El líder del PP, Pablo Casado, ha reivindicado una vez más la coalición España Suma ante las elecciones del 10 de noviembre porque, según ha recalcado, la fragmentación política del centro-derecha es el "mejor salvavidas" para Pedro Sánchez. Es más, ha subrayado que ese tipo de alianza electoral podría lograr la mayoría absoluta y ha recalcado que, a diferencia de lo que pasó el 28 de abril, ha cambiado la "percepción" de muchos ciudadanos, que se han dado cuenta de que solo unidos pueden echar al PSOE del Palacio de la Moncloa, según informa Europa Press.

"Tenemos que unirnos para ganar, tenemos que ganar para poder gobernar y solo gobernando podremos unir a España", ha proclamado en la reunión plenaria del Grupo Popular celebrada en el Congreso, en la que sus diputados y senadores le han recibido con un fuerte aplauso a su llegada. Le han acompañado el secretario general del partido, Teodoro García Egea, y los dos portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado, Cayetana Álvarez de Toledo y Javier Maroto.

En su intervención, abierta a los medios de comunicación, Casado ha advertido de que la fragmentación del voto en el centro y la derecha es el "mejor salvavidas" de Sánchez, que basa en eso su estrategia electoral. "Los partidos que decíamos que no queríamos que gobernase Sánchez habríamos tenido mayoría absoluta en las pasadas elecciones", ha resaltado.

El líder del PP ha asegurado que ante el 28 de abril, "probablemente" los electores no se dieron cuenta del significado de lo que suponía una unión como la de España Suma, porque no tuvieron tiempo para hacerse entender. "Pero ahora ha cambiado esa percepción", ha manifestado, augurando que votantes de PP, Cs y Vox sí apoyarían ahora esa tipo de alianza.

Los cálculos del PP

El PP ha realizado diferentes cálculos en base a los votos de las últimas generales y los datos del CIS, haciendo simulación de escaños con diferentes opciones: La primera pasa por la suma de PP, Cs, Vox, Navarra Suma y Coalición Canaria, cuya simulación les permitiría obtener 176 escaños, según fuentes del PP.

La segunda, pasaría por PP y Ciudadanos, un opción que podría permitirles subir una veintena de escaños y llegar a unos 146. El PP incluso ha hecho una simulación con PP y Vox; y otra atendiendo a la suma de transferencias y teniendo en cuenta también cruces de votos que dejaría a PP y Cs a "tiro de pacto" con Vox, añaden fuentes del partido.

En las filas del PP sostienen que hay "cartas" para que pueda gobernar el centro-derecha porque puede haber "mucha desmovilización" de la izquierda, hay más compresión entre la gente hacia España Suma, ya no hay miedo a Vox y confían en pescar también algunos escaños en el bloque de la izquierda.

"Crónica de un fracaso buscado"

En su intervención, abierta a los medios de comunicación, Casado ha afirmado que esta legislatura ha sido "la crónica de un fracaso buscado" por parte de Sánchez y ha recalcado que es solo suya la responsabilidad de ir de nuevo a las urnas. "Sánchez es quien ha buscado las elecciones y lo ha conseguido, pero hay que salir a ganar y a jugar limpio con el único objetivo de servir a España y a los españoles, que es nuestra razón de ser", ha manifestado, para destacar cómo el Rey ha "estado a la altura" frente al "cortoplacismo, el vuelo raso y las luces cortas" de Sánchez.

Por el contrario, ha puesto en valor la posición "coherente" del PP, que no ha dado "giros bruscos ni cambios de posición que fueran difíciles de explicar", en alusión velada al último movimiento de Cs ofreciendo una abstención conjunta sujeta a condiciones.

"No quiero el voto del miedo ni de la ira"

Ante esta campaña electoral, el presidente del PP ha pedido a los suyos hacer una campaña en positivo y pedagógica porque cuando uno tiene la razón "no hace falta gritar ni faltar el respeto al adversario ni siquiera sobreactuar".

En este sentido, ha señalado que deben salir a la calle pidiendo la confianza para el PP con un discurso "constructivo". "Yo no quiero el voto del miedo ni de la ira. No quiero ni miedo ni ira entre españoles, sino el voto para un proyecto integrador y verdadero para todos los españoles que fomente el progreso social, porque allá donde hemos gobernado a la gente siempre le ha ido mejor", ha resaltado.

Casado ha insistido en que, aunque todos los políticos tienen que hacer "autocrítica", hay que dejar claro que la culpa es de Sánchez, que ha echado el "freno de mano" en esta legislatura, lo que ha provocado que España "haya dado un trompo".

"Sánchez ha estado más preocupado por las encuestas y la cuadratura del círculo que por los intereses de España", ha aseverado, para cerrar su intervención pidiendo a los suyos que abra "sus puertas y ventanas de par en par" para mostrarse como el partido al que siempre ha podido venir aquel que quería conquistar lo mejor para España".

Respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, se observa que el total de las emisiones de CO2 entre 2016 y 2017 se han incrementado un 6.5% (ton CO2 eq). A eso tenemos que sumar el 30.1% que se incrementaron las emisiones en 2016 respecto a 1990. Respecto a las emisiones de sectores fijos (energéticas, cementeras, refinerías…) las emisiones se han incrementado casi un 10% en un año.

Veamos un resumen de tan importante informe para Andalucía. El informe completoincluye gráficas y datos precisos.

Andalucía debe preocuparse por el cambio climático

Algunas de las razones argumentadas son la subida de las temperaturas que Andalucía está ya sufriendo, así como la subida del nivel del mar. En la costa de Málaga, los expertos han constatado una subida media del mar de 2,5 mm por año (periodo 1970-2005). Sin embargo, algunas zonas son mucho más vulnerables que otras y en Andalucía los puntos críticos se localizan en las marismas de Doñana, las lagunas de Cabo de Gata y el Golfo de Cádiz, con valores probables de retroceso de las playas de hasta 15 metros para 2050. Mientras esto sucede, el proyecto más emblemático para Doñana es usar su entorno para que la empresa Naturgy almacene gas, o sea, seguir apostando por las energías fósiles y contaminantes.

El cambio climático favorecerá la expansión de especies parásitas, como ciertos hongos patógenos. En particular, el pinsapo (Abies pinsapo), un abeto andaluz en peligro de extinción, está viéndose perjudicado por el cambio climático; no solo por el mayor estrés hídrico, sino también por plagas y enfermedades. Por otra parte, los efectos del cambio climático son especialmente perceptibles en las áreas de alta montaña: un glaciar de alta montaña, el único que había en Andalucía, desapareció completamente en 1995, según se constató en un informe anterior del Observatorio de la Sostenibilidad (en Sierra Nevada, en el Corral del Veleta). También son muy evidentes los efectos negativos en las aves alpinas.

Además, se ha evidenciado un adelanto en la foliación, la floración y la maduración de los frutos en el sur de España. Esto puede conllevar disminución de poblaciones de insectos, aves… y, en definitiva, pérdida de biodiversidad. Todo esto se une a otras amenazas concretas como la multitud de especies invasoras que proliferan en Andalucía, como por ejemplo el helecho Azolla filiculoides, especie exótica invasora que se está instalando en Doñana, así como multitud de aves que están cruzando el estrecho para asentarse en la península Ibérica.

Todo esto puede desequilibrar los ecosistemas andaluces y puede afectar gravemente a sectores como la agricultura, la cual puede ver disminuida su producción por multitud de causas (sequía, calor, plagas, salinización…).

¿Quién contamina en Andalucía?

En un estudio anterior ya se concluyó que las mayores emisiones de gases de efecto invernadero corresponden a la provincia de Cádiz, seguida por las de Almería y Huelva. Esas tres provincias emiten aproximadamente el 80% del total emitido por Andalucía.

Dado que las empresas más contaminantes de Andalucía son Endesa y E.ON, entendemos que la Junta de Andalucía debería reunirse urgentemente con ambas empresas y concertar un plan para la reducción de sus emisiones. En particular, Carboneras en Almería es la localidad con más emisiones de Andalucía. Solo allí se emite cerca de la cuarta parte de las emisiones totales andaluzas, y las empresas responsables son Endesa y Holcim. Por otra parte, San Roque en Cádiz y Palos de la Frontera en Huelva tienen también una preocupante cantidad de emisiones debidas a sus complejos petroquímicos.

El sector más contaminante de Andalucía es la quema del carbón y de ahí que el principal punto negro de Andalucía esté en Carboneras, por la central de Endesa, aunque también encontramos emisiones excesivas en Los Barrios (Cádiz) y en Espiel (Córdoba), ambas responsabilidad de E.ON.

Un reciente estudio de las principales organizaciones ecologistas de España y de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha revelado que, solo por sus centrales de carbón, la empresa Endesa genera 410 muertes al año, unas 15.000 enfermedades respiratorias, la pérdida de unos 150.000 días de trabajo y un gasto sanitario que ronda los 1.200 millones de euros. Por tanto, cerrar las centrales de carbón nos ahorrará muchos millones y mejorará nuestra salud.

Por otra parte, la capital de provincia con mayores emisiones es Málaga, lo cual se debe a la central térmica de ciclo combinado de Naturgy (antigua Gas Natural) en Campanillas, y a la cementera conocida popularmente como de La Araña (cementera Heidelberg que se estudió en el citado informe).

Recomendaciones

El informe plantea unas cuantas recomendaciones importantes, de entre las cuales extraemos las siguientes:

Energía: Es urgente iniciar un tránsito urgente hacia la descarbonización de la economía.

Resumiendo, el informe pide que Andalucía sea referente en políticas ecológicas centrándose en reducir la dependencia de los combustibles fósiles como piedra angular para reducir la contaminación y dar un gran paso hacia la descarbonización. Es necesario que los ciudadanos y los políticos que sean elegidos se comprometan con esto y exijan compromiso a todas las empresas, empezando por las más contaminantes. Pero el primer paso es votar, votar con conciencia.

El debate instalado tanto en la sociedad catalana como española es de banderas, una guerra de banderas. No solo han proliferado esteladas en Catalunya (y en menor medida rojigualdas dependiendo del barrio, especialmente en Barcelona) sino que en el resto de España, el conflicto y la crispación han provocado que muchas personas saquen banderas españolas a sus balcones (más si cabe que cuando la selección española de fútbol ganó el Mundial en 2010, por hacer una comparación algo jocosa). Es impactante ver cómo de repente cambia el decorado urbano de ciudades de otras comunidades. ¿Y esto por qué ha pasado? Llevamos muchos meses, ya perdí la cuenta, en que el cuarto poder (como prefiero llamar a los medios de comunicación dominantes) bombardea periódicos, telediarios y debates televisivos día tras día polarizando la opinión de la ciudadanía con un resultado espectacular. Obviamente es algo que está pasando, es actualidad y hay que informar. El 1 de octubre, la actuación policial, las consecuencias del referéndum, la aplicación de un artículo de la Constitución por primera vez en la historia, los juicios con una interpretación más que apurada de las leyes… Los acontecimientos ocurridos han sido desproporcionados y sobre todo evitables en un Estado supuestamente democrático y de derecho. Y hablo en general, no me refiero a una de las partes, cayendo en la bipolarización que acabo de criticar. Mientras tanto la población ha ido cayendo en las provocaciones de unos y otros, provocando sentimientos indeseables, generando una tensión cotidiana creada por gente que no nos representa y que viven en una realidad totalmente diferente a la nuestra, que es la realidad del grueso de la población, de la mayoría popular. ¿Dónde está el sentido común? ¿Y sobre todo dónde está la capacidad crítica de la población para decir basta, que esto no nos interesa, que así no? ¿A dónde vamos, si nos están guiando como marionetas? Eso es lo que más me preocupa. Y no parece que vaya cambiar.

Se acercan las elecciones autonómicas convocadas por el Gobierno central a raíz de la aplicación del famoso artículo 155 (gobierno del Partido Popular con apenas representación en el Parlament, algo que convierte al asunto más paradójico todavía) y el debate continúa polarizado. Y ahora voy al tema central que quiero tratar.

Detrás de las banderas se esconden temas de interés popular de especial importancia como la precariedad laboral (la mayoría del empleo generado durante la crisis ha sido temporal o jornada laboral parcial creando una masa de trabajadores con sueldos precarios y una competitividad a la baja), los recortes en sanidad, en educación y en investigación y desarrollo, la pobreza energética. Estos asuntos, que afectan de forma global a España, han afectado a Cataluña en particular. No olvidemos que el Partido Popular, durante las pasadas legislaturas, ha aprobado la mayoría de presupuestos generales del Estado y ha aplicado la mayor oleada de recortes y rescates bancarios en la historia reciente de España, en connivencia con el partido político más visible del procés (la antigua llamada Convergència) y del que su máximo representante es el president de la Generalitat, presidente autonómico que, por otro lado, no ha sido votado, sino que es sucesor del anterior. Estos hechos no han sido en absoluto criticados por los otros partidos independistas (de ideología progresista de izquierdas y en teoría comprometidos con las cuestiones sociales de su población), hablo de ERC y CUP, sino que se han coaligado con el partido de Puigdemont con un único objetivo (lograr la independencia de Cataluña) en un contexto histórico que es sin duda cuestionable, pues en ningún momento se garantiza que alcanzar dicho objetivo sea sinónimo de recuperar el estado de bienestar para las clases populares. ¿En alguna ocasión hemos leído o escuchado propuestas reales surgidas del procés para revertir la situación socio-económica que se vive actualmente en Cataluña?

Surge así el debate, especialmente para los partidos izquierdistas, entre la campaña del independentismo a toda costa o la campaña de las políticas sociales. Ya hemos visto dónde se ha situado.

Hablaré ahora brevemente de la CUP (Candidatura d'Unitat Popular). Si echamos un vistazo a sus eslóganes, todos están construidos a partir de los hechos que se desencadenaron a partir de la convocatoria del 1-O. Tienen razón, no queremos presos políticos, no queremos violencia policial, queremos votar con garantías y aspiran a una república libre e independiente. Echo de menos políticas para el beneficio popular que históricamente ha defendido este partido. Quiero decir, ¿qué diferencia hay entre el discurso actual de la CUP, el partido de Puigdemont y el de Esquerra Republicana? Han elegido transmitir el mismo mensaje hacia sus potenciales votantes, que en parte comparto, convirtiéndose en un único bloque, y las razones para votar a uno u otro, ahora que se presentan por separado, quedan ensombrecidas en líneas difuminadas. Por lo tanto es evidente que se han olvidado de la gente. Voy más allá: el movimiento político independentista nunca debería haber sido liderado por la derecha catalana (los casos de corrupción de algunos de sus diputados o exdiputados así como el rol que juega en el Congreso de los Diputados son motivos suficientes para argumentar dicha sentencia). ¿Se ha puesto en entredicho por parte de los medios dicha situación? O ante la ausencia de crítica en los medios, ¿han sido los otros partidos políticos o la ciudadanía capaz de criticarlo? No.

