El recibo de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) fue en septiembre un 15,4% más caro que hace un año, ya que ha pasado de los 70,62 euros de 2024 a los 81,49 euros del mes de pasado, según un análisis de Facua dado a conocer este martes y recogido por EFE.

La factura de septiembre es la tercera factura más cara del año, aunque muy por debajo de los 95,70 euros de enero, ha explicado en un comunicado. El recibo mensual se ha incrementado en septiembre un 1% frente a los 80,71 euros de agosto para el usuario medio, esto es, un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales.

En los últimos años, la factura del usuario medio del mes de septiembre fue de 70,62 euros en 2024, de 76,37 euros en 2023, de 137,93 euros en 2022, de 102,71 euros en 2021 y de 66,78 euros en 2020. Para abaratar la factura, Facua reivindica modificaciones de calado en el sistema de fijación de tarifas para evitar que las energías más caras sigan inflando la tarifa semirregulada.

Reclama desde 2021 que la nuclear y la hidroeléctrica salgan de la subasta marginalista diaria y sean sometidas a precios fijos fijados por el Gobierno a largo plazo, ha recordado en la nota.

De esta forma, se evitarían los denominados beneficios caídos del cielo de estas tecnologías gracias al diseño que desde hace décadas tiene el sistema marginalista, donde el precio de mercado lo determina la oferta más cara que permite satisfacer la demanda cada hora, ha explicado.

Asimismo, demanda medidas para fomentar que los consumidores optimicen la potencia contratada en sus viviendas, ya que, según Facua, los consumidores domésticos pagan a las eléctricas cerca de mil millones de euros de más cada año por el exceso de kilovatios que figuran en sus contratos.

El último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondiente al segundo semestre del año pasado, indica que siete de cada diez viviendas tienen contratada una potencia superior a la que necesitan.

La comisión ejecutiva del Club Español de la Energía, que encabeza el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha advertido de que nuevas cargas impositivas sobre el sector energético tendrán un impacto "directo y negativo" para España como destino de sus inversiones, así como sobre la competitividad, el empleo y la lucha contra el cambio climático, informa EFE.

En una declaración remitida este miércoles, el citado órgano, donde también están representadas compañías como Iberdrola, Endesa, Repsol y Moeve (antes Cepsa), insisten en que el actual Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) requiere de un proceso inversor "perdurable" para alcanzar sus objetivos, por lo que "resulta fundamental evitar la incertidumbre". En su opinión, habría que promover un entorno favorable basado en procedimientos normativos adecuados, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria y fiscal para materializar los 308.000 millones de euros de inversiones estimadas, de las que un 82 % debe provenir del sector privado.

Pero prorrogar o incluir nuevas cargas impositivas a las compañías del sector energético "dificultará la materialización de las inversiones que es necesario llevar a cabo, estimadas en más de 30.000 millones de euros para los próximos tres años, así como el desarrollo y viabilidad económica y financiera de los proyectos", añade.

La declaración se conoce a las puertas de que el Congreso de los Diputados debata este jueves el paquete fiscal del Gobierno. La pieza clave de la negociación es el mantenimiento del gravamen a las energéticas, después de que el Ejecutivo pactara con ERC, EH Bildu y BNG extenderlo un año -vía real decreto ley-, pero sin alterar el acuerdo previo cerrado con Junts para que no afecte a las empresas que invierten en descarbonización. El gravamen que se aplica ahora fue aprobado en plena crisis energética, a finales de 2022, con un carácter temporal y extraordinario, para incrementar la aportación fiscal del sector en un momento de beneficios récord que las autoridades atribuyeron a los altos precios del gas y la electricidad.

El texto vigente afecta a todas las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones de euros en 2019, excepto aquellas cuya actividad energética no sea la principal; así como a las productoras de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino en España. Conforme a lo previsto, ha gravado concretamente durante dos años -2023 y 2024, con referencia a las cuentas del ejercicio anterior- las ventas de estas compañías con un tipo del 1,2 %, a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España.

El Club Español de la Energía es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en 1985, que agrupa a más de 150 empresas e instituciones y más de 170 socios individuales, en la que aparece, además, un representante de cada asociado ejecutivo. Entre sus metas, busca poner en valor la importancia de la energía para la sociedad, la economía y el desarrollo sostenible.

Estos son el consejero delegado de Iberdrola, Mario Ruiz-Tagle; la presidenta de bp España, Olvido Moraleda; el director general de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa, José Casas; el director de Relaciones Institucionales y Coordinación Regulatoria de Repsol, Ángel Bautista, y el presidente de TotalEnergies, Javier Sáenz de Jubera.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado, sobre las declaraciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de que por ley no se puede crear una figura fiscal en los próximos Presupuestos para gravar los ingresos extra de las eléctricas, que el liderazgo en materia fiscal corresponde a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Por tanto, hay que estar más pendiente de lo que diga María Jesús Montero que de lo que diga Yolanda Díaz", ha afirmado, según ha recogido Europa Press.

"Yolanda Díaz dice algo que forma parte del planteamiento del Gobierno de coalición y es que a esta situación hay que responder de forma más equilibrada y justa a las necesidades de los ciudadanos, para que los costes se repartan de forma equitativa. Pero a la hora de diseñar el sistema fiscal, es obvio que el liderazgo lo lleva el Ministerio de Hacienda. Además de esa voluntad política que nos une al Gobierno de coalición, requiere de una valoración técnica. Por tanto, hay que estar más pendiente de lo que diga Montero que Yolanda Díaz", ha explicado Ribera.

En declaraciones a la prensa en el marco del Global Mobility Call, que se celebra en Ifema Madrid, la vicepresidenta tercera ha recordado, en contestación a pregunta sobre cómo detectar posibles malas prácticas de las eléctricas, que España dispone de un organismo regulador que hace un seguimiento por si hubiera malas prácticas. "Es importante que la CNMC esté pendiente", ha subrayado Ribera, quien ha puesto de manifiesto que "diez años después ses ha imputado a una compañía eléctrica por malas prácticas en el mercado".

El pasado martes, la CNMC comunicó que ha sancionado a Endesa con un importe total de 4,9 millones de euros por la comisión de dos infracciones constitutivas de abuso de posición de dominio en dos nudos de acceso a la red de transporte de energía eléctrica.

En cuanto al funcionamiento del mecanismo del tope al gas, ha señalado que si no hubiera entrado en vigor, los precios serían más elevados, y que factores como la alta demanda por la ola de calor o la oferta menguante por el cierre de la espita por parte de Gazprom han llevado a los precios de la energía a estos niveles.

Por ello, ha expresado su confianza en que el paso de la ola de calor ayude a recuperar precios de la electricidad por debajo de los actuales niveles.

Respecto a si se va a prorrogar la bonificación de 20 céntimos a los carburantes, Ribera ha indicado que, dado que el precio de las gasolinas está alto y puede seguir estándolo, la intención es mantener el acompañamiento a las familias más vulnerables.

"Es importante mantener la bonificación", ha subrayado, y aunque ha reconocido que "conceptualmente" es posible introducir mejoras en el mecanismo para mejorar la situación de las familias vulnerables, algo que se haría si en este lapso de tiempo el Gobierno consiguiera "algo operativo", si no es así se mantendrá la bonificación tal cual está.

Los esfuerzos del Gobierno durante toda la crisis energética, con subidas en el precio del gas, de la electricidad y del petróleo, han estado encaminados, en parte, a evitar que las grandes empresas del sector se aprovecharan del episodio para maximizar sus ganancias mientras los más vulnerables sufrían los encarecimientos de los suministros básicos. No ha sido fácil: como se explica aquí, el principal mecanismo ha sufrido de dos modificaciones, fruto de la complejidad para intervenir en el rendimiento económico de las empresas en un sector privatizado, aunque los bienes sean esenciales. La minoración del gas tiene sus inconvenientes, como la dificultad de determinar, exactamente, qué es un "beneficio extraordinario". Otras vías, como la explorada por Italia, se libran de esa traba, aunque cuentan con otros peros. ¿Y si, simplemente, se grava a las compañías energéticas en base a lo que ganan, sin complicadas fórmulas?

"Es un debate pertinente", consideran los expertos consultados, aunque ninguna solución está exenta de riesgos. En vez de un mecanismo de minoración, el Gobierno italiano optó por tasar, primero con el 10% y luego con el 25%, los beneficios de las empresas energéticas. La finalidad es la misma –que paguen los que más tienen–, pero el diseño y la justificación política de la medida tienen poco que ver. Ribera intenta corregir lo que considera una consecuencia injusta de las leyes del mercado eléctrico: tecnologías que no tienen que quemar gas para generar electricidad reciben ingresos como si tuvieran que pagar por ese combustible. Italia, sin embargo, no entra, en realidad, en si los beneficios son "extraordinarios" o no: aunque la prensa lo venda así, el decreto del Gobierno transalpino habla de un impuesto "solidario" para que las compañías arrimen el hombro, que va más allá de las peculiares normas que rigen el precio de la luz.

La principal ventaja con respecto al enfoque español es que el impuesto no solo afecta a compañías eléctricas, también a petroleras y gasistas que, con diferentes circunstancias, se aprovechan para sus negocios del coste disparado del barril de Brent y del gas natural. Iberdrola, en campaña desde hace meses contra las políticas del Gobierno, dispara no solo contra el Ejecutivo sino contra potenciales empresas aliadas: los "beneficios extraordinarios" no son los de las eléctricas, aseguran, sino los que perciben las que se dedican al crudo o al metano.

Son dos realidades distintas y complementarias. Por un lado, los conocidos como "beneficios caídos del cielo", derivados del funcionamiento de la subasta mayorista de electricidad. Por otro lado, los "beneficios extraordinarios", que pueden englobar a los primeros, pero también pueden servir para explicar el enriquecimiento súbito de las energéticas por la situación en los mercados internacionales. Repsol, por ejemplo, ganó 1.392 millones de euros en el primer trimestre de 2022, el doble de los beneficios del mismo periodo del año anterior. El alza del crudo jugó a su favor, pero es lógico: la multinacional dirigida por Antonio Brufau es productora. Sufrió con la caída por la pandemia y ahora disfruta del contexto, aunque esa coyuntura complique la vida a millones de personas de todo el mundo.

Otras empresas más centradas en el negocio del gas y cuya cartera de producción de combustibles fósiles es discreta, como Endesa y Naturgy, también están registrando aumentos de ingresos en partidas concretas por la situación del mercado. Los Verdes italianos lo señalaron justo antes de que el Ejecutivo de Mario Draghi se decidiera a imponer el impuesto: muchas de estas empresas comercian con el combustible, comprándolo a un precio más bajo en base a contratos de largo plazo firmados antes de la escalada, y revendiéndolos en base a lo que marcan los indicadores internacionales. Se pueden considerar "beneficios extraordinarios" derivados de la crisis. Pero en eso consiste el negocio, recuerda el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense y experto en mercados energéticos Diego Rodríguez: "Lo que hace un comercializador es comprarlo lo más barato posible y venderlo lo más caro posible. En eso consiste la actividad empresarial". Por eso el decreto italiano habla de "solidaridad" de las compañías, no de corrección de una distorsión.

Endesa ingresó 1.596 millones en el primer trimestre con la venta de gas, un 138,6% más que en el mismo periodo de 2021, según se muestra en sus resultados. El año pasado, Naturgy reconocía en sus cuentas que "el actual escenario energético" hizo aumentar sus beneficios, en parcelas como la comercialización con Gas Natural Licuado (GNL) en los mercados internacionales, que mejoró su rendimiento un 80% de un año a otro. Aun defendiendo que esta actividad es legítima, Rodríguez es favorable a aplicar impuestos sobre beneficios a estas compañías como gran alternativa a la intervención en el mercado eléctrico que ha aplicado Ribera. "Es una discusión completamente pertinente. Un mecanismo fiscal bien diseñado es mucho más sencillo" de aplicar, defiende.

Sin embargo, como se ha comprobado con otros impuestos energéticos, como el que tasa la generación, las empresas suelen esquivar el impacto, simplemente, trasladando lo extraído a los consumidores finales. Y que paguen ellos el gravamen. Para evitarlo, el decreto italiano fija que el regulador de los mercados energéticos obligará a las empresas a comunicar sus costes, para evitar que inflen la factura. ¿Puede hacer esto en España la CNMC? Rodríguez duda de que una vigilancia así sea compatible con el derecho comunitario: en un mercado liberalizado, las compañías son libres de vender sus productos al precio que quieran. Fuentes del organismo español consultadas por infoLibre están de acuerdo. "Prohibir la internalización de un coste fiscal es complicado. Si quieres evitar que suban los precios, tienes que regularlos, y la regulación de precios está prohibida por Europa", resumen.

"El precio es libre", resumen. "Todas las opciones tienen sus inconvenientes. Nada es sencillo". Como se percibe también en otras reformas, como la del tope al gas en el mercado eléctrico, las intervenciones sobre el mercado liberalizado son parches que tienen muchas limitaciones a la hora de evitar que los que tienen más ganen más en épocas de crisis y que los que tienen menos sean los que sufran. Ribera, por ahora, ha dejado tranquilas a petroleras y gasistas. La privatización de los suministros básicos se interpone entre la ministra y la salida justa de la crisis.

El mecanismo que limitará el precio del gas natural, aprobado este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario, deberá permitir una rebaja del precio de la electricidad, en máximos históricos desde el pasado verano y que este sábado alcanzará un máximo de 241,87 euros/MWh. El tope al gas, resultado de la “excepción ibérica” y diseñado por los gobiernos de España y Portugal, dejará el hidrocarburo para generación eléctrica a una media de 50 euros el megavatio hora durante los próximos 12 meses. En la intención del Gobierno, el desacople entre ambos precios, el del gas y el de la electricidad, deberá tener como resultado que el precio de la luz se mantenga en 130 euros/MWh de promedio en el mercado mayorista, con un efecto “inmediato”, subrayó la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en rueda de prensa, en las facturas de quienes poseen la tarifa regulada.

