Casi 9.000 personas murieron esperando una resolución del sistema de la dependencia en el primer trimestre de 2026, según el Observatorio Estatal para la Dependencia, que eleva la lista de espera en hasta 271.556 personas, ya que no excluye las que llevan menos de seis meses (plazo establecido por la ley) como hace el Ministerio de Derechos Sociales, que la fija en 152.249 personas.

Así figura en el informe del observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales publicado este viernes tras presentar Derechos Sociales los datos del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) a 31 de marzo de 2026, y que critica que el Ministerio y las comunidades proclamen que se bate el récord de personas atendidas cada año "para justificar su triunfalismo y ocultar la realidad".

El observatorio cuantifica en 271.556 las personas en listas de espera (13.389 más que a finales del pasado año): 118.716 pendientes de una valoración y 152.840 esperando prestaciones y servicios que tienen reconocidos.

Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales no incluye en la lista de espera a las personas que llevan en esa situación menos de seis meses, que es el plazo máximo fijado por la ley para responder a los procedimientos; estima que son 152.249 personas y destaca que esa lista baja un 16,6% en un año.

La asociación critica que no se incluya en la suma total a todas las personas y a sus familias que están esperando durante meses una respuesta de la administración. Según su evaluación, con los datos oficiales, "se necesitarían 86 años para lograr que no hubiese lista de espera".

El observatorio señala que de las 8.996 personas que han fallecido en estos tres meses (992 más que el año pasado a estas alturas), 4.628 lo hicieron esperando ser valoradas y 4.368 a recibir la prestación a la que tenían derecho.

Casi la mitad de estas muertes se concentran en Cataluña (2.886) y Andalucía (1.567), mientras que Galicia es la comunidad con menos fallecimientos en lista de espera, con 21, detallan los profesionales de los servicios sociales.

"Es lógico que, mientras haya decenas de miles de personas en las listas de espera, cada vez aumente más el número de personas beneficiarias, aunque sea con servicios de low cost", reprocha la asociación.

Sobre estas críticas de que el sistema ofrece servicios de bajo coste se ha pronunciado en la presentación del panel la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, que ha reconocido que "el peso de las prestaciones en el total" del sistema "quizá es más alto del que sería deseable".

Ha incidido, no obstante, en que hay "una voluntad y un compromiso por parte de las comunidades autónomas por reducir la lista de espera y por continuar aumentando el porcentaje de servicios que se ofrecen, reduciendo el de prestaciones".

Media mañana del pasado miércoles. Cafetería de la tercera planta del Congreso. En una mesa está sentado el ministro Pablo Bustinduy absorto entre sus papeles en mitad de la escandalera de periodistas y diputados pidiendo café para sobrellevar la larga jornada plenaria. Repasa su discurso, hace con su boli los últimos cambios. En apenas una hora subirá a la tribuna de oradores para defender el decreto para el desarrollo de la ley ELA.

Al mediodía los diputados aprietan el botón. La luz verde inunda la pantalla que corona el techo del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. El resultado es de unanimidad absoluta: 346 ‘síes’ y ningún ‘no’. Se trata de casi un milagro en un hiperfragmentado Congreso, donde al Gobierno le cuesta sudores sacar alguna ley cada semana. En cambio, Bustinduy ha conseguido hacer normal ese apoyo en los últimos días.

La semana anterior Bustinduy también logró el respaldo en la Cámara Baja a la ley de servicios de atención a la clientela, una norma que no acapara grandes titulares, pero que viene a poner coto a las cansinas llamadas de spam que reciben constantemente los ciudadanos en sus teléfonos móviles. Una norma que ya trató de impulsar Leire Pajín en su época como ministra en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que no ha visto la luz hasta bien entrado 2025. Además, supuso un rearme de la mayoría de investidura con el voto a favor de Junts en un momento en el que los de Carles Puigdemont tratan de materializar, en cambio, su divorcio del PSOE.

El titular de Derechos Sociales ha logrado también una victoria política interna dentro de la coalición durante esta semana al forzar que el ala socialista se abra por primera vez a la inclusión en los presupuestos generales de una renta universal por hijos menores de 18 años. Se trata de una medida que impulsan con fuerza de la mano Bustinduy y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, con la idea de crear una prestación de 200 euros mensuales. Desde el ala de Sumar se traslada que en estos momentos tan complicados de la legislatura “hay que mandar la señal a los ciudadanos de que se hacen cosas”.

Bustinduy, asimismo, se ha encontrado con las encuestas a favor en estos momentos. Es el ministro del ala de Sumar con mayor puntuación para los ciudadanos, con un 5,32, y sólo lo supera en la lista general Carlos Cuerpo, del ala socialista y al frente de Economía (con un 5,41), según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La nota del titular de Derechos Sociales no ha dejado de crecer en el último año: en noviembre de 2024 tenía un 4,5 y barómetro a barómetro ha ido incrementando su puntuación.

El ministro tiene mejor imagen, con poca diferencia, entre los hombres (5,34) que entre las mujeres (5,29). Encuentra también sus cotas de valoración más altas en la población con más de 65 años (donde llega hasta los seis puntos), pero también gusta especialmente en el segmento que va entre los 25 y los 34 años (5,69). Los votantes de Sumar le dan un 7,35, siendo el ministro favorito de todos los de ese espacio por encima de Ernest Urtasun, Mónica García, Yolanda Díaz y Sira Rego. Tiene un tirón también importante entre los votantes socialistas (6,90), de EH Bildu (6,58), BNG (6,21) y Esquerra Republicana (6,14).

La imagen creciente de Bustinduy ha hecho que muchos dentro del espacio lo miren ante el complicado laberinto que afronta la izquierda de cara a las próximas elecciones generales con un mapa muy fragmentado, con Podemos alejándose de Sumar cada día más y con la idea de que está agotado el paraguas progresista con el que fueron a las urnas en las pasadas elecciones generales. 

Pero el propio Bustinduy se quiere alejar de esa carrera por encabezar una posible candidatura para las generales. En una reciente entrevista en la Cadena Ser con Aimar Bretos señaló ante la pregunta de si le han planteado ponerse al frente de una lista del espacio: “No, porque todo el mundo sabe que no lo voy a ser. Me dedico en el ministerio a avanzar todo lo que pueda, que ya es una responsabilidad abrumadora”.

Posteriormente se le preguntó si creía que que la candidata debía ser Yolanda Díaz, a lo que Bustinduy contestó: “Es la mejor ministra de Trabajo que ha habido en la democracia española y la vicepresidenta de un Gobierno que tiene mucho por hacer. Tenemos que centrarnos en trabajar”.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales insisten en el trabajo que queda por delante: “Seguimos con nuestro ritmo fijo”. Por ejemplo, ahora están muy vigilantes ante la celebración del Black Friday, para lo que han lanzado la mayor campaña de vigilancia y monitorización de precios hecha hasta la fecha por Consumo. Ya el año pasado este departamento implementó sanciones por valor de 350.000 euros a siete compañías. “Nos tomamos muy en serio reforzar la seguridad de los consumidores en este tipo de eventos”, trasladan desde el entorno de Bustinduy.

Asimismo, el ministerio está poniendo toda la energía en los expedientes que mantiene abiertos a Alquiler Seguro y a Airbnb. Y Derechos Sociales no tira la toalla en el terreno legislativo para sacar adelante la reforma de las normas sobre discapacidad y dependencia. En el anteproyecto se incluye la supresión del régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia y el plazo suspensivo de dos años de las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar. Asimismo, incluye regular la asistencia personal, expandir la ayuda a domicilio y reconocer la teleasistencia como un derecho subjetivo.

Galicia se encuentra entre las comunidades autónomas que menos aportaron al sistema de dependencia el pasado año 2024, siendo además el territorio que menos invierte por persona potencialmente dependiente. Todo esto mientras el Estado también redujo su aportación a la financiación, alejándose de nuevo del 50% que marca la ley y quedándose en el 35%.

Estas son algunas de las principales cifras que se extraen de los datos sobre la financiación de la dependencia recopilados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que aún no han sido hechos públicos por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Según estos datos, la Xunta de Galicia aportó un 65,1% de la financiación al sistema de dependencia frente al 72,9% de media en el conjunto de las autonomías y solo por encima de La Rioja (61,4%), Castilla y León (63,2%) y empatada con Andalucía. El porcentaje en Galicia queda muy lejos del 84% del País Vasco o del 81% de Navarra.

Tal y como explica la entidad, el Gobierno central, a pesar de aumentar su aportación en más de un 5% en 2024, redujo al 27% (un punto y medio menos) su porcentaje de financiación de la dependencia global debido a la falta de un incremento presupuestario en este ámbito y tras dos años sin aprobarse nuevas cuentas. Así, de un total de 12.843 millones de euros de inversión pública en Atención a la Dependencia en 2024, las comunidades autónomas aportaron 9.365 millones (un 13,8% más que en 2023).

Según las bases de datos del Imserso, en el año 2020 llegaron a Galicia algo menos de 95 millones del Estado para financiar las prestaciones de la ley de dependencia, lo que suponía apenas un 23% del gasto total en la comunidad, por lo que casi el 80% fue asumido por la Xunta. Fue entonces cuando el Ejecutivo central puso en marcha su "plan de choque" en la materia: en 2021 financió estos servicios en Galicia con 140 millones, en 2022 ascendió hasta los 162 y en 2023 llegó a los 209,5, lo que representa el 40,69% del total del gasto certificado en este ámbito en Galicia. En 2024 el Ministerio transfirió, según los datos de los responsables de Servicios Sociales, un total de 221,8 millones, que representa el 34,9%, posicionando así a Galicia como el territorio donde el Estado aporta más en términos porcentuales, solo superado por Castilla y León.

En total, la inversión del Gobierno central en dependencia, de casi 3.500 millones, supone triplicar los 1.130 asignados hace una década, en 2014. "No hay precedentes de un esfuerzo fiscal así y lo vamos a mantener hasta cumplir con el acuerdo de Gobierno para financiar el 50% del sistema", explicó este martes el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, tras anunciar en rueda de prensa la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley para reformar, precisamente, la ley de Dependencia.

Esta legislación marca la voluntad, según ha sido expresado en numerosas ocasiones, de repartir la carga económica de este derecho a la dependencia al 50% entre el Gobierno de España y las autonomías. Sin embargo, esto nunca ha sucedido ni en Galicia ni en el resto del Estado.

Sea como sea, y según los datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, Galicia se sitúa a la cola entre las comunidades teniendo en cuenta la inversión en dependencia por persona potencialmente dependiente.

La Xunta aporta 1.317 euros por persona potencialmente dependiente frente a los casi 2.000 euros de media de todos los territorios o los 2.845 euros del País Vasco y los 2.779 de Extremadura.

En cuanto al gasto medio anual por beneficiario, la media estatal es de 8.592 euros, de los que la Administración General del Estado aportó 2.327 como nivel mínimo de protección y las comunidades autónomas 6.267. En el caso de Galicia, el gasto anual es de 8.392 euros, ligeramente por debajo de la media y solo por encima de cinco territorios.

Además, si tenemos en cuenta la inversión per cápita, Galicia tampoco obtiene buenos resultados. La cifra asciende a 235,4 euros, superando únicamente a Murcia y Canarias, y lejos de los 268 euros de media estatal.

Por otra parte, precisamente este martes el Gobierno de España autorizó en el Consejo de Ministros la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales de destinar 52,5 millones de euros a Galicia para financiar el sistema de dependencia dentro de la inversión total que se transferirá a todas las comunidades y ciudades autónomas, de 783,2 millones para la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

"Revalida el récord histórico de 2023 y 2024 para financiar el SAAD, incrementando hasta en 500 millones más la dotación presupuestaria que hubo en 2021", destaca el Ejecutivo central.

También este martes, la Xunta anunció su objetivo de alcanzar este año las 90.000 personas dependientes atendidas tras superar las 84.000 con servicio, lo que supone un incremento del 12% respecto al año anterior.

Según destaca el Gobierno gallego, en el primer semestre de vigencia del Plan de mejora de la dependencia y discapacidad se resolvieron de manera favorable 42.559 expedientes, un 95% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, destaca la Xunta, en este tiempo se implantó la valoración automática del grado III de dependencia para las situaciones más graves y la posibilidad de que las valoraciones se realicen directamente en las residencias públicas por parte del personal sanitario.

Un total de 286.681 personas continúan en la lista de espera para que se le asigne un servicio o prestación del sistema de dependencia: 150.482 tienen ya el derecho reconocido en espera de atención (8.386 más que al empezar el año) y 136.009 aún están pendientes de valoración (8.130 más que hace seis meses). En concreto con estos datos del mes de junio, son 16.536 más que a comienzo de año.

Según destaca el informe del Observatorio estatal para la dependencia con datos oficiales (provisionales) y partiendo de los datos publicados por el propio Ministerio de Derechos Sociales, en los últimos seis meses no solo se redujo el tiempo de espera si no que aumentó hasta los 342 días en junio de 2025, ocho días más que al inicio de año. Así, en estos primeros seis meses de 2025, la lista de espera aumentó en más de un 6% en toda España con la Comunitat Valencia (+21,8%), Madrid (+32,8%), Castilla La Mancha (+63,4%) y Cantabria (+64%) a la cabeza. Con el ritmo actual que tiene el sistema de atención a la dependencia, se tardarían 94 años para lograr la plena atención.

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días). Sin embargo, solo Castilla y León (113), Euskadi (129), Aragón (163), Ceuta y Melilla (163) y Castilla La Mancha (176) están por debajo a ese margen en sus promedios. En el otro extremo estarían Andalucía (574 días), Murcia (564 días) y Canarias (521 días). Además, Murcia (+44 días) y Madrid (+30 días) han aumento de manera importante los tiempos de tramitación en este primer semestre

Aunque durante estos seis primeros meses de 2025, 44.532 personas dependientes más están recibiendo prestaciones y servicios respecto al final del año pasado, se advierte una cierta ralentización en el aumento de personas atendidas. También se ha incrementado el número de prestaciones y servicio en 79.639. A pesar de este aumento, según destaca la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, España continúa con un "sistema low cost" al consolidarse la tendencia de más prestaciones y servicios de bajo coste como la prestación por cuidados en el entorno familiar o la teleasistencia.

Por comunidades, aquellas con un "mayor limbo de dependencia" son Canarias (35,4%), Euskadi (16%), Cataluña (14,5%) y Extremadura (11,8%). En cambio, Aragón (1,5%), Navarra (2,1%) y Cantabria (2,6%) son las autonomías con datos más bajos. Además, siete han aumentado el número de personas en esta situación: Canarias (+44,2%), Castilla La Mancha (+40%) y Madrid (+31,6%) lideran este aumento. Así, más de la mitad (51,7%) de las personas que se encuentran en el "limbo de la dependencia" residen en tres comunidades: Cataluña (39.755), Andalucía (18.749) y Canarias (15.171).

Si se atiende al ratio de personas beneficiarias con prestación, las autonomías que más han aumentado son Galicia (+10%), Canarias (+6,7%) y Asturias (+5,9%). Por el contrario, en Cantabria (-0,8%), Extremadura (-0,5%) y Rioja (-0,2%) son las tres únicas donde han disminuido el número de personas atendidas.

Así, según este informe, el sistema de dependencia en España tras 18 años de implantación es "poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia" por los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad. Desde la entrada en vigor de la ley, 3.699.078 personas han recibido atenciones del Sistema de Atención de la Dependencia. En la otra cara de la moneda, 900.000 personas han fallecido en las listas de espera.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales también destaca que el plan de choque llevado a cabo por el Ministerio ha significado un "importante avance en la reducción de las listas de espera", aunque no ha cumplido con los objetivos por "una paralización en el aumento de inversión para la dependencia". "La interminable dilación de muchos procedimientos tiene como consecuencia el que muchas personas salen de la lista de espera por causa de fallecimiento sin haber recibido las prestaciones o servicios a los que tenían derecho", explican.

La lista de espera del sistema de dependencia ha descendido un 9,4 % en un año, hasta las 182.532 personas, si bien los usuarios han tenido que esperar más para la resolución de sus expedientes, en concreto 10 días más, una media de 338 días.

