Reforma eléctrica

Quién gana con la nuevas medidas sobre la luz: la industria abaratará su recibo y las eléctricas recuperarán parte del recorte

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su intervención en el Congreso.

El Ministerio para la Transición Ecológica trabaja en más medidas para paliar la crisis energética que se vive en toda Europa y, con especial crudeza en el caso de la electricidad, en España. Vendrán en un paquete legislativo al margen del decreto convalidado por el Congreso este jueves, al haberse votado en contra de su tramitación como proyecto de ley, lo que habría permitido a los grupos parlamentarios introducir enmiendas: una vía valorada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, minutos antes de la votación. El Gobierno aliviará el recorte a las eléctricas para ayudar a otra parte del sector secundario sin culpa del episodio pero que sufre sus consecuencias: la industria electrointensiva. También mejorará la protección a los pequeños consumidores más vulnerables, aunque aún no se ha detallado cómo: si ampliando el número de beneficiarios, el descuento ofrecido o automatizando su concesión.

El paquete legislativo, en todo caso, tendrá que pasar de nuevo por el visto bueno del Congreso para su convalidación, con una izquierda parlamentaria reacia a cualquier cesión ante el "oligopolio"

Los detalles que ofreció sobre las nuevas medidas la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su intervención en el Congreso fueron muy escasos: tan pocos, que ni siquiera se pudo deducir exactamente de sus palabras cuál era la exacta herramienta que estaba anunciando. infoLibre ha confirmado con fuentes del Ministerio que el Ejecutivo cancelará la minoración del gas, es decir, la extracción de casi 2.600 millones de "beneficios extraordinarios" de las grandes eléctricas, en el caso de aquellos nuevos contratos firmados con la industria electrointensiva en los que el precio sea "razonable" –es decir, anterior a la escalada del verano– y a largo plazo, con una duración de entre tres y cinco años. 

Mediante la polémica minoración del gas, el Estado requisa buena parte de los "beneficios extraordinarios" que, entiende el Gobierno, las grandes compañías eléctricas están percibiendo por el episodio. Entiende Transición Ecológica que, por la composición del sistema marginalista, nuclear e hidroeléctrica están percibiendo lo correspondiente a comprar gas natural, pero sin adquirirlo, por lo que se están haciendo de oro a costa del bolsillo de los españoles. El dinero recaudado va directo a la parte dedicada a "peajes y cargas" de la factura, que se reduce un 96%, permitiendo contener un aumento de la tarifa regulada sin comparación en el continente. 

Sin embargo, las eléctricas contraatacaron asegurando que el 80% de sus contratos se establecían mediante modelos de compra a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés), que no estaban reflejando la anómala subida del pool. Y que algunas renovables, por este motivo, se podían ver obligadas a producir a pérdidas. Sin embargo, el Ejecutivo argumentó que el decreto establece un suelo para la minoración que les garantiza un "beneficio razonable". Y para las tecnologías limpias, publicó una nota aclaratoria que eximía de la minoración a aquellas que garantizaran que sus contratos no estaban indexados al sistema marginalista.

Así, el episodio parecía estar resuelto, pero las eléctricas no dieron la batalla por perdida. Hablaron de "expolio", amenazaron con cerrar y paralizar centrales antes y después de la nota aclaratoria, prometieron que cancelarían inversiones asegurando que la "inseguridad jurídica" ponía en jaque la transición... el Gobierno parecía hacer oídos sordos, pero no los hizo. La ministra comenzó una ronda de reuniones con los principales dirigentes de las eléctricas y también con la industria electrointensiva, que estaba empezando a sufrir las consecuencias: siderúrgicas o grandes fábricas abordan sobrecostes que ponen en serio peligro la producción. 

Transición Ecológica ha encontrado la solución con la promoción de unos contratos bilaterales que, por un lado, evitan a las eléctricas parte de la minoración, pudiendo cerrar en estos contratos beneficios a largo plazo inferiores a lo que marca el pool, pero superiores a lo que obtendrían de sufrir el hachazo del Gobiernopool. Además, la exención aplica tanto a renovables como a nuclear e hidroeléctrica. Evidentemente, las compañías no están satisfechas. No se han cumplido todas sus demandas. Ni se han establecido contratos bilaterales a precio fijo con pequeños consumidores, como pedía Iberdrola, ni se han librado de la minoración los contratos intragrupo. Es decir, los que se firman entre dos partes de una gran empresa. Por ejemplo, Endesa generadora, titular de las centrales, y Endesa comercializadora, que firma con el usuario final. El Ejecutivo entiende que, al ser parte de una misma compañía, pueden abordar perfectamente la medida. 

