La Asociación de Mujeres de Guatemala ha denunciado este lunes en el Congreso el "maltrato institucional" hacia las solicitantes de asilo y refugiadas en España, que en muchas ocasiones tienen que esperar hasta 15 meses o pagar hasta 600 euros en el mercado ilegal para obtener una cita con la que recibir su documentación o renovarla. Estas trabas burocráticas, que existen en el país desde hace al menos siete años, hacen que sea imposible para muchas de ellas acreditar que tienen una solicitud de asilo en vigor y, por tanto, trabajar, tener una cuenta bancaria, alquilar un piso o percibir las prestaciones sociales a las que tienen derecho.

Así lo refleja el informe Sin citas no hay derechos: Refugiadas contra la discriminación administrativa, realizado por esta asociación con apoyo de la ONG Oxfam Intermón y presentado este lunes.

La investigación realiza un análisis jurídico de la situación y se nutre del testimonio de varias mujeres solicitantes de asilo y refugiadas en España.

Voces como la de la guatemalteca María Galiego, de ascendencia maya achí, quien tuvo que huir de su país con sus tres hijos por la persecución que sufría por parte del Ejército como "venganza" del activismo que ejerció su madre, pionera en la búsqueda de personas desaparecidas.

Cuando llegó a España en 2019, encontró trabajo en una residencia de ancianos, desde donde vivió "en primera fila" la crisis del coronavirus para después perder el trabajo por no encontrar cita para renovar su tarjeta de solicitante de asilo, con tres hijos menores de edad a su cargo. "Llegó un punto donde no teníamos ni qué comer porque nadie te da trabajo si uno no tiene permiso, por más ganas que tú le quieras echar", ha narrado.

Para estas mujeres, que ya arrastran historias muy duras de violencia, persecución y discriminación en sus países, caer en la irregularidad en España supone una exposición a nuevos riesgos, como la explotación laboral. Una de ellas cuenta en el informe que tuvo un trabajo cuidando a mujeres mayores, de interna, por el que cobraba 20 euros al día: "Estuve veinte días, porque cocinaba, las cuidaba y se aprovechaban de mí", lamenta.

En la presentación también ha participado Marta María Ramírez, activista política y feminista cubana que actualmente tiene su documentación como solicitante de asilo caducada por la falta de citas para renovarla, por lo que no puede, por ejemplo, firmar un contrato de alquiler. Ha relatado otras situaciones de discriminación institucional a la hora de, por ejemplo, abrir una cuenta en el banco o solicitar una beca de comedor para su hija, al pedirle la administración documentación del padre, que está en Cuba, cuando sus abogados no la recomiendan ponerse en contacto con él por su situación.

La práctica imposibilidad de conseguir una cita para solicitar asilo en España o para renovar esta petición es un problema que España arrastra desde 2018, subraya el informe, cuando se implementó un sistema a través del Registro Electrónico Común.

Desde entonces, las pocas citas que se ofrecen son monopolizadas por despachos de abogados, gestorías o particulares a través de medios informáticos avanzados y muchas se ponen a la venta en el mercado clandestino por precios que llegan a los 600 euros.

En 2022, ante la evidente ineficacia del problema, se eliminó la obligatoriedad del sistema telemático y se estableció que cada Subdelegación del Gobierno podría elegir su mecanismo -telemático, correo electrónico, teléfono o presencial- mientras que para la renovación de la documentación el trámite continuaría siendo el telemático.

A partir de 2023, los problemas con las citas se agravaron y la situación se mantiene hasta la actualidad "sin que el Gobierno haya tomado ninguna medida efectiva al respecto", denuncia el informe.

España concede protección internacional al 18,5% de las personas que lo solicitan, una tasa que ha mejorado desde 2023, cuando esta se situó en el 12,23%, pero que sigue siendo la más baja de toda la Unión Europea, donde la media de reconocimiento es del 46,6%, según informa EFE. Son datos referentes a 2024 del informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), presentado este lunes en una rueda de prensa en Madrid con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora el próximo 20 de junio.

El codirector de CEAR, Mauricio Valiente, ha achacado esta diferencia a las particularidades del modelo migratorio español, "distinto" al del resto, con vías ordinarias como el arraigo, que ha reducido históricamente las concesiones de asilo: "Aún así, consideramos que hay un margen de mejora considerable", ha señalado.

Por primera vez, España ocupa el segundo lugar en la lista de países que más solicitudes de protección internacional han recibido (167.366), solo por detrás de Alemania, al alcanzar su máximo histórico en número de peticiones tras años de crecimiento desde 2012, cuando recibió apenas 2.588 solicitudes.

La tasa de reconocimiento ha subido seis puntos respecto a 2023 como consecuencia de un aumento de la protección subsidiaria, menos garantista, sobre todo a personas de Mali, pero ha bajado el porcentaje de personas a las que se les reconoce el estatus de refugiado, del 8,3 al 6,6%.

Durante el 2024 se resolvieron 96.281 expedientes de protección internacional, un 4% más que en 2023 y la mayor cifra en la historia de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, lo que, a juicio de CEAR, refleja "un esfuerzo que no llega a repercutir de manera significativa", ya que en 2024 se acumularon 242.056 solicitudes pendientes de resolver, un 26,6% más que el año anterior.

Por noveno año consecutivo, Venezuela es el país con más solicitantes de asilo, con 66.134 peticiones, el 39,5% del total. De 33.458 expedientes resueltos de este país, un 98% recibió una autorización de residencia temporal por razones humanitarias, que no es una figura de protección internacional pero permite vivir y trabajar en España durante un año.

A este respecto, la otra codirectora de CEAR, Mónica López, ha señalado que desde la entidad se mantienen "observantes" ante un posible desvío de solicitantes de este país desde Estados Unidos tras las políticas restrictivas hacia la inmigración de Donald Trump, que podría explicar el aumento del 42% en solicitudes de este país en el primer cuatrimestre de 2025.

En segundo lugar se encuentra Colombia, con 40.140 peticiones, un 25% menos que en 2023. De 20.585 solicitudes de este país resueltas en 2024, 17.294 fueron desfavorables y ha aumentado el número de expedientes archivados, a pesar de que en el país "persisten las graves vulneraciones de los derechos humanos y la violencia".

Mali ocupa el puesto número tres, con un número de peticiones que casi se ha multiplicado por ocho de 1.345 en 2023 a 10.673 en 2024 por el aumento de llegadas desde este país por la ruta canaria a raíz del recrudecimiento del conflicto, las violaciones de derechos humanos y el deterioro de la situación humanitaria. El perfil de solicitante es de un hombre (57,7%), joven, que realiza su trayecto solo, principalmente desde América Central y del Sur y África del Norte y Occidental. "Nos estigmatizan como delincuentes por ser inmigrantes"

En la rueda de prensa ha participado Alma Henríquez, activista salvadoreña que tuvo que abandonar su país por la persecución que vivió tras la llegada al poder de Nayib Bukele por denunciar las torturas y violaciones de derechos humanos que se sufrían en las cárceles. "La vida para una persona inmigrante no es fácil, realmente se vive mucha discriminación por las personas que te estigmatizan como delincuentes", ha señalado sobre su vida como refugiada en España.

Henríquez ha denunciado otras trabas que enfrentan los solicitantes de asilo, como no poder alquilar un piso al no cumplir con los requisitos que piden las inmobiliarias o los propietarios, y ha pedido a las autoridades que agilicen los procedimientos para facilitar la protección a las personas que más lo necesitan. Entre el 70 y el 80 % de migrantes que llegan en cayuco piden asilo

2024 fue un año récord de llegadas irregulares a Canarias, con 46.843 personas, y una de cada siete eran menores, la mayoría sin referentes familiares. CEAR estima que entre el 70 y el 80% de los migrantes llegados a España en patera o cayuco pidieron protección internacional en 2024.

El informe señala que uno de los retos más significativos del año para las entidades fue gestionar las reacciones negativas de vecinos y ayuntamientos ante la apertura de nuevos dispositivos en el sistema de acogida, aunque subraya que, en la mayoría de los casos, las reacciones han sido de hospitalidad.

La publicación también llama la atención sobre "la situación sin precedentes" en las Islas Baleares, a donde llegaron 5.995 personas por vía irregular en 2024, un 300 % más que en 2023 tras la aparición de una nueva ruta desde Somalia. También se ha observado una presencia elevada de familias monomarentales.

En su informe, CEAR denuncia que en 2024, una vez más, "un gran número de personas" han estado intentando "incansablemente" conseguir una cita para solicitar protección internacional en España sin éxito y critica el uso abusivo de los visados de tránsito para impedir que las personas pidan asilo al hacer escala. Al final de 2024, España era el país de la UE que más recurría a esta medida.

“En este momento no hay citas disponibles. En breve, la Oficina pondrá a su disposición nuevas citas”, este es el mensaje que reciben cada día los solicitantes de asilo que tratan de iniciar sus trámites. Los que, en otras comunidades como Madrid o Cataluña, lo hacen a través de una llamada, pasan horas y horas frente a un teléfono que siempre está “comunicando”. Tardan, de media, entre cuatro y seis meses en conseguir una cita que, de acuerdo a la legislación, no debería demorarse más allá de un par de semanas. 

Víctor es una de estas personas. Tiene 22 años, es de Venezuela y lleva algo más de dos meses en España. Llegó junto a su novia, tras haber huido de su país. Entró en el Ejército a los 17 años, pero desertó junto a otros compañeros porque su vida corría peligro. Si vuelve, asegura, se enfrenta a la cárcel “o algo peor”. Primero viajaron a Perú y a Colombia, hasta que en octubre aterrizaron en Madrid. Estuvieron cuatro días en la calle “pasando frío”, junto a otra familia con una niña: “El SAMUR venía todas las noches, nos cogía registro, pero nos dejaban allí y la familia tenía miedo a que le quitaran la hija”. La Iglesia de San Carlos Borromeo de Entrevías les ofreció lugar donde vivir y empadronarse para poder empezar a llamar a la oficina de Asilo y Refugio. 

“De siete de la mañana a siete de la tarde no paramos de llamar. Sólo cuelgo a la hora de comer para preguntar por mi madre, que está enferma y no puede pagarse una operación”, cuenta a este medio desde el centro social, en el que vive junto a otras 18 personas en su misma situación. Ninguna ha conseguido en meses que alguien descuelgue al otro lado del teléfono: “No le he contado nada de esto a mi familia. No quiero preocuparles y me gustaría mandarles dinero cuanto antes". Víctor quiere empezar a trabajar y matricularse en una universidad -se está planteando hacer una ingeniería-, pero no puede hacerlo legalmente y conoce a mucha gente "a la que explotan o le pagan lo que les da la gana".

Son miles las personas que van a pasar estas navidades sin saber qué será de sus vidas, sujetas a un proceso que acumula retrasos desde 2018, cuando aumentó el número de llegadas procedentes de Latinoamérica. Desde Abogados Extranjeristas en Red han elaborado un nuevo protocolo para tratar de desbloquear esta situación. “Los dos teléfonos habilitados no funcionan, pero no lo hacen de forma absoluta. Es decir, en Valencia, a lo mejor, los miércoles salen 30 plazas que se agotan en menos de media hora, pero ya con eso no podemos poner una querella criminal”, explica a infoLibre Paco Solans, miembro de la asociación y abogado experto en derecho de Extranjería. 

“Hemos ido a la ley y hemos visto dos salidas: acudir a los tribunales contra la policía por la vía de la pasividad a la hora de dar citas, o entender que existe una imposibilidad física de conseguirlas. En este caso se podría hacer a través de representantes. Ahora lo estamos difundiendo entre compañeros y asociaciones para poder ponerlo en marcha”, añade. 

De acuerdo a los datos provisionales del Ministerio de Interior, a 30 de noviembre en España se habían presentado 152.250 solicitudes de asilo. A falta de terminar el año, superan a las 119.240 que se recibieron el año pasado, y eso que 2022 ya fue un año de récord, en el que las solicitudes se dispararon en un 82%. Esas cifras dejan fuera a todo aquel que no consigue iniciar el proceso. "Ante el aumento de solicitudes de Protección internacional registrado este año, es cierto que en ocasiones se producen episodios de saturación del sistema telefónico, pero son ocasionales y la Oficina de Asilo y Refugio trabaja ya para solucionarlo a la mayor brevedad posible", aseguran a infoLibre fuentes de Interior.

