uno de la lista por Albacete.

"Fernando Paz ha calificado de farsa los juicios de Nuremberg a los jerarcas nazis, ha cuestionado el asesinato masivo de 6 millones de judíos, ha dejado claras sus sospechas de que los judíos no murieron en cámaras de gas sino a manos de los habitantes de Europa del Este y ha negado el origen racista del Holocausto", subrayaba la federación en un comunicado. Según añadió la organización judía, "en cualquier país de Europa donde se ha hecho justicia sobre este traumático capítulo de la Historia, es inadmisible que una persona con este pensamiento se postule para un cargo de representación pública".

El candidato se siente "estigmatizado" frente al "totalitarismo" 

Horas antes de comunicar su decisión al partido, el historiador había denunciado a través de la misma red social lo que consideraba una "persecución" insólita en España y consistente en "abundantes falsificaciones y manipulaciones" acerca de su persona. "El Holocausto es un hecho histórico tan repugnante y cruel como innegable: el exterminio de los judíos europeos por orden de Hitler y sus jerarcas. Que el genocidio se produjo de diversas formas como fusilamiento, hambre y cámaras de gas, como también afirma el Congreso Mundial Judío", señaló Paz.

Así, el historiador insistía en que no cejaría "en la defensa de la libertad frente al totalitarismo que suele estigmatizar a sus adversarios" como, a su juicio, cree que se hecho con él.

El partido presidido por Abascal ha agradecido este mismo jueves a Paz su "altura de miras" y su "gesto patriótico al renunciar a su candidatura para no perjudicar" al proyecto de Vox. A su vez, el partido ha condenado el "linchamiento político y mediático que ha sufrido".

La Federación de Comunidades Judías de España, institución que representa oficialmente a los judíos españoles, ha mostrado su "preocupación" por el anuncio de VOX de colocar como número uno en la lista por Albacete a las próximas elecciones generales a Fernando Paz, por sus "declaraciones revisionistas y negacionistas del Holocausto" que tachan de "lamentables e inaceptables".

"Fernando Paz ha calificado de farsa los juicios de Nuremberg a los jerarcas nazis, ha cuestionado el asesinato masivo de 6 millones de judíos, ha dejado claras sus sospechas de que los judíos no murieron en cámaras de gas sino a manos de los habitantes de Europa del Este y ha negado el origen racista del Holocausto", subraya la FCJE en un comunicado.

Según añade, "en cualquier país de Europa donde se ha hecho justicia sobre este traumático capítulo de la Historia, es inadmisible que una persona con este pensamiento se postule para un cargo de representación pública".

Las cofradías de Sevilla ingresaron 3,68 millones de euros en 2017 por alquilar las 40.000 sillas que colocan en las calles para ver las procesiones de la Semana Santa. Por esa ocupación del espacio público pagan una tasa al Ayuntamiento que varía de 34 céntimos a 3,35 euros, dependiendo de la calle, cuando el precio por el las cofradías alquilan cada silla no baja de 72,38 euros la más barata y puede llegar a 158,33 euros la más cara. Cofradías y hermandades no tienen ánimo de lucro.

En España existen un puñado de pueblos que operan como pequeños paraísos fiscales cuando de pagar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) se trata. Patones en Madrid, Aguilar de Segarra en Barcelona y Retascón en Zaragoza son algunos de ellos. Desde que las matrículas de los coches dejaron de incluir el distintivo provincial, en 2001, las empresas de alquiler de vehículos –aunque no sólo– empezaron a matricular sus flotas donde más bajo le ofrecían el impuesto. Patones tiene 553 habitantes, pero 10.249 vehículos matriculados: 20 coches por vecino. Aguilar de Sagarra, 252 habitantes, pero 64.451 vehículos, nada menos que 262 coches por cabeza. En Retascón sólo viven 79 personas, pero en su ayuntamiento se han matriculado 780 automóviles, unos 10 por habitante, según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico, de 2015. La fuga de conductores particulares y empresas tiene un motivo claro: mientras el Ayuntamiento de Aguilar de Segarra cobra 12,62 euros a los vehículos de menos de ocho caballos fiscales, y 34,08 euros a los que superan esa potencia, mientras que Barcelona duplica el recibo a 23,47 y 64,06 euros.

