Los Servicios Jurídicos de la asociación de consumidores Adicae y el abogado Andrés Herzog colaborarán para extender la petición de responsabilidades de los gestores del Banco de España y la CNMV a los procesos judiciales de otras cajas de ahorros y no solo por la salida a bolsa de Bankia.

En una rueda de prensa celebrada este viernes en Madrid, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, explicó que "no se ha investigado la quiebra sistémica y liquidación de las cajas, sobre la que se construyeron fraudes como las preferentes y que provocó el rescate bancario de 60.000 millones a costa de los consumidores. Si no se esclarece uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de España ni se depuran responsabilidades, corremos un alto riesgo de que de estos fraudes se repitan".

Para Adicae, única organización personada en las principales causas penales de las cajas (Bankia, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caja Castilla-La Mancha o Novacaixagalicia), la investigación no puede reducirse a unas tarjetas black o las prejubilaciones de banqueros.

"En muchos casos, ni siquiera se ha querido investigar la manipulación de las cuentas que conocía perfectamente el Banco de España para que no aflorara la verdadera situación de las entidades. Además, hay que cuestionar el papel del FROB en estos juicios, pues su participación como acusación para defender a los culpables es lo más parecido al fraude procesal", según la asociación.

BdE Y CNMV replicaron en otras cajas su actuación en Bankia

"Miguel Ángel Fernández Ordóñez, la cúpula del BdE y de la CNMV tienen que dar explicaciones en todas las causas judiciales abiertas, no solo en la de Bankia, que ha sido pionera", pues "su comportamiento fue idéntico en todos los casos", subrayó Herzog, abogado de la acusación particular en el caso Bankia. "Los supervisores no son cómplices o colaboradores, sino coautores de los mismos delitos que se están imputando a Rodrigo Rato y los exconsejeros de Bankia", apuntó.

Tanto Pardos como Herzog se mostraron "convencidos" de que los responsables del BdE y la CNMV que imputaron tendrán que sentarse a declarar. El presidente de Adicae les ha llamado a que expliquen el "interés general en el que se justifican para tomar unas decisiones que no pueden considerarse simples errores y por las cuales podrían ir a la cárcel".

A su vez, Adicae va a pedir la reactivación de la causa penal de las preferentes de Bankia, un fraude consentido por el Banco de España y la CNMV para tapar las cuentas, como ocurrió en otras cajas.

Comisión parlamentaria

Adicae y Herzog se mostraron cautos ante una posible comisión de investigación en el Parlamento. "Por la experiencia de este tipo de comisiones, esperemos que no se convierta en un circo mediático de partidos políticos", dijo Herzog; mientras, Pardos cree que "más vale tarde que nunca" y que puede ser "una posibilidad para dar una explicación global de la quiebra de las cajas de ahorros, que representaban más del 50% del sistema financiero español. Es una posibilidad que la ciudadanía no puede perderse y que debe exigir a los partidos, los viejos y los nuevos".

En el caso Bankia, Pardos anunció que tratará de iniciar contactos con las distintas y numerosas acusaciones personadas para coordinar una posición fuerte y aprovechar la oportunidad que se abre con las nuevas imputaciones.

El abogado de la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, ha concluido en el juicio de las black que las tarjetas se crearon "para comprar voluntades" o para "pacificar" el consejo de administración.

Asimismo, el letrado de la acusación popular ha acusado a los 65 procesados en el caso de las tarjetas black de "inventar" excusas para tratar de alejar su reponsabilidad penal en el caso.

En su alocución ante el tribunal de la Audiencia Nacional presidido por la magistrada Ángela Murillo, el exdirigente de UPyD, autor también de la querella que dio inicio a la investigación del caso Bankia, caso Bankia, ha asegurado que los procesados, entre los que se encuentran los expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, respectivamente, se agarran "a un clavo ardiendo" tratando de considerar que el origen de las black estaba en la presidencia de Jaime Terceiro, el antecesor de Blesa.

Asimismo, el letrado del sindicato ha acusado a los procesados de mantener "una estrategia" para hacer más complicada la instrucción. En este sentido, Herzog, que ha dicho que casi "hay una versión para cada uno de los acusados", ha explicado también que como representante de la Confederación Intersindical de Crédito no comparte la benevolencia de la acusación del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia: "No es admisible que un sindicato se financie de esta manera. Ya lo dijo Terceiro en su declaración, que si CCOO y UGT no se hubieran adherido al vergonzoso pacto que llevó a Blesa a la Presidencia, probablemente no estaríamos aquí".

Gonzalo Postigo es el presidente de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que tras el abandono por parte de UPyD del caso Bankia, ha heredado la responsabilidad de ejercer la dirección letrada de la acusación popular, que este lunes ha logrado sentar en el banquillo de los acusados a Miguel Blesa y a Rodrigo Rato, así como otros 63 exdirectivos de Caja Madrid y Bankia.

Pese a que tiene fijada su residencia en Zaragoza, Postigo vive realmente en el AVE entre la capital maña y Madrid, ciudad a la que acude casi todas las semanas en representación de la Confederación Intersindical de Crédito, que hasta la caída de las cajas de ahorros incluía la palabra Cajas en vez de Crédito.

Pregunta. ¿Por qué ustedes llevan la dirección letrada de la acusación del caso de las tarjetas black, que es una pieza separada del caso Bankia? caso de las tarjetas blackcaso Bankia

Respuesta. "Nosotros, al igual que UPyD interpusimos una querella contra Bankia, pero tras abandonar la formación política el caso, la dirección letrada recayó en nosotros".

P. Su sindicato ha pedido penas de cárcel muy por encima de lo que reclamó la Fiscalía Anticorrupción...

R. "Si, además, en nuestro escrito de acusación mantenemos dos delitos para Blesa, Rato y Sánchez Barcoj, que son en concreto apropiación indebida y administración desleal. Y en total les solicitamos diez años de cárcel para ellos, y seis para los 62 restantes. Con ello la acusación popular respresentada por la CIC obstenta el techo de las penas, ya que la Fiscalía sólo pedía seis años para Blesa y cuatro y medio para Rato. Asimismo, hemos conseguido evitar que algunos imputados no comparecieran en el juicio oral, como es el caso del exjefe de la Casa Real Rafael Spottorno y otros, sobre los que la Fiscalía no veía delito".

P. ¿Qué eran para usted las tarjetas opacas?

R. "Miguel Blesa perfeccionó un mecanismo, el de las tarjetas black, que eran una máquina de ocultar dinero al fisco. Este hecho nos causa una tremenda indignación, ya que este señor procedía profesionalmente de la función pública, y más concretamente de la Agencia Tributaria. Blesa perfeccionó este mecanismo ilegal, para mantenerse en la presidencia de Caja Madrid, creando una red clientelar pagada en parte con las black, mientras por otro lado se mantenía una gestión delictiva que produjo el saqueo y rescate de Caja Madrid-Bankia".

P: En esa red clientelar que usted denuncia estaban el PP, PSOE e IU, pero también la patronal y los sindicatos...

R. "Sí, entre los que utilizaron las tarjetas black se encuentran sindicalistas de CCOO, UGT y ACCAM (Cuadros de Caja Madrid). Nos causa estupor que entre todos dispusieran de 1,4 millones de Blesa, sabiendo que Pedro Bedia Pérez participó en las negociaciones del convenio colectivo y que Francisco Baquero, pareja sentimental de la responsable de banca de CCOO, María Jesús Paredes, firmase los acuerdos del sector. Esto tienen que saberlo los compañeros, para poder dar una explicación a la pérdida de derechos que desde 1986, convenio tras convenio, hemos tenido que soportar los trabajadores del sector de ahorro". 

P. Los sindicalistas y el resto de procesados aseguran que era un complemente retributivo legal...

R. "Las black de estos sindicalistas son doblemente ilegales, porque todo lo que atañe a las relaciones sindicales debe estar recogido en un acuerdo recogido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, y este no existe o dicho acuerdo no ha sido aportado a la causa, vulnerando de esta manera, una vez más, la libertad sindical. Nosotros vamos a llegar hasta el Tribunal Supremo para evitar que ocurra lo que ocurrió en el caso de las cajas gallegas, en el que sus dirigentes no han ingresado en prisión, y nosotros mantendremos la misma petición de penas hasta el final".

La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, declara este viernes como testigo en la Audiencia Nacional después de que el juez que investiga el caso Bankia en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, mostrara este jueves un evidente cabreo contra altos funcionarios del Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB) y el Banco de España.