A donde quiero llegar es que el movimiento independentista tendría más sentido si se hubiese construido, desde un principio en la coyuntura reciente, como crítica al modelo de país en que se ha convertido España durante la crisis de los últimos años (aparte de los argumentos históricos del independentismo preexistentes que no son motivo de este escrito). Es más, el inventario de razones expuestas para las próximas elecciones del 21D por parte del independentismo ha sido elaborado por el Partido Popular a la cabeza del bloque nacional-judicial-constitucionalista, a la vista de los hechos recientes y máximos creadores de la causa independentista, y que el independentismo ha adoptado como elaboración propia. Se ha creado un guión perfecto en el que nadie afloja la cuerda tensada por dos bloques presentados públicamente como únicos valedores para resolver un conflicto desgastado, sin que nadie ceda o proponga un escenario capaz de solventar la situación, prolongándola hasta agonizar en unos nuevos comicios electorales con intereses económico-partidistas más que evidentes (pregunten a Inés Arrimadas, Albert Rivera y al IBEX-35). ¿Será que no quieren que acabe? Mientras tanto se ha aprobado el CETA, sigue subiendo el precio de la luz en un país pobre y dependiente energéticamente (cuando hay recursos humanos, científicos y logísticos para revertir la situación al menos de forma progresiva), sigue sin reponerse la hucha de las pensiones, continúan impunes empresarios, políticos y policías corruptos, los servicios públicos siguen desmantelados, no se ha acogido al número de refugiados de guerra establecido, continuamos sin televisiones ni medios públicos independientes (afectando de forma frontal a la libertad de la ciudadanía), continúan las altas tasas de paro (especialmente en la población joven), la brecha salarial (durante la crisis las rentas más altas han aumentado sus beneficios al mismo tiempo que el poder adquisitivo de las rentas más bajas se ha ido deteriorando, datos que pueden consultarse en el INE) y la precariedad laboral (a pesar del tímido crecimiento económico en los últimos dos años), entre otros debates que me dejo en el tintero no por ser menos relevantes sino por no prolongarme más… Repito, ¿será entonces que no existe una voluntad política real para solucionar el conflicto? ¿Por qué no centramos a nivel mediático los problemas que afectan realmente a la ciudadanía de este país y a la de Cataluña? Están escondidos detrás de las banderas. Estamos de acuerdo en que una parte de la población catalana quiere expresar un cambio en la relación que quiere para con el estado español, y un referéndum pactado, con garantías y con una campaña electoral en condiciones es la solución cívica, democrática y con sentido común a la que aspiramos. Sin embargo, está bloqueada por parte del PSOE y del PSC, con un discurso político y electoral totalmente diferente a la aplicación de sus decisiones (solo hay que escucharles y comprobar lo votado en Parlament y Congreso) sin que ello repercuta en una crítica amplia por parte de sus bases. Así pues, quedan desacreditados como verdaderos socialistas a nivel colectivo o de partido, pues además de posicionarse en el bloque del 155, bloquean políticas sociales en la Cámara baja. De nada sirvieron las declaraciones de Pedro Sánchez en la entrevista que le hizo Jordi Évole.

Con este panorama, y teniendo en cuenta las predicciones para el día de las elecciones, todo parece indicar que la lista encabezada por Xavier Doménech será puesta bajo el foco mediático ante la previsible función de balanza que tendrá en la formación del nuevo gobierno autonómico, y, por extensión, también Podemos a nivel estatal. Revisando entrevistas, declaraciones y propuestas políticas, Catalunya en Comú - Podem son las únicas formaciones políticas que han seguido denunciando la realidad social que nos rodea y que se han posicionado en un escenario conciliador en el conflicto bipolar del independentismo catalán, proponiendo un modelo de país inclusivo con las diferentes sensibilidades que configuran la España actual. Podemos estar de acuerdo o no, pero es un hecho objetivo que no adquieren una actitud beligerante y que proponen soluciones alcanzables a un problema estancado y que bloquea el resto de la actividad política. A pesar de ello, han sido duramente criticados por ambos polos, tanto por partidos políticos como por la sociedad civil, y las razones de dicha hostilidad queda introducida con las líneas arriba escritas. ____________

David G. Illescas es socio de infoLibre

Los partidos gastaron en la campaña de las elecciones generales del 26 de junio un total de 45 millones de euros, según hizo público el lunes el Tribunal de Cuentas. Pero no todos aprovecharon igual de bien su inversión. En términos económicos,de entre los cuatro principales partidos quién hizo un gasto menos provechoso fue el PSOE, ya que los 13,2 millones que desembolsó para la campaña únicamente se tradujeron en 5,4 millones de votantes, lo que supone que cada papeleta le costó a los socialistas 2,44 euros. El que se encuentra en la situación opuesta es Unidos Podemos: para obtener sus cinco millones de votos, la coalición gastó 6,3 millones de euros, lo que supone 1,24 euros por papeleta conseguida.

El informe publicado por el Tribunal de Cuentas ofrece información detallada tanto del origen como del destino de los fondos utilizados por los partidos en la campaña electoral. En términos absolutos, las campañas de PP y PSOE fueron de largo las más costosas: tanto conservadores como socialistas gastaron el 26J un total de 13,2 millones de euros, más del doble de lo que invirtieron Ciudadanos y Unidos Podemos. Pero el rendimiento que sacaron a esa inversión fue muy diferente, ya que mientras al PSOE le costó más de 2,4 euros cada papeleta conseguida, el gasto del PP se tradujo en 7,9 millones de votos, una cifra que implica que cada voto conseguido por los conservadores tuvo detrás una inversión de 1,66 euros.

En comparación con las elecciones del 20 de diciembre, ambos partidos gastaron menos dinero en la campaña, aunque el PP aprovechó mucho mejor la situación que los socialistas. La campaña del 20D supuso un gasto de 16,4 millones de euros para el PSOE y de 19,3 millones para los conservadores: para conseguir sus 5,5 millones de votos, los socialistas invirtieron 2,96 euros por papeleta, mientras el PP se quedó en una ratio de 2,67 euros de gasto por cada uno de sus 7,2 millones de votantes. Pero, con las 700.000 papeletas que ganó el PP entre el 20D y el 26J y los seis millones de euros que se ahorró en la segunda campaña con respecto a la primera, consiguió rebajar su ratio de gasto por voto en un 37,8%.

Por su parte, Ciudadanos y Unidos Podemos también coincidieron, aproximadamente, en el coste de sus campañas electorales para el 26J: el partido naranja se gastó 6,4 millones y la coalición de Podemos e IU –junto a las confluencias–, 6,3 millones. Pero la inversión fue mucho más rentable para la alianza de izquierdas, ya que obtuvo cinco millones de votos –por lo que cada papeleta le supuso un gasto en campaña de 1,24 euros– por los 3,1 millones de papeletas que sumó Ciudadanos. Dividiendo el gasto en campaña del partido naranja entre los votos que consiguió, se obtiene como resultado que tuvo que invertir 2,06 euros por sufragio.

Las campañas de PNV, ERC y PDeCAT, menos eficientes

Las confluencias de Podemos, de hecho, hicieron campañas más efectivas a nivel económico que la coalición Unidos Podemos. Y es que En Marea (coalición de IU, Podemos y Anova), En Comú Podem (que aunaba a Podemos, EUiA, ICV y Barcelona en Comú) y A la valenciana (la alianza de Compromís, Podemos e IU) invirtieron menos dinero por voto finalmente obtenido que su referente estatal. La confluencia valenciana consiguió sumar 659.000 votantes con un desembolso de campaña de 844.000 euros, lo que supone una ratio de 1,28 euros por voto. La coalición catalana, por su parte, se hizo con 853.000 sufragios invirtiendo tan sólo 794.000 euros, lo que implica que cada papeleta le costó 0,93 euros. Pero el mejor dato, de largo, es el de En Marea: tan sólo 126.000 euros de inversión en campaña –fue la única de las cuatro coaliciones que no envió papeletas por correo el 26J– se tradujeron en 347.000 votos, una ratio de 36 céntimos de euro por votante.

Los partidos nacionalistas, por el contrario, gastaron mucho más dinero en sus campañas electorales si se toma en consideración el número de ciudadanos que finalmente los votaron el 26 de junio. Especialmente paradigmático es el caso del PNV: según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, gastó un millón de euros en campaña para conseguir 287.000 votos, lo que supone que cada papeleta costó a los nacionalistas vascos 3,49 euroscostó . En las elecciones del 20D la ratio había sido incluso mayor: 3,8 euros por voto.

El PDeCAT no se queda lejos, ya que su inversión de 1,6 millones de euros en la campaña se tradujo en 483.000 votos, una ratio de 3,3 euros por papeleta conseguida. Sin embargo, este dato supuso una mejora para el partido con respecto al 20D, cuando gastó 2,2 millones en campaña para conseguir 567.000 votos: casi cuatro euros por votante. ERC, por el contrario, se mantuvo el 26J en cifras muy similares a las de diciembre, ya que invirtió millón y medio de euros en la campaña y consiguió 632.000 sufragios, lo que implica que cada voto le costó 2,43 euros.

Diferentes electorados

Pero, ¿a qué se debe esta disparidad de cifras? Pablo Simón, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), explica que es muy complicado estudiar las campañas de los partidos políticos porque éstos, tradicionalmente, son muy reticentes a ofrecer los gastos detallados y desglosados territorialmente. "Son las estructuras provinciales de los partidos las que vehiculan normalmente el gasto, pero nunca hacen público el detalle, así que sólo podemos hacer interpretaciones generales", señala el experto.

No obstante, Simón explica que uno de los principales motivos por los que las campañas de PP y PSOE son más caras es el envejecimiento de su electorado. Los nuevos partidos tienen un electorado más joven y con mucho mayor acceso a las redes sociales, un medio "mucho más barato" a la hora de hacer campaña que las tradicionales "banderolas y carteles" que los partidos utilizan para captar a votantes más mayores. Y ese mismo motivo, continúa Simón, explica que "los partidos tradicionales fueron quienes más pegas pusieran a acabar con el envío de papeletas por correo, porque al votante mayor le gusta ir con su voto preparado de casa, sobre todo en zonas rurales".

Pero "no puede movilizarse el voto únicamente a través de dinero, y de hecho, las campañas electorales mueven un porcentaje muy bajo del voto y sirven más para movilizar abstencionistas", explica Belén Barreiro, directora de la empresa demoscópica MyWord y expresidenta del CIS. A este respecto, Simón pone un ejemplo de una campaña barata y efectiva: la que realizó el PP en la campaña del 20D en zonas rurales de Palencia. Bajo el eslógan "mi pueblo no se cierra", los conservadores "repartieron propaganda buzón a buzón en pueblos pequeños" criticando la propuesta de Ciudadanos de fusionar municipios, explica el experto, que señala que se trató de una campaña barata pero que apuntó de pleno a una de las zonas donde el PP cimentó su victoria electoral: el medio rural.

Los partidos políticos destinaron 45,03 millones de euros en la campaña de las elecciones generales de junio de 2016, un 28% menos que en los comicios anteriores de diciembre de 2015, según se recoge en el informe del Tribunal de Cuentas dado a conocer este lunes.

Para esa campaña, y dado que se trataba de una repetición de elecciones por no haber sido capaces de elegir un Gobierno en las Cortes Generales que salieron de los comicios del 20 de diciembre de 2015, los partidos políticos celebraron una serie de reuniones buscando acordar medidas para tratar de ahorrar dinero al erario público. Al final, la reducción del gasto no ha llegado al tercio y se ha quedado en el 28%.

En concreto, los partidos políticos con representación parlamentaria declararon recursos por un total de 45.030.168,16 euros, de los que la mitad corresponden a créditos con entidades financieras (22,88 millones).

Del resto del dinero, un 32,9% salió de adelantos de subvenciones electorales (14,82 millones), un 16,2% de aportaciones de la propia formación política (7,30 millones) y los 11,73 millones de euros procedían de aportaciones privadas.

Los gastos electorales considerados justificados por el Tribunal de Cuentas, tras efectuarse las correspondientes comprobaciones y ajustes, se cuantifican en 44,31 millones de euros, de los que el 58,4% corresponde a operaciones electorales ordinarias (25,85 millones) y el 41,6% al envío de propaganda electoral (18,45 millones). Por contra, el Tribunal de Cuentas ha determinado que 114.205,45 euros utilizados por los partidos en la campaña no tienen naturaleza electoral y, por tanto, no son subvencionables.

Aunque ningún partido ha superado el techo de gasto fijado para esas elecciones, hubo una formación política que rebasó el límite de gastos de publicidad exterior en 1.386,37 euros, lo que supone un exceso del 90,14% sobre dicho límite. Se trata de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) del presidente del Cabildo insular, Casimiro Curbelo, que fue senador del PSOE hasta que protagonizó un altercado en un club de Madrid.

El Tribunal de Cuentas ha detectado también que en tres formaciones políticas (Ciudadanos, En Comú y el PSC) hubo fondos no ingresados en las cuentas electorales (por importe conjunto de 40.470,62 euros), y en seis partidos (Ciudadanos, Compromís, En Comú, En Marea, ERC y PSC) se abonaron gastos a través de cuentas no electorales (por importe conjunto de 46.444,03 euros).

En ambos casos se produce un incumplimiento de la Ley Electoral (LOREG), que establece que todos los fondos destinados a sufragar los gastos electorales deben ingresarse en las cuentas electorales y los gastos deben pagarse con cargo a las mismas. Eso sí, todos estos partidos habían declarado dichos gastos en la contabilidad presentada al Tribunal.

Otra deficiencia detectada es que seis formaciones políticas (Ciudadanos, CC, Compromís, CDC, En Marea y UPN) realizaron pagos, por un importe conjunto de 304.774,77 euros, fuera de los 90 días posteriores a la jornada electoral, lo que supone otro incumplimiento de la LOREG. Y otros cuatro partidos (Compromís, CDC, PSC y Unidos Podemos) mantenían deuda con proveedores o acreedores una vez superado el límite temporal para disponer de los saldos de las cuentas corrientes electorales por un importe acumulado de 901.161,39 euros.

Facebook no informa al Tribunal

Por último, el Tribunal de Cuentas ha señalado a tres empresas, entre ellas Facebook, que no han cumplido su obligación de comunicar contratos con partidos de más de 10.000 euros. En total, el saldo no informado fue de 81.014,05 euros.

Entre sus recomendaciones, a institución que preside Ramón Álvarez de Miranda aconseja replantearse el envío de papeletas y sobres electorales a los ciudadanos, pues considera que ya está asegurado que esos materiales van a estar disponibles en todos los colegios la jornada de votación. El tribunal aboga por nuevas fórmulas que permitan ahorrar dinero al Estado y que garanticen que la subvención sea finalista y se pague por sobre enviado y no por elector, como hasta ahora.

Asimismo, aconseja vincular el límite máximo de gastos electorales con el número de electores, colectivo al que se dirige la actividad electoral de las formaciones políticas, más que con el número de habitantes correspondientes a las poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presente su candidatura cada formación política.