El Ayuntamiento de Albacete cobró en 2012 la mitad del importe de un total de 2.455 multas de tráfico y aparcamiento, pese a que los conductores las pagaron cuando ya se había consumido el plazo de 20 días que permite acceder a esa reducción. El consistorio dejó de ingresar por ese descuento 171.000 euros. Lo mismo hizo el Ayuntamiento de Murcia con otras 2.701 multas. Se hurtó a las arcas municipales 100.000 euros, según consta en sendos informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

Los anteriores son buenos ejemplos de los agujeros que drenan la recaudación de los ayuntamientos. Aunque no toda la brecha fiscal es fraude, sí que responde a problemas de ineficacia recaudatoria. Pero hasta ahora nadie ha medido la amplitud de ese descosido que se le hace a las arcas municipales. Sólo en 2017 la Agencia Tributaria Catalana encargó un estudio al Institut d’Economía de Barcelona sobre la brecha fiscal en los impuestos de competencia autonómicala brecha fiscal en los impuestos de competencia autonómica: Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y Estancias en Establecimientos Turísticos. Concluyó que el tax gap, como lo denominan los economistas en inglés, es en Cataluña del 26,5%; es decir, la Generalitat pierde 2,65 euros por cada 10 que podría recaudar. En total, el fisco catalán deja de ingresar al año 790 millones de euros por esta causa.

Las entidades locales –además de los 8.124 ayuntamientos, las diputaciones provinciales, cabildos insulares, comarcas, mancomunidades…– tienen previsto recaudar este año 46.923,05 millones de euros, según el Ministerio de Hacienda. Una cifra nada despreciable si se tiene en cuenta, además, que los tributarios representan el 65% de los ingresos municipales. El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es el más importante de los tributos locales por su volumen, equivale al 47% de la recaudación de estas entidades. El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica suman casi el 13% de los ingresos tributarios de los ayuntamientos. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía, recauda el 8,4%, mientras que el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) sólo equivale al 2% de los ingresos fiscales. Los ayuntamientos también cobran un buen número de tasas, que representan el 23% de la recaudación, así como algunos impuestos indirectos y contribuciones especiales.

Más eficaces con el IBI y el IAE

La eficacia recaudatoria de una administración se mide relacionando los derechos reconocidos –lo que debería ingresarse– por cada impuesto con la recaudación efectivamente realizada. El Ministerio de Hacienda la calculó por última vez para el ejercicio de 2015: el 90,65%, por lo que, de cada 10 euros, las entidades locales perdieron uno. Menos que la administración catalana, pero aun así una cantidad considerable: 5.439,5 millones de euros.

Según el Panorama de la Fiscalidad Local 2018, elaborado para el Consejo General de Economistas de España por la profesora de la Universidad de Murcia María José Portillo, los ayuntamientos de las capitales de provincia andaluzas son los menos eficaces recaudando los impuestos directos, puesto que sólo ingresan el 76,8% de los derechos reconocidos. Le siguen los extremeños y los castellano-manchegos. Así, los municipios andaluces pierden 2,3 euros de cada 10 que podrían recaudar, más del doble que la media nacional. Los vascos tienen la mayor eficacia, un 92,1%. El informe se ha basado en las cuentas de 2015.

La gestión recaudatoria también difiere según el impuesto. Los ayuntamientos son más eficaces con el IBI y el IAE –87,4% y 87,9%– que con el impuesto de vehículos –84,7%–, la plusvalía –80,4%– y el ICIO –79,6%–.

Entre los mayores ayuntamientos, los porcentajes que ellos mismos aportan sobre el éxito de su gestión tributaria son muy elevados. Para 2017, Barcelona sitúa su eficacia en el 94,5%, Zaragoza dice que la suya es del 93% y Madrid la cifra en el 89,27%. También es considerable, 90,22%, la que calcula para 2016 Suma Gestión Tributaria, el organismo autónomo que gestiona los impuestos de los municipios de Alicante y que depende de su Diputación Provincial. Consultando las estadísticas del Ministerio de Hacienda desglosadas por impuestos, Barcelona y Zaragoza tienen la eficacia recaudatoria más alta en el IBI, con un 97% y 95,8% en 2017. Y el Ayuntamiento de Sevilla las más bajas en el impuesto de vehículos y en la plusvalía, con un 77,27% y un 78,84%, respectivamente.

