Crisis demográfica

De reabrir oficinas bancarias a primar a los funcionarios: lo que reclama la España vaciada (y lo que responde cada partido)

Una manifestante se hace una foto durante una manifestación convocada en València para reivindicar la necesidad de "no perder el tren" del Corredor Cantábrico-Mediterráneo

El 90% de los españoles viven en el 30% del territorio. El 60% de los pueblos cuentan con dos mayores de 65 años por cada menor de 15. Diez comunidades autónomas tienen un saldo vegetativo negativo: muere más gente de la que nace. El Gobierno trabaja con la previsión de una pérdida de más de medio millón de habitantes en 2031 y más de 5 millones en 2066. Obviamente, es difícil que asuntillos como estos rivalicen en cobertura televisiva con otros de la enjundia de las pistolas de Vox y las peticiones de perdón por la toma de Tenochtitlan, pero este domingo podrían tener su día de protagonismo... Al menos va a intentar que así sea la llamada "España vacía", esa cada vez más alicaída demográficamente, pero llena de atractivo electoral, que sale a la calle, a las puertas del 28 de abril, pidiendo que se la escuche. Y recordando que vota y que su voto es decisivo. La cita es a las 12.00 en la plaza Colón de Madrid, que pasa de la manifestación rojigualda de PP, Cs y Vox al grito del mundo rural, donde los tres artefactos que determinan la demografía –natalidad, mortalidad y migración– dan síntomas de avería.

Escondido casi siempre detrás de lo urgente, lo importante reclama su sitio en la campaña. Porque todos los partidos coinciden en que el problema es de la máxima importancia. "Un problema de Estado", coinciden. La segunda oleada despobladora ya no deja a salvo cabeceras de comarca ni capitales. Se vacían provincias enteras. Ante el avance imparable de este fenómeno, ¿qué hacer? ¿Qué piden Teruel Existe, Soria Ya, Jaén Merece Más y los demás puntales de este movimiento de hartazgo que abarca desde la aldea sin niños hasta la capital de provincia sin tren? ¿Y qué ofrecen las instituciones y los partidos? infoLibre hace repaso de reivindicaciones y propuestas, centradas en aspectos fiscales, financieros, formativos, tecnológicos y de servicios públicos e infraestructuras. Los obstáculos son múltiples. El primero, que falta –al menos ha faltado hasta ahora– impulso político. El último, que una respuesta eficaz a la España vacía –"vaciada", dicen los manifestantes, para subrayar que el fenómeno no cae del cielo– exige replantear el modelo de desarrollo social y económico español.

  "España Vaciada": transporte, servicios y fiscalidad

Hace 20 años, Paco Juárez, siendo el único funcionario de inspección de consumo de Teruel, recorriéndose una provincia carcomida por el avance de la nada, decidió sumarse a una lucha, a un grito, el de "Teruel existe". La lucha había empezado en el verano de 1977, en Miravete de la Sierra, donde se celebraron las jornadas "Salvemos Teruel". Entonces el problema parecía ceñido a la más despoblada provincia aragonesa. Y durante lustros aquello del "Teruel existe" sirvió, junto a las crónicas de Las Hurdes, como aliño carpetovetónico para cerrar el telediario sobre la España europea y en desarrollo. Hoy la España vacía es un problema de Estado y medio país se ha teruelizado. Juárez, 20 años después, es uno de los impulsores de la manifestación del domingo. "Estamos impresionados por el número de adhesiones", dice.

Los convocantes de la "Revuelta de la España Vaciada" son Teruel Existe y Soria Ya, pero se han sumado 90 colectivos de 22 provincias. Ejemplos: La Otra Guadalajara, Plataforma Cívica por Cuenca, Viratos Zamora, Plataforma por el Tren a Extremadura Milana Bonita, Amigos del Ferrocarril de Baza (Granada), Cáceres se Mueve, Todos a Una por Linares, A 11 Pasos de Valladolid, SOS Cameros La Rioja... Se trata de un retablo de la España invisible. Esto, sumado a la diversidad ideológica entre sus integrantes, ha llevado a la decisión de pedir a los asistentes de partidos y sindicatos que no lleven banderas. El deseo es que no haya apropiaciones políticas.

La elaboración de un mensaje aglutinante está siendo difícil. "Hay dos sensibilidades", admite Juárez, que niega conflictos en el seno de la protesta. Por un lado, está la España en despoblación, sobre todo rural; por otro, la mal comunicada, no necesariamente rural. "Teruel Existe apoya a Jaén Merece Más, aunque los problemas no sean los mismos. El intento es unir la reivindicación de la España vaciada con la que pide infraestructuras, porque todos queremos igualdad de derechos", dice.

