reforma eléctrica

Solo Italia y Rumanía acompañan a España en la limitación de los beneficios de las energéticas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al canciller de Alemania, Olaf Scholz.

Creían que en 2022 se suavizaría la crisis energética. Y 2022 les trajo la invasión rusa de Ucrania. Los precios de la electricidad, el gas y la gasolina siguen siendo un quebradero de cabeza para los países europeos, y el abordaje tiene varios puntos comunes pero varias diferencias amplias. España y Portugal están prácticamente solas en la batalla con la Comisión Europea para que les deje modificar las normas del mercado eléctrico. Y al Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, también le siguen pocos en la limitación a los "beneficios extraordinarios" de las empresas energéticas, a pesar de que el diseño que permite ingresos extra a determinadas tecnologías es el mismo en toda la UE. Solo Italia y Rumanía han desplegado una medida similar.

Así lo muestra el think tank económico Bruegel en su análisis, recientemente actualizado, de las medidas de los Gobiernos europeos contra el alza en los precios de la energía, y ha comprobado infoLibre. Rumanía fue la primera y casi la única que siguió a Ribera, extrayendo los beneficios por encima de los 90 euros el MWh de las empresas generadoras, pero excluyendo a los combustibles fósiles (porque a ellos sí les cuesta más la materia prima, a diferencia de renovables, hidráulica o nuclear).

Meses después de la iniciativa española, en marzo de 2022, la Comisión Europea dio el visto bueno a tasar o extraer los beneficios caídos del cielo de las energéticas, con una serie de condiciones muy estrictas. Tras aquella comunicación, solo Italia se ha sumado al grupo. No solo en el sector de la electricidad, sino en el de la gasolina y el diésel, imponiendo una tasa del 10% a las ganancias "extraordinarias" obtenidas entre octubre de 2021 y marzo de 2022.

Sin embargo, el Gobierno italiano se ha encontrado con un problema similar al español: las empresas argumentan que la mayoría de sus contratos son a largo plazo, por lo que no están internalizando lo que marca el pool, aunque sus precios sean mucho mayores que en la época previa a la crisis. "El impacto para nosotros es cero. Entre 5 y 10 millones de euros", aseguró el director ejecutivo de Enel, Francisco Starace. En su plan de respuesta a la guerra, Ribera volvió a incluir a los contratos bilaterales en la minoración de beneficios, tras dejarlos fuera en la rectificación de la medida original de septiembre.

Son los únicos países que se han lanzado a combatir los privilegios de las grandes empresas. Alemania se lo está pensando, aunque no ha tomado aún ninguna decisión al respecto; y Francia ha reducido la influencia del mercado en las tarifas de su gran eléctrica pública, pero el modelo energético galo es tan peculiar que repele las comparaciones. Además de ser la propietaria de las 58 centrales nucleares que pueblan el país, EDF ofrece una tarifa regulada a la mayoría de franceses que está pudiendo contener la subida a un 4% a costa de un agujero en las cuentas de la compañía que se acerca a los 8.400 millones de euros.

La gran mayoría de países del continente está optando por la que podríamos definir como la receta clásica, y fácil, recomendada por Bruselas desde el principio y adoptada por España ya desde septiembre: bajar impuestos y ayudar a los sectores más vulnerables de la población con cheques, descuentos o bonos que aligeren la factura. Solo Bulgaria, de entre todos los países europeos, ha esquivado ambas opciones.

Ningún país tiene una tarifa regulada como la española, que cambia a diario en base al resultado del mercado. Así han evitado meses de polémica diaria en base a lo que arrojaba la subasta, y eso les ha permitido también contener los aumentos para los consumidores domésticos, como ha hecho Ribera con la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural. Francia también ha reducido al 4% el aumento de la tarifa de gas, Croacia ha podido congelar las ofertas públicas e Italia, que marca su precio cada trimestre, ha bajado el precio un 10% después de la subida del 55% en enero, gracias a la aportación de eólica y fotovoltaica.

Sin embargo, si los precios no siguen bajos en los próximos meses, los italianos tendrán que pagar de más cuando se haga la próxima revisión: así funciona el déficit de tarifa. Lo que no se paga ahora por la emergencia, se pagará después. Por eso España y Portugal están peleando para bajar los precios de una manera estructural, señalando directamente al mercado mayorista. Bélgica, que no puede argumentar ante el Ejecutivo comunitario su falta de interconexiones, ha cambiado de postura y apoya las peticiones de Costa y Sánchez, pero encogiéndose de hombros: hasta que la Comisión no impulse una solución para los Estados miembro, ellos no pueden hacer nada, defiende el primer ministro, Alexander De Croo.

La resignación también es generalizada en Alemania, donde la dependencia del gas natural ruso ocupa los titulares, a diferencia de la subida de la electricidad; a pesar de ser el país con las tarifas más caras de la UE, según Eurostat. En el país no hay tarifas públicas, solo las que provienen del mercado libre, por lo que han podido amortiguar la subida ya que los contratos privados entre comercializadoras y consumidores suelen durar un año. Pero la tregua se está agotando. "Sí, por muy amargo que sea, también tenemos que trasladar el aumento de los precios [del gas] a nuestros clientes", aseguró esta semana el presidente de una de las principales compañías, E.on.

Ayudas a las empresas

Las ayudas a las empresas que más gastan en energía, como la industria pesada o el transporte público, están generalizándose en el continente. Portugal, por ejemplo, ayuda a las fábricas que necesitan gas natural a cambio de la prohibición del despido. Seis millones de empresas italianas se libran de pagar cargos en el recibo. Reino Unido está rescatando a las compañías que tienen que pagar más derechos de emisión de CO2. Medidas similares han sido tomadas en Suecia, Reino Unido, Austria, Bulgaria, República Checa, Estonia, Finlandia, Grecia... y España, que hasta finales de marzo estaba fuera de este grupo, pero que en el Plan de Respuesta a la Guerra incluyó líneas de crédito, subvenciones directas y descuentos para el consumo de gas, electricidad y derivados del petróleo.

Sin embargo, es difícil encontrar un país en el que se hayan tomado medidas tan duras contra las grandes eléctricas, a pesar de las idas y venidas; y es difícil también encontrar un país en el que las compañías carguen tan a menudo contra el criterio del Ejecutivo. La "excepción" española no está solo en las interconexiones.

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