El Ministerio israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo anunció este lunes mediante un comunicado que Oxfam, la confederación británica de 21 ONG independientes, cesará sus operaciones en Gaza a partir de este 28 de febrero, según informa EFE.

El pasado 1 de enero el Gobierno de Israel declaró que 37 organizaciones sin ánimo de lucro que no se habían registrado antes del final del año -entre ellas Oxfam- debían clausurar sus operaciones tanto en Gaza como Cisjordania ocupada en un plazo de 60 días, o sea, antes del 1 de marzo.

Además de Oxfam, de esta lista forman parte, entre otras, el Consejo Noruego para los Refugiados, World Vision International, CARE y Médicos Sin Fronteras (MSF), aunque el comunicado no los menciona.

El nuevo sistema de registro, introducido en marzo de 2025 por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora israelí, incluye polémicos motivos para denegar su inscripción.

Entre ellos, negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático o promover "campañas de deslegitimación contra Israel", así como la obligación de las ONG de enviar una lista de sus trabajadores palestinos, algo a lo que varias de ellas se han negado afirmando que compromete su seguridad.

En su mensaje de este lunes, además de informar del cese de actividades de Oxfam, el ministerio incluye unas declaraciones realizadas por la exdirectora ejecutiva de la ONG Halima Begum en una entrevista concedida el pasado día 13 al canal de televisión británico Channel 4 News.

Begum alegó haber sido "presionada para utilizar el término genocidio" en relación con Gaza sin lo que describió como suficiente fundamento fáctico.

El mensaje del ministerio incluye las acusaciones de antisemitismo realizadas por Begum a miembros de la dirección de la organización durante la mencionada entrevista, así como de mantener "un enfoque desproporcionado en la crisis de Gaza" en comparación con otras crisis humanitarias a nivel mundial.

Sus declaraciones públicas "reflejan la narrativa y la intensidad del antisemitismo dentro de Oxfam", declaró, según el comunicado, Amichai Chickli, ministro de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo.

Desde el alto el fuego, en vigor desde hace cuatro meses, al menos 603 personas han muerto y 1.618 han resultado heridas por ataques del Ejército israelí, según datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza, que ya sitúa en más de 72.000 el total de fallecidos desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en 2023.

Nunca fueron tan ricos. El informe anual de Oxfam Intermón Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios alerta, una vez más, de la concentración de riqueza en el mundo. Los milmillonarios tienen ahora un 81% más de fortuna que en 2020 y la riqueza conjunta, la suma de todas las riquezas individuales, se establece en 18,3 billones de dólares, la cifra más alta de la historia.

Este aumento de la riqueza contrasta con la situación de la gran mayoría de personas. En España, la fortuna de las 33 personas con más poder adquisitivo, todas milmillonarias, equivale a la del 39% de la población más pobre, casi 19 millones de personas. El estudio advierte de una “pérdida de poder adquisitivo” de la clase trabajadora ya que “en los diez primeros meses de 2025, los salarios habrían subido seis puntos menos que la inflación en ese mismo periodo”.

De 2024 a 2025, la riqueza de los milmillonarios españoles aumentó en casi 28.300 millones de euros, llegando así a los 197.500, máximo histórico. Estas cifras se complementan con que el 0,1% más rico supone el 10% de la riqueza total de España.

Según Franc Cortada, director de Oxfam Intermón “la gente no llega”. “El dinamismo económico favorece a las grandes fortunas, pero para millones de personas resulta cada vez más difícil llegar a fin de mes o calentar su casa”, expresa Cortada que recuerda “la dificultad para acceder a una vivienda digna y asequible” en muchas familias españolas.

Otro dato sorprendente que ofrece el informe de Oxfam trata sobre quién controla los medios de comunicación. “Más de la mitad de las grandes empresas de medios del mundo y la totalidad de las principales plataformas de redes sociales” están financiadas y supervisadas por personas con una altísima capacidad monetaria.

Poniendo los ejemplos de The Washington Post, adquirido por Jeff Bezos, o la de la red social Twitter, después llamada X, por Elon Musk, el estudio señala que las personas con alto poder adquisitivo, además de comprar yates e “incluso democracias”, utilizan su dinero para “generar estado de opinión, influir sobre el debate público y cambiar el curso político”.

Además, Oxfam también habla sobre los discursos de odio. Según un estudio de la Universidad de California, desde que Musk es dueño de la red social X, los discursos de odio en ella “aumentaron en torno a un 50%”.

España también forma parte de la espiral ultra. Solamente en 2025, las redes sociales tuvieron que eliminar más de 700.000 mensajes de odio contra las personas migrantes, entre los que destacan insultos e incitaciones a la violencia física.

“Alarmante” es la palabra con la que se define el retroceso de las libertades civiles y los derechos políticos en el informe. Por decimonoveno año consecutivo, 2024 registró un deterioro en las democracias mundiales con mayores niveles de desigualdad y restricciones a la libertad de expresión en uno de cada cuatro países.

Es en estos países, los menos desarrollados democráticamente, en los que es más sencillo sufrir aún más retrocesos. Según Oxfam, “los países con mayores niveles de desigualdad tienen siete veces más probabilidades” de sufrir estos retrasos.

Para Cortada, es importante aclarar que “la pobreza genera hambre, pero la constante desafección política genera ira”. “Si nuestras sociedades se sienten hoy más divididas y fracturadas es porque efectivamente lo están”, añade el director de Oxfam Intermón.

Gobiernos como los de Trump o Milei refuerzan las cifras de la concentración de la riqueza con sus decisiones favorables a las élites. Además, también recortan derechos sociales y reprimen las manifestaciones populares. Desde Oxfam proponen una serie de medidas para paliar “el poder e influencia política de los superricos” y piden a los gobiernos “actuar con urgencia”. 

Algunas de ellas son “reforzar los cortafuegos entre la concentración de riqueza y la política” para frenar la influencia de lobbies y garantizar la independencia del sector de los medios de la comunicación o “garantizar el empoderamiento político de la sociedad civil y los sindicatos” para proteger las “libertades individuales de asociación, reunión y expresión”.

Sobre España, el informe recalca que debe continuar siendo un agente importante en Europa para “la construcción de compromisos concretos”. Pone como ejemplo el Consenso de Sevilla que, para Oxfam Intermón, “debe servir como base para avanzar en la cooperación fiscal internacional en la tributación de los superricos, combatir la desinformación y los discursos del odio, y reforzar la lucha  contra la desigualdad”.

La Asociación de Mujeres de Guatemala ha denunciado este lunes en el Congreso el "maltrato institucional" hacia las solicitantes de asilo y refugiadas en España, que en muchas ocasiones tienen que esperar hasta 15 meses o pagar hasta 600 euros en el mercado ilegal para obtener una cita con la que recibir su documentación o renovarla. Estas trabas burocráticas, que existen en el país desde hace al menos siete años, hacen que sea imposible para muchas de ellas acreditar que tienen una solicitud de asilo en vigor y, por tanto, trabajar, tener una cuenta bancaria, alquilar un piso o percibir las prestaciones sociales a las que tienen derecho.

Así lo refleja el informe Sin citas no hay derechos: Refugiadas contra la discriminación administrativa, realizado por esta asociación con apoyo de la ONG Oxfam Intermón y presentado este lunes.

La investigación realiza un análisis jurídico de la situación y se nutre del testimonio de varias mujeres solicitantes de asilo y refugiadas en España.

Voces como la de la guatemalteca María Galiego, de ascendencia maya achí, quien tuvo que huir de su país con sus tres hijos por la persecución que sufría por parte del Ejército como "venganza" del activismo que ejerció su madre, pionera en la búsqueda de personas desaparecidas.

Cuando llegó a España en 2019, encontró trabajo en una residencia de ancianos, desde donde vivió "en primera fila" la crisis del coronavirus para después perder el trabajo por no encontrar cita para renovar su tarjeta de solicitante de asilo, con tres hijos menores de edad a su cargo. "Llegó un punto donde no teníamos ni qué comer porque nadie te da trabajo si uno no tiene permiso, por más ganas que tú le quieras echar", ha narrado.

Para estas mujeres, que ya arrastran historias muy duras de violencia, persecución y discriminación en sus países, caer en la irregularidad en España supone una exposición a nuevos riesgos, como la explotación laboral. Una de ellas cuenta en el informe que tuvo un trabajo cuidando a mujeres mayores, de interna, por el que cobraba 20 euros al día: "Estuve veinte días, porque cocinaba, las cuidaba y se aprovechaban de mí", lamenta.

En la presentación también ha participado Marta María Ramírez, activista política y feminista cubana que actualmente tiene su documentación como solicitante de asilo caducada por la falta de citas para renovarla, por lo que no puede, por ejemplo, firmar un contrato de alquiler. Ha relatado otras situaciones de discriminación institucional a la hora de, por ejemplo, abrir una cuenta en el banco o solicitar una beca de comedor para su hija, al pedirle la administración documentación del padre, que está en Cuba, cuando sus abogados no la recomiendan ponerse en contacto con él por su situación.

La práctica imposibilidad de conseguir una cita para solicitar asilo en España o para renovar esta petición es un problema que España arrastra desde 2018, subraya el informe, cuando se implementó un sistema a través del Registro Electrónico Común.

Desde entonces, las pocas citas que se ofrecen son monopolizadas por despachos de abogados, gestorías o particulares a través de medios informáticos avanzados y muchas se ponen a la venta en el mercado clandestino por precios que llegan a los 600 euros.

En 2022, ante la evidente ineficacia del problema, se eliminó la obligatoriedad del sistema telemático y se estableció que cada Subdelegación del Gobierno podría elegir su mecanismo -telemático, correo electrónico, teléfono o presencial- mientras que para la renovación de la documentación el trámite continuaría siendo el telemático.

A partir de 2023, los problemas con las citas se agravaron y la situación se mantiene hasta la actualidad "sin que el Gobierno haya tomado ninguna medida efectiva al respecto", denuncia el informe.

La crisis de la vivienda en España se ha establecido como un factor claro de desigualdad social. Así lo afirma el informe Vivir la desigualdad 2025, de la ONG Oxfam Intermón, que arroja el dato de que casi la mitad de las personas en España se ve afectada por esta situación. Esta problemática va de la mano de la precariedad salarial, que, según el citado estudio, impide vivir con dignidad a un tercio de la población.

Según Oxfam Intermón, tan solo el 14,4% de los no propietarios se muestra optimista sobre la compra de una vivienda en un futuro. “En un país donde más del 60% de quienes no tienen una vivienda en propiedad cree que no podrán acceder a una, la desigualdad es una realidad cotidiana que se ha cronificado en la vida de miles de personas”, señala Ernesto García López, coordinador de la investigación.

A la hora de poder acceder a un alquiler o a una hipoteca, la brecha socioeconómica permanece visible para los jóvenes. Según el mencionado informe, el 72% de la juventud de clase adinerada tiene expectativas de recibir apoyo familiar. Sin embargo, casi dos tercios de los jóvenes con menos recursos ven imposible este tipo de respaldo.

La vivienda no es el único factor de desigualdad que señala el estudio Vivir la desigualdad 2025. La precariedad laboral y salarial también está detrás del malestar de la población española. Oxfam Intermón hace hincapié en el dato de que más de un tercio de la población asegura necesitar un segundo empleo, pero no lo podría compaginar con su actual estilo de vida. 

Alrededor de un 40% tampoco puede permitirse una semana de vacaciones al año o hacer frente con sus ahorros a un gasto repentino de 600 euros. “Se están cronificando algunos recortes vinculados con el consumo de productos básicos, como la alimentación, el ocio, el acceso a ciertos servicios sociosanitarios como dentista, fisioterapia, etcétera”, afirma García López. Concretamente, una de cada cuatro personas no va al dentista por razones económicas, al igual que al psicólogo. Además, el estudio subraya que una de cada dos personas no ha continuado su formación por los mismos motivos.

Según la ONG, la situación de vulnerabilidad afecta en mayor medida a las mujeres, jóvenes y personas racializadas. El informe señala que el 62,3% de las mujeres se ha visto obligadas a reducir su gasto en actividades de cultura y ocio, mientras que el porcentaje en hombres se sitúa diez puntos por debajo (54,2%). En cuanto a las personas racializadas, una de cada cuatro no puede permitirse la compra de medicamentos.

A pesar de que ocho de cada diez personas opinan que España es un país desigual, más de la mitad de las encuestadas considera que la situación puede revertirse. De hecho, el informe establece que existe un consenso en el que la solución se encuentra en las políticas redistributivas, aunque el 73% cree que el método actual no reparte adecuadamente la riqueza. Entre los responsables señalados se encuentran las Administraciones públicas y los distintos niveles de gobierno. Algunas de las medidas propuestas por los encuestados están relacionadas con la vivienda, los salarios, la calidad del empleo y los servicios públicos.

“La desigualdad no es una percepción, es una estructura que moldea la vida de millones de personas. Pero también es una construcción política que puede transformarse. Escuchar a la ciudadanía es el primer paso para actuar con justicia”, apunta García López. Desde Oxfam también proponen intervenciones como mejorar la protección social o garantizar los derechos de los migrantes, además de aumentar la progresividad del sistema fiscal.

El informe Vivir la desigualdad se ha basado en una encuesta cuantitativa con una muestra de 4.102 personas y llevada a cabo entre el 18 de marzo y el 4 de abril de 2025. Este proyecto ha tenido en cuenta la interseccionalidad en materia de edad, género, clase social, etnicidad, entre otros aspectos; y un enfoque multidimensional, con dimensiones no económicas como la salud o la educación. Además, la investigación ha contado con entrevistas y grupos focales para profundizar en los discursos identificados, cuyos resultados no aparecen en este texto.