Ninoska fue una de las afortunadas que apenas tuvo que esperar unos pocos meses. Llegó a España en 2019 y, por aquel momento, no había ni emails, ni teléfonos, pero sí largas colas, día tras día, frente a las oficinas. “Tuve la suerte de que, en la pandemia, empezó a llegar menos gente. Me fui a Aluche a las cinco de la mañana y ese mismo día conseguí una cita. Ahora tengo conocidos que tardan más de un año en completar todo el proceso. Al final lo que hacen es pagar a alguien” cuenta a este medio: “Es una especie de cadena de 'la amiga de una amiga' que lo consiguió a través de este Whatsapp.”

Cuando consiguen cita en las oficinas de asilo y refugio, les dan la conocida como “hoja blanca”, con la que reciben un NIE y ya no pueden ser expulsados hasta conocer la resolución de su solicitud. Hasta ese momento, no cuentan con ningún tipo de protección. Además, Solans denuncia que con el sistema telefónico no consta en ningún lugar que se haya realizado el intento de iniciar el proceso: “En algunos casos sí conseguimos demostrar que ha habido esa voluntad y, aun así, nos hemos encontrado con personas internadas a la espera de ser expulsadas”. 

Julia Morales es abogada especialista en  Extranjería, Género y Protección Internacional en  la ONG Creando Huellas: “Intento ayudarles en el proceso, aunque no podemos hacer milagros, antes las ONG grandes tenían un pequeño cupo de citas, pero desde el año pasado no. En casos muy graves, cuando llevan más de un año esperando a iniciar los trámites, les recomiendo que se planten en ACNUR y presionen todo lo posible. Alguna vez funciona, igual que escribir al defensor del pueblo”. La abogada cuenta que varias participantes del programa han conseguido que descuelguen su llamada utilizando la aplicación de móvil Autoradial, pero que “no está al alcance de todo el mundo, porque se necesita un teléfono sin más Apps que puedan interferir con notificaciones”, ya que lo que hace es llamar continuamente hasta que alguien lo coge. 

“Con esos retrasos se alarga una situación compleja. Pueden ser detenidos y expulsados. No pueden viajar, trabajar, acceder a ayudas… Sus derechos están limitadísimos”, añade el abogado.  Un refugiado puede acceder a la nacionalidad española al cabo de cinco años de residencia, pero todo este periodo que, entre conseguir las citas, las demoras en las resoluciones, posibles recursos… puede durar años, no cuenta en su totalidad. Tampoco podrá empezar a solicitar un permiso de reunificación familiar. 

Morales explica a este medio que la desprotección es diferente en cada territorio: “En Andalucía, de donde soy yo, puedes acceder a la Sanidad sólo con residir allí, pero en Madrid, en estos momentos, es necesaria la ‘hoja blanca’ o llevar tres meses empadronado en alguna casa. La mayoría vive en pisos subarrendados y lo que hacen es comprar empadronamientos falsos. Luego les llegan notificaciones a direcciones en las que no viven y no se enteran de las resoluciones”. Una de las menores que vive en la Iglesia de Entrevías, que llegó desde Perú hace unos meses con sus padres, sufre un problema en la piel. “Me da pena porque le salen ampollas, le escuece mucho. Todavía le queda el tratamiento que compraron allí, pero tiene que esperar dos meses más para pedir una cita según nos explicaron la semana pasada en Urgencias”, cuenta Víctor.

El sistema es muy complejo y deja fuera a las personas más vulnerables, que sufren una fuerte brecha digital o tienen algún tipo de problema de compresión. “Ayer llegó a nuestra sede un chico un poco despistado con una hoja del Ministerio en el que aparecía el nombre de una asociación cercana a nuestra sede. Tenía una discapacidad y se le estaba acabando la medicación”, cuenta Morales. Esa hoja era un documento que se daba el año pasado como “manifiesto de solicitud”. No incluye un  NIE y simplemente sirve para evitar deportaciones. Con él se dieron citas con una media de espera de hasta un año y pico. “Estaba solo en la puerta y, en esos momentos, te desesperas pensando en cómo poder ayudarle”, concluye. 

Como explicaba Ninoska, muchos extranjeros acaban acudiendo a servicios de pago en los que les aseguran conseguir una cita para Asilo o Extranjería en menos de 24 horas. Sólo con un vistazo rápido a un par de grupos de Facebook es fácil encontrar estos anuncios. Son casi una decena las personas que, abiertamente, aseguran tener cinco o seis citas en diferentes provincias. Otros dicen ser abogados expertos en la ley de Extranjería que cobran por “acelerar” un proceso que debería ser gratuito. 

En estos mismos grupos los usuarios alertan de algunas estafas. “Esta persona se hace pasar por un migrante que también está solicitando cita, pero al final es una mafia”, comenta una de las usuarias. Otro comparte varios pantallazos y denuncian haber perdido más de cien euros. No siempre son estafas, también hay personas que se ofrecen a pasar horas delante del teléfono por un precio de unos 150-200 euros para quienes carecen de ese tiempo o no cuentan con el dispositivo necesario. Víctor también conoce a algunos “intermediarios”, pero no se fía: “A mí me han dicho que son unos 700 euros en total, que van pasando por varias manos y alguno se lo puede quedar. 

“Actualmente es una lotería conseguir cita. En este contexto hay gente que las tiene, no se sabe muy bien cómo, y las vende. Se supone que por eso se estableció el servicio telefónico, pero no está resultando. Otra cosa son quienes cobran por tirarse todo el día haciendo llamadas, pero claro, como nada de esto se hace legalmente, es fácil que se produzcan estafas” explica Solans. 

“Son personas muy vulnerables a todo tipo de abusos y pasar meses en situación irregular lo agrava”, comenta Morales. Ella se encarga también de gestiones en la solicitud de permisos y ayudas, o mediando con empresarios que no les pagan lo que les deben, les despiden sin motivo aparente, o les mantiene en “b” cuando ya han conseguido el NIE: “Ellos creen que tienen que pagar por todo, ya sea un empadronamiento o cualquier gestión, para hacerte una idea, ellos ven normal mandar su CV a un número de teléfono rarísimo. Esto ha generado un mercado paralelo muy grande”. También recuerda casos en los que, algunos migrantes han oído rumores de que se tarda menos en Melilla y han cogido aviones para ir hasta allí:"luego tienen que mover todo el expediente para evitar viajar a cada trámite". 

Mirando el histórico de datos es fácil hacerse una idea del aumento de demandas que se han producido desde el inicio de siglo. Entre 2012 y 2015 apenas se recibieron 27.900 solicitudes. Entre 2015 y 2018 ya eran 104.033 y, entre 2019 y 2022, ese número llegó a las 391.994, a pesar de la pandemia.

El principal país de origen de las solicitudes es Venezuela, seguido de Colombia y Perú. La gran mayoría de ellas se realizan desde territorio nacional, lo que incrementa aún más el colapso. A todo ello hay que sumarle otra cuestión: España es el tercer país que más solicitudes deniega en la Unión Europea, sólo por detrás de Malta y Chipre. El año pasado un 60% de ellas fueron negativas. Colombianos, marroquíes y peruanos son los que mayores cifras de rechazo reciben.

“Se realiza un análisis general para ir más rápido. Miran el país y luego estudian el caso, por eso se dan permisos a venezolanos, incluso cuando son de clase alta y no han tenido problemas serios, pero se los deniegan a colombianos que vienen, incluso, con fotografías de familiares muertos, demostrando que huyen de persecuciones y violencia”, lamenta Morales. 

En el lado contrario, se encuentran nacionalidades como la ucraniana, a la que se le concede un 100% de los estatus pedidos, ya que huyen de un conflicto armado y, en su momento, se estableció un servicio de urgencia por el que se podían sortear estas listas de espera. “Una de las pruebas evidentes de que hay diferencia de trato fue esta. En el momento de mayor crisis, el reconocimiento del estatuto de desplazado se podía conseguir en días y, en ese caso, el teléfono sí te atendía y te daba cita a semana vista. Es el ejemplo de que se puede hacer bien”, concluye Solans. 

El aumento de la conflictividad en África y Asia, las tragedias climáticas o las graves crisis económicas de la última década han hecho que se disparen las peticiones de protección internacional en toda la Unión Europea y en el resto del mundo. Solamente en la primera mitad del año se han alcanzado las 519.000 solicitudes, a lo que hay que sumarle unas 600.000 que están a la espera de ser tramitadas. Si continúa esta tendencia a finales de año llegaremos al millón de desplazados, la segunda mayor cifra desde la crisis de refugiados de 2015-2016. 

Después de Alemania y con Francia rozando los talones, España ocupa el segundo lugar en número de peticiones de toda la UE+ ( los Veintisiete, junto con Noruega y Suecia). Unos datos que contrastan con el ranking en solicitudes favorables, en el que ocupamos el tercer lugar por la cola, sólo por delante de Malta y Chipre. 

De las 118.842 solicitudes de protección internacional que se realizaron el año pasado en nuestro país,  sólo 14.235 fueron favorables, mientras que 51.838, casi el 60%, se desestimaron. A ello se suma que, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) alertan de que podría haber otras 80.000 a la espera de una citación, es decir, en total, podría haber unas 250.000 personas sin ser atendidas “por que no hay recursos”. 

Héctor Pérez es responsable de apoyo a la coordinación del Eje de Acogida de ACCEM, una ONG especializada en la ayuda a refugiados, migrantes y personas en riesgo de exclusión. Explica a infoLibre que, en los últimos años, la demanda de asilo ha sufrido un crecimiento muy grande, que ellos mismos han notado, aunque, dice, ahora están “más preparados” que en otras crisis anteriores. 

Cecilia Estrada, doctora de Migraciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Pontificia de Comillas y directora de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos, comenta en conversaciones con este medio que hay varios factores que han influido en el aumento de llegadas al territorio europeo y, más concretamente al español. Para ello hay que tener en cuenta tres perfiles de refugiados: el que huye de una guerra entre dos países (ucranianos), el iberoamericano con similitudes culturales (Colombia, Perú) y los que se ven obligados a moverse por catástrofes climáticas, en este caso, podríamos hablar de Marruecos o Libia, donde cree la doctora que hace falta “poner el foco ahora”. 

“La mayor parte de los solicitantes de asilo en España son de Iberoamérica, especialmente de Venezuela, que sufre una grave crisis por las sanciones internacionales, y de Colombia, donde también han aumentado las víctimas de trata, porque la violencia no ha cesado a pesar de los acuerdos de paz. También hay que tener en cuenta las protestas por la reforma tributaria y el caso de Perú, que sufre una gran inestabilidad política y es el tercer país de origen”, señala la doctora. 

España también ha acogido, aunque en un menor número, a personas provenientes de conflictos armados, como Ucrania o Mali, con prácticamente un 100% de reconocimiento de solicitudes. Los datos contrastan con las respuestas que reciben las nacionalidades de Iberoamérica. A los venezolanos se les suele conceder una “ayuda humanitaria”, que les permite acceder a ciertas ayudas nacionales, pero a los colombianos - que han aumentado este año en un 71% sus solicitudes- se les deniega el refugio en la mayoría de los casos. “El imaginario que existe del refugiado es como el que viene de Ucrania, de una guerra, pero huyen de muchas situaciones y muchos contextos de violencia, que cuesta más reconocer porque hay relaciones diplomáticas con esos países y parece que se está reconociendo que ese país no es suficiente para proteger a sus conciudadanos”, añade Estrada. 

Elena Muñoz, coordinadora del servicio jurídico de CEAR nos recuerda que España “está muy por debajo de la media en solicitudes positivas del estatus de refugiados”, aunque reconoce que se ha avanzado en algunos puntos como la “violencia género” o “la persecución por orientación sexual”, donde no siempre el peligro no está en el Estado, sino en el entorno familiar y la falta de protección nacional: “Sí es importante seguir ampliando la definición de refugiado en España en el caso de persecuciones por grupos armados o por grupo social determinado como marca la convención de Ginebra, por poner algún ejemplo”.

España no es el único país que acumula largos retrasos en las resoluciones. A fecha de junio 158.000 personas esperaban obtener una respuesta en nuestro país, 142.000 en Francia y 30.000 en Alemania. El colapso ha sido tal en algunos momentos que, en Bélgica anunciaron que se priorizaría el acceso a una vivienda temporal a las familias, frente a los hombres solteros. Las solicitudes sin tramitar en el territorio europeo han aumentado en un 34%, la cifra más alta desde 2016, según el último informe de la Agencia Europea de Asilo, y eso que sólamente incluye a quienes han realizado este trámite una única vez. 