Inmediato, sí, pero una vez que la Comisión Europea apruebe “formalmente” el acuerdo hispanoluso —que se publicará este sábado en los boletines oficiales de ambos países—, para que Bruselas dé el sí final aún faltan, no obstante, “diez días, dos semanas”, apuntó Ribera.

El mecanismo de ajuste establece un precio de referencia, que durante los primeros seis meses será de 40 euros el megavatio hora, y que irá aumentando hasta alcanzar los 48,8 euros de promedio en el año de vigencia. Este viernes, el gas natural cotizaba en el Mibgas, el mercado ibérico, a razón de 73,19 euros el megavatio hora. Pero ha llegado a superar los 200 euros tras la invasión rusa.

Hasta ahora, y debido al sistema marginalista de las subastas diarias de electricidad, la energía se pagaba al precio de la fuente de generación más cara, que desde hace casi un año es el gas natural utilizado en las centrales de ciclo combinado. “El efecto más inmediato [del mecanismo recién aprobado] es que la única electricidad que se va a pagar al coste del gas será la generada utilizando gas natural. Al eliminarse el efecto contagio al resto de las energías, habrá una reducción muy significativa de los beneficios extraordinarios [de las eléctricas], ha avanzado Ribera. A cambio, se verán favorecidos el 37% de los consumidores domésticos y el 70% de los industriales, según sus cálculos.

La diferencia entre el precio de referencia del gas y el del mercado diario lo pagarán los consumidores de la tarifa regulada, pero esa cantidad será siempre inferior al ahorro que conseguirán gracias al mecanismo de ajuste. A los 130 euros/MWh habrá que sumarles al menos otros 25 euros de la compensación a los suministradores de gas, una cuantía que variará a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta que la luz se sitúe en el mercado mayorista a unos 200 euros el megavatio hora, el ahorro sería de unos 50 euros. Como un usuario consume unos 3 MWh al año, el ahorro anual ascendería a unos 150 euros, unos 12 euros en la factura mensual, explica Diego Rodríguez, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y experto en energía. Francisco Valverde, responsable de renovables de la consultora Menta Energía, también ha hecho sus propios cálculos, que sitúan en 30 euros el ahorro mensual para un consumidor tipo con una potencia instalada de 4,4 kW y un consumo anual de 3.500 kW/h: de unos 100 euros que paga en mayo pasaría a 70 euros en junio si el precio en el mercado mayorista se quedara constante en 130 MW/h.

Estos precios, pese a la rebaja así forzada, seguirán siendo más elevados que los que se pagaban antes de que comenzara la escalada del gas el año pasado. En 2021, la media en el Mibgas se quedó en 47,31 euros el megavatio hora y en 2020, en plena pandemia y con la demanda desplomada, la cotización se hundió hasta los 4,32 euros el 21 de mayo. Lo mismo ocurre con la electricidad, cuyo precio medio en 2019 era de sólo 53,41 euros el megavatio hora.

Pero la compensación al gas no sólo la pagarán los consumidores españoles y portugueses. También ayudarán las llamadas “rentas de congestión”, que se obtienen en las subastas mensuales para las interconexiones con Francia.

Exentas del pago quedan los consumidores del mercado libre, aquellos que pagan la luz a un precio fijado previamente con la comercializadora, en lugar de al precio variable del mercado diario de la tarifa PVPC –precio voluntario para el pequeño consumidor–. Todas las eléctricas están obligadas por ley a ofertar esta tarifa, aunque como dejó claro el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, con sus declaraciones sobre los consumidores “tontos” (por las que después se disculpó), su preferida es la tarifa libre. El 40% de los usuarios están abonados a la tarifa regulada.

Para saber, por tanto, cuál será la compensación para las gasistas, las comercializadoras deberán presentar ante el operador del mercado (OMIE) una declaración responsable, firmada por el consejero delegado de la empresa, que incluya información sobre el volumen de energía sujeta a contratos a plazo a precio fijo, la que queda exenta de pagar la compensación al gas. En el caso de las compañías que integren generación y comercialización en su mismo grupo, deberán presentar información agregada sobre los contratos a precio fijado que hayan firmado antes del 26 de abril de este año, si quieren quedar exentos del pago por ellos. Y tendrán que hacerlo en los cinco días siguientes a la entrada en vigor del mecanismo.

Después, será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la que comprobará, analizará y supervisará la información aportada por las empresas: listado de puntos de suministro, fecha de finalización del contrato, energía prevista… También tendrán que presentar garantías que cubran los pagos. Si no abonan las cantidades establecidas, el OMIE podrá ejecutarlas y suspender a las empresas morosas. Éste, además, podrá informar a la CNMC de “cualquier actuación de las eléctricas contraria al correcto funcionamiento del esquema de fijación de precios en el mercado ibérico”. En concreto, el real decreto-ley establece que será considerada una infracción muy grave la “manipulación, alteración o desviación injustificada” de las ofertas de venta y compra para conseguir un precio de referencia del gas natural distinto a los 40 euros/MWh. La Ley del Sector Eléctrico impone para este tipo de infracciones multas de entre seis y 60 millones de euros.

El mismo castigo se prevé para las empresas que aporten datos inexactos o falsos al OMIE.

Diego Rodríguez advierte de que la tarea encomendada a la CNMC es “compleja” e incluso se sitúa por encima de los medios humanos de que dispone el organismo. “Es fácil de decir [la supervisión], pero difícil de implementar”, resume.

En cualquier caso, las eléctricas, que rechazan el mecanismo para limitar el precio del gas, pueden optar por otras vías de escape a fin de reducir el impacto de la medida sobre sus beneficios. Por ejemplo, los contratos en el mercado libre incluyen la cláusula que les permite cambiar las condiciones al cliente si se modifica el marco regulatorio. Aunque el consumidor también puede abandonar la eléctrica sin penalizaciones si ésta altera las condiciones del contrato, apunta Francisco Valverde. O puede ocurrir que, al vencer el contrato con tarifa fija, la compañía intente subir el precio en la renovación, plantea Diego Rodríguez.

Tampoco sería de extrañar que las compañías acudieran a los tribunales para torpedear el mecanismo. “De brazos cruzados no se van a quedar”, augura Francisco Valverde. Las eléctricas desdeñan el tope al precio del gas como un intento del Gobierno para beneficiar sólo los consumidores con tarifa regulada y a las grandes industrias que se mantienen fieles al precio del mercado mayorista, lo que consideran una “transferencia de rentas injusta”.

Las empresas, admitió Teresa Ribera ante los periodistas, verán reducidos sus beneficios extraordinarios “de forma muy significativa” como resultado del mecanismo de ajuste del gas. “Nos habría gustado”, abundó, “que [las eléctricas] tuvieran un comportamiento más acorde con la situación actual y hubieran presentado ofertas en el mercado libre más ajustadas a las necesidades de las familias y las industrias. Si de verdad quieren hacerlo, no tienen ningún problema, la sociedad española se lo agradecería mucho”.

El real decreto-ley también incluye el mandato al Gobierno para que reforme la tarifa regulada. Y lo hace porque, como aclara en su exposición de motivos, la Comisión Europea ha puesto como “una de las condiciones” para aprobar el mecanismo de ajuste del gas que se modifique el método de cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor. Así, se va a incluir en la fórmula de la nueva tarifa una referencia a los precios de los mercados a plazo; es decir, a los futuros anuales, trimestrales y mensuales. Ahora se basa únicamente en las cotizaciones diarias del mercado al contado o spot.

De esa forma se pretende reducir la volatilidad de la tarifa regulada y fomentar la liquidez para satisfacer la demanda. La nueva fórmula deberá empezar a aplicarse en 2023.

En octubre de 2021 el Ministerio de Transición Ecológica abrió una consulta pública para estudiar la modificación de la tarifa regulada, pero posteriormente la desechó por el rechazo de las organizaciones de consumidores. 

Cuando el Gobierno anunció en septiembre de 2021 la extracción de los "beneficios extraordinarios" que estaban percibiendo centrales hidroeléctricas, nucleares, eólicas o fotovoltaicas del diseño del mercado, al cobrar por un gas que no tenían que quemar, comunicó una cifra de ingresos estimados para el Estado: 2.600 millones de euros hasta marzo de 2022. Sin embargo, un mes después modificó la norma de la llamada "minoración del gas" para dejar fuera a los contratos bilaterales que, esgrimían las empresas, no se estaban beneficiando de los altos precios de la subasta marginalista, porque fueron firmados a precios mucho más bajos antes de la crisis. Y en ese momento, el Ministerio para la Transición Ecológica se negó a actualizar un cálculo: ¿cuánto dinero se extraería de las ganancias de las compañías energéticas? El número, meses después, es público: 131,8 millones de euros de septiembre a diciembre de 2021, un 10% de los 1.300 millones que corresponderían en base al plan original.

La cifra proviene de la liquidación del sector eléctrico que ejecuta rutinariamente la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC), y que se puede consultar aquí. Era de esperar que la recaudación del Estado bajaría en picado tras la modificación normativa, pero no se conocía exactamente cuánto había descendido, ya que solo se contaba con la palabra de las grandes empresas eléctricas, que aseguraban que la mayoría de la energía estaba ya vendida a plazo y que solo una pequeña parte se había beneficiado de la crisis de precios. Fuentes cercanas a la CNMC explica que, efectivamente, tenían razón. Y que el Ejecutivo, opinan, no tenía otra que rectificar: si el Estado extraía más de lo que se cobraba, se obligaba a las instalaciones a producir a pérdidas y el mecanismo se convertía en una "confiscación".

El Gobierno no admitió abiertamente el error, sino que creó un relato mediante el cual la modificación se aplicaba para fomentar esos contratos bilaterales en vez de desincentivándolos, sobre todo con la mira puesta en la industria, que se podría beneficiar de la estabilidad en un escenario tan cambiante. De puertas para adentro, cambió su actitud: como relatan varias organizaciones patronales de la energía, en los siguientes meses se sucedieron las reuniones y las conversaciones con los principales actores, sobre todo de cara a la modificación de la tarifa regulada para evitar los vaivenes y su contagio de los altos precios del mercado spot. No siempre fueron fructíferas: el diseño del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) se mantiene inalterado.

Como respuesta a la guerra de Ucrania, el Ministerio para la Transición Ecológica volvió a modificar el mecanismo de minoración, volviendo a incluir a esos contratos bilaterales. Los acuerdos de las eléctricas para comprar o suministrar la energía a largo plazo marcaban precios por debajo de la subasta diaria, pero mucho más elevados que lo que se marcaba antes de la crisis, por el encarecimiento de los mercados a futuro –usados habitualmente como referencia–. Por encima de los 67 euros el MWh, el Estado detraería las ganancias extra, en principio hasta junio de 2022. Pero el Gobierno se volvió a negar a ofrecer una estimación de cuánto entrará a las arcas con esta nueva modificación, argumentando que el decreto podría servir como estímulo a las compañías para bajar sus ofertas, por lo que el cálculo se complicaba.

La liquidación de la CNMC muestra que los ingresos del Estado por otros conceptos, al margen de la minoración, han sido mucho mayores en 2021, y han permitido al Ejecutivo bajar al mínimo los peajes y las cargas, conteniendo el golpe en la tarifa regulada y, junto a la bajada y supresión de impuestos, bajar el precio de algunas tarifas del mercado libre que aún no habían internalizado las tensiones del mercado. Por ejemplo, el regulador calcula que las arcas públicas recibieron 1.924 millones de euros fruto del mercado europeo de CO2, también en máximos, en el que las empresas emisoras tienen que pagar por cada tonelada de dióxido de carbono que emiten a la atmósfera.

La intervención en un mercado liberalizado, aunque sea de un bien absolutamente esencial, es una compleja y delicada partida de ajedrez donde lo público no siempre tiene las de ganar y en la que, en ocasiones, la manta es demasiado corta: o tapa la cabeza o tapa los pies. Lo está comprobando en sus carnes el Ministerio para la Transición Ecológica en las negociaciones que ya duran semanas para poner un límite al efecto del gas en el mercado eléctrico, a pesar del visto bueno de la Comisión Europea. Por petición de Portugal, como ha contado El Mundo, el sistema librará, al contrario de lo que estaba previsto, de la compensación a las centrales de ciclo combinado a los contratos a largo plazo firmados hasta abril. Traduciendo para los no entendidos: el descenso de la tarifa regulada será menor del 30% previsto, a cambio de que las comercializadoras no suban las tarifas del mercado libre, al que se acoge el 60% de los consumidores domésticos españoles, en respuesta.

Así lo confirman fuentes cercanas a las negociaciones. Las conversaciones son muy delicadas ya no solo por la presión de Bruselas, que quiere que pervivan las reglas del mercado libre para el resto de la Unión Europea; sino por las empresas eléctricas, grandes pero también pequeñas, que defienden su derecho a hacer negocio. Tal y como tenía previsto el Ejecutivo, las centrales de ciclo combinado recibirán una compensación, para que no les salga a pérdidas la obligatoriedad de hacer ofertas por debajo del tope, que iba a ser abonado por todas las comercializadoras: las eléctricas que firman los contratos con los clientes finales, incluyendo tanto a las grandes –Iberdrola, Endesa, Naturgy...– como a otras más modestas.

El Gobierno asumía que estas comercializadoras trasladarían a sus contratos con los consumidores esa subvención a las instalaciones gasísticas. En el caso de la tarifa regulada, el descenso del pool hasta los 140 euros el MWh compensaba, con creces, la ayuda a las centrales. Pero la duda sobre lo que pasaría en el mercado libre, donde el precio lo marca la empresa, lleva semanas sobrevolando. Las eléctricas han argumentado que los contratos a largo plazo se fijan en base a los llamados mercados a futuro, que bajará tras el tope pero no de manera automática; por lo que, si se las obligaba en esta modalidad a abonar esa ayuda sin obtener electricidad más barata a corto plazo, subirían las tarifas, haciendo uso de la letra pequeña de los contratos.