El saqueo continúa. Es la tajante conclusión del último informe de la ONG Oxfam Intermón sobre el crecimiento de las grandes fortunas y el aumento de la desigualdad en España y en el mundo. Un informe que coincide con la celebración del Foro Económico Mundial, el encuentro anual más influyente entre los principales líderes empresariales y dirigentes políticos internacionales. "Los superricos, los poderosos, los milmillonarios, están llegando a Davos para celebrar que el sistema ha funcionado muy bien para ellos. Su riqueza ha crecido tres veces más rápido de lo que lo hizo el año pasado y han aparecido 4000 nuevos millonarios en este último año. Cada vez son más y cada vez son más ricos", denuncia Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de Oxfam.

Y es que, según la ONG, la riqueza conjunta de los milmillonarios del mundo aumentó en hasta 2 billones de dólares a lo largo del año pasado, triplicando la subida de 2023. 5700 millones al día. Cuatro nuevos milmillonarios por semana. En contraste, según datos del Banco Mundial, el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, con menos de 6,85 dólares al día, apenas ha sufrido variaciones en las últimas dos décadas. "La oligarquía de los milmillonarios crece como nunca, mientras la clase trabajadora apenas consigue subsistir", resume Franc Cortada, director general de Oxfam. La brecha económica se profundiza.

¿El resultado? 2769 milmillonarios con un patrimonio de más de 15 billones de dólares. De entre ellos, los diez hombres más ricos del mundo —Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Warren Buffett, Bill Gates, Larry Page, Sergey Brin y Steve Ballmer— han hecho acopio en los últimos doce meses de hasta 100 millones de dólares al día. Un dato ilustrativo: amasan ya tanta riqueza que, aunque perdieran el 99% de su fortuna de la noche a la mañana, seguirían siendo milmillonarios. Si esta tendencia se mantiene, en apenas una década podrían nacer al menos cinco billonarios —sí, con b— en el mundo. "Tendrían tanto dinero que, entre los cinco, podrían comprar todo el parque de viviendas de España en un año", critica Ruiz.

La desigualdad se traduce en poder. "Poder para influir cada vez más en las reglas del juego, en el engranaje político y en el funcionamiento de la administración. Para conseguir que sus intereses sean defendidos", sostiene Ruiz. "Solo tenemos que mirar qué está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, con un presidente milmillonario al mando de la primera economía del mundo, que además va a gobernar con el apoyo del hombre más rico del planeta”, añade Cortada. Liderando el ya bautizado como gabinete de los milmillonarios, la administración que más valdrá de toda la historia de Estados Unidos.

España no se queda atrás. 2024 ha sido un año especialmente próspero para los 30 milmillonarios de nuestro país. Su riqueza conjunta ha superado por primera vez los 185.000 millones de euros. En el transcurso de un año, se han hecho un 20% más ricos. Y no sólo eso. "También vemos que la riqueza del 10% más rico de España es ya 30 veces mayor que la del 50% más pobre. La distancia entre los que más y los que menos tienen también se va ampliando en clave nacional", advierte Ruiz.

De abuelos a padres. De padres a hijos. El informe de Oxfam evidencia que el 60% de la riqueza de los milmillonarios es heredada de generación en generación. O bien está vinculada al clientelismo. "Es el resultado del capitalismo de amiguetes, es decir, de cómo utilizan sus redes de contactos", explica Ruiz. También del funcionamiento del poder monopolístico. "De la forma en que van creando empresas con una concentración de mercado cada vez más grande para dominar el funcionamiento del sistema en su propio beneficio", continúa.

A los datos concretos. Oxfam estima que aproximadamente el 36% de la riqueza de los milmillonarios a nivel global proviene de herencias familiares. Una cifra que se reduce ligeramente en el caso español: un 31%. A pesar de esto, la ONG calcula que, en nuestro país, hasta el 70% de la desigualdad estaría asociada a las herencias. Sobre todo en las comunidades con menor carga impositiva, como Madrid.

Datos que desmienten el mantra neoliberal de la meritocracia, la famosa cultura del esfuerzo. "Hablar de mérito personal mientras se heredan fortunas, a menudo libres de impuestos, refuerza el crecimiento de una élite económica que se aleja cada vez más de un sistema justo e igualitario", comenta Cortada. En otras palabras: la distribución de la riqueza es fruto de privilegios heredados y sistemas que perpetúan la concentración de poder, en ningún caso del trabajo y la dedicación. En este sentido, la revista Forbes ofrece otra conclusión esclarecedora: todos los milmillonarios menores de 30 años, sin excepción, han heredado el grueso de su patrimonio.

El legado colonial ahonda las dinámicas de reparto y extracción de riqueza. Según el informe, los superricos de los países del norte global controlan ya el 70% de la riqueza y suponen tres cuartas partes de los milmillonarios de todo el mundo. Paralelamente, los países de renta media y baja del sur destinan casi la mitad de su presupuesto público a devolver los préstamos de deuda pública contraída. Tanto es así que, en los últimos cincuenta años, llegaron a pagar a sus acreedores del norte 3,3 billones de dólares tan sólo en concepto de intereses. La paradoja del "subdesarrollo": la hipoteca del sur global nunca vence.

"Lo que proponemos es poner en el centro del debate político la lucha contra las desigualdades. Necesitamos asegurarnos de que todos los gobiernos e instituciones internacionales se comprometen a aprobar medidas urgentes para poner fin a la concentración de pobreza y riqueza extremas", aclara Ruiz. ¿Cómo? Rediseñando el sistema fiscal internacional para que las grandes fortunas y empresas paguen realmente la parte justa que les corresponde, suprimiendo los paraísos fiscales y gravando las herencias que sostienen a la nueva aristocracia de superricos. "Gravar con mayor progresividad a los superricos de nuestro país permitiría financiar un escudo social que no sólo proteja a las personas más vulnerables, sino que impulse el desarrollo y el bienestar de toda la sociedad", sentencia Cortada.

"Necesitamos también que instituciones internacionales como el FMI o el Banco Mundial se comprometan a romper con la cadena de deudas que aplasta a los países pobres y les impida invertir de forma adecuada en educación y sanidad, las verdaderas luchas para acabar con la desigualdad", sugiere Ruiz. Simple y llanamente: poner fin a la transferencia de riqueza del sur hacia el norte global. Para ello, Oxfam plantea varios frentes de actuación. Por un lado, el fin de la dominación de los países más ricos y las grandes empresas sobre los mercados financieros y las reglas comerciales. Por otro, medidas como la lucha contra los monopolios, la democratización de las normas de propiedad intelectual y regulación de la brecha salarial. Es hora de que los más ricos, los que más tienen, sean de verdad —y por fin— los que más contribuyen.

Los héroes de nuestra economía. Así definía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los empresarios durante una asamblea general de Cepyme celebrada el pasado mes de julio. El mantra de la derecha política y mediática que sitúa al entramado empresarial privado como único y verdadero manantial de la riqueza se ha instaurado en el imaginario colectivo. Y ha llegado para quedarse. "Los empresarios debemos salir del armario y sentirnos orgullosos", defendía ya hace unos años Juan Roig, presidente ejecutivo y máximo accionista de Mercadona. "Los directivos somos los que generamos riqueza y bienestar en este país", añadía en unas declaraciones posteriores, a principios del año pasado.

Nada más alejado de la realidad. El nuevo informe de Oxfam Intermón, La Huella en las Desigualdades, revela que la actividad de las principales empresas españolas ahonda las raíces de la desigualdad económica en el país. En los últimos 20 años, el 10% más rico ha secuestrado casi un tercio de las rentas generadas por las macroempresas, dejando para la mitad más pobre de la población apenas una quinta parte de los beneficios.

¿La conclusión? Bajo el modelo productivo actual, la actividad empresarial no sólo no reduce los persistentes niveles de desigualdad, sino que favorece que aumenten y se cronifiquen. Así, tanto el Producto Interior Bruto como los excedentes empresariales de 2023 triplican las cifras del año 1995, sin que la estructura de desigualdad se haya modificado significativamente.

El citado informe, publicado este miércoles, examina 40 grandes corporaciones españolas —29 de las 35 empresas del IBEX, y otras 11 compañías que cotizan en bolsa—, con unos ingresos conjuntos equivalentes al 44% del PIB español y 1,7 millones de empleados. Todo para delimitar su impacto en la desigualdad social y económica de nuestro país, atendiendo a cinco dimensiones clave: personas, producto, beneficios, poder y planeta. Y con una preocupante —aunque poco sorprendente— conclusión: los trabajadores, el verdadero engranaje de las empresas, crean mucha más riqueza de la que reciben.

Las disparidades salariales son la cara más visible de esta desigualdad. En el 60% de las empresas analizadas, el máximo ejecutivo gana más de 2 millones de euros y, en un 35%, el sueldo medio del comité de dirección supera el millón. Como resultado, en más de la mitad de las empresas estudiadas, el sueldo más alto es, por lo menos, 50 veces superior al salario de la plantilla.

“Es justo en el interior de las empresas donde comienza la desigualdad, con un reparto poco equitativo de los beneficios, y donde no se garantizan unas condiciones laborales y salariales dignas para todos sus trabajadores", denuncia Miguel Alba, autor del informe y responsable de Sector Privado y Desigualdad en Oxfam. "Sus prácticas priorizan que gran parte de esa riqueza revierta en personas pertenecientes a las capas privilegiadas de la sociedad, como directivos y accionistas, frente a otros actores de estratos menos favorecidos involucrados en la actividad empresarial, como sus plantillas o incluso sus empresas proveedoras”.

Las cifras lo demuestran. Casi la mitad de los beneficios obtenidos por las 40 empresas de la muestra se destinan a dividendos, es decir, a sufragar las retribuciones de sus principales accionistas. Sin contar la parte que no sale de sus propios fondos de inversión. Un acaparamiento que afecta a aquello que nos pertenece a todos: los servicios públicos. Entre 2020 y 2023, estas empresas llegaron a obtener 197.092 millones de euros en beneficios. Una cantidad con la que se podrían financiar todas las prestaciones sociales que abona el Estado en un año, incluidas las pensiones. Pero es que si hacemos zoom solo en el año pasado, se asignaron hasta 29.000 millones de euros a las gratificaciones de accionistas: el 50% del gasto público en educación en España.

“Para poder avanzar hacia sociedades más justas y poner freno a las desigualdades, resulta imprescindible dejar atrás un modelo empresarial obsesionado por maximizar la rentabilidad en el corto plazo para contentar a los mercados, dejando de lado los impactos sociales y ambientales de su actividad, así como el bienestar de las personas. Las grandes empresas son responsables de estas tendencias y necesitan tomar medidas de manera urgente”, explica Alba.

En el camino hacia un nuevo paradigma empresarial, la ONG propone una serie de recomendaciones a las empresas para luchar contra la desigualdad. Fundamentalmente, una reforma de la gobernanza empresarial en busca de un modelo más inclusivo y que priorice la participación activa de sus trabajadores en la toma de decisiones, el reparto de los beneficios y los órganos de dirección.

El Gobierno también tiene deberes para casa. "Es esencial la puesta en marcha de políticas laborales para equiparar los salarios, reducir la brecha de género y posibilitar la conciliación", insiste Alba. Entre ellas, la flexibilización de horarios y la reducción progresiva de jornadas. Sin olvidarse de las medidas contra el fraude fiscal y en favor de la transparencia financiera.

Casi tres millones de personas con trabajo se encuentran en situación de pobreza en España, según un informe de Oxfam Intermón que recoge EFE, que destaca la especial vulnerabilidad de los migrantes, de las trabajadoras del hogar y de las familias numerosas y monoparentales. En la investigación Pobreza Laboral: cuando trabajar no es suficiente para llegar a fin de mes, publicada este miércoles, la ONG analiza la "alarmante realidad" que afecta a 2.957.000 trabajadores, pese a los avances en materia de empleo en los últimos años: subida del SMI, reforma laboral, cifras históricas de empleo y una tasa de paro que ha descendido a su nivel más bajo desde 2008.

Actualmente, el 13,7 % de las personas empleadas vive por debajo del umbral de pobreza, cifra que se duplica entre las personas migrantes (29,5 %). Al mismo tiempo, del total de personas en situación de pobreza, tres de cada diez tienen un empleo.

El informe revela que los sectores más golpeados por la pobreza laboral son la agricultura y el trabajo de hogar, donde tres de cada diez trabajadores viven en pobreza a pesar de tener un empleo. Le siguen, la hostelería y la construcción, con dos de cada diez personas empleadas en situación de pobreza. El 40 % de las familias numerosas y el 30 % de los hogares monoparentales sufren esta situación.

El encarecimiento de la vivienda y de los servicios básicos ha agravado aún más el problema: los hogares en situación de pobreza laboral destinan entre el 67 % y el 79 % de sus ingresos al pago de la vivienda y los servicios básicos, expone la investigación.

Más de la mitad de los hogares en pobreza laboral (55,3 %) ha tenido que renunciar en el último año a servicios de salud esenciales como tratamientos dentales, gafas o seguimiento psicológico, debido a la falta de recursos.

"Nos encontramos ante una desconcertante paradoja: hay muchas personas que se esfuerzan cada mañana en ir a trabajar y, sin embargo, esto ya no les garantiza salir de la pobreza", explica Alejandro García-Gil, responsable de políticas de protección social y empleo. Andalucía a la cabeza de pobreza laboral, Navarra la que menos

Andalucía se sitúa a la cabeza de la pobreza laboral con una tasa del 19,4 %, seguida de Extremadura (17,2 %), Ceuta (16,4), Castilla–La Mancha (15,4 %), Murcia (14,3), Canarias (13,8) y Valencia (13,8). Por debajo de la tasa media, están Melilla (11,6), Galicia (11,1), La Rioja (11), Castilla y León (10,5), Aragón (10), Cantabria (9,6), Asturias (9,6) y Baleares (9,6). Las comunidades con menor tasa de pobreza laboral son Navarra (6,3 %), País Vasco (6,6), Madrid (7) y Cataluña (7,7).