Para acabar con estas esperas innecesarias, los tres expertos apuntan a la necesidad de aumentar el número de recursos económicos, logísticos y humanos. “En prácticamente todo el territorio español es imposible, directamente, iniciar los trámites porque no hay citas disponibles, y las directivas europeas son muchas respecto a los plazos, debería de poner hacerse en menos de diez días”, explica Muñoz que recuerda que es “posible hacerlo con rapidez como lo hemos visto con Mali o Afganistán”.

En ACCEM lidian con situaciones de este tipo todos los días y conocen de cerca cuáles son las consecuencias de pasar masas meses “en un limbo legal”. “La incertidumbre es generalizada. No saben qué va a ser de su vida y tienen toda sus expectativas puestas en conseguir ser ciudadanos de pleno derecho”, comenta Pérez: “Necesitan renovar sus papeles y, como el sistema está saturado, tanto para solicitudes nuevas como viejas, no lo consiguen a tiempo y corren el riesgo de perder el empleo, tener problemas con el banco o para acceder a otra serie de servicios”. 

Además de colaborar con ACCEM, Pérez es trabajador social. Pone el foco en los problemas emocionales y psicológicos con los que llegan a nuestro país todas estas familias, sobre todo cuando provienen de lugares en conflicto o han tenido una ruta migratoria traumática: “Tienen que pasar un duelo por la situación que están dejando atrás y una de nuestras funciones en brindarles asistencia psicológica. En los casos más graves han sido víctimas de trata, abusos o persecuciones, incluso de tortura”. Por todo esto, insiste, es importante poder brindar una atención individualizada a cada caso desde las instituciones y entidades responsables. 

Tampoco se olvida de esas miles de personas, la mayoría, que no consiguen ser reconocidas como refugiadas: “En casos como el de los venezolanos, pueden buscar otras vías, como la residencia por motivos humanitarios, pero en la mayoría de ocasiones acabarán en una situación vulnerable, desamparados y abocados, incluso, a la economía sumergida”. 

Si se continúa con la tendencia actual de llegadas de refugiados, a finales de año se rozará la cifra más elevada desde que hay datos, la de 2016, con la crisis provocada por la Guerra en Siria. Ya entre enero y junio el incremento ha sido del 28% respecto al mismo periodo del año anterior. El 30% de ellas se han registrado en Alemania, por detrás, España y Francia, con un 17% y 16% respectivamente. 

Aún así, es importante señalar que, si en la UE viven 750 millones de personas, no se llega a acoger ni a un millón: un 0,12%. Desde CEAR lamentan que “se puede cuando se quiere”, como se ha demostrado con Ucrania, o con otros conflictos como el de Mali y Afganistán. 

Estos datos llegan en un momento político en el que la inmigración ha vuelto a ser uno de los temas de debates entre los socios del club de los Veintisiete. A unos pocos meses de las elecciones europeas, con España en la presidencia rotativa, el consejo sigue tratando de sacar adelante un acuerdo de reparto de cuotas de migrantes que permita aliviar la presión de los países del sur. Esta misma semana Italia se ha distanciado del acuerdo apostando por un cierre de fronteras más estricto y ya en junio, con el primer borrador, se eliminó la obligatoriedad de cumplir las cuotas por una sanción de 20 mil euros anuales por persona no acogida.

Polonia y Hungría están liderando el rechazo a la medida.. Precisamente el gobierno polaco va el mes que viene a las urnas para votar un polémico referéndum en el que se preguntará por las políticas de acogida. Igual de polémicas han sido las negociaciones de la Unión Europea con países como Túnez o Turquía para evitar las llegadas a las costas, que ahora quiere seguir impulsando el ejecutivo de Meloni. “Hacen falta acuerdos diplomáticos, más allá de estas y otras medidas para agilizar los trámites, que estén ligados a conseguir que los países de tránsito sean un lugar seguro, como es el caso de Turquía, o de México y Guatemala con Estados Unidos”, explica Estrada. Además, lamenta que se acabe ideologizando las vidas de estas personas. 

Desde CEAR ven la Presidencia del Consejo de la UE como “una oportunidad histórica” para impulsar un nuevo pacto sobre migraciones y asilo. Muñoz apunta a que el liderazgo español va a ser  “fundamental”, pero que los plazos “son los que son” y debería estar en febrero para llegar antes de las próximas elecciones europeas: “Tiene que convencer, primero al Consejo, que será difícil, y luego al Parlamento”, y resalta que, a parte de esto, hay algunos puntos que siguen preocupando a la asociación, como la no obligatoriedad de los mecanismos de solidaridad y la importancia de poner en el foco a las personas refugiadas, “en vez de tratarlas como cifras a repartir”.

"He dado la orden a las 06.00 horas (hora local) de que Interpol active la orden de aprehensión internacional (contra Morales)", ha anunciado el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias boliviana ABI.

Murillo ha aducido que Morales "no pueda estar andando como Pedro por su casa" y ha señalado que debe a la población de Bolivia "muchas explicaciones".

"Lo estamos esperando, que venga, que no tenga miedo, lo vamos a cuidar, le vamos a dar protección, no le pasará nada, pero sí tiene que rendir cuentas en este país, eso es importante para nosotros", ha señalado mientras sostenía unas esposas.

La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ya reconoció que será complicado que Argentina, país donde se encuentra Morales en calidad de refugiado, lo entregue.

En este sentido, avanzó que preguntaría al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y, en caso de ser necesario, recurriría a la Interpol.

Morales está acusado de sedición y terrorismo por haber ordenado cercar importantes ciudades en el marco de las protestas postelectorales. El líder indígena dimitió el 10 de noviembre tras ser presionado por el Ejército para abandonar el país en un movimiento que se interpretó como un golpe de Estado, lo que ha provocado una crisis política en el país. Primero llegó a México, donde pasó casi un mes como asilado.

La durísima y constante condena del PP al régimen de Nicolás Maduro y su utilización durante años como tema de debate nacional y herramienta de desgaste de adversarios, especialmente de Podemos, no tuvo el menor efecto en su política de concesión de asilo. Solo entre 2015 –cuando comenzó el gran éxodo que desde entonces ha restado 1,6 millones de habitantes a Venezuela –  y 2017 España recibió 15.418 solicitudes de asilo de ciudadanos de ese país. Pero el Ministerio del Interior, sucesivamente dirigido en ese bienio por Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido, solo otorgó la condición de refugiado a 20 de ellos.

A día de hoy y según fuentes de Interior, más de 20.000 peticiones de asilo formuladas por venezolanos siguen en lista de espera. Representan –asegura el equipo de Fernando Grande-Marlaska– "el 50% de las resoluciones pendientes" de tramitación en la Oficina de Asilo, cuya situación definió hace un mes como "lamentable" el nuevo ministro.

La paradoja de los números

Paradójicamente y a tenor de las memorias anuales publicadas por Interior, en sus seis años completos de mandato gubernamental –2012-2017–, el Ejecutivo del PP reconoció la condición de refugiado al mismo número de venezolanos –22– que el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero en su segunda y última legislatura, la que acabó el 21 de diciembre de 2011 con la toma de posesión de Mariano Rajoy.

En el cuatrienio 2008-2011, el número de solicitantes de asilo que procedían de Venezuela ascendió a 148; en el sexenio 2012-2017, el cómputo global de venezolanos que aspiraban a obtener protección internacional de España se disparó hasta 15.605.

Los números demuestran así que el énfasis creciente con que la formación conservadora fue arremetiendo contra el "totalitarismo" venezolano –"pseudodictadura", dijo hace tres semanas Pablo Casado– nunca tuvo una traslación práctica que le llevase a aplicar una política de mano abierta para con los solicitantes de asilo.

La ley que, basada en la Convención de Ginebra, regula en España el derecho de asilo era la misma en 2008 que en 2017. La situación interna en Venezuela se había ido agravando en cambio de manera drástica a lo largo del periodo.

A medida que empeoraba la crisis política y económica desatada en lo que durante décadas había sido un Estado receptor de emigrantes,  las cifras de solicitantes de asilo en España aumentaban de modo exponencial: de las 48 peticiones registradas en 2008 se ha llegado a las 13.215 presentadas entre el 1 de enero y el pasado 27 de agosto.  Eso significa que solo en los ocho primeros meses del año las solicitudes superan ya las de 2017 (10.627), que hasta ahora marcaba el punto álgido de la serie. Desde el 1 de enero, y según los datos facilitados a infoLibre por Interior, solo a cinco venezolanos se les ha reconocido el rango de refugiado.

Freno a las devoluciones

En mayo de 2017 el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) lanzó una serie de recomendaciones a las autoridades españolas en relación a Venezuela y que la Audiencia Nacional ha invocado desde entonces en distintas resoluciones para frenar en seco la devolución de venezolanos que habían visto denegada su solicitud de asilo. Esas recomendaciones se resumen en un entrecomillado reproducido por la Audiencia una y otra vez en sucesivos autos: que España debe dar "algún tipo de protección internacional" a los nacionales de ese país que pidan acogerse al estatuto de refugiado y garantizar "la no devolución a Venezuela".

"Es fundamental –recalca ahora María Jesús Vega, portavoz del comité español de Acnur– que se estudien las peticiones de asilo de venezolanos como las de cualquier otro país pero es urgente que se tengan en cuenta las recomendaciones del Alto Comisionado y que no se devuelva a quienes no se considere refugiados". Por razones idiomáticas, culturales y familiares, España se ha convertido en el país europeo que más solicitudes de asilo recibe de venezolanos. "Mientras que se contabilizan entre 1.500 y 2.000 peticiones por mes, en Italia se reciben en torno a 80 y en Francia o Bélgica, 20 o 30", explica Vega.

La legislación en materia de asilo preceptúa que el reconocimiento de la condición de refugiado se regirá por una serie de criterios. El artículo 3 de la ley los enuncia así: "La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país".

Pero la norma incorpora además lo que se denomina el derecho a la protección subsidiaria. Y lo define como "el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen (...) se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley". Y entre los riesgos que enumera el artículo 10 consta uno que explica por qué los expertos se oponen a la devolución forzosa de venezolanos: "las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno".

Es uno de los primeros movimientos del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez de cara al exterior y la primera decisión de carácter humanitario que toma el Ejecutivo socialista tras su llegada a la Moncloa. El próximo sábado desembarcarán en el puerto de Valencia los más de 600 migrantes y refugiados que llevan desde el pasado sábado a la deriva a bordo del buque Aquarius, gestionado por la ONG SOS Méditerranèe y Médicos Sin Fronteras (MSF). La negativa de las autoridades maltesas e italianas de permitir su desembarco en cualquiera de sus puertos, combinada desde el primer momento con las incendiarias declaraciones del ministro del Interior italiano y líder del partido xenófobo Liga Norte, llevaron al Gobierno capitaneado por Pedro Sánchez a ofrecer Valencia como puerto “seguro” para atracar. Un movimiento que fue aplaudido por varios dirigentes de la Comisión Europea y que permite que 600 seres humanos puedan pisar tierra tras una semana en medio del Mediterráneo.

El paso al frente humanitario dado por España, pero sobre todo el trabajo que hacen estos navíos de salvamento en un Mediterráneo que ha engullido más de 14.000 vidas desde 2014, evoca tiempos pasados. Años en los que aquellos que trataban de escapar de la miseria y la guerra cruzando el inmenso océano no eran sirios, sudaneses o iraquíes. Una época en la que la esperanza del barco Aquarius estaba en navíos como el Winnipeg, el Sinaia o el StanbrookWinnipegSinaiaStanbrook. Eran los últimos compases de los años 30 y principios de los 40. Los del éxodo masivo de españoles tras la victoria del bando golpista del general Franco en la Guerra Civil. Los de la política de brazos abiertos en el México de Lázaro Cárdenas o en el Chile de Aguirre Cerda. Los de un valiente capitán escocés que, desafiando las órdenes de su jefe, sacó a más de dos millares de personas de un Alicante arrasado por los bombardeos.

El Winnipeg de NerudaWinnipeg

El Winnipeg es, probablemente, uno de los barcos de la esperanza más famosos de la posguerra española. Su historia arrancó a mediados de 1939. Con el bando golpista controlando ya todo el territorio, y con miles de personas cruzando desesperados la frontera con Francia, el poeta Pablo Neruda decidió plantear al presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda, la necesidad de conceder asilo a miles de estos refugiados españoles abandonados a su suerte en suelo galo. A pesar de las presiones, el Gobierno del Frente Popular decidió dar luz verde a la propuesta, nombró al poeta cónsul especial para la emigración republicana española y Neruda comenzó a preparar la operación de rescate. Mientras voluntarios del Partido Comunista galo se empleaban a destajo para acondicionar el buque de carga Winnipeg, el escritor viajó por toda América Latina recaudando fondos.