Fuentes del Ejecutivo aseguraban que esta advertencia era "poco razonable", y que debían arrimar el hombro teniendo en cuenta que el tope al gas hará descender tanto el mercado spot, la subasta diaria, como el mercado de futuro, y que conforme fueran actualizando los contratos podrían recuperar ese esfuerzo inicial y bajar también el recibo de sus clientes. Sin embargo, ante las peticiones de Portugal y la campaña de las empresas por todos los medios posibles desde hace semanas, Ribera ha cedido y ha modificado sus planes. Solo las comercializadoras de tarifa regulada pagarán la compensación a las centrales de gas para que no produzcan a pérdidas.

Como son menos los que pondrán el dinero para las centrales de gas, cada empresa deberá asumir una parte mayor de la subvención y, por lo tanto, cada factura en la tarifa regulada recibirá un descuento menor, por debajo del 30% que se calculó en un primer momento. Pero el mercado libre se mantendrá libre de subidas inesperadas e irá bajando paulatinamente, conforme se abaraten los mercados a futuro. "Los precios serán inferiores a los actuales, pero no muy inferiores", explican estas fuentes cercanas a las negociaciones, que sin embargo defienden que sigue siendo una "buena medida" ya que el alivio para los sujetos al PVPC (incluyendo los beneficiarios del bono social) será automático, además de para la industria: el 50% cuentan con contratos indexados a un mercado que descenderá automáticamente.

En resumen: el tope al gas bajará un poco el precio para el 40% de los consumidores domésticos, con tarifa regulada, y para la mitad de la industria. El mercado libre, donde está el resto, no verá cambios sustanciales a corto plazo, aunque sí a medio y largo plazo, conforme se vayan renovando los contratos. Con el modelo puesto sobre la mesa antes de este cambio, la tarifa regulada bajaría más, a cambio de la incertidumbre para el resto.

Con la limitación en la rebaja del PVPC, también se difumina una de las consecuencias que habían temido las comercializadoras, no solo las grandes: que el precio de la opción regulada por el Gobierno sea demasiado bajo en comparación a las ofertas del mercado libre, por lo que se ejecuta una competencia desleal que podría conllevar el trasvase masivo de clientes de una opción a otra. Aún hay tiempo y espacio para más cambios de última hora, pero, por el momento, el Ministerio para la Transición Ecológica está logrando un equilibrio que parecía imposible: el interés de las empresas, de la Comisión y de los consumidores. Pero las renuncias hasta llegar a este punto dejan claro que no hay ninguna solución mágica que no pase por una intervención total, por el momento impensable en el contexto europeo.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, despertó este jueves la polémica y la indignación al llamar "tontos" a los usuarios de la tarifa regulada de electricidad, también conocida como el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), porque, asegura, es la que más está sufriendo la subida del mercado mayorista desde el pasado verano. Las grandes eléctricas siempre han animado, con métodos admitidos por Competencia y con otros fuera de la legalidad, a pasarse al mercado libre, donde tienen más margen de beneficio y posibilidad de imponer sus condiciones. Pero nunca habían sido tan claros, por descuido o por intención política de frenar la intervención del Ejecutivo en las reglas de la luz. Este viernes, a última hora de la tarde, Sánchez Galán mostró sus "sinceras disculpas" en el caso de que "alguien se sintiera ofendido" por sus afirmaciones que, subrayó, se desarrollaron "en un ambiente coloquial". Y remarcó su "máximo respeto" hacia los consumidores.

A continuación, se muestran los cuatro motivos por los cuales no es de "tontos" acogerse al PVPC e, incluso, puede ser una opción más competitiva que las ofertas de Iberdrola y de decenas de comercializadoras de electricidad.

Ha sido uno de los argumentos más utilizados para oponerse a las palabras de Sánchez Galán. Aproximadamente el 40% de los consumidores, unos 10 millones de personas en cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, están en el PVPC. Pero al menos 1.168.542 suministros están acogidos al bono social de electricidad, que ofrece descuentos de hasta el 70% en el recibo, según el grado de vulnerabilidad. Es obligatorio acogerse a la tarifa regulada para disfrutar de la rebaja. Es decir: en ese sentido, el presidente de Iberdrola calificaba de "tontos" a los "más débiles", en palabras de la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz; para ese sector de usuarios, la tarifa regulada no es una opción de consumo, sino una necesidad. "Debería rectificar de inmediato. Es una vergüenza", aseguró la ministra unas horas antes de que Sánchez Galán rectificase.

Justo este viernes, Iberdrola ha iniciado una campaña para, según explica su dirección de comunicación, "animar a los consumidores a suscribir contratos de suministro eléctrico a través de contratos libres por ser más baratos que la tarifa regulada por el Gobierno". Sin embargo, esto no es del todo cierto. El PVPC sube o baja en base al resultado de la subasta mayorista, que se ha encarecido en los últimos meses: esta tarifa intervenida ha sufrido el rally de precios, provocado por el alza del coste del gas en los mercados internacionales.

Según las organizaciones de consumidores, la tarifa regulada ha sido históricamente, antes de este episodio, la opción a largo plazo más competitiva, ya que no se fija en base a las estrategias comerciales de cada compañía sino en base a un mercado cuyas reglas son públicas y contrastables, independientemente de su justicia. Pero es que además, según el comparador de tarifas de la CNMC, sigue siendo más barata que el 80% de las ofertas analizadas por el regulador, tomando la media de lo abonado entre mayo de 2021 y mayo de 2022.

Un consumidor con una potencia estándar y un consumo medio en Madrid ha pagado, de media, 995 euros por su tarifa regulada de electricidad en el último año. Hay ofertas más baratas en el mercado libre, sobre todo de las grandes eléctricas, que pueden permitirse generar luz a bajo coste en sus instalaciones de renovables, hidráulicas o nucleares y venderla a través de las comercializadoras del mismo grupo. Las pequeñas empresas independientes no tienen ese margen.

Aun así, hay compañías mastodónticas cuyo coste del KWh es más elevado que el que ha registrado de media en el último año el PVPC: Por ejemplo, la "tarifa online" de Repsol o la "tempo 24 horas" de Endesa. Prometen más estabilidad, dado que en muchas de estas ofertas el precio por cada kilovatio hora no cambia dependiendo del resultado diario del mercado spot. Pero la aseveración de que el mercado libre es siempre y bajo toda circunstancia más barato que el regulado es falsa. Tampoco es cierto que estos contratos no se hayan contagiado de la crisis: muchas comercializadoras tienen que acudir al pool a comprar la energía o firman suministros en base a los mercados a futuro, que también se han disparado.

Si el Gobierno aprueba el próximo martes, como tiene previsto, la intervención en el mercado mayorista eléctrico español para poner un tope al gas, la tarifa regulada bajará automáticamente entre un 30% y un 40%, según los cálculos. Una medida a la que se oponen Iberdrola y otras grandes eléctricas. Las centrales de ciclo combinado, obligadas a quemar un gas natural que sigue caro, son las que marcan el precio del pool: al limitar el precio de las ofertas que pueden hacer, con la correspondiente compensación, se logrará bajar el resultado medio de la subasta hasta los 140 euros el MWh, aproximadamente.

Gracias al diseño de la tarifa regulada, este descuento se podrá traducir de manera inmediata a los recibos de los acogidos a la modalidad regulada. Sin embargo, no pasará lo mismo en el mercado libre; y de hecho, Iberdrola, junto a Endesa y EDP, ha amenazado con subir las tarifas unilateralmente y sin previo aviso, en vez de bajarlas, si el Gobierno cambia las reglas.

¿Cómo pueden cambiar las eléctricas las tarifas unilateralmente y sin previo aviso? Porque muchas compañías, entre ellas Iberdrola, se reservan el derecho a subir los precios sin negociación con el cliente si se producen cambios regulatorios que ellos consideran que les afectan o ponen en riesgo el negocio. Las ofertas del mercado libre que son para "listos", en base al esquema de Sánchez Galán, están repletas de cláusulas en sus condiciones, como se explica aquí. No pasa lo mismo en el PVPC: el precio del KWh puede ser más alto que en algunas tarifas libres, cuando el gas logra imponerse y tira para arriba de la subasta, pero no hay letras pequeñas, ni trampa, ni cartón, al ser una modalidad garantizada por el poder público y respaldada por la Comisión Europea para bajar la electricidad.

El Gobierno ultima su intervención en el mercado eléctrico. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, prevé llevarla al Consejo de Ministros del próximo martes. En principio, el ok de la Comisión Europea está garantizado, pero las negociaciones siguen, el diablo está cómodo en los detalles y aún falta conocer mucha de la letra pequeña sobre cómo se ejecutará el acuerdo. Dada la inminencia, las grandes eléctricas están inmersas en la que puede ser la última ofensiva contra el tope al gas, elevando la presión, las previsiones apocalípticas e, incluso, los descalificativos contra sus propios clientes.

El presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, ha llamado "tontos", en un encuentro en Sagunto (Valencia), a los consumidores que siguen en la tarifa regulada, el conocido como Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), dado que esta modalidad recoge las subidas y bajadas del mercado mayorista, en máximos históricos, frente a la presunta estabilidad del mercado libre, donde las comercializadoras tienen manga ancha para ofertar el precio que quieran. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el 60% de los consumidores tiene un contrato bajo el segundo modelo: Galán lo elevó al 80%.

Con estas palabras, Galán desprecia a buena parte de los consumidores de la propia Iberdrola, que está obligada por ley a ofrecer la tarifa regulada ya que es la necesaria para acogerse al bono social y tiene prohibido maniobrar para redirigir a sus clientes al mercado libre. Además, se esconde buena parte de la estrategia política de Iberdrola, y de varias grandes compañías energéticas, contra la hoja de ruta del Gobierno. Desde el comienzo de la crisis de precios, en verano del año pasado, la empresa ha sido una de las más activas asegurando que ni el recorte de los beneficios caídos del cielo ni la intervención en el pool, medidas contra sus intereses, eran realmente útiles: lo que había que hacer es o bien reformar o bien acabar con la modalidad intervenida.

Aseguran fuentes de Iberdrola, y es cierto, que el diseño de la tarifa regulada, único en Europa, traslada directamente lo que ocurre en el mercado mayorista al recibo del 40% de los consumidores. Por lo que para evitar que la crisis afecte a los más vulnerables, hay que cambiar ese diseño, evitando intervenciones que apunten a sus beneficios y generen "inseguridad jurídica", una de las expresiones favoritas de los empresarios energéticos.

Sin embargo, lo que no cuenta Iberdrola es que la realización de subastas minoristas para fijar el precio cada tres o seis meses, como se hace en Italia o en Portugal, aporta estabilidad pero no permite a los consumidores disfrutar instantáneamente de las rebajas cuando el pool cae. De hecho, el tope al gas que prepara Ribera hará descender casi automáticamente el recibo de esta modalidad entre el 30% y el 40%; no lo ha mencionado Galán en su interlocución de este jueves. Tampoco cuenta Iberdrola que sigue abierta la causa penal por la cual la Fiscalía Anticorrupción le acusa de aprovecharse del anterior diseño de la tarifa regulada, más estable, para inflar el precio de la luz.

Galán aseguró este jueves, además, que las tarifas del mercado libre son más baratas porque "se bajaron los impuestos"; también los peajes y las cargas, una rebaja financiada en parte por la extracción de los beneficios caídos del cielo inaugurada en septiembre de 2021 y contra la que Iberdrola cargó y carga por arbitraria. Explicó que los consumidores con esta modalidad "no pagan el precio del pool"; sin embargo, las organizaciones de consumidores alertaron de subidas de hasta del 30% cuando vencían los contratos. No subieron tanto, pero subieron. Las comercializadoras tienen que acudir al mismo pool por las nubes para comprar la electricidad que venden, si no pueden disfrutar de la generación con centrales de la misma empresa; y, además, estos acuerdos se suelen firmar en base a los llamados mercados a futuro, que también han sufrido una escalada considerable.

El Ejecutivo, y así lo aseguró el propio presidente, Pedro Sánchez, estuvo estudiando una reforma de esta tarifa regulada para evitar, en palabras del Gobierno, la "ansiedad" de un debate político sujeto al resultado de la subasta mayorista diaria. Sin embargo, finalmente se decidió a intentar modificar las reglas del mercado, señalando a las causas del problema: un mercado eléctrico que retribuye toda la generación como si funcionara al completo con gas. Está a punto de culminar un giro nunca antes visto en el mercado común europeo, y precisamente el diseño del PVPC le ayudará a que tenga efecto inmediato en el 40% de los consumidores, entre los que se encuentran los beneficiarios del bono social.

El tope al gas no gusta a Iberdrola ni, en general, a las grandes empresas energéticas no solo de España, sino del continente. La eléctrica de Bilbao sigue insistiendo en reformar el PVPC como gran salida a la crisis y como alternativa a la intervención. Y junto a otras grandes compañías, este jueves han mandado una carta a la Comisión Europea pidiendo que detenga la reforma. La firman, concretamente, cinco grandes organizaciones patronales europeas: de las eléctricas (Euroelectric), de la generación solar (SolarPower Europe), de la eólica (Wind Europe), de los traders (EFET) y de las bolsas de energía y operadores de mercado (Europex).

