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Cambio climático

Ochenta empresas españolas compraron derechos de emisión fraudulentos a compañías rusas que simularon reducir sus gases de efecto invernadero

España se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto de invernadero en un 10% para este año.
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España es el segundo país de la Unión Europea que más derechos de emisión de gases con efecto invernadero compró entre 2008 y 2012. Sólo superada por Alemania, la gran potencia industrial del continente, que adquirió 303,9 millones de toneladas de CO2, España se hizo en esos años con 107,66 millones. Más que Reino Unido, Francia o Italia. Al país que más derechos compró fue a China, nada menos que 59,3 millones de toneladas, seguido de Ucrania e India. El cuarto mayor vendedor a España fue Rusia, 8,31 millones de toneladas. Se trataba de un sistema perfectamente legal, certificado y bendecido por Naciones Unidas y la Unión Europea. Pero que ha recibido múltiples críticas no sólo por fracasar en su propósito de reducir las emisiones de estos gases nocivos, sino también por fomentar el fraude. Más de una tercera parte de esos muchos millones de toneladas en créditos comprados por empresas españolas –un 36%– corresponde a tres proyectos señalados desde 2015 como una estafa que hizo ricos a empresarios rusos y, para más escarnio, incluso aumentó la expulsión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

El mercado de derechos de emisión de estos gases nació con el Protocolo de Kioto, que se firmó en 1997 para luchar contra el cambio climático. Está en pleno funcionamiento desde 2008 en Europa e incluye tres mecanismos: el comercio de emisiones, el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y la Implementación Conjunta (IJ). El primero se basa en el uso de instrumentos económicos para conseguir un beneficio medioambiental: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero –dióxido de carbono (CO), metano (CH), óxido nitroso (NO), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF).– Los otros dos son sistemas basados en proyectos para lograr el mismo objetivo. La implementación conjunta debería haber servido para reducir emisiones en los países industrializados y el mecanismo de desarrollo limpio para recortarlas en los países en desarrollo. Así, un país invierte en un proyecto de reducción de emisiones situado en otro y, a cambio, recibe un crédito. Cada crédito permite a la empresa que lo compra emitir una tonelada de gas de efecto invernadero, pero siempre que no se emita otra tonelada de esos gases en otra parte del mundo. Este sistema estuvo vigente hasta diciembre de 2015 para las emisiones producidas entre 2008 y 2012, el periodo en el que se produjo el fraude.

El periódico danés Politiken, miembro de la red de medios European Investigative Collaboration (EIC), al igual que infoLibre, ha publicado una base de datos que contiene información sobre más de 5.000 empresas de 29 países europeos. Todos los datos proceden de fuentes oficiales de la UE y de Naciones Unidas, en concreto del Registro de Transacciones de la Unión Europea y de las bases de datos de la ONU sobre el Mecanismo de Desarrollo Limpio y los proyectos de Implementación Conjunta. Gracias a ese trabajo es posible conocer qué empresas y en qué cantidades compraron los créditos. No sólo de los proyectos de alta calidad que redundaron en una reducción de las emisiones de gases nocivos, sino también de los que sólo fueron utilizados por las empresas para obtener una etiqueta ecológica y de los que fueron sencillamente un fraude.

De hecho, en vista de los resultados y las críticas, el Acuerdo de París prevé la creación de nuevo mercado de compensación de emisiones que reemplace al nacido tras el Protocolo de Kyoto.

De esta forma, los datos desvelados por Politiken han puesto nombre a un fraude que fue desvelado en 2015 por la revista Nature y el periódico alemán Süddeutsche Zeitung. Según la primera, algunas fábricas rusas de materiales plásticos aumentaron entre 2008 y 2012 sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta niveles sin precedentes y de forma artificial; es decir, expulsaban más gases no porque produjeran más plástico, sino porque de forma “deliberada” eran operadas “de manera ineficiente” para emitir más productos de desecho de la fabricación de plástico, explica el segundo. Después, vendían los créditos por recortar esas emisiones a la atmósfera y ganaban millones. El periódico alemán asegura que el 40% del aumento de los ingresos de una de estas empresas en 2012 procedía de la venta del producto de desecho, unos 200 millones de dólares –168,6 millones de euros al cambio actual–.

Aunque el fiasco es extensible a todo el mecanismo de Implementación Conjunta, de acuerdo con las investigaciones de Anja Kollmuss, Lambert Schneider y Vladislav Zhezherin, del Instituto del Medioambiente de Estocolmo. Por culpa de este sistema se expulsaron a la atmósfera 600 millones de toneladas de gases de efecto invernadero más de las que se habrían emitido si los países hubieran alcanzado sus objetivos de reducción dentro de sus fronteras, aseguran.