Pese a estos porcentajes, y sólo contando los cuatro principales impuestos –IBI, IAE, Plusvalía y Vehículos–, Madrid dejó de recaudar 296,66 millones de euros en 2017; Barcelona, 46,07 millones; Valencia, 38,5 millones; Zaragoza, 22,7 millones de euros, y Sevilla, sólo por el impuesto de vehículos y la plusvalía, 14,71 millones.

Sevilla no facilita el dato sobre eficacia recaudatoria del IBI y del IAE a ejercicio cerrado. Un portavoz del Ayuntamiento explica a infoLibre que su sistema de contabilidad con la recaudación es “distinto”: los ingresos del segundo semestre no se computan en el ejercicio en curso, “debido al periodo de pago voluntario”, sino en el primer semestre del año siguiente, por lo que “no aparece en ningún registro a 31 de diciembre”. No obstante, el Consejo Económico y Social del ayuntamiento sevillano aprobó el pasado día 9 el informe sobre el proyecto de ordenanzas fiscales para 2019, que cifra en 168 millones de euros la cantidad que las arcas municipales dejaron de recaudar en 2017, y en 157 millones la pérdida de ingresos tributarios en 2016. En el dictamen sobre las ordenanzas fiscales del ejercicio anterior, el Consejo critica los 182 millones de euros que el consistorio clasifica como de “difícil recaudación”, una cifra que a su juicio revela “un serio problema de gestión tributaria”. En el debate que precedió a la aprobación del informe de este año, el equipo de gobierno del Ayuntamiento adujo que los derechos reconocidos habían crecido un 4,35% en 2017 y la recaudación, un 3,14%. Pero tampoco entonces proporcionó la cifra de eficacia a ejercicio terminado: de los 444,36 millones de euros que tenía previsto recaudar, sólo reconoce como ingresados 281,63 millones, el 63,37%. “Los mecanismos para el control de pagos pendientes se han reforzado”, asegura no obstante el portavoz municipal, “de hecho, este año se han recaudado 129 millones de euros de ejercicios cerrados anteriores, nueve millones más que en 2017, y la previsión es llegar a 140 millones a final de año”.

Control tributario sobre grandes empresas

Todos los ayuntamientos están obligados a adoptar un plan de control tributario. En Zaragoza y Barcelona, por ejemplo, han puesto especial atención en las grandes superficies comercialesgrandes superficies comerciales, para que “declaren también los pasillos que ocupan temporalmente con stands de otras empresas u oficinas bancarias, por ejemplo, y paguen el correspondiente IAE”, apunta la directora de la Agencia Tributaria de Zaragoza, Ana Sanromán. Jordi Ayala, gerente de Presidencia y Economía del Ayuntamiento de Barcelona, calcula que el consistorio ha expedientado por un importe total de dos millones de euros a grandes superficies que no declararon correctamente el IAE. También han apuntado hacia las compañías de telefonía móvil, destaca Sanromán, después de que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminara que se les podía pedir que pagaran por el uso del subsuelo para instalar sus redes.

Ayala dice que el Ayuntamiento enfoca hacia los grandes contribuyentes. Zaragoza incluso ha creado una unidad especializada en controlar a las mayores empresas. Barcelona ha liquidado cuatro millones de euros a empresas comercializadoras de electricidad para que paguen como deben la tasa de ocupación de espacios públicos, un 1,5% de su cifra de negocio. Y ha recuperado otros nueve millones de euros no declarados por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Pero mientras Zaragoza no publica una lista de grandes deudores, quienes deben más de un millón de euros, Barcelona acaba de revelar la primera este año. Aunque es muy corta: sólo tiene un nombre, la promotora inmobiliaria Sacresa Terrenos 2, con una deuda de 1,64 millones de euros por el IBI, la plusvalía y el IAE. La lista de Madrid, en cambio, es mucho más larga. Incluye 35 deudores, entre ellas los gigantes inmobiliarios Reyal Urbis y Nozar, ambas en proceso de liquidación. Pero los mayores deudores del Ayuntamiento de Madrid son administraciones públicas. En primer lugar, la Comunidad de Madrid, que le debe casi 28 millones de euros, por el IBI y la tasa de residuos. La Tesorería de la Seguridad Social, otros 20,48 millones. De hecho, la Seguridad Social y la Comunidad de Madrid libran en los tribunales y ante el fisco municipal una batalla por un puñado de inmuebles propiedad de la primera pero transferidos a la segunda. Y mientras se dirime el litigio, no pagan. Los ayuntamientos de Arganda del Rey y Rivas Vaciamadrid, por su parte, adeudan al Ayuntamiento de la capital 12,1 y 7,78 millones, por la tasa de residuos y de reciclados, ya que ambos utilizaban el vertedero de Valdemingómez para eliminar sus basuras. La Administración General del Estado también debe seis millones de euros en impuestos municipales al consistorio madrileño. Lo mismo le ocurre al Ayuntamiento de Zaragoza, al que la comunidad autónoma adeuda 40 millones de euros por el IBI de sus edificios oficiales.