Según el análisis, a pesar de la creación de empleo, el sistema productivo y el modelo económico español siguen generando puestos de trabajo de baja calidad. El informe explica que el empleo a tiempo parcial o el autoempleo condenan a la pobreza a una de cada cuatro personas trabajadoras en estas modalidades.

Por otro lado, seis de cada diez personas en pobreza laboral habrían querido continuar sus estudios, pero el 54% se vio obligado a abandonarlos por falta de recursos o por la necesidad de trabajar para subsistir. Este ciclo perpetúa la desigualdad, ya que quienes no acceden a una educación superior tienen más probabilidades de conseguir empleos precarios y mal remunerados, indica la ONG.

"Además de las implicaciones económicas, la pobreza laboral también deja una importante huella emocional: estas personas se ven obligadas a vivir para trabajar y no a trabajar para vivir; tienen que dedicar íntegramente sus sueldos a gastos básicos renunciando a cualquier forma de ocio y disfrute del tiempo libre, lo que impacta fuertemente en su salud mental", advierte el experto.

Entre las medidas urgentes para enfrentar esta realidad y mejorar la calidad de los empleos, están ofrecer una protección social más amplia y reformar el sistema de prestaciones, de modo que las familias más vulnerables no queden desprotegidas.

"No basta con crear empleo: es necesario garantizar que éste sea de calidad y que permita a las personas vivir con dignidad. Para muchos hogares, un salario no es suficiente si no viene acompañado de condiciones laborales justas, el acceso a una vivienda digna y un sistema de protección social robusto que les permita salir adelante", concluye la organización.

La vida de los gazatíes no ha sido la misma desde que las tropas de Benjamín Netanyahu lanzaran hace un año su ofensiva más dura contra la Franja de Gaza con el resultado de un enclave arrasado y sumido en una crisis humanitaria sin precedentes que condena el futuro de los palestinos.

Recopilamos algunas de las principales cifras que ha dejado la guerra de Israel en Gaza, que doce meses después sigue cerrada para los periodistas internacionales, y que los organismos de derechos humanos tildan de genocidio.

En tan solo un año, los ataques israelíes han alcanzado todos los rincones de la Franja de Gaza matando a unas 41.680 personas, el 69% de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Sanidad del enclave, controlado por Hamás, que no distingue entre combatientes y civiles.

Un informe reciente de Oxfam apunta que Israel ha matado a más niños y mujeres en Gaza que cualquier otro conflicto en dos décadas.

Además, estima que hay alrededor de 10.000 cuerpos bajo los escombros que siguen sin poder ser rescatados, y más de 96.350 heridos.

Israel cuestiona estas cifras, pero en guerras previas en Gaza han sido fidedignas y organismos como la ONU o la Organización Mundial de la Salud (OMS) las consideran, incluso, comedidas.

El Ejército israelí, por su parte, sostiene que ha logrado matar a más de 17.000 milicianos de Hamás en Gaza desde que comenzó su ofensiva.

Unas 85.000 toneladas de explosivos han sido arrojados en Gaza por tierra, mar y aire en estos últimos meses de guerra dejando al menos 80.000 viviendas inhabitables, 125 escuelas y universidades totalmente destrozadas y más de 600 mezquitas derrumbadas.

En total, Naciones Unidas estima que el volumen de escombros que se acumula en Gaza es 14 veces superior a la suma de los generados en todos los conflictos desde 2008, alcanzando casi los 42 millones de metros cúbicos.

La reconstrucción de la Franja costaría entre 30.000 y 40.000 millones de dólares y necesitaría un esfuerzo sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.

Israel ha justificado siempre sus ataques con la misma tesis: la presencia de milicianos de Hamás y de la Yihad Islámica en infraestructuras civiles, incluidas escuelas y hospitales.

En este último año, el Ejército ha llevado a cabo diferentes incursiones en los puntos más poblados de la Franja, como la ciudad de Gaza, Jan Yunis o Rafah, que se había convertido en el último refugio para los palestinos hasta que las tropas accedieron el pasado 6 de mayo.

Estas incursiones han provocado el desplazamiento forzoso de casi el 90% de la población, muchos de ellos lo han hecho en varias ocasiones ante las órdenes de evacuación lanzadas por el Ejército.

El ministerio gazatí denuncia además que Israel ha atacado 184 refugios y que 100.000 tiendas de campaña dejaron de ser aptas para los desplazados.

Las enfermedades también se han disparado en Gaza y en estos meses se han registrado más de un millón de casos de diversas patologías en centros sanitarios del enclave, muchos de los cuales fueron diagnosticados como hepatitis A "por el hacinamiento y los bajos niveles de higiene de los refugios", según Médicos Sin Fronteras (MSF).

Las autoridades gazatíes alertan de que hay “una importante escasez de unidades de sangre” ante la imposibilidad de encontrar nuevos donantes sumado a la falta de equipos de laboratorio.

La situación, además, se ha agravado especialmente para los enfermos crónicos, aún más para los que padecen patologías graves como cáncer. Hay al menos 10.000 pacientes con cáncer que necesitan tratamiento.

Todo ello ocurre en una Gaza saturada en la que sólo siguen en funcionamiento -parcialmente- 17 de los 36 hospitales existentes, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarias (OCHA).

Un total de 174 informadores han sido asesinados en este conflicto, según datos del Gobierno gazatí que incluyen tanto a periodistas como a creadores de contenido.

Este dato le ha valido a Gaza la calificación como el conflicto "más peligroso" para los informadores del Comité para la Protección de Periodistas.

Una vivienda reducida a cenizas cada cuatro horas. Un refugio, cada diecisiete. Un hospital o escuela, cada cuatro días. Un punto de distribución de ayuda y suministros, cada quince. Estas son algunas de las escalofriantes cifras del último análisis de Oxfam Intermón sobre el impacto de los continuos ataques israelís, tan solo en el último año, en el asesinato de mujeres y niños y en la destrucción de infraestructura civil, protegida por el Derecho Humanitario Internacional. "Estas cifras son directamente desgarradoras”, valora Franc Cortada, director general de la ONG. Y no terminan ahí. "Estamos hablando de una crisis sin precedentes a muchos niveles: desde el galopante avances del hambre a la reaparición de la polio o la devastación total de la vida cotidiana a la que se enfrenta la población".

Y es que los bombardeos se han convertido en una constante del día a día de la población gazatí. A partir de las cifras de la organización Action on Armed Violence, Oxfam estima que las explosiones israelís impactan una vez cada tres horas sobre los edificios civiles de Gaza, destruyendo casas, centros escolares y médicos o refugios, infraestructura vital para la supervivencia de su población. Y lo que es aún más grave, exterminando a su población, en lo que la comunidad internacional ha calificado ya —aunque sin la contundencia necesaria— como un genocidio sin precedentes.

Las cifras más cautelosas apuntan a que al menos 6.000 mujeres y 11.000 niñas y niños han perdido la vida en Gaza a manos del ejército israelí durante los últimos doce meses. Esto es, Israel habría asesinado, en el transcurso de un año, a más mujeres, niñas y niños en Gaza que durante el mismo período en cualquier otro conflicto de los últimos veinte años. Superando la que hasta el momento era la cifra de mujeres fallecidas en un año de conflicto más alta de las dos últimas décadas: las 2647 mujeres asesinadas en Irak en el año 2016. E Igualando el número de niños asesinados en los dos primeros años del conflicto sirio: más de 4.700 cada año, según las estimaciones de Every Casualty Counts.

Muy lejos también de las cifras de fallecidos durante los últimos veinte años del conflicto histórico entre Palestina e Israel. Los sucesivos informes de Naciones Unidas “Los niños y los conflictos armados” corroboran que en el último año el número de niñas y niños asesinados en Gaza es cinco veces mayor que el total de muertes de esa franja de edad entre 2005 y 2022.

Todo ello sin olvidar que se trata de números orientativos. Cerca de 20000 personas no identificadas, desaparecidas o que permanecen sepultadas bajo los escombros se quedan fuera de los cómputos. Ya a principios de año, un estudio de la revista británica The Lancet estimaba que el número real de muertes en Gaza podría superar los 186.000, incluyendo las muertes indirectas a causa de la falta de alimentos o asistencia médica. Esta última intensificada por la destrucción de 19 de los 36 hospitales que había en el enclave, ninguno de los cuales cuenta, aún en pie, con combustible, suministros médicos, personal o agua potable suficientes.

La violencia desborda las fronteras de la franja de Gaza. Desde el pasado mes de octubre, más de 680 palestinos han muerto en la Cisjordania ocupada —incluido Jerusalén este— como resultado de la violencia de los colonos o de las propias fuerzas de defensa israelís. Oxfam tiene registradas más de mil agresiones de ocupantes sobre la población civil palestina y el ejército es responsable de la demolición de más de 2000 viviendas y zonas de cultivo en territorio ocupado, así como de graves daños a infraestructura pública.

No se trata de simples números. Desde Oxfam insisten: Israel ha cometido en Palestina violaciones del derecho internacional de tal gravedad que pueden llegar a constituir crímenes contra la humanidad. El nivel de destrucción y de desprecio por la vida de los palestinos evidencia un uso desproporcionado de la fuerza, contrario a lo recogido en la Carta fundamental de Naciones Unidas, y el desinterés por discernir entre objetivos militares y civiles. Además, los ininterrumpidos bombardeos israelís sobre infraestructura civil han supuesto al desplazamiento forzoso de la población gazatí de un lado a otro, en una ratonera de apenas 360 km² donde ni siquiera se respetan las famosas "zonas seguras", atacadas con regularidad.

"Los efectos de este último año han sido devastadores”, sostiene Umaiyeh Khammash, director de Juzoor, una organización socia de Oxfam con más de noventa refugios y puntos de atención médica por todo el territorio de Gaza. “Las mujeres han tenido que hacer frente a una doble carga. Muchas se han convertido de la noche a la mañana en cabeza de familia, y luchan por la supervivencia y el cuidado de sus hijos en medio de la vorágine de destrucción. Las madres embarazadas y lactantes se enfrentan también a grandes dificultades, como consecuencia del colapso de los servicios médicos".

"El trauma que sufren las niñas y niños es igual de profundo", continua. Según Juzoor, más de 25.000 niños han perdido a uno de sus progenitores o se han quedado directamente huérfanos. Muchos afectados por algún tipo de trastorno psicológico o emocional. "La mayoría de las niñas y niños en Gaza sufren problemas ansiedad y estrés postraumático, además de graves lesiones físicas. Muchos han perdido incluso alguna extremidad", denuncia Khammash. "Pasarán años y generaciones hasta que los palestinos logren recuperarse de los devastadores efectos de este genocidio, y todavía no hay siquiera un alto el fuego a la vista", completa Cortada.

"Los actores más influyentes de la comunidad internacional no sólo no han exigido responsabilidades a Israel, sino que se han convertido en cómplices de sus atrocidades al seguir suministrándole armas sin condicionantes y no imponerle sanciones de ningún tipo", critica el director de Oxfam, movilizada desde hace décadas en la región. "Debemos poner fin a la carta blanca que le proporcionan impunidad y exención del derecho internacional. No podemos permitir que continúen el horror y el sufrimiento sin fin de los palestinos", sentencia con determinación.

La escalada del conflicto a nivel regional, el aumento de las hostilidades y las trágicas pérdidas humanas —y su volumen— en Gaza, Líbano y Cisjordania hacen patente la urgente necesidad de un alto el fuego inmediato y permanente. Desde Oxfam exigen ir un paso más allá, garantizando la liberación de todas las personas que permanecen secuestradas y de la población palestina detenida ilegalmente, el fin de la venta de armas a Israel y el pleno acceso de ayuda humanitaria a Gaza. Asimismo, el reciente veredicto de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia apela a que los terceros países hagan todo lo posible por poner fin a la ocupación ilegal israelí, asegurando la retirada de los asentamientos y el pago de las reparaciones correspondientes a las comunidades afectadas.

"En los últimos años, los ultrarricos y las grandes multinacionales han utilizado su enorme poder de influencia para frenar los esfuerzos internacionales por resolver los principales problemas del planeta, como el cambio climático, la salud pública mundial o el sobreendeudamiento de los países más pobres", denuncia Franc Cortada, director general de Oxfam Intermón. Y es que un nuevo informe publicado este lunes por la ONG, coincidiendo con el desarrollo de las últimas sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, revela que la influencia de los multimillonarios sobre la economía internacional se ha disparado: el 1% de los de los megarricos acapara más riqueza que el 95% de la población mundial en su conjunto.

Aún más. El informe insiste en la advertencia de que los esfuerzos globales para responder a algunos de los mayores desafíos del planeta, como la crisis climática o los niveles persistentes de pobreza y desigualdad, están siendo amenazados por la concentración de poder en manos de los más ricos y sus megaempresas. Esta hiperconcentración de poder y capital alimenta la desigualdad dentro de los países, pero también entre ellos. La geografía entra en el reparto profundizando la brecha entre norte y sur globales. Los países del norte se lo quedan casi todo, dejando para el sur solo el 31% de la riqueza mundial, a pesar de aglutinar al 79% de la población.

Sumado a esto, más de un tercio de las cincuenta mayores empresas del mundo, cuya capitalización bursátil asciende a 13,3 billones de dólares, tienen a un multimillonario como director ejecutivo o accionista principal. "La sombra de la oligarquía mundial se cierne sobre la Asamblea General. Los ultrarricos y sus megaempresas están conformando las reglas del juego a su favor y a costa del resto de la población", avisa Cortada. En otras palabras, se está produciendo una intensificación del peso de una oligarquía global, en la que los multimillonarios —a menudo a la cabeza de empresas con un enorme poder de mercado— influyen directamente en la toma de decisiones políticas transcendentales, favoreciendo su propio enriquecimiento en detrimento de la igualdad y la justicia social.

