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Derechos humanos

España ofrece un puerto seguro al 'Aquarius'

  • El ofrecimiento de asilo a los 629 migrantes ha sido entendido como un cambio de política respecto al Gobierno del PP, pero los expertos consultados por infoLibre advierten de que este "gesto" tendrá que trasladarse a políticas concretas
  • Médicos Sin Fronteras advierte de que emprender el viaje hacia España "en un barco que supera su capacidad máxima es inseguro" y más teniendo en cuenta que el trayecto podría durar hasta tres días
  • Italia ha cerrado sus puertos al buque, incumpliendo así las leyes internacionales de derechos humanos, aunque no es seguro que esta decisión pueda conllevar sanciones

Publicada el 12/06/2018 a las 06:00 Actualizada el 11/06/2018 a las 22:13
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Rescate

Rescate de migrantes del barco 'Aquarius'.

EP
La ruta central del Mediterráneo ya ha sido bautizada como la más mortífera para los miles de migrantes y refugiados que, cada año, salen de sus países. Las cifras no dejan de ser desoladoras, sobre todo desde la crisis migratoria que comenzó hace tres años. Tan sólo en 2017, fueron más de 3.000 las personas que se ahogaron. El destino de estas personas es Europa, pero la puerta de entrada son los países del sur, Italia y Grecia, los dos Estados que han soportado la mayor presión migratoria. Así, Italia registro, desde el 1 de enero hasta el 6 de junio de este año, la llegada de 61.201 migrantes a sus costas, de los que 1.668 fallecieron en el mar, según el organismo internacional. Pero desde este domingo, las llegadas podrían bloquearse. O, al menos, esa parece la intención del recién formado Gobierno. 

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, prohibió este fin de semana la entrada en los puertos del país al barco de salvamento Aquarius, operado por las ONG Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterranée, que transportaba a 629 migrantes –entre ellos 123 menores, once niños y siete mujeres embarazadas– rescatados de correr la suerte que las otras 1.668 tuvieron en su intento de llegar al país. Salvini instó a la tripulación del barco a que dejara a todas las personas que iban a bordo del buque en los puertos de Malta que, en cambio, también bloqueó su frontera. 

Con este escenario, fue España el país que anunció su voluntad de recibir a estas personas "abandonadas a su suerte". Así lo anunció la Moncloa en un comunicado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso desmarcarse así de la política de asilo que llevó a cabo hasta ahora su predecesor en el cargo, Mariano Rajoy, y se mostró dispuesto a ofrecer un puerto seguro a las más de 600 personas que viajan a bordo del buque. "Es nuestra obligación ayudar a evitar una catástrofe humanitaria y ofrecer un puerto seguro a estas personas, cumpliendo de esta manera con las obligaciones del Derecho Internacional", expresó Presidencia. Poco antes de que se difundiese el comunicado de Moncloa, el Gobierno valenciano –encabezado por Ximo Puig y Mónica Oltra– adelantó que el Gobierno de España había ofrecido a la ONU València como "puerto seguro"

El destino de este barco, en caso de que emprendan el viaje hacia España, será el puerto de València. No obstante, desde Médicos Sin Fronteras expresaron que emprender el viaje hacia España "en un barco que supera su capacidad máxima es inseguro", y más teniendo en cuenta que el trayecto podría durar hasta tres días y que las condiciones a bordo, según un médico de la ONG, no son las más adecuadas. 
 
Tras conocerse la noticia, y aun sin saber el destino final del Aquarius y de las personas que viajan en él, Bruselas quiso dar las gracias a España. Así lo expresó el comisario europeo de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, que dijo a través de su cuenta de Twitter que se trata de un ejemplo de "solidaridad real". Además de València, Euskadi, Baleares y Extremadura mostraron su disposición a que parte de los migrantes a bordo de la embarcación sean acogidos en sus ciudades, tal y como lo trasladaron el lehendakari Iñigo Urukullu, el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara y la presidenta balear, Francina Armengol, que trasladó a través de las redes sociales su disposición a ofrecer "ayuda" durante el proceso. El ministro del Interior italiano, por su parte, tan sólo se limitó a calificar la decisión del Ejecutivo español de "victoria" para su país. 
 

Tanto Italia como España estrenan Gobierno, y este caso asentó la política de asilo que, a priori, parece que mantendrán ambos países. El cierre de fronteras italiano no es más que la confirmación de las promesas antimigratorias del partido ultraderechista italiano Liga Norte. Y la disposición de acogida de estas personas por parte del nuevo Gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez ejemplifica el intento de cambio en la política de asilo que, hasta el pasado mes de mayo, llevó el anterior Gobierno conservador del Partido Popular, que ni siquiera cumplió con los compromisos de acogida a los que se comprometió hace ahora casi tres años. 

Cambio de rumbo de la política de asilo

El nuevo Gobierno liderado por Pedro Sánchez comenzó por un gesto simbólico: el Ministerio de Empleo y Seguridad Social pasó a denominarse Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. La inclusión del término ya adivinaba un cambio en la política migratoria que se vio ejemplificado con el ofrecimiento de puerto seguro al Aquarius. "Ha habido un cambio en el enfoque y acción del nuevo Gobierno en relación con la política de asilo. El Gobierno ha impulsado un cambio de rumbo y ya lo está ejerciendo", explica Ruth Ferrero, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. "Esto es un golpe sobre la mesa que demuestra que no todos los países de la Unión Europea están actuando en la misma dirección", añade. 