Sobre los límites en publicidad exterior y anuncios en prensa y radio de titularidad privada, la instituciones sugiere adaptarlos a los nuevos soportes de publicidad existentes como consecuencia de la introducción de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, entre los que cabe señalar la publicidad en prensa digital y otros usos en internet.

Por último, propone que todas las donaciones privadas que reciba un partido tras convocarse las elecciones se consideren destinadas a financiar el proceso electoral y que, por tanto, se sometan a los requisitos previstos en la LOREG y se abonen en las cuentas bancarias abiertas al efecto a que se refiere el artículo 124 de esta Ley.

España padece el resultado. Tras los resultados del 26 J de 2016 –y tras la demolición, desde su propio Comité Federal, del PSOE– Rajoy fue investido presidente. Sucedió, después de fracasar en su primer intento de investidura, ¡con el mismo programa con el que había sido negada la confianza apenas dos meses antes!

El viejo político había derrotado a tres líderes jóvenes. Aunque dos no perciban su fracaso.

A Rivera le hizo tragarse sus juramentadas palabras de que sus votos no le harían presidente.

A Iglesias le aguantó todas las imprecaciones que éste le lanzó para terminar oyéndole decir que era un "señor estupendo".

A Sánchez se lo habían quitado de enmedio desde la cúspide de su propio partido.

Algunas de las consecuencias de esa triple derrota (siendo la del PSOE la más abrumadora) se dejaron ver de inmediato.

En C's, su transitoria relevancia (en los procedimientos de investidura) quedaba disminuida y ninguneada.

En el PSOE y Podemos –los dos partidos de cuya colaboración dependía en buena parte la renovación democrática y el rescate social–, internamente divididos, triunfando la línea más contraria a la colaboración con el otro.

La victoria rejuveneció a Rajoy tanto como envejeció a sus rivales.

Sánchez quedó fuera de la escena política, a la que solo ha vuelto impulsado por el activismo rebelde de un amplio sector de la militancia del PSOE. " Soy distinto", ha dicho para abrirse un futuro. Le toca demostrar que es no sólo distinto sino mejor.

Iglesias regresa al pasado: para él no hay vía al futuro que no pase por el adelanto de Podemos sobre el PSOE. La invocación de la triple alianza juega el papel que hace décadas tuvo la metáfora de las dos orillas. La enfermedad de este izquierdismo ya no es infantil sino viejuna.

Rivera pide árnica y acceso a gobernar donde sea.

En cambio Rajoy, engrandecido ante los propios, tras aguantar haber sido solo el señalado por el dedo de Aznar y luego golpeado por su dedazo, puede pensar ahora que es capaz de pasar a la historia por la puerta más grande. Su entrevista secreta con Puigdemont el pasado 11 de enero es un botón de muestra. Bien está. Pero, desvelado el secreto, ¿quién le tose? La explicación del hecho y del resultado faltan.

Su poder omnímodo sobre su partido queda consolidado. La forma en que se ha resuelto la crisis de la democracia representativa y la Presidencia del Gobierno le han dado una amplia capacidad de iniciativa política; la que no tenía ni antes ni después del 20 de diciembre de 2015.

No tiene una mayoría parlamentaria, pero la dispersión de las fuerzas opositoras convierte en oro el número de sus escaños. Máxime cuando Rivera y la gestora del PSOE necesitan mostrar que sus votos valen para mucho; y cuando Iglesias toma esa apariencia como si fuera la entera realidad para crear otra: la de que existe una triple alianza frente a la que él va a dirigir la fuerza combativa de un Podemos ganador vuelto a la calle. En suma, la dirección de tres partidos a vivir de las apariencias y el presidente del Gobierno a manejar esas apariencias en provecho propio.

¿Cómo calificar este período político?

No creo que estemos en una segunda Transición que se haya quedado a mitad de camino y que se vaya a completar a partir de que Podemos gane las próximas elecciones. Largo itinerario que solo puede acortar Rajoy adelantando la fecha electoral a su conveniencia.

El sueño de estar viviendo una segunda Transición es la cara de la moneda cuya cruz es el cuento de la gestora de que el PSOE haría una oposición que "crujiría" (Madina dixit) al Gobierno del PP.

Ni Transicion ni crujimiento del Gobierno. Lo que estamos viviendo es una segunda intransición. (Quede hablar de la primera para otra ocasión).

Rajoy impera sobre su partido y cuenta con la división de las fuerzas parlamentarias que se le oponen.

Solo habría una forma de "crujir" al Gobierno: abrir, paso a paso, la posibilidad de una moción de censura entre las tres fuerzas que antes del 20D se presentaron como fuerzas del cambio. Parece evidente que esta posibilidad no está ni se le espera. Tampoco puede vaticinarse que las eventuales movilizaciones sociales vayan a concentrar su objetivo político en llevar a la Presidencia del Gobierno a Iglesias, en las próximas elecciones, para poner fin al "régimen del 78". Si a este lo dinamitara la explosión de la cuestión catalana no sería precisamente para ningún bien democrático.

Un período de intransición también porque tampoco Rajoy ha dado muestras de que su reeditada Presidencia conlleve la renovación de las políticas de su Gobierno. Las que le llevaron a perder más de tres millones y medio de votos. Ahora amenazan con hacer crónicos los males.

Por ahora no ha abierto vía ni frente a la fractura social; ni frente a la fractura territorial (la que concierne a Cataluña pero que tiene nexos con la situación y significado de la Unión Europea y con el sistema de financiación de las comunidades autónomas); ni frente a la fractura intergeneracional; ni frente a la corrupción que degrada las instituciones y lastra las cuentas públicas.

Rajoy impera sobre su partido y se refuerza con las dificultades de pacto entre los demás. Pero esto no basta; no domina las circunstancias que derivan de esas fracturas.

Ahora, aupado en su éxito, puede que sueñe con hacer algo más meritorio que vivir de las debilidades ajenas; y no hay por qué disuadirle del intento, ni minusvalorar su inteligencia para comprender que los problemas no se resuelven solos. Creo que incluso a Podemos, en esa eventualidad, no le interesaría apostar a "cuanto peor mejor".

Este es un tiempo nuevo respecto al que precedió al 20D de 2015. El pasado inmediato (del que queda tanto por aprender) ha sido la llave de este presente, distinto al que pudo haber sido y no fue. Pero la llave que abrió este presente (por la mano de Rajoy) no es la llave del futuro. Está por ver quién encuentra esta llave y quién es capaz de utilizarla. Las fuerzas políticas que se han empezado a mover en  el nuevo tiempo político se han reconfigurado en el inmediato pasado. Y lo seguirán haciendo ahora.

El futuro inmediato no está escrito. Ni siquiera el del PSOE, al que se le augura una división ineluctable. Cual drama griego.

Quienes derrocaron a su secretario general no comprendieron que la suerte del PSOE estaba vinculada a la del secretario general. Pensaron interesadamente que no había sido elegido por la militancia sino designado por quienes mandan en el PSOE. Se han encontrado con el hecho de que ha sido la militancia quien le ha dado nuevo aliento. Cierto que el secretario general, elegido por las bases, no se convirtió en el águila política capaz de alzarse a la presidencia desde el limitado número de los escaños del PSOE. Cierto también que le pusieron mucho plomo en las alas para que no remontara el vuelo más alto que las gallinas. Cierto que no es un gallina. Por esto sus temerosos adversarios han tenido que esgrimir como argumento que su victoria será la división del PSOE. ¿Ayuda tal pronóstico a aceptar el resultado sea cual sea? Es solo un error más que revitaliza al derrocado; cuya victoria se teme ahora porque le suponen afán de revancha.

Pero también es cierto que Pedro Sánchez no puede revivir, fructíferamente para su partido, tan solo por los errores de sus adversarios internos. Su suerte está vinculada a lo que haya sido capaz de aprender de su propia trayectoria.

Como también la suerte del PSOE está vinculada a lo que colectivamente pueda aprender de su propia historia, desde aquel renacimiento que tuvo en Suresnes. Si repiensa su historia creo que el PSOE podrá concluir que recuperar la hegemonía (en la izquierda y en España) no podrá hacerse en el modo en que lo logró entonces.

Está cantado en el poema de Antonio Machado: existe la posibilidad de que como el olmo viejo y centenario vuelva a conocer otra primavera. También el riesgo de verse reducido a leña u otras diversas utilidades.

¿No sería lamentable que desapareciera el partido históricamente más vinculado a la democracia española?

Paradójico sería que quedaran, como únicos partidos históricos, el PNV y ERC, hegemónicos en el País Vasco y en Cataluña; y, como hegemónico en España, el PP, cuyo compromiso con la democracia pocas veces ha ido más allá de tolerarla en provecho propio. Un partido que se mantiene como pez en el agua en este tiempo que ahora llaman de la postverdad y que su encumbrado jefe sabe que eso no es otra cosa que el triunfo del cinismo. No el de la escuela griega que fundó Antístenes, sino el de la mentira descarada que con éxito viene practicando.

En cambio, con el arma de la impostura nadie ganará en el PSOE una victoria que no sea pírrica. Ya lo han probado quienes derrocaron a Sánchez pagando el precio del descrédito que se han ganado.

Está por ver ahora qué es capaz de enseñarnos Sánchez.

Está por ver también que es lo que quiere aprender y puede enseñar la sabiduría colectiva de la militancia del PSOE llamada al debate de proyectos y a las urnas.

Quienes van a votar en la elección de la Secretaría General no son almas muertas de Gogol. Ni creyentes fervorosos fácilmente manipulables al grito de no es no.

Es la parte hoy más viva del PSOE. Y al parecer mayoritariamente está por apoyar a Sánchez.

La suerte de los políticos es a veces inescrutable. Conoce el milagro de la resurrección.

La suerte de la democracia no. Depende del compromiso de la ciudadanía. Y esta, para activarse, necesita que quienes aspiren al liderazgo político despejen algunas de las incertidumbres y algunos de los riesgos que plagan este período de intransición que vive Españaintransición. Mientras, el mundo hierve con Trump y su compaña.

Hasta 25 empresas contratadas por el PP durante la campaña de las elecciones del 20 de diciembre de 2015 incumplieron la ley al no informar al Tribunal de Cuentas de los trabajos que realizaron para la formación conservadora. Las citadas 25 sociedades facturaron un total de 2.843.271 euros al partido de Rajoy, un importe que representa el 23% de la cantidad total que el PP gastó en la campaña para los comicios del 20D (12,2 millones), según un informe del Tribunal de Cuentas [ver en PDF] conocido este lunes.

Si se contemplan además las coaliciones electorales en las que participó el PP con formaciones regionales aparecen nuevos incumplimientos: seis empresas contratadas por la candidatura PP-Partido Aragonés evitaron informar al Tribunal de Cuentas de trabajos realizados por importe de 133.866 euros y dos firmas que trabajaron para la lista PP-Foro Asturias eludieron su obligación de justificar trabajos realizados por importe de 50.461 euros, de modo que la cuenta total de proveedores que actuaron al margen de la ley se eleva hasta los 31 y su facturación alcanza los 3.027.599 euros.

Según el artículo 133.5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, tienen obligación de "informar al Tribunal de Cuentas" las empresas que facturen "por gastos electorales superiores a 10.000 euros" a los "partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que hubieran alcanzado los requisitos exigidos para recibir subvenciones estatales o que hubieran solicitado adelantos con cargo a las mismas", como sucede en el caso del PP y sus coaliciones.

El PP no responde

Entre las 31 firmas que trabajaron para el PP e incumplieron la ley al no informar al Tribunal de Cuentas hay sociedades pertenecientes a distintos sectores –desde empresas de seguridad hasta hoteles, pasando por agencias de publicidad o de eventos– que facturaron volúmenes muy dispares a la formación conservadora y sus aliados regionales: hay trabajos que superan por la mínima el listón de los 10.000 euros que obliga a informar al tribunal, pero también encargos de entidad que superan, en tres casos, los 500.000 euros: es el caso de las facturas de Cibeles Mailing, dedicada a la comunicación y distribución (665.118 euros), la imprenta Sundis S.A. (531.162 euros) y la empresa de envíos Urbequipo S.L. (521.578).

El Tribunal de Cuentas envió el pasado 1 de octubre un borrador del informe publicado este lunes. El documento llegó a la sede del PP en la calle Génova de Madrid tres días después. Dos semanas más tarde, el 18 de octubre de 2016, la administradora general del PP, Carmen Navarro, devolvió al tribunal un escrito de alegaciones [ver en PDF]. En ese texto, sin embargo, no hay ninguna referencia a la treintena de firmas que trabajaron para el partido durante la campaña y que esquivaron la obligación de informar de sus trabajos para el PP al órgano encargado de revisar la contabilidad electoral.

Al margen del PP, hay otros partidos con proveedores que esquivaron igualmente su obligación de informar de los trabajos superiores a 10.000 euros que realizaron en periodo electoral, aunque los volúmenes son muy inferiores a los tres millones de euros del caso del PP y sus coaliciones. Así ocurre con Democrácia i Llibertat –la marca de Convergència el 20D, con cinco proveedores que dejaron de informar de trabajos por 415.066 euros–, ERC –un proveedor que no informó de una factura de 23.172 euros–, Geroa Bai –una empresa que no informó de trabajos por 122.913 euros–, la coalición PSOE-Nueva Canarias –un proveedor por valor de 17.685 euros–, el PSC –tres firmas que facturaron 78.200 euros– y Podemos –una sociedad que le cobró 14.622 euros–.

Figura igualmente en el capítulo de actuaciones irregulares la pretensión de Ciudadanos de que se subvencionaran como gastos electorales un total de 387.667 euros cuyos conceptos, según el tribunal, "no tienen consideración de gasto electoral". Se trata, en buena medida, de gastos vinculados a reformas en su sede de Madridgastos vinculados a reformas en su sede de Madrid, y que el órgano fiscalizador afirma que no pueden ser financiados con subvenciones electorales, de modo que será el partido el que tenga que cargar con ellos. Ciudadanos alegó que "los gastos en la sede se realizaron originalmente para actos de la campaña electoral y que, tras los resultados obtenidos en las elecciones, se decidió el carácter permanente de la sede", extremo que no acepta el tribunal, pues "por su naturaleza e importe" la "gran mayoría de los referidos gastos no revisten una finalidad puramente electoral".

Gastos de campaña

En cuanto al gasto en campaña, el PP aparece nuevamente en primera posición. El partido de Rajoy gastó un total de 12.186.193 euros. Si se suman también las coaliciones en Aragón –con el PAR–, Asturias –con Foro Asturias– y Navarra –con Unión del Pueblo Navarro–, el importe crece hasta los 13.099.675 euros. En segundo lugar aparece el PSOE, que desembolsó un total de 8.783.165 euros, a los que hay que sumar los 1.083.807 euros que gastó el PSC y los 373.158 euros de la coalición con Nueva Canarias. En total, los socialistas consumieron 10.240.132 euros. En tercer lugar, Ciudadanos empleó 3.453.090 en su primera gran campaña de escala nacional. Podemos y sus confluencias gastaron 2.936.991 euros e Izquierda Unida-Unidad Popular 1.002.659 euros.