El inmenso poder de influencia de las grandes multinacionales se hace evidente en las últimas medidas acordadas sobre fiscalidad internacional. La reciente exclusión de los servicios financieros del nuevo paquete de medidas de BEPS —el Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios— es, sin duda, resultado de las presiones de los países con grandes industrias bancarias y financieras. Su consecuencia: el nuevo estándar para la reasignación de derechos tributarios se ha queda lejos de lograr el impacto esperado, generando apenas recursos adicionales para los países más pobres. Un insignificante 0,026% de su PIB.

Como contrapeso, los países del sur global han logrado que se abra paso en la ONU la negociación de una Convención Marco sobre fiscalidad internacional. Desde Oxfam, califican esta convención como un avance histórico, que, junto con el liderazgo de Brasil en el G20, marca un camino esperanzador hacia la construcción de mayor equidad en el diseño internacional y de una tributación más exigente con las grandes fortunas y corporaciones.

La deuda externa ahoga las posibilidades de desarrollo de los países con menos recursos. Según los datos recogidos por Oxfam, los países más pobres destinan casi el 40% de sus presupuestos anuales al servicio de su deuda, es decir, un 60% más de lo que invierten en ámbitos como educación, sanidad o medidas de protección social.

¿De dónde sale esta deuda? Los cálculos estiman que más de la mitad se debe a prestamistas privados como bancos o fondos de inversión libre. Entre los principales acreedores destacan también los famosos fondos buitre, dedicados a la compra de deuda a bajo precio en contextos de excesivo sobreendeudamiento para cosechar enormes beneficios a expensas de las necesidades de los países menos pudientes.

Las patentes de las grandes empresas farmacéuticas han contribuido a la desigualdad imperante, poniendo en riesgo la salud pública mundial. El monopolio de la producción de vacunas fue especielmente rentable durante la pandemia. Tan solo en el año 2021, los siete mayores fabricantes tuvieron unos beneficios netos de aproximadamente 50000 millones de dólares, lo que se tradujo en cuantiosos dividendos para sus accionistas y, como era de esperar, en la aparición de nuevos megarricos. La otra cara de la moneda: un exceso de hasta 1,3 millones de muertes en todo el mundo debido a la falta de una distribución equitativa de los viales.

¿La propuesta de Oxfam? Un nuevo tratado sobre pandemias con disposiciones estrictas para suspender las patentes en el contexto de crisis internacionales y facilitar que se compartan los avances tecnológicos.

"Sólo un multilateralismo basado en la equidad y la justicia puede revertir la concentración de poder en manos de una oligarquía global", recalca Cortada. En resumidas cuentas, apostando por la cooperación multilateral para impulsar un nuevo marco de fiscalidad internacional, la cancelación de la deuda pública y nuevas leyes de propiedad intelectual frente a futuras crisis.

Que los que más tienen y las grandes multinacionales tributen su parte justa; que se priorice la salud pública mundial por encima del interés o enriquecimiento individual; que todos los países puedan invertir en su crecimiento y en servicios públicos básicos... "Lograr un mundo y un orden internacional más justos nos beneficia a todos. Algunos líderes mundiales están demostrando ser conscientes de ello y han incrementado sus esfuerzos contra la desigualdad. Pero tienen que ser más y con mayor fuerza", exige Cortada.

Oxfam Intermón publica este miércoles el informe Vivir la desigualdad, en el que se revela que más de un 40% de la población española ha renunciado a gastos sanitarios por no poder permitírselo. Las visitas al dentista, los problemas relacionados con las gafas o audífonos, la fisioterapia o el tratamiento psicológico son algunos de los gastos a los que gran parte de la sociedad ha renunciado en 2023. La cifra asciende hasta el 70% entre las personas que no llegan a fin de mes.

La encuesta destaca que un 45,7% de la población se ha visto obligado a reducir sus gastos en electricidad, calefacción y agua durante el año pasado. Además, Oxfam resalta que la mitad de los ciudadanos que vive con una hipoteca a cuestas y más del 60% en un piso en alquiler dedica casi un tercio del total de sus ingresos al pago de su vivienda.

La cesta de la compra también sufrió recortes en 2023. Según este estudio, más del 50% de la población hizo recortes en los supermercados así como en la compra de ropa y calzado y en los gastos relacionados con el ocio. Asimismo, cuatro de cada diez personas consultadas asegura haber comprado menos carne o pescado y renunciado a irse de vacaciones ni siquiera una semana al año.

Preguntados por qué desigualdad creen que es más grande, los 4.000 encuestados destacan dos: la disparidad entre ricos y pobres y entre migrantes en situación irregular y el resto de la población. Respecto a cómo se sienten con su situación económica, más de la mitad, un 54,4%, responde que no está satisfecha. Este dato va acompañado de que un 42% de la población no está contenta con su vida laboral.

Otra cifra que resalta en la encuesta corresponde a la cantidad de ingresos por persona. Un 27% de los encuestados asegura que su nivel de ingresos no le permite tener una vida digna. Como contrapeso, casi dos de cada tres personas (63,7%) cree que estas desigualdades se pueden erradicar.

"Estos resultados reflejan una conciencia generalizada sobre las desigualdades sociales en España y la esperanza de que se puedan abordar con compromiso. La desigualdad va más allá de las estadísticas y habla de los miedos y angustias de miles de hogares que no llegan a fin de mes, y de la lucha diaria de millones de personas por la salud, las oportunidades y la dignidad”, señala Franc Cortada, director de Oxfam Intermón.

Los datos extraídos de la encuesta realizada junto a la agencia de investigación 40dB tienen como objetivo abordar la realidad de la desigualdad desde factores como el empleo, la vivienda, la salud física y mental y la participación social. A lo largo de todo el barómetro se indica, en numerosas ocasiones, que las mujeres, las personas racializadas y aquellas con un bajo nivel socioeconómico son las más vulnerables. En el caso de la situación económica y la vida laboral, las cifras entre las mujeres son aproximadamente 10 puntos peores que entre los hombres. Este número asciende hasta 15 en las personas racializadas.

“Las cifras muestran que la desigualdad no es sólo del rico frente al pobre, es también también por ser migrantes, por ser mujeres. Unas condiciones que determinan de forma directa aspectos tan esenciales de nuestra vida como el acceso a vivienda, a salud, poder afrontar un gasto imprevisto o tener un empleo de calidad”, afirma Cortada.

Para resolver estas desigualdades, el conjunto de la población cree que las dos medidas principales que se deben tomar son la promoción del empleo de calidad y el acceso a una vivienda digna. A continuación aparecen la sanidad y la educación pública. Además, la mayoría también cree que los impuestos son esenciales para tener servicios públicos de calidad.

La crisis provocada por la subida de los precios de la energía y los alimentos que estalló en 2022 con el inicio de la guerra en Ucrania no ha pasado factura por igual. El resultado de un inicio de década marcado por la inestabilidad económica, social y medioambiental ha sido un aumento de las desigualdades que vuelve a beneficiar, una vez más, a los que más tienen. 

Los cinco hombres más ricos del mundo han duplicado su riqueza conjunta desde la pandemia, pasando de 405.000 millones de dólares a 869.000, que es lo mismo que decir que ingresan unos 14 millones de dólares por hora. A millón al día, necesitarían unos 476 años, cada uno, para agotar toda su riqueza. En el otro lado de la balanza está el 60% más pobre del planeta. Casi 800 millones de personas de medio centenar de países han perdido un billón y medio de dólares en dos años, lo que equivale a 25 días menos de salario por cada trabajador. 

Son datos que revela el nuevo informe de Oxfam Intermón sobre desigualdad y poder global de las grandes empresas Desigualdad S.A. Ha salido a la luz este lunes, coincidiendo con la celebración del Foro Económico Mundial de Davos. Allí se dan cita la mayoría de milmillonarios del planeta y representantes de las empresas más potentes a nivel mundial. En total, sólo las diez que ocupan los primeros puestos superan los 10 billones de dólares de facturación, una cifra que supera al PIB de todos los países de África y América Latina juntos, que apenas llegan a los 9,4. 

“Estamos viviendo el inicio de una década de creciente desigualdad en la que miles de millones de personas se enfrentan a los efectos económicos de la pandemia, la inflación y la guerra, mientras las fortunas de los milmillonarios crecen desorbitadamente”, afirma Franc Cortada, director general de Oxfam. 

Los más ricos este 2023 han obtenido beneficios récords, como ya pasó en 2022. Sólo en los 12 meses previos a junio, las empresas que más facturan en el mundo se hicieron con unos beneficios de 1,8 billones de dólares, un 52% más que lo que ingresaron entre 2018 y 2021. El informe señala, además, que esta riqueza no se reparte de forma equitativa, sino qu,e  por cada 100 dólares generados por estas compañías, 82 acaban en manos de sus mayores accionistas. 

“Esta desigualdad no es ninguna casualidad, los milmillonarios hacen que sus empresas generen más riqueza a costa del resto de la población. Y ésto lo estamos normalizando”, añade Cortada. La desigualdad también tiene un componente geográfico. Los países del Norte global, que representan al 21% de la población, poseen casi el 70% de toda la riqueza del mundo. El 74% de los milmillonarios proceden de algún país ubicado en esta parte “privilegiada” del planeta y sólo el 1% más rico del mundo posee el 48% de los activos financieros de Oriente Medio, el 50% de los asiáticos y el 47% de los europeos. Además, en 2022 la brecha entre Norte y Sur ha crecido por primera vez desde que empezó el siglo XXI. 

Estas empresas, a pesar de tener unos beneficios inmensos, no contribuyen de forma equitativa al desarrollo social. Oxfam denuncia una “guerra contra el fiscal” que ha reducido en aproximadamente un tercio los tipos efectivos del impuesto sobre los beneficios empresariales. Todo ello, aseguran, “mientras se han seguido beneficiando del aumento de las privatizaciones del sector público”, provocando “desigualdad y segregación” en el acceso a servicios esenciales como el agua o la educación. 

Oxfam ha puesto nombres y apellidos a algunas de estas inmensas fortunas que concentran gran parte del poder empresarial y económico mundial. Como no es de extrañar, son todos nombres masculinos. 

Jeff Bezos, uno de los más conocidos, por ser el dueño de la plataforma Amazon, cuenta con una riqueza de 167.400 millones de dólares, gran parte de ella cosechada en la última década. Volar al espacio le costó sólo 5.500 millones, un sueño que dedicó a los trabajadores del portal web por “haberlo hecho posible”. Actualmente se enfrenta  a una demanda de Estados Unidos por favorecer la concentración empresarial para aumentar precios y degradar el servicio a los compradores. La empresa también ha sido señalada por “sus esfuerzos” para evitar la sindicación de los trabajadores. 

Otro de los señalados por la compañía es Bernad Arnault, el segundo hombre más rico del mundo que preside el imperio de artículos de lujo LVMH, además de propietario de dos grandes medios de comunicación: Les Échos y Le Parisien. También se enfrenta a una multa del organismo antimonopolio francés. Y, aunque no pesan cargos sobre él, Aliko Dangote, la persona más rica de áfrica, cuenta con prácticamente el monopolio del cemento en Nigeria. Actualmente está expandiendo su “imperio” al sector petrolífero, lo que está generando preocupaciones por la posible creación de un nuevo monopolio privado. 

Todos ellos están acusados de concentración empresarial, ya la hayan realizado de forma legal o no. En los últimos veinte años este tipo de prácticas se han convertido en la norma. Unas sesenta compañías farmacéuticas se han concentrado desde 1995 en tan sólo 10 firmas globales. Más del 40% del mercado mundial de semillas ya es parte de alguna multinacional y un 90% de las búsquedas en Internet, prácticamente todas, se realizan con un único servidor: Google. Más allá del capital privado, el fondo indexado de los “Tres Grandes” gerentes – BlackRock, State Street y Vanguard –gestiona unos 20 billones de dólares en activos de las personas, cerca de una quinta parte de todos los activos bajo gestión.

En el año 2022, mientras el Gobierno aplicaba un “escudo social” para paliar la pérdida de poder adquisitivo de las familias trabajadoras, el 10% más rico de nuestro país concentraba más de la mitad de toda la riqueza. En el lado opuesto, la mitad de la población con menos recursos apenas supone un 7.8% de la riqueza. 

“Hemos normalizado estas cifras escandalosas de desigualdad que tienen detrás una concentración de poder de mercado en las manos de unos pocos. Sólo en 2022, las cincuenta empresas más grandes de nuestro país han incrementado sus beneficios un 23%. Y lo han hecho a costa de salarios, subidas de precios, y a costa de los consumidores y de sus plantillas”, denuncia Nerea Basterra, responsable de “sector privado y desigualdad” en Oxfam. 

Entre 2011 y 2016, años en los que aún se sufrían los efectos más devastadores de la crisis de las subprime,  la concentración de la riqueza se  incrementó notablemente en España y aún se mantiene en niveles extraordinariamente altos. El sector de la energía aumentó sus ingresos en un 40% durante el año 2022 y más de un 80% en 2020. En el caso del sector bancario, en 2022 consiguió duplicar sus resultados respecto a 2020 e incrementarlos en un 36% entre 2021 y 2022. Las cifras son más espectaculares si nos fijamos en la evolución de resultados antes de impuestos, ya que en el caso de la energía consiguieron multiplicar por siete sus ingresos y en el de la banca por seis

Estos buenos resultados no han ido acompañados de un incremento del empleo y de los salarios proporcional. En el año 2022 apenas creció el número de personas empleadas en el conjunto de las empresas analizadas (tan sólo un 0,01%). Son datos que contrastan, además, con los del conjunto de la economía española donde los contratos aumentaron un 3,1% en 2022 y un 6,2% desde 2019. El informe destaca algunos casos especialmente llamativos como el de Naturgy que entre 2020 y 2022 recortó un 32% su plantilla, o Telefónica que este diciembre ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para ampliar un ERE que afectará a más de 3.400 trabajadores. 