Lamentan, en esencia, que van a ganar menos con la fórmula del Gobierno; y su propuesta es no hacer nada más a corto plazo, tomando medidas para proteger a los más vulnerables (ya tomadas), apostando por las renovables para bajar el precio (difícil de aplicar con inmediatez) y dejando intactas las reglas de mercado. Entienden las eléctricas y el sector de las energías limpias en particular que recibir beneficios caídos del cielo, como si tuvieran que quemar gas pero sin quemarlo, es una "señal de inversión" que quedaría "distorsionada" por la intervención. "Los mercados eléctricos europeos han demostrado ser muy eficaces a la hora de garantizar un suministro eléctrico seguro, al tiempo que proporciona incentivos para inversiones limpias (...) y han enviado una poderosa señal para las inversiones en renovables", explican en la misiva.

Los "incentivos" y la "señal" (es decir, el dinero) va a quedarse sobre los 140 euros el MWh, una cifra mucho más asequible para los consumidores finales con respecto a los 200 que marca la subasta estos días, pero mucho más alta que lo registrado durante 2019, 2020 y la mitad de 2021. Ribera considera que el precio no puede ser demasiado bajo como para desincentivar la instalación de nueva generación limpia; pero no demasiado alto como para evitar la electrificación de la economía, desincentivando que los clientes se pasen al coche eléctrico o a la calefacción con bombas de calor, por ejemplo. Serviría menos la eólica y la fotovoltaica porque se seguiría necesitando gas y petróleo.

La tercera pata, por último, de la estrategia de presión contra el Gobierno por su reforma eléctrica negociada con Bruselas es por el coste de este tope al gas. La idea del Ejecutivo es compensar a las centrales de ciclo combinado, que consumen este combustible, para que bajen sus ofertas y, así, aliviar el mercado al completo. Esta subvención sería abonada por las comercializadoras, y por ende por los consumidores, pero se compensaría por el descenso del 40% en el pool.

Sin embargo, una incógnita sigue en el aire: ¿qué pasa con el mercado libre? El PVPC se contagia del precio del mercado mayorista, para bien o para mal; sin embargo, los contratos de la modalidad mayoritaria suelen tener una validez de un año. El Ejecutivo espera que, dado que a las comercializadoras les saldrá más barato comprar a contado en el pool, no tendrán problemas para trasladar la rebaja a los clientes a medio plazo. Sin embargo, los planes de las eléctricas van por otro lado.

La asociación Aelec, que reúne a Iberdrola, Endesa y EDP, ya ha amenazado con subir, de manera unilateral y sin avisar, los contratos de los clientes del mercado libre –el de los listos, siguiendo el esquema de Galán– si se las obliga a ayudar a las centrales de gas. Sería "poco razonable", en opinión de Transición Ecológica. Pero no solo las grandes eléctricas lo argumentan: también las comercializadoras pequeñas e independientes.

Quieren esperar a leer los detalles, pero en un comunicado publicado la semana pasada, alertaban de que "podría suponer la renegociación de algunos precios de clientes en un escenario de enorme incertidumbre dado que se desconoce previamente cuál es la cantidad a abonar". Las comercializadoras también tumbaron una de las reformas que estudió Ribera de la tarifa regulada, y utilizaron un argumento que ahora vuelven a sacar a la palestra: "No se debe dañar la libre competencia, siendo preciso poner especial atención en el potencial impacto que podría tener este mecanismo en la capacidad de competir de los comercializadores independientes frente al PVPC". La opción pública, defienden, no debe ser demasiado barata para mantener el negocio.

El comportamiento del mercado libre, así, es la gran duda de cómo va a trasladarse a la vida real el tope al gas desde los despachos de Transición Ecológica. Y las eléctricas, más allá de declaraciones desafortunadas y cartas de lobbies, saben que siguen teniendo poder en un mercado liberalizado.

La cuesta de enero no ha esperado este año al Día de Reyes. Lleva ya seis días de ejercicio, los mismos que está subiendo la luz en el mercado mayorista. El precio de la electricidad se había concedido un pequeño respiro en Navidades, pero ha comenzado 2022 con nuevos bríos y rozó los 213 euros el megavatio hora (MWh) este mismo jueves. El máximo de 2021 lo había marcado justo antes, el 23 de diciembre, 383,67 euros, pero llegó a dispararse a los 409 euros el megavatio hora entre las seis y las ocho de la tarde. Una cifra de escalofrío si se tiene en cuenta que en enero del año pasado el precio medio del megavatio hora fue de 70,39 euros, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). De hecho, si se compara con los apenas 28,49 euros que marcó de media en febrero, el más bajo del año, el precio de la luz se multiplicó por 8,4 al llegar diciembre, cuando ha superado de media los 239 euros.

Como se repite cada vez que las subastas de luz baten su récord histórico, la culpa de esa volatilidad la tiene el encarecimiento de otra fuente de energía, también en máximos nunca vistos en 2021: el gas.

La evolución de los precios en el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas) es clara. El gas marcó un mínimo de 15,02 euros el megavatio hora el 21 de febrero, que no dejó de recuperarse hasta duplicar ese valor el 15 de junio, cuando llegó a 30,37 euros. Desde entonces, su marcha ha sido 'triunfal'. Y alcanzó los 190 euros, el máximo del año, el 22 de diciembre. Dos días después ya había bajado hasta 92,5 euros el megavatio hora. Cerró el año en 62 euros. Pero desde el día 3 no ha dejado de subir y ya vuelve a estar en 94,96 euros. En resumen, el precio del gas se multiplicó nada menos que por 12,6 de febrero a diciembre de 2021.

Esa dinámica es casi la misma que se desprende de la seguida por el gas según lo mide el TFF Holandés, la referencia europea. Y se parece mucho a la evolución que ha seguido el precio de la luz en España y el resto del continente: tras caer a su mínimo en febrero, se duplicó ya en mayo y no paró de escalar hasta diciembre. El precio medio del megavatio hora en 2020, el año de la pandemia y la paralización de la actividad, fue de sólo 33,96 euros; el de 2021, el año de la recuperación, roza los 112 euros. Se ha triplicado.

El sistema marginalista que fija los precios de la electricidad en todos los mercados del mundo determina que sea la última tecnología que hace su oferta para cubrir la demanda del día la que fije el precio que se va a pagar también a las demás. Como se ordenan de la más barata a la más cara, será esta última la que establezca el precio final. Las más baratas son las renovables, solar y eólica, y la más cara, el gas, que es la que tiene los costes variables más elevados.

Además, España tiene instalados 26.250 megavatios de ciclo combinado, las centrales que transforman la energía térmica del gas natural en electricidad mediante el trabajo conjunto de una turbina de gas y otra de vapor de agua a presión. Es la segunda fuente de generación de electricidad tras los parques eólicos –28.073 megavatios–. Del total de 112.398 megavatios de potencia instalada que posee España, el 56,4% corresponde al conjunto de las energías renovables –solar, eólica, hidroeléctrica, biomasa…–. Pero del resto, más de la mitad son esas centrales que queman gas.

Natalia Fabra, catedrática de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y experta en energía, concede que en España hubo una “sobreinversión en ciclos combinados” a partir del año 2000, por lo que en 2021 estas centrales sólo funcionaron al 19% de su capacidad. No hizo falta más. “Lo importante no es la potencia instalada, sino cuánta energía producen”, explica. Porque, según recalca, “aunque estas centrales sólo produzcan un megavatio/hora y el resto corresponda a renovables y nucleares, el gas marcará casi siempre el precio de la luz por ser la energía más cara”. Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía y analista del mercado eléctrico, añade que un número menor de centrales de ciclo combinado puede suponer también un problema al restringir la competencia, lo que haría subir los precios igualmente.

Es decir, su peso es determinante en el suministro de electricidad y en la fijación de su precio. Cuanto más se recurra a estas centrales de ciclo combinado para cubrir la demanda, más subirá el precio final de la luz. Y si, además, el gas con el que se alimentan estas instalaciones se paga a precios de récord, el efecto sobre la electricidad se multiplica.

Europa está sufriendo restricciones en el suministro de gas procedente de Rusia que han disparado el precio de esta materia prima. Pese a que Moscú niega que sea una maniobra de presión política, lo cierto es que desde justo antes de Navidad no llega gas desde Siberia a través del gasoducto Yamal, que lo transporta hasta Alemania. Por el contrario, el suministro se dirige hacia Asia, donde la demanda cada vez es mayor. La creciente tensión con Rusia por Ucrania y, en los últimos días, por Kazajistán, está sintiéndose en los recibos de la calefacción de los europeos: el 40% del gas que consumen procede de Rusia.

A la tensión geopolítica hay que añadir otro factor: los también elevados precios de los derechos de emisión de CO2. Las empresas que poseen las centrales de ciclo combinado incorporan a su oferta en el mercado eléctrico el coste de comprar esos derechos por el CO2 que emiten. Como la UE reduce cada año el tope máximo de emisiones permitidas, para cumplir sus cada vez mayores exigencias medioambientales, se reparten menos derechos y su precio no deja de subir. El año pasado se ha duplicado, alcanzando los 60 euros por tonelada de CO2.

El panorama, por tanto, es similar en toda Europa. En Francia, el pasado diciembre el precio medio del mercado eléctrico diario alcanzaba los 217,1 euros el megavatio hora –23,7 euros más que el español–, mientras en Inglaterra llegaba a 221,3 euros. En Italia era de 226 euros. En Alemania, el precio quedaba un poco por debajo, 176,2 euros.

Y en Estados Unidos. Allí también se contagian al eléctrico las subidas de precios del mercado del gas, aunque éste es mucho más barato. Y la evolución en 2021 fue distinta. Cuando en Europa el gas estaba en mínimos, en febrero, la ola de frío que mató a decenas de personas en Texas disparó los precios del gas tal y como los mide Henry Hub, la referencia de EEUU. En enero de 2021 se pagaban 3,19 dólares por MMBtu (millón de unidades térmicas británicas), pero el 17 de febrero el precio se había elevado a 23,86 dólares; es decir, se había multiplicado por siete. Era el precio nominal más alto desde 1993; ajustado por la inflación, el récord desde 2003. La media del último trimestre del año se quedó en 5,04 dólares por MMBtu, que traducido a euros por megavatio hora equivale a 15,31, un precio muy alejado del nivel estratosférico europeo.

En verano, el gas se cotizaba en EEUU al nivel más alto desde 2014, según la EIA, la agencia de información energética del Gobierno de EEUU. Entonces, las altas temperaturas disparaban el consumo eléctrico y, por tanto, también la demanda de gas: su producción creció un 50% porque la sequía en los estados más occidentales había secado los embalses. El resto del año continuó la escalada estimulada por la reactivación económica general. Como resultado, según la EIA, el precio medio del gas natural se duplicó en 2021 respecto al año anterior. Aunque nada que ver con Europa. De hecho, Estados Unidos se convirtió en diciembre en el primer exportador mundial de gas, destaca Morales de Labra. Se lo está vendiendo tanto a los países europeos como a Japón, que comparten en estos momentos precios similares.

En EEUU, con el mismo sistema marginalista que en Europa, el aumento de la mayor cotización del gas se traslada igualmente a la electricidad. Así, en febrero la luz voló en todos los estados: se multiplicó su precio por seis en el medio oeste –Indiana, Illinois, Iowa–, por 8,5 en el noroeste –Washington, Oregón–, por nueve en Nueva York, Nueva Jersey, Delaware y Maryland… Y más aún en el sur de California, donde se multiplicó por 13. Hay que recordar además que, en Texas, por efecto de la ola de frío, los aerogeneradores se congelaron, lo mismo que los gasoductos. El operador eléctrico del estado forzó apagones rotativos para eliminar 10.500 MW de carga en la red, el equivalente a dos millones de viviendas. En total, 4,5 millones de hogares se quedaron sin electricidad esos días. Entre el 14 y el 19 de febrero, el precio de la luz en Texas llegó a superar los 6.000 dólares el megavatio hora.

Naturgy obtuvo un beneficio neto de 777 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 58,6% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, ha informado la compañía y ha recogido Europa Press.

Las ganancias hasta septiembre del grupo energético presidido por Francisco Reynés incluyen las plusvalías netas de 187 millones de euros correspondientes a las desinversiones del negocio eléctrico en Chile y la participación en Unión Fenosa Gas (UFG) en Egipto, según recoge Europa Press. El beneficio ordinario del grupo en estos primeros nueve meses del año ha ascendido a 865 millones de euros, un 28% más que en el mismo periodo de 2020.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la energética en el periodo de enero a septiembre se ha situado en los 2.560 millones de euros, con una ligera caída del 1,2% con respecto al mismo periodo de 2020 y un 217% inferior al de 2019, sin recuperar así los niveles previos a la pandemia. El Ebitda ordinario ha sido de 2.990 millones, un 6% superior al de 2020 y un 6% inferior al de 2019. Por áreas de negocio, el 40% del Ebitda de la compañía corresponde en el periodo a Redes España, un 20% a redes Latam, un 25% a Gestión de la Energía, un 8% a Comercialización y un 7% a Renovables.

Naturgy ha destacado estos resultados en un entorno de volatilidad en los mercados internacionales del gas y la incertidumbre regulatoria en el sector energético. No obstante, la compañía ha indicado que ha experimentado hasta septiembre una recuperación de la demanda, así como una leve expansión de sus márgenes de gas en los mercados internacionales de carácter transitorio consecuencia de la volatilidad de los mismos. Estos efectos han sido contrarrestados por una mayor presión a la baja en los márgenes de suministro de electricidad debido al incremento de los precios del pool eléctrico en España.

A pesar de esta volatilidad del contexto energético internacional y la incertidumbre regulatoria, que impiden extrapolar los resultados del tercer trimestre al resto del ejercicio, la compañía prevé cerrar el ejercicio 2021 con un Ebitda de entre 3.800 y 3.900 millones de euros. Las inversiones del grupo ascendieron a 900 millones de euros en el periodo, centradas fundamentalmente en los negocios de generación renovable y de infraestructuras de redes de distribución de energía. Por otra parte, el balance de la energética se ha reforzado, con una deuda neta a septiembre de 11.400 millones de euros, un 16% inferior al cierre de 2020.