Entre los partidos catalanes, destacan los casi 1,4 millones que gastó la antigua Convergència. Por detrás, con un presupuesto de 863.371 euros, aparece Unió –que, además, no consiguió ni un solo escaño–. En tercer lugar está ERC (670.654 euros). En Euskadi, el PNV contó por su parte con un presupuesto de 787.715 euros, algo más que los 658.669 de Euskal Herria Bildu. Las cifras de otras formaciones fueron más modestas: Coalición Canaria gastó 558.931 euros, Geroa Bai 228.791 euros y Nós –la coalición gallega encabezada por el BNG– 227.003 euros.

Claro que a los 36.215.499 euros de presupuesto que suman todas esas formaciones y coaliciones hay que sumar otros 19.151.263 euros que gastaron en el envío de propaganda electoral. Es decir, que los partidos destinaron más de 55 millones de euros a pedir el voto para el 20D. Y también en este segundo capítulo fueron el PP y sus coaliciones quienes más gastaron: 6.187.780 euros consumidos en hacer llegar a los electores papeletas y sobres. Por detrás aparecen el PSOE y el PSC, con 6.159.989 euros; Ciudadanos, con 3.293.529 euros; y Podemos y sus confluencias, con 1.440.471 euros. 

Precisamente sobre el envío de propaganda electoral, el Tribunal de Cuentas destaca en el apartado de recomendaciones de su informe que "sería conveniente evaluar la eficiencia material y económica de los envíos directos y personales a los electores de sobres y papeletas o de propaganda electoral tal y como se realizan en la actualidad, teniendo en cuenta que la disponibilidad de estos está garantizada en las mesas electorales, así como la posibilidad de implantar un nuevo procedimiento, más acorde con el actual desarrollo de los medios y técnicas de información, que ofrezca las precisas garantías en su ejecución y permita reducir los fondos públicos destinados a su financiación".

Deudas millonarias

Por último, el documento del tribunal recoge datos sobre las vías que han empleado los partidos para financiarse. En el caso del PP y las coaliciones en las que participaron, los conservadores suscribieron operaciones de endeudamiento por un total de 10.714.960 euros, pidió 6.417.708 euros en adelantos de subvenciones y echó mano de otros 2.757.320 euros aportados por el partido. El PSOE, el PSC y la coalición socialista con Nueva Canarias, por su parte, se endeudaron en 10.005.602 euros, pidieron adelantos de subvenciones por valor de 5.656.456 euros y contó con otros 658.055 euros en concepto de aportaciones del partido.

Los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, siguieron vías muy diferentes para financiar su primera gran cita electoral a escala nacional. La formación morada y sus confluencias declararon al Tribunal de Cuentas operaciones de endeudamiento por importe de 79.600 euros, adelantos de subvenciones de 452.353 euros y aportaciones del partido por valor de 3.481.006 euros, de los que la mayor parte (2,8 millones) corresponden a la campaña de microcréditos puesta en marcha por el partido. En el caso de Ciudadanos, en cambio, el 99% de sus recursos provinieron de operaciones de endeudamiento: 7.662.574 de los 7.724.534 euros con los que contó el partido de Rivera fueron deuda, 31.600 euros aportaciones del partido y los restantes 30.360 aportaciones privadas.

La última foto fija del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no ha traído buenas noticias para el PSOE. Según el barómetro de octubre publicado este lunes [ver en PDF] sólo el 55,1% de los electores que apostaron por el PSOE en las elecciones generales del pasado 26 de junio repetirían papeleta de celebrarse ahora nuevas elecciones. Es decir, el 44,9% de sus votantes le ha retirado su respaldo electoral en poco más de tres meses.

La encuesta de la que se extraen estos datos fue realizada a partir de 2.491 entrevistas que se hicieron entre el 1 al 10 de octubre de 2016. Es decir, tras la caída de la dirección de Pedro Sánchez y su sustitución por una gestora, pero antes de que los socialistas decidieran abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy en el Comité Federal del 23 de octubre con el argumento de evitar unas terceras elecciones. 

En cualquier caso, este sondeo sí evidencia el desgaste que ha sufrido el PSOE tras meses de tránsito por un camino de profunda división e inestabilidad interna. Una realidad que se hace evidente también al comparar estos datos con los del barómetro del pasado julio, realizado entre el 1 y el 11 de julio de 2016 [consultar, aquí]. Entonces, al ser preguntados por su preferencia de voto en caso de que se celebraran nuevas elecciones, el 83,9% de los votantes socialistas se mostraron dispuestos a volver a apostar por el PSOE. La conclusión es que, en tres meses, el porcentaje de electores del PSOE que repetirían papeleta ha caído 28,8 puntos. 

De las formaciones de ámbito nacional el PSOE sigue siendo el partido que menos rechazo genera. Sin embargo, también este dato ha evolucionado de forma negativa para los socialistas desde el barómetro postelectoral realizado tras el 26J. Entonces, el 33,5% de los electores encuestados respondieron que, con toda seguridad, nunca votarían al PSOE. En el estudio de octubre ese porcentaje pasa al 40%. Es decir, aumenta 6,5 puntos (+19,4%). 

Podemos 

Si hay una nota positiva para el PSOE en este sondeo es que sus competidores directos, al menos por el momento, no logran capitalizar el descontento de sus votantes. Y es que sólo el 6,1% de los electores que el 26J optaron  por dar su respaldo a Pedro Sánchez se muestran dispuestos ahora a votar a Unidos Podemos. Menos provecho saca todavía Ciudadanos, formación a la que apenas irían el 1,3% de los exvotantes socialistas. 

De hecho, el 20,1% de los electores que apostaron por el PSOE el 26J asegura que no sabrían a quién votar de haber nuevos comicios y el 13,8% señalan que se abstendrían o votarían en blanco. "Estos datos lo que nos dicen es que hay un porcentaje importante de votantes que, de momento, no tienen claro si van a volver al PSOE o no. Es decir, existe una cierta desafección, pero no significa que estos electores no vayan a volver porque no se han marchado a otra formación", explica a infoLibre el profesor de Ciencia Política de la Universitat de València Juan Rodríguez Teruel.

Los datos agregados de estimación de voto también evidencian esa dificultad de Unidos Podemos por rentabilizar el retroceso electoral del PSOE. Según el CIS si se celebraran ahora elecciones, el PSOE tendría el voto del 17% de los electores, 5,63 puntos menos que el 26J, cuando obtuvo el 22,63%. Los socialistas caerían a la tercera posición y se produciría el sopasso que tanto temen en Ferraz. Y Unidos Podemos subiría a la segunda posición aunque, en términos absolutos, apenas mejoría en seis décimas el resultado del pasado junio (del 21,2% al 21,8% de apoyos electorales). 

Otro dato que muestra esa dificultad de Unidos Podemos para captar votantes desencantados con el PSOE es la baja disposición que estos últimos muestran a votar a la formación morada y sus confluencias. Así, según los datos del barómetro de octubre, sólo el 9,8% de los exvotantes socialistas aseguran que es bastante o muy probable que cogieran la papeleta de Unidos Podemos si hubiera nuevas elecciones. 

Situación interna 

Estos datos llegan en un momento de cierta inestabilidad en ambas formaciones. En el PSOE hay abierta una pugna por el liderazgo que no se cerrará hasta que se celebre el próximo congreso. El sector afín a Susana Díaz, respaldada por los socialistas andaluces y buena parte de los barones territoriales, es claramente partidario de dilatar los plazos de la celebración del congreso lo máximo posible, convencido de que es necesario "que se calmen primero los ánimos" entre los militantes. Los afines a Sánchez, sin embargo, defienden que el Congreso se debe convocar ya.

Mientras, en Podemos, los procesos de primarias de la Comunidad de Madrid, Andalucía y Extremadura también han abierto una batalla por el liderazgo del partido que acabará al congreso estatal que tendrá lugar en unos meses. Al mismo tiempo, en la formación morada también se discute sobre cómo aprovechar el hueco abierto por el viraje del PSOE. Mientras Iglesias apuesta por mantener un tono duro y áspero y no intentar pescar en el caladero socialista moderando el discurso, su número dos, Iñigo Errejón, es partidario de no centrarse en atacar a los socialistas y tomar la iniciativa en el Congreso para que vayan a rebufo. 

Sin duda, lo que ocurra en ambas formaciones en los próximos meses será determinante para saber cómo se mueve esa masa de votantes que, al menos por el momento, ha decidido darle la espalda al PSOE pero no se ha visto seducida por otros partidos. 

Se inició con los resultados de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015.

Aquellos produjeron una situación inédita: por primera vez desde 1977 no quedó resuelta, políticamente, la cuestión de quién sería investido presidente ni cuál sería el programa político del Gobierno a formar.

Esa encrucijada tendría que resolverse a través del procedimiento de investidura establecido en el artículo 99 de la Constitución. En esta ocasión, se acentuaba como nunca la dimensión política, no sólo la formal, de este procedimiento.

La tarea tenía que ser finalizada por los 350 congresistas. Dado que la ciudadanía no elige al presidente del Gobierno, esta decisión trascendental les corresponde a sus representantes. En exclusiva. Con responsabilidad especial de los líderes de los grupos parlamentarios. Tanto mayor cuanto más numeroso fuera el número de votos que pudieran aportar a la votación decisoria en el Congreso.

La democracia representativa fracasó en su momento estelar. Por primera vez tuvieron que repetirse las elecciones.

Luego, el 26-J, el único beneficiario de ese fracaso sería el PP del señor Rajoy, un político prudente que –apoyado en un potentísimo coro mediático– pudo avivar el miedo y esa retranca conservadora para la que el remedio es peor que la enfermedad. 

Quedó razonado en estas páginas que –a ese fracaso de la democracia representativa– contribuyeron las dos anomalías constitucionales que se produjeron en el procedimiento de investidura. 

La primera fue provocada por Rajoy al "declinar el ofrecimiento" del rey para convertirse en candidato a la Presidencia. Estaba decidido a no subirse a la tribuna del Congreso hasta que no le quitaran de en medio a Sánchez. Este había anunciado su intención de intentar su investidura si fallaba la de Rajoy. Lo hizo sin ese favorable presupuesto. Lo intentó. Perdió la votación que pudo acabar con el Gobierno del PP y con la carrera política de Rajoy.

Después ya no hubo ronda de consultas, ni nueva propuesta de candidato. Así que no se cumplió el mandato constitucional literal previsto para el caso: "Se tramitarán sucesivas propuestas" (artículo 99.4).

Rajoy recibía pues una nueva oportunidad electoral. No la hubiera podido lograr solo con sus 123 votos para el no. La cal viva (con la que Pablo Iglesias quiso blanquear su no) abrasó a Sánchez; pero no a Felipe González ni a sus seguidores mudos en el Comité Federal.

La tuvo y la aprovechó. Fue el único que aumentó el número de su grupo parlamentario en el Congreso. En el eje clásico derecha-izquierda, los números se habían movido a favor de la primera. En el esquema bipartidismo sí-bipartidismo no, las cuentas volvían a decir que cualquier forma de acuerdo entre PP y PSOE (incluso aunque este se partiera en su Comité Federal) predeterminaría la decisión del Congreso.

Pero la votación popular  –la democracia directa del 26-J– tampoco resolvió esta vez ni quién sería el presidente ni cuál el programa político de su Gobierno. El factor humano (llámenlo así si quieren) más relevante para que aún la respuesta quedara en el viento se situaba en el secretario general y candidato del PSOE, que había comparecido ante el electorado como símbolo del no es no frente al PP de Rajoy, y que, sin buenos remos, se quedó anclado ahí.

De nuevo volvíamos al momento estelar para la democracia representativa. Debía cumplir su tarea a través de los trámites esenciales del procedimiento de investidura: consultas del rey para proponer candidato; exposición por este, ante el Congreso, del programa político del Gobierno a formar; debate y votación.

Es obvio que esto ocurre en medio de un enorme vendaval de ideas (y de intoxicaciones informativas) en la opinión pública; en la que obviamente los contendientes políticos cuentan con muy diversos apoyos en los medios de comunicación. Y estos son capaces de hacer que el viento les sople a la nave de cada grupo parlamentario a babor o estribor, a popa o a proa.

En suma, los números del Congreso no se modifican, pero sí puede cambiar su alineación al compás de cómo cambie la opinión pública, a impulsos de la opiniones publicadas.

Rajoy, recrecido su poder absoluto en el PP tras el 26-J, planteó una disyuntiva: o yo o terceras elecciones. Interesadamente falsa. Y nociva: los dos términos en que planteaba la cuestión eran a cuál peor. Para contrarrestar los efectos desagradables de esa disyuntiva el coro mediático le aupaba como ganador electoral; y acentuaba el desánimo, el desconcierto, la crisis de sus oponentes.

Pero Rajoy –incluso en ese momento de glorificación mediática– era consciente de su talón de Aquiles: el contenido democrático de las reglas del procedimiento de investidura. Y por eso quiso de nuevo que este se convirtiera en puro trámite sin sustancia.

Rajoy estaba destinado a ser propuesto por el rey –cuando se efectuara la primera ronda de consultas– como candidato a la Presidencia. Pero no quería esa nominación si no conseguía antes la seguridad de que ganaría la votación de investidura. Necesitaba que la resistencia de Sánchez fuera vencida; pero este, a pesar del resultado electoral del 26-J, la mantuvo. En consecuencia, si el procedimiento, en esta fase, se desenvolvía correctamente Rajoy esta vez (a pesar de su renuencia ) tendría que comparecer en el Congreso. Su derrota en las votaciones de investidura era perfectamente previsible. En estas páginas fue advertida esa posibilidad cierta.

Pero ya en el mismo debate congresual que precedió a las votaciones el señor Rajoy comenzó a amortizar las consecuencias de su derrota. Un solo detalle: allí le mitineaba Pablo Iglesias autodeclarándose su antagonista más fiero para proclamar a continuación que el candidato era "un señor estupendo".

El señor estupendo, tras su derrota parlamentaria, lanzó su proclama: los números daban para un Gobierno alternativo al suyo, pero ese Gobierno sería el caos, peor aún que terceras elecciones. La disyuntiva ahora pasaba a ser: o Rajoy o el caos.

La dirección del PSOE no planteó –en el momento político que siguió a la derrota de Rajoy– la cuestión de que si el PP se abría a cambiar de candidato, en correspondencia, se plantearía la posibilidad de negociar la abstención; y, correlativamente, que –en caso de que el PP no atendiera a esta opción– el PSOE intentaría de nuevo proponer un candidato a la Presidencia y un Gobierno alternativo al del PP de Rajoy.