Refugiados españoles en el barco 'Winnipeg'.

Después de meses de trabajo, el plan trazado por Neruda se ejecutó pocos días antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El 4 de agosto de 1939, el Winnipeg zarpó del puerto de Pauillac, al oeste de Francia, entre lágrimas y puños en alto, con un Neruda controlando en todo momento la partida hacia tierras chilenas. Un mes después, el 3 de septiembre –el mismo día que Alemania invadió Polonia–, el carguero alcanzó las costas de Valparaíso. Los casi dos mil españoles comenzaron a descender por la escalinata. De fondo, los aplausos y los cánticos de todos los grupos de chilenos que fueron a recibirles. Entre ellos se encontraba el entonces ministro de Salubridad del Ejecutivo de Cerda, un joven Salvador Allende. Tras el desembarco en Valparaíso, unos 1.200 españoles fueron trasladados a Santiago para ser distribuidos por la capital y otras ciudades del Sur.

Sinaia, el comienzo del exilio

Sin embargo, la trágica historia del exilio español tras la Guerra Civil no arrancó en Pauillac. El pistoletazo de salida se produjo a 500 kilómetros al oeste, en la localidad gala de Sète. Desde allí zarpó el 25 de mayo de 1939 el buque de vapor francés Sinaia rumbo al México de brazos abiertos de Lázaro Cárdenas. Con unos 112 metros de longitud, este navío galo construido en Glasgow en 1924 alcanzó la costa de Veracruz a mediados de junio con más de 300 familias de refugiados españoles a bordo, unas 1.800 personas que habían decidido refugiarse en Francia tras el final de la Guerra Civil. La expedición, organizada por el Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles (SERE) en colaboración con el Comité Técnico de Ayuda a los Refugiados Españoles –la filial del SERE en México–, fue financiada por el National Joint Committee for Spanish Relief, una organización humanitaria británica.

Este viaje no fue el primer gesto de la política de puertas abiertas de Lázaro Cárdenas –en 1937, los mexicanos recibieron “con hondas simpatías” a unos 400 niños españoles que llegaron al país a bordo del barco con bandera francesa Mexique–. Tampoco fue el último. Al Sinaia, que terminó convertido en 1942 en barco hospital por la Alemania nazi y echado a pique cuatro años después para ser utilizado como bloqueo, siguieron otros muchos buques con nombre propio: el Ipanema, el Mexique, el Flandre, el Nyassa o el Serpa Pinto IIIpanemaMexiqueFlandreNyassaSerpa Pinto II. En total, se calcula que todos estos navíos trasladaron a México entre mayo de 1939 y octubre de 1942  entre 22.000 y 30.000 españoles, según consta en el Portal de Archivos Españoles del Ministerio de Cultura.

Stanbrook y el héroe escocés

Pero de todos los barcos que se hicieron un nombre durante esos años, hay uno que ha quedado grabado a fuego en la memoria colectiva: el Stanbrook, el último barco –junto con el Maritime– con exiliados que salió de las costas españolas justo antes de que se desmoronara por completo la Segunda República. El último exilio masivo de la Guerra Civil se produjo el 28 de marzo de 1939 en el puerto de Alicante. Allí se encontraba fondeado un buque carbonero británico, el Stanbrook, con la orden de cargar naranjas y azafrán. Frente a él, miles de civiles se amontonaban con la esperanza de poder salir del país antes de que las tropas franquistas tomasen el enclave. Una imagen que cambió por completo los planes del capitán galés Archibald Dickson.

Aunque el propietario del barco había dado la orden de no evacuar civiles, Dickson decidió desafiar la instrucción y dejó las naranjas de lado para tratar de salvar el mayor número de vidas posibles. Aunque el buque sólo tenía capacidad para un centenar de personas, esa noche subieron por la escalinata del navío más de 2.600 personas. Con la lluvia de bombas cayendo sobre la ciudad, el Stanbrook partió ese mismo día hacia Orán, por entonces territorio colonial francés. El desembarco también se tornó complicado, por las trabas que iban poniendo las autoridades. Muchos de los exiliados que consiguieron salir de Alicante en el Stanbrook lograron embarcarse hacia Francia o México. Otros tantos, sin embargo, fueron recluidos durante mucho tiempo en campos de internamiento franceses en territorio argelino.

Las peticiones de asilo en la Unión Europea cayeron a la mitad en 2017, hasta las 650.000 en comparación con las 1.206.500 del año anterior —una cifra comparable a la de 2014, previa a los picos registrados en 2015 y 2016—, mientras que España registró el doble de solicitudes que el año anterior (30.400 frente a 14.900 en 2016, un 5% del total de la UE), según datos de Eurostat publicados este martes y recogidos por Europa Press.

Alemania se mantiene, con 198.300, como el país que más demandas de asilo recibió en 2017 y representan el 31% del total a nivel europeo, aunque registra también el mayor descenso de la UE en términos relativos (722.265 en 2016, un 73% menos), mientras que España registró el mayor incremento relativo (+96%).

En la lista de países que más peticiones recibieron en 2017 le sigue Italia (126.600, 20% del total y un 4% más que en 2016), Francia (91.100, un 14% del total de la UE y un 19% más) y Grecia (57.000, 9% del total y un 14% más que el año anterior).

El mayor descenso relativo tras Alemania lo encabeza Austria (-44% respecto a 2016), Países Bajos (-17%) y Reino Unido (-15%), mientras que el mayor número de solicitudes en relación a la población del país fue registrado en Grecia (5.295 peticiones por millón de habitantes), Chipre (5.235), Luxemburgo (3.931), y Malta (3.502).

Las peticiones de asilo en España subieron en 2017 un 96% hasta las 30.400, el 5% del total en la UE, frente a las 14.900 en 2016, según los datos de Eurostat. Los venezolanos (10.325 o el 34% del total), sirios (4.150 o el 14%) y colombianos (2.410, equivalentes al 8% del total) representan las principales nacionalidades que reclamaron asilo en España.

En el conjunto de la UE, los sirios son los que más peticiones de asilo reclamaron en 2017, el 16% del total de 650.000, es decir, unos 102.385, seguidos de los afganos (43.625, el 7% del total) e iraquíes (47.525, también un 7% del total).

Por último, el número de solicitudes pendientes registrado a finales de 2017 fue de 927.300 en la UE frente a las 1.094.100 de finales de 2016. Alemania registra el mayor número de peticiones pendientes, con 443.800 (un 48% del total de la UE), seguido de Italia (152.400, un 16%) y Austria (57.700, un 6% del total).

En Refugio, escrita y dirigida por Miguel del Arco para el Centro Dramático Nacional (del 28 de abril al 11 de junio), Raúl Prieto interpreta a Farid, un refugiado que es acogido como "medida cosmética" por un político. El director y el intérprete han trabajado juntos en numerosas obras, como La función por hacer o Antígona. Pero en esta algo no acababa de funcionar. "Notaba una resistencia que nunca había visto en él", dice Del Arco. Un día el intérprete confesó qué ocurría: "Le parecía indecente estar jugando, como jugamos, hablando del dolor de una persona cuando esto está pasando realmente a miles de kilómetros".

Prieto, parco en palabras, las usa esta vez: "Me parecía hipócrita por nuestra parte representar una realidad que no hemos querido mirar. Nos puede salir bien, puede haber aplausos o no, pero allí sigue estando la cosa muy jodida. Hoy seguramente habrá un muerto, varios, en las aguas del Mediterráneo, y no sabremos su nombre". El director le contestó entonces, y lo sigue defendiendo hoy, que "el silencio sí que es indecente". Así que Farid representa sobre escena a las 5.000 personas que el pasado año se dejaron la vida en la gran frontera que es el Mare Nostrum. Y silencio, en realidad, hay muy poco en Refugio. 

Miguel del Arco, uno de los directores de escena españoles más relevantes, se rodea aquí de colaboradores habituales —Israel Elejalde, Prieto, la recién incorporada al grupo Macarena Sanz— y algún nuevo fichaje —María Morales, Carmen Arévalo, beatriz Argüello, Hugo de la Vega— en una obra de su autoría. No es lo habitual en un director que prefiere encargarse de clásicos como Veraneantes de Gorki o Seis personajes en busca de autor de Pirandello (su debut, La función por hacer). Solo lo ha hecho con Deseo, una función más cercana a lo comercial estrenada en 2013, el monólogo interpretado por Carmen Machi Juicio a una zorra y el brevísimo Proyecto Youkali, una obra que ya tocaba la migración y que fue realizada junto a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Refugio iba a ser una coproducción entre su compañía, Kamikaze, y el CDN, pero su dedicación al Teatro Pavón, la sala que abrieron en Madrid el pasado otoño, lo ha hecho imposible. "No teníamos dinero", admite Del Arco. 

La obra se construye, explica, en torno a la "corrupción del lenguaje", que algunos llamarían lenguaje de madera, otros posverdad. La actriz Macarena Sanz, que da vida a la hija antisistema del político sistémico, lo dice así: "Todos hablan muy bien y tratando de explicar lo mejor posible qué sienten, pero no son más que palabras". Corrupción de la otra, de la pedestre y, ejem, acuática, también hay. Lo resume Elejalde, primera figura de Miguel del Arco en obras como Hamlet o Misántropo, y que aquí encarna a Xuxo, el falso altruista de Refugio: "Él no está acusado, solamente están acusados sus colaboradores. No sé si os suena esto. Miguel no ha sido muy original finalmente". Risas entre los periodistas. 

—Y lloras—, dice su director. 

—Y lloro. 

Más risas. 

Aunque en realidad lo que Del Arco ha sentido viendo coincidir realidad y ficción con el estallido de la operación Lezoha sido "una tristeza brutal": "Esta semana nos ha revolcado, parece todo texto de la función". Aunque confía en "la capacidad del ser humano de volverse a reinventar", le parece difícil asumor que "después de la crisis que hemos sufrido y de la debacle de la clase política que estamos viendo, no seamos capaces de decir 'Se acabó". Tanto él como Elejalde culpan de la corrupción a unas estructuras democráticas "podridas". "Queríamos hacer una reflexión sobre el ejercicio del poder", dice el actor, "sobre que la corrupción no está adscrita a una ideología, sino que está pegada al ejercicio de ese poder".

Por esa razón, el dramaturgo no sitúa a Xuxo en un partido de izquierdas ni en uno de derechas, sino que lo sitúa en una corriente de nueva creación a la manera de la de Emmanuel Macron en Francia. "[El personaje] cambia la ideología según quiere", resume el intérprete. La amalgama discursiva en la que el dirigente defiende una cosa y su contraria apunta de nuevo a la "corrupción del lenguaje" de la que habla Del Arco. Pero antes, Elejalde defiende a su personaje: "Xuxo no es un malvado, es un hombre que se ha dejado arrastrar por una gran ola. No quito con esto que tengan que ir a la cárcel, todos tienen que ir. Pero esa gran ola viene de una estructura podrida y de una actitud que hemos tenido los ciudadanos y que ha permitido y apoyado que eso pueda ocurrir". Que conste. 

Al lenguaje, pues. Porque Farid no habla el idioma de sus receptores, ni quiere hacerlo, "porque lo ha perdido todo, y qué sentido tiene volver a hablar". Ha perdido su vida, ha perdido su tierra, ha perdido su identidad y, sobre todo, ha perdido a su mujer y a su bebé de tres meses, ahogados en el mar. Ha perdido la esperanza. No quiere aprender a decir "pan" porque no quiere pertenecer al mundo. Quiere desaparecer. Pero llega a una casa que es cualquier cosa excepto un refugio. El padre está, como hemos dicho, enfangado por la corrupción, y sus enemigos acechan. La madre, una cantante de ópera, ha perdido la voz. La abuela se ha quedado viuda. La hija es una rebelde contradictoria que quiere que el mundo estalle sin que estalle el suyo. Y el hijo se encierra en una coraza de violencia y desprecio. Como Farid no habla ni parece entender, se convierte en el saco de boxeo verbal de todos. 