La irritación del magistrado tiene su origen en que responsables de estos dos organismos del Estado elaboraron un informe, a espaldas del magistrado instructor, y que en última instancia favorece los intereses de Rodrigo Rato, que fue el que en última estancia aportó el documento al caso.

Tal y como reconocieron en sus declaraciones como testigos esta semana, el director general de Regulación del Banco de España (BdE), Julio Durán, y el director general de Supervisión del organismo regulador, Mariano Herrera, estuvieron en el origen de la petición del FROB al Banco de España de un contrainforme alque realizaron los peritos judiciales, que tras dos años de trabajo concluyeron que las cuentas de Bankia habían sido maquilladas antes de la salida a bolsa en julio de 2011. Pero como se ha conocido este semana, al final el contrainforme que apoyaba los intereses fue firmado por Mariano Herrera y Julio Durán.

"Instrumentalizar las instituciones"

La evidencia del cabreo del juez se constata al conocer sus intervenciones en los interrogatorios. En concreto, en el de Durán, que se llevó a cabo el pasado martes,  Andreu se dirigió al testigo para decirle: "¿No debería de haberse abstenido de darse respuesta a sí mismo?". Además, según dos personas presentes en la declaración del alto funcionario del Banco de España, el juez preguntó entonces: "¿Cree que se pueden instrumentalizar las instituciones públicas para influir en el procedimiento?".

El director general de Estabilidad Financiera del Banco de España, Julio Durán. 

Y este jueves, en la comparecencia de otro de los altos funcionarios que actuaron como juez y parte al pedir y después realizar el contrainforme, Mariano Herrera, el juez volvió a estallar al ponerse al descubierto las maniobras de las instituciones del Estado, llegando a calificar de "artimaña" su actuación.artimaña

Pero el contrainforme que el FROB, el organismo creado por el Gobierno para reflotar las cajas de ahorros, reclamó al Banco de España el 25 de febrero de 2015, y que acabó aportando Rato al juez, no es el único documento que tiene su origen en las instituciones, controladas por el PP, y que acaban favoreciendo los intereses de los imputados.

Expulsión del FROB

El FROB, en un polémico escrito de marzo de 2015, entregó en un escrito dirigido al juez un dos informes. En el primero incorporaba "el criterio técnico del Banco de España sobre la interpretación de algunos aspectos concretos", y en el segundo, elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y firmado por el director general, Antonio Carrascosa, contradecía las conclusiones de los peritos judiciales, que habían censurado las actuaciones de Rato y su equipo.

De esta forma, el FROB lograba incorporar al caso las versiones del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que no había reclamado el magistrado que instruye el caso, Fernando Andreu.

Esta iniciativa, que tomó el FROB también a espaldas del juez, actuó como un resorte entre las acusaciones populares y particulares, que liderados por el abogado Andrés Herzog, entonces en representación de UPyD, reclamaron al juez Andreu, sin éxito, la expulsión del FROB como acusación particular.

El abogado de la CIC Andrés Herzog 

El letrado Herzog, que ahora ejerce la acusación popular en representación de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), pidió entonces la expulsión en un escrito, al que se sumaron el resto de acusaciones, entre las que se encuentra el muy activo movimiento ciudadano 15MpaRato15MpaRato, al considerar que el FROB defendía con sus actuaciones y sus informes a los imputados. "No nos consta que el FROB haya llevado a cabo ningún tipo de actuación procesal dirigida a la práctica de diligencias a fin de impulsar la investigación", se lamentaba Herzog.

El ahora letrado de la CIC consideraba que el FROB, un organismo controlado por el Gobierno, "había intentado limitar o constreñir la instrucción, oponiéndose a peticiones o diligencias de investigación solicitadas por las acusaciones y, lo que es más grave en nuestra opinión, cuestionando los indicios delictivos que dieron lugar a su apertura".

Elvira Rodríguez

Sin embargo, el juez Andreu no expulsó al FROB del procedimiento, por lo que en todo momento ha actuado, aseguran las acusaciones, en defensa de los intereses de los imputados.

Pero la actuación de la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, también ha sido criticada por las acusaciones. Ella fue la autora, junto con el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, de una carta que enviaron el 29 de abril de 2014 a la presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Ana Martínez Pina, en la que le pedían que no sancionara a la auditora Deloitte, que no alertó del agujero de Bankia.

Elvira Rodríguez (2i) en un acto con Esperanza Aguirre en presencia de Rodrigo Rato (6i). 

Elvira Rodríguez y Fernando Restoy, que firma la misiva "por ausencia del gobernador del Banco de España", aseguran que los trabajos realizados por Deloitte como consultora en la salida a bolsa de Bankia, hechos al margen de su labor de control de la entidad financiera, se llevaron a cabo a petición de la CNMV y del Banco de España.

12 millones de multa

De esta forma, Rodríguez y Restoy trataban de eliminar la contradicción por la que acabó siendo sancionada con una multa de 12 millones, ya que mientras controlaba las cuentas de Bankia como auditora, Deloitte se hizo con importantes contratos vinculados a la salida a bolsa pilotada por Rato, como si de una simple consultora se tratara.

La importancia de esta carta se constata al conocer que Deloitte la ha aportado al juez Andreu en un intento de trasladar la responsabilidad a la CNMV, cuya presidenta, Elvira Rodríguez, declara este viernes como testigo a propuesta de la auditora.

Pero las injerencias de las instituciones no acaban ahí, ya que el Banco de España elaboró un documento de nueve páginas, y que también reclamó de forma sorprendente el propio Rato. Este último dossier había sido enviado a un juzgado de Navalcarnero (Madrid) por el Banco de España, a petición de Bankia.

Documentación del Banco de España

El magistrado Andreu, por su parte, solicitó este miércoles al Banco de España toda la documentación relacionada con su supervisión del grupo BFA Bankia durante el año 2011, incluidos los reportes internos de las reuniones celebradas entre el equipo inspector designado por el organismo supervisor y los principales directivos de la entidad, informa Europa Press.

En julio de 2012, Andreu imputó al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a una treintena de antiguos miembros del Consejo de Administración, así como a Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas por indicios de delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

El juez Andreu acordó en noviembre de 2015 aumentar hasta los 38.290.648 euros la fianza en concepto de responsabilidad civil impuesta a la entidad financiera, su matriz BFA, el expresidente Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el antiguo consejero delegado Francisco Verdú y el que fuera consejero ejecutivo y secretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella.

El abogado y excandidato de UPyD en las pasadas elecciones del 20 de diciembre, Andres Herzog, ha advertido de que si la Audiencia Nacional acaba imponiendo condenas "residuales o simbólicas" a los consejeros con tarjetas black será un "despropósito" que ahondará en la "desafección a la Justicia y las instituciones". "Al margen de que algunos hayan devuelto el dinero, es importante que la sociedad vea que estos delitos no salen gratis", ha zanjado.

En una entrevista, concedida a Europa Press, Andrés Herzog ha confesado regresar con "ilusión" a la abogacía, tras haber llegado a un acuerdo con la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) para dirigir su representación legal y seguir liderando la acusación popular en los casos de Bankia y las tarjetas black.

Este sindicato, muy activo en las batallas judiciales para perseguir a los responsables del agujero de las cajas de ahorros, solicitará hasta diez años de cárcel para los expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y su número dos Ildefonso Sánchez Barcoj, las mismas penas que solicitaba la formación magenta, que ha renunciado a continuar en el procedimiento.

Para Herzog, es "incomprensible" que la Fiscalía Anticorrupción no acuse del delito de administración desleal a los gestores que "fomentaron, crearon y permitieron el sistema de las tarjetas opacas" que condujo a que los consejeros y directivos de la caja madrileña distrajeran "grandísimas" cantidades de dinero.

"La CIC comparte esta visión y mantendrá la acusación en el acto del juicio para defender penas más razonables porque hay clarísimamente delitos de administración desleal y apropiación indebida", ha proseguido, antes de hacer una advertir de la importancia de que la sociedad perciba que "la Justicia es igual para todos" y "quien la hace la paga".

"Confío en que no quede en una condena simbólica o residual como estamos viendo, lo cual colabora a la desafección de la gente respecto a la política, la Justicia y las instituciones. Es muy importante que se perciba que las instituciones funcionan y quien la hace la paga. No hay más vuelta de hoja. Cualquier otra opción me parecería un despropósito, teniendo en cuenta el perjuicio que han ocasionado no solo con las black, sino con el desfalco de Bankia, que hemos pagado entre todos los españoles", ha aseverado.