Garantiza que la ampliación de Medgaz estará operativa a final de año

En cuanto a la seguridad de suministro de gas de Argelia, Naturgy confirma que la ampliación de capacidad del gasoducto Medgaz (co-gestionado por Sonatrach y Naturgy) con una capacidad superior a los 10 billones de metros cúbicos anuales estará operativa a final de este año, lo que le permitirá poder seguir proporcionando a sus clientes gas competitivo.

De esta manera, estima que el fin de la concesión a finales de octubre de GME (gasoducto Magreb-Europa) no afectará al aprovisionamiento de gas para Naturgy, que ya había contemplado dicha eventualidad y adaptado, en consecuencia, su estrategia de suministro.

El gas que suministra este gasoducto se destinará exclusivamente a abastecer a sus clientes de gas en España, tanto en el ámbito residencial como en el comercial e industrial. "La ampliación de Medgaz refuerza la seguridad de suministro de gas natural argelino a nuestro país, y es un elemento esencial de cara a los próximos meses de invierno. Medgaz es para nosotros, y nuestro socio Sonatrach, un ejemplo de buena cooperación en la gestión de una infraestructura estratégica para España", destacó el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés.

Nuevo plan estratégico a 2015 y dividendo 

El pasado mes de julio, Naturgy, sobre la que recientemente se cerró una OPA parcial con la entrada en su accioniariado del fondo australiano IFM con un 10,8% del capital, presentó su plan estratégico 2021-2025, que contempla unas inversiones estimadas de 14.000 millones de euros y fija un objetivo de Ebitda de 4.800 millones de euros en 2025. Reynés subrayó que el grupo está "alineado con los retos de la transición energética, y para ello contamos con un ambicioso plan estratégico respaldado por todos los accionistas".

En lo que respecta a la retribución a sus accionistas, la compañía abonará un segundo dividendo a cuenta el próximo 15 de noviembre de 0,40 euros/acción, íntegramente pagadero en efectivo. Para el ejercicio completo 2021, se fijó un dividendo total de 1,20 euros/acción. "Nuestra compañía siempre ha sido transparente y ha cumplido con sus accionistas. Hemos anunciado el pago del segundo dividendo a cuenta tal y como está recogido en nuestra hoja de ruta", añadió Reynés.

La tarifa regulada, también conocida como el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), está en proceso de reforma. La crisis energética ha dejado herido de muerte al actual modelo, una excepción europea en la que el coste de la energía está indexado a la subasta diaria. Esto tiene sus ventajas –un ahorro considerable frente a las tarifas no intervenidas, en tiempos de calma– y dos grandes inconvenientes: la volatilidad y la incertidumbre de estar sujeto a las dinámicas del pool, y la traslación directa de la escalada actual, sin que el mercado libre ejerza de amortiguador. El Gobierno quiere cambiarlo para eliminar los vaivenes y la "ansiedad", como definen en privado miembros del Ejecutivo, de estar pendiente cada día de los precios, con el correspondiente coste y desgaste político. 

Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto un periodo de consulta pública en la que busca recabar opiniones de la sociedad civil y de las empresas. La mayoría coinciden –visto el dolorosísimo efecto de la escalada actual– en que un sistema no solo inestable, sino que no pone freno al encarecimiento en la subasta mayorista, no es el más adecuado: teniendo en cuenta que es la opción escogida por el 40% de los consumidores domésticos en el país, y que muchos de ellos están en gran situación de vulnerabilidad, dado que es necesario estar acogido a este sistema para acceder al bono social. 

En el documento de la consulta, el departamento de Teresa Ribera reconoce que "es paradójico que sean los consumidores con menor consumo los que estén expuestos a una mayor volatilidad en el precio de su consumo eléctrico, aunque esta mayor volatilidad no se traduzca en mayores precios en el largo plazo". En general y quitando el episodio actual de la ecuación, el PVPC es más barato: no tiene por qué incluir en sus cálculos el beneficio que buscan las empresas privadas. Pero puede que no compense la inestabilidad ni el sufrimiento actual. 

Las grandes empresas eléctricas llevan meses pidiendo una reforma del PVPC. Pero no todas las propuestas de terminar con los vaivenes son iguales, ni todas las voces tienen los mismos intereses. Antes de la última gran reforma eléctrica, de 2013, el precio de la tarifa regulada se fijaba en una subasta aparte. Ahora está bajo sospecha de manipulación por parte de Iberdrola, en un proceso que instruye la Audiencia Nacional. El por entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, y el Consejo Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) creen que la compañía apagó su potencia hidroeléctrica para encarecer el resultado. A las compañías no les interesa el PVPC actual por un sencillo motivo: cuando las renovables se imponen y el gas no logra marcar el precio de todas las tecnologías, cobran menos. De hecho, el regulador multa sistemáticamente a las comercializadoras por cambiar a los clientes del mercado regulado al libre sin su permiso. 

Sin embargo, hay otra manera de estabilizar el coste de la energía en la factura regulada: indexarla no a la subasta diaria, sino a los mercados a largo plazo, cuya evolución recoge el coste real de la energía pero no es tan cambiante. Es lo que ha puesto sobre la mesa la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), es decir, Iberdrola, Endesa, EDP y Viesgo. Pero hay una cara b de la propuesta: defiende que la tarifa intervenida no debe ser de libre acceso, sino exclusiva para consumidores vulnerables. En la línea de lo que exige la Comisión Europea. También en línea con sus intereses, como no podía ser de otra manera: quitando momentos excepcionales como el actual, a todas las empresas les interesa que cuantos más consumidores mejor se adhieran al mercado libre, donde cada compañía ofrece el precio que quiere y donde se abren las puertas a los costes injustificados. 

Fuentes de Transición Ecológica consultadas por infoLibre no descartan ningún escenario: ni modificar de cabo a rabo el PVPC, ni cambiar sus reglas para limitar sus efectos, ni dejarlo como está. El Gobierno está en fase de "escucha activa", aseguran estas mismas fuentes, pero insisten en que, de media, la tarifa regulada ha sido entre un 20% y un 30% más barata, y que si bien la inestabilidad es indeseable, podría ser un tiro en el pie acabar con un modelo que ofrece precios muy competitivos cuando el pool se comporta de manera normal. 

Otras propuestas van mucho más allá. La Fundación Renovables, por ejemplo, ha puesto sobre la mesa una reforma estructural del recibo intervenido que se basa en una máxima muy clara: quien consuma más, que pague más. En su exposición de motivos, critican el actual modelo por ser, de facto, una transferencia de rentas de los ciudadanos de a pie hacia las grandes eléctricas. "Es necesario limpiar la tarifa y que responda al concepto de pago por uso. La tarifa eléctrica no puede parecer exclusivamente un instrumento de política industrial, territorial y de cumplimiento de los compromisos medioambientales, aunque inexcusablemente lleve implícitas directrices estratégicas, y mucho menos asumiendo partidas que van justamente en dirección contraria a lo que el precio de la electricidad debería reflejar y al objetivo de la política energética que tendría que permitir que la electricidad fuera más barata y competitiva", argumentan en el documento que han presentado en la consulta pública.

"El Gobierno tiene en sus manos que el PVPC responda al traslado de costes que ocasiona el suministro eléctrico de forma transparente y justa y no a la inclusión de partidas incontroladas que lo único que hacen es encarecer la electricidad en base a la nula capacidad de reacción del consumidor doméstico". Además de una bajada permanente de cargos, peajes e impuestos, la organización defiende tres tramos para acabar, con su juicio, con la injusticia actual mediante la cual "cuanto mayor es el consumo menor es el precio medio, lo que es ineficiente porque no incentiva el ahorro y va en contra de la consideración de la energía como bien escaso y como causante principal del cambio climático". 

En el primer tramo, hasta 1.500 KWh, la Fundación Renovables defiende un "consumo mínimo vital", solo para la primera residencia, mediante el cual la electricidad adquirida es gratuita. En el segundo tramo, el "consumo normalizado", el modelo es similar al actual, con un IVA del 10%. Y en el tercer tramo, de "consumo penalizado", "debe establecerse un coeficiente de mayoración del precio de la electricidad consumida, coeficiente que puede ser progresivo o fijo en función de la complejidad del sistema". Es decir, que se pague más por la energía, con un IVA del 21%. El PVPC, según esta propuesta, debe ser de origen 100% renovable, mediante el establecimiento de contratos bilaterales con las plantas de energías limpias. 

La primera cuestión que surge cuando se estudia la propuesta es evidente: ¿cómo se paga? La Fundación Renovables defiende que los gastos del primer tramo, gratuito, se sufraguen con el sobreprecio que abonarían los que consumen más. Y si no es suficiente, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Los expertos consultados, sin embargo, tienen dudas de que sea viable y de que este modelo pueda ayudar más a los consumidores más vulnerables en comparación al actual bono social (que también tiene carencias). "Complicaría mucho la gestión, en términos de coste y de efectividad. A simple vista, no lo veo", juzga el profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y especialista en el sistema eléctrico Diego Rodríguez. 

Los consumidores vulnerables, advierte, no siempre son los que consumen menos: las capas más pobres de la población suelen tener electrodomésticos viejos o ritmos de vida que les impiden ahorrar. Una medida así debe ir precedida de un estudio en profundidad sobre cómo afectaría a la población en riesgo de exclusión social, de clase baja, la más afectada por la crisis actual y por la volatilidad de precios. Rodríguez es partidario de "un cierto suavizamiento" en el PVPC, indexado a los mercados a largo plazo, como propone la Aelec, que permitiría a la tarifa regulada competir mejor contra un mercado libre que ofrece estabilidad a cambio de recibos, de media, más altos. 

El catedrático de Economía Aplicada de la UCM y especialista en economía política de la energía Enrique Palazuelos no tiene en la cabeza la solución perfecta para el dilema, pero es favorable a un "mix" entre ambas opciones: que la tarifa regulada siga siendo más barata, pero sin tanta fluctuación. "Se podría buscar una combinación. Hay que paliar y evitar los dos extremos. Tampoco es bueno para el comportamiento del sistema eléctrico que los precios sean muy bajos", defiende: durante marzo y abril de 2021, el pool cayó en picado, los consumidores con PVPC pagaron muy poco y la retribución de las renovables sujetas al mercado marginalista sufrió. "Hay que buscar también convencer a los inversores a corto y medio plazo". 

Sin embargo, para el especialista, coincidiendo con la visión de la Fundación Renovables, el conflicto de fondo es el diseño europeo del mercado de la energía: un modelo mediante el cual la tecnología más cara marca la retribución de las demás. La crisis de una sola materia prima pone en jaque el sistema entero. "Hay un mal de fondo y una solución de fondo que hay que dar: tenemos que tender a ir eliminando el modo en el que se determina el precio". Sin embargo, por ahora, las puertas del Parlamento, la Comisión y el Consejo europeo están cerradas a una modificación estructural de las reglas de juego.

Hay muchas medidas que un Gobierno de la Unión Europea puede hacer para bajar el precio de la electricidad en el contexto de un mercado liberalizado sobre un bien básico. A pesar de lo que cabría esperar. El problema es que el Ejecutivo español ya las ha ejecutado todas o casi todas: y las que de verdad causarían un cambio de paradigma no dependen solo de su voluntad. Aún hay margen, pero cada vez es más estrecho. Y la factura sigue subiendo, aunque suba menos de lo esperado. La propia ministra Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica, adelantó este martes cuáles serán las próximas reformas que su departamento tiene en mente. Algunas, ampliamente demandadas por empresas y sociedad civil: otras, necesarias según organizaciones contra la pobreza energética, aún no se vislumbran en el horizonte. 

El Gobierno ha bajado o suprimido temporalmente todos los impuestos aplicables a la energía eléctrica. El mercado de carbono está en máximos, así que el Ejecutivo ha utilizado tanto estos ingresos que percibe, inesperados, como los que extrae de la minoración del gas para dejar en la mínima expresión los peajes y las cargas que abonamos en el recibo. Ha puesto fin, no sin polémica, a los "beneficios caídos del cielo": y ya retira, en principio, 2.600 millones de euros de beneficios a las eléctricas, al entender que reciben un extra en el escenario actual y que tienen que arrimar el hombro. Otra ley en tramitación en el Congreso, si se aprueba, aumentará esa cifra. Este martes, Ribera aplacó el golpe, librando a determinados contratos bilaterales con la industria por entender que no se estaban beneficiando de la escalada y tras semanas de amenazas, quejas y exabruptos del oligopolio.

En el mismo Consejo de Ministros se ha aprobado un aumento del descuento del bono social eléctrico, desde un 25% a un 60% en el caso de consumidores vulnerables y del 40% al 70% en el caso de consumidores vulnerables severos, así como un bono de 90 euros para calefacción que llegará en diciembre y que será tramitado, ha explicado Ribera, por las comunidades autónomas. Es lo que pedía la Comisión Europea: que las medidas se centraran en los que más pueden sufrir un aumento de la factura. Hasta el momento, Transición Ecológica había creado el llamado "suministro mínimo vital", en la práctica una ampliación hasta ocho de los meses en los que se prohíben cortes por impago. Pero el recibo tenía, y tiene, que abonarse. 

Por otro lado, Transición Ecológica ha puesto sobre la mesa la obligación de que el mercado libre no sea tan libre como para engañar al consumidor. En primer lugar, exigiendo que los cambios de tarifa cuando el contrato vence sean avisados con un mes de antelación. La subida del pool también afecta a las tarifas al margen de la regulada, que pueden aplicar subidas cuando se acaba el periodo de facturación. Según organizaciones de consumidores, el aumento está siendo de un 30% de media. Lo que pretende el Ejecutivo es que estos encarecimientos sean transparentes, sin sorpresas para el cliente. Además, las eléctricas deberán informar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de cómo establecen sus tarifas y cómo venden su electricidad: la alternativa a la auditoría sobre los costes que lleva meses pidiendo Unidas Podemos y que los expertos ven difícil de ejecutar, al tratarse de empresas privadas. 

