THE CODE: LA INJUSTICIA FISCAL EN LA UE

Andorra eliminó dos regímenes fiscales perniciosos y modificó otros dos para salir de la lista de paraísos fiscales de la UE

El Gobierno de Andorra centra sus esfuerzos en que el Principado dejar de ser considerado un paraíso fiscal.
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El Código de Conducta, el grupo creado para vigilar que la competencia fiscal leal en el seno de la UE, sólo puede evaluar las leyes tributarias de los Estados miembros, pero también ha examinado ciertos regímenes de territorios próximos, como Suiza, Liechtenstein o Andorra, por su capacidad de atracción de contribuyentes. En los dos primeros casos incluso ha establecido fórmulas de cooperación y ha invitado a representantes de ambos países a sus reuniones en Bruselas. En el caso andorrano, en 2017 declaró perjudiciales para la competencia en la UE cuatro de sus regímenes fiscales, cuya modificación o eliminación requirió al Gobierno del Principado. Dos de ellos fueron suprimidos y los dos restantes fueron adaptados a las normas comunitarias de juego limpio fiscal, según los documentos obtenidos por la revista alemana Der Spiegel y compartidos con el periódico sueco Dagens Nyheter y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC) , a la que pertenece infoLibre.

Para su examen, el grupo utilizó como base la evaluación que previamente había realizado la OCDE en su Foro sobre Prácticas Fiscales Perniciosas (FHTP). El tratamiento que otorgaba Andorra a las empresas de comercio internacional, las empresas que explotan activos intangiles y los holdings, así como a los intereses intragrupo de las multinacionales fueron considerados como prácticas de competencia fiscal desleal tanto por el mencionado foro de la OCDE como por el Código de Conducta. Este último grupo había incluido el sistema tributario andorrano en sus trabajos para elaborar la lista de paraísos fiscales de la UE en 2017 y, tras encontrar ciertas “deficiencias” en el cumplimiento de las normas sobre transparencia, tributación justa y aplicación de las medidas contra la erosión de las bases imponibles y el desvío de beneficios –las conocidas normas BEPS de la OCDE–, pidió al Gobierno del Principado en una carta fechada el 23 de octubre de ese año que expresara un “compromiso firme a alto nivel político” de que iba a solventar esos fallos antes del 31 de diciembre de 2018.

El Código de Conducta le solicitaba también un calendario preciso y una descripción de los pasos para aplicar los cambios legislativos prometidos. Andorra se había emplazado a eliminar los regímenes de las compañías de comercio internacional y de intereses intragrupo, así como a modificar los concedidos a las empresas que explotan activos intangibles y a los holdings.

infoLibre y los medios de la red de investigación EIC han tenido acceso a miles de documentos internos del Código de Conducta, desde actas e informes hasta correos electrónicos, que revelan cuáles han sido los fallos más notorios del vigilante fiscal de la UE en sus 24 años de vida. No sólo ha fracasado a la hora de poner freno a la carrera de los gobiernos por rebajar sus tipos impositivos, sino que además se trata de uno de los órganos más opacos de la Unión Europea. Por su propia naturaleza, no puede más que adoptar decisiones que no son vinculantes. Su ejecución descansa únicamente en la “buena voluntad” de los gobiernos. Y muchas veces ha sido más poderosa la defensa de la soberanía fiscal nacional que la del interés comunitario [Puedes consultar aquí y aquí las dos informaciones publicadas sobre vigilante fiscal de la UE].

Cambios

En efecto, el Gobierno del Principado sometió a la aprobación de su Parlamento la modificación de Ley del Impuesto de Sociedades de 2015 para suprimir los dos regímenes citados, prohibiendo que nuevas empresas se beneficiaran de ellos desde el 1 de julio de 2017, pero abriendo un periodo de transición hasta diciembre de 2020 en el que seguirían disfrutando de las ventajas adquiridas con anterioridad. Respecto a las empresas de intangibles, Andorra limitó los beneficios de este régimen a las actividades basadas en la investigación y desarrollo que se lleven a cabo “primordialmente” en su territorio: patentes, modelos de utilidad y programas informáticos protegidos por derechos de autor, además de extenderlo a los residentes en el Principado cuando antes sólo lo disfrutaban los extranjeros.

En cuanto a los holdings, las ventajas fiscales se concedieron tanto a residentes como a no residentes, se limitaron las exenciones y se fijó un tipo mínimo. Aun así, los dividendos no tributan en absoluto y, los holdings extranjeros sólo pagan un tipo equivalente al 40% del tipo general de sociedades, que es del 10% –en España es el 25%–; es decir, finalmente un minúsculo 4%.

En estos dos últimos casos, también se fijó el 1 de julio para evitar la entrada de nuevos beneficiarios y diciembre de 2020 para suprimir definitivamente ambos esquemas tributarios.

Además, Andorra se comprometió a exigir a partir de 2018 informes país por país a las empresas del Principado que formen parte de multinacionales que facturen más de 750 millones de euros al año. Se trata de otra de los estándares mínimos del plan BEPS de la OCDE. “Andorra está plenamente comprometida con las iniciativas para hacer frente a la evasión fiscal, asegurar la sostenibilidad de los ingresos y garantizar que las empresas pagan impuestos allí donde generan beneficios”, declaraba el Gobierno del Principado en su carta al Código de Conducta del 8 de noviembre de 2017.