Somos Sindicalistas abrió este verano una campaña para que el Ayuntamiento de Madrid refuerce su lucha contra el fraude, tras denunciar la “opacidad” que cubre la eficacia recaudatoria. “Se desconocen los datos de cuántos y quiénes son los contribuyentes, personas físicas y empresas que no pagan y por qué”, asegura el sindicato, que pone la mira en los que llama “defraudadores profesionales”. Y en la mejora de las plantillas: “Por cada euro que se invierte en inspectores y trabajadores especializados en la lucha contra el fraude, el Estado recupera al menos 20 euros”, subrayan. De modo que la junta de personal de la Agencia Tributaria madrileña ha exigido ya a sus responsables que informen “no sólo de lo que se cobra, sino de lo que no se cobra y por qué”, así como de las principales “vías de escape”: insolvencias, prescripciones, deudores desconocidos... 

Para combatir el fraude y mejorar la recaudación, los ayuntamientos firman convenios con otras agencias tributarias, con las que no sólo cruzan datos sino también persiguen a los deudores que residen fuera del municipio. Por ejemplo, las devoluciones del IRPF son embargables si el contribuyente adeuda impuestos a un ayuntamiento. Así ha ingresado el de Barcelona 33 millones de euros el último año. El cruce de datos también se hace entre los distintos impuestos del mismo municipio: 21.000 empresas que pagaban el IAE han tenido que abonar 10 millones de euros al consistorio barcelonés por la tasa de recogida de residuos por la que no habían tributado desde 2010.

¿Cómo eluden los contribuyentes sus obligaciones con las haciendas municipales? Además de las empresas insolventes que no pagan, muchas deudas terminan prescribiendo, a veces por ineficacia del recaudador. En otros casos, las empresas declaran obras menores de las que realmente ejecutan. En febrero de 2017 Hacienda creó una comisión de expertos para diseñar una reforma de los impuestos locales. Del IAE, por ejemplo, están exentas el 90% de las empresas desde 2002, cuando se estableció que sólo debían pagarlo las que facturen más de un millón de euros. La plusvalía fue anulada por el Tribunal Constitucional en 2017, pero el pasado mes de julio el Tribunal Supremo ha matizado que sí debe abonarse cuando el contribuyente haya ganado dinero con la venta de un inmueble. Así que el impuesto está pidiendo a gritos una reforma que acabe con la incertidumbre jurídica. Las multas de tráfico se persiguen con mayor o menor intensidad según el Ayuntamiento. Tampoco hay que olvidar las bonificaciones que algunos municipios conceden en ciertos impuestos “muchas veces por decisiones políticas”, critica el catedrático de la Universidad de Oviedo y miembro de la comisión Javier Suárez Pandiello, que terminan erosionando la capacidad recaudatoria del impuesto.

Los problemas de los municipios más pequeños

En los municipios más pequeños, los problemas son otros. El 65% de los ayuntamientos de entre 5.000 y 100.000 habitantes han delegado la recaudación de sus impuestos en la Diputación provincial o en la comunidad autónoma si ésta es uniprovincial. Es lo que han hecho los 141 municipios de Alicante, cuya recaudación está en manos del organismo autónomo Suma Gestión Tributaria. Creada en 1990, ingresa 807,43 millones de euros cada año de unos dos millones de contribuyentes. Se ocupa de la gestión integral de los tributos, desde la inspección hasta su liquidación y cobro, tanto en periodo voluntario como en la fase ejecutiva.