Por primera vez, Derechos Sociales ha presentado los datos del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que cifra en 1.533.173 las personas que reciben una prestación, 180.851 usuarios más tras un incremento del 7,6 % anual. Una cifra récord, según la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

Martínez ha destacado en rueda de prensa la relevancia de estos números en un contexto de aumento de solicitudes: en el último año ha habido 112.026 solicitudes más, un incremento anual del 5,4 %.

Derechos Sociales incluye en la lista de espera del sistema de dependencia a 182.532 solicitantes, aquellos que hicieron la petición y aún no han obtenido respuesta pasados los seis meses que establece la ley. Otras 84.808 personas han iniciado los expedientes y se encuentran en plazo para obtener respuesta.

Por tanto, son 266.940 las personas que están pendientes de recibir respuesta a sus expedientes.

En marzo de 2025, murieron 2.592 personas que estaban esperando que se evaluara su solicitud o que, habiéndosele reconocido un grado de dependencia, no habían recibido aún ninguna prestación.

El número de personas activas en el sistema de la dependencia a fecha 31 de marzo era de 2.195.095: 1.533.173 tienen alguna prestación, 182.532 personas están en lista de espera, 84.808 solicitantes están en el periodo de seis meses de tramitación de sus expedientes y los 394.582 restantes han sido calificados con un grado de dependencia que no da acceso a prestación.

El número total de prestaciones activas en marzo de 2025 era de 2.144.108, para el millón y medio de personas con acceso a ellas.

Frente a los 180 días que fija la norma, los solicitantes de ayuda a la dependencia tienen que esperar una media de 338 días en obtener respuesta, son 10 más que hace un año.

Con respecto a este incremento del número de días en que se están resolviendo los expedientes (desde la solicitud hasta el acceso efectivo a la prestación), Martínez ha explicado que se debe al aumento de la población que accede al sistema y ha reconocido que, dado que ese número no va a dejar de crecer, constituye un "desafío" dar una respuesta de calidad a estas personas.

Además, ha hecho hincapié en que el número de solicitudes no va a dejar de crecer por la realidad demográfica del país: se espera que de aquí a 2030 sean 400.000 las personas que pidan entrar en el sistema de dependencia.

Martínez ha destacado que aunque los 338 días de media de resolución son superiores a los 328 de hace un año, a finales de 2020 el plazo ascendía a 457.

El 62 % de las solicitantes de dependencia son mujeres y el 38 %, hombres. El perfil que más se repite es el de una mujer de más de 80 años (más de 1,14 millones de solicitantes lo son).

También son mayoritariamente mujeres, de 50 a 65 años, las personas que reciben prestación por cuidados familiares, principalmente por atender a sus madres y padres.

Estos dos datos, ha dicho Martínez, obligan a gestionar el sistema de dependencia con perspectiva de género, tanto a la hora de diseñar políticas de cuidados y apoyos como de analizar el impacto que estos cuidados tienen en la carrera y la calidad de vida de las mujeres.

Por comunidades autónomas se observan grandes diferencias en la lista de espera de la dependencia, desde el 0,01 % de Castilla y León hasta el 8,83 % de Andalucía o el 6,12 % de Cataluña.

Tras Castilla y León, las cifras más bajas se registran en Ceuta (0,22 %), Cantabria (0,34 %), La Rioja (0,42 %), Melilla (0,47 %), Navarra (0,58 %) y Aragón (0,6 %).

Continúan, por orden, Galicia (1,1 %), Castilla-La Mancha (1,59 %), Asturias (2 %), Extremadura (2,43 %), Balears (2,54 %), País Vasco (2,6 %), Murcia (2,92 %), Madrid (3,38 %), Comunidad Valenciana (3,95 %) y Canarias (4,2 %).

Derechos Sociales ha informado de que Castilla y León ha sido la comunidad autónoma con mayor reducción de su lista de espera (con un 96,3 % menos), Cantabria (90,4 % menos) y Aragón (un 53 % menos).

Las diferencias también son ostensibles en los plazos que lleva resolver las solicitudes de prestaciones: 54 días en Ceuta, 115 en Castilla y León y 128 en el País Vasco y 179 en Aragón.

El resto de comunidades superan los 180 días fijados por la ley: 181 en Castilla-La Mancha, 204 en Navarra, 207 en Cantabria, 224 en La Rioja, 247 en Baleares, 252 en Melilla, 264 en Cataluña, 273 en Extremadura, 312 en la Comunidad Valenciana y 320 en Madrid.

Por encima de la media nacional de 338 días, figuran Asturias (342), Galicia (393), Murcia (543), Canarias (549) y Andalucía (587).

La Junta de Andalucía ha decretado el cierre de una residencia privada, ubicada en Málaga capital, por carecer de licencia de apertura pese a haber estado abierta desde hace más de diez años y no contar con las condiciones de habitabilidad e incumplir las condiciones higiénico-sanitarias. El cierre se ha ordenado a instancia de la inspección de los Servicios Sociales de la delegación territorial de Málaga y los ancianos que vivían en este centro privado y sin plazas concertadas con la Junta de Andalucía han sido reubicados, según ha informado a EFE fuentes del Gobierno andaluz.

De la investigación se desprende que en la residencia, presuntamente, se vulneraba la dignidad e intimidad de las personas al no preservarlas durante la higiene y los cuidados sociosanitarios. También había supuestamente un incumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias en las instalaciones, dependencias, equipos, menaje, utensilios y vestuario, entre otros apartados.

Pese a que era una residencia privada, la Junta "ha ayudado, informado, orientado y asesorado en todo lo posible a la familias para la distribución de los residentes", pese a no tener competencias para la reubicación de los mismos, han precisado las fuentes.

Paredes llenas de humedades, excrementos en algunas de las estancias, suelos hundidos, roturas de barandillas, colchones llenos de orinas y la solería de la ducha levantada, son algunas de las escenas que se han encontrado los propietarios del inmueble, que tenían alquilado, al entrar en la finca y que hicieron que uno de ellos se desmayara en el jardín al comprobar que el mismo se había convertido en la "residencia de los horrores", ha asegurado a EFE el abogado que los representa, Andrés Francisco Pérez Plaza.

"La familia está hundida, la propietaria es la única que tiene fuerzas para entrar porque todo está ruinoso", ha lamentado el letrado, que ha advertido de que temen que las personas que han estado en la residencia hayan podido sufrir dejadez y abandono porque hasta hace dos semanas había ancianos. En la denuncia que ha presentado Pérez Plaza, a la que ha tenido acceso EFE, se indica que además de los cuantiosos daños causados, las inquilinas -que ya han alquilado otra finca en la localidad malagueña de Torremolinos para explotarla como residencia de ancianos- les han dejado una deuda de 84.458,75 euros.

Debido a que cada mes la deuda iba a más, los dueños dijeron a las inquilinas, antes de que la Junta decretara su cierre, que necesitaban vender la finca para poder subsistir y pagar la hipoteca que grava sobre la misma, pero ellas "le exigieron dinero para irse" y le amenazaron con que la destrozarían si no accedían, según consta en la denuncia.

El abogado ha explicado que sus clientes no accedieron a la "extorsión" de las inquilinas y que gracias a un amigo de la denunciante, detective privado, pudieron corroborar que se estaban llevando portes de enseres a la nueva residencia tras la orden de cierre de la Junta.

A finales de este mes de marzo, recibieron una llamada de una vecina que le advertía de que el portón de la vivienda estaba abierto y que en la finca no había nadie, por lo que fueron corriendo ante el temor de que fuera ocupada. Fue en ese momento cuando comprobaron que las cerraduras de todas las puertas estaban rotas y "el espectáculo con el que nos encontramos fue lamentable, sencillamente horrible, la finca presentaba un estado de desolación y totalmente incompatible con un uso normal de la misma", se refiere en la denuncia.

La propietaria de la casa, María Salud Sotorrio Baena, ha asegurado a EFE que nunca podían imaginarse que la finca pudiera dejarse en ese estado de abandono: "es desolador, horrible, porque nosotros le dejamos una casa maravillosa para que estuvieran aquí los residentes y ancianos muy bien cuidados y ahora todo es abandono y suciedad". Se ha preguntado cómo han podido tener ancianos hasta hace quince días, "nos consta que en los últimos días había dos", ha asegurado entre lágrimas Sotorrio Baena, que ha relatado que "la nevera, el horno, el lavavajillas, todos los electrodomésticos de la cocina están totalmente oxidados y con mugre de años. Esta suciedad no puede ser de dos o tres meses".

Fueron catalogadas como trabajadoras esenciales. Eran aplaudidas cada día desde los balcones de toda España. Y fue entonces cuando salieron a la palestra las condiciones en las que trabajaban: eran pocas, sufrían contratos precarios y la carga de trabajo siempre era elevada. Las residencias de mayores se situaron entonces en uno de los focos del nuevo modelo de cuidados del Gobierno, y sus empleadas en uno de los pilares a mejorar. El problema es que han pasado ya cinco años y no ha ocurrido. Y en eso coinciden todas, trabajen donde trabajen.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se mostró tajante cuando le preguntaron las socias y socios de infoLibre. "La pandemia dejó claro que las trabajadoras y trabajadores del sector de los cuidados son imprescindibles. Sin ellas, nuestro sistema se colapsaría. Sin embargo, sus condiciones laborales siguen siendo precarias: salarios bajos, largas jornadas y enormes dificultades para conciliar. Esto es inaceptable", dijo. Y aseguró que se trabaja ya para "dignificar el sector".

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, por su parte, también señala a preguntas de este diario que esta es una de sus tareas pendientes. En concreto, señalan, ya trabajan en un paquete de medidas y en una serie de estudios para conocer y mejorar la situación de las trabajadoras del sector de la dependencia, cuya reforma legislativa ya ha echado a andar. Para ello trabajan de manera interna y coordinación con otros departamentos del Ejecutivo.

El problema es que mientras eso ocurre el día a día de cientos de miles de mujeres —puesto que según los datos oficiales del Gobierno ellas ocupan el 86,1% de los empleos en las residencias de mayores— sigue siendo exactamente el mismo. Las palabras y las promesas de mejora no han llegado. Y en muchos casos, incluso, se ha dado marcha atrás.

Los "salarios bajos, las largas jornadas y las enormes dificultades para conciliar" que mencionó Díaz en infoLibre tienen una consecuencia directa: cada vez menos personas quieren dedicarse al sector. Y este es un diagnóstico global. Raquel Mateos, que lleva 17 años cuidando mayores y trabaja en un centro de Cádiz, lamenta tener que trabajar, siempre "a contrarreloj". Odia ir "corriendo" por los pasillos, porque eso le impide hasta responder a las preguntas de los mayores. "Me da muchísima impotencia, hay veces que ni siquiera puedo escuchar lo que me dicen, y son ellos los que menos culpa tienen de las condiciones en las que trabajamos", explica.

"Siempre falta gente", añade Amparo Vidal desde la Comunitat Valenciana. No hay ni siquiera tiempo para ducharles o darles de comer, al menos, de forma adecuada, completa. Orlando Cárdenas, que trabaja en Barcelona, coincide. "Cuando la gente entra a trabajar aquí y ve cómo lo hacemos, se va", explica. Él trabaja en una planta con 20 residentes que se dividen, por los empleados que son y los turnos en los que trabajan, en siete para cada uno cada mañana. Hay que levantarlos, asearlos, vestirlos y acompañarlos al desayuno. Y es imposible hacerlo con el tiempo que merecen. Sobre todo porque los mayores que entran en los geriátricos lo hacen cada vez más mayores. Y, por tanto, más dependientes.

Los datos oficiales más recientes aparecen reflejados en el censo que publicó el Imserso el año pasado y que dibuja la situación que había en 2022. El documento, de 70 páginas, refleja que efectivamente, y como señalan las trabajadoras, la gran mayoría de los residentes tiene más de 80 años. En concreto, un 74,5%. Pero no sólo eso, sino que el 43,2% tiene o bien un grado I o un grado II de dependencia, siendo un 36,7% el porcentaje de ancianos que sufren un grado III.

No hay datos similares referidos a años anteriores —y de hecho eso ha sido objeto de críticas de algunos expertos como María Victoria Zunzunegui, que lamentan la falta de estadísticas sanitarias que permitan analizar la población que vive en geriátricos—, pero un estudio publicado en la revista de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología en 2018 certificó que la media de edad de los residentes entonces se situaba en los 81,8 años, de lo cual se extrae que el porcentaje de residentes mayores de 80, entonces, era menor al actual. En aquella época además, tan sólo un 12,7% necesitaba todos los autocuidados o era, en otras palabras, gran dependiente.

La evolución va necesariamente ligada al progresivo envejecimiento que ha habido en España. Y que va a más. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se registró un nuevo máximo histórico del índice de envejecimiento, que se sitúa ya en un 142,3%, es decir, que ya hay 142 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Antes del covid, en 2019, ese porcentaje era de un 123%.

"Las residencias se crearon para personas que podían salir, y de hecho antes hacían manualidades. Ahora, si se visita una residencia, tan sólo hay personas sentadas", lamenta Cárdenas. "En mi centro los mayores están como en guetos. Cada uno en su planta, sin poder moverse. Hace años participaban en actividades, pero ya no", añade Ana Merchan, trabajadora de un centro en Gipuzkoa.

El envejecimiento ha derivado en ratios insuficientes. El Gobierno, en cualquier caso, las incrementó en el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que estableció que debían ser, desde el pasado 31 de diciembre, de 0,41, es decir, de 41 trabajadores de atención directa —entendiendo como tal gerocultoras, personal sanitario y técnicos de los cuidados— por cada 100 residentes.

En 2018, antes del covid, un estudio que comparó la situación en el País Vasco con el resto de comunidades evidenció que la región que tenía una ratio más elevada era Andalucía, que contemplaba 39 empleados de atención directa por cada 100 residentes. En otras como Castilla y León eran 23, y en otras como Murcia, 25. La situación por tanto, al menos en exigencia, ha mejorado.

Sobre la práctica, en cambio, es más complicado verlo. En las estadísticas del Imserso se observa que entre el cuarto trimestre de 2023 y el de 2024 las trabajadoras de establecimientos residenciales para personas mayores y personas con discapacidad física —la base de datos lo acota así— han aumentado de 125.890 afiliadas a 130.524, es decir, un escaso 3,7% que, sin embargo, tiene sus limitaciones a la hora de ser interpretado. La doctora en economía e investigadora en el ámbito de la protección social Julia Montserrat señala que el análisis tiene que incluir necesariamente una diferenciación entre los tipos de jornada y que, por ello, es más correcto hablar de presencias, no tanto de ratios. Es decir, la cuestión no es que haya contratadas tres gerocultoras, por ejemplo, sino que, en un turno determinado, estén esas tres personas. ¿Qué es necesario para ello? Que haya más empleadas.

"Sabemos lo que pasó, lo que puede pasar y lo que necesitamos, pero nadie está haciendo nada", lamenta por su parte Lidia Arguiz, trabajadora de una residencia de Galicia. Allí, la Xunta ha eliminado de la normativa de 1996 un apartado que hacía obligatoria la presencia de un profesional de enfermería 24 horas en aquellos centros de más de 40 plazas.

A nivel nacional, el Ejecutivo cifró en 34.000 el número de trabajadoras que serían necesarias para mejorar el modelo. En Madrid, sindicatos y familiares estimaron que haría falta duplicar las plantillas, porque estimaron que la ratio adecuada para garantizar una "presencia física" es de 132 empleadas por cada 100 mayores.

Más allá de la falta de personal, todas las trabajadoras consultadas se quejan de sueldos que tan sólo siguen la senda del salario mínimo interprofesional. O poco más. "A mí me encanta mi trabajo, pero cobro, de base, 1.160 euros al mes", lamenta Raquel Mateos. "En todo este tiempo nos hemos mantenido igual, nada ha cambiado a nivel salarial", coincide Lidia Arguiz.

En cuanto a los contratos, el VIII convenio marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes determina que los centros han de tener como mínimo un 80% de personal con contratos indefinidos. Sin embargo, un análisis de la investigadora Julia Montserrat cifró que en entre 2012 y 2018 esa proporción había descendido, concretamente, del 74,7% al 70,2%.