Eléctricas, cementeras, aerolíneas

Pues bien, hasta diciembre de 2015 un total de 77 empresas españolas compraron derechos de emisión de gases con efecto invernadero a tres proyectos rusos de Implementación Conjunta que las investigaciones de Nature, Süddeutsche Zeitung y Politiken han puesto bajo sospecha. Uno de ellos estaba diseñado para destruir SF en la factoría de la empresa Halopolymer en la ciudad de Perm, cerca de los Urales, otro para destruir el mismo gas y HFC- en la planta de KCKK Polimer en Kirovo-Chepetsk y un tercero para reducir HFC- en Halogen, también en Perm. El dueño de estas plantas durante aquellos años es Dimitri Mazepin, un oligarca al que la revista Forbes llegó a colocar como el décimo hombre más rico de Rusia, se deja fotografiar con Vladimir Putin y lleva años intentando comprar un equipo de Fórmula 1 para que su hijo Nikita compita en la categoría reina de la velocidad.

Entre esas 77 empresas figuran las mayores energéticas del país: Endesa, Naturgy, Iberdrola, Cepsa, Repsol, Petronor. También Bizkaia Energia. Además de cementeras como Lafarge-Holcim y Cementos Lemona, empresas de cerámica como Porcelanosa, la aerolínea Air Nostrum, la maderera gallega Finsa, vidrieras, conserveras y papeleras como Torraspapel y Miquel i Costas. En el mercado europeo, están obligadas a participar las eléctricas, la siderurgia, las cementeras, refinerías, papeleras, cerámicas, las aerolíneas y las industrias petroquímicas y productoras de aluminio y amoníaco. La UE, que es el tercer mayor emisor de COdel planeta, se ha impuesto como objetivo para 2030 recortar sus emisiones en un 40% respecto al nivel de 1990.

Si el foco se extiende a los derechos de emisión de todo tipo de gases en todos los países incluidos en la base de datos publicada por Politiken, se comprueba que en esos años acudieron a este mercado también las principales factorías españolas de automóviles –Seat, Citroën, Opel, Renault, Iveco, Santana–, las aerolíneas –Iberia, Volotea, Air Europa, Vueling–, la siderometalúrgica Arcelor, la alimentaria El Pozo y hasta las cerveceras Heineken y Estrella Galicia.

La investigación del Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo analizó una muestra aleatoria de 60 proyectos del mecanismo de Implementación Conjunta y descubrió que en el 43% de ellos su intervención no había tenido efecto alguno –no había lo que los expertos llaman adicionalidad– y en otro 27% su eficacia era cuestionable. Después examinaron los seis mayores proyectos en detalle y sólo la integridad medioambiental de uno de ellos, para reducir óxido nitroso, era “alta”. El 80% de los derechos emitidos procedía de proyectos con una integridad medioambiental baja o cuestionable, aseguran, porque o bien no habían tenido efecto o la reducción de emisiones real que presentaban estaba sobreestimada. Además, el 97% de estos derechos carecieron de cualquier tipo de supervisión internacional, en concreto la que lleva a cabo el JISC, un organismo dependiente de Naciones Unidas.

El HFC- o fluoroformo, cuya capacidad de calentamiento global es casi 13.000 veces la del CO, se genera en la producción de HFC-, utilizado como refrigerante en neveras y aparatos de aire acondicionado, además de como materia prima para fabricar teflón. Para reducirlo se puede optimizar el proceso de producción o instalar equipos que lo queman. El SF o hexafluoruro de azufre se emplea como aislante en equipos de distribución de electricidad. Su potencia de calentamiento global es 24.000 veces la del CO. También se elimina con equipos que lo queman.

Más barato contaminar que producir

Los tres proyectos señalados por el fraude sumaron 54 millones de toneladas en derechos de emisión, pero de ellos, entre 28 y 33 millones fueron ficticias. Las plantas aumentaron sus emisiones de estos gases nocivos precisamente cuando estaban en marcha los proyectos para reducirlas. Es más, se dispararon “hasta niveles sin precedentes” a partir del segundo trimestre de 2011, cuando los proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio –los que pretendían reducir los gases nocivos en países en desarrollo– para eliminar las emisiones de HFC- empezaron a recibir críticas, que llevaron a la UE a prohibir su inclusión en el mercado de derechos. Mientras, las emisiones de SF también se elevaron, a un mínimo de 93 toneladas al año entre 2008 y 2012, cuando en 2007 no superaban las 29 toneladas.