Los convocantes reclaman, en el plano general, "igualdad, vertebración y equilibrio territorial". Quieren llamar la atención de España y de la UE: "Los fondos de cohesión han realizado lo contrario a su objetivo y es el momento de que “Europa visualice que en España hay un gravísimo problema, en el que más de la mitad de su territorio no está cohesionado a pesar de la gran cantidad de fondos que han destinado para ello [...]”. Para encontrar mayor nivel de concreción, Juárez remite a una campaña de recogida de apoyos en Change.org, que tiene la limitación de meter bajo un mismo paraguas reivindicaciones de provincias y colectivos con problemas no siempre homogéneos. La campaña señala que en el 70% del territorio viven sólo 4,5 millones de españoles y exige: integración de las zonas de baja densidad de población en las grandes redes de transporte, banda ancha, una "dotación presupuestaria realista" de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, una PAC para mejorar la competitividad de las explotaciones familiares, ayudas a las nuevas generaciones del agro, una fiscalidad especial, garantía de acceso en igualdad a servicios públicos, incentivos a las entidades financieras para abrir el grifo del crédito...

Como es obvio, estas generalidades son defendidas a grandes rasgos por todos los partidos. Por eso los promotores de la campaña inciden en la necesidad de afinar y de pasar de las palabras a los hechos. "Carecemos de plan, de método y de criterios solventes sobre qué medidas se deberían aplicar y cuáles no: [...]. Y, sobre todo, nos falta la cercanía y comprensión de los decisores públicos, radicados fundamentalmente en las ciudades. Esta España vaciada es, hoy por hoy, un país mentalmente lejano, incomprendido y ajeno para las fuerzas que gobiernan la España oficial", señala el documento, que lleva la firma de Teruel Existe y está dirigido al Parlamento Europeo. Porque es en la UE donde tienen que redactarse muchas de las respuestas. Como subraya Juárez, provincias como Teruel han alcanzado una "falsa convergencia" europea al subir el PIB per cápita por falta de población. Ello dificulta la recepción de fondos de compensación comunitarios, reduce los porcentajes de incentivos y dificulta el acceso a programas de desarrollo de infraestructuras. Es decir, no es sólo que la España vacía se empobrece, es que en Bruselas –dicen los manifestantes– no lo notan.

  FEMP: presupuesto y crédito

Que la despoblación y el envejecimiento son desafíos monumentales que requieren soluciones comunitarias no es nuevo. Ahora el volumen de la controversia ha subido por la campaña electoral y la manifestación, pero ya ha habido responsables públicos sentados a una mesa abordando el tema y mirando hacia Madrid y Bruselas. Una de las mayores profundizaciones la hizo la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).

Su Comisión de Despoblación, liderada por el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez (PSOE), aprobó en 2017 un listado de medidas respaldadas por unanimidad por alcaldes socialistas, de PP e IU. En primer lugar, los integrantes de la comisión pedían una delimitación exacta del problema. Porque, increíblemente, las dudas sobre competencias y delimitaciones conceptuales a menudo lastran las iniciativas. La FEMP propone la incorporación "explícita" a todos los presupuestos de una partida de "estrategia demográfica", sellos de calidad para la producción local, una regulación del sistema financiero que "obligue" a los bancos a dar crédito... Las propuestas no son el colmo de la originalidad. No pueden serlo. El abanico ya es conocido: fiscalidad, incentivos, créditos, fondos europeos, formación, comunicaciones, servicios públicos. La FEMP propone coordinación administrativa para evitar la pérdida de patrimonio monumental y un plan contra la brecha digital para que en 2020 todos los hogares y empresas puedan disponer de conectividad con banda ancha de al menos 30 megabits por segundo (Mbps), que serían 100 Mbps si el pueblo tiene más de 1.000 habitantes.

  Autonomías: financiación adaptada

En septiembre de 2018 seis presidentes autonómicos, de PP y PSOE, dieron un puñetazo en la mesa. No es que dejaran de tener presentes sus siglas, pero –en un gesto infrecuente– decidieron anteponer su gran problema en común. Y evidenciaron un gran objetivo de la España vacía: convertirse en un actor político decisivo. Los jefes de los Ejecutivos de Galicia, Asturias, la Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón, con más del 50% de la superficie y de los pueblos de España, pero con poco más del 20% de de la población, consensuaron la reclamación de un modelo de financiación autonómica que dé respuesta al "coste efectivo" de los servicios esenciales, más caros de prestar cuando hay que llevarlos a pueblitos pequeños y mal comunicados. La reunión tenía un trasfondo político marcado por el procés. Los presidentes exigieron que la reforma se hiciera sin dar trato preferencial a Cataluña.