Actualmente, según el último informe del Imserso correspondiente al cuarto trimestre de 2024 —que como en el caso de las plantillas incluye el caso de las residencias para mayores y personas con discapacidad física—, indica que los contratos indefinidos suponen ya el 78,5% del total.

Más allá de eso, todas las trabajadoras coinciden en que nada se aprendió del covid. Y en que, si llegase un nuevo virus, es probable que se cometieran los mismos errores. "Ni se ha hecho nada ni se ha aprendido de los errores. Ya ni siquiera se lavan los uniformes para desinfectarlos", completa Rosa Serna, trabajadora de una residencia de Vallecas (Madrid) y presidenta de su comité de empresa de CCOO. "No hemos mantenido ningún protocolo. Ya no hay ningún miedo, da todo igual", lamenta Arguiz. "Hubo un momento en el que fuimos esenciales y todo el mundo se acordó de nosotras, pero luego pasó todo y, ahora, seguimos abandonados", sentencia.

Apareció de repente, nadie pudo preverlo ni prepararse para combatirlo y su expansión, además, se produjo a toda velocidad. No fueron pocas las voces que compararon la pandemia de covid-19 con una especie de catástrofe natural sobrevenida. Una suerte de tsunami que, sin embargo, sacó a la superficie las carencias de muchos sectores que hasta entonces habían permanecido en un segundo plano. Si las residencias de mayores se convirtieron entonces en la zona cero de la crisis sanitaria fue porque sus características las convirtieron en las víctimas ideales. Por eso cuando terminó todo el objetivo era reconstruir de arriba a abajo ese modelo de cuidados. El problema, que sólo se hizo sobre el papel y que en la práctica nada ha cambiado desde entonces. "Estamos peor ahora que hace cinco años", aseguran, sin titubear, familiares y trabajadoras.

Afectaba con mucha más gravedad a los más mayores. Y para su contagio no hacía falta un contacto extremadamente directo. Con que el virus estuviera en el aire bastaba. Por eso fueron las residencias los centros más golpeados. Varios estudios científicos, además, demostraron que las macrorresidencias y los geriátricos bajo un modelo público-privado sufrieron todavía más las consecuencias del covid-19 durante toda la primera ola. En Barcelona, por ejemplo, la mortalidad fue el triple en las residencias más grandes. Y en Madrid se situó hasta 14 puntos por encima en aquellas de titularidad autonómica pero gestionadas por alguna empresa. 

El Gobierno cogió el testigo y consiguió aprobar junto a las comunidades la que se convertiría en la guía para el nuevo modelo que corregiría todas esas fallas. Se bautizó Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y se firmó en julio de 2022 con la oposición, no obstante, de Madrid, País Vasco, Galicia, Murcia y Ceuta. La norma, de "carácter decisorio", no es obligatoria por tanto para ellas, como informan fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Sólo deben adaptarse a sus criterios, añaden, las regiones que o bien votaron a favor o se abstuvieron, aunque en todo caso el plazo general de adaptación continúa vigente hasta 2029. Mientras tanto, explican también las mismas fuentes, el departamento de Pablo Bustinduy ya ha iniciado un proceso de evaluación que permitirá valorar el grado de cumplimiento normativo y las "buenas prácticas" que se estén llevando a cabo en este ámbito. 

Pero en cualquier caso Madrid, Galicia y Murcia no sólo votaron en contra. En su día, y preguntadas por infoLibre, ya aseguraron que no cumplirían con ninguna de las directrices que marcó el Gobierno. Por su parte, el País Vasco rechazó hacer lo propio por, argumentaron entonces, una cuestión de invasión competencial. Menos de un año después aprobaron su propia normativa: un decreto que limitó a 150 el máximo de plazas, que debían además estar divididas en módulos de, como mucho, 25 personas. 

Son números muy distintos de los pensados por el Gobierno. En concreto, el Acuerdo de acreditación estableció que los geriátricos no podrían superar las 120 plazas, un máximo que baja a 90 en aquellas zonas de "densidad intermedia" y a 75 en zonas rurales. En cuanto a las unidades de convivencia, se fijó que no deberían estar compuestas por más de 15 ancianos. 

Pero también le dio igual a Madrid, que en una orden publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad del sábado 16 de noviembre fijó, precisamente, los mismos números que el País Vasco. "Ayuso no ha aprendido nada en estos cinco años tras sus protocolos de la muerte. La normativa que ha aprobado es el reflejo de que piensa que los mayores 'se iban a morir igual", lamenta la diputada socialista Lorena Morales, que critica también la Ley de Servicios Sociales aprobada por el Gobierno conservador y que estableció por primera vez un catálogo de sanciones para sus usuarios. "Para que impere más el miedo", criticó.

En Galicia, por su parte, las residencias siguen regidas por la normativa aprobada en 1996, que ni siquiera hace referencia a un máximo de plazas o a unidades de convivencia. "Tal vez también Galicia sea el territorio que sufre la mayor parálisis en los últimos 15 años en el avance y refuerzo de los derechos de estos colectivos vulnerables", lamenta Paulino Campos, presidente de la Federación galega de organizacións de familiares e usuarias de residencias e da dependencia (Rede).

En Murcia, por último, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad explica a infoLibre que todavía no han aprobado ninguna normativa, pero que están a punto de hacerlo. En concreto, indican, ya han recogido las aportaciones de "agentes, entidades y órganos gestores implicados" y ahora se están incorporando a "un documento definitivo para su tramitación oficial". No especifican sin embargo si adoptarán las directrices del Gobierno central. A esta pregunta, directamente, no dan respuesta.

Pero más allá de las normativas, Madrid ya ha trasladado del papel a los proyectos su idea. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, avanzó el pasado mes de septiembre que la región abriría 40 nuevas residencias bajo un modelo público-privado. Y la primera, que ya ha sido anunciada, tendrá 150 plazas. En Galicia, según publicó Praza.gal, es la Fundación Amancio Ortega la que está construyendo los nuevos centros que luego dona a la Xunta para ponerlos en funcionamiento y, también, privatizar su gestión. Tienen, las tres últimas, 120 plazas. Justo en el límite, pero con ese mismo modelo que los estudios científicos llegaron a calificar de "letal".

Desde 2009 a 2022, según lamenta Campos, no ha habido ningún otro proyecto de residencia pública en toda Galicia, lo que muestra que se ha asistido en todos estos años a un verdadero "desmantelamiento del sistema público en beneficio de la iniciativa y de la gestión privada". Según datos recopilados por él mismo, cuando el expresidente Alberto Núñez Feijóo abandonó la Xunta dejó al 84,9% de los geriátricos en manos privadas y tan sólo al 15,1% en manos públicas. 

En cualquier caso, y volviendo a la cuestión del número de plazas, las macrorresidencias seguirán siendo una realidad en casi toda España. El último informe sectorial de Alimarket consultado por infoLibre revelaba de hecho que en los próximos cinco años hay proyectados hasta 158 geriátricos con más de 120 camas. Y la mayoría estarán en Cataluña, que no obstante informa a este periódico que también contempla tres nuevas residencias públicas: uno en Terrassa, otro en Barcelona y otro en Sabadell. Tendrán, respectivamente, 80 y 90 plazas y costarán 11 millones cada una que provendrán de los fondos Next Generation. 

El Acuerdo de acreditación no sólo estableció un máximo de plazas. Al mismo tiempo, fijó un mínimo de personal. En concreto, el texto habla de que las ratios deben ser, desde el pasado 31 de diciembre, de 0,41, es decir, de 41 trabajadores de atención directa —entendiendo como tal gerocultoras, personal sanitario y técnicos de los cuidados— por cada 100 residentes. El número, no obstante, debe ir en aumento hasta alcanzar, el 31 de diciembre de 2029 —la fecha límite de aplicación de estas normas, según el Ministerio de Derechos Sociales—, las 51 empleadas por cada 100 usuarios.

No se conoce qué aprobará Murcia en este sentido, pero consultado el decreto del País Vasco se comprueba que, aunque anunciaron que la norma aumentaría un 15% las ratios, los números no llegan a acercarse, ni por asomo, a los aprobados por el entonces ministerio de Ione Belarra. Según el documento, el equipo técnico asistencial que apoya "las actividades de la vida diaria" se sitúa, como máximo —es decir, en los centros o módulos con ancianos de grados II y III de dependencia—, en 33 personas por cada 100 mayores.

Madrid, en su decreto aprobado a finales del año pasado, estableció por su parte una ratio mínima de 37 trabajadoras por cada 100 residentes en aquellos centros de menos de 50 plazas, elevando el número a 45 en los que sí superen ese número de camas. No obstante, no hablan de aumentarlo en ningún plazo de tiempo. Y en la región, además, se permiten esos centros de hasta 150 plazas.

¿Qué ocurre en Galicia? La normativa de 1996 tampoco hace referencia ni nombra ningún tipo de ratio. Ni mínima ni máxima. Directamente es una directriz que no aparece. No obstante, el texto sí que incluía un apartado que hacía obligatoria la presencia de un profesional de enfermería 24 horas en aquellos centros de más de 40 plazas. Pero hablamos en pasado porque la Xunta ha suprimido esa exigencia.

Con ello, según los datos de REDE tras el análisis de las 295 residencias gallegas, desaparecen de golpe más de 200 puestos de trabajo de enfermeras. "Una decisión insensata y hasta criminal que embrutece aún más las atenciones que reciben las personas mayores más vulnerables y con la que el ejecutivo gallego de Alfonso Rueda ha dado rienda suelta a una vieja reivindicación de la patronal, que afirmaba que no había enfermeras en el mercado", denuncia Campos.

Sonia Jalda es portavoz del colectivo Traballadoras das Residencias de Galicia (Trega) y coincide con él. "No es que no hayamos mejorado desde la pandemia, es que ahora estamos peor. Eliminar esa obligatoriedad perjudica, y mucho, a la calidad de la atención a la dependencia", lamenta. Pero es que, además, deja en una situación de extrema vulnerabilidad a las trabajadoras. "Donde antes eran obligatorias siete u ocho enfermeras ahora van a poder trabajar con cuatro. Si se queda una sola enfermera en el turno de noche, ¿qué va a hacer si tiene dos emergencias?", se pregunta. Precisamente este viernes se han movilizado trabajadoras de los centros privados de A Coruña y Lugo para exigir un convenio "digno" con salarios "dignos".

Pero estas situaciones, en cualquier caso, no ocurren sólo en las comunidades que se negaron a aplicar el Acuerdo de acreditación. Carmen Martínez es secretaria general de la Federación Sociosanitaria de CCOO en La Rioja pero conoce bien el sector a nivel a nacional. Y no duda: "Ha empeorado mucho en estos cinco años". Tanto, dice, que ya nadie quiere dedicarse a él. "Las ratios mejoran sobre el papel, sí, pero es que hay centros en los que una recepcionista es contratada como gerocultora para cumplir con esos nuevos requisitos. La realidad es que aquí ya no hay personal. Se ha desmejorado todo tanto, que cada vez es más difícil contratar. Ya nadie quiere trabajar aquí", lamenta, desde el otro lado del teléfono.

Que no sean suficientes incrementa la carga de trabajo, pero es que aun así las condiciones no son buenas. Txomin Lasa, responsable sociosanitario del sindicato vasco ELA, lamenta que hay hasta un 50% de contratos parciales, lo que genera "jornadas muy escasas que obligan a las trabajadoras a complementarlas a golpe de llamadas o con otros trabajos". "Tampoco se sustituye a las trabajadoras y este aumento de carga de trabajado está haciendo que cada vez haya más bajas por motivos físicos o de salud mental", lamenta el sindicalista.

No hay datos oficiales de cuántas personas faltan en el sector, pero un informe de CCOO, UGT, Pladigmare y la Sociedad de Geriatría y Gerontología concluyó que sería necesario duplicar las plantillas para garantizar una asistencia "digna" en las residencias de Madrid. En concreto, el documento establecía la necesidad de 132 gerocultoras en plantilla por cada 100 residentes para asegurar una presencia de 83 profesionales a lo largo de todo el día: se dividirían entre 37 del turno de mañana (el que cuenta con una mayor carga de trabajo), 34 en el de tarde y 12 en el de noche.

El Ministerio de Bustinduy, en todo caso, no da los deberes por terminados. Este martes, más de dos años después de aprobarse el Acuerdo de acreditación, el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta la reforma de la Ley de Dependencia que pretende, sostienen desde el departamento de Derechos Sociales, seguir trasladando todo ese nuevo modelo de cuidados a la legislación.

La idea siempre pasa en todo por la desinstitucionalización de la dependencia, es decir, por fomentar una mayor atención al domicilio y por, siempre, escuchar las preferencias de la persona. No significa cerrar las residencias, sino transformar esos centros en geriátricos más pequeños, con una atención individualizada. Por eso aumentaron las ratios y disminuyeron las plazas.

Y por eso también han echado a rodar la reforma de la Ley de Dependencia que, defienden desde el Ministerio, actualiza las definiciones de servicios como la teleasistencia y el servicio de ayuda a domicilio. Una vez se apruebe la norma, explican, el desarrollo reglamentario deberá ser nuevamente abordado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El objetivo, alcanzar acuerdos. Y mejorar, en su caso, el Acuerdo de acreditación 2022. Pero será entonces, de nuevo, un debate con las autonomías. Y es probable que no todas, como ya ocurrió en su día, estén de acuerdo.

Hace justo un año desde que el término "disminuido" desapareció del artículo 49 de la Constitución para ser sustituido por el concepto "personas con discapacidad". Unos meses después, hace ahora siete, el Gobierno aprobó también lo que bautizó Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad. Fueron dos decisiones distintas que ya entonces, sin embargo, tenían mucho en común. Este martes, el Consejo de Ministros ha ido un paso más allá y ha aprobado en primera vuelta una reforma de la Ley de Discapacidad y otra de la Ley de Dependencia. El objetivo: apuntalar esos dos cambios. Y empezar a plasmar lo que significaron a través de la legislación.

El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ya dijo el pasado 3 de diciembre que los nuevos textos estaban listos. Que respondían a un "compromiso de seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva y equitativa" y que tardarían poco en salir adelante. La reforma del artículo 49, defendió, fue un "gran hito de esta legislatura" porque "trajo dignidad y más derechos a las personas con discapacidad, a sus familias y a las organizaciones del sector". Lo único que faltaba entonces era trasladar todo eso a la vida diaria de todas ellas. Y para eso se ha aprobado esta reforma.

En palabras del Ministerio, la modificación busca garantizar cuatro grandes pilares para las personas con discapacidad: fomentar su autonomía, su inclusión, la accesibilidad universal y, por último, una protección específica para mujeres y niñas. Y para hacerlo plantea varias líneas de actuación.

La primera busca agilizar toda los procesos administrativos. En otras palabras: disminuir la burocracia. ¿Cómo? Haciendo que cualquier dependiente —sea cual sea su grado reconocido— ya tenga un 33% de discapacidad a ojos de la administración. Es, digamos, una unificación de circuitos. No hará falta que cada caso se estudie dos veces —una para conseguir una prestación o servicio por dependencia y otra para ser reconocido como persona con discapacidad— con una será suficiente.

A ello va asociado, además, una mayor eficacia también a la hora de sancionar. En 2023 se modificó la Ley General de Discapacidad para prohibir los espectáculos de "bombero torero" en los que se usaba a personas con acondroplasia para la mofa pública. Muchos se suspendieron a raíz de aquello, pero otros sortearon la norma y continuaron. Fue el caso por ejemplo de Teruel, donde el año pasado volvió a celebrarse a pesar de que también el Defensor del Pueblo pidió expresamente la suspensión del evento por considerar una "burla". Ahora, la reforma calificará esos actos como "infracciones graves", y como tal se sancionarán con multas de entre 600.000 y un millón de euros que se destinarán "a programas de promoción de la accesibilidad universal".

Será esa la segunda diana de la reforma. En palabras del Ministerio, se busca hacer de la accesibilidad "un derecho esencial para que las personas con discapacidad participen plenamente en la sociedad". Que puedan hacerlo, por ejemplo, en el terreno sanitario. Porque todo lo que engloba una consulta o una prueba diagnóstica, por ejemplo, está contemplado para personas sin discapacidad. Igual que ocurre en un museo. O en un edificio de la administración pública.