Así se salvan algunos de las rémoras con que tienen que lidiar los ayuntamientos con menor capacidad de gestión. El Tribunal de Cuentas fiscalizó en 2016 las labores de recaudación de 174 ayuntamientos con una población de 5.000 a 100.000 habitantes. El 10% de ellos carecía de aplicaciones informáticas específicas para registrar la gestión recaudatoria, por lo que el control de los aplazamientos y fraccionamiento de las deudas o los embargos es “manual”. El 20% no tenía política de seguridad para la protección de datos. La implantación del pago telemático de los tributos, además, es muy baja. El informe también alerta de los riesgos de prescripción de muchas deudas tributarias por problemas en las notificaciones de las providencias de apremio. En 2012, el Ayuntamiento de Murcia canceló casi el 20% de sus derechos de cobro de ejercicios ya cerrados porque habían prescrito o afectaban a empresas insolventes.

Otros municipios no exigen el abono de los recargos. Murcia no se los reclama a las administraciones públicas que no han pagado sus impuestos en el periodo voluntario y que le debían 4,33 millones de euros en el momento en que fue fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. Y el de Albacete no lleva a cabo ningún tipo de control sobre lo que recauda por las tasas de agua, alcantarillado y estacionamiento.

La salida de la vía de un camión que transportaba elefantes ha provocado este lunes el corte de la A-30 a su paso por Pozo Cañada (Albacete), entre los kilómetros 23 y 24, en sentido Murcia, durante varias horas de la tarde. El conductor del camión no ha resultado herido.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, quienes han explicado que el accidente se ha producido sobre las 16.15 horas. El tráfico fue desviado hacia la N-301 a su paso por el municipio, informó el Ayuntamiento de Pozo Cañada.

De los cinco elefantes que trasladaba el camión, uno falleció y dos resultaron heridos, informó el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, que sobre las 19.15 horas advirtió de que la circulación había quedado restablecida en la vía.

Serrano señaló que, según las investigaciones preliminares, el accidente se produjo después de que el camión que transportaba los animales adelantara a un vehículo de transporte especial y, al incorporarse en el carril derecho, volcase. 

En el operativo movilizado por el 112 intervinieron agentes de la Guardia Civil de Albacete y efectivos de Obras Públicas. 

Fundación Alma Animal denunció este lunes que los elefantes que transportaba el camión accidentado procedían del Circo Gottani, tras varios días en el municipio de La Gineta "huyendo de la prohibición de la capital albaceteña de los circos con animales".

Por su parte, la presidenta del partido animalista Pacma, Silvia Barquero, reclamó "un poco de empatía". "Tratamos a los animales como esclavos. Basta ya de circos con animales,", ha reclamado.

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha querido lanzar un mensaje de "mucha tranquilidad" a los ciudadanos de la provincia de Albacete y la comarca en la que se ha producido este incendio.

"Todo esto se ha hecho poniendo por delante la prudencia y la seguridad de las personas", ha indicado el consejero, quien ha agregado que un incendio como este "es un fenómeno muy difícil de prever" y se ha mostrado satisfecho de la colaboración con la Administración General del Estado, la UME, la Guardia Civil y el propio dispositivo de la Junta de Castilla-La Mancha.

Martínez Arroyo ha apuntado que la lucha contra el incendio va a continuar "con todos los medios necesarios". Además, ha destacado la "importante solidaridad" de los habitantes de la comarca afectada, así como de todos los alcaldes al ponerse a disposición del Gobierno de Castilla-La Mancha para realojar a todos los desplazados.

"Estamos trabajando todos en la misma dirección, que el incendio no tenga efectos sobre las personas y el mínimo posible sobre el medio ambiente", ha manifestado el titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.

Hasta el momento, según ha añadido, son cerca de 250 las personas que trabajan en la lucha contra las llamas, incluido el personal de la UME, además de los medios aéreos. "Un dispositivo muy importante para hacer frente a un incendio muy relevante", ha concluido.

La diputada del PSOE en el Congreso Zaida Cantera, afín al ex secretario general Pedro Sánchez y candidato a liderar el partido, y Guadalupe Martín, diputada socialista por Toledo, se han cruzado duros mensajes en Twitter este viernes en relación con los problemas que está habiendo con las afiliaciones en la provincia de Albacete.