Oxfam pone el foco en la banca y las compañías eléctricas, donde unas pocas firmas concentran el 86, 1% del mercado (Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol). Estas últimas han visto aparecer “beneficios caídos del cielo” gracias a la escalada de precios por la guerra, mientras que la banca se ha enriquecido por el alza de los tipos de interés. Banco Santander, BBVA y CaixaBank acaparan el 77% de los activos bancarios de nuestro país.  “Los datos muestran una distribución desproporcionada de los beneficios, que se traducen en beneficios millonarios, mientras 14 millones de personas en España ven cómo han aumentado los costes de su hipoteca y el 17,1% no pueden permitirse calentar su hogar”, añade el director de la ONG.

Las desigualdades aumentan en función del género. Las mujeres siguen ganando un 15% menos en promedio y, a nivel mundial, los hombres poseen 105 billones de dólares más, una cifra equivalente al tamaño de la economía estadounidense por cuatro. Además, el género femenino se ve sobrerrepresentado entre los sectores peor pagados. Las diferencias raciales y étnicas también se hacen notar en la economía. En Brasil, de media, las personas blancas tienen ingresos un 70% superiores a los de las afrodescendientes. Si nos fijamos en los datos de contaminación, el 1% de los más privilegiados emiten la misma cantidad de carbono contaminante que los dos tercios más pobres de la humanidad.

“El poder empresarial desbocado y la extrema riqueza no pueden seguir campando a sus anchas. El sector público debe implementar una regulación adecuada que priorice el bien común y los intereses de la mayoría”, denuncia Cortada. Oxfam Intermón estima que la aplicación de un impuesto sobre el patrimonio de los millonarios y milmillonarios del mundo podría generar hasta 1,8 billones de dólares al año, que podrían invertirse en mejoras sociales y redistributivas. 

La ONG cree que es “urgente” que los Estados prioricen los servicios públicos y defiendan una mayor regulación en las altas esferas empresariales, acabando con los monopolios y la excesiva concentración empresarial. “Sabemos que el poder público puede frenar la avaricia de las grandes corporaciones y de las grandes fortunas. El estado tiene que regular los monopolios, empoderar a las personas trabajadoras, gravar estas enormes ganancias y, fundamentalmente, invertir en una nueva era de bienes y servicios públicos”, concluye el director. 

"Los altos ejecutivos nos dicen que necesitamos mantener los salarios bajos mientras ellos y los accionistas de sus empresas se embolsan cantidades desorbitadas", explica Franc Cortada, director general de Oxfam Intermón. Un nuevo análisis de la ONG con motivo del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, revela que, con datos de 2021, una persona trabajadora en España necesita trabajar más de 147 años para lograr la retribución anual promedio de un consejero ejecutivo del Ibex 35. Es decir, necesitaría más de cuatro vidas laborales. 

Esta brecha, según Oxfam, sólo ha podido empeorar durante el último año debido a la crisis de precios del año 2022. "En un día en el que deberíamos celebrar a la clase trabajadora, esta flagrante desigualdad resulta a la vez alarmante y, tristemente, nada sorprendente", defiende Cortada que recuerda que llegamos a este Primero de Mayo tras "años de austeridad y ataques a los sindicatos" que han provocado que se incremente "la brecha entre los más ricos y el resto de la población". 

De entre las principales economías analizadas por Oxfam, España es el país en el que los trabajadores han perdido más poder adquisitivo. En concreto, los salarios se desplomaron un 5,5%. Esta cifra equivale a 1.523 euros menos y a 11 días de trabajo. "La mayoría de las personas trabajan más tiempo por menos dinero, y no pueden hacer frente al aumento del coste de la vida", admite Cortada. 

Esta realidad contrasta con los abultados beneficios de las grandes compañías. Los dividendos de las empresas del Ibex 35 aumentaron hasta los casi 26.000 millones de euros, es decir, se dispararon un 26,8 % más que en 2021. Un buen año, pese a la guerra y la inflación en el que recuperaron lo perdido durante la pandemia y el titubeante 2021. 

Pero estas cifras no sólo se dan en España. A nivel mundial, los salarios bajaron un 3,19% y mil millones de trabajadores de 50 países han visto cómo sus sueldos se recortaron de media en 685 euros en 2022. Esto supone una pérdida conjunta de 746.000 millones de dólares en términos reales si se compara con lo que habrían ganado si los salarios hubieran crecido al mismo ritmo que la inflación.  "Los Gobiernos deberían dejar de apoyarse solo en subidas de tipos de interés y la austeridad para aplacar la inflación", argumenta Cortada. 

¿La receta de Oxfam? "Deberían aumentar la presión tributaria sobre los que más ganan, introduciendo tipos marginales máximos más altos", explica su director general. Los Gobiernos, sostiene Cortada, "deben garantizar que los salarios mínimos se actualizan con la inflación, y promover acuerdos plurianuales por sectores o empresas que faciliten la recuperación salarial, especialmente de los salarios más bajos, estableciendo objetivos concretos de aumentos vinculados a la evolución de los márgenes empresariales". Además, recuerda que "todas las personas deben poder ejercer su derecho a la sindicación, la huelga y la negociación colectiva".

Si se analiza esta brecha por países, España está en el mismo grupo que Brasil, donde los salarios disminuyeron un 6,9%, EEUU, con un recorte del 3,2%, o Reino Unido, con una rebaja del 2,5%. En cambio, en el otro lado de la moneda están los sueldos de los altos ejecutivos: en EEUU, India, Reino Unido o Sudáfrica aumentaron un 9% en términos reales. Una cifra que se eleva hasta el 16% sin ajustar por la inflación. 

Por ejemplo, un empleado medio de EEUU tendría que trabajar 413 años para igualar el salario anual de uno de estos directores ejecutivos mejor pagados del país. Un ejecutivo en India gana en cuatro horas lo que un trabajador medio en todo un año. Los dirigentes ejecutivos mejor pagados de Sudáfrica ganaron en 2022, 43 veces más que el trabajador medio. 

Pero la brecha salarial no se reduce solo a los directivos. Los dividendos de los accionistas a nivel global lograron un récord de 1,56 billones de dólares en 2022. Esto supone un aumento del 10% si se compara con 2021. Todas estas cifras, según explica Oxfam, se basan en los datos más recientes publicados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y organismos gubernamentales de estadística.

Oxfam denuncia que los desorbitados pagos a accionistas benefician a los más ricos de la sociedad, exacerbando así la desigualdad. En España, por poner sólo un ejemplo, 86 de cada 100 euros repartidos como dividendos y otros rendimientos financieros acaban en manos de apenas un 10 % de la población. 

Además, Oxfam recuerda que uno de cada cinco países no grava las ganancias de capital, según un reciente análisis de la ONG. La tasa impositiva promedio sobre este tipo de ingresos es solo del 18%, es decir, mucho menor que los impuestos sobre los ingresos del trabajo. El tipo marginal máximo en España se encuentra en el 26%, muy por debajo del aplicado sobre las rentas salariales más altas, un 47% en el tramo estatal. "Los Gobiernos deben poner en marcha o ampliar, si ya están en funcionamiento, los impuestos extraordinarios a los beneficios excesivos de las grandes empresas", apunta Cortada. 

En España, los impuestos a la banca, las energéticas y las grandes fortunas entraron en vigor a finales de diciembre de 2022. En principio, se recaudarán sólo durante los dos próximos años, aunque al acabar 2024 el Gobierno evaluará los resultados de los tres nuevos gravámenes y decidirá si se eliminan o se convierten en permanentes. A pesar de las críticas por parte de los empresarios y de la oposición, según los cálculos del Gobierno el coste de ese gravamen para los grandes bancos equivale sólo al 0,06% de sus activos. "Las personas trabajadoras están cansadas de ser el chivo expiatorio cada vez que hay una crisis", reconoce Cortada, que señala que "la inflación también tiene que ver con cómo se distribuye la renta entre empresas, trabajadores y contribuyentes".

"La evolución de la desigualdad en España es un fenómeno preocupante: mientras los salarios pierden peso y capacidad de poder adquisitivo, las grandes empresas aumentan beneficios y la riqueza en España sigue concentrándose en manos de unos pocos", sostiene Franc Cortada, director de Oxfam Intermón. La ONG publica este lunes su informe anual sobre desigualdad con motivo del inicio del Foro Económico Mundial en Davos [puedes consultar el texto íntegro del informe internacional aquí y el de la versión sobre España aquí] que revela, entre otros muchos datos, que el valor conjunto de la riqueza de los milmillonarios españoles —son 26 según la lista Forbes y están encabezados por Amancio Ortega con 67.000 millones de euros— ha aumentado en casi 3.000 millones de dólares —2.767 millones de euros, al cambio actual—, lo que equivale a un aumento de aproximadamente 3 millones de dólares al día —2,77 millones de euros, al cambio actual—, desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. 

A nivel global, la fortuna de los milmillonarios crece a un ritmo de 2.700 millones de dólares al día. Es decir, por cada dólar que recibe una persona del 90% más pobre de la humanidad, los más ricos ganan 1,7 millones de dólares. "Las élites se están reuniendo en un contexto en el que la riqueza y la pobreza extremas en el mundo se han incrementado simultáneamente por primera vez en 25 años", asegura Cortada.

Oxfam también detecta en su informe Sobra mucho mes a final de sueldo que los milmillonarios españoles han recuperado con rapidez el dinero perdido durante la pandemia del coronavirus y en la actual crisis de precios por la guerra de Ucrania, incluso por encima del crecimiento de España. "Al igual que ya sucedió durante la crisis de 2008, los milmillonarios también se ven afectados por las crisis y el valor de su riqueza cae. Pero con la recuperación, sus ganancias acostumbran a superar lo perdido entonces", afirma la ONG. En concreto, si en 2008, el 1% con mayor riqueza concentraba el 15,3% de la riqueza neta total, en 2021 ya era el 23,1%. Es decir, uno de cada cuatro euros. 

Las grandes compañías españolas tampoco han salido mal paradas de esta doble crisis: sus beneficios o se han mantenido o han crecido, es decir, no han tenido pérdidas. Durante 2022, la tendencia se ha acelerado y, sólo en el tercer trimestre, las empresas del IBEX 35 anunciaron resultados un 30% superior al mismo periodo del año anterior. En 2021, sus beneficios (75.496 millones de euros) fueron un 63% superiores a los de 2019 (46.262 millones de euros) y un 55% por encima de la media de los cinco años anteriores a la pandemia.

"Estamos ante una crisis alimentada porque algunas de las grandes empresas y los súperricos se han aprovechado del contexto de incertidumbre, la pandemia y la guerra en Ucrania y están sacando tajada, inflando precios y márgenes, a costa de una gran mayoría", expone Cortada. Sólo durante el año 2022, el 90% del incremento de los precios se puede explicar por los aumentos de los beneficios de las empresas agravando así esta crisis de coste de vida.

"Si hasta ahora el comportamiento del mercado laboral, y especialmente el desempleo, ha sido el elemento determinante para explicar los altos niveles de desigualdad económica en España, ahora vemos como el mayor dinamismo de los beneficios empresariales frente a unos salarios que pierden poder adquisitivo amenazan con hacer la desigualdad más profunda", expone el informe. El documento también destaca que, pese a los "notables incrementos de empleo de los últimos tres años, con 671.000 empleos más", la participación de la remuneración de las personas asalariadas en "la distribución primaria de la renta ha sufrido un descenso reseñable". 

Así, en términos reales, los sueldos caen a niveles similares a los peores años de la crisis que se inició en 2008. En concreto, ya son un 4% más bajo que hace quince años. Y la perspectiva no es nada halagüeña: según destaca el informe, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en 2026 respecto a 2008 sería de diez puntos en el caso del salario medio, y de cinco puntos en el caso de las personas trabajadoras con salarios sometidos a negociación colectiva. "Este proceso supone una devaluación salarial que doblaría la experimentada durante la crisis económica entre 2008 y 2014", reconoce Oxfam. 

Por ello, Cortada explica que es "esencial" garantizar que "los salarios puedan recuperar su poder adquisitivo". Los sueldos son prácticamente una de las pocas cosas que no ha subido durante el último año: Desde finales del primer trimestre de 2021, el crecimiento mensual promedio de los salarios es del 1,7%, mientras que el de los precios es superior al 6%.

"Lo que cuesta llenar el carro de la compra, la luz y la calefacción en el hogar o la gasolina y el transporte ha aumentado de manera notable, mientras que los ingresos, y especialmente los salarios, no lo hacen con la misma intensidad", expone el informe de Oxfam que señala la realidad de millones de hogares en España: aquellos en los que llegar a fin de mes es cada vez más complicado "sin haber curado aún las heridas de la pandemia". 

"Sin embargo, este impacto va por barrios, y no afecta a todos los hogares de la misma manera", asegura el informe que también destaca que "los aumentos de precios afectan de un modo más acentuado a las familias con menor renta, que deben destinar una mayor parte de sus limitados ingresos a estos productos básicos que son difícilmente reemplazables y a los que es difícil renunciar". Así, y trasladado a cifras, la subida de precios entre enero y noviembre de 2022 ha reducido el poder de compra de los hogares en peor situación un 26% más que el de aquellos con mayores ingresos. El máximo se alcanzó en el mes de marzo, cuando fue un 37% más caro. 

Desgranado, mientras que en los hogares con menor poder adquisitivo ha sido un 12,6% más caro mantener el mismo patrón de consumo que el año anterior. En cambio, los más pudientes, sólo han visto incrementado su cesta de la compra un 10%. 