Por otro lado, echa una mano a la industria electrointensiva, que podrá consumir energía eléctrica a un precio estable e inferior a lo que puede optar en la actualidad. Solo el 30% del consumo de electricidad de estas fábricas se produce mediante estos contratos bilaterales, explican fuentes del ministerio, y el objetivo es aumentar el porcentaje para dar tranquilidad y margen al sector. Y al mismo tiempo, el Ejecutivo sigue los dictados de la Comisión Europea, que animó este miércoles a los Estados miembro a fomentar y apostar por los contratos bilaterales eléctricas-industria para paliar el impacto a los grandes consumidores.

Lo que está por ver, sin embargo, es si tendrá el apoyo del arco parlamentario, incluido del partido que forma parte del Gobierno pero sin la iniciativa en la materia. Unidas Podemos aprobó con entusiasmo el decreto en el Congreso, pero ha avisado en varias ocasiones a Transición Ecológica sobre su negativa a cualquier actuación que se perciba como una cesión ante las eléctricas. Fuentes del partido aseguran que se mantienen exactamente en la misma postura: "El decreto no puede ser nunca un techo. Las eléctricas pueden y deben colaborar con la Hacienda pública y con los españoles que están sufriendo esta locura con la luz". El PNV, cercano a los intereses de la industria vasca –también de la fósil– se ha abstenido después de reclamar que había que "modular" el decreto. 

El apoyo a consumidores vulnerables, por ahora, es solo una intención

Poco se sabe de la segunda parte del paquete legislativo que llevará próximamente Transición Ecológica al Consejo de Ministros: el apoyo a consumidores vulnerables que perciban el bono social, tanto eléctrico como térmico, que ofrece hasta un 40% de descuento a los consumidores en situación de pobreza energética y/o de exclusión social. Fuentes del Ejecutivo no han dado más detalles de la iniciativa, reclamada por la Comisión Europea en su comunicación del miércoles. Bruselas insiste en que las medidas contra la crisis deben dirigirse específicamente a los que más la sufren, no a la población en general: sin embargo, las actuaciones contenidas en el decreto convalidado este jueves, salvo la ampliación de la prohibición de cortes de suministro, se dirigen a todos los consumidores. 

Las posibilidades son varias: aumentar el porcentaje de descuento, ampliar los criterios para recibir el bono social o automatizar su concesión, algo que no está en la mano solo de Transición Ecológica: necesitan establecer cauces para ello que implican a varias administraciones. 

Una abstención muy elocuente del PNV y la misma negativa de siempre del PP

El PNV se abstuvo en la votación del decreto. Ribera anunció lo que el partido jeltzale ambicionaba: "modular" el decreto para no perjudicar a la industria. La portavoz de la formación, Idoia Sagastizabal, reconoció "el esfuerzo" de la ministra por dar la batalla en Europa y cambiar un modelo que premia con beneficios caídos del cielo a buena parte de la generación eléctrica. Pero lamentó la minoración "no por la minoración en sí, porque la transición tiene un coste, sino por la repercusión que esta medida tiene en la industria". "La rectificación –en referencia a la nota aclaratoria para librar a las renovables del hachazo– está cogida con pinzas". "Si esta medida no se modula o corrige se consigue el efecto contrario: pan y hoy y hambre para mañana, porque el sistema eléctrico es el mismo y lo seguirá siendo". 

El principal partido de la oposición, el PP, se mantuvo en sus trece. Sin reconocer los beneficios obtenidos por el decreto, de más de un 25% de rebaja con respecto a lo que habría alcanzado la tarifa regulada sin intervención, acusó al Gobierno de "mala praxis, desconocimiento del sistema eléctrico y arbitrariedad", en palabras del diputado Manuel Mariscal. La receta de su partido es, además de la bajada permanente de impuestos, "establecer un precio límite a la electricidad" que el Ejecutivo ya ha descartado por ser contrario a derecho comunitario. Ciudadanos, por su parte, señaló que el Ejecutivo pretende "desmontar el sistema marginalista por la puerta de atrás" y destruir "sus ventajas". 

Unidas Podemos, en voz de Pablo Echenique, celebró que el decreto ley "contiene medidas valientes" pero advirtió, sobre las negociaciones de las eléctricas: "Detrás del Gobierno de coalición hay casi 10 millones de españoles y a nosotros solo nos da órdenes la gente mediante el voto". Por parte de otros socios habituales del Gobierno en el Parlamento, visiones contrapuestas dentro del . Por ejemplo, ERC advirtió de la "inseguridad jurídica en el sector de las energías renovables" y pidió que Ribera mida "las consecuencias de tomar decisiones precipitadas".

Sin embargo, EH Bildu calificó el decreto como "buenista" e insuficiente. "No nos parece mal, pero es bastante inocente" pensar que, con medidas como la suspensión del impuesto que pagan las eléctricas, van a dejar de repercutir su coste en la factura. El partido abertzale hizo una advertencia: "El Gobierno puede caer si se deja actuar a las eléctricas como quieran". 

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