La discusión ha empezado a raíz de un comentario de Cantera sobre la noticia de que el PSOE de Castilla-La Mancha, dirigido por Emiliano García-Page, ha afirmado que en un cajón de la sede central del partido, en la calle Ferraz de Madrid, aparecieron, un día antes de la dimisión de Sánchez, unos formularios de afiliación "sin las oportunas garantías ni certificaciones".

La cúpula de los socialistas manchegos ha censurado que los sanchistas no den explicaciones sobre esos formularios mientras, por otro lado, piden a la Gestora del partido hablar del censo y de la paralización de casi 200 afiliaciones en Albacete, cuestiones clave para el proceso de primarias en el que se elegirá al próximo secretario general.

Refiriéndose al PSOE de Castilla-La Mancha, Zaida Cantera ha dicho que "algunos deberían mirarse en el espejo antes de criticar, y mirarse bien". Este comentario no ha gustado a Guadalupe Martín, que le ha contestado a través de Twitter: "A ver si te cortas un poquito, por favor. No faltes el respeto a nadie".

La diputada sanchista ha respondido a su vez que no se corta "nada en absoluto" porque no es "cínica". "Y no me vengas tú a hablar de respeto porque no lo falto. Antes de hablar, autocrítica", ha manifestado.

"Lo que me faltaba. ¿Quién te has creído que eres para decir lo que puedo o no opinar? ¿No te gusta? Perfecto. Pero es respetuoso", ha añadido la excomandante del Ejército de Tierra.

Guadalupe Martín defiende a Page

La diputada manchega ha contraatacado preguntando a Cantera quién es ella "para criticar a un compañero secretario general y presidente", en referencia a García-Page. "¿Como has acumulado tanto odio? Déjalo fuera del PSOE", ha pedido.

Los últimos mensajes los ha escrito la diputada por Madrid, que ha afirmado que tiene "cero" odio y que la que debe dejar "el sectarismo fuera del PSOE" es Martín. Además, ha indicado que ella es "una ciudadana más y una militante más con derecho a opinar": "¿Acaso te crees que es especial o superior? Él opina; yo también. Libertad", ha dicho sobre el líder del PSOE de Castilla-La Mancha.

El temporal de nieve que afecta a España ha obligado a suspender la circulación de trenes de Alta Velocidad entre Albacete y Alicante y la línea convencional entre La Encina y Chinchilla, en la provincia de Albacete, así como en la línea en la línea Xàtiva-Alcoy, en la provincia de Alicante. Cinco trenes de la línea de AVE Madrid-Levante, con unos 1.500 pasajeros, están detenidos en Albacete debido a la intensa nevada.

Las condiciones meteorológicas adversas por acumulación de hielo y nieve en diversos puntos del trayecto han afectado a la infraestructura ferroviaria y al material. La persistencia del temporal durante esta tarde mantiene la interrupción del tráfico ferroviario entre Albacete y Alicante, ha informado Renfe en un comunicado.

Para garantizar la continuidad de los trenes afectados en el trayecto, Renfe ha establecido un plan de transporte con el envío de dos trenes Alvia S 730 híbridos, de tracción diesel y eléctrica, para transbordar a los viajeros hasta destino.

Técnicos de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), entidad pública responsable de la gestión de las infraestructuras ferroviarias, trabajan en la zona para despejar las vías y poder reanudar el servicio ferroviario en los tramos citados.

Durante la jornada de este jueves se han visto afectados por el temporal 13 trenes de Larga Distancia y Media Distancia que han circulado por la vía convencional entre Alicante, Albacete y Valencia, con retrasos entre 60 y 180 minutos.

Por lo que se refiere al servicio de Alta Velocidad Alicante-Albacete-Madrid hasta el momento se han visto afectados 6 trenes con retrasos entre 90 y 200 minutos por diversas incidencias provocadas por el temporal durante el trayecto. Los viajeros afectados por estos retrasos serán indemnizados de acuerdo con el Compromiso Voluntario de Puntualidad de Renfe.

En el caso de la línea Xátiva-Alcoy, se ha suspendido la circulación de trenes desde las 12.45 horas debido a la acumulación de nieve en la vía, así como la caída de árboles en diversos puntos del trayecto, lo que ha afectado a la infraestructura ferroviaria.