Entre otras penas, Anticorrupción solicitará en el juicio una pena de cuatro años y medio de cárcel para Rato, otra de seis años para Blesa y dos años para el exdirector general financiero de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj y el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno, lo que posibilita a estos últimos eludir el ingreso en prisión. UPyD logró la reapertura de la causa de 16 imputados, entre los que se encontraba Spottorno.

Herzog ha dicho regresar con "ilusión" a su profesión tras cuatro años "intensos" dedicados a la política, la cual no la concibe como "una forma de vida, sino como una oportunidad de involucrarse en temas sociales y devolver a la sociedad parte de lo que ha recibido". "Lo vivo con naturalidad", ha respondido.

En este punto, ha destacado que la política ha sido una "experiencia vital muy interesante para lo bueno y lo malo" y que no descarta involucrarse "en algún momento, igual no en un partido pero desde otros ámbitos de la sociedad civil se puede hacer política". "Ahora quiero distanciarme un poco de la política, un tiempo de reflexión y tomar distancia en la vida es necesario", ha añadido.

Antes de asumir responsabilidades en la dirección de la formación magenta, Herzog trabajaba en el despacho de abogados Garrigues, donde llegó a alcanzar el cargo de asociado. Después, fue el impulsor de todas las acciones judiciales de UPyD, como las emprendidas contra Bankia, las preferentes, las tarjetas black o los Pujol.

El parlamentario vasco Gorka Maneiro anunció que presentará su candidatura para dirigir UPyD a partir del próximo 2 de abril, fecha en la que la formación celebrará su Congreso Extraordiario, informó Europa Press.

En un post publicado en su blog, indicó que esta decisión "no es un acto de valentía sino de responsabilidad política y de lealtad" con el proyecto político que llevan ocho años defendiendo "y con cada uno de los afiliados, los dueños del partido".

"Y lo hago convencido de que el empeño merece la pena y de que, si acertamos con las decisiones que deben tomarse, UPYD recuperará sin duda la confianza de los ciudadanos", añadió.

Maneiro aseguró que su propósito es conformar una candidatura integradora de personas "convincentes y convencidas" que representen la esencia política de UPyD, estén dispuestas a "impulsar los cambios" que necesitan y que "congenien con la inmensa mayoría de la sociedad española".

"Conociendo a las personas que conforman UPyD y el compromiso de todas ellas, no tengo dudas de que será la candidatura que una y vuelva a ilusionar a la afiliación y recupere la confianza de la ciudadanía", aseguró.

Para ello, según apuntó, hará falta "inteligencia y habilidad política, ingenio e imaginación, profesionalidad y experiencia" y también "pasión, desparpajo y valentía a raudales". "Y optimismo. Y alegría", aseguró.

Maneiro señaló que va a ser "indispensable arriesgar, innovar y sorprender" y afirma que es una "evidencia" que hay "espacio político" para UYyD. Aseguró que ahora se trata de "ser audaces y acertar con las decisiones que se tomen" y reconocer que "no va a ser fácil", pero considera que "merece la pena seguir peleando"

"La mayor parte de las ideas esenciales que llevamos defendiendo ocho años no han sido alcanzadas, es decir, no hemos logrado nuestros objetivos, aunque desde luego hemos logrado un éxito evidente que deberíamos reconocerlo públicamente", afirmó.

Tras indicar que han "revolucionado" la política española, manifiestó que ningún otro partido defiende todo lo que UPyD defiende, "ni, desde luego, lo hace con la misma profundidad, claridad y coherencia ni con los mismos principios".

"Basta con analizar el acuerdo firmado por el PSOE y Ciudadanos esta misma semana (y su presentación pomposa y, por lo tanto, fraudulenta): más allá de que haya determinados elementos positivos como la supresión de aforamientos, descartan reformar a fondo y en todos sus ámbitos el mastodóntico Estado Autonómico y blindar la igualdad de los ciudadanos españoles", señaló.

Asimismo, indicó que, en ese acuerdo, reconocen los "hechos diferenciales"; "salvaguardan" los privilegios fiscales vascos y navarros; asignan a las CCAAs responsabilidades en política exterior y proponen "cambiar el nombre" de las diputaciones pero no suprimirlas mientras blindan las diputaciones forales vascas.

A su juicio, todo ello y el panorama político en general demuestran que UPyD es "necesario" y, por ello, defendió "abrir una nueva etapa" en la formación.

Añade que para lograr sus objetivos deben ser un partido político "más abierto y flexible" y que "escuche más a sus propios afiliados y a los ciudadanos en su conjunto".

"Un partido político que lance un mensaje de optimismo y esperanza a los votantes y que utilice un lenguaje que enganche. Un partido político más permeable a los movimientos sociales y más cercano a la calle. Un partido político organizativamente más flexible, ligero y descentralizado", afirmó.

Asimismo, defendió un partido político que "recupere a las valiosísimas personas que se fueron" y abra de "par en par sus puertas a quienes quieran incorporarse por vez primera a este proyecto".

"Y obviamente, un partido político inequívocamente nacional, laico y profundamente progresista que defienda la igualdad en España y más bienestar para todos", indicó Maneiro, que reconoció que tuvieron "grandísimos aciertos" pero también "errores".

El candidato de UPyD en las elecciones del pasado 20 de diciembre, Andrés Herzog, acudió este lunes a las oficinas del Servicio Público de Empleo (SEPE) para darse de alta en el paro.

"Esta mañana tengo cita para darme de alta en el paro", anunció Herzog en su cuenta de Facebook, imaginando a continuación la conversación con el funcionario de la oficina: "¿Última ocupación? Candidato a la presidencia del Gobierno". Herzog detalla que la fecha del despido fue el 20 de diciembre, "notificado mediante papeleta en urna por los ciudadanos", e imagina que se alegrarán de ello "en algún que otro despacho de la última planta de ciertas torres".

"Qué pena de país"

De hecho, recuerda que una de las consecuencias de su no elección será que no estará presente en la declaración del extesorero del PP, Luis Bárcenas, en la Audiencia Provincial de Madrid por la destrucción de los discos duros en los que estaba almacenada la presunta contabilidad del PP.

Sin embargo, reconoce que tampoco se puede quejar "viendo cómo va España", ya que tiene 42 años y es la primera vez que se encuentra en situación de desempleo. "Por cierto, para darte de alta en el paro tienes que acudir a una administración, la autonómica, y para gestionar las prestación por desempleo a otra", denuncia Herzog, quien lamenta haber recibido calificativos de "facha" precisamente por haber pedido durante la campaña electoral la centralización del sistema sanitario, social o educativo. "En fin, qué pena de país..", concluye su escrito.

Herzog dejó el liderazgo de UPyD hace dos semanas después de los malos resultados obtenidos en las urnas, donde la formación magenta se quedó en el 0,61 por ciento de los votos. El partido ha quedado ahora en manos de una gestora encabezada por su diputado en el Parlamento vasco, Gorka Maneiro. Antes de asumir responsabilidades en la dirección de la formación magenta, Herzog trabajaba en el despacho de abogados Garrigues, donde llegó a alcanzar el cargo de asociado. Después, fue el impulsor de todas las acciones judiciales de UPyD, como las emprendidas contra Bankia, las preferentes o las tarjetas black de Caja Madrid.

El portavoz nacional de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Andrés Herzog, anunció este sábado que "cederá el testigo" a un nuevo equipo de dirección tras los resultados obtenidos en las elecciones generales del pasado 20 de diciembre, en las que la formación pasó de tener cinco diputados en el Congreso la pasada legislatura a no obtener representación parlamentaria en esta, informa Europa Press.

Así lo comunicó el partido tras la reunión del Consejo de Dirección, en la que se acordó que la dirección del partido recaerá ahora sobre Gorka Maneiro, hasta ahora portavoz adjunto del partido y diputado en el Parlamento Vasco. El traspaso de la responsabilidad se realizó según lo dispuesto en los estatutos de UPyD y se mantendrá hasta que se decida la fecha de convocatoria del próximo Congreso del partido, según indicó la formación.

Maneiro asumirá el cargo de coordinador de la gestora del partido y apuntó que lo hace con el convencimiento de que "las ideas de UPyD siguen siendo necesarias para España". "Estoy seguro de que la forma de hacer política de UPyD es imprescindible, aún más en la actual situación política y voy a trabajar para recuperar la confianza de los ciudadanos", declara el diputado vasco en un comunicado difundido por UPyD.

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado este miércoles un escrito de acusación en la Audiencia Nacional solicitando un total de 408 años de prisión para el conjunto de los consejeros, directivos y otros miembros de Caja Madrid y Bankia "que disfrutaron de su tarjeta black y cuyos delitos no estaban prescritos", según ha explicado la formación magenta en un comunicado.