La ONG recuerda en su informe que según los últimos datos oficiales disponibles, de 2020, España se encuentra entre los países más desiguales de Europa, ocupando el quinto puesto de los 26 para los que se dispone de información. Tan solo Bulgaria, Letonia, Lituania y Rumanía presentan niveles de desigualdad superiores.

Por ello, Oxfam pide al Gobierno de Pedro Sánchez que de manera inmediata impulse un pacto de rentas junto con el conjunto de los actores sociales, para evitar que los salarios sigan sufriendo el efecto directo de la inflación. "Es el momento de pasar de las medidas de urgencia y reactivas a otras de mayor calado y que impliquen a los diferentes actores sociales", explica Cortada que señala que hay que conseguir que "España deje de ser uno de los países con mayores niveles de desigualdad" necesita "una combinación de políticas fiscales, sociales y salariales".

Entre las medidas, Oxfam propone profundizar en la reforma fiscal, reforzar la lucha contra la evasión y elusión fiscal, revisar los impuestos a los beneficios caídos del cielos, el de sociedades así como el de patrimonio "sin distorsiones territoriales ni exenciones ineficientes", ampliar la cobertura y agilizar los trámites del impuesto mínimo vital, dar apoyo público a autónomos y pequeñas y medianas empresas, y sacar adelante una ley que exija a las empresas  prevenir y mitigar las vulneraciones de los derechos humanos y medioambientales allí donde operen. 

Pero la desigualdad no es solo una cosa de España y Oxfam también publica este lunes un nuevo informe, La ley del más rico, sobre la desigualdad a nivel mundial. En concreto, según la ONG, el 1% más rico acapara casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada entre diciembre de 2019 y diciembre de 2021, valorada en unos 42 billones de dólares. Es más, durante la última década, este 1% más rico acumula la mitad de la nueva riqueza. 

Y estas cifras en una coyuntura mundial marcada por la actual crisis de precios que, según defiende Oxfam, es también una crisis de desigualdad. Por poner un ejemplo, la ONG destaca que países enteros se encuentran al borde de la bancarrota y los más pobres destinan cuatro veces más recursos al servicio de la deuda que a los servicios de salud pública. Mientras, 95 grandes compañías de energía y alimentación han duplicado sus beneficios y han generado unos beneficios extraordinarios de unos 306.000 millones. Según esta organización, está codicia alimenta la inflación y, en Australia, EEUU o Reino Unido, estos enormes beneficios empresariales han contribuido como mínimo al 50 % del crecimiento de la subida de precios.

Como sucede en España, en el otro lado de la balanza, están los más vulnerables dejando cifras nada halagüeñas. Al menos 1.700 millones de trabajadores viven en países donde el crecimiento de la inflación se sitúa por encima del de los salarios. Más de 820 millones de personas en todo el mundo, es decir, aproximadamente una de cada diez, pasan hambre. Además, la desigualdad suele tener rostro femenino: mujeres y niñas suelen comer en último lugar y en menores cantidades, y representan casi el 60 % de la población mundial que padece hambre.  

Ante esta desigualdad, el informe de la ONG muestra "cómo una imposición adecuada a los ultra ricos puede ser la vía para lograr un mundo más justo, sostenible y sin pobreza". Según Oxfam, aplicar una mayor presión fiscal a los súperricos reduce "su enorme concentración de riqueza y evita que siga creciendo su número, creando sociedades más igualitarias y evitando la aparición de élites poderosas, no sometidas a control y que adquieren casi naturaleza de aristocracia" al tiempo que "reduce desigualdades sociales que resultan destructivas".

Por cada dólar recaudado en ingresos fiscales a nivel global, únicamente cuatro centavos proceden de gravar la riqueza. Y este fenómeno es aún más pronunciado en aquellos países de renta media y baja, donde existen mayores niveles de desigualdad. "Por ejemplo, uno de los hombres más ricos de la historia, Elon Musk, tributa a un 'tipo impositivo real' del 3,2%, mientras que Jeff Bezos, otro de los milmillonarios más ricos, lo hace a menos del 1 %. En cambio, Aber Christine, una de las mujeres con las que Oxfam colabora en Uganda y que se gana la vida comerciando en el mercado, paga en impuestos el 40% de lo que logra vender", explica el documento. 

Ante esto, Oxfam insta a los países a aplicar una combinación de medidas fiscales que garantice que "el 1% más rico tribute a unos tipos considerablemente más elevados". Su idea pasaría por acercar su contribución en torno al 60% sobre el conjunto de sus rentas. Este porcentaje debería ser incluso más elevado para los multimillonarios y los milmillonarios. "Este nivel de presión fiscal debería aplicarse a la totalidad de sus ingresos, tanto los derivados del trabajo como de sus rentas de capital", afirma la ONG.

Los efectos de los eventos extremos agravados por el cambio climático afectan cada vez más a los países más pobres, que además son los que menos han contribuido a estos efectos. El nuevo informe de Oxfam, Footing the Bill, demuestra que los fondos que pidieron los Estados más vulnerables para emergencias relacionadas con estos eventos, como pueden ser inundaciones o sequías, han aumentado en un 819% en los últimos 20 años. Durante 2000-2002, el promedio anual de fondos solicitados fue de al menos 1600 millones de dólares, y en el periodo 2019-2021 aumentaron hasta los 15.500 millones de dólares. No obstante, los países donantes no estuvieron a la altura a las solicitudes: los más ricos solo aportaron un dólar por cada dos que se pidieron.

Según estima el informe, los países ricos son responsables del 37% de las emisiones actuales, pese a representar solamente a un 15% de la población mundial. Además, tan solo han proporcionado fondos para cubrir el 54 % de los llamamientos humanitarios a Naciones Unidas realizados desde 2017, generándose un déficit de hasta 33.000 millones de dólares. Mientras, los países de renta baja, aunque son los que menos han contribuido al cambio climático, son los que sufren las peores consecuencias. Los países con peticiones más frecuentes por fenómenos extremos (Afganistán, Burkina Faso, Burundi, República Democrática del Congo, Haití, Kenia, Níger, Somalia, Sudán del Sur, Uganda, Chad, Sudán y Zimbabue) emiten el 1,4% del total de emisiones globales.

La mayor intensidad y frecuencia de estos fenómenos extremos causados por el cambio climático está causando mayor presión sobre un sistema humanitario que ya estaba desbordado y sin fondos. Las personas de los países más pobres y de menor renta son los más perjudicados por las sequías, las tormentas y las inundaciones, pero también son los menos preparados para afrontar sus efectos, pues carecen de los fondos y los sistemas de los que disponen los países ricos, insiste Oxfam. El 1% de las personas más ricas del planeta genera el doble de emisiones que la mitad más pobre de la humanidad. Para 2030, su huella de carbono será 30 veces mayor de la pactada en el Acuerdo de París para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 1,5 °C.

Los fondos destinados a lo conocido en jerga climática como "pérdidas y daños", las consecuencias de los eventos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes y voraces, apenas llegan a cubrir lo que realmente necesitan los afectados. El informe estima que tan solo el coste económico de los fenómenos meteorológicos extremos en 2021 fue de 329.000 millones de dólares a nivel mundial, es decir, el tercer año con unos registros más elevados en este ámbito. Esto equivale a casi el doble del total de fondos de ayuda provistos por los países ricos a los países en desarrollo ese mismo año. Las ayudas, muestra la organización, tan solo llegan a unos 474 millones de los 3900 millones de personas en países de renta media y baja; es decir, a una de cada ocho personas afectadas desde el año 2000.

Los países con mayores rentas no solo no aportan la ayuda necesaria, sino que también obstaculizan las negociaciones. En la cumbre del clima (COP26) en Glasgow, los países en desarrollo pidieron crear un servicio de financiación de pérdidas y daños. Los más ricos lo rechazaron y, en su lugar, acordaron una serie de conversaciones, denominadas el "Diálogo de Glasgow", las cuales tendrían lugar a lo largo de tres años para debatir futuro acuerdos de financiación. "Fue ahondar más en el insulto", afirma Gabriela Bucher, directora ejecutiva de Oxfam Internacional.

Más de 260 millones de personas adicionales podrían verse sumidas en la pobreza extrema en 2022 como consecuencia del covid-19, el aumento de las desigualdades a nivel global y el incremento desorbitado de los precios de los alimentos, todo ello exacerbado por la guerra en Ucrania, según denuncia Oxfam Intermón en un informe publicado este martes y recogido por Europa Press.

"Si no se toman medidas radicales e inmediatas, podríamos estar ante el mayor aumento de los niveles de la pobreza extrema y sufrimiento de la humanidad del que se tiene constancia", ha advertido el director de Oxfam Intermón, Franc Cortada, al tiempo que añade que "este panorama es aún más desolador" si se tiene en cuenta "los billones de dólares acaparados por un puñado de hombres poderosos sin ningún interés por frenar esta escalada".

El documento, titulado "Tras la crisis, la catástrofe", publicado con motivo de las reuniones de primavera del Banco Mundial y el FMI en Washington DC, apunta que, para finales de este año, un total de 860 millones de personas podrían vivir en situación de pobreza extrema (con menos de 1,9 dólares al día).

Esto también se reflejaría en los niveles de hambre a nivel mundial, según añade el informe, pues el número de personas que padecen desnutrición podría alcanzar los 827 millones este año.

El Banco Mundial había estimado que el covid-19 y el empeoramiento de las desigualdades podrían llevar a la pobreza extrema a 198 millones de personas más a lo largo de 2022, revirtiendo así dos décadas de avances.

Basándose en los estudios del Banco Mundial, Oxfam Intermón ahora estima que solo el aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial sumiría en la pobreza extrema a 65 millones de personas más, alcanzándose un total de 263 millones este año, lo que equivale a las poblaciones del Reino Unido, Francia, Alemania y España juntas.

Respecto a España, la ONG advierte de que la subida del IPC hasta el 9,8% en marzo, la más alta registrada desde mayo de 1985, supone ya una pérdida global de poder adquisitivo (16.700 millones de euros, según FUNCAS), y afecta especialmente a los hogares con rentas más bajas.

Esta situación, según advierte Oxfam, coloca al país en una realidad de crisis de inflación que agrava la situación generada por el covid-19, donde en el primer año de pandemia, más de un millón de personas pasaron a encontrarse en situación de carencia material severa y el impacto económico y social del virus ya implicó que más de 600.000 hogares pasaran a vivir sin ningún tipo de ingreso.

El informe también muestra que la pobreza está agravándose en países enteros y critica que los Gobiernos "continúan sin aumentar los impuestos a los más ricos". Según precisa, un impuesto anual sobre el patrimonio —comenzando en tan solo un 2% para las fortunas millonarias y llegando al 5% en el caso de las milmillonarias— podría generar 2,52 billones de dólares cada año, "suficiente para sacar de la pobreza a 2.300 millones de personas".

"Rechazamos la idea de que los Gobiernos no tienen fondos o medios suficientes para sacar a todas las personas del hambre y la pobreza y garantizar su salud y bienestar. Por el contrario, lo que sí vemos es una total falta de creatividad económica y voluntad política para hacerlo", ha subrayado Cortada.

Ante esta situación, Oxfam lanza algunas recomendaciones como que el G20, el Banco Mundial y el FMI incrementen la ayuda a los países pobres y condonen su deuda "de forma inmediata".

También propone incrementar los fondos de ayuda y destinar nuevos fondos a sufragar la respuesta en Ucrania y para la acogida de personas refugiadas, "en lugar de desviar los fondos destinados a hacer frente a otras crisis en países más pobres".

Entre otras medidas, también sugiere reasignar al menos 100.000 millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG) sin que esto suponga más deuda o la imposición de medidas de austeridad para el conjunto de los países; adoptar medidas para proteger a las personas frente al aumento de los precios de los alimentos, y crear un fondo global de protección social para ayudar a los países más pobres.

Al Gobierno español le pide que juegue "un rol de liderazgo y solidaridad en el plano internacional" para contribuir de forma significativa a las medidas encaminadas a la reducción de la desigualdad y la pobreza; que implemente un Plan Nacional "ambicioso" con un paquete amplio de medidas de protección social y de suficiencia tributaria y que tenga en cuenta al resto de actores políticos; y que ponga en marcha, "con urgencia", un impuesto temporal a los beneficios extraordinarios que pudieran obtener las empresas energéticas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles en el Congreso que va a “impulsar” la inclusión de Rusia en las listas negras de paraísos fiscales tanto de la Unión Europea como de la OCDE. No mencionó si también incorporará a la federación rusa en la lista española. Cada una de ellas es distinta. La europea sólo tiene nueve territorios en este momento. La OCDE dejó su lista en blanco en 2009, cuando sacó de ella a los tres últimos: Andorra, Liechtenstein y Mónaco. La española, en cambio, señala a 33 países.

Rusia no está en ninguna de ellas. Pero el pasado 24 de febrero, la UE decidió añadirla a su lista gris, la que reúne a los países que no cumplen los estándares de transparencia y equidad fiscales ni aplican las normas internacionales contra la erosión de las bases fiscales y el traslado de beneficios –las normas diseñadas por la OCDE para luchar contra las estrategias de planificación fiscal agresiva–, pero se comprometen a hacer reformas para mejorar su comportamiento. La decisión no tuvo que ver con la invasión de Ucrania, puesto que requiere un largo procedimiento de evaluación llevado a cabo por el grupo Código de Conducta, el órgano encargado de revisar cada seis meses tanto la lista negra como la gris.

“La incorporación de Rusia a la lista negra tiene más efectos reputacionales que prácticos”, apunta Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado. Estar en ella no implica recibir sanciones económicas, pero a los países señalados se les excluye del acceso a fondos de desarrollo y las empresas o particulares que recurran a ellos para sus negocios deben someterse a mayores controles y supervisión. El Parlamento Europeo no ha cesado de criticar la ineficacia de la lista negra, que en la actualidad incluye a países que representan menos del 2% de las pérdidas de ingresos fiscales mundiales.