Ese foro de presidentes no ha tenido mayor recorrido, pero es previsible que estas posiciones reaparezcan en un hipotético debate sobre la financiación autonómica o el rediseño del sistema territorial. Los debates políticos en estas autonomías son los más marcados por la despoblación y el envejecimiento.

  PSOE: estrategia, formación e incentivos

El PSOE hace suya la Estrategia Nacional contra el Reto Demográfico del Gobierno, presentada este viernes. El documento es resultado del trabajo del Comisionado del Gobierno para el Reto Demográfico, creado en 2017 durante la etapa de Mariano Rajoy (PP). Las 110 medidas presentadas el miércoles por Pedro Sánchez, menos detalladas que un programa tradicional, incluyen para el mundo rural una reducción de cargas administrativas y fiscales, programas itinerantes de formación profesional, promoción del turismo sostenible, potenciación de la UNED, apoyo al relevo generacional en el campo, aumento de las aportaciones públicas al sistema de seguros agrarios.

El PSOE ya incluyó en su programa de 2016 una delimitación territorial del problema, algo que parece de cajón pero que no es tan frecuente. Soria, Cuenca, Teruel y Jaén, entre otras, son consideradas el núcleo del problema por el PSOE, que defiende la creación de un mapa de comarcas que no lleguen a los 10 habitantes por kilómetro cuadrado, para aplicar allí compensaciones en servicios básicos, empleo...

Antes de la moción de censura que lo aupó a la Moncloa, Pedro Sánchez defendió en una entrevista con la revista Presura que España imitara a Francia, donde prolongados esfuerzos estatales han desembocado en una menor pérdida de densidad de población de sus áreas rurales (lo cual no significa que no haya un deterioro del medio).

  PP: maternidad, diputaciones y la UE

El presidente del PP, Pablo Casado, afirma que España se encuentra en un "invierno demográfico" que pone el peligro la viabilidad del Estado, por lo que defiende una "cultura progresista de la vida". “Si queremos financiar las pensiones debemos pensar en cómo tener más niños, no en abortar”, ha declarado, pese a que todos los estudios sobre el estancamiento demográfico restan importancia al aborto como causa e inciden más en aspectos socioeconómicos y culturales.

Obviamente, a pesar de este énfasis de Casado, el rechazo al aborto no es la medida central contra el despoblamiento y el envejecimiento del PP, partido de fuerte implantación rural. Preguntado sobre las soluciones concretas, el PP destaca que Rajoy impulsó la "tarifa plana de 50 euros durante 24 meses para los emprendedores de municipios de 5.000 habitantes", entre otras políticas. Mirando al futuro, El PP –que aún no ha cerrado su programa– defiende la extensión de las nuevas tecnologías, el fortalecimiento de la red de transporte, el reforzamiento del papel de las diputaciones. "Mientras otros partidos piden su eliminación, el PP quiere fortalecerlas", señala el partido, metiendo una puya a Cs.

Para buscar detalle hay que ir al paquete de medidas que el PP presentó un febrero en el Senado. Ahí sostiene que la UE debe "implicarse" en los "desafíos demográficos", una certeza compartida por todos los actores implicados, expresiva de la impotencia de los Estados-nación para plantar cara al vaciamiento. Volviendo a los aspectos más cargados de ideología, uno de los cuatro bloques de las medidas del PP "frente al reto demográfico y la despoblación" se sitúa bajo el epígrafe de "apoyo a las familias y a la natalidad". Ahí se integra una "ley de protección de la maternidad, la infancia y la familia", cheques familiares, la consideración como "numerosa" de las familias con dos hijos, "medidas de apoyo a la mujer embarazada"... Es elocuente del nivel de desconocimiento que aún existe sobre el problema que el partido de Casado señalara que Eurostat aún debe ofrecer "un mayor grado de pormenorización de los datos" para orientar las políticas.

  Unidas Podemos: servicios, agricultura e igualdad

La tesis en el seno de Unidas Podemos es que "ya no hay que hablar de despoblación, sino de repoblación", en palabras de la diputada Eva García Sempere, que apunta las ideas generales: recuperación de servicios públicos, oficinas bancarias y de correos, vertebración territorial a través del transporte, reducción de la brecha digital, una PAC orientada a vencer la "tremenda desigualdad" de las mujeres, desarrollo de la ley de cotitularidad de explotaciones agrarias. "Y cultura", puntúa García Sempere. "Un pueblo necesita infraestructuras para generar y consumir cultura, los pueblos no son sólo bares".