Aunque UPyD ya avisó tras las elecciones del 20 de diciembre que abandonaba su lucha contra la corrupción al "no contar con el respaldo de los ciudadanos", explican que "por responsabilidad" han querido presentar este escrito de acusación "ante el riesgo de que muchos de los imputados puedan quedar impunes por la falta de acusación del ministerio público".

En total, el escrito se dirige contra 66 usuarios de las tarjetas opacas. A Rodrigo Rato, Miguel Blesa e Ildefonso Sánchez Barcoj, por manejar "el sistema presuntamente delictivo de emisión, entrega y control de las tarjetas black" le piden diez años de cárcel –seis por delito de apropiación indebida y cuatro por administración desleal– y para el resto, 63 consejeros, seis años de prisión correspondientes al delito de apropiación indebida. Junto a la pena de cárcel, el partido de Herzog exige que se inhabilite a todos los acusados como cargo público y empleado de banca.

UPyD quiere concluir anunciando que su escrito representa a "todas las acusaciones populares con el objetivo de que el eventual abandono del proceso por parte de la formación no haga decaer la incriminación".

El líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Andrés Herzog, ha anunciado que su partido se retira de todas las causas judiciales en las que está personada, alrededor de una veintena, al no contar "con el respaldo" de los ciudadanos "para luchar contra la corrupción".

"No podemos continuar con las acciones judiciales, no sólo por una cuestión económica sino porque creo que no cuento con respaldo de españoles para la luchar contra la corrupción", ha señalado en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Dirección de UPyD.

En los comicios generales del 20D, UPyD ha obtenido 153.498 votos y un 0,61% del apoyo total estatal, el peor resultado desde su primer examen electoral, los comicios de 2008. Tras una legislatura en la que contaba con cinco diputados, en esta ocasión, se queda fuera del Parlamento.

Tras estos datos, Herzog ha dicho que no se siente "legitimado" para continuar adelante con los procesos judiciales "contra los poderosos y los mejores despachos de abogados". Según ha dicho, el inicios de esos procesos "estaba justificado por el respaldo de la gente", algo con lo que a la vista de las generales ya no cuenta.

Eso sí, no descarta que tras relanzar el proyecto UPyD después de una "reflexión" por parte de la dirección del partido UPyD "recupere" el respaldo de su electorales.

Según ha informado el propio Herzog, tras la debacle electoral en los comicios autonómicos y municipales de mayo, UPyD dejó "algunas" causas judiciales, pero no todas. Ahora, tras los malos resultados de las generales, se aparta de todas ellas, alrededor de una veintena.

 El candidato de UPYD a la Presidencia del Gobierno, Andrés Herzog, aseguró este domingo que está "convencido" de que los españoles le van a dar "la confianza" y que va a haber "una altísima participación" en estas elecciones generales, informó Europa Press.

En declaraciones a los medios, Herzog manifestó que aspiran a mantener su "presencia en el Congreso". "Qué se oiga la voz de UPyD, que creo que es una voz distinta al resto y necesaria en España", expresó el candidato de la formación magenta, tras votar en el centro dotacional integrado del distrito madrileño de Arganzuela.

Además, manifestó su deseo que los ciudadanos sean este domingo "muy exigentes", y llamado a los españoles a examinar a los políticos "por hechos y no por las promesas". Por otro lado, ha destacado que este 20 de diciembre es un día "para estar orgullosos del país". "La democracia se ejercita practicándola y estoy convencido de que va a haber una altísima participación", añadió Herzog.

Las encuestas marcan un escenario en el que será imprescindible el diálogo tras el 20-D y ante el que aparecen varias posibilidades de acuerdo. Las principales apuestas de la campaña se han centrado en un pacto entre PP y Ciudadanos como opción más plausible, aunque el estancamiento si no descenso de la formación naranja ha alentado nuevas opciones. Entre ellas, un acuerdo entre PSOE o Podemos. Encima de la mesa también ha estado la 'gran coalición' del viejo bipartidismo, opción que dicen rechazar ambos. 

El reglamento del Congreso establece que en una primera votación es necesaria la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara (176 diputados de un total de 350) para que un candidato sea elegido presidente. En el caso de que no se obtuviera dicha mayoría se procedería a una nueva votación en 48 horas en la que basta la mayoría simple. Si en un plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura no hay presidente sólo habría una salida: convocar nuevas elecciones. 

Estos son los principales escenarios posibles a priori.

01. PP + Ciudadanos

Gran parte de las quinielas de esta campaña han pivotado sobre la hipótesis de que la gobernabilidad tras el 20-D se resolvería con un posible apoyo de Ciudadanos al PP en caso de que los conservadores sean primera fuerza y sumen mayoría absoluta con el partido de Albert Rivera frente a la izquierda. Este viernes el propio Rivera dejó claro que votaría que no "a quien intente formar un grupo de perdedores para desbancar a una lista que gana las elecciones" porque –dijo– "España va mal pero puede ir peor". Esta no sería la primera vez que la fuerza emergente apoya al PP, pues tras las autonómicas facilitó los gobiernos conservadores de Madrid, Castilla y León, Murcia y La Rioja. 

Lo cierto es que todas las encuestas publicadas hasta la fecha coinciden en otorgar la primera posición a los conservadores. Lo que no está tan claro es qué posición ocupará finalmente Ciudadanos. De hecho, los análisis de los estrategas electorales del partido a partir de las encuestas publicadas en las últimas semanas y de los trackings (sondeos diarios) encargados por la formación –que no se pueden difundir por ley desde el pasado lunes– hicieron saltar las alarmas en el PP por el "importante bajón" que está experimentando el partido naranja, lo que complicaría la reelección de Rajoy como presidente del Gobierno. 

02. PSOE + Ciudadanos 

Otra posibilidad que puede salir de las urnas este 20-D es la reedición a nivel estatal de apoyo que Ciudadanos brindó al PSOE en Andalucía y que posibilitó que Susana Díaz se mantuviera al frente de la Junta. Este octubre, meses después de ese acuerdo, el partido naranja volvió a dar un espaldarazo a los socialistas facilitando la aprobación de los Presupuestos para 2016. "Este pacto marca el camino al país", dijo entonces la presidenta andaluza. Pero Rivera no tardó en reaccionar: "Quien extrapole el pacto de Andalucía a España se equivoca". 

No obstante, el líder de la formación emergente sí se mostró este viernes dispuesto a abstenerse y dejar gobernar a la primera fuerza –sea PP o PSOE– en aras de favorecer la gobernabilidad y dar estabilidad a España. 

03. PSOE + Podemos 

El apoyo de Podemos permitió al PSOE recuperar poder autonómico tras las elecciones del pasado mayo. Con el respaldo de la formación de Pablo Iglesias –que no entró en ningún ejecutivo– los socialistas se impusieron en los gobiernos de Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares y Extremadura. Así que otro futurible para el escenario post 20-D es que haya algún acuerdo entre ambos partidos. La cuestión es quién queda por delante de quién. 

Aunque los sondeos sí han reflejado un aumento de Podemos, lo cierto es que ninguna encuesta ha llegado a colocar a la formación de Iglesias por delante de los socialistas. En el partido morado entienden que el PSOE gira a la izquierda cuando le imponen sus condiciones y sus líderes no rechazan de plano investir a Pedro Sánchez siempre que se comprometa a asumir ciertos compromisos. Eso sí, Podemos confía en convertirse en la segunda fuerza y que sean los socialistas quienes tengan que decidir si apoyan o no a Iglesias. 

04. PP + PSOE 

La posibilidad de una 'gran coalición' entre PP y PSOE tras el 20-D se coló en la carrera electoral este jueves. Varios medios de comunicación –citando fuentes del equipo de campaña de los conservadores– informaron de que el PP no descartaba un pacto con el PSOE en el caso de que Podemos alcanzara el segundo puesto en la carrera por la Moncloa y siempre que Pedro Sánchez no formara parte de la operación. Sin embargo, el propio Mariano Rajoy dijo horas después que no contemplaba ese escenario y reiteró que sólo empezará a hablar de pactos el día después de los comicios.

En el PSOE también se apresuraron a rechazar la oferta. Lo hizo Sánchez en un mitin en Zaragoza en el que preguntó al público: "¿Queréis un pacto del PP y el PSOE?". La respuesta fue unánime: no. "Lo que queremos es echarle", añadió entonces el candidato socialista. La actual dirección socialista ha reiterado en infinidad de ocasiones que no se plantea en ningún caso ese escenario. Sí se mostró favorable a un acuerdo en este sentido el expresidente Felipe González en el caso de que el país "lo necesite". También ven con buenos ojos un pacto de este calado la mayoría de las élites económicas (las del IBEX 35) parte de las élites de los grandes grupos de comunicación (cadenas de televisión, radios, periódicos de papel) y ciertas élites políticas de los partidos tradicionales, que creen que la gran coalición es una buena solución ante la amenaza del “radicalismo” político, tal y como escribió el politólogo Ignacio Sánchez Cuenca en un artículo en infoLibre. 

