El Gobierno recaudó sólo un 10% de los 1.300 millones en beneficios caídos del cielo que esperaba

Cuando el Gobierno anunció en septiembre de 2021 la extracción de los "beneficios extraordinarios" que estaban percibiendo centrales hidroeléctricas, nucleares, eólicas o fotovoltaicas del diseño del mercado, al cobrar por un gas que no tenían que quemar, comunicó una cifra de ingresos estimados para el Estado: 2.600 millones de euros hasta marzo de 2022. Sin embargo, un mes después modificó la norma de la llamada "minoración del gas" para dejar fuera a los contratos bilaterales que, esgrimían las empresas, no se estaban beneficiando de los altos precios de la subasta marginalista, porque fueron firmados a precios mucho más bajos antes de la crisis. Y en ese momento, el Ministerio para la Transición Ecológica se negó a actualizar un cálculo: ¿cuánto dinero se extraería de las ganancias de las compañías energéticas? El número, meses después, es público: 131,8 millones de euros de septiembre a diciembre de 2021, un 10% de los 1.300 millones que corresponderían en base al plan original.

La cifra proviene de la liquidación del sector eléctrico que ejecuta rutinariamente la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC), y que se puede consultar aquí. Era de esperar que la recaudación del Estado bajaría en picado tras la modificación normativa, pero no se conocía exactamente cuánto había descendido, ya que solo se contaba con la palabra de las grandes empresas eléctricas, que aseguraban que la mayoría de la energía estaba ya vendida a plazo y que solo una pequeña parte se había beneficiado de la crisis de precios. Fuentes cercanas a la CNMC explica que, efectivamente, tenían razón. Y que el Ejecutivo, opinan, no tenía otra que rectificar: si el Estado extraía más de lo que se cobraba, se obligaba a las instalaciones a producir a pérdidas y el mecanismo se convertía en una "confiscación".

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El Gobierno no admitió abiertamente el error, sino que creó un relato mediante el cual la modificación se aplicaba para fomentar esos contratos bilaterales en vez de desincentivándolos, sobre todo con la mira puesta en la industria, que se podría beneficiar de la estabilidad en un escenario tan cambiante. De puertas para adentro, cambió su actitud: como relatan varias organizaciones patronales de la energía, en los siguientes meses se sucedieron las reuniones y las conversaciones con los principales actores, sobre todo de cara a la modificación de la tarifa regulada para evitar los vaivenes y su contagio de los altos precios del mercado spot. No siempre fueron fructíferas: el diseño del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) se mantiene inalterado.

Como respuesta a la guerra de Ucrania, el Ministerio para la Transición Ecológica volvió a modificar el mecanismo de minoración, volviendo a incluir a esos contratos bilaterales. Los acuerdos de las eléctricas para comprar o suministrar la energía a largo plazo marcaban precios por debajo de la subasta diaria, pero mucho más elevados que lo que se marcaba antes de la crisis, por el encarecimiento de los mercados a futuro –usados habitualmente como referencia–. Por encima de los 67 euros el MWh, el Estado detraería las ganancias extra, en principio hasta junio de 2022. Pero el Gobierno se volvió a negar a ofrecer una estimación de cuánto entrará a las arcas con esta nueva modificación, argumentando que el decreto podría servir como estímulo a las compañías para bajar sus ofertas, por lo que el cálculo se complicaba.

La liquidación de la CNMC muestra que los ingresos del Estado por otros conceptos, al margen de la minoración, han sido mucho mayores en 2021, y han permitido al Ejecutivo bajar al mínimo los peajes y las cargas, conteniendo el golpe en la tarifa regulada y, junto a la bajada y supresión de impuestos, bajar el precio de algunas tarifas del mercado libre que aún no habían internalizado las tensiones del mercado. Por ejemplo, el regulador calcula que las arcas públicas recibieron 1.924 millones de euros fruto del mercado europeo de CO2, también en máximos, en el que las empresas emisoras tienen que pagar por cada tonelada de dióxido de carbono que emiten a la atmósfera.