Lo que la ley busca en este sentido es una doble acción: que la persona que se encuentre con esas situaciones tenga un amparo jurídico que le permita reclamar y que la necesaria adaptación tenga una financiación suficiente por parte del Estado, que tendrá una hucha formada, en parte, por esas sanciones que mencionábamos.

No es únicamente algo que buscar en el ámbito público. La reforma de la Ley de Discapacidad también aborda una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para mejorar la accesibilidad a los edificios de viviendas. En concreto, el departamento de Bustinduy propone eliminar los límites económicos de las intervenciones en las viviendas. Es decir, que por ejemplo los gastos comunes derivados de incluir una rampa en un portal que tan sólo contaba con escaleras puedan espaciarse más en el tiempo. Básicamente, además, porque hacer eso será obligatorio igual que lo es ahora cumplir con las medidas de seguridad. Si no, en cualquier caso, se habilitará también a los vecinos el acceso a la justicia para obligar a su comunidad a acometer las reformas necesarias.

Esta medida tiene una explicación muy clara. Y es que tanto esta legislación como la relativa a Dependencia buscan, con el nuevo marco que asume el Ministerio de Derechos Sociales, que se garantice la autonomía de las personas. Y que prevalezca, además, lo que ellos desean, que en la mayoría de las ocasiones es permanecer en su vivienda. Según los propios datos del titular del departamento, el 90% de las personas desean envejecer en su hogar. Por eso debe hacerse lo posible para que éste lo permita. "Se busca evitar situaciones de aislamiento o institucionalización forzosa", explica el Gobierno.

Según datos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) citados por el departamento de Bustinduy, "alrededor de 100.000 personas están encerradas en sus casas porque sus bloques y/o viviendas tienen problemas de accesibilidad".

Las mujeres y las niñas con discapacidad tendrán una protección especial con la nueva reforma. Por un lado, se garantizará su salud salud sexual y reproductiva y se regulará el "derecho a la familia, al hogar, a las relaciones interpersonales y a la protección de las familias con personas con discapacidad". Dicho de otro modo: ni sufrirán ningún tipo de discriminación a la hora de, por ejemplo, fundar una familia.

No son pocos los datos que evidencian la doble discriminación que sufre una mujer cuando también tiene una discapacidad. Los últimos fueron presentados a finales de 2023 por la Fundación ONCE y revelaron que el porcentaje de mujeres que sufren violencia machista en España asciende del 32% al 40,4% cuando tienen una discapacidad.

El Ministerio insiste en que es esencial que se abandone el enfoque que hasta ahora ha pervivido de la discapacidad. Y por eso también apuntan a la necesidad de que la tecnología, y en especial la inteligencia artificial, rompa también los sesgos que mantiene.

Pasa con el machismo y pasa con el racismo. La inteligencia artificial está entrenada con datos que, inevitablemente, contienen sesgos tradicionales. Por ejemplo, según una investigación española publicada en la revista Algorithms, los algoritmos identifican y clasifican mejor a los hombres. En concreto, a los hombres blancos. Y también asocian de forma estereotipada a la masculinidad con las ciencias, y a la feminidad con las artes. Pues lo mismo ocurre con las personas con discapacidad. Así que la reforma de la ley propone supervisar de qué manera son consideradas y representadas.

Todo forma parte de la misma idea: las personas con discapacidad no son "dsminuidos" o personas de segunda. Son, mantiene el espíritu de la ley, personas autónomas que tienen derechos.

El Ministerio de Derechos Sociales, en cualquier caso, también aboga por ese enfoque para las personas dependientes, consideradas ya con una discapacidad del 33% con la renovación de estas leyes. En línea con la Estrategia de desinstitucionalización aprobada el pasado verano, el departamento que dirige Bustinduy pretende para las personas mayores lo mismo que para aquellas que tienen una discapacidad: garantizar su envejecimiento y su vida digna en el hogar. O, al menos, en el entorno comunitario en el que ya vivían.

Para ello, como ya anunciaron, se despoja la centralidad que hasta ahora han tenido las residencias de mayores, un modelo puesto en evidencia con la pandemia de covid y, además, excesivamente costoso para la administración. En lugar de eso, se aboga por ejemplo por una ayuda a domicilio que vaya más allá del hogar, facilitando a los dependientes una ayuda para ir a la compra o al médico. Y también por hacer que estos servicios puedan darse en otro tipo de recursos como las viviendas colaborativas para personas mayores.

Para ellas, además, también se prevé la garantía de acceso a aquellos dispositivos que les permiten ser autónomos en su día a día, como por ejemplo un andador o una silla de ruedas, mediante un sistema de préstamo o de cesión temporal. También se contempla un servicio de asistencia personal orientado promover la vida independiente o proporcionar un plan de actividades siempre ligado a los deseos de la persona.

En cualquier caso, el Ministerio recuerda que este tipo de servicios ya lo contemplan las carteras de varias comunidades. Y que son ellas, precisamente, las que tendrán que decidir ahora si incluyen todo esto o no. Los Directores y Gerentes de Servicios Sociales ya han criticado además que la reforma no lleva aparejado un incremento presupuestario. Y lamentan por ello que pueda ocurrir, otra vez, que todo quede "en papel mojado".

7.382 personas más. Más del doble. En concreto, un incremento de un 141,4%. En tan sólo dos años, el número de dependientes que esperan para recibir el servicio de teleasistencia en la Comunidad de Madrid se ha disparado, según los datos oficiales de su propio Gobierno recopilados mes a mes por la diputada socialista en la Asamblea regional Lorena Morales. Si el 31 de diciembre de 2022 había 5.221 personas en la lista, el pasado fin de año eran ya 12.603, unas cifras que adquieren relevancia si se compara con otras con las que comparten periodo. Entre 2023 y 2024 el Ejecutivo regional destinó más de medio millón de euros a tres campañas para publicitar, precisamente, su teleasistencia. 743.000 euros "para promocionar un servicio que muchas personas, a pesar de tener su dependencia reconocida, morirán esperando", lamenta Morales.

No es un servicio cualquiera. La pandemia desnudó las carencias que las residencias llevaban años sufriendo y provocó que nuestro país —y no sólo— se replanteara el modelo de atención a las personas mayores. Así se aprobó la Estrategia estatal de Desinstitucionalización, un plan que tiene un objetivo muy claro: promover que el envejecimiento se cuide en el propio hogar, no en centros sociosanitarios. Ya lo pedía así la Ley de Dependencia aprobada en 2006, que en su artículo 13 recogía que las prestaciones iban orientadas a "facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y sea posible". Para eso está la teleasistencia, además de la ayuda a domicilio, dos servicios que, si los analizamos a nivel nacional, no han alcanzado, ni mucho menos, las cotas deseadas: tan sólo cubren al 10,2% y al 5,52% de los mayores de 65 años de nuestro país y en Madrid, además, no dejan de acumular esperas. Desde 2021, de forma imparable.

"Este es el Madrid de Ayuso, el de la falta de humanidad y el negocio", denuncia Morales. Según los datos que ha ido acumulando, las listas de espera de la ayuda a domicilio también han aumentado, aunque no de la misma forma que las de teleasistencia. En concreto, lo han hecho un 70%, incrementándose de 9.925 en 2022 a 16.885 en 2024. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ya asegura estar trabajando en solucionar estos números que, según aseguraron a infoLibre, se explican por "el progresivo envejecimiento de la población" al que Madrid está respondiendo superando este año las 190.000 personas atendidas en el sistema de dependencia. En el de teleasistencia, especifican, atienden ya a más de 80.000 usuarios, 9.282 más que en diciembre de 2023.

Sin embargo, la oposición no se detiene en estos números, sino en los que muestran todas aquellas personas que siguen esperando. Y que se explican, dicen, por la falta de inversión.

Se puede comprobar en los presupuestos autonómicos. Los últimos, aprobados el pasado mes de diciembre gracias a la mayoría absoluta de los conservadores, contemplan una inversión para 2025 de 74,4 millones para estos dos servicios —58,6 para ayuda a domicilio y 15,7 para teleasistencia—, una cifra que hace un año era de 87,9 millones —71,2 para ayuda a domicilio y 16,7 para teleasistencia.

Mientras tanto, denuncia la oposición, el Ejecutivo conservador de Ayuso ha destinado 743.178,45 euros a tres campañas publicitarias para promocionar este último servicio (144.333 una, 424.846 otra y 173.998 la última). El PSOE ya ha solicitado toda la documentación vinculada a ellas, pero cuando solicitó el listado de todas las llevadas a cabo por la Consejería de Ana Dávila durante 2021, 2022 y 2023 las peticiones fueron sistemáticamente rechazadas. "Mucho nos tememos que Ayuso hace caja con lo que debería ir para atender como merecen en sus hogares a las personas mayores", denuncia Morales.

En cualquier caso, y según la información oficial recogida por la socialista, esa cantidad se destinó a promocionar, en concreto, lo que la Comunidad ha denominado "teleasistencia avanzada", una mejora del servicio que iba a estar funcionando ya en 2024 y que según los últimos datos del pasado mes de noviembre ha alcanzado al 75% de los usuarios. Según informan desde la Consejería, esa cantidad ha ido destinada, en concreto, "a poner en conocimiento de los madrileños el nuevo servicio, facilitar información acerca de su tramitación y mostrar las alternativas de atención que se contemplan con la teleasistencia avanzada, tanto por los avances tecnológicos como por la incorporación de profesionales sociosanitarios".

Costará un total 82,4 millones de euros, pero a cargo de los fondos europeos. "Ellos no van a hacer ningún esfuerzo para mejorar el servicio", lamenta Morales.

Porque la región tiene además otra fuente de financiación: la del Gobierno central. En 2021 el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 entonces dirigido por el vicepresidente Pablo Iglesias aprobó un Plan de Choque para reducir precisamente las listas de espera y mejorar la calidad de la atención, además de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector. Bajo esa premisa todas las comunidades reciben una cantidad. Y Madrid es la tercera que más ingresa. En 2024, 102,6 millones, el 13% del total sólo por detrás de Andalucía y Cataluña.

Las malas cifras, en cualquier caso, no son únicas de la Comunidad presidida por Ayuso. Todas, según han denunciado en repetidas ocasiones desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, han disminuido su inversión en dependencia desde que la Administración General del Estado ha revertido los recortes de la época de la crisis con su Plan de Choque. Los últimos datos de los profesionales del sector, en este sentido, sitúan en un 49,6% la aportación autonómica a la dependencia, un porcentaje que en 2020 llegó a ser del 64%.

"Este Parlamento inicia un camino de solidaridad con las personas dependientes, con las personas que requieren ayuda para sus necesidades básicas". Era 5 de octubre y José Luis Rodríguez Zapatero tomaba la palabra en el Congreso de los Diputados para celebrar que la Ley de Dependencia que había impulsado su ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, había recibido una amplia luz verde. Sólo CiU, PNV, EA y Nafarroa Bai votaron en contra. Según dijeron, porque invadía competencias. Poco más de dos meses más tarde entraba en vigor la que el propio Caldera había descrito como "la norma social más importante de principios de este siglo". Era diciembre de 2006. Hace ahora 18 años.

Mucho ha llovido desde entonces, pero si en todo este tiempo ha habido algo que ha marcado la vida de la norma eso ha sido la crisis económica y los posteriores recortes. Los consejos de ministros que en 2012 y 2013 celebraba cada viernes el Gobierno de Mariano Rajoy terminaban siempre —o casi— con un nuevo tijeretazo a los servicios públicos. Y la dependencia, claro, no se libró de ello. En diciembre de 2013, cuando la Ley apenas tenía siete años, el Ejecutivo conservador celebró el aniversario aprobando un decreto con dos medidas importantes: por un lado disminuyó las intensidades de los servicios ofrecidos bajo el amparo de la ley y, por otro, introdujo incompatibilidades. Es decir, estableció que si se recibía una prestación no se podía recibir otra. Por ejemplo: o ayuda a domicilio o centro de día.

Fue un punto de inflexión. A partir de entonces, el dinero que cada persona con dependencia reconocida percibía en prestaciones y servicios se mantuvo más o menos estable, o incluso aumentó hasta dos años después. Sin embargo, ya en niveles lejanos al máximo que se alcanzó en 2010, cuando el gasto público se situó en 8.145 euros por cada dependiente, una cifra que hoy, 14 años después y ya con la Ley de Dependencia mayor de edad, se sitúa en 5.982 euros. Un 26,6% menos. Es el dato que resulta "muy preocupante" para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que este lunes ha presentado su balance del decimoctavo aniversario de la ley.

La organización habla claramente de "déficit de financiación". Al menos si el objetivo es poder atender a todas las personas en lista de espera, es decir, con el grado de dependencia reconocido pero todavía pendientes de recibir una prestación o servicio del sistema público. En octubre de este año eran 291.649, una cifra para la que los directores y gerentes de Servicios Sociales estiman que son necesarios 1.750 millones adicionales. Y eso sólo para mantener la inversión en torno a los 6.000 euros por cada una de ellas.

Pero eso tampoco es lo ideal, señala José Manuel Ramírez, presidente de la asociación. A su juicio, la caída hasta ahora imparable de lo que se destina a cada dependiente ha tenido una consecuencia muy clara. Y muy negativa. "Lo que refleja ese dato es que las prestaciones y su intensidad han caído, es decir, que lo que se ofrece a los dependientes es cada vez menos. En resumen: estamos yendo hacia un sistema de dependencia low cost", lamenta. Y eso es "poco eficaz". Aumentan las personas atendidas, sí, pero es que al mismo tiempo desciende la calidad de las prestaciones que reciben.

Este 2024 finalizará, según las estimaciones de la organización, con 1,5 millones de personas recibiendo una ayuda a la dependencia, un dato que supone el mayor incremento en esta estadística de los últimos 12 años y que se explica —o así al menos lo entienden los directores y gerentes de Servicios Sociales— por el plan de choque aprobado por el Gobierno en el año 2021, un documento de 34 páginas que pretendía revertir todo lo que se había destruido en años anteriores. Porque a la fase de "despegue inicial" de la norma le siguieron etapas duras.

Fue sobre todo la que tuvo lugar entre 2012 y 2015, cuando se produjo el "estrangulamiento financiero" y la aprobación de medidas "inexplicables", como lo fue precisamente la declaración de incompatibilidades. Fue entonces cuando empezó a producirse el "fenómeno sangrante" de que personas con una necesidad de ayuda reconocida fallecían antes de percibirla. "Tanto fue así en aquellos años, que el número de personas con derecho reconocido disminuyó, de forma que el flujo de entradas no reponía las bajas que se producían a pesar de que el fenómeno de la dependencia estaba ahí", dice el informe presentado este lunes.

En 2015 empezó a recuperarse la situación y entre periodos mejores y peores llegó 2020. Y con él, la pandemia. Y con ella la revelación de la importancia de los cuidados. Fue ahí cuando llegó el plan de choque. Y cuando entraron 287.636 personas más al sistema. Con ellas ya subirán hasta los 3.699.078 los dependientes atendidos, el dato más positivo de todos estos años.

Hay otra cara de la misma moneda. Y es que 900.000 personas han fallecido con un grado de dependencia reconocida pero todavía sin la prestación. "Es lo peor que seguimos soportando, que cada 15 minutos muere alguien en esa lista de espera", lamenta Ramírez. Esta es, además, cada vez más delgada, pero sobre todo porque las prestaciones o los servicios de los dependientes de Grado I —los menos graves— son los primeros en salir de ella. Según las previsiones, este año terminará con 155.000 personas desatendidas, si se tiene en cuenta a quienes están esperando su valoración de dependencia —que son alrededor de 24.000— y a quienes, ya teniendo su ayuda reconocida, todavía no la perciben, que son 131.083 personas. Todas ellas conforman lo que los directores y gerentes de servicios sociales han denominado "limbo de la dependencia", que en 2024 disminuirá, según prevé la organización, un 13,7%.