Los cambios convencieron al grupo de Bruselas de que Andorra cumplía con las normas internacionales de transparencia y juego limpio fiscal, por lo que en noviembre de 2018 recomendó que se sacara de la lista de paraísos fiscales al Principado. La OCDE ya lo había indultado antes, en 2009. Y España lo había hecho en 2011, después de que ambos países firmaron un acuerdo de intercambio de información fiscal. En 2015 suscribieron otro para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal.

“Entonces en Andorra el delito fiscal no estaba tipificado”, explica a a infoLibre el ministro de Finanzas de Andorra, Eric Jover Comas, quien admite que ese vacío permitía a ciudadanos españoles evadir capitales recurriendo al Principado. “Pero hace ya años que decidimos cambiar el paradigma homologándonos en cooperación fiscal con la UE, para que no nos vieran como enemigos”, precisa. De ahí que ya haya firmado una decena de convenios sobre doble imposición y esté a punto de hacerlo con Hungría, Países Bajos, Chile, Croacia y República Checa. Además, Andorra tiene acuerdos de intercambio automático de información, siguiendo las normas de la OCDE, cada vez con un mayor número de países. “Con España, el intercambio de información es muy frecuente y muy amplio; los dos estamos muy satisfechos con nuestra cooperación fiscal”, destaca.

De Caballé a los Pujol pasando por El Rubius

Sin embargo, Andorra no ha dejado de estar en el ojo del huracán fiscal. Ocurre cada vez que un deportista o un artista se muda al Principado para aprovechar sus ventajas impositivas o que la Agencia Tributaria investiga si un contribuyente adinerado realmente ha pasado la mitad del año –183 días– en Andorra. O cuando aparece la Banca Privada de Andorra (BPA) en los Papeles de Pandora. Los Pujol escondieron de los ojos de Hacienda una fortuna de 70 millones en cuentas del Andbank y de BPA.

Montserrat Caballé, Borja ThyssenBorja Thyssen, los tenistas Arantxa Sánchez Vicario y Carlos Moyá o motoristas como Alex Crivillé son algunos de los más famosos huidos al pequeño país pirenaico. Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa han cambiado su residencia de Andorra a Suiza, en una clara muestra de cuál es su camiseta fiscal. Este mismo año, el traslado del youtuber El Rubius, devolvió a primera línea al Principado. No fue el primer rico online que se mudaba al Pirineo para pagar menos impuestos. Tampoco será el último.

En Andorra, el tipo máximo del IRPF es el 10%, mientras que en España alcanza el 47%. Las rentas por debajo de 24.000 euros están exentas; en España sólo las que no llegan a 12.000 euros anuales. El tipo de sociedades oscila entre el 2% y el 10%, cuando en España alcanza el 25% –30% para bancos y compañías petroleras–. Ambos son de los más bajos de Europa: en Irlanda es del 12,5% y en Hungría, del 9%. En el Principado el tipo general del IVA se queda en el 4,5% y baja hasta el 1% en el superreducido, que en España es del 4,5%, mientras que el general sube hasta el 21%. Las diferencias son claras.

Homologable, no armonizado

“Nuestro objetivo es construir un marco fiscal homologable con nuestro entorno, lo que no quiere decir armonizado: no tenemos los mismos tipos, pero sí las mismas figuras impositivas”, aclara  el ministro de Finanzas andorrano. Hasta 2012, en el Principado sólo existían los impuesto indirectos. “Somos un país turístico, recibimos cada año 100 turistas por habitante, que constituyen una fuente de financiación suficiente”, señala. Ese año Andorra creó su impuesto sobre sociedades y en 2015 el IRPF. Con unos tipos “muy competitivos”, presume Jover Comas.

Pero la idea del Gobierno andorrano es que esa competencia sea “legítima” y la UE vea en el enclave pirenaico un “contrincante leal”. Por eso subraya que el Principado “no va a la pesca de de grandes patrimonios ni de multinacionales”, a diferencia de otros territorios que sí aprueban regímenes especiales para atraerlos. “No es nuestro caso, no queremos prácticas [fiscales] agresivas”. De ahí que, apunta Eric Jover, Andorra apoye el tipo mínimo del 15% para las multinacionales que acaba de aprobar el G20: “No buscamos multinacionales sin actividad real en el país, sino empresas más pequeñas que desarrollen su actividad aquí”. Como el hipotético tipo mínimo mundial se aplicará sólo a las compañías que facturen más de 750 millones de euros, el Principado piensa en seguir ofreciendo su 10% en sociedades a las empresas que quedarán fuera del radar.

Sobre los ciudadanos españoles que se mudan a Andorra para pagar menos impuestos, una tendencia sobre la que ha mantenido conversaciones “al máximo nivel” con el Gobierno español, el ministro de finanzas del Principado asegura que “no es un verdadero problema”. “Residen aquí y desarrollan su actividad aquí legalmente, no se puede bloquear la decisión de un ciudadano de trasladarse a otro país”, resume.

Al menos por el momento, el Código de Conducta sólo puede examinar los impuestos que afectan a las empresas, no los que gravan ingresos personales, como el IRPF. Extender su ámbito de actuación a las prácticas fiscales agresivas de los grandes patrimonios, hasta ahora el punto fuerte andorrano, es uno de los objetivos declarados de forma reiterada por algunos de los Estados miembros en los últimos años, pero hasta ahora no se ha llevado a cabo por la oposición de algunos países.

El pasado mes de abril, los gobiernos de España y el Principado acordaron que los respectivos ministros de Hacienda celebren reuniones anuales para avanzar en cooperación fiscal. La primera cita no se convocará hasta 2022, indica Eric Jover. En el punto de mira, un acuerdo de asociación que tardará en llegar, y que deja fuera los asuntos fiscales.

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