Las actuaciones han abarcado casi todos los frentes. Pero hay algunos a los que aún no se ha llegado, porque se necesita tiempo; por complicaciones burocráticas; o por falta de ambición política, según los opositores al Ejecutivo. 

La tarifa regulada: el próximo gran melón

Reconoció Ribera en su comparecencia de este martes que el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa regulada, podría cambiar y que la modificación tiene la capacidad de ayudar a alcanzar el objetivo fijado por su Gobierno: que paguemos lo mismo que en 2018. Para ello ha abierto una consulta pública, aunque aún no está confirmado que la decisión se termine tomando. Esta modalidad, a la que se acogen el 40% de consumidores domésticos en este país, tiene la ventaja de que es más barata que las ofertas que hacen las comercializadoras en el mercado libre en tiempos de paz: y la desventaja de que, como única excepción en Europa, la parte del coste de la energía está indexada a la subasta diaria. No solo sufre de vaivenes continuos, sino que internaliza casi directamente la escalada del pool.pool.

Hay varias opciones. Las eléctricas, deseosas de pasar a cuantos más clientes mejor a un mercado libre en el que cobran más si quitamos la crisis actual de la ecuación –entre un 20% y un 30%, según fuentes de Transición Ecológica–, quieren que la tarifa regulada deje de ser de libre acceso y solo se mantenga para los consumidores vulnerables. Además, proponen una manera de evitar idas y venidas: que los precios de la factura intervenida estén relacionados con los de los mercados a largo plazo, que también reflejan el coste de la energía, pero sin tantos vaivenes. Es difícil que el Ejecutivo renuncie así como así a una de las pocas regulaciones que le permite Bruselas sobre el recibo, pero sí que está abierto a estabilizar el proceso, que causa "ansiedad" en palabras de un miembro del Gobierno, y desgaste político. 

Otras propuestas, como la de la Fundación Renovables, defienden un cambio más radical: que pague más quien más consume, con independencia de su situación de vulnerabilidad, y siempre hablando de consumidores domésticos. Un tramo gratuito, hasta los primeros 1.500 KWh; un tramo intermedio, con un sistema igual que el actual; y un tramo penalizado, en el que la electricidad que se pase de un límite se abone a precio de oro. Es la aplicación directa de la máxima "quien contamina, paga", pero especialistas consultados por infoLibre tienen dudas sobre si esta medida beneficiaría de verdad a los más vulnerables –que consumen más de lo que a veces se presupone, por el uso de electrodomésticos viejos, por ejemplo– y sobre si un tramo gratuito es realmente viable en el contexto actual. 

Bono social automático, ¿por qué no?

La ministra ha anunciado mayores descuentos en la factura a los consumidores que cuentan con el bono social eléctrico, de hasta el 70% si se cuentan en una situación de vulnerabilidad severa. Pero las asociaciones contra la pobreza energética, que ya han tachado la mejora de "insuficiente", reclaman una automatización de su concesión. Según cálculos de Ecodes, hasta el 50% de la población española que cumple los requisitos no percibe el bono. ¿Por qué? Desconocimiento, burocracia lenta y complicada o comercializadoras que alargan demasiado los trámites.

Transición Ecológica reconoce que es un método ineficiente y que la concesión se aplicara automáticamente, sin tener que pedirla, sería lo ideal, pero también reconoce dificultades para coordinar a las administraciones y recabar todos los datos necesarios para ello. Por las palabras de Ribera de este martes, no parece que esté en los planes del Ministerio a corto plazo. El dinero a desembolsar de más sería mucho mayor a los 100 millones que anunció el domingo el presidente, Pedro Sánchez. 

La batalla en Europa parece más perdida que nunca

Transición Ecológica no renuncia a promover una reforma integral en  las reglas del sistema europeo de electricidad, mediante el cual el carísimo gas marca el precio del resto de tecnologías, pero no deja de recibir reveses. Primero fue la fría acogida del Parlamento Europeo; segundo, el escepticismo de la Comisión Europea, que dijo que estudiaría alternativas pero que dejó claro que el mercado mayorista gozaba de "consenso general"; ahora, once países de la Unión Europea que han hecho una defensa cerrada del sistema actual.  Ya no están solas Alemania y Bélgica en la oposición activa. 

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aegesen, llevó una propuesta concreta al Consejo de Ministros de Energía celebrado en Luxemburgo este martes: un sistema que  calcule una media entre el precio marginal y el inframarginal, quitándole protagonismo al gas en el precio que se traslada a los consumidores y haciendo que se note la entrada de renovables en el mix. La Comisión Europea, como siempre, dice que lo estudiará, pero ha vuelto a rechazar a priori la iniciativa y a defender el modelo actual por "eficiente". Es la principal ventaja que le ven algunos expertos al mercado marginalista: la oferta y la demanda se acoplan a la perfección, sin que entre en la subasta ni un solo KWh, procedente o no de combustibles fósiles, que no sea necesario. 

Si el Gobierno español quiere seguir en la batalla, tendrá que especificar cómo un nuevo modelo puede atajar estas carencias, que también sufren, a juicio de los especialistas, la propuesta de Goldman Sachs que circula en Transición Ecológica como ejemplo de que el cambio es posible, también desde la más pura ortodoxia económica. En todo caso, los cambios no llegarán a tiempo para solventar un invierno que promete ser de los más duros de las últimas décadas. La última opción es que Bruselas, como ha puesto Aegesen sobre la mesa comunitaria este martes, autorice que España ejecute los cambios por su cuenta. El riesgo es alto: los posibles inconvenientes serían asumidos solo por el mercado español. Pero la alternativa coge fuerza ante el impasse. 

El Gobierno lleva meses intentando presionar a la Comisión Europea para que cambie las reglas del mercado eléctrico, ante la crisis energética derivada del precio del gas. Por ahora, con escaso o nulo resultado: el Ejecutivo comunitario asegura que el modelo actual despierta un "consenso general". Aunque no descarta estudiar alternativas, Bruselas opina que ninguna ha demostrado su eficacia. Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica baraja un informe, al que ha tenido acceso infoLibre, elaborado por el banco de inversión Goldman Sachs, que asegura que un sistema basado en contratos bilaterales entre generadoras de electricidad, industria y comercializadoras bajaría los precios un 45% en 2022.

El Gobierno español no puede aplicar cambios de esa magnitud en su sistema eléctrico motu proprio, regido por directivas europeas y sujeto a un fuerte control por parte de la Comisión. Pero infoLibre ha confirmado que el estudio de Goldman Sachs circula en Transición Ecológica como ejemplo de que alternativas al modelo marginalista sí que son no solo posibles, también deseables, y bajarían el recibo de las grandes fábricas electrointensivas, de comercios y de pequeños consumidores, a la vez que reduciría a la mínima expresión los "beneficios extraordinarios", también llamados caídos del cielo, que disfrutan las cuatro grandes eléctricas del país, sobre todo a partir de la explosión de la crisis actual. El documento asegura que los cambios, "revolucionarios" con respecto al sistema de subastas diarias actual, bajarían los precios un 45% en 2022, "aunque el impacto a largo plazo sería mucho más modesto", reconoce la entidad financiera. 

El contrato bilateral a largo plazo (PPA, siglas en inglés) es un modelo que habitualmente se utiliza para los acuerdos entre las generadoras de electricidad y la gran industria electrointensiva –siderúrgica, cementeras, etc– en base a los mercados a largo plazo, que estiman los precios de la electricidad en los próximos años. Mediante esta herramienta, ambas partes disfrutan de la estabilidad de saber cuánto van a cobrar o pagar por la energía, sin los vaivenes de la subasta diaria, durante años o décadas. Se trata de un formato similar al que promociona el Estado a través de las subastas de renovables, donde las empresas eólicas y/o fotovoltaicas más pequeñas acuden atraídas por la certidumbre, y reciben un precio por el MWh menor que el que disfrutarían ahora en el pool, en plena escalada, pero mucho mayor que el que podrán recibir en un futuro, cuando la transición energética avance, tirando los costes. 

El departamento de la ministra Teresa Ribera dará un paso adelante en la promoción de este modelo, librando del recorte de los "beneficios extraordinarios" a los contratos bilaterales que se firmen próximamente entre eléctricas e industria y que ofrezcan precios anteriores a la subida del gas. La industria, así, obtendría un respiro, porque los costes de la electricidad empiezan a ser inasumibles: pero también sería un respiro para los propias eléctricas, culpadas por la izquierda del episodio, por lo que el Gobierno podría tener difícil la convalidación parlamentaria de la reforma. 

Goldman Sachs pone sobre la mesa, en resumidas cuentas, la eliminación del sistema marginalista, con contratos bilaterales como opción por defecto y mayoritaria. Defiende que todos los actores –comercializadoras e industria– que necesiten electricidad pacten un precio fijo durante años con las generadoras, en base a los costes de cada tecnología y asumiendo un margen razonable de beneficio. Mediante el diseño actual, la tecnología más cara –actualmente, el gas natural– es la que marca lo que cobra el resto, produciéndose los llamados "beneficios caídos del cielo": nuclear e hidroeléctrica, con instalaciones en buena parte amortizadas, reciben lo que recibirían si tuvieran que pagar por un gas que no utilizan y por un CO2 que no emiten. Esto se acabaría con el modelo que ha puesto sobre la mesa el banco estadounidense.

El informe asegura que la propuesta cuenta con una ventaja adicional: los tiempos. "Una revisión profunda del mercado eléctrico existente podría tardar años en implementarse, dado que tiene que ser consensuada a nivel europeo, lo que podría no ser de ayuda en el contexto de la reciente escalada de precios. Un 'sistema de transición' más dependiente de los contratos bilaterales podría aportar una reparación rápida que puede ser implementada mucho antes". La principal virtud de este sistema es su capacidad para bajar radicalmente los precios en la próxima década, empezando desde el minuto uno desde su puesta en marcha. A partir de 2030, estima Goldman Sachs, esta ventaja se diluiría, puesto que las renovables coparían el pool y, asegura la entidad financiera, los precios serán bajos en ambos sistemas, por lo que habría que pasar a la "revisión profunda".

En todo caso, la próxima década es vital: la transición energética, con el modelo actual, corre el peligro de ser sufragada de los bolsillos de los pequeños consumidores, que menos culpa tienen del cambio climático, incumpliendo los preceptos de justicia social que la Unión Europea quiere aplicar en su descarbonización.

Goldman Sachs estima el impacto de la posible reforma en varias empresas eléctricas del continente, incluidas las españolas Endesa, Iberdrola, Acciona y EDP. De hecho, Endesa sería la compañía más afectada del continente, perdiendo un 20% de beneficios antes de intereses, por el fin de los ingresos caídos del cielo de hidroeléctrica y nuclear, las tecnologías más afectadas. caídos del cieloTambién sufrirían las empresas de renovables que cuentan con sus instalaciones como parte de la subasta diaria, en vez de fijar precios a largo plazo: Acciona, como máximo exponente. Sin embargo, disfrutarían del cambio las empresas renovables que ya cuentan con contratos estables, aumentándose la cuantía de lo percibido. También obtendrían un impulso las tecnologías limpias aún no lo suficientemente maduras, como la biomasa y las baterías. Y, sobre todo, la industria electrointensiva, que vería bajar un 40% su recibo. Se impulsaría "la reindustrialización del continente" en vista a un futuro más verde, en palabras de la entidad financiera.

Dudas: cómo se organiza la oferta y cómo se diseña la tarifa regulada 

Sin embargo, los expertos muestran su escepticismo: un modelo así, consideran, no sería perfecto. Marcial González, investigador de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Carlos III de Madrid, advierte de que Europa perdería la principal ventaja del sistema marginalista: su eficiencia. La subasta diaria casa oferta y demanda, por lo que asegura que no se genera más electricidad de la que se necesita y que las tecnologías contaminantes se activan lo justo y necesario para evitar cortes de suministro. "Habría que gestionar cómo garantizar la prioridad de despacho. Cuando tienes más oferta que demanda, ¿cómo organizas quién entra?", se pregunta. "Ahí tendrías un problema grandísimo. Si sobreentendemos que le das prioridad a las renovables y luego a la nuclear, técnicamente la nuclear no es viable", advierte.

El informe de Goldman Sachs no analiza esta cuestión, como tampoco profundiza en cómo se fijaría el coste de la electricidad incluido en la tarifa regulada. Se trata de una competencia exclusiva de los Estados miembro dentro del marco de la Unión Europea, que pueden decidir si la indexan a la subasta diaria (como en España) o en subastas cada tres o seis meses, disfrutando de mayor estabilidad pero pudiendo incurrir en sobrecostes. En todo caso, la caída en picado del pool, de más de un 40%, abarataría irremediablemente el recibo de los pequeños consumidores, incluidos los más vulnerables. 

El documento sirve de ariete para un Ministerio para la Transición Ecológica que no está dispuesto a abandonar la batalla. El próximo frente es en el Consejo Europeo que se celebra a partir de este jueves, con el precio de la electricidad como único punto. En las subastas de renovables celebradas el pasado martes, donde se establecen precios fijos, la ministra dejó caer que esta certidumbre tiene que ser el futuro. "El precio resultante muestra hasta qué punto hay una distorsión clarísima en el precio del mercado mayorista en estos momentos: frente a los 30 euros/MWh de la adjudicación media de esta subasta hay una distancia grande con los más de 200 euros/MWh que se pagarán mañana [por este miércoles] en el mercado mayorista español. Esto no hace sino confirmarnos en la necesidad de seguir perseverando en la transformación del sistema energético". 