Pero hay otro dato preocupante. Y es que hay otras 136.954 personas que ni siquiera han sido valoradas. Es decir, en la primera fase del procedimiento. Según los cálculos de la organización, 2024 será uno de los años que finalice con más gente en esta lista. Así, si tenemos en cuenta todos los datos,  este año "cerrará con alrededor de 291.649 personas desatendidas esperando algún tipo de trámite de la dependencia, tan sólo 4.782 menos que en 2023". "Con este ritmo de reducción, se tardarían 61 años en lograr la plena atención", sentencia la organización.

Para ello los directores y gerentes de Servicios Sociales tienen claro que es necesaria una mayor financiación. Y que quienes tienen que ampliar su esfuerzo en este sentido son las comunidades autónomas.

En teoría, el sistema de la dependencia es financiado de manera tripartita entre el Estado, las comunidades y los usuarios. El problema que ha ocurrido durante todos estos años es que cuando una de las dos administraciones —la central o la autonómica— aumentaba su aportación, la otra descendía la suya. Y así "difícilmente se podrá atender con solvencia las necesidades que habrá de exigirle el inminente reto demográfico del envejecimiento de buena parte de la población al que España se afrenta en los próximos años". Por ello también insta a que se incrementen las intensidades de los servicios y las cuantías de las prestaciones. Y en todas las comunidades por igual.

Por último, Ramírez exige simplificar el "disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios". Como prueba, un dato: el 92% de la reducción del "limbo de la dependencia" de los últimos años no se ha producido porque la situación se ha resuelto, sino porque la persona que estaba a la espera ha fallecido antes.

Otros 230.000 euros. La Comunidad de Madrid ha prorrogado por cuarta ocasión consecutiva el convenio de colaboración que mantiene con los obispos de las diócesis de la región para ofrecer "asistencia religiosa católica" en las residencias públicas. Desde 2020, año de la pandemia y durante el cual fallecieron 9.470 residentes sólo entre marzo y abril, Isabel Díaz Ayuso ha dedicado 920.000 euros a esta cuestión. Dicho de otro modo: la conservadora ha gastado casi un millón de euros en garantizar la celebración de misas en los 25 geriátricos adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) desde la crisis del covid. Y seguirá asegurada por ahora, y como mínimo, hasta el 29 de diciembre de 2025.

Así consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) que se publicó este miércoles, en el que se defiende que existe una "necesidad de prestar el servicio de asistencia religiosa católica" y que ésta "se mantiene" desde hace cuatro años, cuando se suscribió por primera vez el acuerdo actual. Era entonces plena pandemia y el Ejecutivo conservador ya había decidido que reduciría el importe que le dedicaba. Porque antes era mayor. En 2015, cuando Cristina Cifuentes llegó a la Puerta del Sol, se desembolsaron 362.567 euros. En los dos años posteriores, esta cantidad se incrementó ligeramente: 353.480 euros en 2016 y 381.575 euros en 2017. Y en 2018 alcanzó los 420.453 euros.

Ahora el montante lleva desde el convenio que se firmó a finales de 2020 completamente inalterado: son 230.000 al año, sea cual sea el número de ancianos que viven en estos centros públicos. "El colectivo de usuarios de las residencias, con una edad media de 84 años, demanda" ese servicio, "la celebración de actos de culto y la administración de los sacramentos", explican desde el Gobierno regional en el BOCM. Preguntada por infoLibre, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales no aclaró los motivos por los cuales se decidió prorrogar el acuerdo. Ni tampoco las actividades concretas que se suscriben a él.

"Respetamos todas las creencias, pero lo primero que necesitan los mayores de las residencias es dignidad y cuidados. Y esto no ocurre", lamenta la diputada socialista Lorena Morales. Fue ella la que preguntó al propio Ejecutivo madrileño por esta asignación, confirmando a través de una respuesta por escrito vía Asamblea de Madrid el gasto anual de 230.000 euros durante los años 2021 y 2022. De esa cantidad, entonces y ahora como figura en las prórrogas de los acuerdos, 226.691 se destinan a gastos de personal y se abonan en doce mensualidades. El resto, 3.308 euros, se dedican a "equipamiento y material religioso" y se factura, en este caso, con carácter trimestral.

Para Morales debería de ser este un servicio gratuito, más si se enmarca esta asignación dentro de las otras partidas dedicadas a las residencias de mayores públicas. Porque la inversión para "promoción económica, cultural y educativa" para todo 2025, por ejemplo, ni siquiera llega a igualarlo: según los Presupuestos presentados por Ayuso que han recibido ya enmiendas a la totalidad de toda la oposición, la partida recibirá 227.180 euros. En cuanto a la comida ofrecida en estos centros, tanto desde el PSOE como desde Más Madrid se ha denunciado en no pocas ocasiones que todavía se mantengan los contratos por los que la Comunidad compra cinco comidas por 4,6 euros al día. "Ayuso está ofreciendo alimentación de miseria con una mano, mientras que con la otra jamás falta al convenio con la Iglesia católica", critica Morales.

Emilia Sánchez, su compañera en la Asamblea de Más Madrid, coincide en el discurso. "No me parece mal que haya asistencia religiosa, siempre y cuando los mayores tengan todas sus otras necesidades cubiertas", el problema es que eso no pasa. "Faltan profesionales sanitarios, especialistas en geriatría, etc. No hemos aprendido nada desde la pandemia, las residencias funcionan ahora igual o incluso peor", lamenta. Y hay hasta cifras. Según el Estudio sobre el personal mínimo necesario en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid realizado durante casi nueve meses por Pladigmare junto a UGT y CCOO y con la colaboración de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), los geriátricos necesitan, para poder ofrecer una "vida digna", 132 gerocultoras —es decir, personal de atención directa— por cada 100 residentes. La realidad, en cambio, reduce la media nacional a 59.

"A nosotras lo que nos interesa es que también se aumente suficientemente el presupuesto de las comidas, del personal y el apoyo de la Comunidad para otras actividades también muy necesarias como la actividad física o la fisioterapia", completan desde Marea de Residencias.

En cualquier caso, todas las fuentes consultadas también coinciden en señalar que la asistencia religiosa tampoco sería un problema si se ofreciera una variedad en la misma. Pero es que tampoco ocurre. "La Iglesia debería acudir a una residencia como cualquier otro ministro de culto de cualquier otra religión si alguien lo pide y no puede salir de la residencia, pero de manera altruista. Nosotros no tenemos acceso a las residencias para explicar a residentes y familias cuáles son sus derechos, ni los Consejos de residentes y usuarios existentes en las residencias tienen un lugar para sus reuniones y actividades", añade Miguel Vázquez, de Pladigmare.

Los familiares saldrán precisamente este sábado en una nueva marcha convocada por Marea de Residencias que recorrerá Madrid desde Cibeles hasta la Puerta del Sol a las 12 horas del mediodía. El objetivo, seguir exigiendo una ley de residencias que ya pedían antes de la pandemia y con la que pretenden que se garantice "una vida digna a las personas institucionalizadas mediante una amplia dotación de recursos, tanto humanos como materiales, y unas condiciones laborales acordes a la importante labor que realiza el personal que se dedica a los cuidados". Pero no sólo eso. También homenajearan a los ancianos a los que se les negó una atención sanitaria "abocándolos a la muerte más cruel". Fueron, como publicó infoLibre, 7.291.

Desde Europa Laica también abogan por esa multiconfesionalidad, pero introduciendo un matiz. Según señala Juanjo Picó, expresidente de la organización, "los privilegios se combaten suprimiéndolos, no extendiéndolos". Es decir: no se puede prohibir que una confesión religiosa tenga presencia en una residencia de ancianos, del mismo modo que tampoco puede hacerse lo propio en una cárcel o en un hospital. Es más, esto tiene que garantizarse, pero siempre debe estar autofinanciado, valora. "La libertad religiosa es una libertad que siempre debe respetarse, pero eso no puede estar a cargo del erario público", critica. "Y también debería acabarse con la supremacía de lo religioso respecto al resto de convicciones filosóficas", sentencia.

La llegada de la crisis del coronavirus a las residencias madrileñas supuso, a su vez, la paralización del servicio sancionador de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Según su propia documentación, a la que ha tenido acceso infoLibre, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tan sólo impuso 16 sanciones a centros de mayores durante todo el año 2020, pero hay más letra pequeña: ninguna de ellas castigó algo sucedido más allá del 5 de marzo. Dicho de otro modo: el Ejecutivo regional no apreció ningún hecho sancionable durante los primeros meses de pandemia. Y si lo hizo, no lo multó. Desde ese 5 de marzo hasta 2021.

"Madrid encabezó durante todo 2020 los datos de contagios, pero parece que la Comunidad no se quiso enterar de lo que estaba pasando. Todo se resume en una especie de 'aquí no ha pasado nada", lamenta la diputada socialista en la Asamblea de Madrid Lorena Morales. "Primero abandonó a las residencias a su suerte y luego ni siquiera las supervisó", añade. Fue ella la que consiguió consultar esta información después de meses de espera. Y la que la recopiló, bolígrafo y libreta en mano, de los documentos oficiales del Ejecutivo regional.

Sus fuentes en la Consejería de Familia, en cambio, defienden su actuación. Y explican que si eso ocurrió fue porque "la declaración del estado de alarma restringió la movilidad de todas las personas a excepción de personal de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, personal sanitario y servicios esenciales, lo que conllevó a la anulación de todas las visitas presenciales", como también publicó infoLibre hace unos meses.

En concreto fue precisamente desde ese 5 de marzo y hasta el 15 de abril, según también un documento oficial de la Comunidad. Es decir: en plena primera ola, el llamado Control de calidad, inspección, registro y autorizaciones (CIRA) no visitó ni uno solo de los 475 geriátricos madrileños. Según aseguran ahora las mismas fuentes, "en esa situación de crisis sanitaria, con un riesgo elevado de contagio para los usuarios de las residencias, que motivó la suspensión del régimen de visitas, se decidió centrar las actuaciones de inspección en labores de asesoramiento, seguimiento y comunicación permanente con los centros para facilitar la coordinación y respuesta a las necesidades de cada momento".

Según añaden, las "actuaciones habituales de inspección" se retomaron el 13 de junio. Pero tampoco hubo sanciones desde ese día hasta 2021. ¿Por qué? La Consejería no lo explica.

Esto supone que, obviamente, ninguna de las sanciones impuestas en 2020 haga mención a un virus que en enero, febrero y marzo era algo todavía lejano. La última sanción impuesta en 2020 a un geriátrico de la Comunidad de Madrid fue por la situación que se encontró en la residencia Ballesol Majadahonda en la inspección realizada el 5 de marzo de 2020. En concreto por administrar insulina caducada desde hacía un mes a una usuaria, un hecho que le costó al centro 6.001 euros reducibles a 3.600,60. Sólo hubo una sanción más ese mismo mes. La destinataria, la Residencia Los Nogales del Paseo Imperial, multada con el mismo importe.

El resto de las sanciones se remontan, siempre según la información extraída por Morales de los documentos oficiales, a lo observado en el mes de enero y de febrero de ese año. En el primero hubo tres inspecciones objeto de sanción —una en el Ensanche de Vallecas, otra en Sanitas La Florida y otra en Nuevo Día—; en el segundo, diez. Y una especialmente grave cuya multa no se firmó hasta meses después.

Fue por lo que se encontraron los inspectores el 6 de febrero en el centro gestionado por Hestia en Colmenar Viejo. Superaba la capacidad permitida, una habitación había sido convertida en despacho, no tenía contratado personal cualificado para programar las actividades dedicadas a los mayores, la medicación estaba almacenada en el pasillo sin ningún tipo de seguridad, había residentes con sujeciones sin prescripción médica, el salón tenía humedades y persianas rotas y los residentes estaban solos.

Todo le costó al centro 78.005 euros, pero no sólo eso. A Hestia se le prohibió prestar servicios sociales durante una década, al director se le inhabilitó durante cinco años y se revocó la autorización administrativa de la residencia. Nada de esto sin embargo fue efectivo hasta el 14 de septiembre, pasado lo peor de la pandemia.

En cualquier caso, ¿qué pasaba en las residencias cuando ya no había sanciones? Como confirma la Consejería y ha podido comprobar infoLibre, sí que hubo servicios de inspección oficiales de la Comunidad de Madrid que visitaron los centros de mayores una vez superada la primera ola de la pandemia, durante la que fallecieron 9.470 mayores, 7.291 de los cuales lo hicieron sin ser trasladados a los hospitales en cumplimiento de los Protocolos de la Vergüenza. En las actas que levantaron después, además, se ve que muchas "no hacían las cosas bien", critica Morales. En muchos casos no por dejadez, sino por imposibilidad. "Muchas registraban sobreocupación y otras ni siquiera una sectorización, pero a pesar de ello la Comunidad no cumplió con su obligación de vigilar", lamenta la diputada.

También lo ha podido comprobar después de meses de espera. Por ejemplo, en la inspección realizada el 15 de junio en Orpea Buenavista se dejó constancia que hasta la fecha habían fallecido 71 residentes, el 36% del total de las 196 plazas disponibles en el geriátrico, que se encontraba sin sectorizar, con cuatro trabajadores en su domicilio esperando una prueba PCR y otros tantos con un positivo confirmado.

El mismo día también se visitó la Residencia Santísima Virgen, perteneciente a la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio, que fue intervenida en plena pandemia y que en la fecha de la visita no contaba con personal suficiente con la titulación necesaria ni con la atención especializada pautada. Además, en el geriátrico había una usuaria sin la oxigenoterapia pautada y sin los registros de cambios posturales cumplimentados.

En otras tantas se requirieron cosas similares. En Masam Guadarrama también se reclamó "atención pautada y especializada" y una "mejora en la cumplimentación de los registros", además de "mantenimiento y conservación de las instalaciones" o una "mejora en la lencería". Poco se pedía en relación al covid. "Cuando leí las actas me di cuenta de que las inspecciones se seguían realizando igual que en 2019. No parecía que hubiera pandemia", lamenta Morales, que extrajo de otra documentación oficial que sólo en agosto de 2020 había hasta 276 positivos en todas las residencias de la Comunidad de Madrid. "¿Por qué no cruzaron los datos de sanciones con sus propias inspecciones o cifras?", se pregunta la socialista.

Muy distinto fue en cambio lo que otras organizaciones y organismos registraron en las actas de sus visitas. En las de los Bomberos a las que ha accedido infoLibre se evidenció por ejemplo que en varios centros de mayores había cadáveres que llevaban días a la espera de ser recogidos por los servicios funerarios. Pasaba por ejemplo en Vitalia Las Rozas (donde había dos cuerpos, uno desde hacía tres días), en Sanitas Residencial Getafe (donde se encontró otro), en Vitalia Parla o en Orpea San Fernando de Henares (donde eran cinco los cuerpos pendientes de recogida).

Observaron igualmente que la mayor parte del personal no tenía formación suficiente. Y que actuaba como podía. También sin el material de protección necesario. "Necesitan material", es la frase más empleada en casi todas las visitas a las residencias.

En las que realizó Médicos Sin Fronteras, por su parte, la idea más repetida hace alusión, precisamente, a esos Protocolos que impidieron los traslados a centros sanitarios. "Respecto a las derivaciones al hospital, los no referidos es porque no tenían criterio de derivación en el hospital", recogió la organización en la Residencia de Arganda del Rey. "Hasta la fecha no estaban aceptando derivaciones al hospital de referencia", plasmaron tras visitar Antares, el 11 de abril.

Era el 7 de agosto de 2021. Los mayores residentes del centro Los Frailes, en la localidad madrileña de Leganés, se disponían a acudir al comedor como de costumbre. Uno de ellos, Pedro Francisco, trató de abrir una puerta corredera, pero no pudo. Salió corriendo y a su paso, sin pretenderlo, empujó a su compañera Juliana, que a consecuencia del golpe falleció al día siguiente en el Hospital Universitario Severo Ochoa. Más de tres años después, la justicia ha condenado a la Comunidad de Madrid. Es, considera el Tribunal Superior de la región, responsable patrimonial de lo que ocurrió. Y por eso debe pagar 60.000 euros a la familia de la anciana: 30.000 a su viudo y 10.000 a cada uno de sus tres hijos.