05. Lista más votada con abstenciones 

Otro escenario que puede abrirse tras es el 20-D es que la primera fuerza en número de escaños no logre el voto a favor de ningún otro grupo pero sí la abstención de suficientes diputados como para obtener una mayoría simple en segunda votación.

El reglamento del Congreso de los Diputados establece que, en una primera votación es necesaria la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara (176 diputados) para que un candidato sea elegido presidente. En el caso de que no se obtuviera dicha mayoría se procedería a una nueva votación en 48 horas en la que basta la mayoría simple. Es decir, que el presidenciable obtenga más síes que noes. 

06. Nuevas elecciones 

La imposibilidad de que las fuerzas que obtengan representación parlamentaria este 20-D lleguen a acuerdos puede llevar a la celebración de nuevas elecciones. El reglamento del Congreso establece que si transcurren dos meses a partir de la primera votación de investidura y ningún candidato ha conseguido la mayoría (absoluta o simple), el presidente de la Cámara someterá a la firma del rey el decreto de la disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones y lo comunicará al presidente del Senado.

UPyD nació en 2007 con vocación de fragmentar el bipartidismo dominante en el panorama político español. Hoy, ocho años después, los partidos emergentes han generado un escenario de nuevos retos para la formación magenta. El fin del bipartidismo puede, paradójicamente, coincidir también con el fin de UPyD. Ninguna encuesta le ha otorgado representación parlamentaria.

Al partido, liderado por Andrés Herzog desde julio de este mismo año, le diferencia de los demás "la coherencia, haber hecho lo que otros prometen en cosas tan complicadas como combatir la corrupción", según defendió el candidato en una entrevista con el diario El PaísEl País.

Es precisamente su constante lucha contra la corrupción una de las armas que ha esgrimido UPyD en la carrera hacia el 20-D, como seña de identidad para tratar de diferenciarse de sus oponentes.

'Tour de la corrupción'

El lunes 7 de diciembre el líder de UPyD inició lo que él y su equipo bautizaron como Tour de la corrupción, un recorrido por diferentes espacios de Madrid vinculados a conocidos escándalos, y que partió de la calle Génova número 13, la sede nacional del PP.

El partido, que ya había iniciado su particular cruzada contra la corrupción en octubre a través de la campaña de crowfunding Rato y Blesa al talego, prestó especial atención al escándalo de las tarjetas black y a los estafados por las preferentes de Bankia. "Nadie denunció las tarjetas black, ningún partido, porque todos estaban en el ajo", lamentó Herzog durante la jornada. Y recordó que "las preferentes nacieron con el PSOE, crecieron con el PP y hubo cientos de miles de estafados".

Frente a los partidos tradicionales, a quienes acusan de una corrupción "sistémica", UPyD también critica a las nuevas formaciones que han irrumpido con fuerza durante este año. A Podemos les acusa de "populismo", a Ciudadanos de "oportunismo", y a ambos de no combatir con hechos aquello que denuncian con discursos. Al partido de Albert Rivera, además, le reprochan haber apoyado al PSOE y al PP en Andalucía o en la Comunidad de Madrid.

'Operación gallina'

Otro de los pilares de la campaña electoral ha sido su denuncia ante el nuevo monopolio que ha generado la aparición de los nuevos partidos. Reivindicaron, ante tal situación, poder participar en los debates electorales que durante la campaña han copado los medios de comunicación con los rostros de los principales candidatos, excepto el de Herzog y Alberto Garzón (IU-UP).

Como protesta, impulsaron la Operación Gallina, una serie de actividades en las que la formación acusaba a Podemos, Ciudadanos, PP y PSOE de no querer enfrentarse al líder de UPyD en igualdad de condiciones.

Siguiendo por esta línea, el pasado 7 de diciembre Herzog se concentró frente al plató donde se celebraba el debate a cuatro organizado por Atresmedia, acompañado por una veintena de personas que portaban máscaras con el rostro del candidato. Pero sus acciones no se han reducido a meros gestos simbólicos.

Herzog y simpatizantes de UPyD se concentran ante la sede de Atresmedia

La lucha de UPyD por aparecer en la pequeña pantalla les ha llevado a recurrir la decisión de la Junta Electoral, quien valoró que su ausencia en el debate quedaba compensada por su aparición en otros programas televisivos. Herzog también exigió ser entrevistado en los programas de Bertín Osborne, María Teresa Campos y Pablo Motos, igual que sus adversarios, pero la Junta Electoral desestimó de nuevo sus peticiones.

El pasado 10 de diciembre, Herzog participó en un debate a nueve organizado por TVE, donde una vez más recalcó que "UPyD nació para combatir la losa del bipartidismo, y ahora nos quieren dar el cambiazo del bipartidismo al bis-partidismobis-partidismo". Instó, una vez más, a los partidos emergentes a que "prediquen" y combatan la corrupción como han hecho ellos hasta el momento.

El partido culpa a los medios de su falta de proyección de cara al 20-D. Reprocha su escasa presencia en los debates y en las encuestas electorales –que le otorgan menos del 1% en estimación de voto–, y mantiene con firmeza su confianza en el electorado, que hace cuatro años lo aupó hasta convertirlo en la cuarta fuerza más votada, y que el domingo decidirá si la formación queda esta vez fuera del juego parlamentario. Algo que lógicamente complicaría su subsistencia.

Las "trabas" al voto exterior –de las que se han hecho eco los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)– han constituido uno de los temas de debate de esta campaña. El colectivo de emigrantes lleva meses denunciando que la multiplicación de trámites a la que les obliga la reforma electoral de 2011 está generando una auténtica "masacre" con el voto exterior que se va evidenciar de nuevo con una bajísima participación el próximo domingo. Sin embargo, hay un dato que todavía se desconoce: cuántas personas tienen derecho a voto desde el extranjero y a las que, por tanto, afectan estos obstáculos para ejercer su derecho al sufragio. 

1.875.272 personas están inscritas en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) y, por tanto, tienen derecho a votar este 20-D por su condición de españoles residentes de forma permanente (al menos, desde hace más de un año) en el extranjero. De ellos, sólo 149.849 han manifestado su voluntad de votar, es decir, ha cumplimentado los trámites que establece desde 2011 la ley electoral, que obliga a este colectivo a rogar el voto antes de cada elección. Son apenas un 8% del total. 

Pero, ¿son estos 1.875.272 electores todos los españoles mayores de 18 años que viven en el extranjero y que, por tanto, tienen derecho a voto? La respuesta es clara: no. El CERA lo crea el Instituto Nacional de Estadística (INE) con los datos remitidos por los consulados a partir de otro registro, el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero o PERE. Lo que ocurre es que el PERE no registra exhaustivamente a todos los españoles que residen en el extranjero, pues la inscripción es voluntaria y tampoco presenta grandes incentivos, tal y como se recoge en el informe La emigración de los jóvenes españoles en el contexto de la crisis, realizado por el Instituto de la Juventud (Injuve). Según el PERE a 1 de enero de 2015 había 2.183.043 emigrantes españoles registrados. Esta cifra es superior a la del CERA porque incluye a toda la población, incluida la que tiene menos de 18 años y no tiene derecho al voto. 

Entre las ventajas está la asistencia del consulado ante una eventual situación de urgencia, aunque el principal aliciente es la posibilidad de participar en las elecciones convocadas en España. No obstante, desde la reforma electoral de 2011, este colectivo ya no puede votar en las municipales, lo que puede verse como un desincentivo, especialmente para aquellos españoles que llevan poco tiempo fuera y tienen todavía fuerte vinculación con España o esperan regresar a medio o corto plazo. 

Los costes de inscribirse –tal y como recoge el informe de la Fundación Alternativas La nueva emigración española. Lo que sabemos y lo que no– sí son altos. El primero, el mero desplazamiento a la ciudad donde se encuentre el consulado, que puede estar a cientos de kilómetros de donde vive el emigrante. También influye el hecho de que la inscripción como residente en el extranjero conlleva la baja en el padrón en España. Esto puede provocar, por ejemplo, que una persona no pueda seguir inscrita como posible beneficiario de una vivienda de protección oficial. 