Tal posición hubiera necesitado ser acompañada por la apertura de una nueva ronda de consultas del rey. Es ahí donde las palabras se convierten en hechos políticos. Rajoy no necesitaba tal. Tenía a su favor el precedente de la anterior legislatura, en la que se mutiló el procedimiento al no tramitarse nuevas propuestas. Así pues le bastaba esperar a que transcurriera el plazo de dos meses señalado en el artículo 99.5 de la Constitución para la convocatoria de nuevas elecciones. Las terceras. A las que, a través de la mano cómplice de la presidenta del Congreso, les predeterminó la bonita fecha del día de Navidad.

Permítame el lector que llame en este punto su atención sobre el trámite esencial de las consultas del rey. Es ese precisamente y no otro el momento obligado en el que la multitud de palabras, encuestas de opinión, cálculos, reflexiones, debates, etcétera, tienen que transformarse en una decisión de los líderes de los grupos parlamentarios: manifestarle al rey qué van a hacer, si proponen o no, si apoyan o no, tal o cual nombre. Le llamo decisión a estas manifestaciones porque de la suma y resta de ellas sale la cuenta a la que el rey debe atenerse para proponer a la presidenta de las Cortes candidato; propuesta que esta refrenda. Y así y solo así el procedimiento puede seguir su curso hasta su desenlace. El que deciden por votación, bajo su exclusiva responsabilidad, no la del rey, las 350 señorías del Congreso. Responsabilidad ante sus electores, no ante el rey.

Ahora reparen. El rey no tiene fijado plazo en la Constitución para iniciar sus consultas. Puede sobreentenderse que debe hacerlo con diligencia y prudencia. El caso es que más de la mitad del plazo para la convocatoria de nuevas elecciones se ha consumido ya sin que el rey abra la ronda.

Si Pedro Sánchez creyó ganar tiempo para aumentar su influencia es evidente que se equivocó. Si Rajoy sabía que el tiempo jugaba a su favor porque nadie, tras su derrota, puso la presión sobre él, acertó. ¿Hace falta para demostrar esto otra cosa que invocar el 1 de octubre, ese sábado negro para el socialismo español?

A Rajoy le han quitado de en medio a Sánchez. Pero para ganar la Presidencia del Gobierno, sin terceras elecciones, nadie le puede quitar de en medio el trámite esencial de un nuevo intento de investidura. Como siempre solo querrá llegar a él si tiene asegurado ganar la votación. Pero ahora ha cambiado la situación a su favor.

El comando chusquero ha conseguido su objetivo de quitar de en medio a Sánchez como interlocutor ante el rey, sin que haya mediado debate y decisión sobre qué hacer en el procedimiento abierto y aún no resuelto. ¡Qué bien explicó Borrell lo que pasaba! Pero el comando nobiliario no puede quitarse de en medio la decisión sobre qué ha de decir el presidente de la gestora al rey ni cómo han de votar los diputados socialistas en la eventual (todavía) sesión de investidura.

Las consecuencias de su pírrica victoria en el sábado negro han dejado al PSOE histórico a los pies del caballo popular. Los acólitos de Rajoy apretaron ("no nos basta una abstención técnica, queremos apoyo para la gobernabilidad"); lo hicieron sobre todo para que pudiera aparecer de inmediato el señor estupendo luciendo magnanimidad: "No le pondré condiciones al PSOE para su abstención, me esforzaré en ganar la gobernabilidad día a día".

Evitar terceras elecciones no está ahora al alcance del PSOE ni de ninguna otra fuerza política que no sea el PP.

Para que se abra esa posibilidad es imprescindible que el rey aborde una nueva ronda de consultas que culmine con la propuesta de candidato a la Presidencia, y que este comparezca en el Congreso para que los 350 diputadas y diputados voten.

En mi opinión, como jurista y como ciudadano, el rey debiera hacerlo de inmediato. ¿Por qué? Porque así se cumpliría la previsión –mandato del artículo 99.5 de la Constitución que antes cité–; y porque así podrían cobrar sustancia democrática, deliberativa y decisoria, los trámites del procedimiento que abren la posibilidad de evitar terceras elecciones, es decir, otro fracaso de la democracia representativa.

Podría hacerlo porque está en el ámbito de su discrecionalidad.

Probablemente no lo hará porque Rajoy no se lo va a pedir ahora; sería una prueba de magnanimidad pues le daría el margen de decisión al Comité Federal del PSOE que este ya perdió en su sábado negro; y que parece no querer ni estar en condiciones de recuperar por sí mismo. Tampoco se lo pide Javier Fernández, el interlocutor socialista ante el rey y ante Rajoy. Además anuncia que no se convocará el Comité Federal (el que tiene que decidir la posición que ha de adoptar el PSOE) hasta finales de octubre, cuando ya esté próximo a expirar el ineluctable plazo que aboca a las terceras elecciones.

Si se abriera la ronda de consultas el Comité Federal podría reunirse de urgencia. Así quienes creyeron desde la misma noche electoral del 20D que el PSOE debía pasar a la oposición, quienes afirman que para España y para el PSOE lo mejor es evitar terceras elecciones, podrían plantear claramente su opción por la abstención. En cualquiera de sus múltiples variantes: la llamada "técnica", que no pone condiciones al candidato popular para no tener vínculo comprometido alguno con el Gobierno que se forme; la negociada con condiciones a cuyas expensas cabría mantenerla o votar en contra. Todas igualmente útiles para el propósito de evitar terceras elecciones, todas contribuyendo a permitir el Gobierno de Rajoy; incluso la que se pudiera derivar de una libertad de voto para los integrantes del Grupo Parlamentario Socialista. Pero todas con influencia diferente en el programa político que se comprometa en el Congreso. Y todas con líneas de evolución política diferentes para la labor de oposición y para la crisis socialista. En suma, distintas en su capacidad de amortiguar el peso de la derrota y de reagrupar las desbandadas presumibles y las torpes huidas adelante.

Es de temer que el Comité Federal no vaya a decidir con claridad. Con acierto expresivo ha dicho Javier Fernández que han cometido un "delito de silencio". ¿Será continuado? No creo que pueda atribuirse a una mente conspirativa pensar que en silencio se pactó ya o en silencio se está pactando ahora con Rajoy los términos de su investidura. Tal método despoja al procedimiento de su sustancia democrática y deliberativa: la que se hace tanto más real cuanto más claras se muestran las posiciones, ante atentos oídos de una opinión pública, mejor informada y menos intoxicada que la actual. Si Javier Fernández no reivindica ni ejerce esa sustancia,  ¿cómo podría esperar alguna colaboración ni de Rajoy, ni de Rivera ni de Iglesias? Está tan solo como estos dos últimos dejaron a Pedro Sánchez cuando (¡qué tiempo tan lejano!) llamó indecente al primero.

Así que si Rajoy devenido en señor estupendo se presenta de nuevo a la investidura será porque se ha asegurado que la gana. ¿En buena lid o con malas artes?

Derrotada la izquierda, derrotada la renovación democrática, derrotado el pluripartidismo.

Si hay que expresar esa triple derrota con un solo nombre, este se dice Pedro Sánchez. Aunque puede sentirse igualmente derrotada toda la ciudadanía que apostaba por el renacer de la fuerza de la izquierda (a través de dos formaciones): la que apostaba por una renovación democrática que incluye necesariamente el rescate social y la que estaba saturada de que solo los dos antiguos grandes decidieran todo.

Sánchez intentó ganar liderando la lucha en ese triple frente y ha perdido en la antesala del fin de la batalla.

Se puede perder por la fuerza y el acierto del adversario, por la actitud de los posibles aliados, por los errores propios, por las heridas causadas por el fuego amigo; o por la conjunción de todos esos factores. También aporta su grano la poca importancia que se da a las reglas del funcionamiento democrático.

Pero la vida política sigue, aunque poco será igual tras la derrota. Se hablará de esto durante años para sacar enseñanzas de presente, en medio de versiones cambiantes y contradictorias.

Como ciudadano y votante socialista pienso que si Pedro Sánchez es un luchador político y mantiene el optimismo de la voluntad podrá seguir el lema A veces se gana, a veces se aprende. Quien más puede aprender es a veces quien más ha sufrido la derrota. Su tarea es aprender y, quién sabe, si su futuro está directamente vinculado a lo que sea capaz de enseñar (habiendo comprendido antes los errores propios) a la ciudadanía en general y al PSOE en especial.

Como modesto jurista creo que el procedimiento de la investidura tiene un contenido democrático que no se ha apurado y que aún hay tiempo para exprimir. Y pienso, a la luz de la experiencia, que también es mejorable su regulación constitucional. Entre otros motivos para hacer más difícil la repetición de elecciones; y también para que el jefe del Estado no se deje manejar los tiempos a favor de ningún líder y para evitar que su prudencia se convierta en negligencia.

_______________José Sanromá Aldea 

formó parte del equipo de expertos designados por el PSOE para elaborar

la propuesta de reforma de la Constitución.

Los resultados definitivos ofrecidos por el Ministerio del Interior en su página web de las elecciones del 20 de diciembre de 2015 contienen errores respecto a los censos del Congreso y del Senado. Los datos registrados por Interior en su portal online evidencian una serie de disparidades entre el número de personas con derecho a voto en ambas Cámaras, cuando el censo electoral debería ser único para toda clase de elecciones, según lo estipulado en el artículo 31 de la propia ley electoral. A preguntas de infoLibre, un portavoz oficial del Ministerio del Interior admitió la existencia de "errores".   

Tal y como consta en la página web del Ministerio, el censo para el Congreso y el Senado presenta una serie de diferencias numéricas. En concreto, existe un desfase total de 91.150 personas: el censo del Congreso es, según la información de la página web, de 36.511.848, y el del Senado de 36.420.698.

Por su parte, la diferencia entre la Cámara alta y la Cámara baja atendiendo únicamente al Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) es de 1.135.521 votantes –1.789.038 para el Congreso, 653.517 para el Senado–, mientras que el censo registrado sin tener en cuenta el voto CERA, es decir, sólo contabilizando el sufragio de los electores que residen en España, presenta un desfase de 1.044.371 personas –34.722.810 para el Congreso, 35.767.181 para el Senado–.

Así lo han reconocido este jueves fuentes oficiales de la cartera presidida por el ministro en funciones Jorge Fernández Díaz, en respuesta a preguntas formuladas por infoLibre. "Se han detectado errores en las cifras de los censos CER (Censo Electoral de españoles Residentes en España), CERA y totales en los datos de Congreso y Senado correspondientes a las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015 en la página web del Ministerio del Interior", indicó un portavoz ministerial.

Las mismas fuentes sostienen que, aunque "los errores numéricos de los censos no afectan a los resultados electorales", el Ministerio "está trabajando para su corrección para que en el plazo más breve posible esta información esté disponible".

Las anomalías han sido detectadas y denunciadas por la plataforma Convocatoria Cívica, que registró el pasado 1 de octubre una iniciativa en el portal Change.org con el fin de exigir explicaciones el Ministerio del Interior, y que ya cuenta con el apoyo de 1.623 firmantes.

Hace algún tiempo se acuñó en la prensa deportiva la expresión “no se come el turrón” para aludir al escaso futuro que le quedaba en un club de fútbol a su entrenador. Hoy estamos a punto de que los que no tenían que tomárselo en sus cargos vayan a hacer que a todos los demás se nos atragante.

Considerar que repetir elecciones de manera casi cíclica no es bueno es una falsedad prefabricada, igual que sostener que en democracia debe gobernar el partido más votado aunque no haya conseguido mayoría. Hay gente que defiende muy seriamente ambas cosas, confesándose demócrata, cuando en realidad están poniendo en solfa el proceso democrático y negando la realidad de las mayorías parlamentarias. No es malo votar, lo que pervierte el sistema es que se repitan elecciones con los mismos y con las mismas propuestas porque han sido incapaces de crear condiciones nuevas, ni es malo que gobierne quien no ha ganado pero ha tenido el talento de negociar con adversarios políticos y convencerles para obtener una mayoría de apoyo suficiente.

El problema es de solvencia. Solvencia moral y, sobre todo, solvencia política.

El mismo Rajoy que se negó a ir a la investidura por no tener apoyos está dispuesto a acudir los dos últimos días de este mes aún a sabiendas de que sólo con Ciudadanos no conseguirá esa investidura. Pero ahora le interesa, porque pone al PSOE en el ojo del huracán y si la cosa va mal, vamos a elecciones en Navidad con bastantes más posibilidades de que el PP se acerque a una mayoría suficiente. Eso, que es parte del juego político, es una clara demostración de insolvencia, de incapacidad para ir más allá de lo previsible. Pactar con Ciudadanos una serie de medidas que no suponen un gran esfuerzo no aporta nada nuevo, no es una prueba de imaginación, no es el gesto de grandeza política que sus partidarios parecen creer. Tampoco el juego de los de Rivera, que en su día se acercaron al PSOE y ahora optan por el PP. Nada que objetar, de eso va el ser partido con vocación de bisagra. El problema es que teniendo capacidad para forzar un cambio mayor en el PP se conforman con una pasadita por algunos territorios que al partido de Rajoy no le provocan demasiados problemas. Si fueran solventes habrían apretado: tan sencillo como mantener la palabra de Rivera de no pactar mientras siguiera Rajoy y el resto de la dirección de un partido con unos cuantos procesos por corrupción.

El argumento de la “responsabilidad institucional” que algunos levantan para exigir al PSOE que se abstenga tiene también su fundamento, pero por las mismas quienes lo defienden acaso podrían forzar a que los socialistas pusieran en marcha con determinación un acuerdo entre los demás partidos –Podemos y Ciudadanos incluidos– para desatascar la política española. La “responsabilidad institucional” debiera llevar a buscar salidas que no fueran las fáciles y previsibles. Pero no: “Yo no me acerco a tal o a cual porque son los enemigos y no podría ponerme de acuerdo de ninguna manera”. Entonces, ¿de qué responsabilidad estamos hablando?

Me malicio que la única que ejercen los líderes políticos presentes es la que tienen ante su propio partido y el aparato que les ha colocado ahí.

Ninguno de los cuatro debería comerse el turrón de las próximas elecciones, que han demostrado sobrada incapacidad para la imaginación, para el arrojo que la situación política requiere, para hacer posible la realidad de un país que apostó por acabar con el bipartidismo pero que ahora parece abocado a repetirlo, a no librarse nunca de él.

Seguimos como hace un año, o peor. Sin perspectiva de solución política y constatando que aquí no hay chicha, no hay imaginación, no hay solvencia política, no hay nada.

Se les ve el miedo y la mediocridad; temen algo de lo que se les llena la boca, el diálogo. Todo se puede hablar, cualquier acuerdo es posible, el invento de las líneas rojas es una frivolidad si lo que a uno le preocupa de verdad es el bien común.

Si vamos a tener que volver a elecciones en Navidad, que sea con otros líderes, o con otras propuestas, o con otro lo que sea, pero con algo distinto. Volver a votar lo mismo y a los mismos es repetir el proceso, es engañar a la gente, es alejarnos de las urnas, es pervertir el sistema.