Porque en el origen ya lejano de la obra —aunque escribirse, se escribió el pasado verano— estaba Teorema, la película de Pier Paolo Pasolini Teoremaen la que un misterioso joven llega a un hogar burgués para dinamitarlo desde dentro. Aunque la referencia fue perdiendo fuerza, Farid hace lo mismo que el Eros del cineasta italiano. Su mera presencia pone en cuestión la vida de quienes le rodean y aviva sus propios conflictos, como cuando Xuxo dice que sus contrincantes quieren "expulsarle al desierto" delante de alguien que viene de la devastación. Solo que aquí no hay fascinación por el intruso, sino desprecio. "El refugio que se le ofrece a Farid en un país supuestamente civilizado se acaba volviendo una cárcel", dice Del Arco. La escenografía de Paco Azorín, un cubo de cristal, protege tanto como asfixia. "El refugio que encuentra Farid no es tal", dice Raúl Prieto, "son ellos los que encuentran refugio en Farid". Y para Farid, ¿hay refugio posible? 

El primer ministro de Líbano, Saad Hariri, ha asegurado que el país se encuentra cerca de alcanzar un "punto de ruptura" por las presiones derivadas de la llegada de refugiados sirios –1,5 millones en estos últimos seis años– y ha advertido del riesgo de una escalada de las tensiones sociales.

La población refugiada equivale ya a una cuarta parte de los habitantes de Líbano y la mayoría viven en campos improvisados en situaciones de extrema pobreza. El Gobierno se opone a la creación de enclaves formales como los que sí existen en otros países para emergencias de este calibre.

"Hoy si te mueves por la mayoría de las comunidades de acogida, hay una enorme tensión entre libaneses y los sirios", ha explicado Hariri, en unas declaraciones ante corresponsales en las que incluso ha apuntado la posibilidad de que se dé una "revuelta civil".

Por este motivo, ha instado a la comunidad internacional a aumentar su contribución financiera en la conferencia de donantes que tendrá lugar la próxima semana en Bruselas. Hariri acudirá a esta cita con la intención "de que el mundo entienda que Líbano está al borde de un punto de ruptura", según ha informado Europa Press.

El primer ministro libanés reclama entre 10.000 y 12.000 dólares por refugiado durante un periodo de entre cinco y siete años, lo que supondría multiplicar por diez el actual nivel de apoyo internacional. "Creo que así se garantizaría que Líbano se mantiene por su cuenta y la economía progresa", ha añadido.

Las autoridades del país, que citan cifras del Banco Mundial, calculan que el coste derivado del conflicto en Siria había supuesto para Líbano más de 18 millones de dólares hasta finales de 2015. El crecimiento anual del PIB también ha descendido desde el 8% de media previo al conflicto al actual 1 por ciento.

Hay en Israel más problemas sociales que el conflicto con Palestina. Y seguramente el cineasta Avi Mograbi (Tel Aviv, Israel, 1956) haya trabajado sobre gran parte de ellos. Hubo un tema, sin embargo, que sorprendió a este cineasta especializado en el documental, fundador del colectivo Breaking the silence —en el que soldados israelíes se atreven a hablar negativamente de la ocupación— y uno de los creadores más críticos con su Estado. En el verano de 2012, 21 demandantes de asilo eritreos se vieron apresados entre la frontera de Egipto, que lograron cruzar, y la valla de la de Israel, que los militares les impidieron saltar. Permanecieron ocho días bajo el calor del desierto, hasta que ambos gobiernos llegaron a un trato: Israel dejaba entrar a las dos mujeres y el adolescente del grupo y rechazaba a los 18 hombres. "Estaban exhaustos y gritaban: 'Matadnos de una vez", testificó el chico. 

Mograbi leía en la prensa sobre el incidente y se llevaba las manos a la cabeza: "En la escuela nos enseñaban cómo los judíos iban desde Francia y Alemania hasta Suiza, y allí no les dejaban entrar y les mandaban de vuelta a… ya sabes a qué. Y los profesores nos repetían: ‘¡Nunca más!". Sin embargo, desde 2007 al menos 50.000 demandantes de asilo, provenientes sobre todo de Eritrea y Sudán, se han encontrado con la oposición del Gobierno a concederles refugio. Era todo lo que necesitaba para poner en marcha Between fences (2016), su nuevo documental, que se proyecta el domingo en el Museo Reina Sofía dentro del ciclo Sin refugio —está también disponible en la web del director— tras pasar por la Berlinale. La película, su noveno documental, retrata la vida de un grupo de refugiados africanos en el campo de detención de Holot. Pero la propuesta tiene también los tintes irónicos, desenfadados y metaficcionales del cine de Mograbi, al grabar al grupo durante su participación en un taller de teatro del oprimido. 

Aunque esa no era su primera idea. Al comienzo, pensó que los ciudadanos israelíes estarían más abiertos a escuchar la historia de estos migrantes si se hacía evidente la conexión entre ambos éxodos. "Podríamos representar el exilio judío, pero que los actores fueran demandantes de asilo", se dijo. Y entró en contacto con Chen Alon, un director de escena especializado en teatro del oprimido, una rama teatral puesta en marcha por el pedagogo y dramaturgo brasileño Augusto Boal en los sesenta. Mediante distintas dinámicas, esta tendencia pretende estudiar con las clases oprimidas las relaciones  de poder para que pueden oponerse a ellas. Así que Alon le paró los pies: "Trabajaremos con quien esté allí, y la historia saldrá de ellos". El proceso de composición del grupo de teatro en medio del desierto, cuyos miembros llevan meses en una situación crítica, es lo que se refleja en la película. 

Como telón de fondo, Holot, un centro de detención de migrantes a seis kilómetros de la frontera. El Gobierno israelí lo abrió en 2013 bajo la ley de Prevención de Infiltraciones —infiltrados, así llaman a los sin papeles—, aunque la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los refugiados de 1951 establece que "los Estados Contratantes no aplicarán a [los refugiados que se encuentren en el país de forma irregular] otras restricciones de circulación que las necesarias". Las autoridades aseguran que Holot no es una cárcel, ya que sus habitantes pueden moverse libremente por el territorio. Pero el centro está en medio del desierto, los demandantes deben permanecer en su interior entre las diez de la noche y las seis de la mañana y no se les conceden permisos para desplazarse a las ciudades cercanas, Tel Aviv (a 170 kilómetros) y Beerseba (70 kilómetros). Como teóricamente no se trata de una prisión, no tienen tutela judicial ni pueden ser liberados definitivamente de ella. Amnistía Internacional ya ha denunciado la existencia del centro. 

"Nos enteramos de que allí había 2.300 hombres, y pensamos que era un buen sitio, porque necesitan algo que hacer", dice Mograbi. En el sur de Tel-Aviv, donde está asentada gran parte de las poblaciones eritreas y sudanesa, la vida es dura: es difícil ganar siquiera el salario mínimo y no hay tiempo para nada que no sea trabajar. En Holot encontraron un sorprendente hangar abandonado "con una acústica perfecta", y organizaron sesiones allí una vez a la semana. No fue sencillo. El grupo osciló entre 13 personas... y cero. Algunos de ellos fueron incluso detenidos después de realizar una marcha hasta la frontera con Egipto. Aquellos solicitantes de asilo que violan los códigos de Holot —lo que incluye desde no presentarse al conteo hasta introducir su propia comida en el centro— pueden ser enviados a la cercana prisión de Saharonim, abierta en 2007.

"Su prioridad es salir de allí lo antes posible, entiendo que el teatro les pareciera una pérdida de tiempo", admite. Los demandantes de asilo, la mayoría sin apenas educación, están condenados a un ejercicio continuo de burocracia. "Israel se niega a evaluar siquiera sus solicitudes", denuncia Mograbi. Los que han entrado de manera irregular deben renovar un visado cada dos meses, a riesgo de ser enviados a Saharonim, y no tienen posibilidad alguna de obtener protección indefinida, ni la ciudadanía, reservada solo a los judíos. "Israel fue fundado como un Estado judío e intenta ser demográficamente homogéneo. Por supuesto, el 20% de la población es palestina, pero el Gobierno está tratando de limitarla. Muchos israelíes no entienden cuán racista es esto, y lo inadmisible que les parecería si les ocurriera a ellos en otro país", critica el director. 

En el filme, los refugiados/actores representan de manera natural todas estas situaciones. Los enfrentamientos con los oficiales de inmigración. La separación de sus familias. El contexto político de sus países que les hicieron huir. La situación de indefensión en la que se encuentran, cuando su llamada de auxilio solo escucha un "no puedo hacer nada por ti". Las escenas que se construyen poco a poco a partir de sus propias historias. Las discusiones artísticas. La historia tiene un final feliz : la obra de teatro que nació de la experiencia se sigue representando en Israel, así como los conciertos a partir de la banda sonora del filme, que se proyecta también en el extranjero. Parte de sus protagonistas han formado sus propios talleres en Holot, alguno ha podido continuar con su vida en Israel (o incluso con su formación). Todos están libres. 

Pero el final también es dramático, directamente sacado de los periódicos. En 2015, el Gobierno comenzó a ofrecer a los demandantes de asilo un cuestionable trato: 3.500 dólares en efectivo y un billete de ida a un país africano sin especificar. Si no lo aceptaban, iban a Saharonim. Los activistas han criticado asimismo las mismas "devoluciones en caliente" que en España denuncian instituciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. La convención de 1951 establece que "ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre". Se limita la estancia en Holot hasta los 12 meses, pero su capacidad aumenta hasta los 3.360 detenidos. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este martes que los Estados miembro nieguen el visado humanitario a quien desee viajar a su territorio con intención de solicitar asilo, informa Europa Press.

La sentencia señala que el Derecho europeo, a través del Código de visados, establece únicamente las reglas para los visados de tránsito o estancias no superiores a 90 días, por lo que este caso queda fuera de su aplicación y le corresponde a los Estados miembro decidir.

En las conclusiones previas del abogado del TJUE, publicadas hace un mes, el letrado consideró que el país estaría obligado a dar visado humanitario a quien corre riesgo de tortura, lo que abría la puerta a una vía de entrada legal a la Unión Europea para quienes aspiraban a lograr protección internacional del bloque.

Sin embargo, el Tribunal ha concluido en su sentencia que el código europeo se refiere a visados que no superen a los tres meses y que los expedientes que se refieren a visados o permisos de residencia de larga duración por razones humanitarias "solo están sujetos al Derecho nacional".

El pronunciamiento responde a una consulta de los tribunales belgas, en donde las autoridades han negado el visado humanitario a una familia siria formada por un matrimonio y sus tres hijos, todos ellos residentes en Alepo.

En octubre de 2016 solicitaron en la Embajada de Bélgica en Beirut (Líbano) el visado humanitario y regresaron al día siguiente a su residencia en Siria, a la espera del documento que les permitiera escapar de Alepo y pedir asilo en Bélgica.

Uno de los miembros de la familia alegó haber sido secuestrado y torturado por un grupo armado, hasta que fue liberado a cambio del pago de un rescate. También argumentaron el riesgo de ser perseguidos por sus creencias religiosas, al ser de confesión cristiana ortodoxa, y la imposibilidad de lograr protección internacional en un país vecino.

La Oficina de Extranjería belga, sin embargo, negó el visado de validez territorial limitada para pedir asilo, porque consideró que ello probaba la intención de la familia de permanecer en Bélgica más de los 90 días que permiten estos visados.

Bélgica, además, sostiene que los Estados miembro no están obligados a admitir en su territorio a todas las personas que vivan una situación catastrófica.

El Gobierno húngaro prevé proponer a la UE la detención automática de cualquier solicitante de asilo que llegue al país a la espera de que se resuelva la misma como medida para proteger las fronteras exteriores del bloque, según ha explicado su portavoz, Zoltan Kovacs, ha informado Europa Press.

En declaraciones a la prensa en Londres recogidas por The Guardian, el portavoz del Gobierno de Viktor Orban ha explicado que "ningún inmigrante, ni siquiera los que han presentado su solicitud de asilo, podrán moverse libremente hasta que no haya una primera decisión legal sobres si pueden recibir asilo político, estatus de refugiado u otra cosa".

Dado que el proceso para resolver las solicitudes podría demorarse durante meses, aquellos que así lo deseen podrán regresar en cualquier momento a sus países de origen, ha aclarado Kovacs, subrayando que las solicitudes serán examinadas de forma individual y no en grupo.