La principal rémora, no obstante, tiene que ver con el acceso a la sanidad. El decreto que en 2012 expulsó a los inmigrantes sin papeles del acceso a la atención sanitaria normalizada también restringió el derecho de los españoles a conservar la tarjeta sanitaria si permanecían más de 90 días en el extranjero y habían agotado su prestación de paro. Esta medida provocó un gran rechazo entre la emigración, tanto que el Gobierno accedió el pasado verano a revertirla en parte reconociendo el derecho a la cobertura sanitaria a los emigrantes que estén trabajando en países con los que España no tiene acuerdos y que antes quedaban fueran del sistema público. 

Una muestra sesgada

Los citados informes del Injuve y de la Fundación Alternativas han corroborado que la realidad que reflejan registros como el CERA o el PERE constituyen una muestra pequeña y algo sesgada de la emigración española. Y así se puede comprobar también cruzando datos de estos registros con los de los países de destino. Ambos documentos tomaron el ejemplo de Reino Unido porque actualmente es el principal destino de la emigración española en Europa y ofrece gran cantidad de datos estadísticos. 

Para trabajar en el Reino Unido, así como para recibir ayudas sociales –desempleo, pago del alquiler, exención del pago de ciertos impuestos, sostenimiento de hijos...– es preciso estar registrado en el Sistema Nacional de Seguridad Social Británico. Pues bien, esta entidad cifró en 54.203 las inscripciones de españoles entre marzo de 2014 y marzo de 2015, frente a los 12.731 que se habrían marchado a vivir durante 2014 a ese país según el PERE, el registro en el que se basa el censo CERA. 

Esta comparación permite apreciar claramente como aun teniendo en cuenta que la Seguridad Social británica sólo registra a trabajadores y personas que se benefician de ayudas sociales y, por tanto, deja fuera a estudiantes y menores, el número de emigrantes españoles que se registra cada año en la Seguridad Social británica es sensiblemente superior al de españoles que se han inscrito en el consulado y que registra el PERE. 

Para votar el 20-D, los emigrantes no registrados en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) tenían dos alternativas. O viajar a España y ejercer su derecho al sufragio directamente en urna. O intentar acceder a otro registro consular, el del ERTA (españoles residentes temporales en el extranjero) para votar por correo desde su actual lugar de residencia. De este último registro el INE, al menos por el momento, no ha ofrecido datos ni de cuántas personas lo integran ni cuántas de ellas han rogado el voto para poder participar en las elecciones del próximo domingo. 

Además, la Marea Granate, el colectivo de jóvenes expatriados que en los últimos años está poniendo cara a la nueva emigración, viene denunciando que consulados y embajadas llevan a cabo una "muy discutible y en ocasiones inconsistente" interpretación de la reglamentación aplicable. La consecuencia de esto, aseguran, es que se está dificultando la inscripción como residentes temporales a personas que llevan menos de un año viviendo en su país de destino. Y hacerlo como permanente, denuncian, lleva aparejado los citados desincentivos. 

La conclusión es que saber de forma exacta cuántos españoles residen en el extranjero y, por tanto, se ven afectados por las "trabas" al voto exterior no es posible. En el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) sólo se incluyen las personas que se han dado de alta en los consulados. Pero no hay datos oficiales publicados sobre el número de españoles que están residiendo en el exterior de forma temporal ni, lógicamente, de los que no se han registrado. Estos últimos, claro está, podrán ejercer su voto este 20-D sólo si regresan a España. 

¿A quién perjudica estas trabas?

No existen sondeos que anticipen cuál puede ser el sentido del voto de los emigrantes españoles este 20-D. No obstante, los resultados de comicios anteriores sí pueden dar una idea de a qué partidos han apoyado de forma mayoritaria. 

El escrutinio de las autonómicas del pasado mayo evidenció que los llamados residentes ausentes respaldan, en general, a la izquierda y, en particular, a un partido emergente como es Podemos. De hecho, la formación de Pablo Iglesias fue la más votada entre la emigración en ocho de las 13 autonomías en las que hubo elecciones autonómicas. En cinco de ellas, prácticamente uno de cada tres electores que ejercieron su derecho al voto apostaron por Podemos: Aragón (32,3%), Canarias (29,3%), Castilla-La Mancha (29,9%), Madrid (29,1%) y Murcia (29,5%). También fue primera fuerza en Asturias (23,1%), Cantabria (23,6%) y Baleares (21,8%).

Las únicas dos autonomías en las que el PP ganó las elecciones entre los emigrantes fueron Castilla y León y La Rioja. Además, Compromís ganó en la Comunitat Valenciana, el PSOE en Extremadura y UPN en Navarra. No obstante, la participación en estas elecciones fue bajísma, apenas llegó al 3%. En las generales de 2011 el PSOE fue el partido que ganó en 37 de las 52 circunscripciones, mientras que el PP lo hizo en 14 y Amaiur en una, en Gipuzkoa.

La interpretación del resultado de las últimas autonómicas evidencia que la instauración del voto rogado ha desincentivado el voto de la emigración de más edad y más ligada al bipartidismo y que las fuerzas emergentes podrían ser las grandes beneficiadas de un aumento de la participación del voto exterior que, con los datos disponibles, no se va a producir. 

Izquierda Unida (IU) y Unión, Progreso y Democracia (UPYD) han acusado este lunes a Atresmedia de desoír el mandato de la Junta Electoral Central (JEC) al no haberles hecho una oferta real para compensar su exclusión del Debate a 4 que protagonizan los candidatos a La Moncloa de PSOE, Podemos y Ciudadanos y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El organismo arbitral dio la semana pasada el visto bueno al citado debate avalando la inclusión de Podemos y Ciudadanos pese a no tener representación en el Congreso, pero exigió que se buscase alguna compensación concreta para las formaciones excluidas, tanto UPyD como Izquierda Unida (ahora Unidad Popular), cuyos candidatos, Andrés Herzog y Alberto Garzón, no han sido invitados.

En su resolución, la JEC asumía que las televisiones privadas pueden "organizar libremente" los debates electorales que estimen pertinentes, pero avisaba de que, si deciden hacerlos, "deben respetar los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa".

Tanto IU como UPYD han recibido este lunes la propuesta para compensarles que Atresmedia ha remitido a la Junta Electoral y ambos coinciden en que no puede considerarse una "compensación", puesto que se limita a ofrecerles los espacios de entrevistas que ya tenían previstos para sus candidatos y a informar sobre sus respectivas campañas en sus informativos. Es decir, lo mismo que al resto de partidos que, encima, sí estarán presentes en el debate de este lunes.

"Ninguna de las medidas propuestas por Atresmedia compensa en modo alguno la exclusión en un debate público de nuestro candidato, un debate retransmitido de forma simultánea por varias cadenas, en horario de prime time, sin olvidar la constante publicidad y espacio público en programas informativos y de otra índole que se le ha dedicado durante las semanas previas", ha señalado el representante general de Izquierda Unida-Unidad Popular ante la JEC, Adolfo Barrena.

Ni neutralidad ni pluralismo

Por eso, IU-UP ya ha anunciado que volverá a recurrir ante el organismo arbitral para exigir que se cumpla la normativa electoral y todos los medios, con independencia de su titularidad, respeten los principios de neutralidad informativa y pluralismo.

De su lado, fuentes de UPyD consultadas por Europa Press han denunciado que, en su caso, según el documento remitido por el grupo de comunicación, tendrían aún menos espacio que el resto ya que incluyen dentro de la "falsa compensación" una entrevista a su portavoz parlamentaria, Rosa Díez, que se realizó el pasado mes de noviembre.

Por eso, desde el partido magenta anuncian que están pensando emprender medidas legales contra la Junta Electoral Central "por no hacer su trabajo" y permitir que un medio informativo, aunque sea privado, se salte los principios de pluralismo y neutralidad informativa".

Ante las críticas de ambos partidos, Atresmedia ha garantizado que los representantes de los principales partidos políticos que concurren a las elecciones del próximo 20 de diciembre gozarán de una amplia cobertura informativa en los informativos y programas de Antena 3, La Sexta y Onda Cero, según han informado a Europa Press fuentes del grupo de comunicación.

Herzog, que ha hecho de las denuncias contra Bankia o Rodrigo Rato su principal bandera en esta campaña electoral, ha visitado los enclaves corruptos acompañado de Julio Lleonart, su número dos en la lista el Congreso por Madrid.

Los candidatos magenta han decidido iniciar su periplo en la sede del PP porque allí estaba la caja B del partido, que manejaba su extesorero Luis Bárcenas, y después se han desplazado a otros lugares de la capital.