Los autores culpan a los incentivos perversos” que generaba el sistema. El precio de uno de estos créditos era en 2011 de 10 euros, aunque había llegado a 25-30 euros en 2007 y 2008, cantidades muy por encima de lo que costaba producir HFC-22 o quemar el HFC-23 resultante. De ahí que la expulsión a la atmósfera de HFC- fuera mucho mayor que el aumento de fabricación de . Las factorías hicieron crecer sus emisiones con el único propósito de emitir más créditos que vender a empresas extranjeras. Era mejor negocio que producir polímeros.

Además, los informes que elaboraban las empresas rusas estaban llenos de lo que los investigadores suecos denominan con mucha cautela “inconsistencias”. Por ejemplo, aseguraban que habían incinerado más HFC-23 que el que habían producido, o que las emisiones fugitivas –los escapes, emisiones irregulares o esporádicas– eran negativas –lo que los investigadores destacan como “técnicamente imposible”–. A partir de 2002 el proyecto de Halogen dejó de dar datos sobre generación de HFC-.

infoLibre ha preguntado sobre todo ello a una decena de las empresas españolas que compraron créditos de los tres proyectos rusos. Todas eluden cualquier tipo de responsabilidad. Explican que no realizaron ninguna operación con las empresas rusas, sino que compraron los créditos a través de intermediarios. Además, se trataba de proyectos verificados por auditores acreditados internacionalmente, resaltan. Y los procedimientos habían sido establecidos por Naciones Unidas y la Unión Europea. Ninguna parece interesada en reclamar o denunciar el fraude.

A través de intermediarios

De acuerdo con los datos de Politiken, Naturgy adquirió un total de 402.334 toneladas, de las cuales la mayoría procedían de Halopolymer. Pero también adquirió derechos, 602.666 toneladas, a través de la central térmica de Antares (León), cuya propiedad compartía con Endesa hasta que fue cerrada en 2018. A través de Nueva Generadora del Sur (Cádiz) cuya titularidad compartía con Cepsa, compró 60.000 toneladas más de los otros dos proyectos rusos. Naturgy traslada la responsabilidad de la emisión de estos derechos a Naciones Unidas y asegura que los utilizó para cumplir con su objetivo de emisiones de 2011 “sin ningún tipo de problema o advertencia por parte de organismos oficiales”. Aunque también reconoce que el proyecto de Halopolymer estaba entre los clasificados como “track 1”, es decir, los que carecían de cualquier tipo de supervisión internacional, sólo la que aplicara el país en cuestión. Rusia, en este caso.

Cepsa compró 200.000 toneladas a Halopolymer “a través de un agente del mercado”, indica que la documentación “estaba en regla” y que fue la sociedad de certificación Bureau Veritas la que verificó el proyecto y su cumplimiento.

Repsol compró un total de 356.728 toneladas, 291.864 a Halopolymer y el resto a Halogen, pero no ha querido responder a las preguntas de infoLibre sobre las operaciones.

Iberdrola adquirió 250.000 derechos a Halopolymer pero, como realizó la compra a través de “brokers y mercados organizados”, dice desconocer “cuáles fueron las empresas vendedoras que disponían de los derechos de emisión”. “Iberdrola no ha tenido nunca conocimiento de haber comprado derechos de emisión a la empresa mencionada”, respondió a este periódico.

La cementera Lafarge-Holcim, que se hizo con 96.021 toneladas, señala que tenía “la certeza” de que estos derechos eran “admisibles” por el mero hecho de que estaban contenidas en el Registro de la Unión Europea. “El propio sistema otorga la seguridad jurídica necesaria para el intercambio de derechos”, concluye.

Air Nostrum consiguió de Halopolymer 8.033 toneladas en derechos de emisión. Pero sólo reconoce una compra posterior al periodo analizado, en 2013, y por importe de sólo 642,64 euros. “Siempre hemos asumido que los derechos que se intercambian en la plataforma internacional ICE [Intercontinental Exchange] son de curso legal y cumplen con las normas del Protocolo de Kyoto”, resumen fuentes de la aerolínea.

La maderera gallega Finsa se hizo con 24.000 derechos de emisión de Halopolymer. Un portavoz afirma que la empresa carece de registros que le permitan comprobar las operaciones anteriores a 2012. Pero como fueron “proyectos regulados y validados por las autoridades”, aseguran que “todos se hicieron dentro del sistema”. En 2018 compraron otras 20.000 toneladas en derechos de emisión, por importe de 338.000 euros.