El caso es complejo, pero en ningún caso aborda una problemática nueva. La sentencia, fechada el pasado 16 de septiembre, concluye que la Administración regional fue responsable indirecta de lo que pasó. Fue ella la que ordenó el ingreso de Pedro Francisco en el centro. El hombre, de 67 años, había pasado unos días en la unidad de psiquiatría del Severo Ochoa después de un episodio de agresividad con sus vecinos. Así que el propio geriátrico, informe de alta en mano, avisó de que sus instalaciones no eran "el lugar apropiado" para atenderlo. 

Pero no sirvió. Por eso la jueza considera que "se puede establecer una relación de causalidad entre la decisión adoptada por la Comunidad de Madrid de ingresar a Pedro Francisco en la Residencia y los daños ocasionados por el fatal incidente. Y también determina una cierta desatención del deber de garante de la integridad física" de la mujer fallecida. "Ha quedado de sobra acreditado que la Residencia no era el centro idóneo para tratar la patología psiquiátrica que presentaba" el mayor, recoge el fallo.

Los Frailes es un geriátrico público de gestión indirecta —en manos de Aralia cuando sucedió todo y de Sanivida en la actualidad— con espacio para 220 personas. Todas "exclusivamente dependientes". Según el comparador sectorial miResi, entre los servicios que ofrece cuenta con asistencia médica, farmacéutica, atención social y cuidados sanitarios. No detalla nada más, pero tampoco especifica la existencia de asistencia psiquiátrica en el centro. En cualquier caso, y según se recoge en la sentencia del TSJM, sí existía un módulo específico para los mayores con este tipo de patologías. La pregunta que surge a continuación es qué tipo de atención se ofrecía en él.

Ahí está el quid de la cuestión. Y no sólo a nivel de la Comunidad de Madrid, sino de muchas otras. La región no es la única que ha ingresado a mayores con patologías psiquiátricas en centros para mayores dependientes. Es más, esta cuestión es una de las principales preocupaciones de muchas organizaciones de familiares de usuarios de residencias a lo largo y ancho de toda España que, eso sí, desconocen las cifras que dimensionan el problema. Y ocurre hasta en Madrid, donde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ni siquiera respondió a la pregunta de infoLibre de cuántas personas se encuentran actualmente en esta situación. "Respeto a las decisiones judiciales", se limitaron a responder sus fuentes.

Con las competencias cedidas, es cada autonomía la que establece su normativa en materia de servicios sociales y dependencia. Pero todas, no obstante, deben encuadrarse en un marco genérico establecido, ese sí, a nivel nacional. ¿Y qué marca? Pues fundamentalmente que el ingreso en una residencia requiere ser mayor de 65 años —o 60 en algunos casos. Lo que pasa es que en muchas ocasiones no se analiza nada más. Es decir, la persona con patología psiquiátrica no entra en un recurso específico dedicado a la atención a la salud mental, sino en uno acorde a su edad y nivel de dependencia. En la Comunidad de Madrid, de hecho, la Red de Atención Social a personas con enfermedad mental se dirige, especifica el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a personas de entre 18 y 65 años.

"En Madrid no tenemos residencias para mayores y personas con problemas de salud mental, y no es lo mismo una persona mayor con una demencia que con un trastorno grave. Creo que no se está tratando el asunto con suficiente sensibilidad", lamenta Miguel Vázquez Sarti, de Pladigmare. Lo que reclama es o bien un recurso específico o, en su defecto, un correcto abordaje desde el geriátrico. "Se necesitarían perfiles específicos de psiquiatría y psicología", ahonda. Ahora mismo, ni siquiera el personal existente es suficiente.

Según el Estudio sobre el personal mínimo necesario en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid realizado durante casi nueve meses por esa plataforma junto a UGT y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), los geriátricos necesitan, para poder ofrecer una "vida digna", 132 gerocultoras —es decir, personal de atención directa— por cada 100 residentes. La realidad, en cambio, reduce la media nacional a 59. "Tendría que haber tres o cuatro trabajadoras más que ahora", lamenta.

Pasa lo mismo en Cataluña. "Para empezar, no hay personal suficiente, pero el que hay ni siquiera está específicamente preparado para atender esos casos", señala por su parte María José Carcelén, presidenta de la Coordinadora de Familiars de Residències 5+1. "Esto es un riesgo. Lo que no puede ser es que como no hay residencias para personas con patologías psiquiátricas lo barato sea esto", lamenta. Hace un año, varias direcciones de geriátricos, trabajadores y familias afectadas confirmaron que, incluso, la Generalitat había trasladado directamente a pacientes con enfermedades mentales a residencias de mayores. En algunos casos, incluso, había ocurrido con menores de 65 años.

En cualquier caso, todo esto viene de lejos. Ya en 2016, cuando Dolors Bassa era consellera del ramo, la Asociación de Ayuda a Personas Adultas con Enfermedad Mental propuso crear recursos específicos para mayores con patologías mentales graves, un proyecto bien acogido entonces por la Generalitat pero nunca llevado a término. ¿El problema? Los recursos. Sin embargo, los familiares no han olvidado. Y su intención es volver a llevarlo a las instituciones. "Tanto los mayores como las personas con estas patologías necesitan buenas condiciones, y actualmente no se dan", sentencia Carcelén.

Desde el País Vasco y Baleares también piden lo mismo. Según denuncia Xavier Monreal, de la plataforma de familiares de Euskadi, actualmente ni siquiera hay profesionales de psiquiatría permanentes en los geriátricos, pero basar el cuidado de estos mayores en esto tampoco es lo ideal. "Es discutible que por ejemplo se les separe por plantas, porque al final las personas deambulan", reclama. "Estamos convencidos de que la Administración es consciente de estos problemas, lo que ocurre es que nadie toma medidas", añade Javier Verdasco, de la organización del archipiélago.

Sin embargo, si hay una comunidad donde este problema ha alcanzado una dimensión especial esa es Galicia. Allí la Asociación Galega de Inspectores e Inspectoras de Servizos Sociais (AGISS) ya emitió hace dos años un comunicado acusando abiertamente a la Xunta de "convertir en psiquiátricos las residencias para personas mayores". Según sus propias cifras, tres de cada diez nuevos ingresos en residencias eran de personas con problemas graves de salud mental y allí, igual que en el resto de casos, los centros "no están adaptados ni dotados de profesionales para convertirse en centros de reclusión de paciente psiquiátricos". "Mucho menos con personas mayores que se alteran y sufren situaciones de estrés", señaló el documento.

Lo firmó Marcelino Vidal, que asegura en conversación con este diario que la situación no ha cambiado. Y que, como en Cataluña, los pacientes psiquiátricos ingresados son mayores, pero también menores de 65. Según los datos publicados por Praza.gal, en 2023 había 593 menores de esta edad en geriátricos, 318 en centros privados con plazas concertadas y 275 en residencias completamente públicas.

En ese caso se trató de dar solución. Y el director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, aseguró hace ahora un año que los geriátricos tendrían módulos específicos para estas personas y que el personal recibiría una formación al respecto. Y protocolos para saber cómo. Pero no es suficiente. "Necesitamos personal concreto, y de muchas especialidades diferentes, igual que ocurre en las unidades especializadas de los hospitales", explica desde el otro lado del teléfono.

La muestra es que hace menos de un mes los trabajadores de la Residencia Asistida de Maiores de Oleiros (A Coruña), la segunda más grande de toda Galicia, han denunciado su situación ante la Valedora do Pobo [el Defensor del Pueblo] por este asunto. Según explica Paulino Campos, de REDE, las empleadas han denunciado "que ni el centro está acondicionado, ni el equipo de enfermería está especializado en este tipo de residentes", lo que ha convertido el centro "en una aparente olla a punto de explotar".

“Si te vas a mover, que sea con clase. Si lo haces en Lambo, quizá te retrases. En transporte público llegas al rato. Te libras de atascos y sale barato. Seiscientos euros te ahorras al año. Y a nuestro planeta le quitas el daño. Viajar en bus no es bajarse al barro, tardas la mitad que en tu propio carro. Si lo pillas, puedes ir leyendo. Y si no lo pillas, te vas aburriendo. Yo sé que eres inteligente, en transporte público se mueve mi gente”.

A ritmo de trap, canción con cadenita al cuello. Este es el principal reclamo de la nueva campaña a favor del transporte público lanzada por el Gobierno, que fue presentada por el propio presidente, Pedro Sánchez, junto al ministro del ramo, Óscar Puente, el pasado jueves. Toda una declaración de intenciones del Ejecutivo de coalición, que ha puesto en el epicentro de sus discursos la apuesta por lo público y el Estado del Bienestar. 

Desde la vuelta de vacaciones, Sánchez ha imprimido ese carácter social a sus palabras frente a otros temas prioritarios de hace unos meses como la regeneración democrática. En el arranque de curso en el acto en el Instituto de Cervantes lanzó ya esa apuesta por más autobuses públicos frente a los lamborghinis. Y ese foco se abre en mitad de la polémica sobre la financiación autonómica y el pacto entre el PSC y ERC para hacer presidente de Cataluña a Salvador Illa con la principal promesa de modelo singular para esa comunidad.

Esa gran conversación política, social y económica la quiere enmarcar ahora el Gobierno en el plano de una discusión sobre los propios sistemas de gestión. Sánchez lo verbalizó ante la cúpula de su partido en el pasado Comité Federal: “El debate no es sobre territorios, sino entre modelos”. El mensaje es que lo importante es cuánto y cómo se invierte el presupuesto público. La Moncloa pretende poner en primera línea la contradicción del PP de hablar de desigualdad entre los españoles mientras sus comunidades se dedican a hacer rebajas fiscales a las clases más altas. 

Una ofensiva socialista que se fija, por ejemplo, en la actuación de la Comunidad de Madrid. “De cada diez euros que da el Gobierno, Madrid ha usado tres para regalos fiscales. ¿Y qué han hecho para cuadrar las cuentas? Situarse en la cola de gasto en educación y sanidad”, dijo el jefe del Ejecutivo. Pero no sólo se denuncia lo que hace la Comunidad, sino que se ha puesto en la picota también a la Junta de Andalucía. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Pilar Alegría, denunció esta semana: “Hemos aprobado en el Consejo de Ministros 32 millones de euros para poner en marcha 2.900 plazas de educación infantil públicas y gratuitas en las distintas comunidades autónomas, porque el Gobierno del señor Moreno Bonilla, ha rechazado expresamente a la financiación de 112 millones que permitirían que 12.000 familias andaluzas pudieran disfrutar de una nueva plaza pública y gratuita para que sus hijos fueran escolarizados”.

Se abre un curso para discutir sobre “lo perteneciente o lo relativo al Estado o a otra Administración”, como define en una acepción “público” la Real Academia Española de la Lengua, que conecta también con otras como “accesible para todos” y “conjunto de personas que forman una colectividad”. En España durante el último año el gasto público se sitúo en el 46,4% del PIB, con un total que rondó los 678.820 millones de euros (el gasto per cápita está en los 13.959 euros). El peso máximo se alcanzó durante la época de pandemia, cuando por primera vez superó el cincuenta por ciento, ya que en 2020 fue del 51,90% y en 2021 del 50%. 

El peso de lo público en la economía ha subido en las últimas décadas, ya que estaba apenas por encima del 30% en relación al PIB a principios de la década de los ochenta del siglo pasado. Pero esta tendencia no es un caso único español. Así lo refleja el documento publicado en 2022 por parte del Banco de España bajo el título de El peso del sector público en la economía: resumen de la literatura y aplicación al caso español, firmado por Carlos Sanz. En el texto se recoge: “Desde el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, el gasto público en los países desarrollados ha crecido de forma muy notable. Por ejemplo, según datos del Banco Mundial, el gasto público en la Unión Europea aumentó desde un 24,5 % del PIB en 1973 hasta un 36,6 % en 2019. En Estados Unidos también se ha producido un aumento, aunque más limitado y partiendo de un nivel inferior (del 17,9 % al 22,7 %)”.

En otro informe de Funcas se detalla que en la UE en su conjunto en el año 2020 llegó a representar el 53,1% (hasta un 53,8% en la zona euro). España, a pesar de los estereotipos sobre un sector inflado, no es un país “con un elevado gasto público”, sino que está por debajo, en relación a su PIB, de países de su entorno como Portugal, Francia, Alemania o Italia. El estudio refleja además, contra el mantra extendido entre sectores neoliberales, que un fuerte peso de lo público en el PIB se da en países con un fuerte PIB per cápita a la vez, como son los casos especialmente de Dinamarca y Suecia, a la cabeza.

Este incremento del gasto público se escenifica en los presupuestos generales y en los autonómicos, que en las últimas ediciones llevan en las noticias siempre el adjetivo de “récord”. Por ejemplo, el Gobierno aprobó el techo de gasto para el año que viene el pasado martes en el Consejo de Ministros, un acuerdo con un límite de gasto no financiero nacional, sin incluir los fondos europeos, que se elevará hasta los 195.353 millones de euros, un 3,2% más que en 2024. En los presupuestos generales en vigor, por ejemplo, el Gobierno fijó como prioridades el mayor gasto en la historia en sanidad, educación, becas y pensiones.

¿Y en qué se gasta el dinero público por parte de las administraciones públicas? Según el último estudio consolidado de la Intervención General del Estado correspondiente al ejercicio de 2022, el grueso principal fue la protección social (252.783 millones de euros). Luego se encaminó a sanidad (93.126 millones de euros), a servicios públicos generales (78.311 millones de euros) y a asuntos económicos (76.664 millones de euros). Los siguientes montos más significativos tenían el destino de la educación (58.598 millones de euros), orden público y seguridad (26.017 millones de euros), ocio, cultura y religión (16.599 millones de euros), defensa (15.344 millones de euros) y vivienda y servicios comunitarios (6.493 millones de euros). 

El gasto, recoge la Intervención General, se reparte así en el ámbito institucional: fondos de la seguridad social (32,5%), administración autonómica (32%), administración central (24%) y administración local (11,6%).

La administración autonómica se sitúa en la punta de lanza y tiene como principales competencias la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios sociales, por lo que recaen sobre ella algunos de los pilares básicos para que se sostenga el Estado del Bienestar. Y ahí es donde se abre también ese gran debate sobre el modelo. Ese aumento en el gasto público no significa que de manera consecuente se eleve el gasto sobre sus principales asuntos. En el último estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, se especifica que las políticas sociales han pasado de representar el 67,39% en 2010 a un 60% el año pasado (si se hubiera mantenido ese nivel, hoy las autonomías habrían puesto 23.000 millones de euros en estas cuestiones).

Además, hay una brecha significativa entre las comunidades. La que más dedica, según el informe, es Navarra frente a Madrid, la que está en la cola (1.700 de euros de diferencia por persona y año). El Gobierno de María Chivite (PSN) empleó 4.160,96 euros por ciudadano, por delante de Euskadi (4.078,95 euros), Extremadura (3.960,33 euros) y Asturias (3.681,38 euros). En el extremo opuesto se situaron Madrid (con 660,41 euros menos por ciudadano respecto a la media nacional), Cataluña (182,49 euros menos), Murcia (116,8 euros menos) y Andalucía (89,48 euros menos).

La educación supone una de esas grandes columnas de las comunidades y centra parte del debate sobre el modelo. Según los últimos datos publicados por el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación SEIE, que recoge el curso de 2021, Madrid es la autonomía que menos invierte en educación pública por estudiante (con 5.886 euros, muy por debajo de la media nacional que se sitúa en 7.043 euros). En el extremo opuesto están el País Vasco (10.984 euros), Navarra (8.993 euros) y Cantabria (8.163 millones de euros). En este debate también se pone sobre la mesa las autonomías que más porcentaje de su gasto público destinaron a la educación concertada: Euskadi (25,5%), Balears (19,6%) y Madrid (19,3%).

Un esquema que se extiende sobre el gasto en sanidad. Según el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud hecho público por el Ministerio de Sanidad, a la cabeza de gasto por habitante está el País Vasco (2.073 euros por persona al año). Ninguna otra autonomía supera los dos mil, estando arriba también Asturias (1.965 euros), Navarra (1.947 euros) y la Región de Murcia (1.909 euros). En cambio, la menor inversión por habitante es la de la Junta de Andalucía (1.486 euros), casi a la par que Madrid (1.536 euros) y Balears (1.644 euros).