Una de las paradas la han hecho en la Plaza de Isabel II para recordar que en el Teatro Real "se dieron una comilona black black"(pagada con las tarjetas opacas de Caja Madrid) el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el expresidente de la patronal madrileña y todavía presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Arturo Fernández.

Para recordar a los preferentistas estafados por Bankia, Herzog y Lleonart han incluido en su tour una sucursal de dicha entidad del barrio de Moratalaz, donde se vendieron este tipo de participaciones a enfermos de alzheimer. "Las preferentes nacieron con el PSOE y crecieron con el PP y hubo cientos de miles de estafados", ha denunciado Herzog.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, es el candidato a la Presidencia del Gobierno que cuenta con mayor número de seguidores en Twitter y Facebook. El segundo lugar es ocupado por Mariano Rajoy en Twitter y Alberto Garzón en Facebook.

Los seis candidatos a gobernar España poseen cuentas en las dos principales redes sociales, conscientes de la importancia de estas plataformas para llegar al mayor número de ciudadanos posible y de la repercusión que cualquier declaración o comentario suscitan entre los usuarios.

Twitter sigue siendo la preferida por los políticos y, por tanto, también de los aspirantes a ocupar el Palacio de la Moncloa, que centran su actividad cibernética en esta red, si bien no se olvidan de Facebook que, aunque en menor proporción, también tiene su notable número de adeptos.

Podemos, el más seguido

En Twitter es el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el candidato que concentra el mayor número de seguidores: un total de 1,32 millones. Le sigue el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que cuenta con 988.000 seguidores y, lejos de los dos primeros puestos, se sitúan, por este orden, el líder de IU, Alberto Garzón (401.000 seguidores); el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera (388.000); el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (203.000); y el portavoz nacional de UPyD, Andrés Herzog (11.300).

Salvo Sánchez y Herzog, los demás candidatos superan en audiencia a sus respectivos partidos. Podemos es también el que más seguidores reúne en Twitter (797.000), seguido muy de lejos por el PP (396.000), el PSOE (311.000), IU (249.000), Ciudadanos (229.000) y UPyD (158.000).

De hecho, Sánchez tiene menos seguidores en Twitter de los que tiene su antecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba (232.000), ahora retirado de la primera línea política. Lo mismo le ocurre a Herzog, que tiene 9.000 menos que la exlíder magenta, Rosa Díez, y eso que el aterrizaje en Twitter de la fundadora del partido ha sido reciente.

La política vasca, que durante varios trimestres fue la más valorada en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), reúne el mayor número de seguidores en su perfil de Facebook, la red que viene utilizando habitualmente y en la que ya suma más de 104.000 amigosamigos.

Revilla y Aguirre

En el panorama tuitero aparecen otros líderes políticos muy populares, incluso más que algunos de los candidatos presidenciales. Tal es el caso del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que cuenta con 587.000 seguidores en su haber; la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre (497.000); o las alcaldesas de Barcelona, Ada Colau (314.000), y de Madrid, Manuela Carmena (310.000).

Aunque Iglesias está a la cabeza de los dirigentes políticos con mayor audiencia en Twitter, es el que menos uso hace de la red social. De hecho, su cifra de mensajes publicados es la más baja en comparación con sus contrincantes electorales (10.800 comentarios). El más activo en Twitter es Garzón (44.700 comentarios), al que le siguen Rivera (37.500), Herzog (16.700), Sánchez (14.700) y Rajoy (12.100).

Eso sí, los tuits de los líderes emergentes son los que más repercusión tienen en tanto en cuanto son los que mayor número de rebotes generan entre sus seguidores. De hecho, en los últimos días los comentarios de ambos han llegado a tener hasta 1.400 y 1.100 retuits respectivamente. No ocurre lo mismo con el resto de candidatos, cuyos comentarios no generan tanto tráfico.

El comentario más compartido

Rajoy ha escrito tuits últimamente que han obtenido hasta cerca de un millar de retuits, aunque no suele ser lo habitual. El más compartido ha sido el que recogía la declaración pública que hizo el pasado 9 de noviembre, el mismo día en que el Parlament de Catalunya aprobó la declaración independentista.

Por su parte, los comentarios publicados en la última semana por el candidato de IU han generado cerca de 600 retuits, los del líder del PSOE en torno a 550; mientras que los del de UPyD apenas han superado los 300.

Facebook

En esta red social, el líder de Podemos también es el que cuenta con un mayor número de seguidores (358.000), seguido de Alberto Garzón (250.000). En tercer lugar se encuentra Albert Rivera, que concentra 197.000 seguidores en su página oficial. Tras ellos, los siguientes candidatos con más repercusión son Mariano Rajoy (146.000 seguidores), Pedro Sánchez (89.000)  y el candidato de UPyD, Andrés Herzog (3.000).

Esta noticia ha sido actualizada a las 11:34 del lunes 16 de noviembre

La historia de los debates electorales en España es breve. Hasta la fecha ha habido cinco enfrentamientos entre los candidatos de PP y PSOE: dos cara a cara entre Felipe González y José María Aznar en la campaña de 1993, otros dos entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en la de 2008, y un sólo encuentro entre el propio Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba en 2011. Aunque también ha habido otros duelos, por ejemplo entre responsables económicos –como el de Pedro Solbes y Manuel Pizarro en 2008– o abiertos a más partidos, esos son los que acapararon la mayor cuota de atención.

Ahora, y de cara al 20 de diciembre, hay al menos ocho propuestas sobre la mesa y con formatos muy diferentes. Cuatro enfrentamientos se celebrarán en TVE a partir del próximo miércoles, otros tres tendrán lugar en lunes consecutivos en El País, Atresmedia –el grupo de Antena 3 y La Sexta– y Mediaset –que engloba a Telecinco y Cuatro–, y el último lo acogerá la Universidad Carlos III de Madrid. En cuanto a los partidos, el PP es el único que no ha confirmado la asistencia de su candidato a ninguno de ellos, mientras que formaciones como Izquierda Unida y UPyD lamentan que no se les invite a más citas donde poder exponer sus propuestas.

Estas son las fechas clave para no perderse ningún debate:

18-N. Economía y Empleo en TVE

Aunque Televisión Española aún no lo ha confirmado oficialmente, fuentes de hasta cinco candidaturas aseguran a infoLibre que la radiotelevisión pública ha propuesto a ocho partidos –PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU, UPyD, Convergència y PNV– un menú compuesto por cuatro debates: tres temáticos y uno final, al que se ha invitado a los candidatos a la Presidencia del Gobierno. Se emitirán en el programa El Debate de La 1 que presenta Julio Somoano, el que fuera jefe de informativos de la Corporación hasta octubre de 2014.

El primero de esta serie se emitirá pasadas las 23:30 horas el miércoles que viene y se centrará en la Economía y el Empleo. Han confirmado ya su asistencia Sol Sánchez –número dos de IU por Madrid–, Andrés Herzog –candidato a la Presidencia de UPyD– y Pedro Azpiazu –portavoz adjunto del PNV en el Congreso en la legislatura que ahora toca a su fin–. El resto de formaciones no concretan quién acudirá, aunque no se prevé ningún atril vacío. 

25-N. Otra cita a ocho en la pública

El segundo enfrentamiento televisado en La 1 tendrá lugar justo una semana después. El horario y el escenario será el mismo, aunque en esta ocasión se centrará toda la atención en "las políticas sociales", señalan varias de las candidaturas invitadas a preguntas de este diario. El único asistente confirmado es, en esta ocasión, el número uno de UPyD, Andrés Herzog.

27-N. Albert Rivera contra Pablo Iglesias

Lo que inicialmente quería ser un debate a cuatro será finalmente, salvo cambios de última hora, un cara a cara entre los líderes de partidos nuevos en estas generales, la segunda vuelta del enfrentamiento entre Rivera e Iglesias en Salvados (La Sexta). La asociación Demos de la Universidad Carlos III de Madrid ha organizado un debate al que invitó a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Hasta la fecha, el líder socialista ha declinado la invitación por "motivos de agenda" y sólo los cabezas de cartel de Ciudadanos y Podemos han confirmado su asistencia.

Fuentes de la organización del debate, que se celebrará a las 12:30 de la mañana en Leganés (Madrid) y que podrá seguirse en directo a través de Youtube, señalan que el PP aún no ha dado una respuesta definitiva, aunque los conservadores ya les han advertido de que Rajoy estará a esas horas en el Consejo de Ministros, por lo que no prevén que asista. La oferta alternativa a Rajoy hecha desde Génova fue que acudiera el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado. Los organizadores lo rechazaron, al igual que rechazaron la presencia del diputado socialista Antonio Hernando, ofrecido por el partido en lugar de Pedro Sánchez. Así las cosas y si nada cambia, las sillas reservadas a PP y PSOE quedarán vacías. 