Asimismo, ha indicado que aunque los solicitantes de asilo no tendrán libertad de movimientos en Hungría, los campos donde permanecerán no deberían ser descritos como "centros de detención" y "cumplirán con todos los estándares requeridos por la UE". "No tenemos un término adecuado aún para ello, ese es un reto el formularlo", ha admitido.

"No se trata de detención, se trata de no darles las mismas oportunidades que a los ciudadanos europeos", ha justificado el portavoz húngaro, para quien "se está produciendo un abuso sistemático de ello dentro de Europa". "Todo el mundo que llega a la UE como inmigrante básicamente llega aquí de forma ilegal", ha subrayado.

Hungría ha protagonizado en el último año varios encontronazos con la UE por su política migratoria, después de que el Gobierno de Orban decidiera erigir vallas en su frontera con Serbia para frenar la llegada de inmigrantes y refugiados en 2015 y se haya negado a aceptar las cuotas de reparto de refugiados.

El portavoz del Ejecutivo ha admitido que también esperan que su propuesta sea recibida con críticas en Bruselas, pero ha insistido en que el plan de Budapest es una respuesta ante los abusos sistemáticos que se están cometiendo actualmente por el hecho de que los solicitantes de asilo pueden moverse libremente mientras esperan que se resuelva su estatus.

Así, ha subrayado que muchos han conseguido evadir a la justicia y seguir su viaje hacia países como Alemania o Reino Unido. "Si mantenemos el régimen existente, no seremos capaces de controlar lo que está ocurriendo en las fronteras o dentro de Europa", ha sostenido.

España recibió 12.500 solicitudes de asilo hasta el pasado 30 de octubre, según los datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso Europa Press, que arrojan un incremento del 35% respecto a las 9.300 peticiones recogidas en el mismo periodo de 2015. Se bate así un nuevo récord histórico, aunque las cifras aún siguen lejos de las registradas de media en la Unión Europea.

De acuerdo a este balance, aún provisional, las tres principales nacionalidades de los solicitantes de asilo en lo que va de año son ucraniana (3.600), venezolana (2.850) y siria (2.390), que suman el 70 por ciento de las peticiones registradas. Le siguen los argelinos, colombianos, palestinos, salvadoreños, marroquíes y hondureños.

Destaca el caso de los venezolanos, cuyas peticiones de asilo se han multiplicado por cuatro en menos de un año. La tendencia comenzó en 2015, cuando por primera vez en una década, Venezuela constaba entre los diez países que más solicitantes de protección internacional generaba en España.

Al cierre del año pasado se contaban 596, cuando habían sido 124 en 2014, un total de 35 en 2013, 28 en el año 2012, 52 en 2011 y 19 en el año 2010. Hasta octubre de este año se cuentan 2.850, es decir, supera el triple de lo recogido durante un lustro.

No obstante, estas cifras siguen alejadas de las recogidas por otros países europeos. En total, la UE ha recibido más de 650.000 peticiones de asilo sólo hasta junio y un tercio de ellas procedían de ciudadanos sirios, según los datos de Eurostat recogidos por Europa Press.

De hecho, la organización subraya que de los 4.539 millones de dólares reclamados en el inicio del año para ayudar a los 4,7 millones de personas que se prevé que estarán refugiadas en países vecinos al finalizar 2016, así como para cuatro millones de personas de las comunidades que les acogen, y para apoyar a 13,5 millones de sirios desplazados y afectados por el conflicto en el interior de su país se ha recaudado apenas un 49%. Los datos oficiales se pueden consultar aquí. 

Amnistía denuncia también que el plan de respuesta para la crisis que en Burundi ha empujado a más de 265.000 personas a huir a los países vecinos de Ruanda, Tanzania, la República Democrática del Congo, Uganda y Zambia sólo ha logrado el 37% de financiación de los 62,3 millones de euros reclamados. 

La falta de fondos explica, entre otros factores, la precaria situación a la que se enfrentan gran parte de los 21 millones de personas refugiadas que hay en el mundo. Según la organización, los países ricos han demostrado una "absoluta falta de liderazgo y responsabilidad" al dejar que sólo diez países –que representan menos del 2,5% del PIB mundial– reciban al 56% de la población refugiada del mundo. 

En este sentido, Amnistía denuncia que unos pocos países se ven obligados a hacer mucho más de lo que les corresponde por su proximidad a zonas de crisis, lo que a juicio de la organización genera una situación intrínsecamente insostenible y aboca a un sufrimiento y miseria intolerables a los millones de personas que huyen de la guerra y la persecución en países como Siria, Sudán del Sur, Afganistán e Irak. 

En esta línea, el documento resalta que el Reino Unido ha recibido a menos de 8.000 sirios desde 2011, mientras que Jordania —con una población casi 10 veces menor y el 1,2% de su PIB— alberga a más de 655.000. También pone el ejemplo de Líbano, que con 4,5 millones de habitantes, una extensión de 10.000 kilómetros cuadrados y un PIB per cápita de 10.000 dólares estadounidenses, da cobijo a más de 1,1 millones de refugiados sirios, mientras que Nueva Zelanda, que tiene la misma población pero cuenta con una extensión de 268.000 kilómetros cuadrados y un PIB per cápita de 42.000 dólares estadounidenses, a día de hoy sólo ha recibido a 250.

En contraposición, la organización resalta el ejemplo de Canadá, que ha reasentado desde otros países a cerca de 30.000 sirios. Casi dos tercios de los reasentamientos fueron patrocinados por el Gobierno canadiense y cerca de 11.000 más se hicieron con acuerdos de patrocinio privado. Además, la ONG asegura que a finales de agosto de 2016 se estaban tramitando otras 18.000 solicitudes principalmente desde Líbano, Jordania y Turquía.

Críticas a la UE y los Estados miembros 

En paralelo a estos datos, la ONG denuncia que la UE y sus Estados miembros no han dado con una solución "coherente, humana y respetuosa con los derechos humanos" ante los cientos de miles de refugiados y solicitantes de asilo que emprenden viajes plagados de peligros. En 2015, más de un millón de personas refugiadas y migrantes llegaron a Europa por mar; se teme que casi 4.000 murieran ahogadas. En los primeros nueve meses de 2016 ya ha habido más de 3.500 víctimas mortales.

En este sentido, Amnistía Internacional denuncia que la UE y los Estados miembros se centren en "soluciones" como el "ilegal y desastroso" acuerdo firmado con Turquía o la negociación de acuerdos con países como Libia y Sudán. Y afea a "la mayoría de dirigentes europeos" haber preferido atender a las manifestaciones de animadversión hacia los inmigrantes y de preocupación por la supuesta pérdida de soberanía y a las amenazas para la seguridad.

"La externalización de los controles de migración de la UE se están convirtiendo en un peligroso juego de transacciones en el que paga a los países para que mantengan a estas personas fuera de la UE y se hace caso omiso del coste humano", añade el informe. 

Rutas más seguras y legales 

Como propuestas de solución, la ONG insta a los países a abrir rutas más seguras y legales para que los refugiados puedan llegar a la UE y pedir asilo sin tener que hacer peligrosos travesías por mar en embarcaciones abarrotadas o caminar cientos de kilómetros llevando a sus hijos y todas sus pertenencias. "En lugar de tener que entregar los ahorros de toda su vida a los traficantes, podrían usar su dinero para usar su dinero para empezar una nueva vida", señala la ON

En esta línea, Amnistía Internacional mantiene que abrir vías seguras para cruzar las fronteras supone también proporcionar a estas personas visados humanitarios para que puedan viajar sin riesgos y pedir asilo a su llegada. Asimismo, insta a los Estados a repartir las responsabilidades respecto a la acogida de refugiados de forma más equitativa basándose en la capacidad objetiva de cada Estado. 

La situación y el drama que sufren a diario miles de refugiados llega al cine, y lo hace a modo de documental de la mano de Salvados, el programa presentado por Jordi Évole. El espacio inicia nueva temporada realizando labores de rescate a bordo del barco Astral –que da nombre al documental–, en el que viajó durante 10 días junto a los voluntarios de la ONG ProActiva Open Arms. 

Un barco de ricos para pobres. Así titulaba Jordi Évole su artículo de El Periódico en el que resume los diez días a bordo del Astral donde, según su propias palabras, se reconcilió con los de su especie. La historia del velero, de 30 metros y construido en la década de los años 70, cambió radicalmente de dueños y de función, pasando de ser un barco "de lujo" a rescatar a los "pobres".

Antes de realizar labores humanitarias, Astral era el barco de recreo del empresario Livio Lo Mónaco hasta que, tras ver algunas de las fotografías del periplo que sufren los refugiados por el Mediterráneo, decidió cederlo a la organización ProActiva Open Arms. Así, después de convertirlo en un barco de rescate, Astral zarpó, junto al equipo de Salvados, hacia las costas de Libia para realizar la que sería su primera misión.

Tan solo en la primera madrugada, según cuenta Jordi Évole en su artículo, el Astral atendió a más de 600 personas y subió a su cubierta a 130. "El velero de ricos se había transformado en un barco para pobres, una pequeña metáfora de lo que podría ser la redistribución de la riqueza", explica el presentador.

"La historia la sabemos, pero parece que no queremos saberlo", cuentan a infoLibre fuentes del programa, que afirman que el fin último del documental es que el público realice "un ejercicio de reflexión" mediante un formato completamente nuevo para el programa, con un ritmo distinto, "más tranquilo".

Más de 120 salas de cine de toda España se han ofrecido a proyectar Astral desde el próximo 12 de octubre. Salvados desveló que el dinero recaudado a través de las entradas se destinará de manera íntegra a la ONG con el objetivo de continuar contribuyendo al rescate de refugiados e inmigrantes en las costas de Libia.

"La desesperación no encuentra barreras"

Laura Lanuzo, responsable de comunicación de la ONG ProActiva Open Arms, cuenta a infoLibre que Salvados "fue testigo de lo que sucede en el Mediterráneo" y fueron "partícipes de la rutina" que su organización vive cada día.

"Cuando el programa se enteró de que teníamos un barco, se puso en contacto con nosotros para poder plasmar esa realidad", explicó Laura. ¿Cuál es esa realidad? Según cuenta, en los dos meses y medio de vida del Astral, la ONG ha podido observar en primer plano una "crisis absolutamente invisible, con miles de personas que se lanzan al Mediterráneo, y no son más por las condiciones del mar".

Según relata, el mayor número de personas que han llegado a rescatar en un solo día han sido 3.000. "Desde las instituciones, esta crisis, lejos de mejorar, se ha empeorado", denuncia Laura, quien añade que existe una "absoluta inacción institucional". 

"Las políticas de fronteras solo sirven para complicarles el camino, porque la desesperación no encuentra barreras, se lanzan al mar porque no tienen nada que perder", sentencia Laura.

3.164 fallecidos en el Mediterráneo en 2016

Según el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 3.164 personas fallecieron en el Mediteráneo desde el 1 de enero hasta el 21 de agosto de 2016. Esta cifra superó en 508 muertes a los fallecidos en 2015.

Un total de 2.725 personas fallecieron intentando llegar a las costas italianas en lo que se conoce como la ruta central del Mediterráneo, que une Libia con Italia –la vigilada por el velero Astral– y cuya longitud y condiciones hacen que sea la ruta marítima más peligrosa.

El nuevo libro del politólogo francés Sami Naïr (Tlemcen, Argelia, 1946) no nace, como suelen, de la reflexión reposada. Refugiados. Frente a la catástrofe humanitaria, una solución real (Crítica) está escrito desde la urgencia. La misma con la que 3,8 millones de sirios piden asilo en el extranjero (no solo en Europa) huyendo de la guerra; con la que 3,4 millones de personas (sirios, pero también afganos, iraquíes, eritreos...) llamaron a las puertas del continente solo en 2013. 

En el volumen, que en sus 180 páginas reúne y aclara los principales aspectos y datos de la compleja crisis de los refugiados, desde su procedencia hasta el funcionamiento de las mafias que les transportan. En todas estas cuestiones está, de fondo, la voluntad de sonrojar a los gobiernos europeos, a quien el experto en el mundo árabe acusa, en un céntrico hotel de Madrid y sin alterar su tono de voz, de estar abandonando sus responsabilidades y contribuyendo activamente al desamparo de millones de personas.

Porque, aunque urgente, la reflexión de Naïr viene de lejos. Sus funciones en el Gobierno francés a finales de los noventa y como eurodiputado hasta 2004 le han hecho consciente de los fallos del sistema migratorio. Y, si hace años, hablaba de que la Unión estaba a punto de explotar, hoy considera que el modelo de fronteras ha estallado definitivamente. Él también habla de "la mayor catástrofe humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial", y no cree que Europa haya estado a la altura de sus propios principios. Pero no pierde la esperanza, y afirma de forma clara: "Hay solución. Hay medios". 