La compra de Porcelanosa a Halopolymer alcanzó las 2.993 toneladas, según la base de datos danesa, pero la cerámica castellonense sólo reconoce una operación de 4.771 toneladas, por importe de 562 euros, en 2014 y a través de un intermediario, FactorCO2 Integral Trading Services. La califica de “compra testimonial” y subraya que “no conoce ni ha tenido relación alguna de ningún tipo con las empresas rusas” mencionadas.

Entidades certificadores criticadas

Este periódico también ha preguntado a las firmas intermediarias –Futura Energía, Axpo Iberia, Vertis– por estas operaciones, pero ninguna de ellas ha contestado a las preguntas que este periódico le ha formulado.

En el momento de hacerse públicas las irregularidades en los proyectos de estas empresas rusas, los investigadores ya señalaron a las entidades certificadoras independientes por su responsabilidad en el fraude. Se trata de sociedades de certificación como Bureau Veritas o Det Norske Veritas. Según el Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo, Bureau Veritas verificó el 56% de los proyectos de Implementación Conjunta entre 2008 y 2012 y el 78% de los derechos emitidos. Tras analizarlos, resultó que en el 77% de los proyectos validados por esta sociedad francesa se había sobredimensionado su efectividad. “No identificaron errores obvios ni inconsistencias, hicieron asunciones cuestionables o pasaron por alto cambios en los proyectos o en los planes de control”, subrayan los investigadores suecos a propósito de las sociedades certificadoras, que en muchos casos fueron seleccionadas y remuneradas por las propias empresas participantes en los proyectos. A su juicio, el conflicto de interés es obvio.

Preguntada por infoLibre, Bureau Veritas ha rechazado “facilitar información sobre los proyectos de sus clientes por obligación de confidencialidad y política de datos protegidos”.

¿Quién se hace responsable?

Pedro Linares, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI y experto en energía y medioambiente, cree que la responsabilidad es más de las empresas certificadoras que de los intermediarios. “Las certificaciones no se hicieron bien o se hicieron de forma... creativa”, apunta. En su opinión, el sistema era legal, los proyectos estaban certificados y las empresas no tienen por qué saber de dónde vienen los derechos. Pero admite que sí se sabía que “había mucho humo” en el sistema.

“El problema es quién le pone el cascabel al gato”, lamenta, en un sistema de gobernanza internacional donde la capacidad para poner multas es muy limitada. Con el Mecanismo de Desarrollo Limpio, el que regulaba la reducción de emisiones en países en desarrollo, las irregularidades llevaron a la destitución del comité de Naciones Unidas que debía supervisarlo, recuerda Linares, quien advierte de que ahora el marco de actuación ha cambiado. Explica que China, por ejemplo, construía factorías que producían gases de refrigeración con tecnología obsoleta, sólo para cambiarla después y ganar dinero con la actualización.

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Pero, en todo caso, achaca estos “abusos puntuales” más al Protocolo de Kyoto que al mercado. Y advierte de que pueden seguir produciéndose fraudes parecidos a los de los proyectos de Implementación Conjunta en sectores no regulados, en actuaciones privadas para compensar emisiones. Que alguien se comprometa a reforestar una zona para compensar emisiones –de aviones, por ejemplo–, pero esa repoblación no se lleve a cabo.

El Ministerio de Transición Ecológica también traslada la responsabilidad a otra parte. En su caso, a la UE. “El problema incide a nivel comunitario, por tanto las medidas de actuación que se derivaran tras comprobar esa supuesta estafa se aplicarían de manera común en el ámbito de la Unión”, detalla. De todas formas, el ministerio explica que el funcionamiento del sistema se ha ido afinando con el tiempo y que desde 2013 está prohibido el uso de créditos generados por la destrucción de HFC-23.

Aunque Transición Ecológica asegura que no existen datos oficiales de los precios de mercado de estas emisiones, el último informe de la Oficina Española de Cambio Climático, correspondiente a 2018, recoge que el precio medio de la tonelada de gas con efecto invernadero en las subastas que se celebraron ese año fue de 15,68 euros, casi cuatro veces más que en 2013 y el precio más alto desde 2012. Para 2020, España se había comprometido a rebajar un 10% con respecto a 2005 sus emisiones de gases nocivos. Al menos según los datos oficiales, en 2018, la reducción era ya superior, de un 14,4% en los sectores no regulados. Y las instalaciones industriales y de generación eléctrica habían ido mucho más allá, recortando un 36%.

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