Las condiciones meteorológicas adversas y el trafico restringido de las carreteras de la zona no han permitido establecer un plan alternativo para garantizar la movilidad de los viajeros. Técnicos de Adif trabajan en la zona para despejar las vías y poder reanudar el servicio ferroviario.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, está reunido esta noche con el Gabinete de Crisis del Departamento, donde sigue permanentemente la evolución de las fuertes nevadas que están complicando la comunicación ferroviaria con el Levante español. El Ministerio ha informado de que acompañan al ministro el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, y el director general de Carreteras, Jorge Urrecho, además de estar "permanente en contacto" con los presidentes de Renfe, Juan Alfaro; y de Adif, Juan Bravo.

Como ya es tradición cada última semana de abril, las tiendas de campaña han comenzado a florecer en Villarrobledo (Albacete). La razón es de sobra conocida: llega el turno de uno de los festivales más multitudinarios de toda España, Viña Rock, con el que solo compiten en afluencia Arenal Sound y Rototom Sunsplash (que tienen una duración superior, de seis y ocho días, respectivamente). Además, este año se celebra su vigésimoprimera edición, que ya apunta maneras para superar a las anteriores.

Pero no todo ha sido igual en estas dos décadas. Lo que comenzó siendo un certamen de un día de duración, que reunía a poco más de una decena de los mejores grupos del rock alternativo y urbano, se ha convertido en un macrofestival que cada vez gana más adeptos y engloba más géneros. Sin ir más lejos, las últimas ediciones la organización ha dado cifras de asistencia de 200.000 personas, parte de las cuales no entra al recinto de conciertos, sino que pasa el fin de semana en el ambiente de la acampada.

En esta edición, Viña Rock contará con un total de ocho escenarios, entre los que se encuestra la nueva apuesta musical de este año: ViñaDub, un intento de acercar la cultura Sound System al festival, y que este año tiene como principal reclamo a Mad Professor. 

En el resto de espacios habrá música para (casi) todos los gustos. Los géneros originarios del festival –punk, rock, metal, ska...– estarán representados a través de los acordes de grupos como Berri Txarrak, Boikot, La Fuga, Def Con Dos, Talco, Hamlet, Reincidentes, La Raíz o Lendakaris Muertos. 

No será el único estilo que suene en Villarrobledo durante el fin de semana. El cartel de rap cuenta con artistas de primera línea: Sfdk, Sho Hai, Nach, El Chojin, Los Chikos del Maíz, Duo Kie, Tote King... Y el reggae tendrá su propio escenario, al que se subirán, entre otros, Fyahbwoy o Morodo. También habrá grupos cuyo género no se adscribe a ninguno de los anteriores. Es el caso de Chambao, El Kanka, La Pegatina u Marinah (cantante de Ojos de Brujo).

Además, como ya es costumbre desde hace unos años, Viña Rock contará con grupos internacionales, entre los que destacan The Skints, Skindred, Anthony B y A.N.I.M.A.L.

Aún quedan algunas entradas para asistir al festival al precio de 85 euros, aunque previsiblemente alcanzarán los 90. El precio de salida en septiembre fue de 25 euros.

Al igual que otros años, aquellos que no hayan podido (o querido) desplazarse hasta Villarrobledo, tendrán la opción de seguir los conciertos a través de la plataforma de streaming Dailymotion, según ha confirmado la organización. No obstante, aún no se conoce qué actuaciones se emitirán.

No solo música

Desde hace algún tiempo, en Viña Rock no solo hay música. El evento, que se autodenomina 'festival de arte-nativo', trata de recoger otro tipo de inquietudes culturales y sociales, habiendo albergado en ediciones anteriores rampas de skate o murales en los que pintar. 

Este año esta pata del festival ha quedado algo más coja, únicamente representada por lo que ya parece una zona inamovible: Viña Grow. Se trata de una feria cannábica dentro del propio recinto en de la cual se pueden encontrar tiendas, espacios para el descanso, puntos de información sobre el cannabis, conferencias, talleres, debates y hasta monólogos de Comedy Central.

El caso de la maestra jubilada que ha sido sancionada por Hacienda con casi 24.000 euros por dar clases de manualidades en la Universidad Popular de su localidad, Ossa de Montiel (Albacete), al mismo tiempo que percibía la pensión como profesora retirada; ha reabierto el debate sobre la firmeza con la que el Ministerio de Hacienda persigue ciertos fraudes que se pueden considerar menores en contraposición al descenso progresivo en las denuncias por delito fiscal o los recurrentes pactos a los que recurren los grandes defraudadores para eludir la cárcel. 