Pregunta. Critica que Europa esté incumpliendo la Convención de la ONU de 1951, que reconoce una serie de derechos fundamentales a los refugiados. ¿Cómo lo está haciendo?la Convención de la ONU de 1951

R. La Convención está integrada en los textos fundadores de la Unión Europea, y tiene consecuencias jurídicas: no es moral, sino vinculante, a diferencia de muchos otros textos. De la misma manera, la Unión Europea está incumpliendo varias Cartas vinculantes para los socios en las que la solidaridad y la obligación jurídica de socorrer a los refugiados es un elemento clave. Han violado y pisoteado esos textos. Por ejemplo, estos documentos impiden las expulsiones colectivas, una triste innovación de esta Unión Europea.

P. Denuncia, además, que en el tratado entre Alemania y Turquía se haya sustituido la palabra “refugiado” por “inmigrante”. ¿Qué implicaciones tiene esto?R. 

La diferencia es fundamental. Un inmigrante irregular puede ser expulsado —aunque desde el punto de vista esto es otro tema—, pero un refugiado pide socorro y existe la obligación legal de ayudarlo. Esto es una violación de al menos 10 documentos fundamentales.

P. Sitúa la crisis de los refugiados en un contexto de deriva moral de la Unión Europea. ¿Qué efecto tienen estas políticas sobre los valores europeos?

R. Supone un daño fundamental. Lo más desastroso es que los países de la Unión estén naturalizando ante sus poblaciones que violar los derechos es algo normal cuando la situación económica o política lo requiere. De ahí a que una parte de la población se comporte de manera peligrosa, que crezca la extrema derecha y la intolerancia, hay una línea directa. Objetivamente, la Unión Europea está legitimando el discurso del odio.

P. La crisis de los refugiados llega tras otras que han puesto a prueba las instituciones europeas, como los sucesivos rescates o el referéndum griego. ¿Cómo han influido en la situación actual?

R. Es un largo proceso, y se arrastra desde 1986, cuando se pone en marcha el Acta Única. En 1989 se derrumbó el Muro de Berlín, pero se construyó el Muro de Schengen, que es un sistema legal para impedir el acceso al empleo de los no-comunitarios y que, además, ha funcionado bastante mal: ha habido que cambiarlo tres veces con Dublín I, Dublín II y Dublín III, y estalló definitivamente en 2015 con la crisis de los refugiados.

P. ¿Qué filosofía ve detrás de esta política migratoria?

R. La idea era que podemos construir en Europa, protegidos por ese muro, un mundo rico y próspero. Cerrar un territorio, como quiere hacer ahora Trump, es una utopía negativa: no solo es malo, sino que es imposible. Además, aquí no se ha conseguido crear ese mundo rico, porque el desarrollo de Europa ha supuesto una destrucción de los acervos sociales. Sí se ha conseguido, en cambio, una polarización del continente: unos países que se aprovechan de esta situación, como Alemania, y otros que sufren enormemente.

P. Y defiende que ese muro no funcionó. muro

R. No. A partir del momento en que ponen en pie el Muro de Schengen, los flujos migratorios crecieron, y con ellos las mafias organizadas. El sistema europeo consiste en que los estados gestionen la legalidad dejando a las mafias la gestión de las ilegalidades. Claro, que esto no funciona así con los capitales, de los que se acepta que la circulación sea mundial. Los europeos han pensado que podían protegerse del sur, pero el sur está dentro de Europa.

P. En el libro, usted no se refiere solo a los desplazados sirios, que suponen el 51% de los refugiados que llegan a Europa, sino que habla de un “estallido del sistema migratorio europeo”. ¿Por qué prefiere esa vía de análisis?

R. Hay refugiados por todas partes. Hay 12,2 millones de refugiados en el mundo, y una población migrante de en torno a 220 millones en total. La situación más dramática fue, primero, la de los iraquíes, después de la destrucción de Irak por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña, en la que participaron algunos países europeos, como España. Hay una obligación de solidaridad por la propia participación de estos países. Para los sirios es igual. Nuestro compromiso en esa batalla no puede ser solo militar, sino también legal y moral ayudando a las víctimas.

P. La respuesta de los distintos gobiernos europeos frente a la crisis de los refugiados ha sido, en el mejor de los casos, que no se puede hacer más de lo que se hace (Mariano Rajoy dijo: “No conseguimos que vengan más”). ¿Usted qué responde?Mariano Rajoy dijo

R. Es una idea falsa, por varias razones. Cuando ocurrió esta tragedia, hubo por toda Europa una explosión de solidaridad enorme por parte de la sociedad civil. Pero la respuesta de los Gobiernos fue: “No podemos hacer nada sin autorización de la UE, porque se trata de una política exterior de control de fronteras”. Y desalentaron la voluntad de generosidad. Los refugiados son ahora casi 4 millones en Europa; los países de la zona euro tienen 300 millones de habitantes; los 27 tienen 512 millones. ¿Qué representan los refugiados en esa población tan amplia? Pero cuando llegó la hora de repartir, ningún Gobierno aceptó hacerlo de buena fe.

P. ¿Por qué?

R. Porque hay una contradicción fundamental en la Unión Europea, que no puede ser fiel a sus valores fundamentales con el sistema económico que ha adoptado. No podemos decir a los Gobiernos que respeten los criterios de Maastricht —menos del 3% de déficit, menos del 90% de deuda pública y menos del 2% de inflación; lo que significa recortes, recortes y recortes— y pregonar la importancia de los valores. El sistema económico destruye el sistema de valores, esa política ahoga la solidaridad.

P. Usted propone crear un “pasaporte de tránsito” para que los refugiados puedan moverse libremente por Europa. ¿Esa idea cabe dentro de las leyes europeas?

R. De hecho, legalmente no es una innovación. Existe. El Parlamento Europeo ha avanzado la idea de un visado humanitario, cosa que apoyo, aunque depende del primer país de acogida y de los países que quieran otorgarlo. Además no es vinculante, como todas las decisiones del Parlamento Europeo, el único del mundo que no hace leyes.

P. ¿Existe algún precedente de lo que usted propone?

R. Esta idea no me la he inventado yo, sino el explorador Fridtjof Nansen, Premio Nobel por su defensa de las víctimas de la I Guerra Mundial, que había cambiado las fronteras de los estados y provocado un gran número de desplazados. Él propuso otorgar a esa gente un documento que les permitiera viajar por todo el continente. Se llamó pasaporte Nansen y se nombra en Convención de la ONU de 1951. Mi idea tiene que ver con eso, y sería un documento adoptado por la Comunidad Europea y por la Unión.

P. ¿Qué acciones políticas se necesitarían para ponerlo en marcha?

R. La solución está, como siempre, en varios frentes. Primero, la toma de conciencia: que se mueva la opinión pública. Que se debata en los parlamentos nacionales esa posibilidad, así como en el Parlamento Europeo. Y, algo que tengo en mente para la segunda fase de la lucha, llevar una propuesta firmada por más de un millón de personas a la orden del día del Consejo Europeo.

P. Cierra el libro con un capítulo titulado “La esperanza siempre vuelve”. ¿A qué se debe este optimismo?

P. Hay refugiados en Turquía, en Hungría, en República Checa. Miles y miles y miles de personas. ¿Van a quedarse encerrados ahí toda su vida? ¿Vamos a expulsar a todos a un país en conflicto? Va a llegar un momento, muy pronto, en que habrá que liberar a esa gente, no hay otra opción. Confío en la fuerza de la realidad.

Participar y decidir para que el futuro en paz de Colombia no se quede en el papel. Este es el principal objetivo de la II Cumbre Nacional de Mujeres y Paz que se celebrará en Bogotá a partir de este lunes y que durante tres jornadas reunirá a más de 500 mujeres de diversas organizaciones y territorios. Un encuentro que busca situar la perspectiva de género en el eje de la implementación de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC el pasado 24 de agosto. Y que tiene su origen en una primera cumbre, en octubre de 2013, que impulsó la creación en junio del 2014 de una subcomisión de género inédita en otros procesos de paz.

El siguiente reto es movilizar el voto de las mujeres en favor del Sí a los acuerdos, que se ratificarán en referéndum el próximo 2 de octubre. Y, acto seguido, perfilar estrategias para una construcción de la paz con justicia, paz, reparación y garantías de no repetición. infoLibre ha conversado con algunas de estas líderes de organizaciones femeninas sobre la perspectiva de una Colombia sin armas.

Violencia sexual como artefacto de guerra

Sisma Mujer, fundada en 1998 y con una delegación en Alicante, fue una de aquellas entidades que impulsaron la Subcomisión de Género, presidida por María Paulina Riveros (Gobierno) y Victoria Sandino (FARC). Creada en 1998, Sisma ha centrado su trabajo en la denuncia del abuso sexual como arma de guerra contra las mujeres. “Esta violencia es el crimen de la guerra, pero también el de la paz, ya que está relacionada con la discriminación contra la mujeres”, señala Claudia Mejía, presidenta de Sisma, para quien “la erradicación de la violencia a las mujeres debe ser el paso definitivo hacia la paz”.

De hecho, las cifras son tan terribles como elocuentes. Según el Registro Único de Víctimas (RUV) entre 1985 y 2015, hubo 12.092 casos de delitos contra la libertad y la integridad sexual de los que un 90% se perpetraron contra mujeres, lo que significa un promedio de 29 hechos criminales al mes. Y según la Fiscalía General de la Nación, entre 2013 y 2015, este tipo de casos alcanzan un impunidad de entre el 89 y 91%. Por ello, Colombia está en entre los primeros 10 países en tasas de feminicidio. Y solo en 2014, según el RUV, hubo 221 agresiones a defensoras de derechos humanos, de las cuales 6 acabaron en muerte.

En abril de 2015, Sisma Mujer se unió a Humanas, la Red Nacional de Mujeres y la plataforma No es Hora de Callar para presentar “cinco claves para una reconocimiento diferencial de la violencia sexual en los acuerdos de paz”. Destaca tanto la justicia como la reparación diferenciada, es decir, desde el punto de vista de género. Y para ello proponen que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad sea paritaria y cuente, al menos, con una víctima de violencia sexual o una defensora de los derechos de las mujeres. También que estas agresiones “no pueden ni deben ser amnistiadas ni indultadas”, exige Mejía.

Pero la incidencia de la Subcomisión ha ido más allá de cuestiones sobre violencia, ya que logró la revisión de acuerdos cerrados con anterioridad como el de participación política, el de la solución al problema de las drogas ilícitas y, especialmente, el de la reforma rural integral. En este último caso, el futuro Fondo de Tierras prevé acceso especial para las campesinas y el plan de formalización masiva de la tierra dispondrá de medidas concretas para que las mujeres formalicen la propiedad.

Paridad y retorno con garantías

El Congreso de la República está integrado por 55 mujeres, el 21% de los escaños. “Es un papel muy escaso y hace falta una mayor inclusión para que la agenda de las mujeres tenga mayor presencia en la agenda democrática del país”, sostiene Beatriz Quintero, de la Red Nacional de Mujeres, una apuesta feminista nacida en 1992 tras una activa participación en el proceso de la Asamblea Constituyente de 1991. Según Quintero, “debemos empezar a abrir la puerta a la paz tras 50 años de conflicto armado”, aunque algunas de las propuestas, sobre todo en materia de género, “se quedan cortas”. “Se utilizan verbos muy blanditos: buscar, aumentar o hacer efectiva. Que se conviertan en verbos concretos y que la participación de las mujeres no solo aumente, sino que sea paritaria en todos los espacios”, demanda Quintero, quien valora que la palabra “género” aparezca más de 70 veces en las casi 300 páginas de los acuerdos de paz.

Un sentimiento ambivalente con el que coincide Alba Teresa Higuera, portavoz de la Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas en España, que agrupa a una trentena de colombianas en España, buena parte de ellas líderes que abandonaron su país tras serias amenazas de muerte y que encontraron su punto de encuentro en la Mesa de apoyo a los derechos humanos de las mujeres y la paz en Colombia, fundada en 2007 e integrada por 24 organizaciones de España y Colombia, y de la que también forman parte Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres.