30-N. Debate a tres en 'El País'

A Rivera e Iglesias se les sumará, tres días más tarde, Pedro Sánchez. Será la primera ocasión en la que el líder del PSOE se enfrente a los números uno de Ciudadanos y Podemos. El País también invitó a Mariano Rajoy quien, sin embargo, rechazó asistir. El debate se emitirá en directo a través de la página web del diario del grupo Prisa entre las 21:00 y las 22:30 horas. El periódico asegura que se celebrará en "un plató con público" y que tanto los espectadores como "los usuarios conectados a la web" podrán "formular presuntas a los candidatos".

2-D. Regeneración democrática y un debate plural

El último de los debates temáticos en TVE se dedicará a las propuestas de regeneración democrática. También se incluirá en el espacio El debate de La 1 y se emitirá, como los anteriores, hacia las 23:30 horas. El único partido que tiene ya decidido quién acudirá a ese enfrentamiento televisivo es nuevamente UPyD: el elegido es su candidato a la presidencia del Gobierno, Andrés Herzog. El resto de formaciones, a preguntas de infoLibre, no supieron precisar a quién enviarán.

7-D. Primer debate en campaña

El primer debate confirmado en campaña –el periodo electoral arranca oficiamente el 4 de diciembre– se emitirá a través de alguna de las cadenas del grupo Atresmedia: Antena 3 o La Sexta. La propuesta del conglomerado audiovisual es un debate a cuatro entre Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Consultadas por este diario, fuentes del PP señalaron que no hay nada decidido aún. Aunque en el entorno más próximo al presidente la apuesta es que sólo acuda a un cara a cara con Sánchez y eluda los debates a cuatro, en las filas conservadoras también hay quien cree que sería "un grave error" dejar su silla vacía en esta cita.

Quien ya ha confirmado que asistirá es el líder socialista, Pedro Sánchez. Ciudadanos manifiesta que la presencia de Albert Rivera en este debate aún no está "confirmada a día de hoy". Una portavoz de Podemos indicó este viernes que Pablo Iglesias "irá seguro", si bien precisó que está "por confirmar" la fecha y la hora definitiva.

9-D. Los candidatos en TVE

El último espacio que TVE ha ofrecido por ahora a los partidos es el debate a ocho entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno. Será presentado también por Julio Somoano y se incluirá en El debate de La 1, señalan fuentes de las candidaturas a infoLibre, aunque el horario de emisión se adelantaría en torno a una hora –comenzaría hacia las 22:30 horas– para hacerlo coincidir con el prime time –franja de máxima audiencia–.

A día de hoy es segura la presencia de Alberto Garzón (IU) y Andrés Herzog (UPyD). El PSOE no precisa que acuda Pedro Sánchez y el PP guarda silencio sobre si asistirá Rajoy. Entre los partidos que se presentan por primera vez a unas generales, en Ciudadanos aseguran que está todo aún por confirmar y los portavoces de Podemos, preguntados por la asistencia de Pablo Iglesias, señalan que "irá seguro" pero que todavía no se ha "concretado nada" con RTVE. CDC todavía no tiene un nombre decidido y en las filas del PNV se considera que "lo más probable" es que el encargado de defender a los nacionalistas vascos sea su cabeza de lista por Bizkaia, Aitor Esteban.

14-D. Cara a cara en Mediaset

La última fecha marcada por ahora en rojo en el calendario de los debates electorales es el 14 de diciembre, el lunes previo a las elecciones generales. Mediaset –el grupo que engloba a Telecinco y Cuatro– ha convocado ese día a Mariano Rajoy y Pedro Sánchez a un cara a cara. Por ahora ha confirmado su asistencia el candidato socialista. El presidente del Gobierno no ha respondido a la invitación.

Silencio en el PP y quejas en IU y UPyD

Las diferentes fuerzas políticas encaran con muy distinto ánimo la serie de debates electorales que se les han planteado. Mientras que los grandes partidos se resisten en mayor medida a comparecer ante los electores o delegan en segundos espadas algunos duelos, las formaciones a las que las encuestas auguran un peor resultado se quejan de que no son invitadas a muchas de esas citas o incluso amenazan con recursos ante la Junta Electoral Central en un intento por lograr mayor cobertura mediática.

En el PP se señala que "Rajoy no puede ir a todos los debates" y que serán "otros cargos del partido" quienes asuman muchos de los compromisos estas semanas. Los conservadores no precisaron, a preguntas de este medio, si el presidente del Gobierno se reservará para el duelo con Sánchez o acudirá a algún otro plató para contrastar ideas. En el PSOE, por contra, la postura es más clara y está confirmado que Pedro Sánchez acudirá a tres debates: los de El País, Atresmedia y Mediaset. Sobre las citas en TVE el partido asegura no haber recibido "el plan de cobertura" de la Corporación y pide tiempo antes de una respuesta definitiva. La única negativa segura de Sánchez, hasta la fecha, es al debate ante universitarios el día 27 de noviembre.

En Izquierda Unida se lamentan de que no haya más invitaciones para su candidato, Alberto Garzón, y recuerdan que en elecciones pasadas ya elevaron quejas a la Junta Electoral Central porque consideran que TVE les "excluye" de los debates. Un portavoz de la federación sostuvo en declaraciones a infoLibre que tanto en 2008 como en 2011 la Junta les dio la razón tras impugnar IU los debates "bipartidistas", pero que las decisiones llegaron tarde o no se tradujeron en ninguna compensación concreta a nivel de cobertura informativa. En UPyD, mientras tanto, recalcan que Herzog "no se opone a ningún debate ni formato" y anuncian que recurrirán a la Junta Electoral Central para hacer valer sus resultados de 2011 y estar presentes en los debates.

Fuentes de Podemos, por su parte, señalan que acudirán a "todos" los debates a los que se les invite, pero admiten que todavía hay mucho por decidir en la agenda de campaña y de su candidato, Pablo Iglesias. En Ciudadanos, por último, también se subraya la actitud proclive al debate, pero se admite que los únicos compromisos ya cerrados por parte de Albert Rivera son los del día 27 en la Universidad Carlos III y el del 30 de noviembre en El País.

"Prudencia y proporcionalidad", ha dicho Duran que han sido las palabras empleadas por Rajoy con él en el encuentro que han mantenido esta mañana en el Palacio de la Moncloa acerca del reto soberanista catalán. Según ha explicado, Rajoy le ha comunicado que de entrada se recurrirá al Tribunal Constitucional la declaración de Junts pel Sí y la CUP en el caso de que finalmente sea aprobada por el Parlament, informa Europa Press.

Y "si el Gobierno tiene que tomar una decisión" en el supuesto de una declaración de independencia, "volverá a mantener un contacto" con los responsables políticos, ha relatado Duran.

El presidente de Unió ha defendido ante Rajoy el cumplimiento de la legalidad constitucional, pero ha rechazado que se llegar a aplicar el 155 de la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional. Y ha pedido también diálogo, una reforma de la Constitución que recoja la singularidad catalana en una disposición adicional y una reforma fiscal y de financiación para su comunidad.

El líder de UPyD, Andrés Herzog, ha instado por su parte a Mariano Rajoy a que acuda a la "vía penal" para perseguir por el delito de "conspiración para la sedición" a los independentistas catalanes y le ha pedido que active ya el artículo de la Constitución que prevé la suspensión de la autonomía. Tras reunirse durante casi una hora con el presidente del Gobierno, Herzog ha explicado en rueda de prensa que ha pedido a Rajoy la ayuda de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado para la querella criminal que ya ha presentado UPyD contra los promotores del proyecto independentista.

Herzog también ha emplazado al presidente del Gobierno a activar inmediatamente el artículo 155 de la Constitución con el que se podría suspender la autonomía de Cataluña, no sólo para hacer frente a lo que puedan hacer los "golpistas", sino para desmontar las estructuras de Estado creadas ya en la comunidad.

UPyD también quiere que el Estado deje de financiar el independentismo de forma que, a partir de ahora, todas las ayudas económicas "sean finalistas" y estén destinadas exclusivamente a garantizar servicios públicos como la sanidad o la educación, ahora en peligro. Herzog ha trasladado a Rajoy el apoyo de su partido en la defensa de la unidad de España con la "máxima lealtad", un apoyo que es "para actuar" y "para hacer cosas" y no para la mera "retórica".