Uno de los indicadores sobre el sistema público sanitario está en la otra cara de la moneda: los seguros privados. Madrid es la región a la cabeza, con un 38,1% de su población buscando atención privada, según el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) basándose en datos de la patronal del sector asegurado, UNESPA. Cataluña y Balears se sitúan después, con cotas del 32,8% y 30,1% respectivamente. En cambio, en Navarra sólo hay apenas un 10% de la población con seguro privado. La asociación reflejaba la conexión del incremento de este servicio por el aumento de las listas de espera en atención primaria.

En el debate entre lo público y lo privado entra de lleno en lo nuclear el aspecto fiscal, donde también hay una pugna las comunidades. Por ejemplo, en el apartado de tributos propios Cataluña está a la cabeza con 15, mientras que en Madrid no hay ninguno, como extremo opuesto. Además, según el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, de la fundación para el Avance de la Libertad, de corte liberal, las autonomías ahora mismo con la presión fiscal más baja son País Vasco, Madrid y Andalucía. Cataluña, en cambio, aparece como el territorio donde más impuestos se pagan.

El enfoque también está dominado muchas veces por la cuestión de los funcionarios. Pero ¿cuántos empleados públicos hay en España? Según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP), con datos actualizados de enero de este año, hay un total de 2.968.522, una cifra muy similar a 2023 (2.966.987 efectos). El grueso principal está en la administración autonómica (un 62,7%), frente al 19,4% de los ayuntamientos y el 17,9% del Estado. Las mujeres representan el 59,29% del total (principalmente en el sector público de las comunidades y en la administración de justicia, mientras que en las fuerzas armadas los hombres copan el 90% de puestos). Más de la mitad de los empleados públicos se concentran en tan solo cuatro comunidades: Andalucía, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. El debate sobre lo público y lo privado está más vigente que nunca.

La realidad a veces hace trizas los discursos. Con el debate sobre la financiación autonómica instalado en la actualidad informativa desde hace semanas y las autonomías reclamando más dinero para ofrecer a sus ciudadanos mejores servicios públicos, un informe titulado La inversión social por comunidades. Sanidad, Educación y Servicios Sociales desvela que las regiones recortan en sus cuentas desde 2010 en esas políticas y en concreto en 2023, cuando sus presupuestos engordaron en 15.469 millones de euros, sólo el 12,58% de esa cantidad, esto es, 1.946,6 millones se destinaron al ámbito social. Únicamente uno de cada diez euros de esos fondos extra fue a parar a sanidad, educación y servicios sociales.

En términos relativos, si en 2010 el porcentaje de las cuentas autonómicas asignado a políticas sociales fue del 67,39%, en 2023 no alcanzó el 60%, quedándose en el 58,43%. Si se hubiera invertido lo mismo que en 2010, se hubieran desplegado cerca de 23.000 millones de euros más el pasado ejercicio en esas áreas. Es una de las conclusiones del estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que pone el acento además en que, pese a que la pandemia “demostró la importancia del gasto en servicios públicos esenciales”, la subida de éste en esas políticas gestionadas por las comunidades sólo ha sido del 9,1% entre 2020 y 2023, con el detalle del 0,2% en sanidad, del 16,8% en educación y del 33,5% en servicios sociales; mientras que el desembolso para el resto de políticas fue el 55,7% en ese mismo periodo, es decir, seis veces más.

Desde la asociación estatal impulsora del trabajo se apunta que son 3.124 euros por habitante al año los que ligan a políticas sociales en España hasta los alrededor de 150.000 millones y defienden que “haber contado con Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha propiciado el aumento de inversión" en ellas a lo largo del tiempo, aunque la situación ha sido dispar por territorios. Desde 2009, todas las regiones han acrecentado su inversión en el conjunto de los bloques sociales. Destacan Illes Balears, con un alza por habitante del 47%, seguida de la Comunitat valenciana, con un 41%; Asturias, donde se expandió un 40%; y Extremadura, rozando el 40% también. Estas cuatro regiones han engrosado en más de 1.000 euros por habitante su apuesta por lo social.

Sin dejar de lado ese indicador, el gasto por habitante, y centrando el foco en 2023, cabe reseñarse que, a la luz de los datos del informe consultado por infoLibre, casi 1.700 euros por persona y año diferencian el gasto en políticas sociales entre la comunidad con el menor, Madrid, y la que más dedica, que es Navarra. Esta última empleó por persona 4.160,96 euros, ubicándose por delante del País Vasco, con 4.078,95. Ambas tienen un Régimen Foral propio. Entre las comunidades de Régimen Común, sobresale Extremadura, con 3.960,33 euros, Asturias, con 3.681,38 y Cantabria, con 3.546,47 euros. A la cola, por el contrario, se sitúan junto a Madrid, Cataluña, con 2.942 euros; Murcia, 3.007,69 y Andalucía, con 3.124,49. Cada madrileño recibe 660,41 euros menos en políticas sociales que la media nacional, cada catalán 182,49, cada murciano 116,8 euros y 89,48 cada andaluz.

“Madrid, Cataluña y Murcia son las tres comunidades que menos inversión hacen en políticas sociales. La insolidaridad de sus gobernantes, que se muestra en sus presupuestos, se traduce en sufrimiento y abandono para las personas más vulnerables de esas comunidades”, lamenta José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

En el caso de Madrid, se da la circunstancia de que ocupa, asimismo, una mala posición al desgranar los datos en los tres bloques, educación, sanidad y servicios sociales, por separado. Es la última en gasto social por habitante en educación, con 858,64 euros, que son 382,94 menos que la región del Régimen Común que más destina, que es Extremadura; y 663,85 menos que el País Vasco, que es la que lidera ese ranking. Sucede igual en sanidad. La comunidad madrileña designa 848,80 euros menos por habitante que Asturias, la que más aporta a ese ámbito, que son 2.129,14 euros, frente a los 1.280,34 de Madrid.

Y en servicios sociales, aunque no es la peor colocada en el listado territorial, tampoco está en las posiciones de cabeza. Es la tercera en la parte baja de la tabla, detrás de Canarias y Baleares, con un gasto por habitante de 325,10 euros, que son 463,36 menos que Navarra, la primera en esta ocasión; y 302,9 menos que la que lo es dentro del Régimen Común, Extremadura.  

En ese contexto, Ramírez critica que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haya anunciado este jueves 12 de septiembre “una nueva reducción de impuestos”. “Vamos a recaudar menos -afea-, para que la gente que tiene más dinero, siga teniendo más y las personas vulnerables tengan unos servicios cada vez más deficientes”, lanza. Alude a que Ayuso ha adelantado que ampliará del 25% al 50% la bonificación del gravamen sobre Sucesiones y Donaciones para las operaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos por consanguinidad, a partir del próximo año.

Y no se ha quedado ahí. Se establecerá una bonificación del 100% en las donaciones esporádicas entre particulares que sean inferiores a 1.000 euros y se eliminará el requisito formal de otorgamiento de documento público para aplicar las ya existentes. El Gobierno madrileño estima que estas rebajas fiscales en ese impuesto “supondrán un ahorro de casi 130 millones”, que no llegarán a las arcas públicas. Y no es el único agujero. Desde el Ministerio de Hacienda han calculado que suprimir el impuesto de Patrimonio implica perdonar cada año 1.300 millones a los más ricos en comunidades como Madrid o Andalucía.

Al margen de las burbujas autonómicas, otro elemento sobre el que ponen el acento desde la asociación de directoras y gerentes es que la mayor ampliación en el gasto autonómico ha sido en el abono de la deuda, “multiplicándose casi por cinco su coste total" e hinchándose "en 704,9 euros por habitante”. “En algunas comunidades esto ha lastrado y ha limitado sin duda la capacidad de aportar más recursos a las políticas sociales, que aumentaron sólo un 23,2%, 589 euros”, asevera su director, para apostillar: “Pero la deuda se produce por la crisis y por pagos que se han hecho a lo que no era Estado del bienestar, como lo que se dio a los bancos”, desliza.

Fue en 2020, cuando la deuda llegó a su nivel más alto, 1.163.3 euros por habitante, y desde entonces no ha dejado de descender hasta los 854,3 del pasado ejercicio. No obstante, "para valorar lo que supone” de débito, “y su impacto” sobre el gasto social, “basta decir que en 2009, el coste de la deuda por habitante fue sólo de 149,4 euros, mientras que a servicios sociales se destinaron 257,9, es decir, 108,5 euros más. Sin embargo, en 2023 el coste de la deuda subió a los 854,3 euros por persona y a servicios sociales fueron 407,2, menos de la mitad”, explican desde la asociación. Dicho de otro modo: “Si en 2023 se hubiera mantenido el coste de la deuda que existía en 2009, con ese ahorro se podría haber duplicado el gasto en servicios sociales, incluida la atención a la dependencia”.

Ramírez quiere dejar claro que “las políticas sociales son las que garantizan la igualdad y la cohesión, son las mejores vacunas para evitar la exclusión y la desigualdad”, pero la evidencia numérica muestra que "las comunidades autónomas están reduciendo porcentaje presupuestario para garantizar esas políticas del Estado del Bienestar", señala.

En relación a la conveniencia o no de que haya cuentas estatales, que el Gobierno presentará, aunque no tiene por ahora garantizados los apoyos parlamentarios necesarios para sacarlas adelante, avisa: “En los tres últimos años se habían incrementado en los Presupuestos 600 millones para servicios sociales, pero en 2024, no. Y si no hay el año que viene, se perjudicará directamente al Estado del Bienestar”, cierra, confirmando que no es de contemplar y quedarse callado. 

Como personal sanitario quería dar mi visión desde mi experiencia de varias de las áreas sanitarias que están fallando, creando grandes problemas a la población, meramente por estar el sector mercantilizado para los intereses y las ganancias de unos pocos. Situación que nada tiene que ver con la prevención, la promoción y la mejora de la salud de la población, atentando en contra de las profesiones sanitarias y de los ciudadanos. 

Con más de quince  años de experiencia  en el sector de los cuidados a personas dependientes en residencias, he vivido de cerca el gran negocio. He  denunciado a uno de los grandes grupos de los 12 que gestionan y se reparten el pastel en España. Grupos que poseen un índice muy elevado de fallecimientos durante la pandemia, en comparación con otras residencias similares que no han tenido casi fallecidos durante la gran hecatombe de  los meses de marzo y abril del 2020 por la COVID-19.  En Madrid ha habido más de 7.000 fallecimientos y más de 30.000 a nivel nacional.

La dependencia es una de las necesidades poblacionales donde más vulnerables somos, tanto las personas como los familiares. Nuestras instituciones  no favorecen otras alternativas. Como profesional he decidido salir de este sector porque no puedo ejercer correctamente mi profesión, teniendo muchos problemas a nivel personal por reclamar lo que deberían ser derechos fundamentales. Debería ser premiado y no castigado. Es una realidad muy injusta de la que debería haber responsables y en la que nos hemos sentido coaccionados y abandonados.

Son muchas las publicaciones que he hecho sobre este tema, además de escribir el libro Lodo y Fango en las Residencias. Sigo colaborando para tratar de cambiar un sector en el que hay inversores tratando de ganar grandes cantidades de dinero a costa de una necesidad poblacional, subvencionadas con dinero de todos los ciudadanos que acaban en manos de empresas privadas y no en las personas y sus cuidados.

En mi sentencia, y a pesar de haberlo avisado con denuncias y reclamaciones, tanto por mi parte como por la de los familiares, no fuimos escuchados. Denuncié en Noviembre de 2019 (4 meses antes del estallido de la COVID) sin darme la razón en primera instancia. Tuve que aceptar que hubiera 52 fallecidos durante mi proceso de suplicación por no estar de acuerdo con la decisión del juez. Aun así me dieron la razón a medias obligándome durante ese tiempo a trabajar con esta empresa tan indigna. Esto demuestra la poca implicación por parte de nuestras instituciones (jueces y fiscales). Nos negaron un derecho que supuestamente deberíamos tener en un sistema democrático y constitucional.

En la sentencia,  el juez reconoce que durante períodos largos y mantenidos, tenía una carga laboral cuatro veces superior a la que contempla la normativa. Un dato curioso es que las  inspecciones nunca detectaron estos problemas, pero sí se demostró  judicialmente. Mi pregunta es: ¿qué hacen estos inspectores?

Por detrás de esta falta de personal y de los problemas estructurales hay consecuencias directas en el empeoramiento de la salud y en la mortalidad. La falta de personal, de profesionalidad, de higiene, de limpieza, de ventilación (ventanas y salidas de emergencia cerradas), de medidas preventivas, de alimentación, hidratación y las temperaturas excesivas hacen que haya una incidencia directa que influyó en que las personas más vulnerables llegaran muy debilitadas a la pandemia, y es ahí donde debería haber responsabilidades.

Por otro lado, la política y su incompetencia, derivada de algún interés oculto que desconocemos pero podemos imaginar, han decidido cerrar las comisiones de investigación, volviendo a negar otro de los derechos fundamentales. Muchos ciudadanos y familiares necesitamos que se esclarezca qué es lo que ocurrió. Desde Marea de Residencias y Verdad y Justicia (plataformas de las que soy miembro) hemos allanado este trabajo. Se ha impulsado una comisión de investigación ciudadana con expertos de gran prestigio y carisma, un trabajo que deberían haber hecho ellos y que ha llevado mucho tiempo.

Nuestras instituciones no están siendo “trigo limpio”, ya que deberían proteger los derechos de los ciudadanos y no los intereses de estos inversores, poniendo en riesgo nuestra Constitución y sistema democrático y judicial a favor de las grandes economías, abandonando y yendo en contra de los derechos de la mayor parte de la población en un sistema que debería ir a favor de estos mismos.

Se ha culpabilizado de todo a la COVID-19, cuando parte de esos fallecidos fueron por otras causas según datos aportados por infoLibre. Seguiremos luchando por estas causas.

Es otro de los problemas que afectan directamente a la promoción y a la prevención de la salud de la ciudadanía. Son muchos los sanitarios que se quejan de las condiciones laborales que tienen, sin poder desempeñar bien su trabajo. Pero también es cierto que son pocos los que se enfrentan a sus directivas, la mayoría parece mirar hacia otro lado, siendo víctimas y cómplices a la vez. Saben muy bien cuáles son las buenas prácticas cara a los ciudadanos, rigiéndose y aceptando unos protocolos por parte de las directivas que nada tienen que ver, una vez más, con la mejora de la salud de los ciudadanos, y que fomentan el ahorro económico a corto plazo, poniendo en riesgo la salud de las personas y creando un problema a largo plazo. 

A día de hoy, continúo ejerciendo como sanitario, teniendo contacto con muchas personas que tienen problemas de salud. Muchas de ellas me reafirman mis pensamientos: "hacemos filosofía de algo que es ciencia, llegando a poner tratamientos con medicaciones muy fuertes sin un diagnóstico previo, como es el caso del uso del fentanilo". Tratamientos que no buscan la mejor solución para la persona sino la más rentable a corto plazo y la más perjudicial para las personas.

Otra de las áreas donde se debería hacer más hincapié es en la psicología. A día de hoy es escasa de cara a los ciudadanos. Casi no hay tratamientos terapéuticos con psicólogos en el sistema público de salud, derivando todo a psiquiatría y medicando a la población para tratar la sintomatología (alarma de que algo no funciona bien en nuestro interior). No se solventa el problema de forma terapéutica, con una media de 2 sesiones anuales. Somos el país con mayor ingesta de benzodiacepinas. Hay un documental que habla de ello, Empastillados. La psicología es para muchas familias un producto de lujo que no pueden costearse y su única solución es consumir estas drogas para no sufrir más, creándoles mucha dependencia. Los trastornos mentales están en aumento, al igual que los suicidios, y lo más preocupante es que se están dando en la población más joven, porque no pueden más. Creo que es un tema en el que la población debería reflexionar y exigir cambios. Como sociedad parece que, si no nos toca directamente, no nos afecta.