A modo de propuesta sin demasiadas esperanzas: dejen de mirarse los ombligos y el tamaño del del otro y pongan sobre mesa programas, propuestas, soluciones… Hagan política, señores, o váyanse, que este país no merece que los mismos que siguen mareando la perdiz cacen el pavo y nos lo sirvan en Navidad. Que como los entrenadores, o creen juego o no se queden a comerse el turrón.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha insistido en que el presidente Mariano Rajoy, como candidato designado por el  rey para intentar superar la investidura, tiene ahora la tarea de buscar apoyos y considera que hay que darle tiempo y no poner fecha a ese debate parlamentario.

Unidos Podemos y el PSOE vienen pidiendo a la presidenta del Congreso que, de acuerdo con sus competencias constitucionales, ponga ya fecha al debate de investidura, pero el líder del PP, al igual que su partido, ha dado a entender que no se someterá a ese trance si antes no asegura los votos necesarios para superarla.

Preguntada por esa cuestión, la presidenta ha insistido en que no es hora de convocar plenos, sino que es "el momento" del candidato y de que los partidos lleguen a acuerdos.

"Este miércoles hay una reunión de Rajoy y Albert Rivera y espero que esas reuniones puedan fructificar acuerdos que permitan tener un Gobierno en España lo antes posible", ha señalado en rueda de prensa en el Congreso.

La portavoz adjunta del PSOE en el Congreso, Isabel Rodríguez, ha declarado por su parte que es un "deber constitucional" que el presidente en funciones se presente a la investidura ya que una vez asumido el mandato del rey, lo quiera o no, "tiene que ir".

"No me imagino al señor Rajoy agarrado a los leones no queriendo entrar a ese pleno de investidura", ha ironizado la portavoz en unas declaraciones antes de entrar a la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, puesto que, según ha recalcado, "el Pleno ha de celebrarse, sí o sí". En esa misma línea, Rodríguez ha pedido saber si la presidenta de la Mesa del Congreso, Ana Pastor, "se ha planteado" cuándo le comunicará a los españoles la fecha de la investidura porque una vez hecho el mandato del Rey, "sabe que tiene la obligación" de hacerlo, tal y como se recoge "en el artículo 99.2 de la Constitución y en el 170 del Reglamento del Congreso". "A 11 días de haberse producido ese encargo, parece razonable que tengamos ya la idea de sobre cuándo ha de producirse", ha insistido.

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso y dirigente del partido morado, Irene Montero, ha acusado a Mariano Rajoy de estar "utilizando las instituciones para su propio beneficio" por no aclarar cuándo tiene previsto someterse al debate de investidura, y le ha exigido que despeje cuanto antes esta incógnita porque es "imprescindible" poner fecha.

"Creo que Rajoy está haciendo muchas cosas muy mal. Está utilizando las instituciones de nuevo, y no es una novedad en el PP, para su propio beneficio", ha denunciado la jefa de gabinete del líder de Podemos, Pablo Iglesias, a su llegada a la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.

Según Montero, el PP ha utilizado la instituciones "durante todos estos años cuando han robado a manos llenas el dinero de todos", y ahora lo está haciendo "con ejercicios para no fijar fecha de investidura. "Esto es una anomalía que nunca había ocurrido", ha denunciado.

Mientras, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha rechazado que se ponga una fecha al debate de investidura y ha pedido al resto de fuerzas políticas que den "una oportunidad al diálogo" sin "prejuzgar" que será "estéril".

"No estamos hablando de fechas sino de objetivos", ha señalado el diputado 'popular' este martes a su entrada a la reunión de la Junta de Portavoces, al mismo tiempo que ha reclamado "diálogo" a los partidos, ya que "los españoles han dicho que quieren que haya un Gobierno del PP".

Así pues, se ha mostrado contrario a que se concrete ya un día para celebrar el pleno de investidura alegando que esa sesión "está hecha para formar un Gobierno, no para ir a terceras elecciones".

El PSOE, por su parte, consiguió 5.031 votos más que en los comicios de diciembre y se mantuvo prácticamente igual en porcentaje, si bien no logró imponerse como primera fuerza en ninguna comunidad y perdió las primeras plazas en Extremadura y Asturias. Ciudadanos, por otro lado, empeoró su resultado en 1,14 puntos respecto a las elecciones de hace seis meses, pero logró superar al PSOE en 12 circunscripciones. 

Por otra parte, estos comicios vuelven a constatar la escasa participación del colectivo de emigrantes en las elecciones. De los 1.920.256 inscritos en el registro, sólo 120.777 participaron en las elecciones generales, es decir, un 6,3%. Además, más del 22% de los emigrantes que iniciaron el proceso del ruego del voto no pudieron ejercer su derecho, lo que la Marea Granate atribuye a los problemas para recibir las papeletas. 

Los resultados del escrutinio del Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) para los comicios del 26J a los que ha tenido acceso infoLibre se pueden consultar aquí.

Unidos Podemos: gana, pero pierde en Madrid y Murcia

La coalición Unidos Podemos fue vencedora de las elecciones generales del 26J entre los electores que residen de forma permanente fuera de España. Logró hacerse con el 30,20% de los apoyos, 3,31 puntos por encima que el porcentaje obtenido el 20D. En números absolutos recabó 36.193 sufragios, 12.285 más que hace seis meses. 

Fue primera fuerza entre los expatriados en nueve comunidades: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-la Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y País Vasco. En todas salvo Extremadura el partido de Pablo Iglesias (sin contar los votos de IU) ya había quedado en cabeza el 20D. En diciembre, la formación morada también fue primera fuerza entre los expatriados en Madrid y Murcia, plazas que ahora pasan al PP. 

El porcentaje de voto de Unidos Podemos entre los emigrantes está 16,83 puntos por encima del conseguido entre los electores que residen en España, donde la coalición se quedó en tercera posición y sólo consiguió ser primera fuerza en número de votos en Cataluña y País Vasco. Cantabria (+13,55 puntos en el porcentaje de voto) Melilla (+12,09) y Baleares (+9,57) son los lugares en los que la coalición mejoró más sus resultados respecto al 20D y Las Palmas (-0,84 puntos) donde más lo empeoró. 

PP: sube cinco puntos, aunque no desbanca a la izquierda 

El PP ocupa el segundo lugar entre el voto emigrante. El partido de Mariano Rajoy aglutinó el 28,60% de los votos (34.275 sufragios). En términos generales, los conservadores consiguieron recabar entre los emigrantes 13.333 votos más que en 20D y cinco puntos más en porcentaje de voto, al pasar del 23,56% al 28,60%. Lograron ser primera fuerza en ocho comunidades (Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, la Rioja), además de en Ceuta y Melilla.

Los conservadores mantuvieron el 26J su liderazgo en todas las comunidades en las que habían sido primera fuerza el 20-D y sumaron a esta lista las autonomías de Asturias, Madrid y Murcia. Al igual que en los comicios de diciembre, su mejor resultado lo obtuvo en Galicia, donde cuatro de cada 10 electores residentes en el exterior le dieron su apoyo. No obstante, su porcentaje global de votos entre la emigración es 4,43 puntos inferior al conseguido en España.

PSOE: mantiene el porcentaje, pero no gana en ninguna comunidad 

El PSOE fue la tercera opción que más apoyo consiguió el 26J entre los electores que residen de forma permanente fuera de España. Un total de 19.916 electores tomaron la papeleta del partido de Pedro Sánchez, 5.031 más que el 20D. En porcentaje, los socialistas se hicieron con el 16,62% de los votos, apenas una décima menos que hace seis meses. El apoyo al PSOE también cae entre los expatriados respecto al respaldo dentro del país. En este caso, seis puntos.

En esta ocasión, el PSOE no logró imponerse como primera fuerza en ninguna comunidad y perdió las primeras plazas que consiguió en diciembre en Extremadura (a favor de Podemos) y en Asturias (donde ahora ganó el PP). Sus mejores resultados los consiguió en las provincias de Cáceres (27,41%), Almería (26,63%) y Teruel (26,38%), así como en la ciudad autónoma de Ceuta (27%). Y los territorios en los que más subió respecto al 20D fueron Alicante (+6,43 puntos) y Cantabria (+5,62).

C's: pierde 1,14 puntos, pero supera al PSOE en 12 provincias 

Ciudadanos quedó en cuarto lugar entre los emigrantes con 18.134 votos (3.669 más que el 20D) y el 15,13% de los apoyos, 1,14 puntos menos que hace seis meses. Por comunidades autónomas, la formación naranja no quedó en primer lugar en ninguna comunidad autónoma, aunque sí superó a los socialistas en Aragón, Cataluña y Canarias.

Por circunscripciones, el partido de Albert Rivera superó al PSOE en 12 circunscripciones, entre ellas Madrid, Barcelona, Sevilla y Zaragoza. La diferencia fue especialmente significativa en Madrid, donde Ciudadanos les sacó a los socialistas más de nueve puntos de diferencia. Por otro lado, el partido naranja logró superar al PP en dos provincias, Barcelona y Tarragona, pero en ninguna a Podemos.  

Participación: sube, aunque sigue siendo muy baja 

De los 1.920.256 electores inscritos en el Censo de Extranjeros Residentes Ausentes (CERA), sólo ejercieron su derecho al voto 120.777, es decir, un 6,3%. En las generales de 2008, en los últimos comicios antes de la reforma que estableció la obligación de reclamar el voto, ejercieron este derecho 382.568 de los 1.205.329 inscritos, el 31,7%. Por tanto, la comparación entre ambas citas arroja una caída de la participación del 80%.

No obstante, la participación de este 26J sí se ha quedado por encima de la registrada en las elecciones del pasado diciembre, cuando votaron 88.900 de los 1.880.026 electores inscritos en el extranjero (4,7%). En las generales de 2011 –en las que sí estaba en vigor el voto rogado– ejercieron su derecho al voto 73.361 de los 1.482.750 inscritos, es decir, el 4,9%. En los comicios del pasado diciembre se registró la menor participación de la historia entre los emigrantes. 

¿Trabas?: el 22% no votó a pesar de iniciar el proceso 

No obstante, hay otro dato que resulta llamativo. De los 1.920.256 inscritos en el CERA un total de 155.165 personas rogaron el voto, es decir, completaron la primera parte del trámite imprescindible que hay que realizar para poder ejercer el derecho al sufragio desde el exterior. Sin embargo, los que votaron finalmente fueron 120.777 (un 77,8%). Eso quiere decir que algo más de dos de cada diez personas que manifestaron su derecho de participar en estos comicios, finalmente no lo hicieron.

¿A qué se debe esta cifra? Resulta imposible saberlo, aunque resulta razonable pensar que si una persona inicia el recorrido burocrático que supone rogar el voto es porque tiene un cierto interés en participar. La Marea Granate viene denunciando que la implantación del voto rogado también ha afectado a los plazos de envío y recepción de papeletas. Por eso consideran que ahí puede estar parte de la respuesta a la pregunta planteada. Los residentes permanentes en el exterior pueden votar por correo o directamente en urna en el consulado, aunque tienen que acudir allí con las papeletas que han tenido que recibir en su domicilio.

Podemos sigue analizando las razones que le llevaron a perder más de un millón de votos en las pasadas elecciones generales. Estos días, diferentes dirigentes han defendido hipótesis que culpan a factores como la campaña o la alianza con IU del mal resultado, pero fuentes de la dirección aseguran a infoLibre que Podemos ya calculaba en abril que había caído en cerca de tres puntos en intención de voto, por lo que la principal hipótesis que baraja ahora mismo el partido es que su caída tiene como explicación fundamental la gestión de las negociaciones para formar Gobierno tras las elecciones del 20 de diembre.

En los últimos días, Podemos se ha centrado en comprender el por qué de su fuerte caída en votos tras la alianza con IU en las pasadas elecciones. Pese a que todos los dirigentes han afirmado que el mal resultado no puede achacarse a una única razón, algunos como Juan Carlos Monedero se han centrado en criticar la campaña llevada a cabo por Unidos Podemos, mientras que otros como Íñigo Errejón han hecho notar que la coalición parece no haber funcionado en términos electorales, al no haber resultado en una acumulación de los votos de Podemos e IU por separado.

Por su parte, el secretario general, Pablo Iglesias, argumenta que ha sido el "miedo al cambio" el que sustenta la explicación del mal resultado de Unidos Podemos, y aseguró hace unos días que "la causa principal que explica la frustración" de sus "expectativas" y el "fracaso de las encuestas" tiene que ver con que Podemos es "una fuerza política que provoca mucha simpatía y que podría recibir el voto de personas que" no piensan que pueda gobernar, pero que provoca que estos posibles votantes se queden en casa si ven que la formación tiene opciones reales de llegar al poder.

El análisis formal se producirá el próximo sábado, en una reunión del Consejo Ciudadano –el principal órgano entre congresos de Podemos– en la que se estudiará un sondeo demoscópico coordinado por la secretaria de Análisis Político y Social, Carolina Bescansa. No obstante, la dirigente ya esbozó el pasado sábado en La Sexta Noche que Podemos tiene la certeza de que la mayor parte de los votantes que el partido ha perdido no se han ido a otras fuerzas políticas, sino que "se han quedado en casa".

Tres puntos menos en abril

"El grueso de la desmovilización que hemos tenido es anterior en el tiempo" a la coalición con IU, sostuvo Bescansa, que aseguró que en abril la mayor parte del millón de votantes perdido por Unidos Podemos ya había decidido que no los votaría. Otras fuentes de la dirección de Podemos coinciden en señalar que el partido morado está analizando esta hipótesis, que implicaría que fue la gestión de las negociaciones para formar Gobierno junto al PSOE tras las anteriores elecciones la que motivó que muchos electores decidieran no volver a votar a Podemos el 26 de junio pese a haberlo hecho el 20 de diciembre.

Estas fuentes de la ejecutiva, cercanas a Iglesias, amplían los datos de Bescansa y explican que Podemos ya calculaba en abril que había perdido en torno a tres puntos de apoyo ciudadano, tomando como referencia el 20,8% de los votos que obtuvo el 20 de diciembre. Los dirigentes consultados admiten que el partido se equivocó en el fondo y en la forma en la negociación para buscar un acuerdo con el PSOE, una formación a la que sentaron muy mal algunas actuaciones del partido morado, como las referencias a la "cal viva" que realizó Iglesias durante uno de sus discursos o el hecho de conocer la propuesta de Gobierno de coalición de Podemos a través de una rueda de prensa.

Por ello, estas fuentes sostienen que la coalición de Podemos con IU no fue la causa fundamental que hizo perder votos a la formación morada, aunque sí calculan que en torno a 120.000 personas dejaron de apoyar a Unidos Podemos por su alianza. Pero tampoco se culpa a la campaña diseñada por Errejón, si bien estos dirigentes afirman que la coalición se equivocó al no enfrentarse explícitamente a Ciudadanos durante los actos. "Centrar los ataques en el PSOE hizo pensar a la gente que no había alternativa a Rajoy", sostienen.