“Buscamos un enfoque de género que incluya qué significa el exilio y el refugio para las mujeres en su vida económica, social, política, psicosocial, familiar y de afectos”, explica Higuera. Una visión integral con proyección de denuncia pública, ya que la Colectiva aboga porqué sus experiencias sedimenten en el futuro Museo Nacional de la Memoria y a través de una cátedra en el Centro Nacional de la Memoria Histórica. Y plantean una gran Audiencia Pública en España que ayude a cerrar heridas. Según los datos oficiales existen más de 6 millones de personas desplazadas. Entre ellas, señala Naciones Unidas, al menos 420.000 refugiadas y exiliadas políticas.

Otro aspecto determinante es el retorno con garantías. “En muchos casos persisten la amenazas de los paramilitares, que se han disfrazado”, denuncia Higuera. De hecho, el punto relativo al acuerdo sobre el fin del conflicto recoge cinco medidas para el esclarecimiento y la persecución del paramilitarismo. “¿Volver?”, se pregunta Higuera, refugiada en Albacete desde 2003, sobre la dificultad de afrontar nuevas rupturas: “Muchas, cuando llegamos, nuestros hijos eran bebés y ahora este es su espacio cultural y de compromisos sociales. No queremos quebrar los afectos como nosotras lo tuvimos que hacer en su momento”.

Las asociaciones colombianas de mujeres conforman una tupida red con gran capacidad de incidencia social. “Tenemos que ganar por un sí contundente, como 70 a 30”, reclama Quintero, volcada desde hace semanas en un trabajo ingente de calle y en las redes sociales para procurar que el eslogan “Las mujeres decimos sí a la paz” alcance todos los rincones del país. “No es un punto de llegada, sino de partida para poner fin a una guerra con 220.000 muertos y 45.000 desparecidos”, repasa Higuera.

¿Y si triunfa el no? El expresidente colombiano Álvaro Uribe se ha lanzado a una agria campaña contra unos acuerdos que define como “gran impunidad hacia las FARC”. “No me planteo el no”, sopesa Higuera, quien ve en el voto favorable “una oportunidad para volver a empezar y resolver las consecuencias sociopolíticas del conflicto”. Y más lejos va Quintero, para quien la victoria del no “sería desastroso”. E insiste en la claridad de una pregunta con una respuesta, a su juicio, aún más diáfana: “¿Está de acuerdo en que empecemos a construir la paz? Es casi imposible contestar que no”.

Más del 85 por ciento de la población de Siria, la que queda en el país, la que no forma parte de la estadística mortal de 250.000 víctimas en un lustro de guerra ni ha tenido que huir a los países fronterizos y a Europa, vive en la pobreza. Y cerca del setenta por ciento carece de lo más básico para una vida digna, está en lo que aquí llamaríamos extrema pobreza.

Los ejércitos, mientras, rompiendo el alto el fuego. Assad, en su palacio.

Las cifras proceden de organizaciones y observatorios internacionales, y las recoge Sami Naïr en un libro que acaba de publicar en España, Refugiados: frente a la catástrofe humanitaria, una solución real, en el que describe y analiza con precisión de lúcido observador el crimen que Europa está cometiendo con los refugiados que en esta última crisis nos están llegando desde Siria, Afganistán, Eritrea o la República Democrática del Congo. Sostiene Naïr que Europa ha pisoteado sus propios valores y califica de “Acuerdo de la deshonra” el firmado con Turquía, contratada como áspero portero de la finca europea (esto es del autor de esta columna, no del profesor francés).

Coincide el ensayo con la publicación por Unicef y algunas ONGs como Save The Children, de datos sobre refugiados y desplazados en el mundo entero y en particular niños que a menudo hacen la mayor parte de su viaje perdidos y solos. En 2015, y según datos que aporta ACNUR, la agencia de la ONU para refugiados, y la ONG Intermón Oxfam, más de 12.000 niños llegaron a Italia sin un adulto que les acompañara.

Según Unicef, más de la mitad de los refugiados y desplazados que hay en todo el mundo, alrededor de 65 millones de personas, son menores. Save The Children asegura que desde 2008 más de 200.000 niños no acompañados han pedido asilo en Europa; sólo en 2014, fueron 69.000 los que intentaron cruzar la frontera entre Méjico y Estados Unidos.

Uno de cada 200 niños que hay en el mundo es refugiado, estima Unicef, y todos ellos ignoran los derechos que les asisten como, por ejemplo, a no ser detenidos, a protección internacional y a un tutor legal sólo por el hecho de llegar a territorio Europeo.

Esta semana, el director ejecutivo de Unicef, Anthony Lake, afirmaba que “si estos jóvenes refugiados son aceptados y protegidos hoy, si tienen la oportunidad de aprender y crecer, si se les deja desarrollar su potencial, pueden ser una fuente de estabilidad y progreso económico”.

Pero el norte rico o al menos económica y socialmente estable, sigue cerrando puertas y levantando muros.

El problema es que esto va a continuar. Las pirámides de población se elevan hasta niveles insostenibles sobre todo en el continente africano, y la previsión de Naciones Unidas es que para el año 2050 la población mundial se acercará a los 10.000 millones, la mayor parte en un mundo sin capacidad para ofrecerles las más mínimas condiciones de vida, por lo que un gran porcentaje tendrá que emigrar, se convertirán en desplazados forzosos. A esto hay que añadir, según los expertos en cambio climático, las migraciones producidas por el incremento en los niveles del mar, sobre todo en zonas del sur de Asia donde millones de personas tendrán que abandonar sus tierras inundadas.

Corresponde a los expertos analizar la situación presente y calcular lo que puede suceder en el futuro, y para eso arrancará el próximo lunes una cumbre internacional, al amparo de la Asamblea General de la Onu, sobre las migraciones presentes y futuras en el planeta #UN4RefugeesMigrants.

Pero como ciudadanos no podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo cómo instituciones inoperantes y ejecutores de políticas cortoplacistas e insolidarias, dejan que el problema vaya creciendo sin hacer absolutamente nada. Nada. Porque eso es lo que se hace. Por lo menos hasta ahora.

Puede que tras la reunión de la próxima semana en Nueva York empiecen a cambiar algunas cosas aunque sea muy despacio, como sucedió con las últimas cumbres de cambio climático que al final terminaron alumbrando un ratón, pero algo se avanzó.

Es urgente que presionemos a gobiernos y organismos internacionales, desde la acción pacífica y el compromiso civil, para que empiecen de verdad a cambiar las cosas. Hay que resolver con urgencia el problema de millones de personas como nosotros, como nuestros hijos, abriendo las puertas a una integración que algunos consideran imposible aunque aún no se haya intentado realmente (decir lo contrario es un lamentable sarcasmo, teniendo en cuenta que de los seis millones que a finales de 2015 malvivian en campos de refugiados o vagaban por los caminos de Europa, sólo hemos acogido a 160.000, y esto, mucha integración no parece). Hay que moverse teniendo claro que no estamos ante una crisis pasajera, porque los desplazamientos empiezan a ser una corriente demográfica constante y universal. Cuanto antes se tome conciencia y decisiones, mejor para todos.

Es cuestión humanitaria. Pero es también, y si no actúa el corazón que lo haga el menos el interés, cuestión de preservar lo que hemos conseguido.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha alertado este jueves de que más de la mitad de los seis millones de niños en edad escolar bajo su mandato no tienen una escuela a la que ir. En su informe, el organismo ha dicho que 1,75 millones de niños refugiados no acuden a la escuela primaria y 1,95 millones de adolescentes refugiados no van a la escuela secundaria, informa Europa Press. 

"Esto supone una crisis para millones de niños refugiados", ha dicho el titular del organismo, Filippo Grandi, agregando que "la educación de los refugiados está muy descuidada". "Se trata de las pocas oportunidades que tenemos para transformar y crear nuevas generaciones capaces de cambiar la suerte de decenas de millones de personas desplazadas a la fuerza en todo el mundo", ha recalcado.

El informe compara los datos de ACNUR sobre educación a refugiados con los datos de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre la matrícula escolar global. Los resultados reflejan que sólo el 50% de los niños refugiados tiene acceso a la educación primaria, en comparación con un promedio global de más del 90%.

En el caso de los adolescentes, sólo el 22% de los refugiados acuden a la escuela secundaria, en comparación con la media global del 84%, lo que lleva a ACNUR ha indicar que "a medida que los niños crecen, la brecha se convierte en un abismo". En cuanto a la educación de nivel superior, sólo un 1% de los refugiados va a la universidad, frente al 34% del promedio global.

Fortalecer compromiso

El informe ha sido publicado antes de que los líderes mundiales se reúnan el 19 y el 20 de septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes y la Cumbre de Líderes sobre la Crisis Mundial de Refugiados, que se celebrará en Estados Unidos. De cara a las mismas, ACNUR pedirá a gobiernos, donantes y organismos humanitarios, así como al sector privado, que fortalezcan su compromiso de garantizar que todos los niños reciban una educación de calidad.

Así, hará referencia al cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible: "Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos", afirmando que el mismo no se alcanzará en 2030 si no se cubren las necesidades educativas de las poblaciones vulnerables.

"Mientras la comunidad internacional considera cual es la mejor manera de hacer frente a la crisis de los refugiados, es esencial que pensemos más allá de la simple supervivencia ", ha dicho Grandi. "La educación permite a los refugiados influir de manera positiva en el futuro, tanto de los países de acogida, como de sus países de origen una vez regresen", ha añadido.

Matrículas para refugiados 

En este sentido, el informe destaca los progresos a la hora de matricular a un mayor número de refugiados en la escuela, si bien siguen siendo necesarios nuevos esfuerzos en este sentido. Mientras que la población mundial de refugiados en edad escolar se mantuvo relativamente estable durante los primeros diez años del siglo XXI, con un total de 3.5 millones, esta cifra ha ido incrementándose desde 2011 en unos 600.0000 niños y adolescentes al año.

Sólo en 2014, la población de refugiados en edad escolar creció un 30%, lo que lleva a ACNUR a estimar que cada año se necesita una media de al menos 12.000 aulas y de 20.000 maestros adicionales. Asimismo, el organismo ha recordado que los refugiados "a menudo viven en regiones donde los gobiernos ya están luchando para educar a sus propios niños".

"Se enfrentan a la tarea adicional de encontrar plazas escolares, maestros capacitados y materiales de aprendizaje para decenas o incluso cientos de miles de recién llegados, que a menudo no hablan el idioma de enseñanza y con frecuencia han perdido tres o cuatro años de estudio", ha lamentado.

En este sentido, ha destacado que más de la mitad de los niños y adolescentes refugiados del mundo no escolarizados se concentran en sólo siete países: Chad, República Democrática del Congo, Etiopía, Kenia, Líbano, Pakistán y Turquía.

El caso de Siria

El informe utiliza como ejemplo el caso de Siria, indicando que en 2009 el 94% de los niños sirios asistió a la escuela primaria y el primer ciclo de secundaria, mientras que en 2016 sólo el 60% de los niños está escolarizado. Esto implica que 2,1 millones de niños y adolescentes se han quedado sin acceso a la educación en el país, mientras que en los países vecinos, el 35% de los 4,8 millones de refugiados registrados con ACNUR están en edad escolar.

En Turquía, sólo el 39% de los niños y adolescentes refugiados en edad escolar estaban matriculados en centros de enseñanza primaria y secundaria. En Líbano, la cifra es de 40%, y en Jordania del 70%, lo que significa que cerca de 900.000 niños refugiados y adolescentes sirios en edad escolar no van a la escuela.

"El progreso que se observa en Egipto, Jordania, Líbano y Turquía muestra el potencial que existe en cambiar las perspectivas educativas de los refugiados, pero sólo si la comunidad internacional invierte en ello", ha declarado Grandi.

Así, ha destacado que Irán y Chad "son buenos ejemplos de gobiernos que aplican políticas para fomentar activamente la matriculación de los niños refugiados en las escuelas locales". Por ello, el informe insta a los gobiernos a dar prioridad a la inclusión efectiva de los niños refugiados en los sistemas nacionales y en los planes sectoriales y multianuales de educación.

El informe recoge además la historia de Nawa, una refugiada somalí que empezó sus estudios en Malasia a los 16 años y que ahora está estudiando un curso básico para poder acceder a la universidad mientras colabora con su escuela como profesora voluntaria. "La historia de Nawa demuestra que nunca es demasiado tarde para invertir en la educación de los refugiados. Se trata de una inversión que beneficia a toda la comunidad ", ha remachado Grandi.