Tras la fría acogida del Parlamento Europeo y el rechazo parcial de la Comisión Europea, este jueves daba comienzo la tercera de las batallas que libra España por cambiar las reglas del mercado de la electricidad: el Consejo Europeo, que reunió a todos los primeros ministros y presidentes de los países miembro. Pedro Sánchez, junto a sus homólogos de Francia, Grecia, República Checa y Rumanía, defiende cambiar el modelo para que el carísimo gas deje de marcar el precio de todas las tecnologías. Dos países han sido los más activos en defender el statu quo: Alemania y Bélgica. La crisis les afecta, sí, pero por ahora no sufren la tormenta política que se vive al sur de los Pirineos. El mercado libre está conteniendo la subida, aunque la ausencia de una tarifa regulada les podría generar sobreprecios cuando las aguas amainen. 

El borrador de la cumbre europea, en todo caso, jugaba a favor de estos dos países: no se han debatido grandes virajes, sino las diferentes maneras de aplicar las recomendaciones de la Comisión Europea para aplacar el golpe con los mecanismos actuales. En sus conclusiones, el Consejo Europeo simplemente llama a estudiar "medidas a medio y largo plazo que contribuyan a lograr un precio asequible de la energía". El propio presidente español ha quitado, en su comparencencia de este viernes, la reforma estructural de sus demandas, pidiendo solo el estudio de la especulación en los mercados de carbono, las compras de gas y el fomento de los contratos bilaterales.

"Creo que tenemos que reaccionar con prudencia, no debemos inhabilitar completamente el mercado, sino aportar más mercado, pero en cualquier caso necesitamos mecanismos de apoyo social", declaró a su llegada a la cumbre la canciller saliente de Alemania, Angela Merkel. Podría pensarse que esta actitud inmovilista se debe a la ideología de su partido, pero ni socialdemócratas, ni verdes ni liberales, que en estos días negocian su más que probable coalición gubernamental, defienden una reforma radical del sistema.

Bélgica ha hecho frente con el vecino germano, apunta Euroactiv, en la oposición. Su primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, consideró que la propuesta española de compras centralizadas de gas no tendrá gran impacto a corto plazo. Contrapuso la situación de su país, "enormemente conectado a redes de energía", con España, "una isla energética". El liberal flamenco presume de su falta de soberanía energética cuando esas carencias en la producción de electricidad propia no la hacen invulnerables en la crisis. Los precios de la subasta belga se han mantenido en la línea de los del resto de Europa. Y además, el país baraja sustituir su potencia nuclear con centrales de ciclo combinado, que consumen gas, lo que empeoraría la situación si la escalada se mantiene. 

Alemania y Bélgica, sin tarifa regulada, disfrutan de la ventaja temporal, sobre todo en la arena de la disputa política, de un mercado de comercializadoras de electricidad completamente liberalizado. No cuentan con un sistema como el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), indexado al pool, que traslada con relativa fidelidad las tensiones de la subasta. Las empresas, animadas por la competencia, están aplicando la subida, pero por ahora sin una subida que encienda los ánimos de los votantes. La evolución es menos traumática también porque, según explican los expertos, la gran ventaja de un recibo intervenido por el Estado es que cuando baja el pool, se abarata más que la opción del mercado: el KWh que abonaron los españoles durante 2020 fue de los más baratos del continente. 

El modelo belga no está intervenido pero ofrece dos tipos de contrato: los fijos, en los que se paga un precio fijo por el KWh que no cambia salvo que se agote el contrato: y los variables, donde la comercializadora sí puede ir cambiando lo que factura por la electricidad, sin que esté obligada a que esos precios sean exactamente los del pool. El regulador belga, CREG por sus siglas en francés, no tiene cifras sobre cuánto se han encarecido las ofertas del primer tipo. Los segundos, los variables, han aumentado su cuantía un 116% con respecto al año pasado.

La estabilidad que ofrecen las empresas eléctricas juega a favor en esta crisis: también pasa en España, donde el mercado libre, que de media es más caro que el regulado, se ha encarecido un 30% solo para los nuevos contratos, mientras que el PVPC ha sextuplicado su coste con respecto al año pasado. En Alemania también se ve este efecto amortiguador. Los contratos del país germano no suelen ofrecer opciones variables: el precio del KWh se mantiene estable hasta que finaliza el periodo de vigencia. El aumento ha sido de un 9,3%, alcanzando los más altos niveles de la historia del país, que ya partía de un recibo de los más elevados de la Unión Europea. 

Sin embargo, ambos países ya se están encontrando con problemas, aunque por ahora no sean suficientes como para abrirse a una reforma radical de las reglas europeas del mercado. En Alemania, dos comercializadoras de electricidad han quebrado porque ofrecen precios competitivos que no pueden cambiar de un día para otro, pero tienen que acudir a una subasta a niveles exorbitados para adquirir la materia prima. Der Spiegel advierte de que muchas empresas están cambiando sin avisar las condiciones para librarse de esta diferencia entre sus costes y sus ingresos. La industria electrointensiva, sobre todo la siderúrgica, también se está enfrentando a cortes de producción. Pero se asume que el modelo es invariable y tanto la cancillería actual como la posiblemente entrante defienden rebajas de impuestos, de peajes y de cargas como la única actuación en sus manos.

En Bélgica, los consumidores cuentan con un bono social equiparable al español que ha sido mejorado. Las medidas se han centrado, en línea con lo que pide la Comisión Europea, en los más vulnerables, mientras la oposición recrimina a De Croo que "se olvida de las clases medias". El Ejecutivo belga también baraja, en línea con el español, una minoración de los ingresos extraordinarios de los que disfruta la energía nuclear por el episodio, la principal en el país, aunque con un matiz: dejando fuera de la medida a las instalaciones que acometieran recientemente reformas, por entender que no están amortizadas. 

En el otro extremo, Polonia –muy dependiente del carbón– y Hungría, con el populista de extrema derecha Viktor Orban a la cabeza, creen que el problema está en el mercado de carbono, por el que las grandes instalaciones pagan por cada tonelada de CO2 que emiten y piedra angular de la acción climática europea. Es imposible que el continente cambie de rumbo tal y como proponen, pero, por enésima vez en estas semanas, queda patente que el consenso que se necesita para una reforma revolucionaria eléctrica en Europa queda muy lejos. 

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han acordado este jueves esperar hasta diciembre para observar la evolución de los precios del mercado energético antes de decidir sobre los próximos pasos, lo que en la práctica ofrece a España un calendario sobre el debate de las medidas que reclama pero ningún compromiso de acción, ha informado Europa Press. 

Los líderes de los Veintisiete han conseguido pactar un texto conjunto sobre este asunto después de horas de debate entre aquellos países partidarios de adoptar medidas urgentes para hacer frente a la situación, como España y Francia, y aquellos que sostienen que la situación es temporal y solo es necesario adoptar medidas de apoyo a hogares y empresas.

"El Consejo europeo continuará su revisión y volverá a ella en diciembre", reza el documento, en el que los líderes también invitan a la Comisión Europea a "estudiar el funcionamiento de los mercados de gas y electricidad", una reivindicación de la delegación española, que llegó a la cita con la idea de impulsar un debate sobre el sistema marginalista del mercado mayorista de la electricidad.

Además, los jefes de Estado y de Gobierno piden a Bruselas que considere "con prontitud" medidas a medio y largo plazo para hacer que el precio de la energía sea "asequible" para hogares y empresas teniendo en cuenta "la diversidad y las especificidades" de los Estados miembros.

Sin embargo, los párrafos pactados por los líderes de los Estados miembros sobre los precios de la energía no incluye ninguna referencia a la plataforma de compras conjuntas de gas para crear una reserva estratégica, una idea defendida por España.

A su llegada a la cumbre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que España aspira a que haya "mayor ambición" en las medidas y a que la situación se afronte con "urgencia" a nivel europeo, pero también se ha reasignado al ritmo "menos intenso" de la capital europea.

"Nos gustaría ir más rápido, pero en Bruselas y la UE los pasos se dan a un ritmo menos intenso del que desearíamos. Vamos a seguir trabajando para encontrar soluciones a nivel europeo mas allá de lo que hacemos en el plano nacional", ha subrayado el líder socialista.

El primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo, ha sido preguntado por la propuesta española de crear una plataforma conjunta de compra de gas a la que no se ha opuesto, aunque ha dudado de que sea una medida que vaya a tener un "impacto enorme" en la crisis actual.

Sin embargo, la canciller alemana, Angela Merkel, ha mostrado su preferencia por reaccionar "con prudencia" al aumento de los precios de la energía con el objetivo de evitar que el mercado quede "inhabilitado", aunque también ha respaldado que se tomen medidas de apoyo social para los hogares y empresas.

También se ha pronunciado sobre el asunto energético el presidente lituano, Gitanas Nauseda, quien ha incidido en que la UE debe encontrar soluciones al "corto y al largo plazo" a la crisis energética que afronta y ha apuntado que, a la larga, el continente debe mejorar su diversificación energética y apostar por la agenda verde.

Iberdrola se ha comprometido este jueves a no variar los precios eléctricos a la industria para no afectar a la competitividad española con los incrementos del precio del gas natural, siempre y cuando no se perjudique la producción eléctrica con "tributos lesivos", como la 'tasa' a las renovables, y pide al Gobierno la retirada del Real Decreto y la Ley "criticada" por la UE, informa Europa Press. "Nuestro compromiso es seguir apoyando a la industria española y ayudar a la prosperidad de nuestro país, ha señalado al respecto Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. La compañía constata la voluntad del Gobierno de corregir "aquello que no se ha hecho bien" y llegar a un acuerdo.

En lo que va de año, el hecho de mantener los precios pactados con la industria a pesar del incremento del precio de la electricidad ha ahorrado a la industria española 2.000 millones de euros. "Iberdrola siempre apostará por la industria española", ha remarcado Galán. 

Por ello, la energética estima que "ahora que parece evidente ya para todo el mundo que las empresas eléctricas no se han beneficiado en modo alguno del incremento de los precios eléctricos, sino que, muy al contrario, han soportado costes desorbitados del precio del gas natural, el Gobierno debe corregir dos errores, el Real Decreto y la Ley, que bien seguro se produjeron por falta de información".

Por ello, Iberdrola anuncia que, en la medida de sus posibilidades, asumirá el incremento de costes energéticos para no trasladar a la industria española la situación de los mercados internacionales, "pero el Gobierno debe entender que no se debe gravar la producción en un momento tan delicado, especialmente tras comprobar que no se han producido beneficios extraordinarios".

De este modo, Iberdrola renovará los contratos de los clientes que lo soliciten con el fin de evitar un problema de costes. La primera compañía energética española y segunda del mundo dice que asumirá ese esfuerzo "en la medida de sus posibilidades siempre y cuando se retire la tasa a las energías renovables".

Iberdrola recuerda que ya aporta 3.700 millones de euros en impuestos, genera 85.000 puestos de trabajo en España y contribuye al mantenimiento de 400.000 puestos de trabajo en su cadena de suministro, además de tener previsto invertir 150.000 millones de euros hasta 2030 para la descarbonización de España.

Una condición "razonable" 

La tasa sobre las energías no emisoras del Real Decreto Ley 17 del 14 de septiembre está suponiendo un "grave perjuicio" de 1.000 millones de euros mensuales para las empresas eléctricas españolas, según los cálculos de la compañía.

En este sentido, indica que la Comisión Europea señaló el "error" cometido por parte de una regulación "lesiva" por falta de información del Gobierno de España. La ministra de Transición Ecológica, por su parte, reconoció a Reuters que harían lo que señalara la Comisión.  "Iberdrola siempre estará del lado de la industria de nuestro país", ha señalado el presidente de Iberdrola.

Por eso, la compañía considera que el Gobierno no debe introducir tributos que dañen "nuestra renta disponible como ciudadanos o nuestra capacidad inversora como empresas". En ese punto, Iberdrola se muestra favorable a que el Gobierno haga los cambios necesarios en el Real Decreto y en la Ley para que esto sea así, incluida su retirada. "Todo el mundo se puede equivocar por falta de información y rectificar es de sabios", señala Iberdrola.

La internacionalización de Iberdrola, buena para la industria

El proceso de internacionalización de Iberdrola, cuyo hito principal ha sido las felicitaciones recibidas esta misma semana por parte del primer ministro británico, Boris Johnson y la recepción de la Reina de Inglaterra, Isabel II, al presidente de la compañía, es, según Iberdrola, el mejor apoyo a la industria española.

Así, indica que la internacionalización de la compañía ha generado en los últimos meses una producción industrial en España equivalente a 4.000 millones de euros. Por poner un ejemplo, las turbinas que instala Iberdrola en Francia son de Gamesa y las plataformas marinas de Navantia-Windar.

Las ventajas para Asturias 

Un ejemplo es Asturias, la joint venture entre Navantia y la asturiana Windar es capital en el desarrollo de la región. Asturias es una de las principales regiones como destinataria de los contratos con los británicos. Además, el proyecto Wikinger de Alemania cuenta con producción de Navantia y Windar por valor de 104 millones de euros. La producción eléctrica de East Anglia del Reino Unido se hace con cimentaciones y pilotes de Navantia-Windar por valor de 153 millones de euros.

Iberdrola ha firmado que el proyecto ST Brieuc en Francia contenga 350 millones de producción industrial de Windar. O Baltic Eagle en Alemania, cuyas 50 piezas de acoplamiento son de la asturiana Windar por valor de 66 millones de euros. O los 113 millones de la propia Windar en Vineyard de Estados Unidos.

Para ello, su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, y su portavoz de Transición Ecológica, Juantxo López de Uralde, han remitido a la vicepresidenta tercera una carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que concretan los cambios normativos concretos que plantean.

Todo ello tras señalar en la carta "la intención del Gobierno de aprobar un nuevo decreto ley de reforma del mercado eléctrico para frenar la subida de la factura de la luz factura de la luzen consumidores domésticos y también industriales".