La propuesta de medidas que maneja Unidas Podemos, que aún no ha cerrado su programa, parte de un diagnóstico crítico sobre el modelo productivo y la construcción europea sobre bases neoliberales. Y propone otro modelo en el que prime la explotación familiar agraria y ganadera, los circuitos cortos de comercialización, los productos de calidad diferenciada, la incorporación de la gente joven, el mayor protagonismo de la mujer. Se trata de apostar por el campo como foco de empleo agroganadero. Eso en cuanto a modelo. ¿Medidas? Ahí van dos: actividades formativas para mujeres mayores de 45 años, programas de desarrollo de agricultura y ganadería orgánicas, con prohibición del uso de organismos modificados genéticamente en la producción de alimentos. Unidas Podemos pone el énfasis en una PAC pensada para "defender la agricultura familiar, proteger el medio ambiente y poner coto al control de la cadena agroalimentaria por parte de grandes empresas". Defiende que incorpore una regulación para paliar la posición de dominio de las distribuidoras, que se eliminen las ayudas a quienes incurran en "explotación laboral" y que refuerce la economía social.

Aunque las propuestas se centran en la agricultura, hay otras medidas como ayudas y asesoramiento para el comercio, incentivos económicos para los empleados públicos que fijen residencia en municipios despoblados, fiscalidad ecológica –"el que contamina, paga"– que revierta en el entorno rural, captación de viviendas vacías para formar bolsas municipales, un mapa de distancias –en espacio y tiempo– a los servicios básicos que sirva para guiar la política de infraestructuras. El ferrocarril público es la principal apuesta en infraestructuras, en línea con el programa de 2016.

Ha habido propuestas llamativas a nivel autonómico. En la campaña de Andalucía, el coordinador de IU, Antonio Maíllo, número 2 de Teresa Rodríguez, propuso afrontar la salida de población en las áreas más castigadas mediante su repoblación con refugiados e inmigrantes de fuera de la UE. En Castilla y León Podemos ha propuesto una "renta rural" de 900 contra la despoblación (el salario mínimo) y un banco de tierras, medidas que –hasta la fecha– no se han extendido al ámbito estatal.

  Cs: rebaja del IRPF

Ciudadanos, un partido de origen urbano –hasta en el nombre–, ya no lucha sólo por irrumpir, como en 2015. Ahora aspira, aunque ahora no atraviesa su mejor momento demoscópico, al liderazgo en el campo conservador. Eso es imposible sin fuerza en el ámbito rural. El candidato que presume de cosmopolita, Albert Rivera, el que sueña para sus hijos con unos "Estados Unidos de Europa", hace precampaña en un tractor, modula su propuesta de suprimir las diputaciones –ahora habla de un "consejo de alcaldes"– y ha sido ya el primero en lanzar una propuesta llamativa: una rebaja fiscal de hasta el 60% del IRPF para los que vivan y trabajen en municipios de menos de 5.000 habitantes o con densidad inferior a 8 hab/km2. Es "una forma de atraer a los españoles hacia los pueblos y de revitalizar el comercio y la economía rural", señala el partido naranja. En España hay 6.825 pueblos de menos de 5.000 habitantes: 1.360 de hasta 100 habitantes; 2.627 de entre 101 y 500; 1.008 de entre 501 y 1.000; 877 de entre 1.001 y 2.000; 479 de entre 2.001 y 3.000, y 474 de entre 3.001 y 5.000. En total, más de 5,7 millones de habitantes.

La propuesta no está detallada a nivel legal, donde podría encontrar problemas si no se inserta en un régimen fiscal excepcional, caso del que tienen Euskadi, Navarra o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. También la UE es terminante contra las normativas fiscales ad hoc. infoLibre se interesó por el encaje legal, sin éxito.

Ciudadanos asegura a través de un portavoz oficial que presentará un "Plan Nacional contra la Despoblación" con "medidas urgentes" que serán incluidas en el programa electoral. El asunto ha ganado peso con respecto al programa de 2016, donde ni siquiera aparecía mencionada la "despoblación" y el énfasis estaba en la fusión de municipios.

  Vox: sin respuesta

Vox es el partido que tiene menos propuestas para la España vacía, tanto generales como detalladas. No hay una sola alusión a la despoblación ni al envejecimiento de la población en su documento 100 medidas para la España Viva. En el ámbito rural, el partido de Santiago Abascal protege la caza, "como actividad necesaria y tradicional del mundo rural". También se compromete a "combatir" la desigualdad de oportunidades entre el medio rural y el urbano, que afecta al acceso a internet, las infraestructuras, la educación, la cultura... Vox prevé también "incentivos para los profesionales del mundo rural y potenciar cursos de formación".

Preguntado por infoLibre por medidas concretas, un portavoz del partido de extrema derecha se negó a ofrecer respuesta alguna con la siguiente frase: "No queremos tener ningún tipo de colaboración con vosotros".

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