La primera se elaboró en 2017 e incluía a 17 países. Desde entonces, la lista no ha hecho más que menguar. La última sólo incorpora territorios minúsculos: Samoa Americana, Fiyi, Palau, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas, Guam y Vanuatu.

El objetivo de la medida, dice Miguel Alba, responsable de Fiscalidad de Oxfam Intermón, es “desincentivar las inversiones en Rusia”. Y quienes utilicen territorio ruso para instalar sociedades fantasma también tendrán más problemas si Vladimir Putin termina en la lista negra europea. El objetivo, ha explicado Pedro Sánchez, es “aislar al Gobierno de Putin, a Putin y a la oligarquía” rusa.

Pero eso está ocurriendo ya sin necesidad de añadir a Rusia a la lista negra comunitaria. Las sanciones adoptadas por la UE han abocado a multinacionales de todo el mundo y de todos los sectores a abandonar el país eslavo enseguida. Petroleras como British Petroleum, que se deshará de su participación en la rusa Rosneft, y Shell, que ha anunciado su ruptura con Gazprom. Apple ha dejado de comercializar sus productos en Rusia. Las navieras MSC y Maersk no seguirán visitando puertos rusos. Volvo ya no vende sus coches allí. Mercedes Benz se desprenderá de su 15% en Kamaz, un fabricante local de camiones. Las zapatillas de Nike tampoco se podrán comprar en el país.

Hace sólo unos días, además, la OCDE decidió poner punto final a la solicitud de adhesión de Rusia. Ya había quedado paralizada en 2014, tras la invasión de Crimea, pero ahora el proceso está cerrado definitivamente. Por lo que se refiere a la lista negra de la UE, cualquier decisión tardará meses si se sigue el procedimiento reglado. Cuando un país entra en la lista gris, se analizan sus esquemas fiscales a la luz de unos criterios prefijados e incluso se inicia un “diálogo” con él para indicarle lo que debe cambiar. Sólo entonces y si no acepta las reformas que se le piden, entra en la lista negra.

En ese proceso está Rusia. En junio de 2021, la UE le pidió que hiciera cambios en sus Zonas Administrativas Especiales (SAR por sus siglas en inglés), las conocidas como offshore rusas: Kaliningrado, Vladivostok y otras áreas en el extremo este. Las empresas que se trasladen allí desde Chipre o Reino Unido, por ejemplo, obtienen un trato fiscal ventajoso en el impuesto de sociedades. Ese fue en principio el objeto de las SAR: atraer a quienes tenían sus negocios en otras plazas fiscalmente laxas fuera de la federación.

Pero Bruselas cree que esos territorios constituyen una competencia fiscal desleal y pide que se obligue a las empresas allí asentadas a abrir oficinas con empleados y que se dé acceso a las ventajas tributarias también a las empresas domiciliadas en Rusia. En teoría, el Gobierno de Moscú había accedido a cambiar las leyes precisas antes del 31 de diciembre de este año. La guerra ha dado al traste cualquier posibilidad de acuerdo. Es decir, si el procedimiento europeo sigue su curso natural, Rusia debería entrar en la lista negra de paraísos fiscales en la próxima revisión dentro de seis meses, independiente del impulso que quiera darle España.

Carlos Cruzado cree que sería mucho más efectivo introducir a Rusia en la lista española de paraísos fiscales. No sin antes adaptarla a la Ley de Prevención del Fraude Fiscal aprobada el pasado mes de junio, que amplía el concepto de paraíso fiscal a los territorios o “jurisdicciones no cooperativas” que no sólo sean opacas fiscalmente –porque no intercambian información sobre titulares reales de un patrimonio, por ejemplo–, sino que además faciliten la existencia de instrumentos o sociedades extraterritoriales diseñados para atraer beneficios, pero no tengan actividad real. Y, por supuesto, a aquellos países que no cobren impuestos de sociedades o sobre la renta o lo hagan con unos tipos menores que los españoles.

Con arreglo a esos nuevos criterios, el Ministerio de Hacienda debería haber actualizado ya la lista de paraísos fiscales, explica Carlos Cruzado.

Con Rusia, al igual que con otros muchos países, España tiene firmado desde 1998 un convenio para evitar la doble imposición; es decir, para impedir que una empresa pague en dos territorios distintos por el mismo hecho imponible. De modo que su inclusión en la lista negra de paraísos fiscales española también requeriría de todo un proceso de análisis y justificación. Una vez en ella, las empresas españolas con negocios en Rusia tendrían que cumplir mayores requisitos de información tributaria y deberían justificar mejor sus operaciones –declarando previamente las inversiones por encima de determinadas cuantías desde o hacia Rusia, por ejemplo–.

Tampoco tendrían acceso a determinadas exenciones, como las que disfrutan las retenciones a los rendimientos y ganancias, si las perciben a través de filiales en Rusia. Ni podrían deducirse los gastos pagados a través de empresas situadas allí o por servicios de entidades residentes en ese territorio. Ni podrían rebajarse impuestos por los dividendos y ganancias obtenidos en Rusia. Además, las sociedades domiciliadas en ese país que tengan inmuebles en España tendrían que pagar un gravamen especial, entre otros requisitos.

El Instituto de Comercio Exterior (ICEX) tiene registradas a unas 130 empresas españolas con intereses en Rusia. Entre ellas, Inditex, que mantiene 527 tiendas en el país de Vladimir Putin. No son pocas. En toda América, posee 790. Otra firma española de primera línea, Mango, cuenta con 130 locales. El Grupo Fuertes, que fabrica los embutidos El Pozo, mantiene una inversión en el mayor productor de carne ruso, el grupo Cherkizovo, que además acababa de ampliar el pasado mes de enero. Y tres fabricantes de componentes para el automóvil, Gestamp, Cie Automotive y Grupo Antolín producen allí para clientes locales. Todas ellas se verían afectadas por la declaración de Rusia como paraíso fiscal.

Cuestión distinta serían las grandes fortunas rusas, aclara Carlos Cruzado. Los ultrarricos tienen ya sus patrimonios ubicados en paraísos fiscales de todo el mundo, desde Chipre hasta el Caribe pasando por Suiza. Y no son fácilmente localizables porque los esconden utilizando múltiples sociedades interpuestas.

infoLibre ha preguntado al Ministerio de Hacienda por qué Pedro Sánchez ha mencionado sólo las listas de la UE y la OCDE, pero no la española. “Se trata de una respuesta europea al conflicto”, ha indicado un portavoz.

"Hay quien ha tenido una pandemia de lujo", sostiene Franc Cortada, director de Oxfam Intermón, que dibuja un escenario en el que han muerto más de 17 millones de personas por covid pero que ha hecho crecer la riqueza de los más ricos a un ritmo sin precedentes: "Mientras los bancos centrales y los gobiernos de los países ricos inyectaban billones de dólares para salvar la economía, una gran parte parece haber acabado en los bolsillos de los más ricos que se han aprovechado del auge de los mercados bursátiles y otros activos". El resultado es "más riqueza para unos pocos y más deuda pública para todos", tal y como recoge el nuevo informe de la citada ONG, Las desigualdades matan, que se publica este lunes coincidiendo con el inicio de la Agenda de Davos del Foro Económico Mundial.

Y esos pocos son, por ejemplo, los diez hombres más ricos del mundo, entre los que se encuentran Jeff Bezos, Elon Musk o Bill Gates, según la revista Forbes, que, desde el inicio de la emergencia sanitaria, hace casi dos años, han más que duplicado su fortuna. En concreto, según recoge Oxfam, han pasado de 700.000 millones de dólares a 1,5 billones de dólares (es decir, unos 1.300 millones de dólares al día). "Actualmente, acumulan seis veces más riqueza que los 3.100 millones de personas más pobres del mundo juntos", explica Cortada.

Tal y como recuerda el informe, solo con las ganancias que Bezos ha logrado con Amazon desde el inicio de la pandemia se podría vacunar a toda la población, pero, en cambio, en julio de 2021 viajó con sus amigos al espacio. Musk, por su parte, tiene la vista puesta en Marte mientras recibe miles de millones de dólares en subvenciones públicas al mismo tiempo que infringe la legislación laboral.

A pesar de la emergencia sanitaria, desde el inicio de la pandemia ha surgido un nuevo milmillonario en el mundo cada 26 horas. En total, esta pequeña élite de 2.755 milmillonarios ha incrementado su fortuna en cinco billones de dólares. Esto supone más que en los últimos 14 años acumulados, el mayor incremento de su riqueza desde que se tienen registros. Y está sucediendo en todos los lugares. Incluida España.

Tan sólo durante el 2020, los 23 principales milmillonarios españoles (son 26, según la lista de la revista Forbes que encabeza Amancio Ortega con 67.900 millones) han visto crecer su riqueza un 29%. En concreto, según Oxfam, sus cuentas bancarias han aumentado en 27.900 millones.

Y mientras unos pocos acumulan ingentes cantidades de capital, la mayoría, el 99% de la humanidad, ha visto en estos años pandémicos cómo se producía un empeoramiento de sus ingresos. Según las previsiones del Banco Mundial que recoge Oxfam, aunque en 2021 el 20% más rico de la población ha recuperado casi la mitad de las pérdidas sufridas en 2020, el 20% más pobre ha perdido, de media, un 5 % adicional de sus ingresos.

Además, desde marzo de 2020, más de 160 millones de personas se han visto empujadas a una situación de carencia material severa y viviendo con menos de 5,50 dólares al día. Una cifra de pobreza que en España ha aumentado en más de un millón desde el inicio de la pandemia.

Los cálculos del Banco Mundial son que, si no se toman medidas para acabar con las desigualdades, ni siquiera en 2030 se habrá logrado reducir la pobreza a los niveles previos a la crisis del coronavirus. Oxfam también recuerda que, según el análisis y los datos publicados por el World Inequality Lab en diciembre de 2021, desde 1995, el 1% más rico ha acaparado una parte 19 veces mayor del crecimiento de la riqueza global que la mitad más pobre de la humanidad.

Actualmente, las desigualdades son tan pronunciadas como lo eran en el culmen del imperialismo occidental a principios del siglo XX. Para Oxfam, ante esta sangrante situación, es clave acabar con las desigualdades y se centra, sobre todo, en la falta de acceso a servicios de salud, la violencia de género, el hambre o la crisis climática. Así, según la ONG, se evitaría la muerte de 21.000 personas al día, es decir, una persona cada cuatro segundos.

"Nunca ha resultado más urgente poner fin a unas desigualdades tan violentas y obscenas, rompiendo con la acumulación de poder y de riqueza extrema de las élites", sostiene Cortada, quien también apunta que no se puede permitir "ver cómo se desmorona nuestro sistema público de salud mientras unos pocos ven aumentar su riqueza. No es justo". Sobre todo en un escenario como el actual, cuando las personas en mayor situación de pobreza del mundo y los grupos racializados están sobrerrepresentados en la cifra de muertes provocadas por el virus.

Para Oxfam, las desigualdades extremas son una forma más de "violencia económica". "La pobreza no solo genera un sufrimiento inmenso. La pobreza mata", afirma este informe. La ONG calcula que, antes de la pandemia, 5,6 millones de personas fallecían cada año, 15.000 al día, por falta de acceso a los servicios de salud en países pobres. "La asistencia médica de calidad es un derecho humano que con demasiada frecuencia se considera un lujo para personas ricas", expone el informe que establece una relación directa entre dinero y una vida más larga y saludable. A esta cifra hay que añadirle los 2,1 millones que mueren de hambre.

La situación es especialmente grave entre las mujeres. "Cada nueva ola del covid hace que aumente el peso del trabajo de cuidados no remunerado que recae sobre las mujeres y las niñas", señala el informe, que destaca que actualmente hay 13 millones menos de mujeres con trabajo que en 2019, que durante el 2020 perdieron 800.000 millones de dólares en ingresos y que es probable que más de 20 millones de niñas no vuelvan a retomar su educación. Si antes de la irrupción del virus se calculaba que se tardarían 99 años en cerrar la brecha de género, los cálculos ahora son de 135.

Oxfam recuerda que al menos 67.000 mujeres pierden la vida cada año, 30.000 de ellas a manos de sus parejas o exparejas (dato que se ha visto empeorado por los confinamientos) y 37.000 a consecuencia de la mutilación genital femenina. Sólo en 2020, el exceso de mortalidad femenina se estimó en 1,7 millones.

Las desigualdades también afectan gravemente a personas en situación de exclusión y grupos racializados. En EEUU, 3,4 millones de personas negras estarían vivas si tuvieran la misma esperanza de vida que la población blanca. En Reino Unido, las personas de origen bangladeshí tenían cinco veces más probabilidades de morir de covid-19 que los británicos blancos durante la segunda oleada de la pandemia. Además, una serie de colectivos excluidos, como las personas con discapacidad o las personas LGTBI, sufren las consecuencias de manera desproporcionada.

La "violencia económica" también está destruyendo el planeta. Datos recientes de Oxfam muestran que el 1% más rico de la humanidad es responsable del doble de las emisiones que el 50% más pobre. El colapso climático mata de muy diversas maneras: malnutrición, enfermedades, calor extremo y mayor frecuencia e intensidad de los desastres naturales relacionados con el clima. Según estimaciones recogidas por la ONG, cada año 231.000 personas podrían perder la vida en países pobres a causa de la crisis climática de cara a 2030.

No obstante, el informe arroja un halo de esperanza. Según la ONG, la decisión tanto de EEUU como de China de comenzar a plantearse políticas para reducir estas desigualdades arroja un poco de optimismo en medio de la pandemia. Entre estas medidas, destacan la aplicación de mayores tipos impositivos a las personas ricas y el establecimiento de medidas para acabar con los monopolios. Sobre todo, porque ha quedado demostrado que no falta dinero, sino voluntad para abordar las desigualdades. Es el momento, según el director de Oxfam Intermón, de "impulsar medidas fiscales para redistribuir estos beneficios extremos y que se reintegren a la economía real para así salvar vidas".