Unas negociaciones plagadas de choques

De confirmarse la validez de este análisis, el motivo principal que provocó la desmovilización de los votantes habría sido la actuación de Podemos en las negociaciones para formar Gobierno, la actividad que centró la actualidad política entre enero y abril. Y es que las conversaciones estuvieron plagadas de roces, declaraciones altisonantes y choques directos entre el PSOE y el partido morado, que tardaron semanas en comenzar a negociar mientras las conversaciones de los socialistas con Ciudadanos avanzaban viento en popa.

Una vez firmado el pacto entre el PSOE y el partido de Albert Rivera, únicamente fue la mediación de IU la que consiguió que los socialistas y Podemos se sentasen en la misma mesa a negociar, aunque de forma infructuosa: mientras el partido morado insistía en un acuerdo de izquierdas junto a IU y Compromís, el PSOE buscaba que los de Pablo Iglesias se unieran a su pacto con Ciudadanos.

La tensión entre ambos partidos alcanzó su punto álgido en el debate de investidura de Pedro Sánchez, cuando Iglesias acusó al candidato de haber firmado un acuerdo positivo para los "poderosos" y los "oligarcas" del "Ibex 35" y sostuvo que a Sánchez le habían prohibido gobernar con Podemos: "Lo dijo el señor Felipe González: sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva", argumentó Iglesias entre las protestas de la bancada del PSOE. Sánchez le respondió posteriormente:"No hace falta que vaya repartiendo carnés de buen socialista, ni tan siquiera que sea tan duro con el PP, tan sólo basta con que no vote con ellos".

Es la primera tarea del Congreso. Este, como el anterior, expresa un pluralismo político muy distinto al de los anteriores al 20-D.

Hasta esa fecha la ciudadanía, tras la celebración de las elecciones, sabía de inmediato, a ciencia cierta, a quién propondría el rey y quién resultaría elegido.

Tras el 20-D, esto ya no sucedió así. El interrogante debía despejarse en el procedimiento de investidura que está reglado en el artículo 99 de la Constitución.

Pero no fue así. Aquí llamo la atención sobre un aspecto jurídico.

El procedimiento ya comenzó mal en su primer trámite. El rey, tras la ronda de consultas, no pudo cumplir con su única función: proponerle al Congreso, a través de su presidente, un candidato a la Presidencia del Gobierno.

A tenor de los resultados electorales (y de las consultas ) Rajoy debía ser el nominado. El rey iba a hacerlo, pero fue el propio Rajoy el que lo evitó. Así lo muestra explícitamente el comunicado que emitió la Casa Real el 18 de enero: "En el transcurso de la última consulta con el señor Mariano Rajoy su Majestad el Rey le ha ofrecido ser candidato a la Presidencia. Don Mariano Rajoy le ha agradecido a su Majestad el ofrecimiento, que ha declinado."

La Casa Real quiso dejar constancia de que el rey iba a hacer lo que debía hacer: proponer a Rajoy. Y también descargarle de la responsabilidad de que su ronda de consultas terminara en fracaso.

Pero al mismo tiempo ese texto, en su literalidad, reflejaba la anomalía constitucional que se produjo. Ha dejado narrada una situación que, en términos de normalidad política y lealtad institucional, no debió producirse.

En el procedimiento constitucional no cabe el empleo de los verbos "ofrecer" y "declinar". Entre el rey y el candidato que vaya a proponer no hay una relación fiduciaria. Las reglas procedimentales son otras: la propuesta la hace el rey al Congreso, que es el que ha de otorgar o negar su confianza; y la propuesta se hace a través de su presidente, quien da su refrendo político a la propuesta del rey.

El rey podía –por cortesía, como así hizo– adelantar al interesado que le iba a proponer como candidato, pero esto no es lo mismo que "ofrecer" la candidatura; y menos aún si el interesado no venía previamente postulado para recibirla.

Rajoy llegaba a la consulta amparado en el equívoco. Por eso chasqueó al rey. Su firme propósito era no verse emplazado a subir a la tribuna del Congreso. Actitud en clara contradicción con su machacona insistencia en que había ganado las elecciones y que tenía derecho a gobernar. Expresiones estas interesadamente ambiguas.

En concreto solo había ganado el número de escaños suficiente para ser la minoría mayoritaria. Suficiente para que el PP pudiera hacer recaer sobre su candidato a la Presidencia su nominación por el rey; pero completamente insuficiente para ganar la votación de investidura. El derecho constitucional a presidir y formar Gobierno se gana obteniendo la confianza mayoritaria del Congreso.

Evidentemente el trámite previo es ser propuesto como candidato por el rey, tras sus consultas a los líderes de los grupos políticos parlamentarios. La decisión sobre el tiempo y la realización de este trámite no corresponde a ningún partido ni a la conveniencia de un eventual candidato sino a la prudencia del jefe del Estado, que puede permitir un tiempo para que fragüen los acuerdos precisos. Prudencia porque el artículo 99 de la Constitución no le fija plazos. Ningún aspirante a ser nominado candidato puede marcar el tiempo y las rondas de consulta a su exclusiva conveniencia. Ni "pasar ronda". Menos aún si no hace ningún esfuerzo por lograr los pactos que le sean necesarios y carece de idoneidad incluso para intentarlo: el caso exacto en que se encontraba Rajoy.

Y sin embargo eso fue lo que quiso y, en buena parte, consiguió Rajoy con el chasco que le dio a la opinión pública y al rey declinando su "ofrecimiento".

Si no cabía ofrecimiento tampoco cabía "declinarlo".

La propuesta de candidato solo existe cuando se formaliza por escrito y la refrenda con su firma el presidente del Congreso. Este fue llamado a La Zarzuela para nada. No recibió propuesta alguna del rey. La comparecencia posterior de Patxi López no reveló la gravedad de lo que había pasado.

El rey hubiera podido actuar como si no se hubiera producido ni el ofrecimiento ni la declinación y, en consecuencia, proponer a Rajoy como candidato. Y López hubiera refrendado la propuesta. Aún así, Rajoy hubiera podido declinar la propuesta, pero ante el Congreso o su presidente. Con el coste o el beneficio político que tal actitud conllevara. Ese hubiera sido el curso de normalidad constitucional y lealtad institucional. Lógicamente, tal discurrir no era del gusto de Rajoy que –fiando todo a que le quitaran de en medio a Sanchez–sabía que le llevaba directamente al fracaso en su investidura. Y probablemente a su renuncia a seguir siendo candidato de su partido.

Puede admitirse que la prudencia llevó a Felipe VI a no empujar por ese camino. Y se vió abocado a una insólita segunda ronda de consultas.

Rajoy consiguió su propósito. Y lo acompañó de la consiguiente ración de engañosas declaraciones ante los medios: "No renuncio a la investidura... tengo fuerzas y voy a presentar mi candidatura... los españoles quieren que nos entendamos y el PP dará la talla". Y, por supuesto, descartando radicalmente que el PP pudiera ofrecer otro candidato a la Presidencia que no fuera él mismo.

Remito a la hemeroteca. Esta revela la importancia de detalles a los que entonces no se les otorgó toda la importancia que irían cobrando en el posterior desarrollo de los acontecimientos.

Su análisis requiere un pormenor que no permite este artículo. Sí importa señalar que, tras el fracaso de la investidura de Sánchez, se produjo una segunda anomalía constitucional, en parte como efecto de la primera.

El artículo 99 en su apartado 4 establece que "se tramitarán sucesivas propuestas". Al menos el tenor literal del precepto legal ha quedado vulnerado. Se ha creado un precedente en virtud del cual basta con que haya un intento fracasado de investidura para dar paso a la convocatoria de nuevas elecciones.

Ahora ( y no sólo por los resultados electorales) resultará más fácil argumentar que hay que dejar gobernar al partido con más escaños (aunque sean solo 137 ) y aunque sea incapaz de llegar a acuerdos cuyos límites de razonabilidad le impone la aritmética del Congreso. Y resultará más difícil argumentar la razonabilidad de pactos "entre perdedores" para evitar nuevas elecciones si el "ganador" no logra la investidura.

La jugada le ha salido bien a Rajoy. El principal causante de las anomalías constitucionales es el que se beneficia de ellas. En sus filas se le ensalzacomo gran estratega, lo mismo que se le ensalza su aguante ante las críticas por corrupción.

Ciertamente, ante tres candidatos bastante más jóvenes ha demostrado que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Pero no sólo al valor de su experiencia ni a la indecencia política hay que atribuir el éxito de Rajoy y del PP. También al demérito de sus adversarios.

Iglesias y Rivera pudieron actuar tras el 20D como líderes indiscutidos de sus grupos políticos. A ambos la experiencia habida les debería llevar a reflexionar ahora qué trascendencia ha tenido y tiene su mútuamente declarada incompatibilidad.

En cambio Sanchez contó desde la noche electoral del 20D con el hándicap de la posición de las baronías de su partido. Digámoslo así para resumir.

Asumió como deber evitar el bloqueo institucional al que conducía la actitud de Rajoy. Intentó su investidura sin el conveniente previo fracaso de la previsible de Rajoy. Lo hizo en condiciones que, desde fuera, se la hacían mas difícil los partidos emergentes bajo la común bandera del antibipartidismo.

Fracasó. Pero el demérito no fue solo personal, sino atribuible también al batiburrillo de posiciones contradictorias con las que el Comité Federal de diciembre fijó la posición del PSOE. Este, aunque en declive electoral, hubiera podido crecerse en la gestión de aquella encrucijada. Pero el Comité Federal le estrechaba el margen de negociación a Pedro Sánchez, cuestionado sin respeto alguno y convertido en un secretario general y candidato de saldo.

Volvamos al principio para terminar.

Estamos en el momento estelar de la democracia representativa.

La suerte de quién vaya a ser presidente y cuál vaya a ser el programa político del Gobierno depende de 350 congresistas. Y singularmente de sus líderes.

Aunque hoy resulte políticamente inaceptable la perspectiva de otras elecciones nadie –y menos que nadie el partido con más número de diputados– debe jugar con fuego. Otra vez, interesadamente, toda la presión desde dentro y desde fuera se centra en Sánchez.

La opinión pública necesita volver a centrar su atención en todo lo que implica la investidura. En todos sus actores. El resultado electoral no ha decidido todo, ni mucho menos. Rajoy tendrá que dar la cara en el Congreso y antes de presentarse allí, también. Esta vez no podrá seguir la doctrina Mota con la que chasqueó al rey y a todos: "Si hay que ir se va, pero ir pa ná es tontería ", ni resumir su programa en "muchaespañaymuchosespañoles".

Lo que vaya a pasar depende ahora del actuar de nuestros representantes. Los que hemos elegido.

Hay riesgo de hartazgo y de pasotismo si solo asistimos a un bla bla bla desconcertado o destinado a los fieles. Camino llano al triunfo de la presión para que se deje gobernar a Rajoy y a otra cosa mariposa.

Pero deberíamos tener aprendido que la democracia representativa no puede funcionar correctamente sin una opinión pública bien informada y una ciudadanía atenta.

Así que como escribe el maestro Aguilar: "Permanezcamos atentos".

La campaña electoral está poniendo en evidencia el pobre papel que representa a día de hoy TVE en el panorama mediático. Veamos los números: entrevista a Rajoy en Los Desayunos, un 9 por ciento de audiencia, menos aún que las realizadas a Garzón (UP), Villegas (C's) y Sánchez (PSOE), en la semana anterior; Debate a siete en la noche del lunes, 4,8 de audiencia.

Se podrá argumentar que las trasmisiones de fútbol cuentan, y mucho, en el reparto, pero es que a la misma hora El Hormiguero, con Pedro Sánchez, obtenía un 10,8 y duplicaba sobradamente el número de espectadores. Al margen de las cifras, hay que decir que el debate en TVE tuvo un desarrollo formalmente correcto, pero la mecánica encorsetada facilita la sucesión de exposiciones de manual de campaña, soliloquios en lugar de contraste de pareceres, con el moderador –como él mismo puso de manifiesto– atento a que se respetaran las reglas, unas reglas que poco margen dejan a que se produzca un auténtico debate. El resultado es que los que tuvieron lugar en Antena 3 entre mujeres –por más discrimanatorio y anacrónico que resultaba en su propia formulación–, o el de programas economistos en laSexta, también duplicaran al de este lunes.

Desde la llegada del PP al poder, TVE se ha anclado en formatos rígidos, tanto en el resumen de campaña de los telediarios, como en los programas especiales. La obsesión de la dirección por controlar políticamente los contenidos lleva a unos discursos romos, previsibles, sin esa chispa periodística que individualiza y da interés en otras cadenas; este mismo martes, todos los medios destacan las palabras de Mariano Rajoy reafirmando que no se someterá a la investidura, si no cuenta previamente con apoyos suficientes. En TVE se ha mencionado muy de pasada y no se ha ofrecido la secuencia en la que realizaba la afirmación. Del mismo modo, se huye de innovación alguna en los especiales informativos y programas especiales, y se confía la presentación y dirección a profesionales de confianza ideológica, postergando experiencia y mérito.

El resultado es la huida del público hacia medios que compiten con imaginación y sin corsés, que mezclan voces diversas y hasta contradictorias, que buscan el auténtico debate. TVE perdió el liderazgo en este tipo de programas en las elecciones europeas, municipales y autonómicas, andaluzas y catalanas. Y lasgenerales de diciembre no han hecho sino aumentar la distancia entre TVE y laSexta, nítida ganadora en todas ellas.

"Somos los mismos", decía entre el desconsuelo y la reivindicación, un miembro de la redacción, al contrastar la actual deriva y la etapa en que los Informativos de TVE recibían los más prestigiosos premios profesionales. Y es cierto, muy buena parte de aquella redacción sigue en TVE, unos desplazados a espacios marginales, otros dedicados a tareas muy por debajo de su cualificación. Pero la dirección ya no es aquella que potenciaba independencia y profesionalidad, sino la dedicada a proteger la imagen de quienes la han nombrado.

En el mundo de la comunicación, la audiencia y la credibilidad se pierden poco a poco, mes a mes. Recuperar una y otra es tarea mucho aún más lenta y costosa. Serán necesarios años de profesionalidad, periodismo, e independencia para recuperar el prestigio que TVE tuvo y que, bajo el Gobierno del PP, ha desaparecido.

El PP continúa siendo el partido más votado y lograría 114 escaños en las elecciones del 26-J, mientras que la coalición formada por Podemos e IU se afianza en el segundo puesto con 93, por delante del PSOE, que lograría 83, según un avance de la encuesta de Metroscopia que publica El País.

El sondeo atribuye a Unidos Podemos una estimación de 93 escaños, 22 más que los que obtuvieron entre los dos partidos por separado el 20-D. El PP sigue siendo la fuerza más votada, con el 29% de los votos, prácticamente igual a las elecciones de diciembre, en las que logró un 28,7%. Unidos Podemos obtendría un apoyo del 26%, el PSOE del 20,5 % , un punto menos que en diciembre,  y Ciudadanos el 14,5 %, unas décimas más.