Tal y como informó la Cadena Ser, esta mujer jubilada, Maruja, está obligada a abonar 636 euros al mes hasta que pueda pagar la cantidad adeudada más los interes y la sanción. 

Desde el 2013 –así se acordó en la reforma de las pensiones aprobada ese año– es posible compatibilizar el cobro de la prestación publica de jubilación con el trabajo parcial en el caso de que los ingresos anuales totales no superen el salario mínimo interprofesional (655 euros al mes) en cómputo anual. Y esa fue la situación de Maruja. El problema es que su caso se remonta a 2009, antes de la reforma. Los escritores con más de 65 años tienen que elegir entre cobrar la pensión o seguir escribiendo son otros de los damnificados por esta reforma. 

En 2009 la Universidad Popular de Ossa de Montiel le pidió que diera clases de manualidades al tiempo que cobraba una pensión de jubilación como maestra. En el propio centro aseguran que desde la Administración se les dijo que no había ningún problema al ser muy pocas las horas, dos por semana; y exiguo el salario, 91 euros mensuales. Aunque entonces nadie pensó que los dos cursos que impartió Maruja pudieran causar ningún conflicto legal o económico, años después le ha llegado una sanción de parte de Hacienda de más de 23.000 euros. El caso ha causado un gran revuelo en este municipio albaceteño de poco más de 2.500 habitantes.

José María Mollinedo, portavoz del sindicato de los técnicos de Hacienda (Gestha), señala en relación a este caso que llama la atención el hecho de que la Agencia Tributaria priorice "el control sobre los contribuyentes de perceptores de rentas de trabajo mientras descuidan otros ámbitos, como las grandes empresas y fortunas". Y apuesta por  destinar "el mismo esfuerzo" a la persecución de las grandes fortunas y empresas que el que se está dedicando a los pequeños contribuyentes.

"Cualquier pequeña incorrección es detectada enseguida, mientras que estamos viendo como ante los grandes casos de fraude la Hacienda pública, ya sea a través del ministerio o las intervenciones estatal o autonómicas, sólo actúa en auxilio judicial y no tomando la iniciativa de descubrir las grandes bolsas de fraude como debería hacerse", lamenta Mollinedo. 

Qué dicen las cifras 

Las memorias de la Agencia Tributaria evidencian cómo hay un descenso progresivo en el número de denuncias que se presentan ante el Ministerio Fiscal por delito contra la Hacienda Pública. Durante 2014 el organismo encargado de la recaudación de impuestos presentó 391 denuncias ante la Fiscalía tras detectar fraudes superiores a los 120.000 euros en un mismo ejercicio, que es cuando se considera que podría existir delito fiscal. Esa cifra contrasta especialmente con la de 2011, que es el ejercicio en el que más se presentaron desde 2007, el primer año que se considera comparable con el último por una cuestión de metodología en la recogida de datos de la agencia. En 2011 fueron, en total, 1.014. 

Los datos evidencian también que aunque se hacen más actuaciones de control –fueron 29.561 en 2014, un 22% más que en 2011– la cifra de deuda liquidada como consecuencia de las acciones de inspección sigue a la baja. En 2014 fueron 4.987 millones, por los 5.510 de 2011. 

A juicio del portavoz de Gestha estas cifras tiene que ver con lo que él define como un planteamiento "de péndulo" en la Agencia Tributaria. Explica que en los últimos años la directriz del Ministerio de Hacienda ha sido la de "primar la cantidad a la calidad" en las actuaciones de inspección. 

Esta estrategia, amplía Mollinedo, es muy positiva para las grandes compañías porque no se pone la lupa sobre ellas. La tendencia, explica, se dirige a buscar contribuyentes convencionales que no realizan fraudes complejos y que no tienen acceso a gabinetes jurídicos especializados para defenderse. "Lo más sencillo es hacer el trabajo burocrático de investigar un pequeño negocio o compañía mediana. Ahí la Administración sabe que, si hay fraude, va a recaudar porque no va a haber litigio posible y eso contribuye a aliviar la tensión del déficit", añade. Según datos de Gestha, las grandes empresas y fortunas concentran el 72% de toda la evasión.