Otra de las áreas en la que también debemos invertir y proteger es en la fisioterapia, la rehabilitación y el ejercicio físico. Se trata de patrones que una vez más y a largo plazo interfieren en la prevención y promoción de la salud. La realidad es otra y resulta que vuelve a ser para muchos un producto de lujo, donde en muchas ocasiones volvemos a tratar la sintomatología con medicamentos en vez de tratar el problema de forma terapéutica.

Como sociedad deberíamos reflexionar sobre estos problemas y exigir mayor inversión en la prevención y promoción de la salud de la población. Debemos cuidar al personal sanitario, y junto con la educación, ser los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Invertimos mucha economía en turismo y ocio y nos despreocupamos de invertir en lo más importante y fundamental.

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Alejandro Joaquín Salado Monreal es técnico en cuidados auxiliares de enfermería, técnico en atención sociosanitaria y autor del ensayo  Lodo y Fango en las Residencias.

Llevar a cabo una "revolución". Eso es lo que quiere Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que este lunes anunció que su Estrategia para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad es ya inminente. Será aprobada por el Consejo de Ministros previsiblemente en junio. Y apostará, prioritariamente, por potenciar que las personas mayores puedan vivir en sus casas de manera digna. Con una red de atención a domicilio más amplia. Con mejores servicios de teleasistencia. Y con más plazas en centros de día.

Así lo explican desde su departamento, desde el que añaden que, de manera paralela, se trabajará para que las residencias de mayores se focalicen en la atención a la persona, en línea con el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) aprobado en 2022. Pero, no obstante, lo principal es lo primero. "Durante muchos años en España se ha pensado que incrementar las políticas de dependencia significaba construir residencias más grandes, pero cuando se le pregunta a la gente, el 90% de las personas quieren envejecer en su pueblo, en su barrio, en su ciudad", señaló el propio Bustinduy en la Cadena Ser.

La Ley de Dependencia aprobada en el año 2006 iba de hecho en esa línea. En su artículo 13, la norma recoge que el primer objetivo de las prestaciones pasa por "facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y sea posible". Sin embargo, según señala el ministro de Derechos Sociales, se ha apostado en cambio por una institucionalización de la dependencia. En otras palabras: por fomentar en demasiados casos el ingreso en un geriátrico. Y muchas veces, en uno con más de 200 plazas, un modelo que durante la crisis del coronavirus se demostró fallido. Fue allí, señaló un estudio publicado en la revista científica Epidemiología, donde la mortalidad por covid llegó incluso a duplicarse.

Los datos indican no obstante que este tipo de centros aglutinan hasta el 38% de las plazas en centros de mayores que existen en nuestro país. Por eso el objetivo es justo el contrario: desinstitucionalizar los cuidados a los mayores. "Lo que se pretende es acabar con el modelo de las macrorresidencias y apostar por los cuidados en proximidad, reforzando la atención a domicilio, la teleasistencia y los centros de día", concretan fuentes del departamento de Bustinduy. Eso no significa en cambio que haya que acabar con los geriátricos, sino que hay que repensarlos. "Tienen que ser éstos los que se adapten a los mayores, no al revés", señala Sara Moreno, profesora de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona.

España tampoco está sola en esto. Y así lo recoge el informe El efecto de las transiciones demográfica, climática y digital en la desigualdad territorial presentado hace una semana por la Fundación Alternativas y del que es coautora, precisamente, Moreno. "Existe un amplio consenso a nivel europeo sobre la necesidad de impulsar modelos de cuidados que favorezcan la permanencia de las personas en su entorno domiciliar y comunitario, reduciendo la cobertura e intensidad de los cuidados institucionalizados en centros residenciales", afirma el documento.

Muestra de ello es la Estrategia Europea de Cuidados para cuidadores y receptores de cuidados, trasladada a España en 2023 mediante la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización para una Buena Vida en Comunidad, una primera hoja de ruta que ahora Bustinduy pretende concretar en un documento específico. Lo hará además con el apoyo firme de la población española, según se demostró a través de una encuesta realizada a 2.505 personas, entre las que ocho de cada diez consideran que las personas que residen en centros o instituciones asistenciales están en alguna medida al margen del conjunto de la sociedad.

Pero vayamos a las cifras. ¿En qué punto se encuentran los recursos que ofrece la Ley de Dependencia más allá de los centros residenciales? Los datos los recoge el Imserso y los últimos ofrecen una panorámica a 31 de diciembre de 2022. En concreto, el servicio de teleasistencia atiende a 988.623 personas, un 10,2% de los mayores de 65 años. De ellas, el 75% son mujeres. Por su parte, 534.321 personas reciben servicio de ayuda a domicilio, lo que supone que esta prestación tan sólo alcanza al 5,52% de quienes han cumplido ya los 65. En este caso, las mujeres representan un 71,9% del total de las beneficiarias. Los centros de día, por último, ofrecen atención a 66.421 personas en 105.447 plazas. En este caso, ellas son el 68,7% de los usuarios.

Para la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales se trata de números completamente insuficientes. Así lo denunció el pasado mes de febrero, cuando la organización lamentó además que la media de tiempo en atención y cuidados sólo alcanza las 20,2 horas mensuales, una cifra que resulta dos décimas menos que en 2019. "Estos datos tan limitados y la escasa o nula evolución que registran en los últimos años hacen inviable avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en perjuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres", señaló la organización.

Porque ese es el modelo de cuidados actual. Según los últimos datos recogidos por el Imserso, la mayoría de prestaciones de la Ley de Dependencia están orientadas a cubrir los gastos de los familiares que cuidan. En concreto, el 29,2%. Un dato que a juicio de Moreno muestra uno de los motivos por los que la norma aprobada en 2006 no ha tenido una buena aplicación. En concreto, la experta recuerda que otro de los objetivos de la Ley era profesionalizar los cuidados, algo difícil de conseguir si quienes siguen realizando estas labores son las —porque la mayoría son mujeres— familiares de los mayores. "Hacer una ley no implica cambiar la realidad. Hay que trabajar en los marcos normativos, claro, pero eso no implica que no haya obstáculos socioculturales difíciles de derribar", subraya.

En este sentido, desde el Ministerio de Derechos Sociales apuntan a que la estrategia del nuevo modelo de cuidados, además de esa desinstitucionalización, pretende mejorar las condicionales laborales de las trabajadoras del sector de la dependencia. Según sus propios datos, más del 80% son mujeres y más del 40% son, además, migrantes. Por otro lado, las que realizan su labor en residencias cobran un 41% menos que el salario medio de nuestro país y las que lo hacen en domicilios hasta un 59% menos.

Pero la precariedad va más allá. Según denuncia el responsable de Negociación Colectiva Privada de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Jesús Cabrera, los contratos a tiempo parcial de las cuidadoras a domicilio suponen más del 70% del total y las plantillas dentro de los geriátricos son totalmente insuficientes. Por ello reclama más fondos. "España destina un 0,9% de su PIB a dependencia y la media europea se encuentra en un 1,5%", detalla.

El origen está en la crisis económica de 2008, el segundo factor, a juicio de Moreno, que ha contribuido a que la aplicación de la norma no sea efectiva. En tan sólo cuatro años, el Gobierno conservador de Mariano Rajoy recortó hasta 2.000 millones de euros la financiación a la dependencia, una cifra que el Gobierno se propuso recuperar mediante el plan de choque aprobado en 2021 que contemplaba más de 600 millones de euros. Sin embargo, y según denunciaron los directores y gerentes de Servicios Sociales y lamenta también Cabrera, esa circunstancia fue "aprovechada" por algunas comunidades para rebajar su aportación —que, en teoría, debería de estar equilibrada con la proveniente del Estado. En concreto fueron Cataluña, Andalucía, Comunitat Valenciana, Madrid, Extremadura, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Murcia.

Ahora, el Ministerio de Bustinduy transferirá fondos europeos a las autonomías para aplicar esta nueva estrategia, financiada también en parte por el propio Gobierno, que inyectará presupuesto a distintos proyectos de innovación.

El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso ha registrado una proposición no de ley para regular y definir la situación de electrodependencia y promover medidas de ayuda a las familias con algún electrodependiente, como garantizar que no se les pueda cortar el suministro eléctrico, informa Europa Press.

Además, la iniciativa registrada por el Grupo Socialista para su debate en el Pleno propone que los electrodependientes puedan acceder a bonificaciones en la tarifa eléctrica y que tengan a su disposición dispositivos que garanticen el suministro en casos de cortes programados e inevitables o coyunturas imprevistas, como equipos electrógenos o sistemas de alimentación ininterrumpida.

La proposición no de ley está firmada por los diputados Sonia Guerra López, Noelia Cobo Pérez, Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, Mª Luisa Faneca López, María Guijarro Ceballos, Margarita Martín Rodríguez, Inés Mª Plaza García, Modesto Pose Mesura, Mª Nieves Ramírez Moreno, A. Esther Rodríguez Suárez, Luis Carlos Sahuquillo García, así como las portavoces socialistas Isabel García López y Montserrat Mínguez García.

En concreto, en ella explican que la expresión "electrodependencia" se utiliza para hablar de personas que dependen de una o varias máquinas conectadas a la red eléctrica para preservar su salud y en ocasiones también su vida. De esta manera, si la conexión se apaga o falla, las consecuencias pueden ser fatales. Además, a esto hay que añadir que las familias afectadas tienen que hacer frente a unas facturas eléctricas de importe muy superior al que tendrían que asumir si no tuvieran que afrontar la electrodependencia de uno de sus miembros.

Por ello, explican que hay un antecedente al reconocimiento legal a los electrodependientes en la Ley del Sector Eléctrico, que señala que, entre otros, se podrán considerar "suministros esenciales" aquellos de ámbito doméstico en los que exista constancia documental formalizada por personal médico de que el suministro de energía eléctrica es imprescindible para la alimentación de un equipo médico que resulte indispensable para mantener con vida a una persona. Además, recuerdan que según esta norma en ningún caso podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica a las instalaciones cuyos servicios hayan sido declarados como esenciales.

Los números de la dependencia no conviene tratarlos a modo de inventario porque, en muchas ocasiones, esconden complicadas historias detrás. Pero hay algunos que resultan significativos. De acuerdo a las estadísticas del Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sisaad), la población potencialmente dependiente en España se cifra en 6.326.950 personas y se han calculado también las solicitudes de ayudas a la dependencia en relación a ese universo, de forma genérica y por territorios. El porcentaje de peticiones registradas sobre la población dependiente en potencia para el país es de 32,72%. Y llama la atención que haya regiones como Galicia que están muy alejadas de ese porcentaje, con el 17,68%. Junto a ella, a Cantabria, Canarias y Asturias, se asocian un 23,74%, 25,27% y 25,49%, respectivamente.

Del otro lado, comunidades como Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Baleares anotan 40,82%, 38,89%, 38,56% y 35,76%, de nuevo de forma respectiva, a la luz de la información consultada por infoLibre. No llegan a la media global tampoco Aragón, Comunidad Valenciana, Madrid o Navarra. Y se sitúan por encima del 32,72%, junto a las cuatro mencionadas, La Rioja, Castilla la Mancha, Cataluña, País Vasco y Murcia, al borde, con un 32,99%.

¿A qué se debe que haya zonas dónde se demandan en bastante menor medida que en otras estas ayudas? Para el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España y presidente, asimismo, del Observatorio Estatal de la Dependencia, José Manuel Ramírez, es reseñable “la desigualdad territorial que hay entre la población potencialmente dependiente y las solicitudes por comunidades autónomas”. “Es inexplicable que haya alguna en las que el porcentaje sea casi la mitad de lo que piden en otras regiones”, asevera, aunque lo vincula con la actuación “de algunos gobiernos autonómicos”.

Argumenta: “Cuanto menos importancia le dan a la ley de dependencia, cuanto peor la gestionan y, por tanto, peor funciona, como es el caso no sólo de Galicia, de Asturias, de Canarias, de Cantabria, o de Madrid -su porcentaje no alcanza al nacional, al ser del 30,52%-; hay menos solicitudes en relación con la población potencialmente dependiente”, sintetiza. Si se pone la lupa sobre la región que presenta un peor dato, Galicia, Ramírez relaciona el origen de que en ésta “sólo soliciten las ayudas el 17%, cuando la media es del 32%", con que "probablemente el Gobierno gallego, durante los 17 años de desarrollo de la ley ha tenido desidia e impericia en su gestión y la gente no la pide. Y lo mismo podría decirse de Canarias”, apostilla.

Por lo que respecta a Asturias y a Cantabria, el presidente del Observatorio de la Dependencia apunta a otra causa: “Fundamentalmente se debe a la centralización que hacen esos gobiernos a la hora de la gestión de la ley de dependencia, por la estructura organizativa que han planteado desde el inicio, por la centralidad”. Mantiene que esas administraciones “no cuentan con las entidades locales y, al no hacerlo, el acceso a la ley no tiene el componente de la proximidad, de ahí que haya menos personas solicitantes”. A su entender, “nadie conoce mejor la realidad de las personas potencialmente dependientes que los trabajadores de los servicios sociales municipales. En Cantabria o en Asturias lo hacen directamente desde Oviedo y desde Santander y claro, mucha gente no se entera”, advierte.

Para Ramírez, sólo hay una comunidad, Navarra, cuyo bajo porcentaje, 27,06, “puede tener una explicación más o menos lógica”. “Está por debajo de la media total porque tiene unos servicios sociales muy potentes y los hay que no necesariamente tienen que darse desde el sistema central de la dependencia, los proporcionan desde allí, como alguna ayuda a domicilio, etc”.

Preguntado por si los motivos por los que los ciudadanos no se interesan más por los incentivos para la dependencia podrían estar vinculados a la falta de conocimiento o a las trabas burocráticas, como los expertos han detectado en torno al Ingreso Mínimo Vital (IMV), por ejemplo, el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España contesta que “no tiene parangón, porque el IMV es un ingreso nuevo, que lleva sólo algunos años” al alcance de sus beneficiarios, mientras “la ley de dependencia tiene 17 y el procedimiento para pedirla es para todo el mundo igual”, resume. E insiste: “Es inexplicable la gran demanda en puntos como Andalucía y Castilla y León y que en otros territorios sea tan poca”.

Y no quiere dejar de colocar el foco en “un caso palmario y que es de vergüenza: por qué en el territorio Imserso -Instituto de Mayores y Servicios Sociales dependiente del Gobierno-, de Ceuta y Melilla, la demanda es menor que la media -26,53%-”, lanza. Ramírez apuesta por “seguir mejorando el sistema para que se beneficie más gente, porque hay quienes siguen sufriendo mucho y se trata de una política de respeto a la dignidad humana”, remata.

Desde la Federación Empresarial de Dependencia reclaman a cada poco más presupuesto para un sistema que libera la presión de familias con miembros en situación de dependencia y para el que han exigido más dinero. El anterior Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 impulsó en 2021 un Plan de Choque a través de la mesa de diálogo social con las organizaciones empresariales y sindicales, que inyectó 600 millones al sistema. De hecho, según lo plasmado en el XXIV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, en los tres últimos años, 2021, 2022 y 2023, han aumentado en 287.636 las personas atendidas, y el conjunto de quienes tienen derecho a la prestación se ha elevado a 1.567.107 a finales del pasado ejercicio.

Con todo, los 4.000 millones extra de financiación estatal que se han insuflado en los tres mencionados años, no se ven reflejados en una mejora substancial de la atención a la dependencia, de acuerdo a lo recogido en el dictamen, donde se refleja, además que, al ritmo de 2023, se tardarían más de 8 años en lograr la plena cobertura de quienes la necesitan. Se da la circunstancia, además, de que el pasado año, hubo nueves comunidades que redujeron su aportación en esta materia: Cataluña (-57,3 millones), Andalucía (-51,6), Comunidad Valenciana (-40,6), Madrid (-15 millones), Extremadura (-11), Asturias (-10,8), Cantabria (-8,7), Castilla y León (-7,4 millones) y Murcia (-1). En 2023, 40.447 personas fallecieron esperando ser valoradas o atendidas gracias al despliegue de una ley que no impactó a tiempo para ellas.