No obstante, este no deja de ser un cambio simbólico que, argumenta, tendría que concretarse en acciones más concretas. Y señala, como ejemplo, la ley de asilo y refugio, cuyo desarrollo reglamentario lleva paralizado desde el año 2009. "Si hay un cambio en el rumbo tiene que haber un desarrollo de la ley o una nueva ley con su reglamento correspondiente. Tenemos una ley de asilo que no se ha desarrollado y las ONG dicen que está desfasada", critica. 

Por tanto, para Ferrero, no basta con el ofrecimiento. Sin duda, reconoce, es un paso que desmarca al nuevo Ejecutivo del anterior, pero los gestos sin acciones, explica, acaban en papel mojado. No obstante, además del Gobierno, también es importante, según Ferrero, el papel que han jugado "los ayuntamientos del cambio". Habla de València, Madrid y Barcelona, que se han bautizado como "ciudades refugio". Estas ciudades, al margen del Estado central, se vieron dispuestas a ofrecer acogida a migrantes y refugiados. 

En este sentido, continúa, València tiene más de 1.000 plazas de acogida disponibles para las 629 personas que viajan a bordo del Aquarius. "Hay dispositivos preparados y hay colaboración con otros ayuntamientos que también han ofrecido plazas", explica. "Se les puede acoger", confirma. Y con ella coincide Vicente Baeza, de Movimiento por la Paz, que opina que el argumento de la falta de recursos para la acogida es, simplemente, ideológico. "No es fácil, pero España fue capaz de acoger en otros momentos de empobrecimiento del país", explica. Por tanto, en el caso de que se produzca el desembarco en València, estas personas iniciarían el proceso ordinario de solicitud de asilo.

"Según el Convenio de Dublín, [los migrantes] tienen que solicitar el asilo en el primer país europeo que pisen, y no podrán salir de él" hasta que se resuelva, explica Daniel Rivas, miembro de Maydayterraneo. "El Gobierno tiene instrumentos para alojarles mientras se tramita", asegura. 

Es ideológico porque el principal argumento que emplean los países que impiden la acogida y el asilo es que este tipo de políticas generarían un "efecto llamada" que desbordaría, según argumentan, sus recursos. Baeza, a este respecto, no niega que este gesto del Gobierno del PSOE provoque que las ONG, que tienen por bandera "la vida de las personas", busquen puertos seguros que les permitan el desembarco de los refugiados. Pero esto no sería un "efecto llamada", sino, a su juicio, el "cumplimiento del derecho internacional". "Aquí los que incumplen las leyes son Italia y Malta con el consentimiento de la UE", lamenta. 

María Jesús Vega, portavoz de Acnur España, por su parte, opina en este sentido que "es evidente que, muchas veces, cuando se cierra una vía se abre otra y las mafias se reorganizan y buscan la manera de seguir adelante con la desesperación". "No sería de extrañar que pudiera haber cambios de ruta", advierte, pero en este momento, en su opinión, no se puede anticipar nada, más aún cuando la decisión de Italia y el ofrecimiento de España se ha dado después de un cambio en el Gobierno. Habrá que ver, por tanto, si ambas decisiones son un anticipo de la política que emprenderán o meros gestos simbólicos. 

¿Sanciones para Italia?

En este sentido, ¿podría Italia enfrentarse a sanciones por impedir el desembarco de los refugiados en sus puertos? Según todos los expertos consultados por infoLibre, la decisión tomada este fin de semana por Salvini constituye un incumplimiento de las leyes internacionales de derechos humanos pero, sin embargo, no está tan claro que el país pueda enfrentarse a algún tipo de sanción. "Hay un vacío legal porque no se establece la obligación de abrir los puertos. Pero, en cambio, la legisación sí dice que hay que llevar a las personas al puerto seguro más cercano", explica Rivas, que afirma que existe, en este sentido, una "contradicción". 
 

"Italia estará incumpliendo la legislación si sigue cerrada", añade Baeza, que indica que, de este modo, estaría incumpliento "los tratados que tiene ratificados". "En un mundo normal, esto tendría consecuencias", lamenta.

Ferrero, en cambio, opina que sí podrían existir. "Pueden negarse a abrir sus puertos, pero existen denuncias por denegación del auxilio. Y es un delito", afirma. "Hay antecedentes desde el año 2011", añade, pero en casos no europeos. Por ejemplo, algunos países de Asia estuvieron acusados de este delito por impedir el desembarco de los rohingyas. 

En cualquier caso, según añade, esto no constituye nada más que otro ejemplo de la "criminalización de la ayuda humanitaria" que han llevado a cabo los estados europeos. "Hay que pelear contra esto y llevar a cabo un cambio de fuerza y tendencia en ese desarrollo de la política migratoria europea", explica Ferrero. Si no, las desoladoras cifras de desplazados y fallecidos en el intento no dejarán de aumentar. "El caso del Aquarius no es más que la consecuencia de causas más profundas que no se intentan solucionar. Y así esto no va a dejar de pasar", sentencia Baeza.
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