"La lucha contra la desigualdad debe ser un elemento fundamental del rescate económico y los esfuerzos de recuperación", insiste Cortada. Pero Oxfam no sólo aplaude las medidas que ya se están implementando, también pone deberes, entre otros, al Gobierno de Pedro Sánchez. Entre las recomendaciones que le marca al Ejecutivo, se encuentra la de avanzar en la progresividad y suficiencia del sistema tributario español en su conjunto, garantizar que los fondos de recuperación de la Unión Europea sean una oportunidad real y efectiva para reducir las desigualdades, reforzar las políticas de protección social y continuar mejorando la inversión en sanidad y educación.

Asimismo, la ONG hace un llamamiento a todos los Gobiernos para asegurar un acceso universal a las vacunas contra el covid-19, ya que el 80% han ido a parar a países del G20. "Son un imperativo y una condición de mínimos necesaria para que cualquier país pueda encarar la recuperación, ya que aún hay millones de personas en el mundo que no tienen acceso ni a una dosis", añade Cortada.

Según denuncia Oxfam, millones de personas aún estarían vivas si hubieran recibido una vacuna que limitan unos grandes conglomerados, que mantienen el monopolio y alimentan las desigualdades en todo el mundo. Por ejemplo, Pfizer, BioNTech y Moderna han convertido en milmillonarias a cinco personas durante la pandemia. "En lugar de vacunar a miles de millones de personas en países de renta media y baja, hemos creado milmillonarios a costa de estas vacunas, mientras las grandes farmacéuticas deciden quién vive y quién muere", explica el informe, que califica de "vergonzoso" este "apartheid de las vacunas" mientras se generan más de 1.000 dólares de beneficio por segundo para las farmacéuticas. 

"En estas guaridas es donde están todos los servicios públicos que nos faltan, nuestros hospitales y centros de salud que tanto hicieron falta durante los momentos más duros de la crisis sanitaria provocada por el covid. Ahí es donde se encuentran los sueldos del personal docente, de los bomberos y otros servicios públicos que faltan pero que tan necesarios son.", explica Susana Ruiz, experta en política fiscal de Oxfam Intermón, tras la publicación este domingo de la investigación Papeles de Pandora, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que en España publican El País y laSexta. Más de 600 periodistas de 117 países han analizado 11,9 millones de documentos procedentes de 14 despachos de abogados especializados en crear sociedades offshore en paraísos fiscales y que esconden los nombres de más de 330 políticos y cargos públicos (90 de ellos europeos), 15 jefes de Estado de América Latina entre actuales y retirados, 46 oligarcas rusos o 133 millonarios de la lista Forbes.

"Siempre que un gobierno o cualquier gran corporación se excusa en el "no hay dinero" para no pagar por los impactos del cambio climático, por las políticas de juventud, o para financiar el gasto social y promover una recuperación justa después del covid, o incluso para aumentar los recursos para la cooperación internacional, ya saben dónde buscar", reconoce Ruiz. Desde la ONG destacan también que esta filtración muestra "la inmensa cantidad de dinero que se mueve en ese agujero negro que son los paraísos fiscales".

Asimismo, Oxfam asegura que la publicación de los Papeles de Pandora debería ser un "punto de inflexión" para impulsar "una acción inmediata, como se lleva prometiendo desde hace mucho tiempo" ya que los paraísos fiscales cuestan a los Gobierno de todo el mundo 427.000 millones de dólares cada año. "Eso es el equivalente al salario anual de una enfermera cada segundo, todos los días", explica Ruiz.

En el caso español, tal y como apunta Oxfam, diferentes expertos y el FMI estiman que la riqueza oculta de las grandes fortunas nacionales supera el 10% del PIB. "Esta pérdida de ingresos tributarios la acaban pagando los contribuyentes ordinarios, familias y trabajadores", afirma esta experta. "España debería ser parte de un nuevo paradigma fiscal, que logre poner el modelo tributario al servicio de una recuperación más justa e inclusiva, a la vez que se garantizan los recursos necesarios para ahondar en un estado de bienestar, hasta ahora insuficiente cuando nos comparamos con el resto de países de nuestro entorno", reconocen desde la ONG. 

En los Papeles de Pandora aparecen 601 personas de nacionalidad española, entre las que figura Pep Guardiola Pep Guardiolao Julio Iglesias, y 751 sociedades offshore ligadas a dueños o empresas con direcciones en territorio español. La mayoría han utilizado abogados andorranos y españoles como intermediarios para crear instrumentos opacos en los paraísos más secretos del mundo, desde Belice hasta Islas Vírgenes Británicas, Bahamas o Islas Cook, entre otros. Asimismo, también figuran el actual presidente de Chile, Sebastian Piñera; Tony Blair y su esposa, Cherie Blair; Elton John, Shakira, Claudia Schiffer o el actual entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelloti.

En lo peor de la pandemia, allá por finales del mes de marzo y principios de abril, mientras medio mundo se confinaba para evitar un reguero de muertos que nueve meses después supera ya los dos millones, un pequeño porcentaje de la población miraba con inquietud el hundimiento de los mercados y los parqués bursátiles. No obstante, este revés fue transitorio y, a estas alturas de la partida, las mil personas más ricas del mundo han recuperado toda la riqueza perdida. En España, a 31 de diciembre de 2020, el número de superricos españoles ha aumentado de 24 a 26 y su riqueza lo ha hecho en 32.500 millones de dólares, unos 26.700 millones de euros al cambio actualsuperricos , según el informe anual de desigualdad que publica la ONG Oxfam Intermón con motivo del Foro de Davos que empieza este mismo lunes en la localidad suiza [puedes consultar el texto íntegro aquí].

Estas fortunas han conseguido durante estos nueve meses de pandemia recuperar más de la mitad de lo perdido. Aunque entre febrero y marzo vieron cómo sus 'cuentas corrientes' adelgazaban en 57.900 millones de dólares, entre marzo y diciembre ganaron sobre 32.500 millones. "En medio de la peor recesión económica en España en décadas, con una caída prevista del PIB superior al 11%, resulta inquietante observar cómo los milmillonarios españoles ven crecer el valor de su patrimonio, mientras la fragilidad de las cuentas públicas aumenta de manera crítica como resultado del notable incremento de los gastos para paliar los efectos de la crisis sanitaria, económica y social", admite la ONG.

Para ponerlo en perspectiva, el informe explica que "este aumento en el valor de la riqueza de los milmillonarios españoles desde que se declaró la pandemia en marzo es superior al coste de una de las principales medidas de contención de la pandemia: los ERTE". Es más, esta ganancia supone "más de tres veces el aumento en gasto sanitario público experimentado durante este ejercicio 2020 respecto a 2019", que fue, según la ONG, de 8.076 millones adicionales.

Evolución de la riqueza en manos de los milmillonarios españoles de la lista Forbes, de 19 de febrero a 31 de diciembre de 2020. Oxfam Intermón.

La cosa no cambia si dejamos España y miramos fuera de nuestras fronteras. Desde el inicio de la pandemia, la fortuna de los diez hombres más ricos del mundo se ha visto incrementada en medio billón de dólares. Con esta cantidad, y según reconoce la ONG en el informe internacional El virus de la desigualdad que también presenta este lunes, se financiaría una vacuna universal contra el covid-19 y se podría evitar que nadie cayese en la pobreza a causa de la pandemia. Como ejemplo, Jeff Bezos, propietario de Amazon, podría haber pagado en septiembre de 2020 a cada uno de sus 876.000 empleados una bonificación de 105.000 dólares y seguir siendo igual de rico que antes de la pandemia.

5,1 millones de españoles viven con menos de 16 euros al día

Y mientras los más ricos se hacen más ricos, en la otra cara de la moneda, los más pobres se han vuelto aún más pobres. La tasa de pobreza severa, es decir aquellas personas con una renta inferior a los 5.826 euros anuales, habría aumentado en España del 9,2% al 10,86%, según Oxfam. Más de un punto y medio que se traduce en casi 790.000 personas adicionales. "Los datos demuestran cómo la pandemia se ha cebado con las personas más vulnerables", reconoce Franc Cortada, director de la ONG.

Esto eleva el total hasta los 5,1 millones de personas que viven ahora con menos de 16 euros al día. Por comunidades, Andalucía es la autonomía que más ha visto crecer el número de personas por debajo de la línea de la pobreza, con más de 270.000 personas. Le siguen la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunitat Valenciana con casi 120.000 personas cada una. A nivel mundial, al menos 200 millones de personas podrían haber caído en la pobreza por la pandemia y necesitarían "más de una década para recuperarse de los impactos económicos de la crisis".

A este 10% de la población española, hay que añadirle la situación de millones de personas que han visto cómo la pandemia ha reducido sus ingresos por la pérdida de sus empleos o de sus negocios debido a los cierres totales de primavera y los sucedidos durante el otoño elevando el desempleo hasta el 17%. Así, la tasa de pobreza relativa, es decir aquellas personas con una renta media anual de 8.739 euros, ha aumentado del 20,7% hasta el 22,95%. Más de dos puntos que se traducen en un millón de personas adicionales. Esto eleva el total hasta los 10,9 millones de personas que viven con menos de 24 euros al día.

Es decir, los más pobres llegan a perder, proporcionalmente, hasta siete veces lo que pierden las redes más altas. "Se trata del mayor incremento de la desigualdad en un único año en toda la década, por encima de los alcanzados en los años de la crisis de 2008-2014", explica el informe, ya que el índice de Gini, coeficiente que mide la desigualdad, podría ascender hasta el 34,15 desde el actual 33.

Las restricciones afectan más a las rentas más bajas

Asimismo, las medidas restrictivas activadas para contener el coronavirus han afectado más a los sectores con salarios más bajos como la hostelería y el comercio aunque el informe matiza que "todos los sectores, salvo el agroalimentario y las actividades de las administraciones públicas, la sanidad y la educación, han experimentado notables descensos". Y también se ha cebado más con las personas más jóvenes y con las mujeres. Otro de los grupos con mayor impacto ha sido el de las personas migrantes, particularmente aquellas en situación administrativa irregular. "Mujer joven, migrante, con bajos estudios y perteneciente a un colectivo racializado. Ese sería el perfil más vulnerable ante los efectos de la pandemia”, explica Franc Cortada.

Estos patrones de desigualdad laboral y social han tenido un efecto directo en la exposición diferente al riesgo de contagio. Sobre todo, apunta el informe, si se observa lo ocurrido en las ciudades. Por ejemplo, en Madrid, " los habitantes de Villa de Vallecas, con una renta per cápita de un 36% del promedio del distrito de Chamartín, han tenido durante el año 2020 una incidencia acumulada total de 8.547 casos por cada 100.000 habitantes, un 68% más de probabilidades de contraer la enfermedad que sus vecinos de los distritos más ricos, con una incidencia total acumulada de 5.066 casos por cada 100.000 habitantes".

La importancia de los ERTE y el IMV

A pesar de la difícil situación en la que la pandemia ha dejado a la mayoría de la población, la situación podría haber sido mucho peor. "Desde que en el mes de marzo el Gobierno decretase el primer estado de alarma se han puesto en marcha toda una serie de medidas económicas, sociales y financieras para tratar de hacer frente a los graves efectos socioeconómicos que la pandemia ya estaba generando", explica el informe. Oxfam destaca, sobre todo, la importancia de los ERTE y del Ingreso Mínimo Vital. "Sin una respuesta adecuada, hay un grave riesgo de que la salida de la crisis profundice y eternice las desigualdades en España, empobreciendo a las personas más pobres mientras las más ricas se recuperan a paso firme", reconoce Franc Cortada.

"Una de las medidas que se ha demostrado más eficaz a lo largo de la pandemia en la prevención de un incremento excesivo de las cifras de desempleo es la reforma de los ERTE a través del diálogo social entre el Gobierno y los agentes sociales", admite la ONG, ya que su puesta en marcha ha ayudado a que " el desempleo en 2020 no ha alcanzado cotas similares a las de la anterior crisis". "De no haber existido este colchón de políticas públicas, la situación en materia de pobreza y desigualdad habría sido sustancialmente peor", explica Oxfam, que cifra en 710.000 personas las que esta política de protección de empleo ha salvado de la pobreza. No obstante, también advierte que este mecanismo de protección "no proporciona cobertura a algunos colectivos, como las personas asalariadas con contratos temporales y las personas que trabajan por cuenta propia".

Con respecto al Ingreso Mínimo Vital, que oscila entre los 462 y los 1.015 euros, ha tenido un impacto limitado, ya que sólo ha llegado a 160.000 hogares de los 850.000 previstos, en la reducción de la desigualdad. "De haberse desarrollado en su totalidad durante el segundo semestre del año, habría salvado de la pobreza a 277.000 personas, y habría reducido la pobreza severa en 230.000 personas", explica Oxfam en su informe.

La aplicación de estas dos medidas, junto a otras, ha resultado "excepcional y crítica" y ha contribuido a "paliar algunas situaciones de extrema necesidad". No obstante, Oxfam alerta de que siguen existiendo "colectivos ampliamente desprotegidos", como las personas en situación administrativa irregular que "por motivos obvios no pueden acceder a ayudas y prestaciones públicas y trabajan mayoritariamente en actividades de la economía sumergida que también se han visto paralizadas".

La ONG propone una serie de medidas para evitar este enraizamiento de la desigualdad en España. Entre ellas, políticas de empleo alternativas para sustituir a los ERTES, ampliar la cobertura del IMV, una reforma fiscal que "recaude de forma más progresiva y que luche contra la evasión y la elusión fiscales" y un uso de los fondos europeos para "la recuperación con mirada transformadora y enfocada a reducir la desigualdad".