El PP será, según la macroencuesta de Sigma Dos que publicará este domingo El Mundo, la fuerza que ganará el 26-J. Superará su resultado de diciembre en votos y en escaños: 30,5% frente a 28,7% y entre 124 y 129 diputados frente a 123. Quedaría así a 47 escaños, en el mejor de los casos, de la mayoría absoluta. El PSOE, según este sondeo, perdería definitivamente la segunda posición al lograr el 20% de los votos frente al 22% del 20-D. Mientras, la formación liderada por Pablo Iglesias, que concurre aliada con Izquierda Unida, conseguiría el 24,8% de los votos y entre 86 y 92 escaños.

El aumento de las solicitudes de voto a distancia para las elecciones del próximo 26 de junio está poniendo a prueba el sistema español de sufragio por correo. Las cifras son relevantes. Entre los residentes en España, el número de electores que han solicitado el voto por correspondencia había aumentado un 60% este martes en relación a los comicios del pasado diciembre. Y eso a pesar de que el plazo para solicitar el envío de las papeletas se cierra este jueves 16 de junio.

Según datos oficiales difundidos por el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, hasta este martes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) –cuyos trabajadores son los encargados de la formación del Censo Electoral y de los trámites relacionados con el sufragio a distancia– había admitido más de 1.250.000 peticiones de voto por correovoto por correo de personas residentes de España. En el proceso del pasado diciembre fueron en total 783.415 las personas que pidieron utilizar este procedimiento para ejercer su derecho al voto. El aumento es, por tanto, del 60%. 

Expertos consultados por infoLibre explican este aumento por una posible mayor movilización, pero también aluden a la importancia de la fecha. El domingo estival será, para gran parte de los españoles, un día de traslados motivados por la operación salida. El viernes 24, además, es festivo en las comunidades autónomas de Galicia y Cataluña y también en ciudades como Palma de Mallorca. 

También ha habido un aumento –aunque menos significativo– de las peticiones de envío de papeletas (ruego del voto) entre los españoles que residen de forma permanente en el extranjero. Así, para estos comicios han sido 155.165 los emigrantes que llevan más de un año residiendo fuera de España que han pedido poder votar en las próximas generales, respecto a los 151.061 que lo hicieron para la cita del 20-D. Los empleados del INE son los encargados de enviar por correo las papeletas a estas personas a sus domicilios en el extranjero. Una vez recibidos los sobres, pueden votar urna en el consulado o volverlos a la enviar al consulado correspondiente por correo. 

La Marea Granate, el colectivo que más se ha movilizado para denunciar las dificultades que tienen los expatriados para ejercer su derecho al voto, espera que el aumento de los plazos decretado esta semana por la Junta Electoral Central para votar en urna en los consulados –se han incluido los días 25 y 26 de junio– contribuya aumentar la participación electoral de la emigración. Hay que tener en cuenta que de las 151.061 que solicitaron votar desde el extranjero el 20-D, sólo votaron 88.900. Es decir, más del 40% no llegaron a depositar su voto en las urnas, algo que la Marea Granate atribuye a los problemas para recibir las papeletas por correo en tiempos muy ajustados. por correo

Sin muchos problemas, por el momento 

Los sindicatos CCOO y UGT y 43 delegados provinciales de la Oficina del Censo Electoral –agrupados en la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado (AESE)– alertaron hace unas semanas de que la gestión del voto por correo en las próximas elecciones generales podría correr peligro como consecuencia de un conflicto laboral generado por la modificación apresurada y no negociada del sistema retributivo del personal laboral.

Las fuentes sindicales consultadas aseguran que, por el momento, aunque "con muchas horas extra" y gracias a la contratación de nuevos trabajadores y de funcionarios de otras administraciones se está consiguiendo dar curso en plazo a las solicitudes de los electores. No obstante, sí tienen cierta cautela sobre cómo evolucionará durante esta semana el proceso de envío de papeletas tanto dentro como fuera del país. 

El plazo para solicitar el voto por correo para los residentes en España acaba este jueves 16 de junio. El INE y Correos tienen hasta el 19 de junio para enviar la documentación a los interesados, que podrán enviar sus papeletas hasta el miércoles 22. En el caso de los emigrantes, tuvieron hasta el 6 de junio para solicitar los sobres, que podrán devolver por correo hasta el 21 de junio o depositar en los consulados entre el 22 y el 26 de junio. 

De hecho, en una carta enviada al Ministro de Economía –de su departamento depende el INE, clave en este proceso– el sindicato CCOO avisa a Luis de Guindos de que el hecho de que la logística creada para este proceso se realizara para "poco más" que las previsiones del 20-D puede afectar "gravemente" al cumplimiento del derecho fundamental al sufragio debido al gran incremento de solicitudes. Habrá que ver, por tanto, cómo evoluciona el envío de papeletas en los próximos días. 

Pero me veo forzado a hacerlo por el victimismo con el que la dirigencia socialista reacciona a cualquier intento de análisis sobre las causas de la decadencia de su partido. Uno es zarandeado verbalmente si dice, por ejemplo, que la ascensión de Podemos es debida, entre otras cosas, al hecho de que el PSOE dejara abandonado a buena parte de su electorado progresista en el último y penoso tramo de Zapatero y, ya no digamos, cuando, a través de Rubalcaba, su vieja guardia felipista retomó el control de esa formación. A fuerza de pragmatismo, el PSOE, como sus partidos hermanos en Europa, llevaba años renunciando a ideas básicas de la socialdemocracia: el capitalismo debe ser regulado y corregido a fin de evitar sus excesos; las políticas de gasto progresistas no son sostenibles sin políticas de ingreso progresistas, por lo que los impuestos son la mejor vía para una mínima redistribución justa de la riqueza; la vivienda, la sanidad, la educación, la seguridad ciudadana y un mínimo de renta son derechos imprescriptibles de todos y cada uno de los ciudadanos…

Cuando el 15-M denunció las carencias de un régimen demasiado pagado de sí mismo, el PSOE tuvo una oportunidad de oro para convertirse en el adalid de una reforma profunda y pacífica del mismo, para ser el referente socialdemócrata del deseo de cambio de millones de españoles. Pero no lo hizo: prefirió enrocarse en una defensa numantina de la Constitución de 1978, la monarquía borbónica, la intangibilidad de la unidad de España tal cual está ahora expresada y la imposibilidad de hacer políticas económicas distintas a las impuestas por Bruselas, Berlín y Wall Street.

Los lamentos actuales del PSOE me recuerdan a los de aquel o aquella que ha tenido desatendida a su pareja y se queja de que otro u otra haya terminado seduciéndola. Pues sí, la vida es así, no la ha inventado Pablo Iglesias. Lo que han hecho Iglesias y los suyos es constatar la existencia de un vacío e intentar ocuparlo. Parece legítimo, ¿no?

En la breve legislatura surgida del 20-D, el PSOE tuvo una penúltima oportunidad para reconquistar a esa pareja. Lo escribió aquí mismo Ignacio Sánchez Cuenca y lo dijo en múltiples foros José Antonio Pérez Tapias. El PSOE podría haberse tomado en serio la posibilidad de formar un gobierno de coalición con las fuerzas de izquierda presentes en el Congreso, pero es evidente que tampoco lo hizo. Recién escrutadas las urnas, a Pedro Sánchez se lo prohibieron Felipe González y sus amigos de PRISA, Susana Díaz y los barones castizos, los capos del IBEX 35 y los voceros de Bruselas. El matrimonio exprés en Las Vegas de Pedro Sánchez con Albert Rivera dejó claro que este era el verdadero motivo de la imposibilidad de un “gobierno a la valenciana”. Las torpezas de Podemos fueron notorias, pero no la verdadera causa de que no surgiera una mayoría parlamentaria que terminara ipso facto con el gobierno del corrupto PP.

Escribí hace unas semanas a favor de una coalición electoral de Podemos, Izquierda Unida, Compromís y compañía. Me alegra de que se haya materializado y me alegraría enormemente que, con o sin sorpasso, ese bloque y el PSOE pudieran materializar en un gobierno de coalición el resultado del 26-J que vaticinan los sondeos. Pero me temo que es wishful thinking, me temo que el PSOE, quede por delante o por detrás de Unidos Podemos, tiene las manos atadas para hacerlo. Las presiones de los poderes fácticos para que, por activa o por pasiva, deje gobernar al PP serán descomunales. Ya sé que la militancia socialista no lo quiere ni en pintura, ya sé que ese sería otro paso en la pasokización, pero, insisto, me temo que los patrocinadores y acreedores van a ser muy, muy insistentes.

Entretanto, denunciar con tintes escandalizados que Unidos Podemos aspira al poder es una gilipollez; máxime dicho por alguien que lo ha ejercido, lo ejerce y aspira a seguir ejerciéndolo. Proclamar que uno tiene el monopolio de la socialdemocracia hasta el fin de los tiempos porque en sus siglas está escrita la palabra socialista, supone un insulto a la inteligencia. Y negarle a un competidor la posibilidad de evolucionar cuando se fue marxista y se dejó de serlo en lo que tardan en celebrarse un par de congresos, resulta grotesco.

El PSOE está repleto de gente progresista y muy cualificada para formar parte de un gobierno, algunos de ellos amigos míos. Sería fenomenal que sumaran esfuerzos con Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Mónica Oltra, Ada Colau, Manuela Carmena, Julio Rodríguez y compañía para poner en marcha esa segunda transición, esa reforma a fondo del edificio patrio que deseamos millones de españoles. Y que lo hicieran este mismo verano. Pero supongo que lo más realista es imaginar que, con o sin Rajoy, el PP seguirá en La Moncloa.

El último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), a pocas horas del arranque oficial de la campaña electoral, dejó en la dirección nacional del Partido Popular un sabor agridulce. En el lado positivo, Mariano Rajoy, aunque muy desgastado, sigue liderando la candidatura que cosecha mayor número de votos [118-121 escaños, frente a los 123 del 20-D]. En el más amargo, los conservadores ven cómo el PSOE, su fuerza preferida para articular una gran coalición, pierde la segunda posición devorado por Unidos Podemos, la alianza entre Izquierda Unida y la formación liderada por Pablo Iglesias. Nada más conocerse los datos, el presidente del Gobierno en funciones se declaraba satisfecho y nada preocupado. Pero esta opinión no es compartida por otros de sus compañeros. Dirigentes del PP consultados por infoLibre se mostraron convencidos de que es el momento de dar un giro a la estrategia huyendo de la "polarización" y del "discurso del miedo" a Podemos.

¿Cómo lo explican? Quienes creen que Rajoy debe replantearse la orientación de la campaña lo justifican apuntando a que, a base de seguir insistiendo en el peligro de que gobiernen "extremistas y radicales" y alertando de las "malas prácticas" de los llamadas instituciones "del cambio" pueden conseguir que la estrategia se les vuelva en contra. A saber: desmovilizar a los suyos, movilizar a los potenciales votantes de Podemos e IU y provocar que la distancia entre estos y el PSOE se agrande.

"No se trata de llamar al voto a Pedro Sánchez –señala con ironía un dirigente regional del PP–, se trata de dejar claro que seguimos considerando al PSOE nuestro principal rival y que, si es necesario, nos gustaría intentar esa gran coalición que no se intentó tras las generales de diciembre". La misma fuente recurre al ejemplo de lo que le ocurrió a Esperanza Aguirre en las municipales de mayo de 2015, cuando no logró la Alcaldía de Madrid tras una campaña basada en ataques permanentes a Manuela Carmena, la candidata de Ahora Madrid.

El 'caso Aguirre'

La propia Aguirre ha reconocido en más de una vez que se equivocó recurriendo tanto a la confrontación en lugar de hacer una campaña más propositiva centrada en su programa electoral. También lo ha dejado por escrito en el capítulo 13 de su libro, Yo no me callo.Yo no me callo

"Yo misma, en la campaña de las elecciones municipales para el Ayuntamiento de Madrid, caí en la tentación de recurrir al miedo a Podemos, en lugar de explicar a los madrileños qué estaba yo dispuesta a hacer como alcaldesa para mejorar su calidad de vida, como ya lo hice en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y, sobre todo, qué ideas y qué políticas lo hicieron posible", admite la lideresa en su libro.

Aznar y "la tentación de polarizar"

También el expresidente del Gobierno y presidente de honor del Partido Popular, José María Aznar. Hace una semana, en unas declaraciones que escocieron mucho en su partido, señaló que"ahora mismo no hay trabajo más importante que hacer a favor de España que el de recuperar la voluntad de concordia para evitar un descarrilamiento histórico que a día de hoy no es en absoluto imposible". "A mi juicio, eso implica abandonar de inmediato cualquier tentación de polarizar, de amedrentar, de extremar, de excluir, de radicalizar, de dividir, de enfrentar a unos españoles contra otros. Porque en esa competición siempre ganan los mismos, que son siempre los peores. Y siempre pierde la convivencia. Hay abundante experiencia acerca de esto", añadió Aznar. "Me parece relevante que nos expliquemos", respondió la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En el equipo de Rajoy insisten en que el resultado del CIS puede serles útil para movilizar a su electorado. Y, de paso, "poner de manifiesto la realidad". Esta, señalan, no es otra que la de que los partidos más a la izquierda del PSOE tienen serias posibilidades de ubicarse tras el PP o, incluso, superarles. 

En este sentido, señalan, los ciudadanos tienen que ser conscientes de que el PP seguirá con la senda reformista que ha permitido "que llegue la recuperación", mientras que el resto de formaciones no garantizan que vaya a mantenerse esta senda.

Casado: "No es polarizar"

La reacción de este jueves a la encuesta llegó en boca de Pablo Casado, el vicesecretario de Comunicación. En declaraciones a laSexta recogidas por Europa Press, volvió a defender una coalición entre PP y PSOE y sostuvo que los datos hechos públicos en el sondeo confirman que hay "dos bloques posibles", en alusión al liderado por su partido o un gobierno de izquierdas, bien liderado por los socialistas o por Podemos.

Respecto a la estrategia, defendió que la de su formación es la acertada. Y que lo que vienen haciendo en las últimas semanas desde el PP "no es polarizar la campaña sino informar  a los ciudadanos de que esos son los dos bloques posibles".

¿Y el liderazgo de Rajoy? 

Durante los meses que han transcurrido desde las generales de diciembre, los conservadores han alimentado la idea de que, en el supuesto de repetirse las elecciones, mejorarían los resultados. El CIS supone un jarro de agua fría para el equipo de Rajoy. 

El CIS pone el Gobierno más cerca de una coalición Podemos-PSOE [166-171] que a la suma entre PP y Ciudadanos [156-160]. En este escenario, la pérdida del Ejecutivo por parte del PP tendría, según las fuentes consultadas, un efecto serio en la situación interna en el Partido Popular.

Los conservadores tiene pendiente la celebración de un congreso para renovar al equipo directivo de 2015. El proceso, parado por Rajoy hasta que haya un candidato a la Presidencia del Gobierno, sería más difícil si el jefe de los conservadores no sigue en la Moncloa. En este caso, coinciden los dirigentes consultados, el líder de PP tendría complicado tutelar ese proceso para que fuese lo más tranquilo posible porque su liderazgo quedaría muy tocado.