Reconociendo la necesidad de proteger a la industria del encarecimiento de su factura, desde esta formación que forma parte del Gobierno de coalición, piden aumentar la reducción de beneficios ya vigente, del 90% al 99% para contener en la factura de la subida del precio de la electricidad.

La factura de octubre será un 5% más cara

Y es que, tal y como señalan en su carta, el parámetro de modulación introducido en el último decreto "va a ser insuficiente para evitar un incremento muy sustancial en el precio de la factura en el mes de octubre", para la que esperan un aumento del 5,25% respecto al mes de septiembre.

Pasar del 90% al 99% en el recorte de los beneficios extraordinarios, esgrimen, permitiría "desacelerar el crecimiento del precio de la factura en 1,5 puntos porcentuales, limitando el encarecimiento a un 3,75%.

Además, en Unidas Podemos esgrimen que otra de las razones que justifican el mayor recorte es la necesidad de acabar con unos beneficios que "se consideran como injustificados", al derivarse de un incremento del coste del gas, que no emplean para generar su electricidad las centrales afectadas, fundamentalmente nucleares e hidroeléctricas.

Nuevos criterios económicos y sociales para el bono social

Por otra parte, Unidas Podemos plantea extender el bono social a todas aquellas personas y unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad social y económica, con nuevos criterios económicos y sociales, elevando el umbral de renta máximo para su acceso.

Así, plantea elevar de 1,5 a 3 Iprem (Indicador de referencia para calcular las Prestaciones Sociales) para hogares conformados por uno y dos adultos; de 2 a 3,5 Iprem para una familia monomarental; de 2 a 3,3 para una familia con dos adultos y un menor; y de 2,5 a 3,3 IPREM para una familia con dos adultos y dos menores.

Esto hace, en la práctica, que familias que no alcancen en sus ingresos los 2.000 euros al mes se beneficien. Como ejemplo, una familia monomarental con una renta anual de 2.306,68 euros al mes tendría acceso al bono social, mientras que con la situación actual, la renta anual de acceso a las prestaciones se sitúa en los 1.318,10 euros.

Finalmente, Unidas Podemos pide aumentar hasta un 60% el descuento de la factura eléctrica para consumidores vulnerables y hasta un 75% para los consumidores en riesgo de exclusión social.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado este jueves que el Gobierno descarta por el momento tomar nuevas medidas para contener el precio de la luz precio de la luzy señala que "no va a ser necesario tomar más".

Ha explicado que el Gobierno permanece "atento" por si es necesario completar la protección de los consumidores vulnerables y también ha mostrado su preocupación por el consumidor industrial, según ha dicho este jueves en una entrevista en El Periódico de Catalunya recogida por Europa Press.

El colectivo industrial está "especialmente expuesto", ha señalado Ribera, ya que, según ella, no tiene suficiente cobertura, y la electricidad es una parte muy importante de la estructura de costes y no tiene un precio garantizado y asegurado a plazo.

Ha mostrado su convencimiento de que las medidas adoptadas hasta el momento permitirán alcanzar el compromiso de que los consumidores paguen en 2021 lo mismo que en 2018 y ha señalado que "para un número muy importante de hogares" la factura actual es incluso más baja que la que pagaba con anterioridad. Por otro lado, ha asegurado que el suministro de gas está garantizado para el próximo invierno, ya que Argelia lo ha garantizado "a través de los mecanismos de transporte que sean necesarios.

Relación con las eléctricas 

Ribera ha explicado que la relación con las compañías eléctricas "se ha mantenido como siempre", a pesar de que las medidas tomadas han impactado en las cuentas de estas empresas. Ha asegurado que ha "habido cierta recuperación de ese espacio de diálogo después de alguna declaración más altisonante", algo que ha definido como positivo. Sin embargo, ha reclamado a las eléctricas "el compromiso social que tanto aparece en su publicidad" ante la posibilidad de una judicialización de las medidas tomadas, y ha recordado que la obligación del Gobierno es, textualmente, la protección de los consumidores por encima de todo. "La obligación de las compañías es en principio maximizar los beneficios, sabiendo que ese 'en principio' queda matizado por el contexto en el que se desenvuelven", ha subrayado.

Mercado roto

La ministra ha explicado que "el mercado está roto, está claro que no funciona" y que, en sus palabras, no se puede permitir que haya precios de escasez durante meses. "Quien piense que puede consolidar una posición de beneficio durante mucho tiempo en estas circunstancias a costa de todos los demás comete un error de cálculo", ha asegurado. Por ello, ha insistido en que "es un error" pensar que un sector estratégico puede tener un margen de beneficio y unos precios como los actuales sin que haya una reacción tanto regulatoria como social.

El Ministerio para la Transición Ecológica trabaja en más medidas para paliar la crisis energética que se vive en toda Europa y, con especial crudeza en el caso de la electricidad, en España. Vendrán en un paquete legislativo al margen del decreto convalidado por el Congreso este jueves, al haberse votado en contra de su tramitación como proyecto de ley, lo que habría permitido a los grupos parlamentarios introducir enmiendas: una vía valorada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, minutos antes de la votación. El Gobierno aliviará el recorte a las eléctricas para ayudar a otra parte del sector secundario sin culpa del episodio pero que sufre sus consecuencias: la industria electrointensiva. También mejorará la protección a los pequeños consumidores más vulnerables, aunque aún no se ha detallado cómo: si ampliando el número de beneficiarios, el descuento ofrecido o automatizando su concesión.

El paquete legislativo, en todo caso, tendrá que pasar de nuevo por el visto bueno del Congreso para su convalidación, con una izquierda parlamentaria reacia a cualquier cesión ante el "oligopolio"

Los detalles que ofreció sobre las nuevas medidas la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su intervención en el Congreso fueron muy escasos: tan pocos, que ni siquiera se pudo deducir exactamente de sus palabras cuál era la exacta herramienta que estaba anunciando. infoLibre ha confirmado con fuentes del Ministerio que el Ejecutivo cancelará la minoración del gas, es decir, la extracción de casi 2.600 millones de "beneficios extraordinarios" de las grandes eléctricas, en el caso de aquellos nuevos contratos firmados con la industria electrointensiva en los que el precio sea "razonable" –es decir, anterior a la escalada del verano– y a largo plazo, con una duración de entre tres y cinco años. 

Mediante la polémica minoración del gas, el Estado requisa buena parte de los "beneficios extraordinarios" que, entiende el Gobierno, las grandes compañías eléctricas están percibiendo por el episodio. Entiende Transición Ecológica que, por la composición del sistema marginalista, nuclear e hidroeléctrica están percibiendo lo correspondiente a comprar gas natural, pero sin adquirirlo, por lo que se están haciendo de oro a costa del bolsillo de los españoles. El dinero recaudado va directo a la parte dedicada a "peajes y cargas" de la factura, que se reduce un 96%, permitiendo contener un aumento de la tarifa regulada sin comparación en el continente. 

Sin embargo, las eléctricas contraatacaron asegurando que el 80% de sus contratos se establecían mediante modelos de compra a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés), que no estaban reflejando la anómala subida del pool. Y que algunas renovables, por este motivo, se podían ver obligadas a producir a pérdidas. Sin embargo, el Ejecutivo argumentó que el decreto establece un suelo para la minoración que les garantiza un "beneficio razonable". Y para las tecnologías limpias, publicó una nota aclaratoria que eximía de la minoración a aquellas que garantizaran que sus contratos no estaban indexados al sistema marginalista.

Así, el episodio parecía estar resuelto, pero las eléctricas no dieron la batalla por perdida. Hablaron de "expolio", amenazaron con cerrar y paralizar centrales antes y después de la nota aclaratoria, prometieron que cancelarían inversiones asegurando que la "inseguridad jurídica" ponía en jaque la transición... el Gobierno parecía hacer oídos sordos, pero no los hizo. La ministra comenzó una ronda de reuniones con los principales dirigentes de las eléctricas y también con la industria electrointensiva, que estaba empezando a sufrir las consecuencias: siderúrgicas o grandes fábricas abordan sobrecostes que ponen en serio peligro la producción. 

Transición Ecológica ha encontrado la solución con la promoción de unos contratos bilaterales que, por un lado, evitan a las eléctricas parte de la minoración, pudiendo cerrar en estos contratos beneficios a largo plazo inferiores a lo que marca el pool, pero superiores a lo que obtendrían de sufrir el hachazo del Gobiernopool. Además, la exención aplica tanto a renovables como a nuclear e hidroeléctrica. Evidentemente, las compañías no están satisfechas. No se han cumplido todas sus demandas. Ni se han establecido contratos bilaterales a precio fijo con pequeños consumidores, como pedía Iberdrola, ni se han librado de la minoración los contratos intragrupo. Es decir, los que se firman entre dos partes de una gran empresa. Por ejemplo, Endesa generadora, titular de las centrales, y Endesa comercializadora, que firma con el usuario final. El Ejecutivo entiende que, al ser parte de una misma compañía, pueden abordar perfectamente la medida. 

Por otro lado, echa una mano a la industria electrointensiva, que podrá consumir energía eléctrica a un precio estable e inferior a lo que puede optar en la actualidad. Solo el 30% del consumo de electricidad de estas fábricas se produce mediante estos contratos bilaterales, explican fuentes del ministerio, y el objetivo es aumentar el porcentaje para dar tranquilidad y margen al sector. Y al mismo tiempo, el Ejecutivo sigue los dictados de la Comisión Europea, que animó este miércoles a los Estados miembro a fomentar y apostar por los contratos bilaterales eléctricas-industria para paliar el impacto a los grandes consumidores.

Lo que está por ver, sin embargo, es si tendrá el apoyo del arco parlamentario, incluido del partido que forma parte del Gobierno pero sin la iniciativa en la materia. Unidas Podemos aprobó con entusiasmo el decreto en el Congreso, pero ha avisado en varias ocasiones a Transición Ecológica sobre su negativa a cualquier actuación que se perciba como una cesión ante las eléctricas. Fuentes del partido aseguran que se mantienen exactamente en la misma postura: "El decreto no puede ser nunca un techo. Las eléctricas pueden y deben colaborar con la Hacienda pública y con los españoles que están sufriendo esta locura con la luz". El PNV, cercano a los intereses de la industria vasca –también de la fósil– se ha abstenido después de reclamar que había que "modular" el decreto. 

El apoyo a consumidores vulnerables, por ahora, es solo una intención

Poco se sabe de la segunda parte del paquete legislativo que llevará próximamente Transición Ecológica al Consejo de Ministros: el apoyo a consumidores vulnerables que perciban el bono social, tanto eléctrico como térmico, que ofrece hasta un 40% de descuento a los consumidores en situación de pobreza energética y/o de exclusión social. Fuentes del Ejecutivo no han dado más detalles de la iniciativa, reclamada por la Comisión Europea en su comunicación del miércoles. Bruselas insiste en que las medidas contra la crisis deben dirigirse específicamente a los que más la sufren, no a la población en general: sin embargo, las actuaciones contenidas en el decreto convalidado este jueves, salvo la ampliación de la prohibición de cortes de suministro, se dirigen a todos los consumidores. 

Las posibilidades son varias: aumentar el porcentaje de descuento, ampliar los criterios para recibir el bono social o automatizar su concesión, algo que no está en la mano solo de Transición Ecológica: necesitan establecer cauces para ello que implican a varias administraciones. 

Una abstención muy elocuente del PNV y la misma negativa de siempre del PP

El PNV se abstuvo en la votación del decreto. Ribera anunció lo que el partido jeltzale ambicionaba: "modular" el decreto para no perjudicar a la industria. La portavoz de la formación, Idoia Sagastizabal, reconoció "el esfuerzo" de la ministra por dar la batalla en Europa y cambiar un modelo que premia con beneficios caídos del cielo a buena parte de la generación eléctrica. Pero lamentó la minoración "no por la minoración en sí, porque la transición tiene un coste, sino por la repercusión que esta medida tiene en la industria". "La rectificación –en referencia a la nota aclaratoria para librar a las renovables del hachazo– está cogida con pinzas". "Si esta medida no se modula o corrige se consigue el efecto contrario: pan y hoy y hambre para mañana, porque el sistema eléctrico es el mismo y lo seguirá siendo". 

El principal partido de la oposición, el PP, se mantuvo en sus trece. Sin reconocer los beneficios obtenidos por el decreto, de más de un 25% de rebaja con respecto a lo que habría alcanzado la tarifa regulada sin intervención, acusó al Gobierno de "mala praxis, desconocimiento del sistema eléctrico y arbitrariedad", en palabras del diputado Manuel Mariscal. La receta de su partido es, además de la bajada permanente de impuestos, "establecer un precio límite a la electricidad" que el Ejecutivo ya ha descartado por ser contrario a derecho comunitario. Ciudadanos, por su parte, señaló que el Ejecutivo pretende "desmontar el sistema marginalista por la puerta de atrás" y destruir "sus ventajas". 

Unidas Podemos, en voz de Pablo Echenique, celebró que el decreto ley "contiene medidas valientes" pero advirtió, sobre las negociaciones de las eléctricas: "Detrás del Gobierno de coalición hay casi 10 millones de españoles y a nosotros solo nos da órdenes la gente mediante el voto". Por parte de otros socios habituales del Gobierno en el Parlamento, visiones contrapuestas dentro del sí. Por ejemplo, ERC advirtió de la "inseguridad jurídica en el sector de las energías renovables" y pidió que Ribera mida "las consecuencias de tomar decisiones precipitadas".

Sin embargo, EH Bildu calificó el decreto como "buenista" e insuficiente. "No nos parece mal, pero es bastante inocente" pensar que, con medidas como la suspensión del impuesto que pagan las eléctricas, van a dejar de repercutir su coste en la factura. El partido abertzale hizo una advertencia: "El Gobierno puede caer si se deja actuar a las eléctricas como quieran".